Los hechos en el pasado

Santiago Maldonado fue desaparecido en el marco de un operativo represivo desatado por Gendarmería Nacional con el argumento de liberar un corte de ruta en la Patagonia Argentina. El hecho ocurrió el 1 de agosto de 2017, en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, ​ situado en la provincia de Chubut.

El cuerpo sin vida de Maldonado fue hallado en un rastrillaje efectuado en el río Chubut, dentro del Pu Lof, cuando habían transcurrido 77 días sin noticias de su paradero. En una ceremonia emotiva, sus restos fueron inhumados el 25 de noviembre de ese mismo año en un encuentro íntimo realizado en el Cementerio Parque Paraíso, en 25 de Mayo, su ciudad natal.

Ese mismo día, el 25 de noviembre de 2017, mientras en Buenos Aires despedían a Santiago Maldonado, en Bariloche mataban a Rafael Nahuel en el marco de un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. El joven mapuche fue asesinado de un disparo por la espalda de arma de fuego. Ambos crímenes, fueron avalados y respaldados por Bullrich, quien defendió el accionar de los agentes en territorio patagónico.

En aquella jornada del 25 de noviembre de 2017, las primeras informaciones que se daban a conocer eran confusas y aparecían en los principales portales de noticias. Clarín y La Nación, casi en simultáneo y con la misma pluma titularon: “Un mapuche murió baleado tras un enfrentamiento con la Prefectura en Villa Mascardi” y “Un mapuche murió de un tiro en Villa Mascardi durante un enfrentamiento con Prefectura”.

“Esta situación ocurrió en el marco de una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz”, argumentó Patricia Bullrich, el 27 de noviembre, en su condición de Ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Esa teoría, que Bullrich plantó ante los medios en una conferencia de prensa realizada junto al ex ministro de Justicia Germán Garavano, fue un guiño hacia los magistrados que avanzaron sobre la hipótesis del enfrentamiento armado para alivianar las penas bajo la figura de “la legítima defensa”.

El Ministerio Público Fiscal avaló esa versión y dio por acreditado que aquel mediodía hubo un enfrentamiento con armas de fuego entre los prefectos y algunos manifestantes, y que los agentes federales sobrepasaron los límites que impone el protocolo de acción.

“El fallo no es lo que pedimos en nuestro alegato, lo que consideramos que se acreditó durante el debate oral: acá hubo un homicidio calificado, una persecución donde se dispararon 150 municiones de plomo, no hubo exceso de ningún tipo y ese no fue el resultado que entendió el tribunal oral, por eso no estamos de acuerdo”, agregó luego el abogado Przybylski.

Los hechos en el futuro

Luego del denominado “Pacto de Acassuso”, sellado entre Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich, la socia fundadora de esta alianza ya se prepara para ocupar un lugar en el gabinete del gobierno libertario y no se descarta su retorno a la cartera de Seguridad.

Sin embargo, mientras Bullrich toma carrera para pasar de la ‘Doctrina Chocobar a la Masserista’, esta última vinculada a la reivindicación que el presidente electo Javier Milei hace de la última Dictadura Militar. Esa doctrina, que se limita a reducir a “excesos” los crímenes de lesa humanidad ejecutados durante el Terrorismo de Estado, es la bajada línea que sale desde el poder central.

Por si fuera poco, los tribunales Federales de Comodoro Py – que se mueven al ritmo del nuevo clima político – ya dieron señales positivas para el libertario con las recientes resoluciones que favorecieron a Mauricio Macri en la causa ARA San Juan y perjudicaron a Cristina Fernández en la llamada “Ruta del Dinero K”. Como si fuera un un revival del periodo 2015-2019, todo indica que otra vez la sociedad argentina será víctima de medidas económicas y un plan represivo que tendrá un aval institucional gracias al nado sincronizado del Partido Judicial y la Quinta de Olivos.

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Por Francisco Cantamutto

En el caso de nuestro país, el neoliberalismo vernáculo suele insistir con que se cobran demasiados impuestos, sin embargo si uno mira la presión tributaria total en Argentina no alcanza al 29%. Economías de ingresos medios y altos como as nucleadas en la OCDE muestran en cambio una presión total del 34,4%. Incluso Brasil, una economía vecina, tiene una presión total del 33%. Es decir, no se cobran demasiados impuestos.

Pero no solo esto. Además, los impuestos que se cobran son sumamente regresivos. Al peso central que tiene el IVA, debe reconocerse como se sabe, que lo paga tanto quien compra un paquete de fideos como un sache de leche. En cambio los impuestos a los ingresos personales en Argentina pagan la tasa máxima de 35% mientras que en países como los de Europa esta tasa oscila que entre 40 y el 55% pero lo que es más importante, en el caso del impuesto más progresivo al que apunta no son los sectores de la izquierda si no la heterodoxia progresista mundial como Thomas Piketty, Branko Milanovic o el Nobel Joseph Stiglitz, son impuestos que apuntan al patrimonio.

En ese sentido el impuesto que corresponde en la Argentina es el impuesto a bienes personales. Este impuesto venía recaudando cerca del 1,3% de los recursos tributarios totales. A partir de la reforma de 2016, en la ley ómnibus que incluyó el blanqueo, ese peso pasó a ser el 0,5% de los recursos tributarios totales, es decir, la nada misma. Entonces cuando se piensa en una redistribución progresiva, este impuesto que es el que realmente pesa, no tiene casi ningún tipo injerencia en la Argentina. Nuestro país carece además de un impuesto serio a la herencia.

Por si todo esto fuera poco, no puede dejar de señalarse que toda la recaudación se basa en la declaración de valores fiscales que no solamente que está subdeclarado y subregistrado de manera generalizada y esto es un dato conocido, sino que además los sectores de mayor poder adquisitivo poseen toda una ingeniería especializada en las formas de eludir y evadir impuestos,  para lo cual contratan costosos estudios jurídicos y contables que les permitan hacerlo dentro de los márgenes que la ley le permite.

El punto con la reducción hecha por Macri es importante porque no solamente entonces que la contribución extraordinaria ayude a paliar necesidades fiscales del momento ligadas a la pandemia, supone una reparación al mismo tiempo del enriquecimiento producido por la reducción de impuestos que hizo el gobierno de Cambiemos. Es decir, esta contribución recauda parte de lo que se les permitió acumular a estos sectores de altos ingresos durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos. En ese sentido más que una quita de lo ganado por el propio esfuerzo, sería una recomposición de lo donado por el poder político.

Es muy importante tener esto presente porque en la medida en que el gobierno de Cambiemos  quitó instrumentos de recaudación, no solo por la reducción de este impuesto, que como señalamos es pequeño, sino por rebajas en los derechos de exportación y otra serie de rebajas tributarias, facilitó el discurso que fomentó la toma de deuda para financiar el déficit. Ahora bien, esta misma deuda qué es emitida para financiar ese déficit generado en el no pago de impuestos, es el que luego los mismos sectores enriquecidos compran.

Esto quiere decir que en la misma medida en que no se recauda y se emite deuda para financiar esa falta de recaudación, esos bonos son comprados por los mismos que no pagaron los impuestos. Es decir, disponían de los recursos para poder pagar el impuesto.

Según datos del investigador Gustavo García Zanotti en base a información de AFIP, el 80% de las fortunas de las personas que pagarían el impuesto, se encuentran exterior y la mitad de ellos son títulos públicos, es decir, son bonos de deuda pública emitidos para financiar los impuestos que no pagaron. Solo el 1,5% de esas fortunas tiene que ver con acciones o titularidad de empresas, es decir, la idea de que este impuesto impediría un proceso de inversión no tiene nada que ver con la realidad concreta de los declarantes.

La desigualdad en la redistribución del ingreso en la Argentina se agrandó en los últimos años, tanto en el gobierno de Cambiemos como en el presente año de pandemia. De hecho, es el tercer país de América Latina donde más creció la desigualdad según datos dela CEPAL. Esto hace que este impuesto no solo sea una recomposición de lo donado por el gobierno anterior, sino además una necesaria medida para reducir la desigualdad qué es éticamente repudiable, pero además es macroeconómicamente insostenible. Los recursos que estos sectores logran atesorar por la vía de estas clases de exenciones fiscales, no son destinados a la producción sino al atesoramiento y la especulación, como prueba lo que ya señalamos de la compra de títulos de deuda pública.

En ese sentido esta contribución, según señaló el investigador Nicolás Dvoskin, lo que permitirían es retraer, quitar, recursos disponibles por parte de los más ricos para el atesoramiento, esto quiere decir, quitarían presión hacia los títulos públicos y las cotizaciones diversas del dólar. Es decir, podrían reducir la brecha cambiaria que ente momento tantos problemas está generando. La medida podría ayudar a generar mayor estabilidad macroeconómica.

Desde el ángulo de las críticas es certero lo apuntado por sectores de la izquierda, centralmente en dos ejes. Primero la insuficiencia de esta contribución que debería ser un impuesto estable y al mismo tiempo alcanzar a otros sectores como la banca o empresa que han estado generando ganancias durante esta etapa de la pandemia. Por él por el lado de los gastos, el centro de las críticas está en que  un cuarto de los recursos se van a destinar a la exploración y explotación de gas por la vía de IEASA, una empresa estatal, aunque el principal destinatario será YPF. En la medida en que YPF es una empresa con participación mayoritaria del Estado, esto significaría que a través del Estado se financiaría la exploración y explotación de gas. Pero el 49% restante del capital accionario, hay parte que cotiza en bolsa y que incluyen transacciones de, por ejemplo, el gigante Blackrock, que es el acreedor que más duro jugó en la negociación de la deuda.

Por otro lado en relación a la propia actividad a la cual se destina, el principal yacimiento que se está explotando ahora YPF es Vaca Muerta. En este sentido se estaría financiando intensificar la búsqueda de este tipo de yacimientos que se extraen a través de la técnica del fracking que ya se ha demostrado que es social y ecológicamente insostenible. Por si esto fuera poco, al destinar recursos a mantener y profundizar la extracción de gas en estos yacimientos, se incumplen los acuerdos firmados en París para la mitigación del cambio climático hacia una transición energética justa y equitativa.

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Por Vivian Palmbaun | Fotos de Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros

La Boca es un barrio popular de CABA. Detrás de esa vidriera turística con que se promociona, viven muchas personas, que habitan las calles, sus veredas, comparten en los escasos espacios públicos del barrio para escaparle a la falta de espacio y al hacinamiento en que viven. El Riachuelo  es parte de ese paisaje, y límite de la Ciudad; un símbolo del abandono de un barrio que supo ser prospero. El conventillo es sinónimo indiscutible de La Boca, albergue marginal y precario de personas que llegan de todas partes.

El calor agobiante de enero no fue excusa para que emprendiéramos la tarea de pintar un mural. Recostado sobre la margen del Riachuelo, alejado de los brillos de los turistas, se encuentra el mercado popular, que pocos años antes había sido inaugurado hasta con la presencia de Teresa Parodi. Arrancaba 2018 y se hacía necesario darle visibilidad en momentos en que  promediaba la presidencia de Mauricio Macri, que había diezmado la mayoría de las iniciativas populares. 

Era pleno Enero, un tiempo de vacaciones, donde el mercado paraba para reorganizar tareas y por eso era una buena oportunidad para darle rienda suelta a la creatividad colectiva, que estaba agazapada, esperando  detrás de las batallas que durante todo el año nos corrían con necesidades de reivindicación. Apenas veníamos de  diciembre y la resistencia a la reforma previsional que una noche se promulgó. Esta actividad fue como un bálsamo para el encuentro.

El lugar había sido bautizado Mercado de la Economía Popular Martin Oso Cisneros, en homenaje al compañero asesinado en La Boca. Emplazado  detrás de la primera iniciativa terminada de vivienda cooperativa y de ayuda mutua de la ciudad, habitada por familias que venían de convivir en los conventillos del barrio. 

Con las paredes blanqueadas, fue necesario comenzar a hacer el boceto. Meli, nuestra compañera muralista de verdad, nos fue guiando para que pudiéramos construir entre todas un proyecto. Primero comenzó hablándonos, recuperando historias, para ir encontrando las representaciones colectivas que luego quedarían plasmadas en los muros exteriores. Otras muralistas nómades también nos ayudaron en la tarea.

La historia de la organización, las verduras de descarte con que habían comenzado a organizarse allí por el 2001, las distintas etapas de consolidación de la organización, la textil, el emprendimiento de panadería, el dolor del asesinato del Oso, se mezclaban con los mates, los almuerzos compartidos y las anécdotas personales que se filtraban para dar lugar a las imágenes que luego quedarían estampadas.

Se trataba de un larguísimo muro que enfrentaba al Riachuelo por Av. Pedro de Mendoza y escapaba por Ministro Brin, que daba testimonio de unas paredes deterioradas que habían sobrevivido al paso del tiempo. Como gran parte de La Boca, donde detrás del furor emprendedor se esconde el asentamiento y se multiplica la vulnerabilidad.  

Un mural multicolor

Empezamos unas cuantas compañeras y luego se sumaron otras. Rojo, Violeta, Azul y Amarillo, Verde y tantos colores fueron conformando los fondos para luego avanzar con las imágenes a representar. Elaborar un boceto en una hoja de papel, con sus colores y fondos fue la primera tarea, luego traspasar en escala a los muros fue un aprendizaje. 

La idea fue creciendo, igual que las charlas y la traspiración que nos empapaba. Con la cabeza cubierta, el mate le dio paso al tereré bien helado para acompañar el entusiasmo y las palabras. “Yo hice muchas cosas que no sabía que las sabía, que no me animaba y cuando empecé a hacerlas con otros me sentí segura”, comentaba una compañera, de las históricas, que antes había participado en el emprendimiento textil, después había pintado hasta banderas y ahora mostraba gran destreza con el pincel. Martita se hacía cargo de que no faltara ni la comida, ni los materiales necesarios.

Todo se había convertido en un espacio de Pinturas al agua y sintéticas, donde mezclar, diluir, inventar colores, buscar pinceles,  atreverse a las paredes  y a las escaleras, para alcanzar a lo alto.

La magia creativa no podía ser completa sin la presencia de las y los niños vecinitos, esos que justito estaban viviendo en la calle con sus familias por el incendio de la antigua Sanchetti  que habitaban. En La Boca los incendios son parte de la cara más voraz del negocio inmobiliario, que arroja a la precariedad, al abandono y la indiferencia. Esas pequeñas personitas también se acercaban porque querían pintar: “¿me enseñás?”. Y así, pincel en mano, también fueron dándole color para luego sentarnos juntos a merendar. Después de unos días, la confianza ya estaba establecida y  hasta se animaron a traer sus bicis que reclamaban pintura.

Se fueron concretando ideas previas, y nuevas que iban surgiendo junto a las complicidades y las decisiones de reflejar la realidad de la economía popular: de la mano del productor al consumidor, frutas, hortalizas, productores y productoras, flores, niñes, hornos, el infaltable emblema del barrio: la azul grana y la figura del Oso Cisneros fueron algunas de las imágenes que quedaron fijadas.

Días de sol, calor, transpiración y alegría. Voces compartidas, sonrisas y un buen recuerdo de unas jornadas entre mujeres, a donde luego también se sumaron algunos compas. Evocación de esos buenos momentos  colectivos  que se constituyeron en los últimos en los que participé en el barrio de La Boca; pero eso ya es otra historia…

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Por Agustín Bontempo / Foto por Jorge Saenz

El 10 de noviembre de 2019 se llevó adelante otra de las ofensivas de la derecha continental: el golpe de Estado en Bolivia. La situación fue un escándalo. El 20 de octubre Evo Morales se imponía en las urnas aunque aparecieron denuncias de irregularidad en el conteo producto de la demora en comunicar los datos oficiales. Más allá de que no es motivo de análisis en este artículo, es importante destacar que no solo el Tribunal Superior Electoral (TSE) avaló el resultado que le dio la victoria al oficialismo por más del %47 frente al %36 de Carlos Mesa, sino que diversos organismos internacionales y veedores respaldaron esta posición. Además de las derechas neoliberales y fascistas como Jair Bolsonaro en Brasil, fue la Organización de Estados Americanos (OEA) quien cuestionó el proceso, en sintonía con su política histórica al servicio de Estados Unidos.

El escenario de crisis política que se abrió trató de ser cerrado por parte de Evo Morales y el MAS, incluso llamando a repetir las elecciones, situación que no ocurrió. El ejército “instó” a renunciar a Morales y en una alianza con parte de la burguesía nacional, la oligarquía y de la derecha cristiana tradicional, se llevó a cabo el golpe que colocó en el poder de facto a Jeanine Áñez.

La complicidad macrista

Del gobierno que nada se esperaba, nada hizo. O nada bueno, para ser claro. Consumado el golpe de Estado las dos principales figuras de cara a la política internacional fueron elocuentes. Jorge Furie, canciller por aquella época, afirmó que “No están los elementos para definir esto como un golpe de Estado”. Además, agregó que “Creemos que es muy importante el rol de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad para continuar la vida institucional de Bolivia”. Se refería a las mismas fuerzas que garantizaron la efectividad de la destitución de Evo Morales y que en esos días iniciaban una escalada represiva brutal contra el conjunto de la población. Finalmente, nunca pareció que se sintiera inquieto por la sucesión de renuncias de las principales figuras del gobierno: “Todavía la situación de Bolivia pasa por un impasse donde la renuncia del presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores, llega a la asamblea legislativa que será la que deba decidir quién debe asumir, que recién va a ocurrir mañana. Es muy importante que pueda ocurrir porque es el paso correcto en lo que nosotros creemos, que es el desarrollo con los mecanismo constitucionales establecidos”.

Por su parte, el entonces presidente Mauricio Macri –que ya estaba terminando su ciclo luego de la derrota electoral en manos de Alberto Fernández-, aseguró sentirse “preocupado” por la “situación” de Bolivia y evitó hablar de golpe de Estado o cualquier cosa que se pareciera. No repudió la asunción del gobierno de facto, no cuestionó la represión ni brindó ningún tipo de apoyo a Evo Morales, naturalmente. Sin embargo, Macri no necesitaba de mucha exposición en su propia transición ya que no solo Furie había establecido la posición oficial sino que el ex presidente, referente del Grupo de Lima nacido en 2017, estaba bien amparado por esta institución.

El Grupo de Lima está compuesto por la mayoría de los países que están bajo gobiernos de derecha o, como en el caso de Venezuela, que luego de la intentona golpista de Juan Guaidó, este fue recibido con los brazos abiertos como un actor más en el espacio político. Además, el Grupo de Lima tiene el apoyo de, obviamente, la OEA.

Este rejunte de neoliberales, conservadores, fascistas y golpistas, tuvo un rol destacado en la consumación del golpe de Estado en Bolivia que, luego de respaldos y posicionamientos, trepó a su máxima expresión el 22 de diciembre de 2019, cuando incorporó al gobierno de facto de Áñez.

El nuevo ciclo político argentino

Alberto Fernández, que el 10 de diciembre inició un nuevo gobierno en el país, se mostró muy activo desde un primer momento, teniendo en cuenta que si bien no había asumido, ya era victorioso en las elecciones nacionales. Ni bien se llevó a cabo el golpe, lo denunció como tal, brindando un apoyo explícito a Evo Morales.

El 12 de diciembre, el presidente legítimo de Bolivia llega a la Argentina en calidad de refugiado, en otro signo destacado de apoyo político. Durante su estadía en nuestro país, Morales sostuvo reuniones con diversos funcionarios, incluyendo al propio presidente, además de tener una presencia destacada en medios de comunicación y encuentros sociales y políticos.

Finalmente, Fernández dio su apoyo público al informe del Instituto Tecnológico Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) que avaló la victoria electoral de Evo y el MAS en Bolivia. El presidente afirmó que “El informe difundido, critica con singular dureza, por su inconsistencia, la auditoría realizada en esa oportunidad por la OEA que concluyera en afirmar la existencia de irregularidades en la elección que ahora se reivindica” y agregó que “Como siempre señalé, en Bolivia se violentó el Estado de Derecho con el accionar de las Fuerzas Armadas y sectores de la oposición al entonces presidente y con la explícita complicidad de la OEA que estaba llamada a velar por la plena vigencia de la democracia”.

Es importante destacar que Alberto Fernández integra el Grupo de Puebla que nació en julio de 2019 y que desde su elección como presidente de Argentina, ocupa un rol destacado en dicha institución.  La mención se debe a que, en oposición al Grupo de Lima, este espacio respaldó a Evo Morales y pidió por el respeto al orden institucional puesto en discusión por el golpe de Estado.

Las contradicciones del gobierno

No todo es crítica frontal al golpe y apoyo inclaudicable a Evo Morales. Señalaremos dos aristas al respecto: por un lado, el rol de Felipe Solá como Ministro de Relaciones Exteriores y, por el otro, el lugar que ocupa Argentina en el mapa institucional del continente.

En sintonía con su trayectoria política, Solá se ha mostrado muy versátil en su nueva obligación. Por ejemplo, pudo mostrarse activo en las relaciones con el Brasil de Jair Bolsonaro, donde pudo acordar en la mantención “de un rol estratégico de Mercosur”, organización que excluyó a Venezuela del proceso de incorporación por sus diferencias políticas con Maduro. Sin embargo, ha dicho que tiene divergencias sobre el país caribeño porque Argentina “no reconoce al gobierno de Guaidó”, aunque sí está de acuerdo con Bolsonaro sobre que Maduro lleva adelante un régimen autoritario. Bueno.

Particularmente sobre Bolivia, Solá supo acompañar la posición oficial de repudio al golpe de Estado y asilo a Morales, pero, aseguró que no querían que Evo Morales use su lugar para tomar posiciones políticas: “Queremos de Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina . Es una condición que le pedimos nosotros. El grado de libertad es una cosa, y el grado de compromiso político es otra”. Bueno.

Está claro que en el marco de la aceptación de que lo acontecido en Bolivia es un golpe de Estado, el mayor despliegue posible de política por parte de Morales, es sumamente importante y necesario.

Pero esto no es todo. Unas líneas atrás destacábamos qué es el Grupo de Lima y su posición entorno a Bolivia, así como también del Grupo de Puebla. Reforzamos el aspecto de sus respectivas composiciones: Puebla es mayoritariamente de figuras mientras que el de Lima es especialmente de gobiernos.

El Grupo de Lima no nace de la nada. Es una respuesta al ciclo progresista que vivió América Latina durante los primeros 15 años del milenio. Por supuesto, no omitimos que Hugo Chávez accedió al poder en 1998 y que estos años no fueron lineales a nivel continental, pero mientras ese ciclo comenzaba a agotarse, algunos países iniciaban nuevos procesos políticos que estarían muy lejos de la UNASUR o la CELAC. Es decir, el compendio de gobiernos de derecha (con sus matices, claro), se daba un espacio de organización.

Nuestro país bajo la gestión de Alberto Fernández no abandonó este grupo. Es decir, más allá de las posiciones públicas, el gobierno actual sigue integrando un espacio político de peso que apoya explícitamente el golpe de Estado en Bolivia, la gestión de facto de Áñez e incluso la dilatación y a todo el procesos prácticamente ilegal que se viene llevando delante de cara a futuras elecciones.

Está claro que el señalamiento no es de cara a un supuesto apoyo al golpe por parte del gobierno argentino, se ha dado cuenta de todo lo contrario. De hecho al interior del Grupo, Argentina ha tenido diferencias con las posiciones públicas sobre Venezuela. Pero ante determinadas coyunturas, hay grises que no son saludables. Esa versatilidad de la que hablábamos sobre Solá, también se muestra en este punto que, sin duda, puede llegar a ser un límite de cara a posiciones y hechos políticos más enfáticos en favor de la democracia en Bolivia.

La situación actual enmarcada en la pandemia del coronavirus generó diversos niveles de incertidumbre en todo el mundo, incluido Bolivia por supuesto. Sin embargo, el gobierno de facto ya ha dado muestras de hacer un aprovechamiento de la situación para dilatar aún más el estado de excepción. Está claro que la expectativa es que el gobierno argentino mantenga una línea de repudio a la gestión de Áñez y al golpe, de apoyo a Evo Morales en su condición de presidente legítimo y aportar firmemente a la transparencia del proceso electoral que debe llevarse adelante. Los grises y la tibieza en ese escenario, no es una opción.

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Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad de la Nación, marzo de 2018

Si bien en cuatro años el macrismo rompió récords en materia de muertes a manos de las fuerzas de seguridad, los casos de gatillo fácil y las muertes en lugares de detención son crímenes históricos que han empeorado desde 1983 a la fecha.

Por Ignacio Marchini | Fotos: Colaboración

Desde el retorno de la democracia, 7093 personas han muerto en manos del aparato represivo estatal, en su mayoría mientras estaban detenidas o fusiladas en supuestos enfrentamientos. De este total, 1833 corresponden al gobierno de Cambiemos, es decir, un 26% de los casos en sólo 4 años, el peor promedio de 1983 a la fecha. Siempre y cuando se considere que la “limpieza social” es un problema que el Estado debe erradicar y no profundizar.

Estos datos se desprenden del último Informe Anual de la Situación Represiva Nacional de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), presentado el viernes pasado en Plaza de Mayo. El espacio público más icónico de la Ciudad de Buenos Aires estuvo atravesado durante horas de familiares, amigos, amigas y militantes que mediante remeras y carteles recordaban a las personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad. Pero, sobre todo, exigían Justicia al Estado que desde hace muchos años o no juzga a los ejecutores de sus hijos o, cuando lo hace, les aplica penas ridículamente leves, mediante la manipulación de las figuras penales para obtener condenas más benevolentes. Desde la Coordinadora estiman que solo 1 de cada 10 casos de gatillo fácil llegan a juicio.

Acompañando a los familiares y militantes se encontraban lxs históricxs referentes y abogadxs de la CORREPI María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, Gabriel Solano y Néstor Pitrola del oficialismo del Partido Obrero (PO), Norita Cortiñas de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Sergio Maldonado, entre otrxs representantes de la política y la lucha por los Derechos Humanos. Ante largas filas de familiares, militantes y amigxs se proyectaron las cifras del Informe 2019. Las estadísticas no fueron sorprendentes, si se tiene en cuenta lo que fueron las políticas de seguridad y de Derechos Humanos en estos 4 años de macrismo, que desarrollamos en otra nota anterior.

De 1 muerto cada 30 horas en promedio durante los 12 años de kirchnerismo (el más alto hasta 2016), el macrismo finalizó hace una semana 1435 días de gobierno con un promedio de un muerto cada 19 horas, la primera vez en los últimos 36 años de democracia que se supera la barrera de un muerto por día. El distrito más violento es por mucha diferencia la provincia de Buenos Aires, donde se concentran más de la mitad del total de los casos, seguida muy lejos por Santa Fe con un 9,39%.

Los abultados resultados de la política represiva del macrismo impresionan. El informe, sin embargo, indica algo mucho más trágico: el problema solo empeora desde 1983 a la fecha. De un muerto cada 311 horas en promedio al cierre del gobierno de Alfonsín (julio del ‘89) llegamos a la salida del gobierno de Cambiemos con un muerto cada 18.8 horas. En todas las gestiones entre esos años, el crecimiento fue sostenido: 1 muerto cada 131 horas fue el promedio de Carlos Saúl Menem, seguido de un pico de un muerto cada 36 horas durante el gobierno de De la Rúa y “Chacho” Álvarez, con el récord absoluto de 39 muertes en dos días en el marco de la brutal represión para contener la crisis política, económica y social de diciembre de 2001. En los sucesivos fugaces mandatos de Puerta, Rodríguez Sáa y Duhalde, entre los 3 promedian un muerto cada 46 horas y el cierre de 12 años de kirchnerismo fue de un muerto cada 30,05 horas, correspondiéndole a la suma de los gobiernos de Néstor y Cristina más de la mitad de los casos desde 1983.

Vale decir que el archivo de casos de la CORREPI no es un trabajo exento de errores y omisiones, debido en gran parte a la enorme invisibilización de los casos de violencia policial e institucional, sobre todo contra los sectores más vulnerables, y por la falta de estadísticas oficiales confiables.

Los sospechosos de siempre

Las características de las víctimas son bastante homogéneas: la mayoría son varones jóvenes de barrios populares. El sexo, la edad y la condición socioeconómica son factores claves para que la policía y los jueces determinen el grado de peligrosidad de un individuo. Quienes se llevan la peor parte son los jóvenes de bajos recursos. Del total de casos de gatillo fácil, el 43% tenía 25 años o menos. Y usamos el masculino porque son mayoritarios los casos de varones asesinados por el aparato estatal (9 de cada 10), además de conformar más del 90% de la población carcelaria en todo el país.

Si bien es una problemática con una fuerte impronta masculina, el informe evolucionó y se complejizó a lo largo de los años en base a las exigencias políticas de los movimientos y partidos en cada momento histórico, como es el enfoque desde una perspectiva feminista, que generó que se empezaran a registrar en un apartado los casos de violencia estatal imbricada con la violencia machista y patriarcal. Desde 1992 a la fecha, se registran 647 casos de mujeres, travestis y mujeres trans asesinadas por el aparato represivo estatal, de los cuales 381 fueron, además, femicidios, travesticidios o transfemicidios, respectivamente. De esos 381 casos, el 87% fueron cometidos intrafuerza de seguridad o por alguien del entorno familiar.

El encierro es una doble condena

A las condiciones de vida inhumanas que hay en las cárceles, comisarías y lugares de detención, enormemente empeoradas por lo sobrepasado que se encuentra el servicio penitenciario (según un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la sobrepoblación actual en la provincia de Buenos Aires es del 137%), hay que sumar la enorme cantidad de muertes bajo custodia, que representan la mitad del total de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad desde 1983 a la fecha.

En las cárceles federales, con capacidad para 12 mil personas, hay más de 14 mil presxs, mientras que en las cárceles bonaerenses hay más de 50 mil, cuando la capacidad instalada apenas supera los 30 mil lugares. Estos datos se desprenden del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

Santiago Maldonado

Uno de los concurrentes a la presentación del informe fue Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, el joven artesano anarquista desaparecido durante más de dos meses en el marco de una represión de la Gendarmería a integrantes de una comunidad mapuche en la Patagonia, que apareció muerto en el Río Chubut el 17 de octubre de 2017. La causa que investiga los hechos que llevaron a la muerte de Santiago estuvo plagada de obstrucciones tanto del Poder Judicial como de las fuerzas de seguridad intervinientes, así como del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Poder Ejecutivo. Aún hoy hay muchas preguntas sin responder y la familia de Santiago sigue luchando por esclarecer cómo murió.

En diálogo con Marcha, Sergio explicó por qué decidió acompañar la presentación del Informe: “También estuve participando el año pasado, porque no es que haya que dejar de venir porque cambió el gobierno, todo lo contrario. Acá debería haber gente que está en el nuevo gobierno y que estuvo acompañando en años anteriores”. En relación a las estadísticas que se desprenden del archivo, Sergio valoró que “no puede ser que maten un pibe cada 19 horas, hay que exigirle al nuevo gobierno que esto pare. Quisiera ser optimista y decir que no haya ninguno más, pero la realidad es que va a seguir habiendo por ahora pero por lo menos que vayan bajando”.

Sergio valoró que en el discurso de asunción de Alberto Fernández se mencionara tantas veces la frase Nunca Más, aunque considera que hay que seguir presionando gobierne quien gobierne. “A la tarde la nueva Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dijo que no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana, repitiendo la misma frase que Patricia Bullrich, así que la verdad que hasta ahora no veo ningún cambio. Van muy pocos días de gobierno, lo sé, pero ya hay que empezar a marcar esas similitudes porque no quiero que pase lo mismo que pasó en estos cuatro años de macrismo”.

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Por María Florencia Alcaraz y Laura Salomé Canteros

Cada muerte por aborto es injusta y evitable. El domingo 8 de diciembre murió V., una mujer de 33 años, madre de 3 hijxs, como consecuencia de un aborto inseguro producto de la criminalización de la práctica. Había llegado el viernes a la guardia del Hospital San Martín de La Plata con una infección masiva. Fue a la guardia, la esperaron y no sobrevivió. Falleció en la terapia intensiva.

La situación de la provincia de Buenos Aires en relación a la salud sexual y reproductiva es crítica. La gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, se declaró antiderechos, una postura personal que antepuso a la responsabilidad política de gestionar y que se tradujo en la omisión de la garantía en el acceso a la salud y la protección de la vida.

Siguiendo esta opinión, Vidal, por ejemplo, impidió que las y los profesionales de la salud adhieran al Protocolo para la Atención de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y hace poco en una entrevista televisiva dijo que no era un tema relevante. En 2017 forzó la salida de Zulma Ortiz a cargo de la cartera de Salud.

En 2017 hubo 14.591 internaciones por aborto inseguro en la provincia de Buenos Aires. Un tercio del total de las internaciones del país. De las 30 muertes por abortos inseguros en 2017 en todo el territorio nacional, 12 fueron en jurisdicción bonaerense. Son datos oficiales pero sabemos que hay muchísimo subregistro y el número real puede ser más amplio.

La muerte de V. evidencia que las políticas públicas son resultado de voluntades y que pueden salvar vidas. Lo que le pasó a V. no es una excepción sino una confirmación de que las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar siguen estando desprotegidas. Es una más que decide interrumpir un embarazo pero lo hace sola: ni llegaron los acompañamientos feministas ni el Estado. Una más que se ve empujada por el Estado, sus poderes y por los gobiernos nacional, provinciales y municipales a arriesgar su vida por decidir sobre su cuerpo- territorio.

El aborto legal, dentro de las emergencias sociales

La muerte de V. se enmarca en demandas integrales que constituyen emergencias sociales ante 4 años de abandono. La falta de voluntad política para terminar con la injusticia que significa los desiguales accesos a la salud y la información se lleva vidas.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y en su plenaria federal, se afirmó que además de la despenalización y legalización del aborto, se exige que la demanda sea incluida entre las que constituyen el acuerdo social del nuevo gobierno, a cargo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

“Los poderes de un Estado no pueden ser neutrales ante la injusticia que significa que una persona vulnerabilizada vaya presa o muera por decidir sobre su futuro”, dice la declaración de la Campaña “nuestra lucha y deseo es que se nos escuche ante lo evitable”, agregaron. “Exigimos cumplimiento de las Leyes Nacionales de ESI, con carácter urgente la Resolución Ministerial y garantía del cumplimiento del Protocolo ILE, la producción estatal y distribución pública de misoprostol y mifepristona para el acceso a la salud”. Exigieron además, se apruebe el Proyecto de aborto legal de la Campaña que “ya está en las calles” y una amnistía para las presas y reparación para las familias.

Por su parte, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir emitió una declaración en la que se solidarizan con la familia de V. y amigues y responsabilizan por su muerte, que constituye una vulneración de derechos, a las autoridades ejecutivas salientes: al intendente de la ciudad de La Plata, Julio César Garro; a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y al presidente de la Nación, Mauricio Macri.

“Esto es consecuencia del disciplinamiento de nuestros cuerpos por parte de este Estado que nos oprime en nuestros deseos, nuestra autonomía, en nuestros derechos”, afirmaron lxs más de mil profesionales nucleados en la Red en todo el país. “A pesar de haber avanzado en la atención sanitaria, esta situación refleja que la expulsión del Sistema Público de Salud continúa y se sostiene gracias a un sector de la sociedad que aún insiste en que esta problemática permanezca en la clandestinidad”, agregaron.

Desde el espacio afirmaron que en junio de este año, se reunieron con el secretario de salud del municipio de la Plata para exigir el acceso a las ILE, capacitaciones a los equipos de salud en perspectiva de género y acompañamiento en el acceso a derechos sexuales y (no) reproductivos. Lo hicieron además junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional La Plata y colectivas feministas que acompañan.

Solicitaron además, la garantía del acceso al misoprostol, a métodos anticonceptivos y la creación de nuevos espacios de Consejería en el territorio y para beneficio de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Denunciaron también demoras, obstaculizaciones y la falta de implementación de Leyes nacionales vigentes (Educación Sexual Integral y Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable), reclamos que en La Plata aún sin respuestas.

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Por Ana Paula Marangoni e Ignacio Marchini | Foto: Adrián Escandar

El gobierno de Cambiemos pasará a la historia como uno de los más regresivos en materia de derechos humanos y como uno de los más violentos y sádicos en materia de represión de las fuerzas de seguridad. Con Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad de la Nación, una de las pocas del “mejor equipo de los últimos 50 años” que llegó a terminar su mandato, las fuerzas represivas alcanzaron niveles inéditos de violencia desde el retorno de la democracia.

No es una casualidad que el enorme ajuste económico llevado a cabo por el macrismo se haya visto acompañado por un crecimiento sin precedentes de casos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención, torturas por parte de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, causas armadas y criminalización de la protesta social. Como señalan desde hace muchos años en la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), el uso de la represión estatal para garantizar las políticas de todos los gobiernos es constitutivo de cualquier sociedad dividida en clases. Para la Coordinadora, el nivel de violencia policial de cada momento histórico se explica por dos grandes motivos: la situación económico-social y las características del gobierno de turno.

En el caso de Cambiemos, el ajuste económico en todas las áreas de políticas públicas y sociales, con su consecuente empeoramiento en las condiciones de vida de la mayoría de la población, llevó indefectiblemente a un aumento en el descontento y la conflictividad social. Nada más violento que la desigualdad. En relación a las características específicas del gobierno saliente, el uso demagógico del “voto bala” y el “voto cárcel”, junto a una defensa a ultranza del accionar de las fuerzas de seguridad por parte de funcionarios jerárquicos del gobierno, llevaron a un crecimiento desembozado de los casos de gatillo fácil y muerte en los lugares de detención.

Algunos datos para tomar noción de qué nos deja el macrismo a nivel nacional: del promedio de un muerto cada 30 horas en mano de las fuerzas de seguridad durante los 12 años de kirchnerismo, se pasó a un muerto cada 21 horas, contando hasta el 12 de febrero de 2019, según datos del archivo de casos de la CORREPI 2018. El archivo con los casos de 2019 será presentado el viernes 13 de diciembre y, según anticiparon desde la Coordinadora, la situación empeoró. Sin contar este último año, de los 6536 casos de gatillo fácil de 1983 a la fecha, 1303 le corresponden a Cambiemos. Es decir, 1 de cada 5 muertos desde el retorno de la democracia en sólo 3 años. 

La doctrina de las “nuevas amenazas”

La adscripción del macrismo a la doctrina de las “nuevas amenazas”, elaborada por el Comando Sur de Estados Unidos, con el pleno respaldo del Estado bélico de Israel, es fundamental para entender el vuelco en materia de “seguridad interna” en estos cuatro años. Relaciones que exceden ampliamente lo teórico y se tradujeron, por ejemplo, en compras de hasta 2 mil millones de dólares en armamento de guerra a EE.UU. y software de espionaje al Estado sionista. Todo en aras de “la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, como expresara incansablemente Patricia Bullrich a lo largo su gestión. Lucha que, además, fracasó estrepitosamente, si tenemos en cuenta que “en los últimos años hubo efectivamente más incautaciones, más detenidos, más condenados y, sin embargo, hay un aumento de la circulación de sustancias en el territorio”, como explicara al portal Chequeado Mariana Souto Zabaleta, especialista en políticas de drogas del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). Más allá del error de por sí que representa encarar el problema de las adicciones y el narcotráfico desde una perspectiva punitivista, “se habría incrementado la oferta de pasta base-paco en casi un 50% y la de éxtasis en más del 100%”, agregó la especialista.

La doctrina digitada por Estados Unidos coloca a la “seguridad nacional y el orden público” como los principales bienes a ser protegidos, por encima de la vida de cualquier persona, usando la lucha contra “el terrorismo y las amenazas internas” como excusa. De este manera, el terrorista es una amenaza que nunca es discernible del todo, y puede ir desde un comando mapuche entrenado por Irán y Venezuela hasta un jubilado que reclama porque le aumenten la mínima, según el enemigo de turno que se necesite construir mediáticamente.

Esta noción tiene efectos nefastos en la concepción de la seguridad interior, con un recrudecimiento de la represión policial y con la habilitación a las Fuerzas Armadas de actuar en tareas internas y de espionaje a organizaciones civiles, políticas y sociales. Una doctrina que ha tenido efectos desastrosos en América Latina, como evidencian los casos de los Estados militares de Colombia o México, por nombrar algunos, con un incremento enorme de la violencia hacia las poblaciones civiles. Si a eso sumamos la profundización de la militarización de todas la fuerzas, incluidas las policiales, y el aumento de efectivos, el Estado policial se erige como regulador de la vida, dejando de lado sus funciones sociales.

Un ejemplar despliegue de la capacidad represiva del Estado argentino se dio durante la Cumbre del G20 que tuvo lugar en Buenos Aires el año pasado, con tanques, camiones blindados y armamento militar para intimidar a la población. Fueron significativos también los recortes en Educación y Ciencia destinados a engrosar el presupuesto en materia de Defensa y la compra de pistolas Taser (catalogadas como elementos de tortura según la ONU) para equipar a las fuerzas de seguridad en aeropuertos, subtes y trenes, entre otras decisiones políticas en pos de militarizar a las fuerzas represivas nacionales.

Milagro, Santiago, Rafael y Juan Pablo

Hay cuatro casos testigos que ejemplifican con claridad la política de seguridad y persecución del macrismo.

El 1 de agosto de 2017, otro crimen por parte de las fuerzas de (in)seguridad conmocionó a la sociedad. En medio de una feroz represión por parte de Gendarmería en la Lof Cushamen, de Chubut, Santiago Maldonado, que se encontraba acompañando a lxs mapuches en resistencia, desapareció, para aparecer muerto 78 días después, luego de idas y vueltas mediáticas, del encubrimiento por parte de las fuerzas de seguridad, de las autoridades de la justicia y de los funcionarios responsables, hasta llegar a Patricia Bullrich.

Mientras falsos testigos arrojaban la hipótesis de que Santiago estaba vivo en distintas localidades, la Gendarmería se ocupaba de ocultar evidencias a la vez que negaba tener conocimiento alguno de Santiago. Ocultaron las fotos de la represión donde se lo podía identificar (y, por lo tanto, descartar la hipótesis de que no hubiera desaparecido en el contexto de la represión), lavaron la camioneta que se utilizó en el operativo (la que negaron haber usado pero que aparece en videos y fotos del operativo), violaron los precintos y obstaculizaron desde el comienzo la investigación, con el aval del primer juez a cargo de la cusa, Guido Otranto, que en ningún momento ordenó apartar de la investigación a la misma fuerza sospechada de matar y ocultar el cuerpo de Santiago. 

La causa tuvo enormes cabos sueltos desde el comienzo. Uno de los más llamativos fue que, al día siguiente de su desaparición, Ariel Garci, amigo de Santiago, lo llamó a su teléfono, que estaba activo e incluso fue atendido durante 22 segundos sin emisión de voz alguna. Esto es inexplicable, incluso abonando la hipótesis oficial de que Santiago se haya ahogado y hubiera estado todo ese tiempo bajo el río. Incluso, luego de que declarara, su identidad fue dada a conocer, exponiendo su vida y negándole el derecho a protección como testigo.

A los 78 días de su desaparición, el 17 de octubre de 2017, el cuerpo apareció en el mismo río donde fue tantas veces buscado, absolutamente intacto. A pesar del fallo del juez Lleral, en el que se aseguraba que Santiago había muerto naturalmente, intentando cruzar el río, la querella pidió reabrir la causa, debido a la cantidad de  inconsistencias encontradas en la autopsia realizada. Las objeciones se basan en distintas evidencias que impiden sostener que Santiago permaneció los 78 días en el río, y que apuntan a la hipótesis de que fue secuestrado por Gendarmería, y que ya sin vida su cuerpo fue escondido conservado a bajas temperaturas y luego “plantado” en el lugar de la represión. Algunas de estas evidencias son la presencia de polen (incompatibles con la cantidad de días sumergido), y el estado de conservación del cuerpo y del DNI, en relación con la temperatura del río y la exposición al agua en el tiempo.

La ministra de (in)seguridad Bullrich aseguró el pacto de impunidad con las fuerzas, a través de una frase que quedaría entre las más lamentables de nuestra historia: “no voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana”. Así dejaba en claro su decisión política de proteger a las fuerzas incluso aunque cometieran los crímenes más aberrantes. Gendarmería despidió de sus funciones a la ministra, obsequiándole un sable con esta frase, que es hoy el macabro recordatorio del crimen de Santiago y una muestra de lealtad preocupante. Hoy en día no hay un solo preso por la represión, la muerte y la desaparición forzada de Santiago durante 78 días. Y todas las inconsistencias de la investigación continúan sin explicación.

Al caso de Santiago, que tomó repercusión nacional e internacional, debemos agregar el asesinato por la espalda del mapuche Rafael Nahuel a manos del prefecto Javier Pintos, actualmente en libertad, durante una toma de tierras. Incluso la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, se encargó de avalar el accionar de la Prefectura Nacional diciendo que lxs mapuches se encontraban armados, algo que fue completamente desmentido por las pericias que además demostraron que se le disparó por la espalda, en plena huída.

Lo mismo sucedió con el policía Chocobar que asesinó al ladrón Juan Pablo Kukoc por la espalda y huyendo. La respuesta del gobierno fue felicitarlo en persona por el Presidente Mauricio Macri, algo absolutamente inédito en democracia, y que pinta de cuerpo completo lo que fueron estos 4 años en materia represiva. Es por eso que la actuación de la policía se dijo estar regida por la “doctrina Chocobar”.

Mientras tanto, el Poder Judicial avaló sistemáticamente la persecución de quienes se enfrentaron al proyecto neoliberal de Cambiemos, a través de la criminalización de referentes sociales y manifestantes, con el fin de limitar la acción colectiva. El caso de Milagro Sala, presa sin condena hace ya casi cuatro años, fue señero e inaugural en el accionar del Poder Judicial asociado al poder político y sus conveniencias. Una detención arbitraria y sin garantías constitucionales mínimas, sin respeto a la presunción de inocencia y la libertad durante el proceso penal, que ha llegado a desoír incluso un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto del caso.

La política de hacer olvidar

Cuesta reconocerle al presidente saliente alguna de sus promesas cumplidas. Pero hay una que lastimosamente cumplió. Si algo caracterizó los dichos de Mauricio Macri fue la tajante división entre los discursos armados (torpes, vacíos y plagados de balbuceos y tartamudeos) diferenciados de aquellas afirmaciones fuera de guión (por lo general, rotundas y vergonzosas), políticamente incorrectas y dotadas de una honestidad brutal. 

Las primeras afirmaciones permitían conocer la estrategia comunicativa de Cambiemos y el esfuerzo de un mandatario que nunca lograba darle el tono de actuación justo a las palabras previstas. Las segundas ponían en evidencia los hiatos elegidos, develando pensamientos en alta voz, que debían ser reducidos a medida que Macri pasaba de ser un jefe de gobierno al Presidente de la Nación.

Por eso, en 2014, cuando a Mauricio Macri le faltaba un año para asumir como presidente, era más fácil toparse con exabruptos públicos. Allí prometió, en diálogo con La Nación, acabar con el “curro de los derechos humanos”, sincero, sin mediación de couchers ni focus groups.

Y efectivamente, desde que asumió, se ocupó de ejercer la fuerza contraria al trabajo histórico que realizaron los distintos organismos de Derechos Humanos desde el retorno de la democracia. Cambiemos trabajó arduamente en la política de hacer olvidar. La política de la desmemoria, similar a la decisión de cambiar en los billetes las imágenes de próceres por animales, involucró medidas judiciales, beneficios para genocidas, dilación de los procesos judiciales por Crímenes de Lesa Humanidad, recortes presupuestarios sostenidos en DDHH y el histórico fallo de la Corte Suprema durante 2017 de aplicar la reducción de penas (conocida como 2×1) a genocidas, que debió retroceder y fue revocado en 2018, frente a los masivos repudios y movilizaciones. 

Solo por aportar algunos indicadores, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en 2018 se registraron sólo 17 fallos a represores, el menor número desde 2010. Esto se vio acompañado con el sostenido aumento de sentencias a prisión domiciliaria para condenas por crímenes de lesa humanidad.

El fantasma de la teoría de los dos demonios volvió a cobrar vida. Previamente al lamentable fallo, el ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, expresó categóricamente en 2016 que en Argentina no hubo 30 mil desaparecidxs. Mauricio Macri, lejos de repudiar los dichos del funcionario, optó por sostener el libreto de la ambigüedad, afirmando que él no tenía idea si habían sido 9 mil o 30 mil, desligándose de la obligación de tener una postura clara en relación al pasado reciente y opinando como si fuera un ciudadano común, al margen de su investidura presidencial, estrategia reiterada en muchas oportunidades.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo continuaron durante estos cuatro años realizando sus rondas, a pesar de las afrentas a su lucha por la justicia, y a la necesidad de que la memoria sea una política de Estado contra sus crímenes del pasado, contra el horror y contra el olvido. El jueves 5 de diciembre se despidieron de este gobierno que permitió reavivar el dolor de lo vivido, realizando la N°39 Marcha de la Resistencia y ampliando el concepto de DDHH. Porque un gobierno que no respeta la vida, no sólo agita los peores infiernos del pasado, también lo instala en el presente, cuando es indiferente al hambre, a la pobreza, a la miseria, consecuencias inevitables de sus políticas, de lo que hicieron y lo que decidieron no hacer.

La agenda urgente

La coalición de derecha saliente deja un panorama desastroso en materia de derechos humanos y garantías constitucionales. Dentro del enorme trabajo que deberá encarar el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, y que las movilizaciones de las organizaciones políticas y sociales deberá garantizar, hay un puñado de ellas que, desde la CORREPI, califican como urgentes. 

La primera y principal es la derogación de la Resolución 956/2018 que habilita el uso del arma reglamentaria de las fuerzas de seguridad en cualquier circunstancia. Es decir, la legalización de la Doctrina Chocobar. También exigen el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Bulacio, que ordenó “la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante”. Es decir, el cese de las detenciones arbitrarias que se multiplicaron escandalosamente durante el macrismo.

El fin de los programas de reconocimiento facial, la derogación de la Resolución 845/2019 que “sistematiza y masifica la intercepción y detención de personas ‘para identificar’ en las estaciones de trenes”, el hostigamiento a las personas que se sustentan con changas en la vida pública, son algunos otros de los puntos del entramado legal que deja el macrismo que es urgente desarmar, con la principal amenaza del proyecto de reforma del Código Penal, que “incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta y consagra la impunidad de los represores” y del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil “que contempla la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes”.

En cuatro años, el gobierno de Mauricio Macri, por su política anti derechos y por su cinismo hacia el hambre y las necesidades básicas de la población, demostró ser un gobierno en contra de la vida. Con más de 40 % de pobreza, y con un endeudamiento millonario, se va, pero nos deja en un estado de emergencia que será difícil de revertir. Por eso, intentamos recuperar la memoria para decirle a los gobiernos neoliberales #NuncaMás.

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Por Laura Salomé Canteros* | Foto: Cobertura colaborativa 13J

Los últimos cuatro años en la región estuvieron marcados por la irrupción en las calles, en los parlamentos y en los debates en redes sociales, de los movimientos feministas que se organizaron con la estrategia de la construcción de una unidad transversal para evidenciar a la sociedad política, interpelar a los poderes patriarcales y para exigir a las instituciones de Estados y gobiernos capitalistas- neoliberales y extractivistas, demandas coyunturales pero también reivindicaciones históricas.

En Argentina, el período será recordado como de organización pero también de resistencia ante la represión que el gobierno de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos introdujeron en las políticas públicas y en la percepción social de quienes habitaron los espacios públicos: la consolidación de la criminalización de la protesta. El segundo 8 de Marzo (2017) del macrismo nos encontró en la madrugada, exigiendo a la Policía de la ciudad de Buenos Aires que libere a más de una decena de activistas que fueron detenidas tras una cacería por las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Un modo de operar sistemático que las fuerzas represivas repitieron año a año. Una persecución e intento de disciplinamiento que se repitió contra el pueblo mapuche y wichí en la Patagonia y en Chaco y Formosa; contra la organización docente -gremio causalmente integrado en su mayoría por mujeres-; contra las y los trabajadores despedidxs del Estado y de los medios públicos; y contra quienes integran los movimientos sociales. Represiones transmitidas por TV para un morbo elitista.

En este contexto, vivenciamos la emergencia de nuevas protagonistas de las historias recientes: militantes históricas, experimentadas, disidentes y jóvenas que agrupadas reclamaron dentro de un movimiento feminista dinámico y potente, desde cumplimientos de responsabilidades institucionales que se traduzcan en políticas públicas para la protección de las vidas; hasta la exigencia del reconocimiento de la soberanía y la autonomía política sobre nuestros cuerpos- territorios con la concreción de estrategias de visibilidad masivas en marchas, concentraciones, performances, pañuelazos y manifestaciones ciudadanas.

La lucha feminista supo revertir la desesperanza macrista. Señaló a las aliadas voluntarias de un sistema de patrones exclusivo como Gabriela Michetti, vicepresidenta; Patricia Bullrich, ministra de seguridad; María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires; Carolina Stanley, ministra de desarrollo social y Fabiana Tuñez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras. Y claro, también señaló el silencio de los machos de las burocracias sindicales y de los referentes de las organizaciones y movimientos sociales que transaron con la influencia de la Iglesia en el Estado. Por eso, las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries organizaron en octubre de 2016 y marzo de 2017 los Primeros Paros Feministas, huelgas contra las violencias que dejaron en claro que “si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”. Una expresión de que tras el estallido “Ni Una Menos” en junio de 2015, estábamos dispuestas a disputar poder y puestos de discusión y decisión por fuera de los ámbitos que se nos había asignado tradicionalmente en las casas, en las camas, en las plazas, en los sindicatos, en los medios, en el Congreso y en los palacios de gobierno.

Hubo hitos de justicia producto de la lucha feminista. Un proceso de reconversión del accionar del poder judicial. En julio de 2018 el Congreso aprobó la “Ley Brisa” en la que el Estado debe garantizar una cobertura integral de la salud y una reparación económica mensual para hijes que hayan perdido a alguno de sus progenitores por violencia de género o intrafamiliar en todo el país. En diciembre de ese años se estableció además la capacitación obligatoria en la temática de género y violencias para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, una medida impulsada por la familia de Micaela García, una joven asesinada en 2016 en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. Mientras que en 2018, en una sentencia histórica, fue condenado a prisión perpetua el asesino de Diana Sacayán, activista travesti y referente de Derechos Humanos. Los jueces consideraron que fue un “homicidio agravado por odio de género y violencia de género” y confirmaron que se trató de “crimen de odio a la identidad travesti”. Fue travesticidio.

Sin embargo, entre agosto y marzo de 2018, el debate parlamentario y social de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue la mayor demostración de la reacción de los feminismos. Millones de personas acompañaron el reclamo que trascendió las fronteras y fue un evento seguido por los medios de prensa de más de 40 países. Fue la llegada de la política feminista al Congreso, con un proyecto ciudadano, de debate amplio y que generó unidad y consensos partidarios, intergeneracionales y multidisciplinarios transversales. Una “marea” que emergió producto de las articulaciones, alianzas y construcciones feministas durante 15 años de Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro yu Gratuito, una herramienta surgida dentro de los consensos del movimiento.

El pedido de respeto por la autonomía y la soberanía sobre el cuerpo- territorio se volvió ensordecedor. El “ya no nos callamos más” de las pibas en las redes y el “mirá como nos ponemos” de las Actrices Argentinas, sellaron una etapa en la que los escraches como herramienta política de liberación llegaron a las instancias judiciales para enjuiciar y encerrar a quienes ejercieron múltiples violencias abortando a los ídolos de la cultura, el periodismo y de las organizaciones políticas o sindicatos. Un ejercicio de voz colectiva para terminar con la impunidad de la cultura de la violación y el abuso de poder machista que hoy se manifiesta también por las calles de la región al ritmo de “el violador eres tú” que comenzaron activistas feministas chilenas durante el estallido que vive el país trasandino.

Por un feminismo sin fronteras

Nuestra América y Argentina se levantaron con creatividad, color y propuestas para la vida digna. Con múltiples argumentos y como opción ante los poderes patriarcales y los fascismos y conservadurismos que amenazan (y en ocasiones logran) con retroceder en los pocos derechos que hemos conquistado. Se construyó desde las bases y en Asambleas un movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans que no tiene orgánicas ni programas que lo enmarcan -porque se inquieta ante las fronteras-, y que hoy interviene en cada espacio de la vida social y política actualizando sus posicionamientos.

El feminismo en la región convirtió reformas en revoluciones y consignas en banderas de liberación. El feminismo estuvo re- caracterizando las formas de hacer política y es el que hoy -diciembre de 2019- convoca a las huelgas y marchas de insurrección en Chile -articulando movimiento estudiantil, obrero y anti AFPs-; o el que se rebeló, en agosto pasado, ante el secuestro de una niña en manos de policías afirmando en México que “no nos cuidan, nos violan”. El feminismo mostró que es el movimiento capaz de afirmar que “Estamos haciendo historia” al transformar el debate parlamentario de una Ley en demanda urgente y fundamental, “aborto legal ya”, como sucedió entre marzo y agosto de 2018 en Argentina. Y que mientras, se debate internamente cómo acompañar las luchas indígenas, de personas racializadas y de migrantes en estallidos como el que interrumpió la pretendida normalidad de otro gobierno -no casualmente- neoliberal hace poco en Ecuador.

Sin embargo, a pesar de que “ahora sí nos ven” en la arena de discusión política, el poder del movimiento feminista reside en sus capacidades para formular propuestas para la vida digna y en ser un movimiento de liberación que no se conforma con “más feministas en las listas” o en integrar Ministerios de Equidad. Va por todo porque constituye, por sus formas propias de deliberación y de distribución de las palabras, una asamblea permanente por los derechos de las mujeres y las personas del colectivo LGBTTIQ+.

Propone, además, la elaboración de estrategias urgentes para la reacción colectiva y de soluciones que toman en cuenta las subjetividades olvidadas. Es un movimiento que irrumpió con una mística propia que no reconoce treguas y que desafía a propias y ajenos en nombre de los siglos en los que quisieron acallarnos: es el grito que va de norte a sur con la sabiduría de las zapatistas y de las feministas comunitarias, hermanando a las mapuches con las negras faveladas. Es la memoria de las Madres y Abuelas y las resistencias de las Feministas del Abya Yala. Es Berta Cáceres luchando contra las empresas extractivistas y Marielle Franco contra la militarización de los territorios. Es el grito afónico de dolor que recuerda a las 56 niñas del Hogar Seguro en Guatemala, luchando contra las democracias secuestradas por las élites políticas, económicas y religiosas en Centroamérica. El movimiento de liberación feminista es una síntesis de aprendizajes populares que se predispone a participar y liderar los procesos de cambio sociales.

Por eso, el 34 Encuentro realizado en La Plata en octubre de este año fue de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans y No Binaries y fue Plurinacional. Un ejercicio del movimiento feminista organizado de recuperación histórica de voces presentes y de sanación colectiva de la indiferencia ante liderazgos ancestrales. Porque ante el neoliberalismo que nos empobreció materialmente y la represión que nos pretendió sacar de las calles, los feminismos respondieron con más organización. Porque ante el saqueo de los territorios y la desinformación fundamentalista, respondió con resistencia y argumentos para la esperanza. Un pañuelo verde recorre Nuestra América interpelando en nombre de las que no pueden hacerlo. Ahora que sí nos ven, ¿se animarán los feministas a ir por todo?

*Editora de la sección Géneros

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Por Agustín Bontempo | Fotos por: Carlos Brigo y Emiliana Miguelez

Algunas personas deben tener gravado en su retina la famosa frase del canal Todo Noticias (Grupo Clarín) que advertía: “TN puede desaparecer”. Esta fue una campaña política que desarrolló el multimedio para confrontar con el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sostuvo –con los ajustes correspondientes- en la lucha por su implementación. Spoiler alert: TN no desapareció.

A última hora del pasado jueves 5 de diciembre, el presidente Mauricio Macri a través de una Cadena Nacional hizo un balance de gestión en donde aseguró que “Durante estos años jamás critiqué a un periodista por difundir una información que consideraba incorrecta”, en un intento de sintetizar la supuesta política en materia de libertad de expresión.

Por supuesto que ambas afirmaciones son falsas. Sin embargo, nos interesa repasar cómo fueron los cuatro años de macrismo en materia de políticas de medios y comunicación.

Foto Emiliana Miguelez

Un ataque a las instituciones

Una de las tantas promesas de campaña del macrismo fue que sería un gobierno que defendería la república y las instituciones. En materia de comunicación, el inicio de gestión fue poco auspicioso. Seguramente las y los lectores recordaran aquellos primeros días al frente del Estado donde Macri se propuso ser todo poderoso y gobernar a partir de una catarata de decretos porque, en defensa de las instituciones, ¿para qué esperar al Congreso?

En comunicación no hubo excepción. Durante los primeros 20 días de gestión el gobierno creó el Ministerio de Comunicaciones y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Luego, intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de la Información y la Comunicación (AFTIC). Finalmente creo el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para terminar de “ordenar” el esquema institucional en este campo. El resultado de todas estas medidas dio un golpe de KO a la popularmente conocida Ley de Medios.

Si bien hemos afirmado en diferentes oportunidades que la ley sancionada en 2009 era limitada en varios puntos, también destacamos que no fue producto de un capricho del gobierno kirchnerista sino el resultado de 40 años de debates. Con estas medidas y posteriormente la creación de una comisión que redactaría un nuevo proyecto de Ley de Comunicaciones y posteriormente la iniciativa de la ENACOM para avanzar en una nueva Ley de medios que garantizaba mayores niveles de concentración del poder mediático, el macrismo lograba ocupar un rol hegemónico.

De allí en adelante, se avanzó en la concentración mediática, conformación de nuevos conglomerados (Cablevisión-Fibertel-Telecom) en un escenario legal muy favorable para las empresas, lo que se expresa en altas tarifas por servicios de mala calidad. Cierres de medios pequeños y/o locales, dificultades para la inserción en el mapa de las comunicaciones de los medios populares, son algunas de las dificultades de este escenario.

En una nueva edición de la “Pesada herencia”, en un artículo reciente Martín Becerra señala que “En la era Macri, las promesas iniciales de inyección de competencia, lluvia de inversiones, nuevos operadores en telefonía móvil y respeto republicano a la institucionalidad mediante la legitimación de la política pública a través de leyes tramitadas por el Congreso, fueron sepultadas al cabo de una gestión que sólo cultivó la ley del mercado, a costa incluso de muchos de sus participantes, hoy quebrados o severamente endeudados”.

Además, Becerra agrega que “Lejos de la invocada meritocracia que se atribuyó, el gobierno saliente tuvo un personal dirigente en comunicaciones que fue incapaz de redactar siquiera un proyecto de ley integral de comunicaciones. Termina la administración Cambiemos con menos competidores, con precios para servicios de conectividad que superaron la inflación galopante y que, en consecuencia, restaron presupuesto en los hogares para el acceso a la cultura en vivo, afectándolo doblemente”.

Finalmente, y pensando en cuáles serán los desafíos de Alberto Fernández, “Hoy es difícil asegurar la convivencia armónica entre Google, Facebook, Netflix, Disney/Fox, Clarín/Cablevisión/Telecom, Telefónica/Movistar, Claro, Viacom, DirecTV/AT&T/Turner/CNN y el Grupo América, por citar varios de los pesos pesados de industrias en proceso de convergencia. Para sostenerse, esos gigantes precisan disputar el liderazgo en un contexto global poco respetuoso de las normas ideales de la sana competencia. En la convergencia en comunicaciones, como dice el refrán, el ganador se queda con todo. A menos, claro, que medien políticas públicas eficaces”.

No nos olvidemos de…

Como decíamos al principio, Macri aseguró que él no cuestionó periodistas, tratando de generar un vínculo con sus críticas al kirchnerismo durante su período de oposición y su promesa de garantizar la libertad de expresión. Por supuesto que la convergencia de poder durante estos cuatro años atenta contra esa idea, pero también asistimos a casos concretos como fue el ataque a Telesur, que hoy sigue en pié en la televisión digital privada. Si ampliamos el margen de análisis, pensar el contexto latinoamericano actual sin una señal que pueda equilibrar el despliegue de la CNN y sus diversas correas de transmisión locales, expresa un elemento preocupante.

Otro de los mecanismos que la gestión de Cambiemos utilizó estos años fue la discrecionalidad de la pauta publicitaria. Además de orientar buena parte de su presupuesto en lugares específicos como el Grupo Clarín, también condicionó línea de difusión como fue (y sigue siendo) el blindaje a Horacio Rodriguez Larreta en C5N (canal que confrontó con el macrismo los cuatro años de gestión). En este punto, en 2016 incluso reglamentó una resolución que le otorgaba (y lo sigue haciendo) mayor discrecionalidad con menos controles y sin participación ciudadana, y eso que hablamos de dinero del Estado.

No es la intención profundizar en estas líneas, pero los contenidos en canales públicos (lo veremos en el siguiente apartado), el negocio con el fútbol profesional, el otorgamiento de licencias de manera discrecional, son algunos de los puntos destacados en política de medios.

Finalmente y sin la necesidad de ahondar teniendo en cuenta el tratamiento que hicimos oportunamente, debemos señalar algunas cuestiones sobre datos personales. ¿Por qué? Porque en un contexto de convergencia y digitalización, los datos personales dejan de ser exclusivamente cuestiones personales para transformarse en mercancías.

En la actualidad asistimos a un escenario local y mundial donde las empresas que administran Tecnologías de la Información y la Comunicación son las principales potencias económicas, teniendo un poder de incidencia en nuestras vidas sumamente determinantes. Publicidades orientadas, relevamientos de filiaciones políticas y religiosas, manipulación de la información, son algunos elementos a tener en cuenta.

En este sentido, la seguridad informática no está garantizada y menos en Argentina. En nuestro país, tanto la Ley vigente que rige desde el año 2000 así como normas complementarias y el proyecto presentado por el macrismo, solo profundizan la inseguridad, dejan afuera a la ciudadanía de cualquier tipo de participación y centraliza el poder en pocas manos y sin controles. Particularmente en el intento de modificación de la gestión saliente, le da demasiados privilegios al Jefe de Gabinete, es permisivo con la manipulación de datos y, como suele pasar en otras normas, no contempla cabalmente los desarrollos tecnológicos actuales.

¿Qué pasó en los medios públicos?

La política desplegada hacia este sector fue realmente restrictiva. Estamos hablando de los medios del Estado, aquellos que deben garantizar la diversidad de voces, la participación ciudadana, priorizar la información por sobre la competencia, promover espacios educativos. Nos referimos a espacios que deben solventarse con fondos públicos en buena medida.

Durante estos cuatro años, la gestión de Hernán Lombardi hizo todo lo contrario. Desaparecieron los programas que no representaban la línea ideológica del gobierno (Zamba, el programa para niños y niñas), se movieron canales de señales centrales (Canal Encuentro), se redujo el presupuesto general impidiendo coberturas destacadas (Televisión Pública y Radio Nacional) y se usaron espacios como plataformas políticas (Agencia Télam, transmisiones en eventos deportivos).

Un elemento cristalizador fue el desfinanciamiento. Alejandro Linares detalló en Letra P que hubo un recorte en el presupuesto destinado al sector, que en si mismo representaba el 79% de los ingresos en 2016 para la Televisión Pública y Radio Nacional y que en 2018 pasó a representar el 75%. Asimismo, destaca que aunque en materia de pauta oficial y privada hubo un incremento nominal en este período, hubo una caída del financiamiento en términos reales al ser comparados los valores con la inflación oficial. Si los montos se pasan a dólares, obtenemos que en 2015 los ingresos rondaban los 241 millones de dólares, en 2016 eran 207 millones dólares y ya en 2018 la cifra se ubicó en 136 millones de dólares. Es decir, una retracción de casi el 50% en cuatro años.

La gestión del Titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, se caracterizó, en síntesis, por hacer todo lo contrario a lo prometido en campaña. Es el desfinanciamiento pero también el condicionamiento de contenidos lo que garantiza el vaciamiento al que hacemos referencia. Lejos de promover la libertad de expresión y no criticar, incluso el periodista oficialista Alejandro Fantino aseguró la existencia de listas negras durante el macrismo.

En diálogo con Marcha, Carla Gaudensi, quien es delegada de Télam, Secretaria de Acción Social del SiPreBA y Secretaria General electa de la Federecación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), aseguró que “El vaciamiento de Lombardi en medios públicos responde a la misma política del macrismo en general. Entender el Estado como una empresa privada a la cual vinieron a aplicar políticas de ajuste”. Asimismo, aseguró que “Ellos vinieron a reducirlos a la mínima expresión y que no estén representadas las voces de los sectores más oprimidos, que no están representados en los medios comerciales y hegemónicos que muchas veces se manejan con otras agendas. Las agendas de los medios públicos deben ser plurales y federales y eso es lo que este gobierno vino a destruir porque justamente no le interesa que las voces de los sectores populares, de los sindicatos, del feminismo, de los pueblos originarios, se reflejen en un medio y es por eso que vinieron a destruirlos o reducirlos a su mínima expresión”.

Situación de las y los trabajadores de prensa

El vaciamiento planificado y ejecutado por el macrismo tuvo una fuerte resistencia de las y los trabajadores de prensa que más allá de las cuestiones estrictamente laborales, generando diferentes mecanismos para seguir cumpliendo con el rol que estos medios debían desempeñar. Un caso ejemplar fue el #NotiTrabajadorxsTVP, que ante la desaparición de los noticieros en el canal público y las limitadas coberturas, se organizaron para garantizar el Derecho a la Información del conjunto de la sociedad.

Más allá de este tipo de aspectos, que hubo decenas donde se destacan niveles de organización con diversos espacios, una de las grandes características que tuvo el sector fue la resistencia a los despidos masivos.

No podemos obviar la situación en el conjunto del país, donde los medios locales, en muchas oportunidades con bajísimos recursos, fueron atravesados por la misma situación

Durante estos cuatro años trabajadores y trabajadoras de diferentes medios perdieron sus puestos de trabajo. Si bien hay casos emblemáticos que desarrollaremos a continuación, hubo despidos en Atlántida, América, Crónica, cierre de medios de comunicación, entre otros. Esto derivó en niveles de organización ejemplaras, puesta en funcionamiento de comisiones internas y un rol destacado de la organización gremial, especialmente el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que nació en 2015 como alternativa a las direcciones burocráticas del sector. Otro actor que tuvo un lugar relevante fue el Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID).

Uno de los conflictos destacados durante este período fue el de los despidos en Clarín, aliado estrella de Cambiemos y uno de los actores fundamentales durante la campaña electoral en 2015. En abril de este año, 65 personas fueron despedidas de la redacción. Esa situación derivó en una enorme cantidad de medidas de lucha, festivales y solidaridad de diversos sectores. El grupo Clarín ya empezaba a tomar cierta distancia del macrismo en su línea editorial, sin alcanzar la denuncia pero al menos describiendo la grave situación económica y social. Sin embargo, puertas adentro, llevaba adelante un ajuste brutal de sus trabajadores y trabajadoras.

La enorme repercusión y actos de solidaridad lograron poner un freno a una situación que se visualizaba peor. Sin embargo, la salida de la gestión viene con preocupaciones bajo el brazo y posibles nuevos despidos, situación ya denunciada por las y los trabajadores.

El caso más emblemático de estos años fue el conflicto en Télam. En junio de 2018 la gestión de Lombardi despidió a 357 personas. En aquel momento se iniciaba un proceso con avances y retrocesos, nacimiento de agencia paralela, persecución. Sin embargo, nuevamente el conjunto de las y los trabajadores del sector dieron un claro ejemplo de organización, lucha y unidad, llevando adelante decenas de actividades y con el tiempo ir logrando reincorporaciones, que al día de hoy ya supera a las 240 personas. Gaudensi señala que “El conflicto de Telam nos ha dejado una experiencia muy importante para el SiPreBA pero también para el colectivo de trabajadores y trabajadoras de Télam, como también lo hcieron otros conflictos como el de Clarín, la TV Pública, en su momento cuando arrancabamos como sindicato el del Grupo 23 que derivó en las cooperativas de Tiempo Argentino e Infonews cuando Spolski se fugó”.

Todo esto no ocurrió de manera gratuita. Campañas de difamación, amedrentamiento de las fuerzas represivas, intervención de la justicia. Sin embargo, el conflicto se fue desarrollando positivamente a partir de la determinación de las y los trabajadores.

Si bien la situación aún no está del todo resuelta, la sumatoria de los conflictos abiertos y el de Télam en particular, permitió un crecimiento en la organización del sector en general y del SiPreBA en particular que si bien aún tiene mucho por desarrollar como sindicato, logró ser una de las herramientas indispensables para resistir al macrismo dentro del sector.

En palabras de Gaudensi, estos conflictos “Creo que han dejado un saldo organizativo para el SiPreBA muy grande y como experiencia en términos de cada trabajador y trabajadora de Télam creo que ha dejado una huella no solamente en términos de lucha y organización, sino también en términos personales, en nuestros cuerpos, toda esta violencia ejercida, brutal, de este gobierno que vino directamente a destruir la organización de las y los trabajadores. En Télam en particular también a estigmatizar a cada una y cada uno de sus trabajadores, tratar de dividirnos despidiendo al 40% y pensando que con eso iban a cerrar un conflicto, que eso generaría que quienes no fueron despedidos tomaran un camino individual y no colectivo. Ese es el mayor salto: decir en su momento que eramos todas y todos despedidos y encarar la lucha desde ese lugar”.

En ese camino también nos encontramos los medios alternativos, quienes estuvimos cada día de la gestión macrista poniendo en agenda lo que faltaba en los grandes medios o, aunque esté, aportábamos la mirada popular y feminista, necesaria para que en el escenario que se abre no solamente se piense en superar al macrismo, sino construir una comunicación realmente anclada en la libertad de expresión, en el protagonismo popular y en una sociedad totalmente justa.

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Por Vivian Palmbaum / Foto Pablo Piovano (El costo humano de los agrotóxicos)

Desde el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri se enarboló como bandera de progreso al llamado “campo”, reservorio de la oligarquía terrateniente en nuestro país. Tal como sabemos las familias conservadoras están ligadas a ese campo. Las mismas que Roca repartió producto del arrebato a los pueblos originarios.

Pero para no irnos tan atrás, solo decimos que son estos apellidos los que estuvieron históricamente ligados al poder más conservador que siempre se autoproclamó como granero del mundo y por ello obtuvo privilegios que estuvieron ligados a nuestra historia más sangrienta.

No parece casual que el Ministro de Agricultura designado desde el comienzo de la gestión Cambiemos fuera  Luis Miguel Etchevehere que pasó de la presidencia de la Sociedad Rural Argentina a ocupar esa función, una característica del gobierno de los dueños, donde desde las empresas privadas se convirtieron en funcionarios de gobierno. Este caso además tuvo un condimento especial porque hasta se reveló que por este paso la Sociedad Rural lo recompensó, “cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía”.

De Ministerio a Secretaría para luego volver a ser Ministerio de Agricultura, así fue el devenir de la cartera del ejecutivo nacional. Un trabalenguas difícil de dilucidar detrás del cual había un tejido de alianzas políticas ligadas a la oportunidad de favores y alianzas con el sector.

Políticas de concentración

Lo cierto es que a partir de la quita de retenciones y la devaluación de la moneda para el sector concentrado de la economía, y sobre todo para el Agronegocio, representó una importante diferencia en sus ganancias y en el poder que recuperaron con estas alianzas. Tal es así que hace pocos días, el pasado 21 de noviembre en un comunicado de las Confederaciones Rurales Argentinas, a poco menos de un mes del resultado electoral, advirtieron al próximo gobierno sobre el “nefasto impuesto mal llamado retenciones” e hicieron “un llamado a la racionalidad a fin de no detener el proceso proactivo de crecimiento e inversión”, algo que se parece bastante a una amenaza.

Las políticas públicas ligadas al sector de la producción agropecuaria concentrada, al igual que en otras áreas, repercutió en la profundización del modelo extractivo, de producción industrial, del monocultivo que beneficiaba al Agronegocio. Luego la dolarización de los insumos repercutió en la producción de los pequeños productores dejándolos en la miseria y el desamparo. Así lo expresaban apenas asumido el gobierno desde la Unión de Trabajadores de la Tierra: “La aplicación de las nuevas políticas económicas se iniciaron con una importante devaluación que impactó directamente en nuestro sector, que requiere insumos (como semillas y fertilizantes, entre otros) que se pagan en dólares, porque siguen estando dentro del modelo de agronegocio, donde los insumos los controlan las diez empresas que manejan el mercado mundial”.

A ello se sumó que la Secretaría de Agricultura Familiar dejó de cumplir funciones de asistencia al sector para transformarse en una simple instancia administrativa, que también sufrió las políticas de achicamiento de su planta de personal con despidos masivos y persecusiones políticas, tal como sucedía en otras dependencias. El Estado se iba reduciendo a medida que dejaba de cumplir funciones. Junto con ello además se eliminó el Monotributo Social Agropecuario para trabajadores y trabajadoras de la tierra, lo que les dejó sin posibilidad de acceso a una obra social, a los aportes jubilatorios y les quitó la posibilidad de facturar para comercializar sus productos. Es decir medidas que impulsaban la concentración del sector productivo en pocas manos, dejando atados a las y los pequeños productores a las arbitrariedades y abusos que sufren históricamente quienes producen pero no son dueños de la tierra. Lejos fue quedando alguna expectativa que el reconocimiento de los derechos humanos para campesinos y campesinas que se había conquistado en la ONU, en Argentina tuvieran alguna expectativa favorable.

La política de concentración de la producción profundizó un modelo productivo de monocultivo que destruye la diversidad y el monte nativo, ligado a paquetes tecnológicos -léase semillas transgénicas, fertilizantes y agrotóxicos-. Entonces no solo produjo el empobrecimiento de las y los productores, sino además envenenamiento, malformaciones y muerte.

El neoliberalismo que llegó de la mano de un gobierno aliado a las corporaciones, profundizó el extractivismo con políticas que descartan  al ser humano porque privilegian los negocios. Así también pudimos verlo en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que sesionó en diciembre de 2017, donde se delinearon políticas sobre el comercio internacional que luego los países aplican. A continuación, durante el año 2018 sesionaron los paises del G20 en nuestro país, la respuesta a la crisis financiera global para salvar el capital a costa de los pueblos, y en estas coordenadas se debatieron temas como la producción industrial y tecnologizada de alimentos en función de las agendas de las corporaciones, nunca de los pueblos.

Resistir frente a las Buenas Prácticas

Estas políticas públicas del gobierno de Cambiemos, que vinieron a profundizar el modelo productivo, frente a las incontrastables evidencias de las consecuencias del uso de agrotóxicos impulsó que desde el Ministerio se difundiera el Manual de Buenas Prácticas en Agricultura. Con amabilidad para maquillar, desde el Estado responsable de proteger a las y los habitantes, nombrando como productos fitosanitarios a lo que en realidad son agrotóxicos, mientras se enunciaba el repetido argumento de las corporaciones que niegan las consecuencias y responsabilizan del daño a quienes fumigaban, por hacerlo con impericia. Una ficción que se cae por el peso de las evidencias: intoxicaciones, malformaciones y muertes por el envenenamiento del que no se salvaron ni las escuelas rurales, donde concurren las y los más chiquitos.

Ni siquiera la justicia logró frenar estas prácticas, cuando el  presidente  Macri se atrevió a desafiarla al calificar de “irresponsable” al fallo judicial que en Entre Ríos delimitaba las zonas de fumigación sobre escuelas rurales.  De la misma manera la política de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, de la mano de María Eugenia Vidal, a partir del primer día de enero de este año habilitó la aplicación de agrotóxicos sin límites y de esta manera hacía oídos sordos a sus consecuencias. Por un lado estaban los discursos y por otro las prácticas concretas de gobierno y sus graves consecuencias.

No se salvaron ni las abejas

Las abejas comenzaron a morir en masa, con los perjuicios que esto significa para todo el ecosistema y sus consecuencias. Tampoco se salvaron otras especies de este ciclo de envenenamiento, que no tuvo más remedio de ser reconocido hasta por la OMS como peligroso para la vida. El nivel de contaminación alcanzó la tierra, el agua, el aire, las personas.

A poco de terminar su gobierno, en agosto pasado, el presidente Macri intentó sacar por decreto la llamada Ley de Semillas “MONSANTO”, cuando fracasó el intento que saliera por ley del Congreso. Una ley que representa más ganancias para las multinacionales y mayor dependencia para el sector campesino y de la agricultura familiar, por el fortalecimiento del monopolio, decían desde la UTT. Además constituía una manera de mantener controlada la cadena productiva desde la base y la destrucción de las semillas autóctonas y erradicar los saberes ancestrales que implican.

Minería extractiva

También la tierra siguió siendo depredada por la minería y se profundizaron las alianzas con corporaciones siempre bajo la promesa del progreso económico, como los espejitos de colores. Las consecuencias inmediatas fue que se impulsó la organización asambleas en defensa del agua, contaminada por un modelo productivo que  devasta, envenena los cursos de agua y priva del líquido fundamental a las y los pobladores. Una situación contrapuesta al derecho al agua potable reconocida por la Corte Suprema en 2014 como un derecho humano, sin embargo las políticas públicas están lejos aún de que las personas tengan un acceso pleno al agua potable.

¿Quién dijo que todo está perdido?

No todo parecía perdido cuando vecinos, productores, trabajadores y trabajadoras, profesionales de la salud y agrónomos, frente a este peligro comenzaron a adquirir mayor nivel de organización y a conectar las luchas. En estos cuatro años se afianzaron y multiplicaron redes y asambleas a lo largo y ancho del país para resistir, a través de distintas estrategias, en defensa de la vida.

Renacieron y se fortalecieron las distintas propuestas de volver a la Agroecología que viene demostrando que es posible producir sin envenenar, con un modelo que incluya a las distintas formas de vida. Volver al saber de los ancestros que producían respetando a la pacha, por el buen vivir. Un modo de producción que no le da ganancias a las corporaciones.

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