Ante las leyes en nuestro país que avalan el uso de agrotóxicos y la ausencia de debate en el senado, el colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, junto a numerosas organizaciones elevaron una Carta abierta a las y los legisladores para que no legislen “a conveniencia de los negocios de las corporaciones de la agroindustria”.

Este martes debía tratarse en el Senado Nacional, en reunión plenaria de distintas comisiones, la “Ley Basterra”, que regula la elaboración, registro, comercialización y control de productos (mal llamados) fitosanitarios y lo pone en manos del SENASA. Además, se hubiera tratado el proyecto del senador Solanas sobre el control de la aplicación de agroquímicos. Pocas horas antes de concretarse, se suspendió el debate, que prometía ser intenso. Extraoficialmente circuló que el pedido fue formulado por el senador Alfredo De Angelli, que hace pocos días abogó a favor del trabajo infantil. Hoy el mundo de las corporaciones ligadas al agronegocio celebra la designación al frente del Ministerio de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, al presidente de la Sociedad Rural Argentina, en un país que parece cada vez más atendido por sus propios dueños. Las iniciativas colectivas aparecen hoy como la más férrea y efectiva oposición.

En general, poco nos enteramos de lo que ocurre en el Congreso Nacional. Sin embargo, las organizaciones o colectivos le dan estado público al tratamiento de proyectos que vulneran derechos que afectan a la vida. Tal es el caso de la “Carta Abierta a Diputados/as y Senadores/as de la Nación” que impulsó el colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, y que contó con la inmediata firma de una enorme cantidad de organizaciones y numerosas adhesiones que apelan a las y los legisladores que “han sido elegidos/as para velar por el bienestar y resguardo de la población y no para legislar a conveniencia de los negocios de las corporaciones de la agroindustria”.

La letra de la Carta abierta

En la misiva dirigida a las y los legisladores nacionales se explicitan las intenciones y la necesidad de protección que tiene la vida misma, frente al masivo envenenamiento que viene sufriendo la población del país, que encabeza el ranking mundial en la utilización de agrotóxicos. Esta ley es parte de un paquete de leyes que intenta regular el mercado del veneno para beneficio de las corporaciones que las comercializan y de los grandes productores (dentro de los cuales se encontraría el flamante Ministro de Agricultura) y que atentan contra la supervivencia.

“Es para nosotros y nosotras indispensable que quienes se sentarán a debatir estos proyectos sepan que ya no estamos hablando de respetar el principio precautorio, sino de la necesidad de remediar el daño ambiental y sanitario en el territorio nacional, probado de manera irrefutable por la avasallante evidencia científica, tanto mundial como nacional, por parte de organismos de estado, universidades nacionales y equipos independientes. Ésta evidencia nos muestra que no existe una manera responsable de liberar venenos en el medio ambiente puesto que se detectan cantidades alarmantes de éstos hasta miles de kilómetros de la fuente de emisión. Este proyecto de ley intenta arraigar un sistema agrícola que ya demostró ser obsoleto tecnológicamente, poco eficiente y sumamente contaminante”.

En la Carta Abierta además se expresa que “entre los sectores consultados no se encuentran los habitantes afectados por la agricultura industrial, que depende del uso de estos agrotóxicos, y alertan sobre las consecuencias del modelo tóxico industrial: desempleo, mala alimentación, deterioro de las economías regionales, concentra las tierras y recursos, reprimariza de la economía, genera perdida de la biodiversidad, destruye el ambiente en general y los ecosistemas, acarrea perdida de fertilidad de los suelos y es causa principal de las inundaciones que van en aumento año a año desde la ampliación del modelo agroindustrial. No podemos dejar de mencionar el cambio detectado en morbilidad y mortalidad relevados en las poblaciones afectadas directamente por las pulverizaciones, hasta cuatro veces mayor incidencia en diferentes trastornos y enfermedades a la media nacional”.

Al mismo tiempo que el Parlamento Europeo acaba de apoyar, en los últimos días de octubre de 2017, la prohibición total de los herbicidas a base de glifosato a partir de diciembre de 2022 y rechazó la propuesta de la Comisión Europea de renovar la licencia de uso del controvertido herbicida 10 años más, en Argentina se impulsa una legislación contraria. Al parecer, la vida merece otras consideraciones en otras regiones.

Lo colectivo es necesario

La carta fue compartida por un amplio espectro de organizaciones de distinto tipo y localización. Los testimonios y trabajos que se vienen llevando adelante en los pueblos, a través de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (una de las organizaciones firmantes) lo demostró, al igual que el trabajo pionero del Dr. Andrés Carrasco, que se llevó su vida en medio del esfuerzo denodado para luchar en soledad como un Quijote, contra gobiernos y corporaciones.

Son numerosos los estudios que lo prueban. La publicación científica del Estudio de Salud Ambiental de Monte Maíz demostró evidencias de asociación entre el cáncer y la exposición ambiental al glifosato. Esta información científica sobre los daños a la salud del actual modelo de agricultura tóxica mereció que sus autores fueran perseguidos por las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, vinculadas al agronegocio. La Red de Comunidades y Municipios que fomentan la Agroecología, Renama, es otra de las tantas iniciativas colectivas que demuestra que la agroecología es sustentable y produce excelentes rendimientos. Esto también demuestra que el paradigma que se busca imponer solo favorece a los negocios de las corporaciones.

Las organizaciones firmantes además manifiestan que “este proyecto de ley busca barrer con las medidas de resguardo que supieron conquistar en distintas provincias y localidades, respecto de las prohibiciones de diferentes principios activos. Este proyecto se basa en datos sesgados, presentados por las mismas cámaras empresariales que sólo buscan aumentar sus ganancias y continuar externalizando costos”.

SENASA y los fitosanitarios

Otro eslabón de esta cadena de complicidades parece recaer en la Secretaría Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. El SENASA aparece como el organismo encargado de ejercer el contralor, evaluación y registro del uso de los productos mal llamados fitosanitarios.

Por eso en la Carta Abierta, se afirma: “En lo que respecta a los procedimientos de evaluación y registro, denunciamos la actuación indolente del SENASA en lo que respecta a los criterios de observación, la dosis letal 50% (DL50), y datos sobre intoxicaciones agudas a muy corto plazo (3 meses), es un mero artilugio retorico. Ante ello exigimos que las evaluaciones sobre riesgo y peligro sean realizadas sobre los principios activos, los diferentes formulados y las potenciales sinergias, tomando en cuenta los efectos agudos y crónicos, evaluando efectos subletales a mediano, largo y muy largo plazo (estudios multigeneracionales)”.

Además se suma otra situación sobre el SENASA como ejecutor de políticas públicas que ordena el Poder Ejecutivo Nacional. El pasado mes de junio el presidente, Mauricio Macri, fue denunciado penalmente por reducir hasta casi eliminar los controles del SENASA a las exportaciones por el legislador Carlos Del Frade, quien expresaba que se está “desprotegiendo la salud y la integridad” y “se está corriendo al Estado del control de todas las exportaciones que hagamos de productos y subproductos vinculados con harinas, aceites y todo lo que tiene que ver con oleaginosas, esto significa que las empresas se van a controlar a sí mismas”. Es decir, pone en manos de las exportadoras el autocontrol. Cabría entonces preguntarse si el SENASA se encargaría de ejercer los controles necesarios para preservar la vida por sobre el interés de las corporaciones.

Mientras el senador ruralista del PRO, Alfredo De Angellis, exponente de la clase política que nos gobierna, es capaz de proponer, sin ruborizarse, que se legisle a favor del trabajo infantil, las corporaciones y los grandes grupos económicos parecen estar conduciendo el país para su beneficio. Tan solo hace pocos días se llevaba a tratamiento legislativo la Ley Monsanto http://www.marcha.org.ar/contra-la-ley-de-semillas-para-que-la-siembra-siga-siendo-vida/ que pone en evidencia que el agronegocio de la mano de las corporaciones avanza para hacer negocios con nuestros recursos, a cualquier costo.

Las iniciativas colectivas por los derechos más elementales parecen constituirse en el módo más efectivo de resistencia y lucha por la vida, contra este modelo de negocios que conduce las políticas públicas de nuestro país. Así nos lo demuestran cotidianamente las y los miles que se movilizan en defensa de los derechos más elementales que pretenden ser vulnerados.

Source

Trabajadores metalúrgicos de la planta Tenaris SIAT pararon la fábrica por el despido de Alejandro Corso, mientras la empresa los persigue y sanciona de manera arbitraria. Las políticas de ajuste del gobierno han llevado a la caída de la actividad fabril, tal como se puso en evidencia en Sancor. Al mismo tiempo, avalada con la presencia del presidente, Mauricio Macri, se promovió la Expo Empleo Joven, uno más de los globos de colores, sin respuestas concretas a la masiva asistencia y con promesas de un futuro ilusorio.

Tenaris

En la actualidad, el disciplinamiento se constituye en el emblema de las políticas actuales de gobierno, con despidos, suspensiones y sin paritarias libres. Tal como vienen denunciando desde Tenaris Siat, desde hace varios meses se están aplicando políticas de hostigamiento. Los trabajadores, al igual que en abril pasado, respondieron en conjunto con una medida de fuerza que duró tres horas en la planta, para movilizarse al Ministerio de Trabajo delegación Lanús.

Mientras en Valentín Alsina los trabajadores daban respuesta al reiterado ataque que sufren por parte de Tenaris, en el Ministerio de Trabajo de la Nación el sindicato Unión Obrera Metalúrgica anunciaba el inicio de medidas de fuerza a partir del 1º de junio, por falta de acuerdo en la negociación paritaria. El secretario general de la UOM, Antonio Caló, acusaba a “la mano invisible del Gobierno” por el fracaso de las negociaciones.

En ese sentido, José Villa, uno de los trabajadores metalúrgicos de Tenaris, con 30 años de antigüedad en la empresa, contó: “La empresa incurre en sanciones arbitrarias…hoy me encontré con que no nos dejaban entrar”. Una medida sorpresiva, como también la de Alejandro Corso, que fue directamente despedido con una causa inventada, después de 24 años de trabajo, y con 53 años de edad. También explicaron que “desde que Mauricio Macri asumió el gobierno, sucede esta situación, que en algunos casos se logró revertir”. Afirman que hay una “persecusión gremial” y que se trata de una medida que se dio en momentos en que los delegados no estaban en la fábrica porque el gremio marchaba al Ministerio de Trabajo en reclamo de paritarias. Frente a esta situación, los trabajadores tuvieron una asamblea de fábrica y decidieron parar.

Denuncian que la presión empresaria no solo es contra los 150 trabajadores de allí, sino también contra los trabajadores de Campana, Villa Constitución y todas las plantas que tiene la empresa en el país. “Tenaris es Techint y es Paolo Rocca” aclararon. “Lo que piensan Paolo Rocca y Macri es tenernos de esclavos a los trabajadores”. La empresa Tenaris SIAT es parte de la corporación: Grupo Techint, un conglomerado a nivel global, localizada en distintas partes del mundo. En la planta de Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires, tal como puede leerse en el portal, se producen tubos de acero con costura que se usan en la industria local y se exportan. Un gigante a nivel mundial que busca producir con la mayor tasa de ganancia, tal como lo exige la ley del mercado.

Sancor

Otro de los casos emblemáticos de que el ajuste recae sobre los trabajadores es el de la empresa láctea Sancor, donde al gobierno no le quedó más remedio que salir con un plan de salvataje. Un auxilio estatal cuyas condiciones es la negociación que se está realizando con los lecheros (Atilra) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) para avanzar en posibles modificaciones del convenio colectivo de trabajo del sector. El argumento: se evalúa reducir los costos, dentro de lo cual se incluye como rubro principal “el costo laboral”.

La cita del diario La Nación es muy elocuente en detalles: “Con Atilra, ya se avanzó un paso: se convino reducir de 3800 a 1500 pesos el aporte patronal permanente que hacen los empresarios por cada trabajador para la obra social sindical. El ajuste sería aún mayor (de $ 3800 a 750) para las empresas más pequeñas”.

Oferta para Jóvenes

Este 30 y 31 de mayo se realizó la Expo Empleo Joven, “destinada a jóvenes, estudiantes, graduados de carreras terciarias y universitarias que están buscando trabajo o desean mejorar el que tienen”. Así rezaba la invitación. El resultado fue estremecedor: con largas filas de jóvenes que aspiraban a encontrar alguna salida para la búsqueda de empleo y donde estuvieron ausentes respuestas concretas, salvo pasantías y los datos de portales o correos para mandar currículums (que pueden encontrarse de la misma manera vía web). Es decir, lo que encontraron fue una pantalla detrás de la cual solo había un vacío y una nueva decepción para los más jóvenes, que son el blanco del castigo oficial con persecución, criminalización y ausencia de cualquier contención por parte del Estado.

En la Argentina las políticas públicas castigan a la clase trabajadora, mientras promueven falsas promesas con los jóvenes que buscan su primer empleo y la flexibilización laboral aparece como respuesta. Coacción patronal con la complicidad del Estado: una fórmula que emerge de la noche negra de nuestra historia.

En este año y meses en el poder, el gobierno nacional ha definido que sus políticas públicas están orientadas a desconocer los derechos de los trabajadores mientras se favorece a las corporaciones. Una situación que se viene incrementando y repitiendo con despidos, suspensiones, amenazas y sin paritarias libres. Hay un sinnúmero de políticas aleccionadoras para la clase trabajadora. El elevado costo laboral argentino fue fogoneado por los medios hegemónicos desde un principio y esa fue, también, la señal del primer acto de gobierno con lo sucedido en Cresta Roja y que luego vimos (y vemos) repetirse sin cesar: despidos, flexibilización y represión. No parece haber un fantasma peor que saber que no hay forma de garantizar la vida cotidiana, mientras el precio de los alimentos se encarece. La creciente criminalización de la protesta parece estar en consonancia con el peligro que enfrentan el mundo del trabajo, que disminuye sin cesar, mientras el gobierno nacional insiste en responsabilizar a los trabajadores por una lluvia de inversiones que se parece a la sequía: uno más de los globos de colores.

Los trabajadores, sin embargo también han comprendido que su fuerza está en la lucha del conjunto, y por ello se movilizan, a pesar de sus clases dirigentes. Así se viene sucediendo con movilizaciones, acciones de protesta y paros que visibilizan la creciente situación de crisis para los trabajadores en su conjunto.

Source