Por Gerardo Szalkowicz (*)

El Día D es el 6 de septiembre. Por ahora. Con el MAS arriba en todas las encuestas, la derecha apuesta otra vez a patear el tablero con un nuevo aplazamiento y/o la proscripción. Es lógico: nadie da un golpe de Estado para después entregar mansamente el poder a quienes sacaste por la fuerza.

Tienen una buena coartada: el desastre que está provocando la pandemia. Hospitales colapsados y gente muriendo en las calles son el rostro más crudo de un sistema de salud desmembrado. La curva de contagios sigue creciendo y, por si le faltaba algo a la convulsionada actualidad boliviana, el positivo de Covid-19 alcanzó a la propia presidenta de facto, a siete ministros, seis viceministros, al jefe de las Fuerzas Armadas y a una docena de legisladores y legisladoras.

De las múltiples crisis que envuelven el país, la sanitaria se torna indisimulable. Ni los medios que acompañaron el derrotero golpista pueden invisibilizar las imágenes de personas desesperadas por no encontrar dónde atiendan a sus familiares contagiados ni dónde enterrarles cuando fallecen. Mientras, se hizo cargo del Ministerio de Salud el titular de la cartera de Defensa, Luis Fernando López; un militar sin experiencia sanitaria gestionando una pandemia, igualito que en el Brasil de Bolsonaro.

Las respuestas oficiales oscilan entre los llamados a oraciones religiosas y explicaciones tragicómicas como la del ministro de Gobierno Arturo Murillo: “Mucha gente se está muriendo por simple ignorancia”. El panorama en Bolivia no toma dimensión de tragedia porque durante el gobierno de Evo Morales la inversión en salud (ahora paralizada) se incrementó 360%, se duplicaron los puestos de trabajo en el sector y se construyeron 1.062 establecimientos de salud.

Pero no es la emergencia pandémica la que llevó a Jeaninne Áñez, Jorge “Tuto” Quiroga y Luis Fernando Camacho a pedir auxilio a la OEA para seguir dilatando las elecciones (la misma OEA de Luis Almagro que los ayudó a consumar el golpe), sino los números de los sondeos: entre las tres candidaturas de la ultraderecha no llegan al 20% y, pese a las persecuciones, encarcelamientos y exilios, el MAS aparece con buenas chances de ganar en primera vuelta si logra frenar la arremetida por proscribir a su candidato Luis Arce. El tablero electoral se completa con el ex presidente liberal Carlos Mesa, que aspira a llegar al balotaje apoyado por la clase media paceña (en las fallidas elecciones de octubre pasado quedó 10,3 puntos debajo de Evo Morales) y que por ahora no aceptó aliarse con esos sectores más extremistas de la oligarquía santacruceña.

Es que el descontento con la gestión de Añez y su grupo es cada vez más amplio. Por las múltiples denuncias de corrupción -como la millonaria compra de insumos médicos y respiradores a sobreprecio-, pero sobre todo por el desamparo en el que dejaron a la población ante el arrasador impacto económico del coronavirus. En un país con el 70% de informalidad laboral y tras un aluvión de despidos, el desempleo trepó al 8,1%, casi el doble de lo que dejó Evo Morales cuando Bolivia ostentaba la cifra más baja de América Latina.

Por eso también Luis Arce viene pisando fuerte. Además de su perfil “moderado”, fue el ministro de Economía durante casi todo el gobierno de Evo. ¿Quién mejor para timonear la crisis post pandemia que quien fuera el cerebro de un modelo de innegable recuperación y estabilidad económica?

Si hay una palabra que define el devenir de esta historia es la incertidumbre. Todo puede pasar en las próximas jugadas. La derecha boliviana, siempre tutelada desde el Norte, apuesta otra vez a patear el tablero. El MAS denunció que “se ha desatado una campaña que pretende presionar al TSE con el objetivo de cancelar nuestra personería jurídica”. Además se declaró “en estado de emergencia ante este nuevo intento de proscribir a nuestros candidatos”. Los movimientos sociales y sindicales ya están en las calles para impedirlo. Luego de una gran demostración de fuerzas en todo el país el martes pasado, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, advirtió: “Los trabajadores vamos a hacer cumplir que el 6 de septiembre sí o sí se hagan las elecciones. Vamos a defender la democracia”.

De eso de trata la batalla que se viene en Bolivia, de recuperar la democracia perdida.

(*) Editor de NODAL.

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Por Vladimir Mendoza Manjón desde Cochabamba

En medio de la fiebre electoral de cara a las nacionales de 2019, el gobierno del MAS centra su campaña política en mostrar kilómetros de asfalto, toneladas de cemento, la ampliación institucional del Estado y, no menos importante, la estabilidad social. Pero los logros tienen que ser valorados no sólo desde un enfoque funcional y pragmático, sino también estratégico. El actual proceso boliviano no puede entenderse ni menos desvincularse de los levantamientos populares de 2003 y 2005 que provocaron una fuerte crisis social y política en el país. Por diversas razones, el MAS terminó capitalizando las fuerzas sociales que provocaron la caída del gobierno del MNR en 2003 y la primera rotunda victoria electoral de Evo Morales el 2005.

Marx caracterizó como “ascendente” a la primera etapa de la revolución francesa de 1789, que se apoyó y finalmente encumbró a la corriente más radical, los jacobinos, y como “descendente” a la revolución de 1848 debido a su retroceso estratégico en cada una de sus fases recorriendo rutas más conservadoras y restauradoras. En el proceso boliviano el MAS se apoyó en la movilización de masas que puso en jaque al sistema liberal de partidos y procedió con reformas políticas y económicas (nueva constitución, renegociación de contratos de explotación de gas con las petroleras, estatización de algunas empresas de servicios) que en gran parte consolidaron su liderazgo. En su actual fase, el “proceso de cambio” ha conquistado estrechas relaciones con el núcleo más fuerte de la burguesía criolla, los agroindustriales, y ha desplegado políticas de altos incentivos a la inversión extranjera con la finalidad de profundizar el patrón primario exportador de la economía. De alguna manera, la fase “ascendente” del proceso boliviano tendió la alfombra para que se deslice la “descendente”. Una lectura del programa electoral del MAS y de su llamada agenda patriótica deja en claro la completa ausencia de reformas sociales, económicas o políticas de peso que siquiera retóricamente apunten a una transición postcapitalista. La transición efectuada en Bolivia es la de una situación altamente explosiva a la relativa calma, para ello el régimen político “plurinacional” tuvo que domesticar, estatizar y cooptar con prebendas a una gran parte de las organizaciones populares. Los elogios del FMI, de los analistas financieros liberales, del propio Bolsonaro y, por supuesto, del empresariado nacional y extranjero a Evo Morales son, además de lo dicho antes, la evidencia de que el MAS es el actual partido del orden.

A poco de celebrarse las elecciones nacionales, Bolivia tiene un escenario altamente contradictorio y complejo, donde las tendencias sociales y políticas de un nuevo ciclo aparecen todavía opacas, mientras en la tarima principal todavía siguen sonando ideas repetidas en 15 años de dominio político del MAS que sólo logran sobrevivir porque nuevas tendencias y fuerzas, en el campo obrero y popular, son todavía demasiado germinales e inmaduras.

La clave de la gobernabilidad

El MNR que tomó el poder después de la insurrección de abril de 1952 es el antecedente de partido “populista” más análogo al actual MAS, pero el devenir de la “revolución nacional” que dirigió el MNR estuvo fuertemente marcado por la coyuntura económica. Si bien su gobierno realizó medidas de impacto largo (nacionalización de las minas y reforma agraria), las condiciones internacionales le jugaron en contra: la baja cotización de los minerales y la fuerte dependencia de los ingresos fiscales respecto a la “ayuda externa” le obligaron a dictar bien pronto medidas (“Plan Eder”) que chocaron rápidamente con el movimiento sindical, sobre todo minero, arruinando rápidamente sus relaciones políticas con la clase obrera, hecho que produjo también un reposicionamiento de las fuerzas de izquierda en ese ámbito. En la actualidad, sin que haya habido modificación alguna del capitalismo rezagado en el país, las condiciones para proveer materias primas al mercado mundial han favorecido a los países más atrasados: los históricos ingresos por la extracción del gas y en menor medida de los minerales le han dado al régimen de Evo una estabilidad política difícilmente conseguible en otra situación de la coyuntura económica.

Bolivia es un país tradicionalmente exportador de materias primas al mercado capitalista mundial. La dependencia de este patrón de acumulación hace que sus ciclos económicos de auge, recesión y depresión están directamente relacionados con la demanda y precios de sus recursos naturales exportables en el comercio exterior. El reciente ciclo de expansión económica que vivió el país es fundamentalmente producto de un crecimiento de los ingresos promedio por venta de gas de 888 millones de dólares, para el período 2000-2005, a 4 mil millones anuales desde 2006 hasta la fecha. De otra parte, si se suman además los ingresos de dólares por la exportación de otros rubros como los minerales, la quinua o la soja, tenemos el cuadro de una inyección económica del mercado mundial que es inédita en la historia del país. Este peculiar contexto económico explica, aunque no agota la explicación, el amplio margen de acción política que tuvo y todavía tiene el gobierno de Morales para resguardar desde el Estado las condiciones de esta forma de reproducción económica de capitalismo rezagado.

El relato político y las contradicciones sociales

La ideología no es sólo la pintura que recubre el edificio del régimen político sino también el cemento con el cual se montan los ladrillos. “Proceso de cambio”, “plurinacionalidad”, “soberanía económica”, “gobierno indígena” y un largo etcétera de nociones funcionan también como legitimadores del orden social. El gobierno ha contribuido enormemente a “normalizar” el capitalismo en términos materiales y simbólicos, esto es, a encarrilar la vida de los trabajadores y las demás masas populares a las reglas del intercambio de mercancías, procurando deshacer los “obstáculos” culturales para que ello suceda. Ahora es motivo de orgullo oficialista la visibilización de la burguesía de origen aymara, que además de potencia económica ostenta también poder simbólico con sus ceremonias sociales (“prestes”) o el estilo neoindigenista en su arquitectura.

Las múltiples manifestaciones de expansión en el consumo de masas (grandes centros comerciales, el fomento a la compra en supermercados empresariales a través de la transferencia directa del salario como el subsidio de lactancia o el 15% del doble aguinaldo), extienden no sólo la posesión de cosas (mercancías) sino también de símbolos (estatus, poder, autoestima) a grandes masas, antes material o simbólicamente excluídas: en tanto que las mercancías adquieren formas sociales –pensemos en el indígena rural que posee una vagoneta de lujo -, su posesión ejerce un poder sobre los individuos dirigiéndolos a adaptarse con mayor convicción a las relaciones sociales dominantes al tiempo que da a éstas más regularidad. Es la incorporación al mercado (“formal” o “informal”) de grandes porciones de la población donde tiene asiento el relato de la inclusión, de la cual el MAS se viene jactando como logro del proceso de cambio. Sin embargo es obvio que la “inclusión” al mercado es siempre selectiva. La capacidad de acumular mercancías está en directa relación con la posesión de medios de producción. La clase obrera que produce valor está completamente informalizada en un 70%, con sueldos bajos y sin derechos laborales vigentes, a su lado convive la enorme masa de gente que se dedica al comercio chico. Enormes porciones de la población tienen muy escasas oportunidades de fungir la “inclusión” que el gobierno pavonea y eso que cumple el “requisito”: posee condición indígena. De modo que la plurinacionalidad que declaran los documentos legales (la CPE, la ley contra el racismo y otras) sólo la pueden ejercer los que cuenten con el suficiente poder material para hacerlo.

El poder económico que concentran los grupos capitalistas en la sociedad global es la causa del abismo cada vez más grande entre los derechos y facultades políticas que la democracia liberal otorga al individuo y la desigualdad social y económica que produce y reproduce el sistema social. Asistimos actualmente en la región a un ataque sin precedentes a las condiciones de vida del pueblo trabajador. Por ejemplo, el gran capital transnacional se dirige a ubicar los salarios de los obreros latinoamericanos a los niveles más bajos de la historia. El salario real promedio de un obrero argentino es de 200 dólares, el del obrero venezolano es de 4 dólares. Para llegar a esos mínimos históricos, la cantidad de “derechos” escritos en la superestructura jurídica de cada país es irrelevante: el chavismo en Venezuela y el macrismo en Argentina, ideológicamente distantes, se parecen por su grandioso aporte político en la función de depauperar a la clase trabajadora.

En Bolivia, la Constitución ha otorgado derechos colectivos a las comunidades indígenas e incluso a la naturaleza pero igualmente mantiene el derecho a la propiedad privada y a su modelo de gestión económica que reconoce como un elemento fundamental la gran empresa. Entre ambos derechos formalmente reconocidos en la esfera jurídica se impone siempre la invulnerabilidad del poder económico frente al sistema democrático. Pensemos en la empresa “San Cristóbal” (de propiedad de la Sumi Tomo japonesa), el emprendimiento transnacional más grande en el ámbito de la minería en Bolivia. Para asentarse ha conformado en la práctica una republiqueta empresarial, afectando las formas de vida social y cultural de las comunidades cercanas a los yacimientos, manejando discrecionalmente los recursos naturales usados para la explotación minera (como el agua), estableciendo formas de explotación ambiental que ningún país europeo permitiría, etc. Recientemente (septiembre de 2019), los obreros de dicha empresa han sostenido una huelga general indefinida exigiendo el cumplimiento de un laudo arbitral ya emanado del Estado y que la empresa simplemente se niega a ejecutar. En el capitalismo, el asalariado sin propiedad ciertamente puede gozar de libertades e igualdad juridicas e incluso derechos políticos, sin que, no obstante, pueda tener la probabilidad de privar al capital de su poder de apropiación, y aún más allá, de su poder de hacer respetar su “derecho” a plusvalía por encima del “derecho” del trabajador a una explotación “justa”.

Otro de los ejes discursivos del MAS ha sido que la Constitución promulgada el 2009 pretende superar la democracia liberal por la vía otorgar derechos colectivos, por ejemplo las autonomías de los pueblos indígenas, habilitando jurisdicciones donde los ejerzan. No obstante, la propia dinámica del actual ciclo político boliviano ofrece elementos para conclusiones más generales. En el famoso conflicto del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) que tuvo sus picos más altos el 2012, queda demostrado ampliamente que los mecanismos de “consulta previa” fueron manipulados por el gobierno central y en ningún caso sujetas a un requisito básico de cualquier decisión: la información y la deliberación colectiva libre de presión. La razón obvia es que el Estado tiene prioridades dictadas por el tipo de expansión económica vigente que no puede tolerar manifestaciones democráticas, pues la construcción de una carretera por medio de un parque natural y territorio indígena es el acceso más llano a la mercantilización de todo ese espacio. Los más actuales ejemplos de las comunidades en Tariquía apuntan en el mismo sentido que el TIPNIS; el Estado aúna intereses materiales con transnacionales como la Petrobras para dirimir a través de la coerción institucionalizada a favor del poder económico, usando métodos muy al uso: división de organizaciones populares, compra de dirigentes, amenazas si todo lo anterior no funciona y por último la represión policial franca. En un mundo en el que el estatus jurídico o político no es el principal determinante de nuestras oportunidades de vida, en el que nuestras actividades y experiencias se encuentran en gran medida fuera del alcance de nuestra identidad legal o política, la libertad definida en estos términos deja mucho sin considerar. Sólo en el capitalismo se ha vuelto posible dejar intactas en lo fundamental, las relaciones de propiedad entre el capital y el trabajo y permitir al mismo tiempo la democratización de los derechos civiles y políticos, esto debido a el carácter fundamentalmente “autónomo” de la explotación capitalista respecto a la superestructura jurídica, explotación que dirime el antagonismo social y las divisiones de clase y por tanto el poder económico y social.

MAS y movimientos sociales

En tanto que partido nacido de los movimientos campesinos, de gran acción social y ya con proyección política desde los años 90, el MAS tuvo que, de manera sobre todo pragmática, ajustar sus mecanismos de cohesión y acción colectiva una vez que tomó las riendas del Estado. Se bautizó a sí mismo como “gobierno de los movimientos sociales”, pero, y esto es clave, los mecanismos de participación de los colectivos sociales funcionaron, en el mejor de los casos, como factor de presión sobre el presidente y su círculo de poder más íntimo. Una de los conceptos claves de la izquierda, de tradición socialista, es precisamente concebir la profundización de la democracia no sólo como una modificación en las formas de la representación política sino en la posibilidad de que el pueblo organizado delibere y resuelva aspectos fundamentales de su vida social y económica. El socialismo rompe con la democracia liberal no sólo porque es mucho más avanzado en los propios términos de ésta (la revolución rusa estableció por vez primera el voto universal) sino que rompe con la separación entre democracia política y democracia económica y social. En el caso boliviano la fidelidad de las organizaciones sociales al gobierno está asentada en el asistencialismo (“me apoyas y te construyo caminos, escuelas, hospitales o sistemas de riego”) y no en una actividad propia de abajo a arriba que permita hablar de una real transformación social.

Es esencial el componente “inversión pública” como el cemento material e ideológico que fortalece la identificación étnica y simbólica con un gobierno “propio”. Es, sin lugar a dudas, una red clientelar que permite regimentar al movimiento campesino también a través de la creación de una sólida cadena de mando de dirigentes sindicales que definen el destino de dineros del Estado. Esta red, como no podía ser de otra manera, tiene como un elemento central la corrupción tanto estatal como sindical. La experiencia venezolana sobre este tipo de relaciones entre organizaciones de base y el Estado son lo suficientemente claras como para sacar conclusiones de lo perverso del asunto.

Bolivia es un país que está viviendo un proceso de urbanización tardía, de sus 11 millones de habitantes el 70% vive en áreas urbanas. El dato muestra la declinación de la agricultura familiar campesina que, tradicionalmente, ha sido la producción destinada a la canasta alimenticia de los trabajadores de las ciudades. La producción agraria que sí ha repuntado es la de la agroindustria, abastecida por el latifundio y por la pequeña producción incorporada a la producción de mercancías de exportación como la soja. El dato no es menor, pues sirve para pensar un proceso de campesinización de un vínculo más sólido con la producción capitalista, donde el individuo y su propiedad se desarraigaron de la comunidad a medida que la producción quedaba cada vez más fuera de las reglamentaciones comunitarias.

A modo de conclusiones

Cuando el MAS perdió el referéndum para la modificación de la Constitución con el fin de re-postular al binomio Evo-Álvaro, una parte de la base electoral tradicionalmente antimasista (asentada en la clase media profesional, principalmente) procuró organizar el rechazo de la mayoría que votó por el “no” a la reelección en una movilización social que, además de ideas como “respeto a la democracia” o rechazo a la corrupción, no pudo desarrollar un programa más amplio que incorpore a sectores populares, lo que redundó en el aislamiento de las llamadas “plataformas ciudadanas”, replegándolas después a los partidos de la oposición electoral.

En Bolivia no existe una oposición política con capacidad de movilización social real que enfrente al gobierno del MAS. La última oposición de este tipo se suicidó políticamente el 2008 montando actos desesperados semi-golpistas que la condujeron a su derrota. Por supuesto, todo relato que intentara mostrar una victoria “revolucionaria” sobre la reacción movilizada tiene más elementos de fantasía que otra cosa. Contrariamente a lo que ocurriría en Venezuela del 2002, donde el chavismo fue depuesto por una asonada derechista que a su vez fue derrotada por las masas movilizadas, dando al chavismo un impulso de radicalización política e ideológica, en Bolivia, una vez que se derrotó el “golpe”, el MAS decidió seducir a la fracción de la burguesía que lo había intentado liquidar desplegando una serie de políticas favorables como pactar modificaciones en el texto de la constitución que garanticen el latifundio (“pacto” que sesionó al margen de la constituyente), la aplicación de normativa y gestión de recursos para lograr el potenciamiento de toda la clase empresarial y latifundista, sobre todo la asentada en el oriente del país, idilio que arriba en un virtual “cogobierno” entre el MAS y los entes corporativos de la burguesía agroindustrial como la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) y ANAPO (Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo) pues todos los logros de la oligarquía son obtenidos en “encuentros” y “mesas de trabajo” compartidos que después se traducen en políticas públicas casi todas nefastas, como el reciente incendio provocado en los bosques de la Amazonía y Chiquitanía.

La agenda del gobierno boliviano actual es seguir apostando por una economía nacional estable a través de la exportación de productos primarios como el gas y los minerales, contrarrestando su caída con ingresos provenientes de la agroindustria y la carne, principalmente, y utilizar los dólares ingresados para destinarlos a la inversión fiscal en infraestructura y en menor medida en algunos “bonos” (asistencia social) para sectores de la población. Esa es toda la magia económica de la llamada bonanza. Con todo, el éxito relativo de esta política económica le permite al gobierno realizar una campaña electoral de carácter impresionista: carreteras aquí y allá, teleférico…mucho cemento y asfalto. De la otra acera, la oposición electoral tiene poquito que criticar y nada que ofrecer: se queja de la corrupción y su principal caballito de batalla es el no respeto de parte del gobierno a los resultados del 21 de febrero de 2016 donde el MAS perdió el referéndum, un caballito de patas cortas y que llegará a las elecciones de Octubre agotado y, probablemente, derrotado.

En el campo popular, la situación es más contradictoria. Incluso en el área rural el gobierno ha enfrentado desgastantes combates con sectores que una vez le fueron adherentes (pueblos indígenas de tierras bajas, cocaleros de los Yungas, población de Achacachi). Entre los sectores urbanos el avance del MAS en controlar el 95% de las dirigencias sindicales no parece tener un efecto completo: recientemente el citado conflicto minero en la empresa más grande del país, los todavía tímidos intentos de la clase obrera industrial de las ciudades del eje y un conflicto ya largo con los trabajadores en salud son síntomas de una relación con posibilidades de conflicto ascendente.

Es innegable que el gobierno de Morales tiene todavía el vigor suficiente que lo coloca como puntero en todas las encuestas y que, posiblemente, le otorguen un nuevo mandato desde el 2020. La clave de su fortaleza es el pacto de la estabilidad económica con amplios sectores de masas. Si ese pacto tambalea, las cosas se modifican, no necesariamente en sentido progresivo o de izquierda, claro está. El factor de una oposición de izquierda prácticamente inexistente en el panorama político no deja mucho margen para ilusionarse en una salida anticapitalista. Si bien sabemos que nada aparece de la nada, los espacios de lucha y autonomía política que algunos movimientos populares pueden abrir son escenarios donde los núcleos de la izquierda pueden intentar influir y sacudirse su traje todavía fantasmagórico.

Cochabamba, septiembre de 2019

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El 18 de diciembre de 2005, el bautizado hoy como Día de la Revolución, un suceso cambió el rumbo de la historia de Bolivia. Por primera vez un indígena iba a ser presidente del país latinoamericano desde su fundación en 1825. Ese día, Juan Evo Morales Ayma, como líder del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), arrasó electoralmente al imponerse en la primera vuelta con el 52% de los votos.

11 años han transcurrido tras esa victoria, y Evo Morales se ha mantenido democráticamente en el poder con sus continúas victorias electorales, en 2009 y 2014, sin necesidad de celebrarse la segunda vuelta en ninguna de ellas al superar el 50% de los votos. Victorias que fueron acompañadas de la aprobación del Referéndum Popular sobre su propuesta, con sus mecanismos participativos previos en la elaboración, de la Nueva Constitución Política (NCP) que dio el nacimiento al Estado Plurinacional de Bolivia.

El pasado mes de octubre una encuesta de la empresa privada Equipos Mori concluyó que el 53% de la población boliviana identificaba a Evo Morales como el mejor presidente de la historia. Pero, a todo esto, ¿a qué se debe esa hegemonía de Evo Morales y el Proceso de Cambio en Bolivia?
Desarrollo Social y Económico

En primer lugar, haciendo referencia al Desarrollo Social y Económico durante su amplia gestión, Bolivia ha sido uno de los países de América Latina que más ha crecido en datos macroeconómicos con una media del 5% anual del PIB. Un pronóstico que según el Gobierno, con su Plan de Desarrollo Económico y Social, se mantendrá hasta 2020 pese a la bajada de precios de las materias primas siendo Bolivia un país exportador de hidrocarburos. Estos datos han hecho que el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) felicite a Bolivia por su “sólido crecimiento económico” a pesar de no acoplarse Evo Morales a las directrices de Ajuste Estructural y Recortes que recomienda el FMI desde el Consenso de Washington diseñado por los “Chicago Boys”. Evo Morales apostó por su propia escuela económica, “los Chuquiago Boys”.

Más allá de los datos macroeconómicos que tanto gustan al FMI y al Banco Mundial (BM) y que no miden el fondo del Bienestar Social de un país, Bolivia entre 2005 y 2015 redujo la pobreza del 59,6% al 38,6%, y la extrema pobreza del 36,7% al 16,8%, según cifras del instituto Nacional de Estadística (INE). El PNUD señaló en su informe mundial sobre Desarrollo Humano titulado “Sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” que Bolivia fue el país de Sudamérica que más eliminó los índices de pobreza entre 2000 y 2012. También, otro informe del PNUD titulado “Panorama Social de América Latina” de 2011, resalta que Bolivia es uno de los dos únicos países de América Latina que ha reducido la Desigualdad pasando el Coeficiente de Gini del 0,6% al 0,5%.

Toda esta estrategia paralela, crecimiento económico pero a la vez decrecimiento de pobreza y desigualdad, se debe a la apuesta de Evo Morales de derogar el Decreto Supremo 21060 de 1985 que promulgó Víctor Paz Estensoro es decir, derribando el neoliberalismo y dando la entrada del nuevo Estado como un actor económico esencial.

La primera táctica de estrategia fue la “Nacionalización” de los Hidrocarburos el 1 de mayo de 2006. Una medida que modificó las relaciones entre el Estado boliviano y las multinacionales, como el caso de la española REPSOL en referencia al petróleo y al gas, las dos principales fuentes de ingresos del país. Sobre los hicrocarburos el Estado sería ahora el principal accionista con el 50%, efecto que generaba dos nuevos pilares, un Estado más soberano en las decisiones productivas nacionales y un Estado con mayores ingresos de los recursos económicos de Bolivia. En definitiva, el gobierno del Proceso de Cambio dispondría ahora de mayores fondos para invertir en sus políticas sociales y territoriales favoreciendo a las excluyentes clases bajas y las zonas rurales. Desde Políticas de Vivienda e Infraestructuras con el Programa “Evo Cumple”, políticas sociales como el Bono “Juancito Pinto” o el “Juana Azurduy”, la implementación de un Servicio de Salud Integral e Incluyente, un Sistema de Educación Multicultural con Leyes como la “Avelino Siñani”, la construcción de un Marco de Autonomías y Descentralización con la “Ley Andrés Ibañez”, y todos estos marcos con el control de la “Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la Corrupción”.
Autoestima cultural y construcción nacional

Más allá de lo material, economía y bienestar, el segundo campo de los logros de Evo Morales ha sido lo vinculado, podríamos decir, a los aspectos culturales simbólicos. Lo superestructural.

Bolivia es considerado el país con mayor porcentaje de población indígena, el 62,2%, más de 6 millones de personas, según analiza la misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Pero contradictoriamente antes de la llegada de Evo Morales, bajo la antigua Constitución de 1967 contaminada de neocolonialidad, no se reconocía la existencia jurídica y multicultural de todas las comunidades indígenas cerrando posibilidad de cualquier Plurinacionalidad. Existía una gran divergencia entre la institucionalidad política y la realidad social del país. La NCP apostó por el reconocimiento de las 36 comunidades indígenas y sus formas de autogobierno con un sistema de justicia ancestral propio, la Ley de Deslinde Juridisccional, sin contradecir el sistema legal ordinario. La histórica población boliviana excluida pasaba con la NCP a tener un status legal y nacional bajo su reconocimiento de identidad cultural. Efecto que producía una nueva política comunitaria donde la identidad de ser boliviano no era sólo para la población blanca descendiente de colonos europeos, sino para toda persona nacida en el país, fuera de la comunidad que fuera, quechua, aymara, guaraní,… Y no sólo esto para hombres y el histórico y permanente machismo, el mismo Estado apuesta por la despatriarcalización para descolonizar la gestión pública y hacer visible el trascendental papel de la mujer boliviana. Actualmente Bolivia es el segundo país de América Latina con participación política femenina teniendo el 51% de mujeres diputadas y 44% como senadoras.

Ser Boliviano y boliviana ya no sería una construcción colonial, sino una nueva identidad integradora enfocada en descolonizar lo no descolonizado hasta el momento. Una identidad común que era potenciada por el Nuevo Estado Plurinacional, y que, por ello, “Hegelianamente” el mismo Estado salía reforzado. Un Estado que iba más allá de la zona urbana, de La Paz, Santa Cruz, o las históricas Sucre y Potosí,… sino que llegaría a todos los rincones del país, las zonas rurales y selváticas olvidadas. Toda esta nueva identidad boliviana generó en Bolivia un golpe de autoestima y de dignidad nacional. Ser Boliviano ya no era la deshonra de la Guerra del Pacífico (1879-1883) y su pérdida de la salida mar, o la sangre derramada en la dura Guerra del Chaco (1932-1935) contra Paraguay. Ser boliviano es exigir su derecho a la Mediterraneidad, recogido en el artículo 267 de la NCP.

Bolivia no sólo ha reconstruido estos 11 años su Dignidad Nacional sino también, paralelamente, un reconocimiento internacional. Bolivia, hasta la llegada de Evo Morales, era un país dibujado como el “Protectorado” de las ONGs internacionales como explica el economista español Antonio Rodríguez Carmona. Donde muchos de los fondos de la Ayuda Externa (como los de la USAID) no solo hacían de Bolivia un país dependiente en la formulación de sus políticas, sin soberanía e independencia, sino también pintaban a Bolivia en la comunidad internacional como una antigua colonia donde el tiempo se paró con sus mineros alcohólicos de Potosí, los niños indígenas famélicos con caras quemadas por el viento frío de las alturas de El Alto, o criminalizados productores de la hoja de coca milenaria de El Chapare o de Los Yungas. El gobierno de Evo Morales, sin ocultar sus históricos problemas sociales y sin desprestigiar el buen trabajo de algunas ONGs locales e internacionales, pasó de ser visto como la “caridad internacional” a un nuevo actor político internacional. Tres sucesos han sido relevantes en el nuevo papel de Bolivia en la comunidad internacional.

Reconocimiento internacional

El primero, y que ya adelantamos, su apuesta nacional por la recuperación de la salida al mar que se inició tras la firma bilateral entre la presidenta chilena Michelle Bachelet y Evo Morales con la llamada “Agenda de los 13 Puntos” en julio 2006. A pesar de algunos de los avances de la negociación bilateral, la relación se quebró en 2010 tras la investidura del nuevo presidente conservador chileno Sebastián Piñera. Bolivia más allá de estancarse en un histórico y no resuelto problema binacional desde el final de la Guerra del Pacífico en 1883, presentó su demanda marítima al Tribunal Internacional de la Haya. Así, Evo Morales construyó este asunto como un tema esencial de agenda nacional, y de carácter transversal, y no de agenda partidista conformando un Consejo Consultivo de Alto Nivel integrado por 5 expresidentes no afines al MAS-IPSP. Un gesto del mandatario que derribó las diferencias políticas, entre progresismo Vs conservadurismo, o izquierda Vs derecha, en una consenso nacional de todos los bolivianos por su soberanía marítima. Movilizando a todo el pueblo cada 23 de Marzo con el Día del Mar.

El segundo tema que el Proceso de Cambio quería deconstruir en la comunidad internacional es la criminalización de la cultura ancestral con la hoja de coca en Bolivia. Evo Morales, un exproductor de hoja de coca y líder de las 6 Federaciones de Cocaleros del Chapare, activó su aparato diplomático y propagandístico internacional para desenmascar la política de Estados Unidos de “coca es igual a cocaína”. No sólo el gobierno boliviano expulsó en 2008 al Departamento Antidroga de los Estados Unidos (DEA), por su injerencia y represión en el país, además de su implicación en el Intento de Golpe de Estado con la Masacre del Porvenir (Pando), sino que su discurso a favor de la hoja potenció una imagen nacionalista, soberana y a la vez antimperialista ganando simpatías en la izquierda continental e internacional. Un discurso bastante implantado en la población boliviana por las históricas injerencias de los Estados Unidos en todo el continente. Añadiendo, que la expulsión de la DEA fortalecía a Bolivia como independiente y capacitada en su lucha contra el narcotráfico, y que la hoja de coca no es la droga que se debe perseguir, como hacía la DEA quemando algunos de los cultivos. Bolivia, tras su batalla diplomática consiguió que la ONU, a pesar del sabido rechazo de los EUA, despenalice la hoja de coca y su masticado (acullico en quechua). Este símbolo histórico y ancestral de las comunidades indígenas de Bolivia dejaba de ser criminalizado en la comunidad internacional.

Y el tercer apunte, es la batalla contra el Cambio Climático. Un problema que los últimos años, sobre todo desde el Protocolo de Kyoto en 1997, ha despertado movilizaciones y consciencias a nivel internacional. Pues bien, Bolivia en abril de 2010 fue la sede de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Movimientos sociales , expertos, académicos, políticos, de todo el mundo se reunieron en Cochabamba para elaborar una propuesta alternativa a la adoptada en la ONU contra el Cambio Climático. Ir más allá del utilitarismo y la rentabilidad de reducir las emisiones de CO2, y producir un nuevo enfoque más ético sobre el medio ambiente elaborando una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Bolivia se convirtió en el pionero internacional no sólo de la lucha radical contra el cambio climático, siendo sede de eventos mundiales, sino culpando al mismo modelo capitalista de ser el virus del desastre ecológico. La cosmovisión indígena de los pueblos de Bolivia sobre la Pachamama ya no sólo quedaba en una acción artística y turística sino en una reivindicación política internacional liderada por Evo Morales.

Bolivia, con su propuesta autónoma del “Vivir Bien o Buen Vivir”, se ha convertido en un referente internacional donde promulga vivir desarrolladamente en armonía con la naturaleza, recuperando los principios ancestrales, haciendo revolucionariamente que la relación entre humanos no sea el único centro de atención sino la relación entre humanos y la madre naturaleza. Un pensamiento que traspasa hoy fronteras.
Pensando desde Bolivia hacia fuera

Otro aspecto esencial de Bolivia ha sido su nuevo papel en el debate político Latinoamericano y en general de los pueblos del Sur. Evo Morales desde 2006 ha estado acompañado por el Vicepresidente Álvaro García Linera, uno de los teóricos más reconocidos hoy en Latinoamérica. Con teóricos de gran envergadura como Linera, Bolivia se ha convertido no sólo en un país de laboratorio con su puesta en práctica del Proceso de Cambio sino también como un gran seminario que produce nuevas ideas. El primer debate que presentó Bolivia por su compleja realidad nacional fue definir el Sujeto de Cambio del Siglo XXI. En un país donde la industrialización era mínima y la minería había cerrado en los años 80 y 90, el Sujeto del Cambio se había transformado más allá de sus espacios de producción en espacios de identidad y convivencia. El Alto, un municipio de 1 millón de personas y que sufrió la represión de las protestas de la Guerra del Gas en 2003 era un claro ejemplo. Bolivia abría el debate a los pueblos latinoamericanos sobre la importancia de discutir obre el Sujeto del Cambio desde el Sur y no dejarse llevar por manuales de las zonas industrializadas del Norte.

El punto que también abrió el debate en Bolivia era la dicotomía entre si el Proceso de Cambio era hijo del keynesiasmo indígena y por lo tanto un Capitalismo Andino o si la intención era la construcción del Socialismo Comunitario. En si es posible vencer o solo asociarse a la Globalización Neoliberal. El siglo XXI no da para las armas revolucionarias a la Revolución Cubana de 1959 pero si para las movilizaciones rupturistas. Bolivia, junto a los países del ALBA-TCP, como Venezuela, Ecuador,

Nicaragua y Cuba, es hoy un actor esencial como contrahegemonía neoliberal. Un país que derrumba el “Fin de la Historia” de Fukuyama. Y hoy desde la izquierda internacional es un referente de análisis por su proyecto Revolucionario Democrático. García Linera lo sabe, y por eso como uno de los intelectuales del Proceso allí dónde vaya a hacer su conferencia, en universidades o asociaciones, las salas se rebasan. No es por música o folklore boliviano, sino por ideas y contenidos. El Norte también quiere aprender del Sur. Hoy Bolivia es productora y exportadora de experiencias y conocimientos. El “Hecho en Bolivia” se vende mejor en el mercado militante e intelectual internacional.

Contradicciones y retos en el Proceso de Cambio boliviano

En 11 años, el actual Gobierno boliviano, como hemos ido argumentando hasta aquí, ha realizado avances extraordinarios (muchos más de los que hemos podido comentar) pero también ha tenido sus atranques. No solo por los intentos de desestabilización liderados por los Estados Unidos, el intento del Golpe de Estado de 2008, la falsa nación de la “Media Luna” y las estrategias terroristas con intentos de asesinar a Evo, el boicot de la derecha al Proceso Constituyente, la injerencia de algunas ONGs y la USAID, o la desinformación de algunos medios de comunicación, sino también por asuntos internos propios. Podemos resumir en tres esferas los conflictos sociales y las contradicciones. Los de la “Buena Gestión pública sin perder eficiencia”, la Política ambientalista sin limitar el desarrollo económico, y la Economía Nacional por encima de lo sectorial. Veamos.

Uno de los complejos atranques han sido los constantes conflictos sociales, conflictos de intereses entre diferentes grupos. No hay que olvidar, que pese a la reconstrucción integradora de la nación boliviana todavía en muchos de los grupos sociales existe un interés particular por encima del interés general. Algo que justamente resalta el debate sobre hacia dónde va Bolivia, y que hemos subrayado antes, entre el camino del socialismo comunitario (lo prioritario es la perspectiva colectiva nacional) o el capitalismo andino (lo prioritario es lo individual o intereses de grupos). Una de las medidas que puso en jaque al Gobierno de Evo Morales fue la conocida popularmente como la medida del “Gasolinazo”. En las Navidades de 2010, para solucionar asuntos particulares de corrupción como la venta ilegal hacia otros países fronterizos, como Perú, del petróleo que subvenciona el mismo gobierno, se decidió tomar una medida de control “mercantilista”, y por ello criticada de neoliberal, que afectaba a las clases populares. La búsqueda de una solución general cortando con la subvención, para evitar ese contrabando particular, y poniendo el precio del petróleo a precio real de mercado finalmente perjudicaba los bolsillos de las clases populares aumentando el coste del transporte público. Muchos movimientos sociales salieron a la calle a protestar con gran furia, incluso en el municipio de El Alto recordando la sangrienta “Guerra del Gas de 2003, y finalmente la medida fue retirada con la famosa frase de Evo Morales “Gobernar Obedeciendo al Pueblo”. La contradicción entre Estado (Gestión Pública) y Pueblo (Bienestar Social) se decantó por la segunda opción. Bolivia tiene en agenda mejorar su eficiencia pública contra el contrabando sin afectar las clases populares.

Otro suceso que abrió página en los conflictos sociales de Bolivia, fue el Caso Tipnis en 2012. Un nuevo caso donde se mezclaron intereses particulares (de comunidades indígenas), incluso con estrategias de la oposición política, y el papel del Gobierno con los inversores internacionales, en este caso brasileños. Construir una carretera para comunicar a las comunidades indígenas del TIPNIS que estaban tan aisladas de los servicios públicos y mejorar la comercialización con Brasil, tenía sus impactos ambientales. El conflicto se generó por la contradicción existente en Bolivia entre Desarrollo Económico Vs Sostenibilidad Ambiental. El acelerado crecimiento económico de Bolivia y su modernización persigue proyectos productivos e infraestructuras que a la vez pueden perjudicar el Medio Ambiente, justamente en el país líder a nivel mundial en la lucha ambiental.

Y finalmente, otra de las pugnas existentes en Bolivia es el campo productivo. Con el nuevo gobierno de Evo Morales las comunidades indígenas y campesinas se habían convertido en el Sujeto del Cambio, algo que parecía inquietar al sector obrero, principalmente fabril y minero. La Central Obrera de Bolivia (COB) tras la aprobación del DS 21060 de Víctor Paz inspirado en la estrategia neoliberal Reagan-Thatcher de privatización y cierre de la minería publica, y poner así fin a la Revolución de 1952, quedó totalmente dañada como vanguardia social. Un repliegue que llevó a la COB a convertirse en una actor mirando más los intereses particulares que la economía nacional. La COB, en una economía boliviana donde lo informal y el pequeño comerciante es cuantitativamente muy presente, cada año pone en la negociación salarial subir el salario mínimo a algo más de 1100 euros al mes. Una demanda que afectaría la inflación perjudicando a muchos sectores informales. Desde la llegada de Evo Morales el SMI (Salario Mínimo Nacional) ha tenido un crecimiento planificado pasando en 2006 de 500 bolivianos (50 euros) a 1805 (180 euros) en 2016, por la aprobación del Decreto Supremo 2748 el 1 de mayo de 2016 que también incrementó el salario en un 8,5%. Triplicándose así el SMI en 10 años. Un crecimiento planificado a nivel nacional para evitar así la división entre trabajadores de primera (los asalariados) y segunda clase (los comerciantes y pequeños productores). Y el tema salarial no es el único conflicto constante con este sector, la pugna de los mineros cooperativistas contra el Estado que apuesta por la regulación laboral de este sector como estrategia de economía nacional, ha llegado a niveles tan complejos como el asesinato del Viceministro Rodolfo Illanes el pasado mes de agosto.

La construcción hegeliana de un Estado Boliviano fuerte y eficaz, como hemos visto, no deja de tener sus contradicciones y pugnas en la agenda nacional, entre el todo y las partes. Una de estas partes, de las que obvia el interés nacional y pone por encima su interés particular político y económico, ha hecho uso de la propaganda mediática para atacar la imagen de Evo Morales, ya que su gestión es difícil de criticarla por su nivel de hegemonía. Actualmente se ha presentado un documental en Bolivia, el “Cártel de la Mentiras” dirigido por el periodista argentino Andrés Sal·lari y producido por el Ministerio del Gobierno. Este exhaustivo trabajo audiovisual desenmascara todo el entramado mediático de la oposición, nacional e internacional, contra Evo Morales bajo el llamado “Caso Zapata”. Un ataque mediático que buscó evitar que el mandatario ganase el Referéndum Constitucional para modificar el artículo 168 que sólo permite dos mandatos consecutivos. Y lo consiguió, Evo sufrió su primera derrota desde que es Presidente por el ajustado margen de imponerse el NO con el 51,3% de los votos. Pese a la derrota, recientemente en el IX Congreso del MAS-IPSP celebrado en Santa Cruz se concluyó que se estudiarán 4 formas legales para que Evo Morales pueda postularse para el 2019.Una propuesta que ha aceptado Evo, pero que esta vez no estará acompañado por García Linera, el férreo binomio del Proceso de Cambio.

Sin entrar en el debate si Evo Morales debería o no presentarse a la reelección cumpliendo siempre con todo criterio constitucional, ya que es una decisión soberana del pueblo boliviano, las fortalezas de Bolivia en estos 11 años de Proceso de Cambio como su crecimiento económico bajo un modelo con gran intervención pública, su ejemplo de estabilidad política bajo el fortalecimiento de un Estado Plurinacional descentralizado en 9 autonomías y con 36 comunidades indígenas, y sus notables resultados por el bienestar social y contra la pobreza y la desigualdad, es acompañado por un grandísima debilidad que ya ha golpeado duramente a Evo Morales y posiblemente vengan nuevos ataques contra sus nuevos intentos de reelección, la batalla mediática (el cuarto poder). El Proceso de Cambio debe estar preparado para defenderse de los nuevos ataques de las corporaciones privadas nacionales e internacionales, que hoy controlan el oligopolio que construye gran parte de la opinión pública. Un oligopolio que buscará derrumbar al “Jefazo”. Sin una Revolución en la Comunicación, el Proceso de Cambio sufre una amenaza constante. Un revolución de los medios que, como todo su esencia, debe ser construida para y por el mismo pueblo boliviano.

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