El 26 de octubre se cumplen tres años de la muerte de Jorge Reyna, un joven cordobés que murió en la comisaría de Capilla del Monte, a poco más de 100 kilómetros de Córdoba capital. El sábado pasado se realizó un encuentro para recuperar la memoria y las banderas de la lucha que se despertó a partir de este asesinato cometido por la policía de Córdoba.

Por la vida y en contra de la impune violencia policial, el reclamo siempre vigente de justicia movilizó una vez más al grupo de Familiares y amigos de Jorge Reyna y a un conjunto de organizaciones sociales a realizar una charla-debate a casi tres años de su muerte. Junto a la Coordinadora de familiares de víctimas de gatillo fácil, el Frente organizado contra el Código de Faltas (FOCCOF) y Carlos Orzaocoa (abogado y militante de Derechos Humanos), Olga Tallaprieta (mamá de Jorge Reyna) reavivó la lucha que la interpeló años atrás, movilizando emotivamente energías que se desgastan con los vaivenes de la burocracia judicial y la impunidad del aparato policial. En pleno auge de los diseños de nuevas políticas de seguridad y de la guerra contra el narcotráfico, recordar a Jorge Reyna nos obliga a recordar que murió denunciando un aparato de corrupción que no deja a los pibes en paz.

Un cuerpo lleno de verdades

San Esteban es una localidad pequeña ubicada al norte de la provincia de Córdoba. De allí era oriundo Jorge Daniel Reyna, de 17 años. Luego de haber transitado por el tristemente célebre Complejo Esperanza, Jorge cumplía con los requisitos que le exigía su libertad asistida presentándose ante la fiscalía de menores de la ciudad de Cosquín. El miércoles 23 de octubre de 2013 Jorge denunció en esa fiscalía que la policía de Capilla del Monte, ciudad próxima a San Esteban, lo utilizaba para robar y vender drogas. El sábado 26 de octubre, aparece muerto en una celda de la comisaría de Capilla del Monte. El Comisario Juan Castro estaba a cargo de esa comisaría en el momento en que a Jorgito lo mataron.

El domingo 27, más de 400 personas se autoconvocaron en la puerta de la comisaría expresando el repudio al hecho trágico que reflejaba el hostigamiento permanente de las prácticas represivas de la policía. La respuesta inmediata fue la represión. Al día siguiente, una nueva manifestación se concentró en una plaza a una cuadra de la comisaría. Ese día, el operativo policial contaba con la infantería de la provincia. La ciudad estaba sitiada y los uniformados persiguieron y amenazaron a familiares y conocidos de Jorge Reyna en una cacería que se mantuvo hasta la medianoche y culminó con 12 detenidos y varios heridos de balas de goma.

La policía no permitió que Olga, madre de Jorge, se acercara a ver el cuerpo ya sin vida que fue y volvió, autopsia de por medio, a la ciudad de Córdoba, de la que volvió en un cajón cerrado que Olga Tallapietra logró abrir para comprobar que no había marcas de ahorcamiento, sino hematomas y signos de una golpiza letal. Le habían dicho que Jorge se había ahorcado con una campera. La fiscal Alejandra Hillman confirmó que fue muerte por asfixia mecánica y excusó los golpes como producto del traslado de la ambulancia por el camino sinuoso que separa a Capilla del Monte de Córdoba capital. Así de absurdo es todo el escenario que circunda la muerte de este adolescente de 17 años que se hartó de ser hostigado por la policía provincial y decidió arriesgarse a denunciarla. Las redes de corrupción son un secreto a voces en esa pequeña ciudad en la que las sentencias judiciales se contradicen con las versiones de los vecinos que fueron testigos del secuestro y asesinato de Jorge Reyna: quienes vieron cuando se lo llevaban y quienes escucharon sus gritos pidiendo auxilio desde la celda.

Los horarios que informó la policía a la familia y las supuestas causas que le adjudicaron a Jorge para su detención se contradijeron una y otra vez y la irresponsabilidad del accionar policial quedó en evidencia en las respuestas frente a los reclamos que despertó el asesinato: reprimir a quienes se manifestaron y sitiar la ciudad con un operativo de la infantería de la provincia. Ésta es una respuesta conocida de las fuerzas de seguridad que se mueven en la impune ambigüedad de culpabilizar a los pibes por sus muertes y entorpecer los procesos de esclarecimiento de las causas.

Creer o desaparecer

Los jóvenes vulnerados son el blanco de las políticas de seguridad, viejas y nuevas. Inclusión o represión, siempre se piensa qué hacer con los pibes. Jorge Reyna denunció una alternativa extraoficial orquestada por la policía: acosar y perseguir a los pibes para que robaran y vendieran drogas. El reverso de la guerra contra el narcotráfico es una cadena de corrupción en la que los poderes de gobierno, las fuerzas de seguridad y las redes del narcotráfico cuentan con la venia de la Justicia para, en el cotidiano, hacer y deshacer vidas en función de sus intereses. Jorge Reyna intentó abrirse de la persecución policial y denunció el sistema que tiene como rehenes a los pibes. Su muerte fue la respuesta, y después de ésta: el maltrato a su familia, las contradictorias explicaciones judiciales y la represión a quienes reclamaron justicia.

A pesar de la impunidad vigente, el pedido de justicia persiste y se hará escuchar en las calles de Capilla del Monte el próximo Miércoles 26 en la marcha convocada por los familiares, amigos y vecinos que se autoconvocaron para denunciar el abuso policial en esa ciudad.

 *Comisión de prensa del Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCOF)

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En la provincia de Córdoba, la Cámara de Acusaciones aceptó una apelación para ordenar a un juez de control analizar un Habeas Corpus preventivo y colectivo para frenar las detenciones arbitrarias por parte de la policía.

El lunes 3 de octubre, mediante Conferencia de Prensa, organizaciones sociales anunciaron que la Cámara de Acusaciones dio lugar a una apelación para exigir que el juez de control, Esteban Ignacio Díaz, aceptara recibir y analizar un Habeas Corpus preventivo y colectivo para frenar las detenciones arbitrarias.

Movilizados contra los operativos de saturación sucedidos en mayo y septiembre del año pasado, un grupo de organizaciones sociales y vecinos y vecinas afectados decidieron poner en marcha herramientas jurídicas que los ampararan frente a estos atropellos policiales. “Se busca evitar que vecinos de ciertos sectores vulnerables sean detenidos arbitrariamente por parte de la policía”, señaló Maximiliano Campana, abogado de la Asociación Civil Clínica de Interés Público (CLIP).

En el marco de la lucha contra la violencia policial, estas herramientas jurídicas buscan tanto poner un freno al accionar discrecional de las fuerzas de seguridad como hacer mella en las instituciones judiciales, sentando jurisprudencia. El hábeas corpus es una herramienta procesal y constitucional frente a la amenaza de ver limitada la libertad ambulatoria; que sea colectivo implica, a su vez, una apuesta por visibilizar el problema de las políticas estatales de seguridad que penden como una amenaza sobre la integridad de grupos de vecinos y vecinas de ciertos barrios de la ciudad de Córdoba. “Si lo que nosotros estamos viendo es que es un problema colectivo y es un problema de la política de seguridad, solamente sería procedente a partir del análisis de varios casos y no solamente desde cada uno individual”, agregó Campana.

Uno de los argumentos esgrimidos por el juez que rechazó en un primer momento la medida fue, justamente, la característica de “colectivo”, ya que el hábeas corpus suele ser una herramienta utilizada siempre individualmente. Esto da cuenta de lo necesario de disputar los mecanismos judiciales instituidos para que empiecen a visibilizar y dar respuestas a las situaciones de violencia policial denunciadas sistemáticamente.

Por otro lado, en este nuevo fallo, la Cámara de Acusaciones obliga al juez de primera instancia a que abra la prueba para demostrar si existe la amenaza que denuncian las organizaciones sociales. Las pruebas están compuestas por testimonios de las víctimas de las razzias, documentos particulares y recortes periodísticos. Que los testigos que han sido citados puedan enunciar ante el juez las situaciones vividas es otra pequeña victoria en la visibilización de procesos que exigen una definición judicial: hechos que no existen no tienen responsables y no pueden reglamentarse.

La decisión del juez Díaz de rechazar el hábeas corpus fue apelada y ahora, un año después, fue aceptada. Así, la justicia deberá analizar las pruebas para determinar si hay una real amenaza o no por parte de la policía. Sólo resta esperar qué decisión tomará el juez al respecto, luego de analizar las pruebas.

“Un accionar casi como el que se dio durante la época de la Dictadura”

Centenares de personas, mayoritariamente jóvenes, fueron detenidas el año pasado en los llamados operativos de saturación en los que se desplegó el accionar abusivo e injustificado de la policía de Córdoba. Frente a la excusa de la “ocupación territorial” como política para los barrios rotulados como peligrosos, el abogado de CLIP explica que en las detenciones y los allanamientos que se realizaron no se respetó ningún tipo de garantías ni derechos, y de allí parte la intención detrás de la presentación del hábeas corpus: “Nos preocupa que ese tipo de prácticas pudieran empezar a generalizarse y normalizarse, por la gravedad de los hechos”, subrayó Campana.

Bajo la figura del Código de Faltas vigente en ese entonces se llevaron a cabo estos procedimientos donde la policía arrestó y detuvo arbitrariamente a habitantes de distintos barrios populares de la ciudad de Córdoba. Si bien el Código de Faltas ha sido sustituido por el nuevo Código de Convivencia, éste mantiene la ambigüedad que ampara el accionar arbitrario de las fuerzas de seguridad.

*Comisión de Prensa de la Marcha de la Gorra 2016.

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