El gobierno de Cambiemos avanza, no sin resistencias, con una serie de reformas que afectan negativamente las condiciones de vida de millones de personas. Las condiciones políticas, sociales y culturales en las que se juega el proyecto de gobierno macrista están siendo objeto de interesantes análisis por parte de muchas y muchos intelectuales y militantes. En buena hora.

El contenido del proyecto

En su capítulo 1, el proyecto de reforma laboral plantea una regularización del empleo en el sector privado. Exceptúa al ámbito rural, al de la construcción y a las empleadas de casas particulares, tres de los mayores bolsones de trabajo precario (e incluso esclavo) en nuestro país. Lo que en principio puede parecer beneficioso para los y las trabajadoras, esconde sin embargo una enorme condonación de deudas sobre la evasión tributaria a favor del sector empleador. La reforma perdona las deudas de las patronales y les otorga una suerte de amnistía sobre delitos como el fraude al fisco y aquellos otros que se desprenden de la precarización y el trabajo no formalizado.

El capítulo 2 trata la cuestión de las indemnizaciones. Sustituye la modalidad vigente según Ley 24.013, anulando el sistema de denuncia que los trabajadores poseen frente a la no registración o la registración incorrecta y reemplazandolo por un sistema de “infracciones” por la violación de normas de registración. Esta modificación coarta la posibilidad de acción judicial del trabajador/a hacia el empleador. Esto implica en los hechos una menor protección para la parte trabajadora y un abaratamiento de los costos por incumplimineto del empleador sobre las obligaciones de la seguridad social.

En el capítulo 3 se introduce un nuevo sujeto, no existente en la legislación laboral. Se trata de los llamados “trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados”, a quienes la reforma prescribe excluir de la Ley de Contratos de Trabajo (LCT). Actualmente dicha ley no se aplica al empleo público, trabajadores agrarios y personal de casas particulares, que tienen su legislación singular diferenciada. La reforma define a los trabajadores autónomos como “…aquellas personas que presten servicios especializados, realizando una actividad a título oneroso, de manera habitual, personal y directa, para una persona física o jurídica, de la que resulte económicamente hasta el OCHENTA POR CIENTO (80%) de sus ingresos anuales y/o no se superen las VEINTIDÓS (22) horas semanales de dedicación, quienes se regirán por una regulación estatutaria especial”. De la sola lectura de esta definición, se desprende la conclusión de que un trabajador/a cuyos ingresos dependen en un 80% de una persona física o jurídica, mantiene con esta una relación de dependencia. Excluirlo de la LCT es privarlo de la protección constitucional del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Bajo la figura introducida, está la intención de ampliar las posibilidades para los contratos por agencia, legalizando altos niveles de fraude laboral y exclusión de trabajadores/as de la protección legal y los convenios colectivos de trabajo.

El artículo 29 del proyecto de reforma laboral modifica la LCT en lo que respecta a la irrenunciabilidad de los derechos. Retorna, nada menos, que a la redacción original proveniente de la última dictadura cívico militar. Esta modificación plantea que las partes pueden alcanzar acuerdos individuales, cambiando o suprimiendo regresivamente derechos consagrados en los contratos colectivos de trabajo. Así, se legaliza la extorsión patronal a un trabajador o trabajadora en forma individual, para que renuncie a derechos adquiridos colectivamente.

El artículo 30 podría titularse como de “fomento a la tercerización laboral”, ya que anula la responsabilidad solidaria del empleador principal en el incumplimineto de las obligaciones laborales en relación a los servicios tercerizados de limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, servicios médicos de emergencia y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía e informática, que se realicen en un establecimiento. Excluye también a los servicios de transporte de personas, desde y hacia el establecimiento. Esta modificación implicaría la completa normalización del fraude laboral permanente que se vive mediante la tercerización de amplios sectores al interior de los establecimientos laborales. Para nada sorprende, si rastreamos la práctica que el propio Triaca Jr. ha tenido con el personales de limpieza del ministerio a su cargo.

En su artículo 31, la reforma apunta a modificar el artículo 66 de la LCT. Se trata de los alcances del llamado “Ius Variandi”, que es la facultad que tiene el empleador de cambiar aspectos -supuestamente menores- del contrato de trabajo. De implementarse esta reforma, un trabajador/a ya no dispondrá de la posibilidad de que al iniciar una demanda por el ejercicio abusivo del Ius Variandi de su empleador, ello implique la no innovación en las condiciones y modo de trabajo hasta que el proceso iniciado finalice su curso con una sentencia definitiva. También se elimina la posibilidad de que dicha acción se lleve adelante mediante proceso sumarísimo, lo cual en los hechos -y debido a que un trámite en la justicia laboral puede llevar años-, daría como resultado que el trabajador/a deba someterse “sin chistar” a la nuevas condiciones abusivas y, de no poder objetivamente hacerlo, renuncie al empleo, en lo que redundaría en un despido sin costos para su patrón.

El dulce que el gobierno ofrece para pasar el trago amargo de la reforma laboral es la ampliación del régimen de licencias establecido en la LCT. Resulta poco, si se tiene en cuenta la enorme confiscación de derechos que la reforma plantea.

El proyecto prevé 15 días corridos de licencia para los padres varones por el nacimiento de sus hijos/as. Este periodo sigue resultando corto si se evalúa con perspectiva de género, ya que refuerza la noción de que la crianza del bebé es mayormente tarea de la madre.

La licencia por fallecimiento de la persona unida en matrimonio, cambia por la denominación “persona conviviente”. Se amplía a 15 días la licencia por adopción de hijo y a 10 días corridos la licencia por unión civil (se equipara a la de matrimonio). Se otorgan 5 días al año para someterse a técnicas y procedimientos de reproducción médicamente asistida y se dan 30 días corridos sin goce de sueldo por año por razones particulares planificadas.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral para el cuidado de menores a cargo, el texto del artículo 35 es francamente regresivo con respecto al 198 de la LCT, ya que promueve que las horas no trabajadas (licenciadas) no serán remuneradas, es decir que el pago será proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Recae sobre el trabajador (¡y sobre todo sobre todo la trabajadora!) la responsabilidad del cuidado, que en realidad debe ser una co-responsabilidad en la que se impliquen el Estado y el empleador.

El esquema indemnizatorio de la reforma es lisa y llanamente la violación de las pocas protecciones existentes contra el despido arbitrario, ya que en el artículo 36 quedan afuera del cálculo indemnizatorio por despido el proporcional del aguinaldo, los bonos, compensaciones y reconocimientos. Esta definición contraría el Convenio 95 de la OIT y el artículo 103 de la LCT, que establecen con claridad que estas sumas forman parte del salario y son remunerativas. El resultado sería, otra vez, el abaratamiento de los costos por despido a favor del patrón. Esta intención se profundiza cuando leemos los artículos 39 al 51, que establecen la conformación de un Fondo de Cese Laboral Sectorial. Dicho fondo incluye a las cámaras empresariales y a las asociaciones sindicales, las cuales “comparten” los costos de los pagos indemnizatorios. Serán los propios trabajadores los que financien parte de los costos por los despidos sin causa y con preaviso… a ellos mismos.

Si la indemnización funciona como sanción (siempre relativa) para disuadir a los patrones del despido sin causa, la creación de este Fondo disminuye e incluso elimina dicho efecto. A su vez, este instituto abre la puerta a la estrategia patronal de despedir al personal con mayor antigüedad con un costo amortizado y contratar personal novel con menos derechos.

El texto del proyecto de reforma también prohíbe las sumas no remunerativas en el marco de las convenciones colectivas de trabajo, excepto que las mismas sean autorizadas por el Ministerio de Trabajo. En términos legales no modifica demasiado la legislación vigente, que establece que no se permite establecer sumas no remunerativas como parte del salario. El dato es que la reforma le da un creciente poder discrecional al Ministerio de Trabajo, con lo que ello significa en términos políticos, ya que en realidad las sumas no remunerativas no quedan prohibidas sino sujetas a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional.

El texto de reforma plantea la creación de un Sistema Nacional de Formación Laboral Continua, con la conformación de organismos específicos tripartitos (Estado, empresarios y trabajadores) y de un Documento de Identidad Ocupacional para el registro de los trayectos de capacitación. Esta modalidad impulsada por el gobierno pareciera apuntar a la creación de las famosas “cajas” (similares a las de las obras sociales), que brindan al Estado una de sus herramientas predilectas de negociación política con los sindicatos. A su vez, la estatalización de la capacitación podría disminuir la autonomía de las organizaciones de trabajadores en cuanto al perfil y contenidos de la capacitación laboral.

El título cuarto del proyecto de reforma retoma una discusión que tuvo cierto alcance público, sobre todo en el mundo educativo. Se trata de las prácticas laborales o formativas para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios. La letra habla de que los estudiantes deben realizar tareas exclusivamente formativas y no productivas, cuestión de muy dificil cumplimineto en un establecimineto -justamente- productivo. Cada Convenio Colectivo de Trabajo definirá el perfil de dichas prácticas, las cuales no pueden superar los 12 meses y las 30 horas semanales, aunque la reforma también deja abierta las posibilidad de esquemas distintos acordados entre las partes, que podrían conducir a extensas jornadas laborales apenas disimuladas con el nombre de “prácticas formativas”.

El gobierno aumenta sus potestades en cuanto al control de la relación educación-trabajo, disminuyendo la autonomía de las instituciones educativas en cuanto a la planificación y puesta en prácticas de los programas de formación. Los y las estudiantes quedan así al arbitrio de un sistema legalizado que tranquilamente pueda explotarlos para obtener ganancias.

El título 7 del proyecto de reforma establece un seguro de desempleo ampliado para trabajadores echados de empresas que se encuentren bajo la figura de transformación productiva (artículos 95 y 96 del proyecto). Se trata de establecimientos con “dificultades competitivas y/o productividad declinante que requieren mejorar sus procesos o tecnología, modificar y/o desarrollar nuevos productos, o redireccionar su actividad y/o integrarse a otras empresas con el objeto de potenciar su desempeño”. La amplitud del concepto de empresas en transformación productiva es sospechoso y abre la puerta a todo tipo de maniobras patronales, cuestiones que el empresariado ya nos tiene acostumbrados. El seguro de desempleo ampliado consta de pagos no remunerativos por un plazo de hasta 9 meses.

Una breve conclusión

Habiendo expresado y balanceado varias caracterizaciones políticas sobre el contexto general y la reforma laboral en particular y habiendo descrito su contenido de forma general, solo resta afirmar que la misma no apunta a lograr los “buenos” objetivos que su letra propone sino centralmente a legalizar un conjunto de prácticas (muchas de las cuales se vienen realizando desde hace años) en perjuicio de los y las trabajadores y a favor de los sectores patronales y empresariales, poniendo al Estado cada vez más del lado de estos últimos. Con respecto a la legislación vigente, esta reforma es llanamente regresiva. Sintetiza uno de las más altos anhelos de la fuerza de gobierno. La fuerza contraria es la de los y las trabajadoras en su enorme y compleja heterogeneidad y su potencia. La reforma laboral será (está siendo) un capítulo clave en el que se juega parte del futuro de los sectores populares.

Nota relacionada: La reforma laboral de Cambiemos: la intención de inclinar aún más la balanza (I)

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El gobierno de Cambiemos avanza, no sin resistencias, con una serie de reformas que afectan negativamente las condiciones de vida de millones de personas. Las condiciones políticas, sociales y culturales en las que se juega el proyecto de gobierno macrista están siendo objeto de interesantes análisis por parte de muchas y muchos intelectuales y militantes. En buena hora.

Como aporte a ese conjunto de análisis, este artículo busca sumar elementos en uno de los capítulos centrales de la disputa: el de la reforma laboral impulsada por Cambiemos.

Si bien el gobierno pretendía terminar 2017 con el asunto convertido en ley (junto a las reformas previsional y tributaria que logró “hacer pasar” por el Congreso con un costo bastante alto), aparentemente el proyecto será tratado a comienzos de este 2018.

Un anteproyecto de la reforma ya estuvo sobre la mesa en dos ámbitos fundamentales de negociación política, uno con gobernadores y otra con el triunvirato de la CGT. La “mitigación” que sostuvo haber logrado la cúpula de la central obrera, no dejó tranquilo a nadie, salvo al gobierno. La reforma laboral es uno de los motivos de la tremenda crisis política de la entidad gremial. Todos los días hay noticias sobre el crujir de la unidad de la CGT, la judicialización de sus dirigentes y la compleja relación con el gobierno nacional.

Entiendo que en términos de “pensar el macrismo” desde el espacio popular, los últimos dos años pueden representarse como un movimiento pendular que fue desde la subestimación inicial (“es un gobierno de Ceo´s que cree que el Estado es una empresa y no va a poder sostenerse”) a la sobreestimación luego de las elecciones de octubre 2017 (“es una maquinaria perfecta de manejo y capitalización de las subjetividades. Duran Barba, finalmente, es un genio.”). Actualmente ese péndulo no se encuentra en ninguno de los extremos, más bien viene saliendo del polo de la sobreestimación. Ello no es producto de la iluminación intelectual de nadie, sino del proceso de luchas reales que tuvieron su punto más alto en la resistencia a la reforma previsional del último diciembre. Allí se combinaron actores sociales y repertorios de protesta que, en cierta medida, condensan años de experiencias heterogéneas. Masividad organizada, auto defensa y cacerolazos fueron algunos de los modos que asumió la multitud, con la calle como territorio de disputa frente al brazo armado del gobierno, como bien plantó Ezequiel Adamovsky en un muy buen artículo publicado en la Revista Anfibia.

Producto de la acumulación de resistencias, hoy se empiezan no solo a afinar las caracterizaciones sobre el bloque dominante y sus estrategias de poder, sino también a instalar preguntas y proyecciones sobre cómo debe ser la disputa contra ese bloque. La interrogación por quién es el “nosotros” y cuál debe ser su amplitud y marco de alianzas, ocupa el centro de las preocupaciones. Se va configurando la conclusión de que el macrismo representa una forma de gobierno que combina elementos típicos y recurrentes en la historia de las clases dominantes argentinas, con otros de nuevo tipo. Esa particularidad del adversario, requiere de una necesaria creatividad para rivalizar, al menos en cuanto a permitirse un grado mayor de eclecticismo en los métodos. Aflojar algunos corsets que otrora brindaron contención, pero hoy no son sino un límite que bloquea potencias.

La reforma laboral será una de las próximas peleas de envergadura. Seguramente arroje resultados que no podemos anticipar totalmente. Algo del orden de los imprevisto permea la dinámica de la lucha de clases en los tiempos que corren en Argentina.

Gracias al muy buen trabajo de la Asociación de Abogados Laboralistas y de algunos periodistas especializados en el tema, es posible sistematizar los aspectos principales del proyecto de reforma laboral. El espíritu del mismo es, como anticipa el título de esta nota, inclinar más la balanza en favor de los sectores patronales y en contra de los trabajadores y trabajadoras. Esta reforma también robustece el rol del Estado como garante de los objetivos patronales, creando toda una serie de institutos y reparticiones encargadas de administrar y gestionar ese movimiento de la balanza que no estará exento de conflictividad.

Huelga decir que nuestro país sufre alrededor de un 40% de trabajo informal y que ello es un problema estructural que se arrastra, al menos, desde los años ’90. La precarización no ha sido combatida, en sus causas de fondo, por ningún gobierno. Al revés de lo que muchos podrían pensar, la reforma laboral no solo impactará en los trabajadores formales, sino que también expolia a los informales, pues el empeoramiento de las condiciones laborales de los primeros “derrama” (aquí si funciona!) en los segundos, que ven todavía más pauperizadas sus condiciones de vida.

Decir una cosa y hacer otra

El uso de eufemismos es parte constitutiva en la búsqueda de legitimar las acciones del gobierno. La reforma laboral no es la excepción. El proyecto que el Poder Ejecutivo elevará al Congreso plantea entre sus objetivos la regularización del empleo no registrado, la lucha contra la evasión laboral, la capacitación laboral continua y la transición entre el sistema educativo formal y el trabajo, fomentando el empleo juvenil y el entrenamiento laboral. Sin embargo, cuando leemos el articulado propuesto, vemos que las acciones que se plantean no van para nada en ese sentido.

De hecho, de implementarse, la reforma implicaría un retroceso en derechos y garantías de la parte trabajadora consagradas en la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas relevantes, como la Ley Nacional de Empleo. Esta crítica no implica de ningún modo dejar de reconocer las (inmensas) falencias de la legislación vigente. Pero hay que reconocer que nuestra legislación es más progresiva que la de casi todos los países del continente, ya que tiene como base el hecho de asumir que la parte empleadora tiene más poder que la parte trabajadora, razón por la cual ésta debe ser especialmente protegida.

La reforma que impulsa Cambiemos no solo transfiere derechos y recursos de la parte de trabajadora a la patronal, sino que estructuralmente tiene como mira dinamitar la base progresiva de la legislación laboral de nuestro país para ponerla en sintonía con otras como las de Chile, Colombia o México, donde los trabajadores y trabajadoras son objetivamente más débiles como actor social.

La reforma laboral del gobierno retoma varios aspectos que ya han estado en agenda desde que el macrismo gobierna la Ciudad de Buenos Aires, e incluso durante los primeros dos años de su administración nacional. Iremos encontrando esos temas en la sistematización posterior. En términos políticos, este compendio de asuntos varios en un proyecto de ley bajo la denominación de “reforma”, nos habla de una fuerza de gobierno que luego de un triunfo electoral bastante contundente, se siente fortalecida como para avanzar con asuntos que reflejan sus más hondas necesidades como representante del sector patronal. Aunque el ministro de trabajo Triaca Jr. (hoy envuelto en un escándalo que podría costarle el puesto) se haga el desentendido, el proyecto de reforma laboral de Cambiemos está bastante en sintonía con el que la derecha logró imponer en Brasil.

La “cantinela” de Cambiemos y el espíritu de la reforma

El leimotiv del gobierno es que las leyes laborales vigentes generan un ambiente negativo para el desarrollo del trabajo en Argentina. Este postulado de corte claramente neoliberal intenta justificarse con datos y estadísticas que demostrarían que los empleadores no registran a sus trabajadores porque le temen a la “mafia de los juicios laborales” y otros seres imaginarios. Para el gobierno se precariza por culpa de la inseguridad jurídica y la base de la inseguridad jurídica son, nada menos, las garantías y derechos avalados por una legislación que, como plantee antes, se basa en la asunción de un asunto tan evidente como la desigualdad de poder existente entre los trabajadores y los patrones.

El proyecto de reforma laboral avanza contra una serie de principios constitucionales y de los tratados internacionales a los que la Argentina suscribe: no respeta la irrenunciabilidad de los derechos, el principio protectorio y el principio de progresividad – no regresividad.

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Luego del paro nacional de diferentes gremios, dirigentes dieron su opinión de la situación que atraviesa el país y la necesidad del paro general.

El pasado 27 de setiembre pararon varios gremios a nivel nacional (docentes, estatales, trabajadores y trabajadoras de la salud) y de la Provincia de Buenos Aires. En esta última los representantes gremiales de los médicos, judiciales y docentes bonaerenses coincidieron en resaltar el alto acatamiento de la medida de fuerza en demanda de reapertura de las negociaciones salariales.

El Secretario General de ATE, Hugo Godoy, advirtió al Gobierno sobre nuevas medidas de fuerza si no cesa la tercera reforma del Estado y pasa a planta a 90.000 trabajadoras y trabajadores precarizados antes de fin de año. Lo hizo frente al Congreso, en el marco del paro nacional de ATE y la jornada nacional de lucha de la CTA Autónoma, Barrios de Pie, CCC y CTEP. El eje de la multitudinaria convocatoria fue un presupuesto sin ajuste.

Paralelamente, miles de trabajadoras y trabajadores precarizados acamparon en Plaza de Mayo. Unas 400 carpas estuvieron tres días reclamando trabajo digno, mejores salarios y extensiones en los planes sociales. Denunciaron que el ajuste y el tarifazo en los servicios los han llevado al borde de la indigencia.

En este marco dirigentes opositores a las actuales conducciones sindicales se pronunciaron por el llamado a un paro general.

“Es una vergüenza la política de tregua que lleva la CGT con el gobierno”

– Jorge Adaro, Secretario General de Ademys ¿por qué una columna independiente?

-En verdad nosotros venimos trabajando y movilizándonos de manera coordinada con los Sutebas combativos, con la gente y los sectores combativos de la docencia. Ahora estamos participando de la columna oficialista sin problemas. En la medida que no pongan un cordón para hacer la separación, la marcha va a tener solamente la cuestión de la organización de juntarnos y marchar en este acto que es unitario, con aquéllos con los que venimos compartiendo una política.

Nosotros acordamos en el llamado al paro para la jornada de hoy y estamos de acuerdo con el pedido de reapertura de las paritarias, tenemos algún matiz en cuanto a la evaluación externa porque nosotros creemos que hay que rechazarla de plano y no esperar una negociación para que salga algo mejor. Esto es reforma educativa, ante la cual vamos a tener una posición terminante de rechazo, pero vamos a participar y de hecho estamos participando con todos los compañeros convocados para la marcha.

– Saliendo un poco del hecho de hoy, que es este paro docente más el paro de estatales y de los trabajadores de la salud, ¿cómo ves la perspectiva de un llamado a un paro general?

– Creemos que la convocatoria al paro general tiene que ser urgente. En el pliego del paro de hoy está la exigencia de que tanto la CTA como la CGT pongan una fecha y que sea en lo inmediato para dar cobertura y acompañar a los miles de trabajadores que estamos luchando desde hace mucho tiempo sin tener el respaldo de las organizaciones obreras centrales. Es una vergüenza, ya no hay dudas de la política de tregua que lleva el gobierno con la CGT. Nuestra exigencia es ésta: un paro general ya.

– ¿Qué opinas sobre lo que dijo el Ministro Bullrich acerca de “educar para la incertidumbre”?

– Nos ha dejado anonadados con esta intervención desde la política educativa y va en línea con la reforma educativa. Se trata de preparar a los jóvenes para una mayor flexibilización laboral, para cortar la relación de dependencia como la conocemos, para evitar gastos a las patronales. Realmente educar para la incertidumbre es precisamente educar generaciones para el no proyecto, ni colectivo ni personal.

No se le puede negar sinceridad. Si unimos esto a las declaraciones en Río Negro hablando del éxito educativo en términos de una “conquista del desierto”, deja claro de dónde viene y hacia dónde quiere ir.

Nosotros rechazamos esto, entendemos que la educación precisamente no debe ser para educar a las generaciones para su propio suicidio. Quieren imponer el aniquilamiento de la clase trabajadora con relaciones laborales que profundizan la concepción de esclavitud que impulsa este ministro.

– ¿Querés agregar algo más?

– Nosotros vamos a seguir dando una pelea importante por el principal punto que es la reapertura de la mesa salarial en el marco de un plan de lucha. Venimos de hacer paros el 11 y 24 de agosto y vamos a seguir interviniendo en asambleas para decidir cuáles van a ser las medidas. Y pegar muy fuerte también contra la política de reforma educativa y de evaluación externa que quiere implementar el gobierno en todo el país. Nosotros decimos que no a la reforma educativa, no vamos a aceptar esta evaluación y vamos a organizar un gran boicot a nivel nacional para que no puedan llevarla adelante en los términos que se ha propuesto este gobierno.

“La respuesta de los trabajadores cuando hay un paro y movilización es masiva y unitaria”

– ¿Cuál es el alcance del paro en la Provincia de Buenos Aires?

Norberto Señor/ATE Sur: Calculamos que es elevadísimo porque además de los trabajadores nucleados en ATE, están parando los profesionales de la salud, la CTERA y otros gremios docentes. En nuestro distrito, Lomas de Zamora, calculamos que más del 80% de las escuelas no están funcionando y en los hospitales solo se atienden las emergencias con guardias mínimas. El resto de las oficinas públicas están completamente paralizadas, así que este paro es una señal clara hacia el gobierno de María Eugenia Vidal que trata de desentenderse o mirar para otro lado cuando arrecian las críticas contra el ajuste de Macri, porque en definitiva ella es tan responsable como él de atacar el trabajo, el salario, la salud y la educación.

Este paro es una gran respuesta y una advertencia para los cegetistas que andan dando vueltas para convocar al paro general y para las direcciones de la CTA, que por más que dividan las movilizaciones y se peleen entre ellos, la respuesta de los trabajadores cuando hay un paro y movilización es masiva y unitaria.

– Ayer estuviste en el acampe en Plaza de Mayo protagonizado por movimientos sociales, ¿qué me podés comentar?

– Que es una señal más de lo que significa la lucha masiva de distintas franjas de la clase trabajadora, desde quienes tienen mejores salarios en las industrias más concentradas que ven golpear sus ingresos con el Impuesto a las ganancias y con la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos, hasta quienes están en el escalón más humilde de la clase trabajadora, changueando, desocupados, o con puestos de laburo en negro, precarizados, de distinto carácter. Toda la clase trabajadora sufre un despojo y un ínfimo porcentaje de la población, que son precisamente la fracción de la clase social explotadora a la que pertenece Macri y todos los que integran su gabinete, es la que se lleva toda la guita.

Hablan ahora del gran problema del gasto público y del déficit fiscal criticando por derecha a Macri, los sectores que querían un ajuste aún más duro. Ninguno de ellos, porque se benefician, dicen que se vuelvan a implantar las retenciones que les sacaron a los más ricos del agro, a las multinacionales exportadoras o a la megaminería; todos ellos lo que quieren es más despidos en el Estado, más reformas laborales, más flexibilización.

Este paro es una respuesta a eso. Ninguna tercera reforma del Estado, ninguna liquidación del régimen jubilatorio, ningún ataque más al salario de los trabajadores estatales y al conjunto de las y los trabajadores, hay que dar vuelta este plan, hay que tirar abajo todo lo que pergeñan desde los EE. UU. para abajo, pasando por Macri, Prat Gay, las grandes multinacionales, por el capital financiero y por Sturzenegger.

Aunque digan que pelean y tienen distintas ideas, solo se pelean para ver cuál es el momento más apropiado para derrotar a los trabajadores. Y desde los trabajadores y por abajo, lo que se viene pergeñando es un paro general de verdad que derrote esos planes para abrir paso a la posibilidad de que podamos incidir en serio en la vida nacional y que se acabe todo este ataque contra los más humildes.

“En la Ciudad necesitamos que se reabra urgentemente la paritaria para discutir el salario”

– ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que levantan los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires?

“Maro” Skliar (Promoción Social CABA): Estamos marchando hoy en el marco del paro nacional de ATE y los gremios docentes, junto con CTERA, Ademys y otros gremios. El reclamo principal tiene que ver primero con la necesidad de un paro nacional que manifieste al pueblo en la calle para frenar el ajuste de Macri, en segundo lugar la reincorporación de los miles de despedidos que hubo ya en el Estado y que se frenen los despidos que está planificando el Ministro Andrés Ibarra para fin de año.

En el caso particular de la Ciudad estamos exigiendo la reapertura de las paritarias que fueron miserables, las más bajas de los últimos años. Hoy tenemos compañeros y compañeras trabajando en la planta transitoria, con 7.200 pesos de sueldo. Por eso necesitamos que se reabra urgentemente la paritaria para discutir el salario y a su vez planteando que las políticas sociales, culturales y educativas se encuentran en emergencia y que el macrismo, tanto en la Ciudad como a nivel nacional y en la provincia tiene un plan de tercerización, vaciamiento y achicamiento del Estado que va a hacer que aquellos ciudadanos que necesitan, como corresponde, ejercer su derecho a través del Estado, van a tener cada vez menos oportunidades.

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Un nuevo paro nacional de ATE se cumplirá el 19 de abril. En esta ocasión, coincide con la Marcha contra el Hambre, donde las organizaciones sociales de las izquierdas protagonizan desde sus construcciones territoriales. Una mirada sobre expectativas y sensaciones desde adentro.

La Ciudad de Buenos Aires será este martes geografía de movilizaciones, cortes, asambleas y actos. Por el lado de las cúpulas de ATE, no está clara la realización de una acción conjunta, ya que las concentraciones de ATE Nacional y ATE Capital se dan en puntos distintos. Los miles de despidos en la administración pública ordenados por Macri y ejecutados por el ministro-gerente de Recursos Humanos, Andrés Ibarra, están teniendo una respuesta fragmentada desde las direcciones del único gremio estatal que, al menos, sale a enfrentarlos. El papel de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con Andrés Rodríguez a la cabeza, es lamentable y equiparable a lo que ya hizo en los años noventa durante el menemismo.

El plan de despidos de Cambiemos es cruel por donde se lo mire. En los últimos días se cobró la vida de al menos cuatro compañeros/as estatales. Una de ellas, Melisa Bogarin del ProHuerta Chaco, tenía apenas treinta años y dejó una hija que acaba de cumplir un año. La beba quedó a cargo del marido de Melisa, que está despedido por el Ministro de Agronegocios, Ricardo Buryaile. La compañera, que trabajaba en el área de comunicación con campesinos y pequeños productores, sufrió un paro cardíaco en medio de una reunión con funcionarios del INTA, cuando trataba de explicarles la angustia e incertidumbre que sentía por escuchar que sólo le renovarían por tres meses su precario contrato. La vida de Melisa y la de los demás compañeros laburantes de la Biblioteca Nacional, la SRT y auxiliares de escuela, necesita un homenaje de lucha y unidad que estamos empujando desde la bases estatales.

De los dichos a los hechos

En los días pasados, por ejemplo, auxiliares docentes de ATE Sur se movilizaron a La Plata para exigir el reintegro de los (muchos) días descontados por hacer huelga, descuentos que Cambiemos aplicó a todos los auxiliares de la Provincia de Buenos Aires. La respuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal fue vallar el predio y apostar numerosa cantidad de policías de la maldita bonaerense, pero la bronca de las compañeras avanzó sobre las fuerzas represivas. Finalmente, ingresaron a las dependencias, donde obligaron a los funcionarios a cargar en el sistema el reintegro de los descuentos.

Por otra parte, en varios ministerios nacionales –entre los que se destacan el de Trabajo y el de Economía–, la lucha por la reincorporación de quienes fueron despedidos/as está alcanzado importantes niveles de masificación y participación. Tanto el Ministro de Hacienda, Prat Gay, como el de Trabajo, Triaca Jr., están sufriendo el rigor de cientos de estatales que decidieron en asambleas y comisiones de despedidos: “Si no hay reincorporación no van a poder gestionar”. Ambos ministerios estuvieron ocupados por sus trabajadores y trabajadoras, y con los accesos bloqueados durante días, con actos multitudinarios que desbordaron los operativos de seguridad dispuestos por la ministra Patricia Bullrich. Incluso, al mismo Prat Gay se le complica diariamente el ingreso a su propia oficina y Triaca Jr. sufrió un escrache cuando cenaba en Puerto Madero en una convención de gerentes.

El ajuste ortodoxo de Macri tiene en el plan de despidos sólo una de sus expresiones. Y creemos que es tarea de las organizaciones del campo popular enfrentarlo íntegramente. Por eso el paro nacional de ATE es un punto relevante, pero debe evitarse el corporativismo.

En ese sentido, las cinco centrales sindicales se han limitado a hacer declamaciones legislativas y mostrarse preocupadas, lo cual claramente no alcanza para frenar al PRO. Tengamos en cuenta que más de 100.000 laburantes del sector público y privado están en la calle y la inflación está triturando los salarios; mientras se hacen públicas las cuentas offshore del presidente, Mauricio Macri, y de otros miembros de Cambiemos, lo que no hace más que afirmar obscenamente su pertenencia a lo más especulativo de la clase dominante. Lo que parecía que iba a ser un acto testimonial frente al monumento al trabajo el 29 de este mes, protagonizado por dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), puede convertirse en algo más fuerte y de envergadura… ¿Quizás el primer paro nacional contra Macri? Con sus características diferenciadas, los jerarcas sindicales que encabezan las centrales buscarán apaciguar las cosas para resolver sus negocios y problemas económico-políticos, algunos con discurso progresista, otros con matices marcadamente burocráticos. Pero la presión social, el borboteo permanente de la bronca se siente e incluso se expresa en luchas ejemplares, toma nombres y apellidos de dolor como el de Melisa Bogarín.

El martes 19 mucha de esa bronca estará en la calle, no toda contenida por las cúpulas sindicales. Hay luchas que desbordan y se escurren, hay triunfos y experiencias que sacuden las consciencias de los acostumbrados, que hacen tambalear el statu quo sindical, bastante ajeno a la necesidad de unidad y los métodos de la democracia de base que nos legara –entre otros y otras– Agustín Tosco. El miércoles 20 se seguirán organizando asambleas, ollas, batucadas y ocupaciones… desde abajo. De ahí somos, desde ahí miramos las cosas.

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Para el próximo miércoles 24 de febrero, diferentes gremios y organizaciones sociales siguen sumando su presencia. En medio de los despidos, las precauciones ante el debut del flamante protocolo antipiquetes. 

Desde que el paro del 24 de febrero fue anunciado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), no ha cesado de sumar adhesiones y se constituye como un hecho político de envergadura nacional. Ambas Central de Trabajadores de Argentina (CTA), las seccionales opositoras de Suteba, los ferroviarios del Oeste y numerosas organizaciones sociales tomaron la jornada como propia. Más allá de las muchas rencillas que existen al interior del sindicato estatal en la gestación de la jornada de protesta, de cara al masivo social se trata del primer paro nacional al gobierno de Mauricio Macri.

El paro pone en discusión no sólo los despidos por miles y el techo a las paritarias que el gobierno nacional está decidido a imponer, sino también otras dos cuestiones fundamentales para nosotros como trabajadores y trabajadoras: la criminalización de la protesta y el sentido del Estado con respecto a los derechos humanos y sociales. La consigna creada por los y las compañeras de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Trabajo es atinada para una coyuntura donde el debate ideológico juega un rol clave: “Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”.

¿El debut del protocolo antipiquetes?

La escalofriante novedad es que la camaleona política Patricia Bullrich (ahora mutada en ministra de seguridad de Cambiemos) tomó la decisión de aplicar el flamante protocolo antipiquetes a las movilizaciones que se realizarán en todo el país en el marco del paro. Por eso citó a la cúpula de ATE a una reunión de negociación a la que, tal como manifestaron las Seccionales combativas de ATE Sur, los dirigentes no deberían acudir de ningún modo. La única reunión que tiene lugar en este contexto es el ámbito paritario, para discutir la reincorporación de las y los miles de precarizados despedidos y los salarios estatales en un contexto inflacionario descontrolado.

El propio kirchenrismo ya había galanteado con la idea de reglamentar la protesta. Cristina Kirchner en persona había buscado la simpatía de amplias franjas sociales, instándonos a marchar por la vereda “como en Estados Unidos” (2/3/2014, apertura de sesiones ordinarias). Esa simpatía se la terminó ganando Macri, que ahora busca cumplir lo que, desde mi punto de vista, es un anhelo inmanente a las clases dominantes: el sueño de una sociedad de control y gestión punitiva de la conflictividad social, que en verdad no es otra cosa que la consecuencia lógica de la desigualdad estructural.

Creemos que el paro del 24 va a mostrar la disposición a pelear de muchos y muchas trabajadoras estatales. Si bien la campaña de presión y miedo que desarrolla el gobierno macrista genera efectos, la dignidad y la bronca se están expresando en Asambleas multitudinarias en cada organismo estatal. Esta masividad, junto a la aparición de autoconvocatorias permanentes, impugna la lectura quietista que muchos dirigentes de la propia ATE hacen sobre las bases estatales, que amenazan con desbordarlos. Si bien ATE es el único gremio que está generando respuestas contra los despidos, las internas incesantes y la lógica de conservación del aparato lo alejan bastante de la respuesta contundente que el escenario requiere. En esto será clave lo que pase con la paritaria docente. El no inicio de clases puede ser un verdadero problema político para el gobierno de Cambiemos, que ha cometido una torpeza con la fallida oferta salarial a nivel nacional.

Por parte de la militancia sindical combativa y de base estamos preparando el paro en cada lugar de laburo codo a codo con nuestros compañeros y compañeras, promoviendo a la vez la unidad y el debate sobre el sentido del paro con la mayor democracia de base. No podemos pensar la unidad sin debate en las bases, como pretenden algunos dirigentes para los cuales la unidad es ponerse atrás de ellos y “confiar”, un término demasiado new age para ser tomado en serio.

Tanto en Ate desde Abajo como en la Agrupación Víctor Choque tratamos de romper el miedo y organizar la bronca, con la claridad de que al gobierno nacional no le vamos a torcer el brazo con un solo paro (por más masivo que sea), y que tenemos que prepararnos para proyectar cómo seguir con un plan de lucha que no quite el foco de lo viene pasando en los lugares de laburo y sea organizado, sabiendo que se trata de un reclamo gremial en el marco de un debate social con alto contenido ideológico, como expresamos antes. La indiferencia social es nuestro peor enemigo en esta batalla.

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Un grupo importante de organizaciones sindicales de base, movimientos populares y fuerzas de izquierda estarán hoy en la calle expresando una posición política frente a la reunión celebrada por la UIA, en la que estarán presentes el nuevo presidente Macri, varias dirigencias sindicales burocráticas y el director de la OIT, Guy Ryder.

El nuevo gobierno y sus principales aliados patronales buscan avanzar en lo que llaman un “acuerdo social” o también “pacto social”. El rol de las burocracias sindicales es clave en esa ingeniería, porque la gobernabilidad que imagina el macrismo está basada en aislar los conflictos y reprimirlos, evitando que el malestar se expanda por las bases trabajadoras y el pueblo en general. Para aislar la protesta, necesitan que la misma quede asociada en el sentido común de la mayoría a la inseguridad y la anomalía. La burocracia viene a jugar el rol de la cordura y la racionalidad, la institucionalización de la organización gremial, frente a los grupos díscolos y “minoritarios”.

Esta movilización es un grito de denuncia que viene siendo desde hace años. Pero la denuncia tiene que hacerse práctica en cada contexto y sabemos que no estamos en cualquier escenario, sino en el de un gobierno integrado por los representantes de los grupos económicos y la derecha orgánica; ya no un mero representante de, sino –como escuche decir a varios compañeros y compañeras- un Estado atendido por sus propios dueños. Construyeron un partido a medida y lograron llegar a la Rosada. Desde ahí que se intenta organizar una Jornada de Protesta que ponga el foco en denunciar qué hay detrás de este verdadero cónclave del poder dominante.

Una alternativa en perspectiva

Nosotros y nosotras queremos construir una posición política desde los y las trabajadoras frente a la búsqueda de un pacto social que ya está en marcha y a la que políticos, sindicalistas y empresarios del sistema vienen respondiendo con marcado entusiasmo. Ahora todos quieren ayudar al nuevo gobierno, acompañar lo bueno y marcar lo que está mal. En la calle vamos a decir que cuando ellos hablan de acuerdos y pactos, están hablando de cuidar y aumentar su tasa de ganancia. El gobierno capitalista (nada hay más estructuralmente violento que el capitalismo) no deja de serlo por llegar con los votos y en ese sentido todos buscan la ganancia; los hay que buscan ganancia económica y quienes buscan ganancia política, impunidad, perpetrarse en lugares de dirección, seguir teniendo su porción de la torta. Todo ello se juega en la reunión de Parque Norte que convoca la UIA. La pátina tecnocrática internacional expresada en la presencia de la OIT a través de Ryder marca cuán importante es para las clases dominantes este momento político.

No hemos empezado hoy a luchar contra el macrismo. En la Capital el PRO maneja el Estado hace ocho años y siempre hemos sido un dolor de cabeza para ellos. Por eso no vivimos esta movilización como el inicio de la resistencia al macrismo sino como su continuidad bajo el nuevo contexto. Para plantear que cuando ellos dicen pacto social en realidad dicen ajuste y criminalización de la protesta, desde la Corriente Político-Sindical Rompiendo Cadenas salimos a buscar a todas las organizaciones sindicales que le vienen poniendo el cuerpo a las luchas y marcando el ejemplo, organizándose desde las bases en asamblea y entendiendo que radicalidad, masividad y protagonismo real de los y las laburantes deben ir juntos en las peleas sindicales, sean estas ofensivas o defensivas. Por eso nos reunimos con los Aceiteros, con la Línea 60, con Cresta Roja; e impulsamos la participación en esta actividad en todos los gremios y juntas internas donde tenemos referencia o inserción. Se construyó un arco amplio de organizaciones que entusiasma a la hora de proyectar nuestras fuerzas.

El giro a la derecha que venía quedando claro desde la conformación del balotaje presidencial, es un hecho. Pero también lo es la acumulación de experiencias de lucha contra esa derecha. El desafío de ahora es hacer de la unidad una práctica cotidiana y un faro para guiar la política de los y las de abajo, porque si bien es cierto que existe organización popular a lo largo y ancho de la Argentina, la fragmentación es el innegable síntoma de la falta de maduración política de una opción de disputa por el poder real nacida y protagonizada por el pueblo trabajador. Buscamos aportar a ese rumbo y por eso decimos NO AL PACTO SOCIAL de los de arriba.

* Militante de la Corriente Político-Sindical Rompiendo Cadenas.

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