Por Mario Hernandez

IVECO formalizó la decisión de «reconvertir» su planta cordobesa. A partir de noviembre pasará a ensamblar cabinas producidas en Brasil.

Actualmente todo se producía en Córdoba, pero la empresa decidió cambiar esto para unos diez modelos de cabinas de camiones -Trakker, Tector 170, 240, 260, Hi Road 360, 440, 480 y 560, Cursor 9 y Cursor 13- que ahora se fabricarían directamente en Brasil y solo se ensamblarían en Córdoba.

Leonardo Almada, secretario de Prensa de SMATA Córdoba, advirtió que el anunció se traducirá en “dejar de trabajar en la parte de chapa, de pintura, de almacenes. Es mucho, es la mitad del camión”.

En este contexto, desde el gremio de mecánicos presentaron una nota al gobernador Juan Schiaretti y al ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, pidiendo que intercedan para encontrar una solución. “Hay un plan que se firmó en el SMATA para cuidar el trabajo, donde se disminuyen horas, se generan suspensiones, y siempre terminan pagando los compañeros, mientras las empresas en vez de generar más trabajo o que no sea grave el impacto, cada vez es peor”, lamentó Almada.

El 1º de junio se cumplió el aniversario número 74 del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). Su conducción -liderada por Ricardo Pignanelli- lo “festejó” con nuevas suspensiones en las automotrices a pedido de las patronales. Ante al escenario de freno productivo que atraviesa el sector al calor de la recesión nacional, ya empezó a mostrar algunos hechos que destacan de qué lado está el sindicato. Veamos:

El mismo día del paro general del 29 de mayo, la empresa Renault de Córdoba firmó con el SMATA la suspensión de 1.500 trabajadores, reducción de la jornada laboral y baja de salario al 70%. También, con el visto bueno del SMATA, la multinacional norteamericana Ford suspendió durante el mes de mayo a 500 trabajadores y trabajadoras en su planta de Pacheco (Buenos Aires), con posibilidad de que se extiendan durante todo el 2019. En la planta de Peugeot ubicada en Tres de Febrero, que está enrolada en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) liderada por Antonio Caló, suspendieron a 2.000 trabajadores y trabajadoras, de los cuales la mitad son contratados.

El sector automotriz es uno de los más afectados en el marco de la recesión nacional y el desplome de la industria. Según datos oficiales que midieron en mayo la utilización de la capacidad instalada fue de apenas del 37%. Según los datos Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) la producción de automóviles en el mes de mayo se ubicó 16.555 unidades por debajo de lo alcanzado en igual mes de 2018, esto implica una caída interanual de 35,3%.

Sin embargo, las patronales de las automotrices multinacionales y autopartistas que hace años mantienen ganancias millonarias, utilizan el contexto recesivo a su favor para avanzar sobre las condiciones laborales de las y los trabajadores. Con la complicidad del SMATA, intentan trasladar el costo de la crisis sobre los trabajadores y trabajadoras que se expresa en rebajas salariales del 30 y 40%, según el acuerdo con cada automotriz; más de 11.000 suspensiones, retiros voluntarios y 3.500 despidos en las terminales y 1.500 en las concesionarias según datos del sindicato.

No obstante, Metalpar, que pertenece a una sociedad integrada por la chilena Metalúrgica Paredes y la brasileña Marcopolo, cerró sus puertas en marzo generando 600 despidos directos en la planta de Loma Hermosa y poniendo en riesgo cerca de 1.000 puestos laborales de proveedoras y autopartistas satélites. Al mismo tiempo, sembró preocupación sobre las y los trabajadores de la firma Metalsur, que el mismo grupo regentea en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

A principios de año hubieron 700 suspensiones en Honda, 1.500 en Renault, otras 2.000 en Peugeot y 2.000 en Fiat. Al respecto, Cristiano Ratazzi, el CEO de Fiat, afirmó: “Tuvimos que suspender 2.000 trabajadores. Son cosas que pasan”, y precisó que por un acuerdo con el gremio de mecánicos los operarios suspendidos “siguen cobrando el 75% del sueldo”. Para el empresario “No es tan grave” que hayan tenido que parar la planta: “Siempre hemos tenido que suspender trabajadores y luego tomarlos. Nos interesa Brasil, no Argentina”.

Con la industria paralizada, Ratazzi hizo una lectura más que positiva de la gestión Cambiemos: “El análisis de la gestión de Mauricio Macri es mejor que en los últimos 70 años”, dijo.

Por último destacó que “se va camino al superávit fiscal que es algo extraordinario”.

General Motors viene con suspensiones rotativas de 1.500 trabajadores y trabajadoras desde septiembre de 2018. Este año suspendió su planta rosarina desde el 15 de junio al 15 de julio, afectando a más de 2.500 personas. De manera directa serán casi 1.500 que cobrarán por ese lapso de tiempo un pago del 70% de sus ingresos de bolsillo. Y habrá otros 1.000 afectados en forma indirecta por las empresas proveedoras.

En junio volvieron las suspensiones en Ford y Peugeot, y Volkswagen solo trabaja 4 días de la semana. También la japonesa Toyota paralizó durante 4 horas la producción todos los días lunes de mayo y junio, estimándose que la reducción de la fabricación de la Hilux sería de un 5%. Las autoridades de la empresa informaron que “Los trabajadores van a cobrar el 100% de su sueldo y nadie será suspendido” y que para no generar exceso en la producción los obreros deberán realizar capacitaciones.

En abril Toyota suspendió a sus operarios el 1, el 18 y el 28, en la planta de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 5.000 empleados agremiados al sindicato. La empresa ya le había comunicado al personal que mes a mes irá viendo las necesidades de parar la producción de acuerdo al ritmo de las ventas y había cortado la actividad de los sábados, día que los empleados aprovechaban para hacer horas extra y la firma para abultar la cantidad de unidades fabricadas. Además, anunciaron sus planes de frenar la producción una semana completa en julio.

Este efecto se traslada a las autopartistas, por ejemplo, en Lequipe Monteur (conjunto de paneles) e Irauto (techos), que emplean en su mayoría a mujeres, las suspensiones superan a 200 trabajadoras y más de 50 despidos.

Caída sin freno

Jorge Cadús escribió en “Complejo automotriz: Caída sin freno” lo siguiente: “Dos años después del lanzamiento del Plan Un Millón de Vehículos, las políticas públicas implementadas por Mauricio Macri desataron una situación de crisis estructural en el complejo automotriz que terminaron boicoteando ese programa: plantas que producen al 15% de su capacidad instalada, cierre de empresas emblemáticas, suspensiones, retiros voluntarios y despidos, caída sostenida en la producción, derrumbe de las exportaciones e invasión de autos importados. Muy lejos de las promesas del 0KM, la situación pone al descubierto uno de los costados más oscuros de la destrucción del trabajo en tiempos de la Alianza Cambiemos”.

El 15 de marzo del 2017, el presidente Mauricio Macri presentó el plan “Un millón de vehículos”, que planteaba la interacción del Gobierno Nacional, las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe y los sectores empresariales y sindicales para llegar a esa cifra de producción en el año 2023.

“Hoy es un día muy especial e histórico para la industria”, enfatizó entonces Macri, remarcando que el plan “gira sobre dos ejes fundamentales que son producir un millón de automóviles y cuidar a la familia de trabajadores de esta industria” (sic).

Aquel acuerdo fijaba como primer objetivo incrementar la producción hasta llegar a 750.000 vehículos en 2019; para luego dar otro salto y alcanzar el millón de unidades en 2023. En forma simultánea, se suponía aumentar la integración de autopartes producidas localmente; y diversificar los mercados de exportación con la idea de vender por lo menos un 35% de la producción a destinos extra Mercosur.

Dos años después, la situación del complejo automotriz aparece como el costado más oscuro de la destrucción del trabajo en los tiempos de la Alianza Cambiemos: plantas que producen al 15% de su capacidad instalada cuando no deben bajar las persianas, suspensiones, retiros voluntarios y despidos, caída sostenida en la cantidad de unidades producidas, derrumbe de las exportaciones, y una inédita invasión de autos importados”.

El estudio “El complejo automotriz en los 3 años de gestión de Cambiemos. Cada vez mas lejos del millón”, producido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señala que la producción de vehículos cayó 16,5% entre 2015 y 2018, cuando se pasó de fabricar 543.467 unidades a 466.649 unidades. En forma paralela, devela que “se comprueba un fuerte y constante reemplazo de producción local por importada”: en 2018 se vendieron 46,8% autos nacionales menos que en 2015. Es decir que el resultado de los tres años de gestión macrista expone la apertura comercial. Así, “al cabo de tres años de la gestión de Cambiemos, se da un proceso de crecimiento de la participación de los vehículos importados en las ventas de las terminales a los concesionarios, pasando del 52,7% en 2015 al 71% en el año 2018, mostrando una dinámica que pareciera estructural en esos niveles”, concluye el trabajo del CEPA.

Bajo amenaza de despidos se impone la reforma laboral de hecho

En Córdoba directivos de Renault y representantes del SMATA firmaron un acuerdo con el objetivo de “proteger la fuente laboral y minimizar las pérdidas económicas” por el que la empresa se compromete a no despedir y las y los trabajadores aceptan bajar sus salarios.

El acuerdo contempla una reducción de la jornada laboral y de sus sueldos, que quedarán al 70% del nivel actual. El convenio se hizo ante el Ministerio de Trabajo provincial y el texto regirá hasta el 31 de marzo de 2020. Prevé una reducción de la jornada a seis horas y dos turnos de trabajo para los operarios comprendidos en el Convenio colectivo de trabajo 15/89 «E».

El primer turno es de 6 a 12 y el otro, de 12 a 18 horas. Por el tiempo de reducción de jornada diaria, la terminal pagará el 70% del salario neto. El convenio prevé, además, suspensiones temporales (se mantendrá el pago del 70% del sueldo neto) de las actividades productivas en la planta de vehículos particulares y pickups, la posibilidad de que el personal adelante vacaciones y la prórroga de 480 contratos a plazo fijo.

La terminal asume el compromiso de mantener los 1.500 puestos de trabajo vigentes, “no produciendo despidos por razones económicas o falta de trabajo”.

Mientras, la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba busca un acuerdo similar con la UOM, pero el gremio se resiste a esa propuesta. “Ante la sugerencia de algunos sectores de la industria metalúrgica de querer que la UOM firme el mismo convenio que firmó SMATA con Renault, nosotros nos vamos a resistir y no vamos a flexibilizar para nada nuestro convenio”, afirmó el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica Córdoba, Rubén Urbano.

En Toyota, cuya planta está ubicada en la localidad bonaerense de Zárate, la receta fue similar. Los lunes continuarán trabajando medio turno por la mañana, sin producir pero con la gente adentro para evitar conflictos. Además hubo suspensiones el 21 de junio y del 29 de Julio al 2 de agosto inclusive.

La otra decisión trascendente en la terminal japonesa es que se pactó que los contratados, aproximadamente el 34% del total del personal operativo, permanecerá en esa condición hasta 5 años para no aumentar los costos empresariales. Hoy ese período suele rondar entre los 18 meses y los 2 años.

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Por Mario Hernández Foto: BAL[i]

En los últimos quince meses, ocho trabajadores/as del sector petrolero murieron en Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Según datos oficiales, de la Subsecretaria de Ambiente de la provincia, ente 2015 y 2018 se produjeron 3.368 accidentes en el sector de los hidrocarburos, de los cuales el 48 % (1.637 casos) ocurrió entre 2017 y 2018. En el período que va de enero a octubre del año pasado se registraron 934 incidentes. También ocurrieron accidentes ambientales.

Convenios colectivos a la medida de las petroleras

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, conducido por el senador nacional del MPN, Guillermo Pereyra, convalidó la modificación del Convenio Colectivo de Trabajo impulsada por el Gobierno nacional y las operadoras. El presidente Mauricio Macri prometió que las adendas (apéndices al contrato), solo en Vaca Muerta,  traerían “más inversiones” y la creación de “medio millón de puestos de trabajo”. Pereyra, por su parte, le garantizó la “paz social” al firmar un nuevo acuerdo que le impidiera a los trabajadores realizar huelgas, con el objetivo de proteger la “seguridad jurídica”.

Según datos oficiales del Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial, que depende la Secretaría de Trabajo,  entre diciembre de 2015 y 2017, se destruyeron en esa provincia 2.437  puestos de trabajo directos del sector de los hidrocarburos.  Luego, de acuerdo a lo convalidado por el propio sindicato,  fueron recontratados 1.400 trabajadores pero flexibilizados.

Lo que sucede en Vaca Muerta es la crónica de un accidente anunciado”, sostuvo Hernán Palermo,  director de la Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo e investigador del CONICET, “en Vaca Muerta ocurre un proceso de pauperización bestial de las condiciones objetivas de trabajo. Macri inauguró ese Convenio Colectivo entre 2016 y 2017 como el caso testigo para el resto de las ramas de la industria y si lo comparás con el resto de las actividades, hay cosas atroces: cuadrillas incompletas que pueden operar, trabajo nocturno, modificaciones en el trabajo en altura con fuertes ráfagas de viento.

El domingo de la semana pasada, Cristian Baeza, un joven de 34 años, cayó a un tanque de combustible de la empresa Pecom (Grupo Pérez Companc), que prestaba servicios para Tecpetrol, la firma del Grupo Techint. Su compañero, Maximiliano Zappia (24), intentó rescatarlo pero ambos murieron.

Tuvieron que suceder estas muertes para que el titular del sindicato, Guillermo Pereyra,  intentara una autocrítica y luego de una asamblea el viernes pasado el gremio decidió frenar las operaciones en Pecom hasta que se garanticen las medidas de seguridad. A través de un comunicado, el gremio señaló que “parar la planta de Tecpetrol no es una medida de fuerza sino de una revisión de la seguridad en la actividad”.

El paro del sindicato petrolero comenzó el lunes 13 de mayo,  incluyó la inspección sindical a las instalaciones de la empresa Tecpetrol. En la medida de fuerza también reclamaron la reducción de la jornada 10 por 5 y la eliminación de los campamentos a campo abierto y de los recorredores de los pozos. De acuerdo a lo informado por la agencia Mundo Gremial, las inspecciones continuarán por el resto de la cuenca.

César Poo (46) falleció el 4 de febrero de 2018, en Agua Salada, a pocos kilómetros de Catriel, cuando realizaba tareas en un equipo de perforación. El operario era parte del equipo de la empresa contratista Ensign, que brindaba servicios para la firma Tecpetrol.

Julio César Sánchez (37) murió el 22 de mayo del año pasado aplastado por una piedra cuando llevaba a cabo trabajos para el área El Mangrullo, como operario de la firma UGA, tercerizada por Pampa Energía.

En julio de 2018 perdió la vida Daniel Torres (26), luego de permanecer internado con severas quemaduras; realizaba trabajos para la firma Omega, en Añelo. Y en agosto murió Miguel Ángel Chocala Fernández (35), empleado de la empresa Nabors (Yacimiento de El Chañar).

Mauricio Segura (35) ingresó a trabajar por primera vez en el sector petrolero en agosto de 2018. Fue uno de los trabajadores que se incorporó al sector luego de los 2.400 despidos en la provincia, flexibilización mediante. Tres meses después murió.

Según Santiago Nogueira, diputado neuquino por Libres del Sur, “estas muertes son muy difíciles de disociarlas de la carrera alocada por reducir los costos de la actividad. La mayoría de los accidentes se produjeron entre los días 10 y 12 del régimen laboral de 14×7 (se trabaja dos semanas de corrido y se descansa una), que son los momentos en los cuales el trabajador está con menos atención, cansado, ya preocupado de volver a su hogar. Y esto tiene que ver con la adenda firmada para los no convencionales”.

La adenda al Convenio colectivo del sector incluyó la disminución de la cantidad de trabajadores por pozo y cuadrillas, las multitareas, una expresa limitación para realizar medidas de fuerza; se modificaron también las restricciones para trabajar en el montaje de torres cuando ocurrieran fuertes ráfagas de viento (hasta 60 kilómetros por hora). Al momento de firmarlo, las empresas petroleras estimaron un recorte del 40 % en sus “costos laborales”.

Asesinatos laborales

Brian trabajaba en una papelera. Sandra y Rubén trabajaban en una escuela. Martín trabajaba en el cableado eléctrico del ferrocarril. Nahuel, Cristian, Néstor, Rodrigo, Luciano, Jonatan, Carlos, Rodrigo y Salvador trabajaban en altamar. Trabajadores y trabajadoras que perdieron la vida por el simple hecho de ir a ganarse el pan de cada día. Sus nombres integran la lista de los 375 asesinatos laborales que se produjeron en la Argentina entre octubre de 2017 y septiembre de 2018. La realidad que se desprende de esa cifra es invisible para la mayoría de la sociedad: en el país muere una persona cada 20 horas por condiciones inseguras en su lugar de trabajo. Por eso se habla de asesinatos y no de accidentes laborales.

Para darle visibilidad a esta problemática, en diciembre pasado se presentó en Buenos Aires el primer “Informe Anual de Asesinatos Laborales en Argentina”, elaborado por el espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL). Allí confluyen familiares de víctimas, el Taller de Estudios Laborales (TEL), el colectivo de cine militante Silbando Bembas y diversas Comisiones internas y representantes gremiales “combativos” (delegados de la Línea 60 de colectivos, trabajadores del neumático pertenecientes al SUTNA, la Junta Interna de ATE en el INTA, Municipales de Avellaneda, docentes de SUTEBA Tigre, ferroviarios y bancarios, entre otros).

El informe fue elaborado a partir de datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y un relevamiento propio de testimonios directos y fuentes periodísticas. De las 375 muertes registradas en 12 meses (octubre 2017-septiembre 2018), el documento menciona que “la amplia mayoría de los/las trabajadores/as muertos/as eran personas jóvenes (entre 30 y 40 años)”. Además, “se conocen casos de personas mucho más jóvenes que fueron enviadas  por las jefaturas a realizar tareas muy peligrosas, sin la capacitación y los elementos necesarios”, con casos extremos en los que “su primer día de trabajo en una empresa fue el día de su muerte”.

Son todas muertes evitables provocadas por falta de medidas de seguridad por parte de las empresas o los organismos empleadores. Luego está la ausencia del Estado, tanto en el control como en la sanción a través de la Justicia. El tercer agravante es el rol de las burocracias sindicales, que actúan en complicidad con las patronales y el Estado al no levantar la voz cada vez que se pierde una vida en el trabajo.

Tomando en cuenta las ramas de actividad, los asesinatos laborales contabilizados corresponden a: Transporte (20%), Construcción (18%), Industria (12%), Agropecuaria (11%), Comercio (11%), Administración pública (10%), Servicios financieros (5%), Servicios (5%), Pesca (3%), Electricidad (2%), Minería (2%) y Otros (1%).

Desde BAL remarcaron especialmente que la información suministrada es parcial: solo se computaron los llamados “accidentes en el trabajo” (si se contemplaran los “accidentes in itinere” -en el viaje del hogar al trabajo y del trabajo al hogar- las cifras serían más abultadas) y solo se tomó en cuenta a la población con trabajo registrado (excluyendo a, por lo menos, un tercio de la clase trabajadora que cumple tareas de modo informal). En este laberinto de grises hay que agregar que muchas empresas y organismos tercerizan sus tareas (restringiendo derechos laborales) y que “sólo el 45,2% de los trabajadores y trabajadoras formales encuestadas” por la SRT manifestaron estar cubiertos por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

El informe también señala que “es llamativo que no exista prácticamente registro de las muertes por enfermedades profesionales (EP)” en el país, ya que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo las EP tienen una incidencia mucho mayor que los “accidentes” en los decesos. Puesto en perspectiva, el drama de los asesinatos laborales parece todavía mucho más grave de lo que reflejan las cifras oficiales.

[i] Basta de Asesinatos Laborales

Notas relacionadas:  

BASTA DE ASESINATOS LABORALES

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Por Mario Hernandez | Foto: Conclusión

Con el objetivo de visibilizar la situación que afecta a Sport Tech, sus trabajadores y trabajadoras ubicaron las máquinas de coser en la puerta de la fábrica con una gran bandera “No al vaciamiento, Sí al trabajo”. Esta medida consiste en realizar changas de costura en la vereda y de esa forma resistir y a la vez visibilizar sus ganas de trabajar.

La postal de la calle Iturraspe en el partido de San Martín es de la ex fábrica Sport Tech, hoy Cooperativa 8 de Enero. La constante presencia de decenas de trabajadores y trabajadoras demuestran la convicción de lograr que la justicia permita la continuidad para poder producir colectivamente. El ruido de las máquinas muestra la voluntad de continuar trabajando, ya sin patrones ni estafadores, con pedidos de las grandes marcas deportivas y la posibilidad concreta de llevarlo adelante.

Las y los trabajadores, organizados en el Sucev-CTA-A (Sindicato Unidos de Costureros y Empleados del Vestido),  resistieron la quiebra a principios de año, que ellos califican de fraudulenta, y conformaron la Cooperativa 8 de Enero. La causa para que la cooperativa se haga cargo de la empresa que recaló en el Juzgado Comercial 25 de la CABA, a cargo del Dr. Horacio Robledo, parece ser sometida a constantes dilaciones, tal como denuncian las y los trabajadores. “Por una decisión política del Juez y del Síndico nos están dilatando hace tres meses la posibilidad de trabajar”. Y agregaron que “tenemos pedidos de varias fábricas. Somos una de las pocas cooperativas formadas que tiene ya pedidos comerciales para empezar a trabajar y poder dar sueldos por lo menos de 15.000 pesos a más de 70 familias. Sabemos que 15.000 pesos es una miseria, pero por lo menos queremos empezar a trabajar”, explicó Fernando Castillo, trabajador de la ex Sport Tech y Secretario General de SUCEV-CTAA.

Castillo opinó que “además hay más de 70 familias que tienen sus sueldos aprisionados o retenidos por el Juez y el tipo en vez de repartir los sueldos lo puso en un plazo fijo en dólares. Lamentablemente, él tiene ese derecho legal de hacerlo, pero no es moral, los compañeros necesitan la plata para pagar el alquiler, los compañeros necesitan comprar alimentos, pagar su medicación, ya tenemos muchos compañeros enfermos por permanecer acá, con bronquitis y neumonía”.

Voces de las y los trabajadores

En una entrevista  para la Revista Resistencias,  Fernando Castillo, trabajador de la ex Sport Tech y Secretario general del sindicato SUCEV, Mirta Franco, trabajadora de la ex Sport Tech y prensa del sindicato SUCEV y Pablo Puebla, Secretario General de la CTA Autónoma de San Martín y referente de la OLP, explicaron sobre la situación.

¿En qué situación se encuentra el conflicto?

Fernando Castillo: Se van sumando conflictos día a día. El primer conflicto fue un patrón siniestro, Pablo Enrique, que estaba fraguando una quiebra fraudulenta para vaciar la fábrica. Por suerte la organización nuestra, el Sindicato Único de Costureros y Empleados del Vestido (SUCEV –CTAA), pudo impedirlo.

Se pudo frenar el vaciamiento y se ganaron los sueldos adeudados de enero y febrero, aguinaldo, vacaciones y el bono de 5.000 pesos. Cuando lo ganamos, ahí nace otro problema. Automáticamente dan la quiebra, que es completamente fraudulenta, no investigaron nada y la dieron. El juez, en vez de entregarnos los sueldos, los pone en un plazo fijo.

Otro problema es que el juez no termina de autorizar que nosotros trabajemos en forma de cooperativa. Si esto se autorizara daría trabajo a, por lo menos, 72 familias.

 ¿En qué situación se encontraba la fábrica previo al pedido de quiebra?

Mirta Franco: Nosotros denunciamos que es una quiebra fraudulenta. ¿Cómo puede ser que una fábrica que tiene pedidos de las marcas más importantes del mundo quiebre? Por ejemplo, pedidos para 80.000 prendas de Nike y otro de 60.000 de Puma, para hacer camisetas a un club tan importante como Independiente.

La fábrica tiene capacidad para dar trabajo a 500 trabajadores, nosotros no estamos luchando solamente para los 72 actuales. Estamos pensando en poner una escuelita para que aquel trabajador que no pueda conseguir trabajo, pueda aprender y conseguir.

¿Cómo van a continuar?

Mirta Franco: Ahora nuestro problema es que el juez no nos está autorizando poder seguir trabajando. Por eso decidimos poner las máquinas acá en la vereda para que, aunque sea, podamos llevar el pan de cada día a nuestros hijos. Estamos luchando en contra de muchas cosas porque nos hicieron denuncias, pero la fábrica está intacta gracias a nosotros que estamos acá día y noche.

¿Que representa la lucha de Sport Tech?

Pablo Puebla: Los compañeros y compañeras de la ex-fábrica Sport Tech resisten al modelo neoliberal, asociándose y clavando una bandera de esperanza de que se puede salir adelante y construir sus propios trabajos.

Ante esta situación, vecinas, vecinos, organizaciones sociales, organizaciones políticas y pequeños y medianos empresarios textiles de la zona, se acercaron a solidarizarse con los trabajadores. Lo más importante es que están produciendo, levantaron dos pedidos para llevar adelante. Inclusive uno que está a un nivel de exigencia de primera calidad, que nos representará en el deporte a nuestra selección argentina.

Fuentes: ACTA-CTA, Revista Resistencias, Resumen Latinoamericano

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Por: Mario Hernández Foto: Venceremos

CANALE, se constituyó cooperativa COTRAMEL  

El pasado sábado 9 de marzo, con un acto realizado en la puerta de la fábrica CANALE de Llavallol, dieron por finalizado el acampe de 130 días. Las y los trabajadores esperan que la justicia dictamine la quiebra, para proceder a la recuperación de esa fuente de trabajo. Entre su personal algunos/as de más de 30 años de antigüedad en una empresa con 80 años de antigüedad.

Sus trabajadoras y trabajadoras ya han constituido la cooperativa COTRAMEL – Cooperativa de Trabajo Metalúrgica de Llavallol, que ya está matriculada en el INAES.

Nicolás Macchi, delegado y actual presidente de COTRAMEL, en el acto expresó, “130 días de una lucha estoica de los (y las) trabajadores metalúrgicos de CANALE Llavallol, mis compañeros. El trabajo dignifica y acá vamos a seguir trabajando, de acá no nos mueve nadie”.

También se refirió al proceso de vaciamiento que llevó adelante el presidente de CANALE, Camilo Carballo, también vicepresidente de la COPAL. La planta de Llavallol es parte de un grupo empresario con plantas repartidas en todo el país que fueron cerrando o disminuyendo sus operaciones desde hace cinco años aproximadamente.

Mientras están a la espera de la decisión del juzgado comercial de Catamarca, las y los trabajadores fueron hasta allí para hablar con el síndico y los jueces y lograron obtener la custodia de las máquinas y el predio. Están a un paso de recuperar la empresa. “A partir del lunes 11 (de marzo) volvemos a ingresar a la fábrica para empezar un plan integral de mantenimiento a la espera de la resolución del juzgado y a volver a trabajar como Dios manda”, afirmó Macchi.

Y dejó un mensaje hacia delante: “Ojalá nuestra lucha sirva de referencia, sea un faro para muchos trabajadores y trabajadoras, que sepan que acá hay un lugar, un grupo de compañeros honestos y luchadores que los van a recibir con los brazos abiertos, sin importar de qué palo sean”.

Cabe destacar el trabajo de la Comisión de Mujeres de CANALE que fue un eje de la lucha, tal como ocurre en cada recuperación de empresa o lucha obrera contra los despidos.

Sport Tech, conforman la Cooperativa Textil 8 de enero

El 8 de enero fue el día en que comenzó el conflicto y la ocupación pacífica de la fábrica Sport Tech contra el cierre y por el pago de los salarios adeudados a sus 120 trabajadores y trabajadoras organizadas en el Sindicato Único de Costureros y Empleados del Vestido (SUCEV).

Después de casi un mes de ocupación pacífica, numerosas audiencias en la Secretaría de Trabajo de San Martín y una fuerte presión ejercida a través de la movilización popular, la asamblea de trabajadores y trabajadoras de Sport Tech definió la conformación de la Cooperativa Textil 8 de Enero.

Mientras las marcas Adidas, Puma y Nike se hicieron eco de la demanda popular y efectuaron depósitos para saldar la deuda con los trabajadores y trabajadoras, la Justicia determinó la quiebra de la empresa, favoreciendo una vez más a la patronal que adeuda dos meses de salarios, bono de fin de año y aguinaldo.

Finalmente las y los trabajadores consiguieron que se les pague parte de la deuda y, en asamblea, resolvieron la conformación de una cooperativa textil: “Esto es gracias a la organización que logramos en el SUCEV y con la CTA Autónoma. La burocracia sindical nos mandaba a nuestras casas, y nosotros decidimos tomar la fábrica, e ir a las audiencias junto con la CTA Autónoma”, explicaron las y los trabajadores.

Más recuperadas

• Los y las trabajadoras de la Cooperativa Gráfica El Registro (ex Pellerano) fueron desalojados, el viernes 29 de marzo, por oficiales de fuerzas de seguridad a partir de una orden judicial que dictamina la “restitución del inmueble a sus propietarios”.

La cooperativa de trabajo se había formado en noviembre de 2017, luego de que la empresa presentara la quiebra. Trabaja hace más de un año a partir de un fallo, del juzgado comercial Nº 2 a cargo del juez Hernán Segnaris, que les dio la continuidad laboral a los trabajadores.

La Cooperativa exigió que si ellos no van a poder ingresar que tampoco lo hagan los ex dueños, por el peligro de robo o roturas de máquinas por lo que se acordó que haya una custodia policial hasta el lunes 1º de abril para garantizar que nadie entre al taller.

Con un gran apoyo sindical y de organizaciones locales los gráficos de la Ex Pellerano encararon un fin de semana de acampe frente al taller.

• Los y las trabajadoras del Diario El Patagónico, de Comodoro Rivadavia (Chubut), realizaron un “desayunazo” el viernes 29. Después de un año y tres meses del intento de vaciamiento del medio de comunicación, un grupo de 50 trabajadores sostiene las fuentes de trabajo y la circulación del diario en la calle como así también en el ámbito virtual a través de El Patagónico web. Esperan una resolución al conflicto que los mantiene sin poder regularizar el pago de salarios y cargas sociales.
• Cumplidos los plazos legales, y con las presentaciones correspondientes realizadas a la justicia por parte de la cooperativa, el 1º de abril las y los trabajadores de Roux Ocefa se movilizaron nuevamente al Juzgado Nº 16 exigiendo la continuidad laboral. Ahora queda esperar que el juez vuelva a recibir el expediente para decidir si aprueba o no la continuidad.

Hace casi 3 años que las y los trabajadores del laboratorio están en conflicto y llevan ya 6 meses ocupando la planta para impedir que completen el vaciamiento iniciado por los dueños originales. Después de haber lidiado con diferentes patronales que sólo perseguían intereses individuales, consiguieron apropiarse de la fábrica y acondicionarla. Si bien los papeles están en regla y los requisitos cumplidos, todavía les faltan las habilitaciones de la ANMAT para empezar a producir.

• En una conferencia de prensa el viernes 29 de marzo frente a los portones de la fábrica,  las y los obreros de Cerámicas Neuquén, acompañados por familias y distintas organizaciones anunciaron desarrollar una gran campaña contra el remate, debido a la grave crisis que atraviesan y en defensa de las gestiones obreras ceramistas.

Sindicatos, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, estudiantiles y de artistas, manifestaron su solidaridad activa en defensa de los puestos de trabajo y contra un eventual desalojo de Cerámica Neuquén.

Entre las primeras resoluciones se acordó desarrollar una gran campaña contra el remate de Cerámica Neuquén y se realizó una actividad de difusión en el trueque del oeste de la ciudad, mientras que el lunes hubo una volanteada en el parque industrial.

El miércoles 3 de abril marcharon desde el monumento a San Martín hacia la Casa de Gobierno para exigir la continuidad de los puestos de trabajo y por la situación de las fábricas ceramistas.

• La Cooperativa de Trabajo Talleres Junín (Cottaj) dejó de producir el lunes 25 de marzo por dificultades económicas y de acceso a licitaciones acordes al esquema de la empresa.

El cierre por tiempo indeterminado se definió con el objetivo de “ahorrar energía” ya que “el costo es muy grande” e injustificado mientras no haya demanda.

“Hace 25 años que tenemos estos problemas en las cooperativas, pero los últimos años nos mató el aumento de las tarifas. Hoy por hoy, nosotros estamos trabajando para Belgrano Cargas Logística. Su forma de trabajar no es buena para las cooperativas. Hace falta un capital financiero para arrancar que es complicadísimo”, explicó Pedro Rodríguez.

Agregó la dificultad que además implican las altas tasas de interés como la sustentabilidad. “A la cooperativa nadie le va a dar un crédito por 100.000 dólares, como necesitaríamos para esas licitaciones. Queremos licitaciones más chicas. El último trabajo lo realizamos a fines de diciembre, y en una cooperativa, cuando no facturás, sos boleta”, concluyó.

Bauen

Las y los trabajadores del hotel Bauen, ícono del movimiento de empresas recuperadas, sufrieron un importante revés judicial, unos días antes de que empezara la feria judicial, el 26 de diciembre del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazara la presentación del recurso. “Lo que pensamos hacer en el plano jurídico es elaborar una denuncia contra la sentencia de la Corte en el marco de tribunales internacionales” comentó Ataliva Dinani, abogado del Bauen. “Actualmente nos encontramos abocados a estudiar si vamos a hacer una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o bien en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y por su intermedio ante la ONU”.

Sus asociados/as buscarían así la tutela efectiva del derecho al trabajo, “conculcado y violado no solo por el ex empleador, sino también avalado judicialmente por el fallo, que no quiere decir que sea legítimo, por más que tenga la forma legal”.

La cooperativa se formó en marzo de 2003, el mismo mes en el que fueron recuperadas las instalaciones por un pequeño grupo de entre 20 y 30 fundadores. En este momento ocupa 90 trabajadores y trabajadoras, que llegó a tener 130.

Fuentes: Radio Gráfica, Anred, Secretaría de Comunicación de la CTA-A Provincia de Buenos Aires, Resumen Latinoamericano y La Izquierda Diario.

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Por Mario Hernández  Foto La Síntesis

“Quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, vamos a poner en marcha un millón de créditos a 30 años (…) con cuotas similares a las de un alquiler”, fue uno de los anuncios   que realizó Mauricio Macri en el marco del debate presidencial con Daniel Scioli, en 2015. Hasta febrero de 2019, la cantidad de créditos apenas supera los 150.000 y la situación de los deudores se ha tornado desesperante.

Créditos UVA,  la situación es insostenible

Cuando el gobierno de Cambiemos lanzó la innovadora idea de otorgar créditos en Unidad de Valor Adquirido (UVA), que indexa por inflación, miles de familias se endeudaron con la promesa de bajar la inflación o que estos créditos aumentarían a la par que los salarios. Nada de esto ocurrió y hoy quienes se endeudaron no saben cómo hacer para pagar las cuotas que suben al ritmo de la inflación, mientras no sucede lo mismo con los salarios.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe basado en un crédito de 80.000 dólares, acordado en abril de 2016 en el Banco Nación (BNA), con una duración a 30 años, con una tasa del 3,5% anual. Este crédito tenía una cuota inicial, en abril de 2016, de 5.353 pesos. Esa cuota alcanzó en febrero de 2019 los $ 12.214; es decir, 128,2% más, lo que equivale a $ 6.861 adicionales.

El informe destaca que el mayor impacto se produjo en el último año, donde la cuota pasó de $ 8.252 en febrero de 2018, a $ 12.214 en febrero de 2019. Se trata de un incremento de $ 3.962 en la cuota, que representa un 48% de aumento.

El incremento desde que se tomó el crédito, en abril de 2016 hasta febrero de 2019, refleja en  el monto adeudado una diferencia que equivale al 115 %.

Mariela Cancelliere, miembro del grupo Hipotecados UVA Autoconvocados, explicó, “no somos clase media acomodada, somos laburantes que alquilamos durante años y nos metimos en el sueño de la casa propia. Queremos poder pagar nuestra deuda, no queremos subsidios. Pero la situación es insostenible”.

A fines del año pasado, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció una serie de medidas a partir de las cuales las cuotas UVA no podrían superar el 10% de suba del incremento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), un índice que mide los salarios. Sin embargo tal como afirma Mariela, “fue una medida engañosa porque no salió nada en el Boletín Oficial y los bancos nos dijeron que no tenían novedades sobre algún cambio”.

Hipotecados Autoconvocados

“Hipotecados UVA Autoconvocados”, es el grupo de Facebook creado a mediados de 2018, por cinco personas que advirtieron los peligros que podría acarrear una escalada inflacionaria sobre los créditos UVA. Hoy pasado un año, las y los autoconvocados agrupan a más de 4.000 personas.

El objetivo común es encontrar una solución a la problemática de los créditos UVA. “No solamente está el grupo de Capital sino que también hay otros en Santa Fe, Rosario, Mendoza, Córdoba y La Plata, entre otras regiones de todo el país. Cada uno de estos grupos tiene miles de miembros y se están organizando por regiones”, destacó Mariela Cancelliere y agregó  “Estamos convencidos de que no hay otra salida que la voluntad política porque no podemos luchar contra los bancos. Somos la parte vulnerable”.
“Como están planteados, y si las cosas siguen así en el país, los créditos son inviables, no los va a poder pagar nadie, esa es la realidad. Lo que nosotros queremos es que se busque una solución. Se han presentado varios proyectos en el Poder Legislativo y queremos que se debatan para ver si se encuentra alguna alternativa”, dijo Guillermo, quien sacó una hipoteca junto a su pareja para tener una propiedad donde formar una familia.

Debido a la brecha entre inflación y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), una cláusula gatillo le abrió la posibilidad a más de 34.000 deudores, para solicitar una prórroga del 25% en el plazo de la devolución del total, que puede ser usada por los usuarios por única vez en todo el período que dura el contrato.

Sin embargo, las y los involucrados insisten en que nadie quiere extenderse aún más tiempo para saldar la deuda, ya que la gran mayoría son a 20 o 30 años y porque la reducción en la cuota es de menos de 14%, un beneficio que rápidamente sería devorado por la inflación.

“Me preocupa la situación económica del país porque obviamente nos afecta a todos los hipotecados. Desde mi humilde opinión, lamentablemente este sistema fracasó porque ha afectado a un montón de familias a las que les han llegado mails ofreciéndoles la opción de extender el plazo, que es una cláusula para ser usada en situaciones muy extremas. Que a tres años de haber lanzado el sistema UVA ya lo estén usando evidencia este fracaso”, dijo Verónica, otra afectada.

Inquilinas e inquilinos en apuros

En la Ciudad de Buenos Aires, el 40% de los inquilinos dice no llegar a juntar el dinero para pagar cada mes. Sumado a los grandes aumentos en expensas y gastos de servicios, la incidencia de los alquileres representa para muchos argentinos más de la mitad de sus ingresos.

“El elemento más alarmante es que los alquileres tienen la incidencia más alta de la historia en los ingresos de las y los inquilinos, y las consecuencias inmediatas son tener que bajar la calidad de hábitat por tener que mudarse a barrios más alejados, modificar la vida teniendo que vivir en un hotel familiar o inquilinato o una vivienda familiar que alquila camas”, afirmó Fernando Muñoz, el director del área de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un informe de la Defensoría muestra que en los últimos meses aumentaron dramáticamente las consultas de las y los inquilinos con dificultades para seguir pagando el alquiler, que preguntan cómo hacer para terminar el contrato anticipadamente o para solicitar una intervención del organismo para poder continuarlo. Uno de cada tres de estos consultantes termina por rescindir el contrato.

Los contratos de alquiler en Argentina se limitan a dos años y, desde hace 10 años, por el continuo efecto de la inflación en los precios, tienen cláusulas que aumentan el valor de las mensualidades cada seis meses, aplicando el porcentaje de ajuste sobre el semestre anterior y no sobre el original. Además, la renovación del contrato implica confeccionar uno nuevo, que puede estar atado a nuevas condiciones, nuevos precios y mayores gastos.

Falsas promesas 

El 15 de abril de 2016 el presidente Mauricio Macri llegó a la ciudad de La Paz, Entre Ríos, en medio de una fuerte crecida que afectó a la región, acompañado por los ministros de Interior, Rogelio Frigerio; de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y del ex de Agroindustria, Ricardo Buryaile, además de autoridades provinciales y municipales.

Los medios oficialistas (nacionales y provinciales) aprovecharon la ocasión para distribuir las fotos de rigor, con Macri recorriendo en helicóptero las zonas inundadas. El mandatario habló de “zona de desastre”. Tenía razón: había más de 15.000 afectados por las crecidas.

Las inundaciones afectaron a varias provincias, no solo a Entre Ríos. También se vieron perjudicadas Corrientes y Santa Fe.

Ante el “desastre”, el Gobierno de Cambiemos prometió todo tipo de obras, entre ellas, la fabricación de viviendas para los y las vecinas más afectadas, que en Entre Ríos llegaron a adjudicar 1.817.  En ese momento expresaban que “El Presidente está preocupado y ocupándose del tema. A la intensidad y duración de los fenómenos climáticos, se sumó la desidia y la falta de inversión de los últimos años”, aseguró entonces Frigerio.

Sin embargo después de casi tres años sólo se terminaron 14 de las 1.817 viviendas prometidas por el presidente.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino.

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Las empresas de plataforma intentan avanzar con las nuevas formas de precarización laboral,  mientras las y los trabajadores se resisten y consiguen que la justicia reconozca el vínculo laboral en Rappi.

Las y los precarizados trabajadores de las apps están sufriendo este año otra vuelta de tuerca, con el guiño de Cambiemos. PedidosYa, la única plataforma que tenía a sus empleados en blanco, avanza con despidos para reemplazarlos con monotributistas.

En la pulseada que existe con el nuevo sector del mundo laboral,  que son las plataformas digitales, los trabajadores y trabajadoras acaban de anotarse un importante punto a su favor. En un fallo inédito en el continente, la Justicia Nacional del Trabajo determinó que el bloqueo de los tres rappitenderos en noviembre del año pasado es un despido antisindical y persecutorio, por lo que reconoce la relación laboral y ordena la reinstalación.

La sentencia además afirma que existe “verosimilitud en el derecho” porque las y los trabajadores prestaban servicios a pedido de la plataforma. “La ley laboral establece que si hay prestación de servicios se presume la existencia del contrato de trabajo”, subrayaron desde la Asociación del Personal de Plataformas (APP).

Motoqueros y ciclistas de PedidosYa, Glovo y Rappi marcharon el pasado miércoles 13 al Ministerio de la Producción y el Trabajo contra el fraude laboral en las plataformas de reparto. “Las empresas se niegan a cumplir con las leyes vigentes, con el aval  y la complicidad de los funcionarios del Gobierno”, denunció el titular de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, (ASiMM), Marcelo Pariente, en el arranque de la movilización.

Quienes trabajan en Pedidos Ya, al igual que trabajadores y trabajadoras de otras plataformas, denuncian la manera precaria en que deben realizar su actividad laboral. Las manifestaciones y acciones que vienen realizando son para enfrentar “una política deliberada por parte de la empresa con el único objetivo de deshacerse en su totalidad de la fuerza laboral contratada formalmente para pasar a tener en su plantilla sólo a trabajadores prestando servicios bajo la modalidad de monotributo, como ya lo hacen sus competidoras Glovo y Rappi.

Falacia con la que encubren una relación de dependencia sin hacerse responsables de las cargas sociales correspondientes, despojando al trabajador de todo derecho laboral elemental y dejándolo sin ningún tipo de cobertura frente a accidentes que pudieran producirse en la vía pública en el cumplimiento de sus tareas, demostrando así incluso su absoluto desprecio por la vida humana”.

Trabajadores y trabajadoras de Pedidos Ya se encuentran llevando adelante un plan de lucha   contra la precarización laboral y en defensa de los puestos de trabajo y que vienen llevando adelante repartidores y repartidoras de la plataforma: “Desde el 26 de febrero, trabajadores de PedidosYA despedidos sin causa o con causas inventadas, y sin aviso previo, hemos estado ocupando ininterrumpidamente y de forma pacífica las instalaciones operativas de la empresa, localizadas en Gurruchaga 1776, pleno barrio de Palermo, como forma de exigir la reincorporación inmediata de más de 450 despedidos”, explicaron en el mencionado comunicado.

En este marco exigen “la reincorporación de todos los despidos, el blanqueo de todos los monotributistas y la actualización salarial de las tres paritarias congeladas y el pago de la remuneración salarial adeudada correspondiente”. También llaman a un boicot contra la empresa, solicitando que los usuarios de la aplicación no la utilicen como forma de solidaridad con la lucha que vienen llevando adelante.

Para el gremio Asimm no hay dudas de que la movida para flexibilizar aún más a los motoqueros y ciclistas de las plataformas tiene el sello del Gobierno. “Es cómplice de toda esta situación porque le está dando señales a las empresas de que ese es el modelo, el de trabajadores sin derechos”, aseguró Pariente. El dirigente agregó que en la Ciudad de Buenos Aires los legisladores PRO impulsan una modificación de la ley que regula la actividad; “el proyecto permite que las plataformas contraten monotributistas, con la argucia de llamar ‘facilitadores’ a los trabajadores”. Es en esta situación que PedidosYa, que el año pasado había efectivizado trabajadores, decidió dar el giro.

Frente al discurso de estas empresas que sostienen que los rappitenderos, glovers o riders son “socios” o “colaboradores”, el fallo reconoce que lo que allí opera en realidad es una relación laboral encubierta.

Queda por delante la batalla para que Rappi cumpla con lo ordenado por la Justicia y la pelea de fondo para arrancarle a estas empresas digitales el reconocimiento de la relación laboral junto con los derechos que les corresponden a los trabajadores y las trabajadoras.

Fuentes: La Izquierda Diario, Página 12, Anred, Resumen Latinoamericano

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El ex ministro de trabajo, Jorge Triaca, y su sucesor, Dante Sica, fueron denunciados junto a ex funcionarios y familiares por la presunta contratación irregular de aseguradoras en sindicatos intervenidos. Se suman más denuncias en lo que parece una compleja trama de asociaciones.

Las denuncias apuntan a las contrataciones de dudosa regularidad para los seguros de sepelio contratados por el SOMU (marítimos) y UPSRA (seguridad) y también a las irregularidades que ocurren en la UATRE (peones rurales) uno de los principales gremios aliados de Cambiemos.

Tal como lo muestra el expediente,  por asociación ilícita, defraudación y lavado de activos,  que tienen el juez Sebastián Casanello y el fiscal Eduardo Taiano, a partir de las intervenciones del Ministerio, a cargo de Triaca,  en los sindicatos, se producía un cambio en la contratación de la compañía a cargo de los seguros de sepelio.

“Triaca estaba condicionado por el Momo Venegas, que era muy amigo de Macri. Todo lo que pasó sucedió después de la muerte de Venegas, ahí Triaca avanzó”, afirmó el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez y acusó: “En vez de que las cápitas de los seguros de sepelio fueran para las empresas, sus dueños se repartieron el dinero mitad y mitad con los interventores de los sindicatos”.

El nombre de Sergio “Sombrero” Borsalino, cuñado de Triaca, se repite en el expediente indicando que era quien realizaba “visitas” a los sindicatos intervenidos por Trabajo para vender su esquema piramidal de seguros de vida, donde opera para uno de los tres grandes jugadores de ese sector. Además en la denuncia figura Guillermo Néspola, titular de la compañía “Sol Naciente”, también dedicada a los sepelios. Él es quien habría sido favorecido por Triaca mientras que Comparada, ex titular de Independiente, habría contado con los favores de Sica. Además el denunciante agrega que el presidente de Surco, Carlos Giani, es novio de la hija de la magistrada Elena Higton de Nolazco.

“Tenían una caja chica asegurada,  el club de amigos de Triaca y el club de amigos de Sica. Pedimos la conexidad con una investigación que está en curso y a cargo del juez Ramos y el fiscal Marijuán. Nos llamó la atención que Ramos no le hubiera delegado la causa a Marijuán”, se quejó Míguez.

Triaca y Vigiladores

La justicia citó a declarar a la Junta Electoral, secuestró el expediente de Producción y Trabajo y dejó a un paso del procesamiento a Jorge Triaca, su cuñado, Leónidas Requelme (delfín de Barrionuevo) y al actual interventor.

El fiscal Guillermo Marijuán pidió una serie de medidas, que fueron aceptadas por el juez, y la causa iniciada en noviembre del año pasado caratulada “Triaca, Jorge y otros s/asociación ilícita”, que investiga lo actuado en el marco de la intervención del gremio de seguridad, UPSRA y dejó a todos los investigados al borde del procesamiento.

El fiscal requirió tomar declaración testimonial a la Junta Electoral, tomar posesión del expediente electoral que estaba en manos de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y que se recabe la mayor información posible sobre los integrantes de la supuesta asociación ilícita para quedarse con la organización.

La acusación apunta a Triaca, a su cuñado Sergio Borsalino, a su amigo de la infancia, Patricio Castro, a la saliente Directora Nacional de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios Anchorena y a los vinculados a Luis Barrionuevo en el gremio de seguridad, Rodolfo Alonso, Leónidas Requelme y Edgar Selarallán.

Según fuentes judiciales, cuando comenzó la causa Rodolfo Alonso era un personaje que se movía bajo el ala del gastronómico Barrionuevo y había sido separado de la gestión por un escándalo en el manejo de fondos. Hoy Alonso se convirtió en el interventor del gremio y fue quien intentó quelas y los vigiladores no puedan ir a las urnas para elegir a su conducción.

En la denuncia se acusa a los implicados de haber “inventado” una agrupación “conformada por miembros que no cumplimentan los requisitos estatutarios” para acceder a los cargos dirigenciales de la UPSRA.

De hecho, los involucra en una presunta “asociación ilícita” y se consignan la comisión de delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario, falsedad instrumental y estafa.

En la denuncia se consigna a Triaca como autor intelectual de la maniobra y a Borsalino y Palacios Anchorena como brazos ejecutores, junto con Alonso en su rol de interventor.

El expediente del proceso electoral ya fue secuestrado por la justicia para comprobar su validez.

Según fuentes  gremiales, la sumatoria de unos comicios con importante asistencia de afiliados ya realizados, más la veeduría del Ministerio de Producción y Trabajo de lo actuado, determinaría en el corto plazo una resolución en favor de Julio Gutiérrez.

Triaca y el RENATRE

Según consigna Página 12, el ex ministro de Trabajo fue imputado ante la Oficina Anticorrupción (OA), que preside la oficialista Laura Alonso, por el presunto delito de “administración fraudulenta” por permitir al menos una contratación sospechosa en el RENATRE, el organismo encargado de fiscalizar el trabajo rural. El organismo conducido por Abel Guerrieri, ex Sociedad Rural, ocupó la presidencia del organismo hasta el 20 de diciembre de 2018. Guerrieri rubricó al menos un contrato de manera directa por más de 9 millones de pesos con una empresa dedicada -supuestamente- a prestar servicios informáticos (Biesles SA) a pesar de haber sido objetada por los dos síndicos del organismo en representación del Estado, Diego Cimoli y Sara Gatti.

Luego de haber elevado un informe interno dentro de la cartera laboral -que nunca contó con una respuesta formal de Triaca-, Guerrieri y Erica Vanesa Utrera, parte de la UATRE y empleada del área administrativa y legal del RENATRE, fueron denunciados ante la Oficina Anticorrupción por los delitos de tráfico de influencias y administración fraudulenta,  a partir de las sistemáticas erogaciones hacia una “empresa fantasma”. La denuncia sugiere que Triaca sea investigado administrativa y penalmente por su inacción ante los informes críticos de los dos síndicos.

Desde la llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno, el RENATRE volvió a ser denunciado, tal como sucedía cuando era conducida por el Momo Venegas, como un puente de contratos millonarios entre empresas amigas en detrimento de los trabajadores rurales de todo el país.

“El RENATRE contrató primeramente en forma ilegítima a una empresa para que audite sus sistemas, y rápidamente la volvió a contratar para que le confeccione una gestión integral en la Secretaría de Informática, y una solución tecnológica en materia de fiscalización. También se la contrató por urgencia y necesidad, lo que es una falacia a todas luces”, sostiene la denuncia.  La pregunta es cómo responderá la oficina que dirige Alonso ante tamañas acusaciones.

Desde que el presidente Mauricio Macri convalidó la entrega del organismo fiscalizador a la Uatre y las patronales agropecuarias, nuevamente cobraron protagonismo los contratos millonarios hacia “empresas amigas”, situación que los denunciados ni siquiera trataron de disimular a pesar de la disconformidad de los propios síndicos en representación del Estado.

Cimoli y Gatti le advirtieron a Triaca de las maniobras fraudulentas en una nota firmada el 31 de julio de 2018 e incorporada en el Expediente 1-2015-1799997/2018. “Tratándose de una contratación de compra directa por especialidad, resulta llamativo que no obre en el expediente dictamen alguno de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos al respecto, ni tampoco informe del Area de Informática que justifique y/o avale la necesidad de contratar y/o sugerir a empresa alguna o Biesles SA, para que realice la labor de desarrollo de un sistema informático de fiscalización”, escribieron los síndicos en la nota cursada al entonces ministro Triaca.  Nunca hubo respuesta por parte de quien fuera responsable del área de Trabajo hasta diciembre del año pasado. Por tal motivo, sugieren que el ex funcionario también sea investigado, y de corresponder, que se eleven las denuncias penales pertinentes.

El tándem Guerrieri-UTRERA autorizó el pago de 9,6 millones de pesos por la contratación de “servicios profesionales” a una empresa que, según lo analizado por los síndicos, carece de trabajadores y capacidad para llevar adelante el trabajo contratado.

“Es evidente que la tríada generada por el denunciado Guerrieri, en conjunto con Leruga, titular de Biesles SA, y la Sra. Utrera,  en su calificada posición en el organismo en cuestión, han permitido desplegar esta conducta, en claro perjuicio de los trabajadores rurales, contratando en diversas oportunidades a la empresa Biesles SA, sin argumento serio, en base a una supuesta necesidad y urgencia que no es tal, y recayendo en esa empresa sin realizar ningún tipo de licitación pública, o siquiera una mera compulsa de precios que permita avalar tal decisión”, agregaron los síndicos.

La empresa fantasma

Biesles SA, presidida por Juan Guillermo Leruga, es la figura legal utilizada para cobrar el contrato millonario con el RENATRE,  sin embargo, los servicios que debería prestar Leruga serían ofrecidos por otra sociedad denominada IT Quality. Ambas pertenecerían a un grupo llamado Tekne, del que no existen mayores referencias. Por ese motivo la denuncia cuestiona la “solvencia” de la empresa seleccionada por el RENATRE.

En el contrato confeccionado con la rúbrica de Guerrieri figuran dos domicilios vinculados a Leruga (ambos en Parque Patricios). En la supuesta oficina ubicada sobre la calle Tacuarí aparece registrada otra sociedad presidida por este mismo empresario (Loncotech). Sin embargo, los dos números de teléfonos asociados “no corresponden a un abonado en servicio”, dato que abonaría las sospechas sobre la (in)solvencia de dicha compañía. La otra dirección que se ofrece ubica a la empresa sobre la Avenida Brasil pero el número de teléfono informado no se corresponde con ese domicilio. Por otro lado, en el sitio web del mencionado grupo Tekne ubicado sobre la misma calle Tacuarí también se publican otros dos números de teléfonos inexistentes.

Si bien la denuncia ante el organismo responsable del control anticorrupción, que conduce Alonso,  involucra un sólo contrato por más de 9 millones de pesos, en la práctica no sería un hecho aislado ya que existirían más erogaciones de estas características, como así también la derivación de recursos hacia “fondos de inversión” y groseras condonaciones de deuda a empresarios rurales, un modo de operar  aplicado desde la conducción del Momo Venegas al frente del Registro.

Fuentes: Infogremiales, Página 12, LaPolíticaOnline

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Los técnicos del FMI se encontraron con la mesa chica de la central obrera, tras un trimestre sin apariciones públicas a pesar de la ola de despidos, suspensiones y tarifazos que afectan a los trabajadores.

El jueves 21, antes de finalizar su paso por la Argentina, el equipo del FMI se vio nuevamente las caras con los principales dirigentes de la central obrera. Fue la tercera reunión entre la CGT y el FMI. Las anteriores, en agosto y noviembre del año pasado, se realizaron también en el marco de visitas trimestrales técnicas para realizar un seguimiento de las variables de la economía argentina.

En los encuentros anteriores la central obrera había planteado la necesidad de un diálogo “institucional” entre empresarios, partidos políticos, sindicatos y Gobierno para tratar la evolución del empleo mientras tenga vigencia el acuerdo con el Fondo, y advirtieron sobre la posibilidad de un “conflicto muy grave en la Argentina si el ajuste se extiende”.

Luego, la CGT pidió que una parte de los desembolsos trimestrales que hará el organismo en el marco del programa de asistencia financiera sea destinada a “promoción de la actividad productiva y el mercado interno”, en lugar de que se utilice únicamente para cubrir el bache fiscal.

Tras el encuentro, el integrante del binomio de conducción de la CGT, Héctor Daer, dijo que “este modelo empobrece a los trabajadores para ser competitivo” y no descartó un nuevo paro general. “Nosotros manifestamos que el sostenimiento de este ajuste lo único que lleva es a un estrangulamiento de la economía, con todas las consecuencias que estamos viviendo”, explicó Daer. Además, el gremialista dijo que los técnicos del FMI “son conscientes que el compañero que se queda sin empleo no ingresa a otro empleo”. Agregó que “ven el deterioro del empleo y se asombran con la inflación de enero”. El líder de Sanidad remarcó que le dejaron claro a los economistas que: “No somos nosotros con el salario en las paritarias los que generamos la inflación, sino el Gobierno con los aumentos de tarifas y liberando los precios de los commodities”. “El Fondo tiene que entender que los vencimientos de 2020, 2021 y 2022 hay que rediscutirlos porque son impagables”, anticipó el líder cegetista y planteó que “la caída del poder adquisitivo empieza a generar que los gastos cotidianos sean dejados de lado” y que “eso marca el empobrecimiento social del país” “Este modelo empobrece a los trabajadores para ser competitivo”, sentenció Daer.

Al ser consultado sobre si hay una ola de procedimientos preventivos de crisis para encarar una reforma laboral gradual en los hechos, sostuvo: “No creo que los procedimientos de crisis sean una estrategia para hacer una reforma laboral en cuotas”. Además pidió al peronismo unido en un gran frente que le permita ganar las elecciones con una sólo opción. “Con un frente que incluya a todo el peronismo, la candidata puede ser Cristina, puede ser Lavagna o quien sea”. Por último anticipó que “si se agudizan las condiciones y no hay respuestas a temas que están dando vueltas, indefectiblemente vamos a ir a un paro general”.

“Los gremios están preocupados por la situación económica”

Al término del cónclave, Roberto Cardarelli, cabeza de la misión del organismo multilateral de crédito en el país fue abordado por los periodistas apostados en el edifico del gremio de la Construcción, sede de la cumbre.

Ante la pregunta de si se reunían con dirigentes y economistas de la oposición porque prevén que el macrismo puede no ganar las elecciones, Cardarelli explicó que “es para escuchar todas las opiniones. Queremos escuchar el más grande número de ideas, opiniones, perspectivas, propuestas. Siempre lo hacemos, es normal”.

Además sostuvo que los gremios “están preocupados por la situación económica, todos lo estamos. Nosotros creemos que la situación va a estar mejor en 2019, pero claro que siempre hay riesgos”. Carderelli aseguró que la Argentina verá una “recuperación gradual a partir del segundo trimestre del año”.

Por último el economista ventiló algunos de los temas conversados con los popes sindicales. “Hablamos de la economía real, reformas estructurales, cómo garantizar el crecimiento de la economía argentina, que es fundamental”, dijo. “Nosotros no pedimos ninguna reforma laboral”, explicó Roberto Cardarelli, y agregó: “Un mercado laboral demasiado rígido es malo y demasiado flexible también es malo”.

Además Cardarelli remarcó que según su visión “cualquier reforma estructural que se quiera llevar adelante, sea de la naturaleza que sea, es más viable en un marco de crecimiento económico”.

En representación de la central obrera estuvieron presentes el anfitrión, Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), Enrique Salinas (UOM), Sebastián Maturano (La Fraternidad) y Julio Piumato (Judiciales).

“Que la CGT se reúna con el FMI no da una buena imagen”

El secretario General del gremio de Canillitas, Omar Plaini, cuestionó a los dirigentes de la Confederación General del Trabajo que mantuvieron una reunión con los técnicos que integran la misión del Fondo Monetario Internacional. “Que la CGT se reúna con el FMI no da una buena imagen, es una muy mala señal para los trabajadores de a pie. No es la mejor imagen para la CGT que necesitamos”, afirmó el dirigente gremial, cercano a Hugo Moyano.

Reforma laboral sí o no

El tratamiento y aprobación del proyecto original de reforma laboral en el Congreso nacional podría quedar como una cuenta pendiente del mandato presidencial de Cambiemos. A lo sumo, según reconocieron desde la cartera de Producción y Trabajo, aspiran a lograr consenso para un proyecto limitado que recoja los artículos vinculados con el blanqueo laboral y la posibilidad de habilitar un Fondo de Cese Laboral en algunos sectores que así lo acuerden.

Mientras, las patronales han optado por avanzar por la vía de los hechos. Para eso han recurrido al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un mecanismo al que apelan a fin de imponer nuevas condiciones de trabajo. Estos recursos, de ser aprobados, por ejemplo, habilitan el pago de indemnizaciones por despido por el 50% del valor estipulado por la Ley de Contratos de Trabajo. La reducción de las indemnizaciones fue uno de los puntos más controvertidos del Proyecto de ley de reforma laboral original que fue rechazado por las protestas duramente reprimidas contra la reforma previsional de diciembre de 2017.

Además, la práctica apunta a generar planteles con bajo costo imponiendo una mayor carga de trabajo y la polifuncionalidad a los empleados que continúan trabajando. Así, bajo la amenaza de cierre, las empresas avanzarían en la aplicación de otro de los artículos de la postergada reforma laboral, el denominado “ius variandi” que concede a las patronales el derecho de modificar las condiciones de trabajo.

En los últimos días, empresas como la fábrica de neumáticos FATE, parte del grupo Madanes que gestiona ALUAR, entre otras firmas, presentó un PPC que, según denunció el sindicato SUTNA, apunta a imponer una reforma laboral en los hechos.

El mismo camino tomó Editorial Atlántida que, según denuncian los delegados de la Comisión interna del SiPreBA, persigue el propósito de imponer despidos con indemnizaciones al 50% y modificar las condiciones laborales de las y los trabajadores que continúen en su labor.

A contramano de la mentada “revolución de los aviones” anunciada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la empresa Avian Líneas Aéreas, ex Macair Jet del Grupo Socma, de la familia del presidente Mauricio Macri, también dio inicio a un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Producción y Trabajo, según confirmó Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Según el portal especializado aviacionenargentina.com, “dicho procedimiento buscará, entre otros detalles, la caída de los convenios colectivos de trabajo homologados, acordar un salario de crisis en torno al 75% de los sueldos actuales para garantizar los puestos de trabajo en un marco de diálogo y paz social.”

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte destacó que el crecimiento de este recurso -según la Secretaría de Trabajo, entre 2016 y 2018 se presentaron a proceso preventivo de crisis 246 empresas, siendo solamente 108 los casos en 2018, el valor más alto desde 2005- “no tiene sólo que ver con la crisis económica, sino con el hecho de que hay un escenario muy favorable a los empresarios en el Ministerio de Producción y Trabajo, que los viene favoreciendo en cada procedimiento. La estrategia está al servicio de las empresas, no siempre habiendo demostrado que fuera necesaria o efectiva tal o cual medida”, sentenció.

Mientras tanto, la mesa chica de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) recibió en la sede del Sindicato La Fraternidad, al Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y al Secretario de Trabajo de la Nación, Lucas Fernández Aparicio.

Los sindicalistas confirmaron que Sica desmintió que se trabaje en un Proyecto de Reforma Laboral para que se trate en el Congreso Nacional en el período de sesiones ordinarias. Sin embargo, el funcionario ratificó que el Gobierno continuará negociando y propiciando cambios en los Convenios colectivos de distintas ramas de la economía, en mesas de negociación sectoriales. Algo que en 2019 ya fracasó para textiles y metalúrgicos.

Sin embargo, en las últimos días se conoció el informe denominado “Leyes Para la Transformación Productiva”, donde el Gobierno plantea medidas ya rechazadas por los gremios cuando se intentó llevar la reforma laboral al Congreso. El texto del Ministerio de Producción y Trabajo, propone una condonación de deudas por incumplimiento de la normativa laboral (blanqueo), la reducción de las indemnizaciones por despido, la eliminación de las multas que castigan el empleo no registrado, y el fondo de cese.

La presentación incluye la posibilidad de blanquear a trabajadores informales con condonación de deudas y de pagar menos multas por parte de los empleadores, que además podrán pagar menos indemnización.

“El mal llamado ‘blanqueo’ laboral que propone el gobierno nacional implica una segunda privación de derechos para los trabajadores no registrados. Después de haber sido contratados de manera informal (es decir, sin vacaciones, aguinaldo, obra social, etc.), el proyecto oficial busca eliminar el resarcimiento que les corresponde a los trabajadores por esa situación. Se reduciría el monto de las multas que deben pagar los empleadores infractores, que ya no iría al bolsillo del trabajador sino al sistema de seguridad social”.

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Ingresemos al mundo Rappi por su sitio web. “¿Querés ser tu propio jefe? En Rappi manejás tu tiempo y sacás provecho de él. Activate cuando quieras”. “Tu ganancia se establece por cada entrega, más propina”. ¿Por qué? “Porque somos una comunidad llena de pasión”.

En esa misma página, la empresa explica que “RAPPI facilita la intermediación entre repartidores independientes y personas físicas que requieren de servicio de cadetería mediante el uso de una plataforma tecnológica y móvil de RAPPI”. Su gerente Matías Casoy aclara: “los repartidores son importantísimos pero no son empleados: no están en relación de dependencia”.

Por esa “conexión” la empresa se queda con una comisión del 17%. Pero a sus “colaboradores” les depositan sus trabajos dos o tres semanas después de realizados. El dato no es menor. Aprovechan esos días para meter la plata en la bicicleta financiera.

La colombiana Rappi desembarcó en Argentina en octubre de 2017, poco después lo hizo la española Glovo. Aprovechando una ley impulsada por el macrismo, se inscribió como Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). Las SAS tienen varias ventajas: pueden constituirse con un solo socio, menores costos, más flexibilidad de funcionamiento y facilidades para “incorporar inversiones”. Rappi Argentina tiene un administrador, Lucas Asad, que fundó la empresa con 17.000 pesos. Pero detrás de los “emprendedores” de Rappi están, a nivel internacional, fondos de inversión como DST Global, Sequoia Capital (EE UU) y Andreessen Horowitz (EE UU), que en los últimos tres años le aportaron 462 millones de dólares.

Según la revista Apertura, “en julio Rappi procesó más de 200.000 pedidos y la empresa espera cerrar el año con una facturación de U$S 5 millones por mes y niveles de crecimiento de entre 30% y 50% mensual”. También se ha asociado a grandes cadenas de distintos rubros como Mc Donald’s, Disco, Vea, Farmacity o Volta.

Tras la supuesta relación libre entre “plataformas” y “colaboradores independientes”, se esconde uno de los fraudes laborales más grandes que se conozca: negarles la condición de trabajadores y sus derechos.

No hay ninguna colaboración. La empresa se cobra una comisión y se desentiende de sus responsabilidades referidas a las condiciones de trabajo y eventuales accidentes.

Se trata de compañías tradicionales que utilizan internet para intermediar y extraer las ganancias de muchos individuos conectados.

En Argentina ya hay 100.000 personas empleadas por las apps.

Rosario

“¿Querés ser tu propio jefe? En Rappi manejas tu tiempo y sacas provecho de él, puedes conectarte a la hora que quieras y sin dejar de compartir con tu familia y amigos” es el eslogan de captación que utiliza esta multinacional.

Las condiciones en que trabajan las y los “colaboradores”, violan la ordenanza municipal N.º 7042/2000, la cual regula la distribución de sustancias alimenticias, mercaderías varias y cadetería y/o mensajería u otros similares que se realicen mediante el uso de motocicletas, motonetas y/o moto-furgones.

Los y las colaboradoras, como los llaman, son trabajadores y trabajadoras que no tienen ningún seguro de responsabilidad civil ni tampoco cuentan con seguros contra robo de los elementos de trabajo ni los cubre frente a accidentes. Cuando falla la app de “soy Rappi” frente a algún pedido, el que termina pagándolo es el rapitendero descontándolo de su ganancia.

Ante esta realidad laboral, un grupo de trabajadores y trabajadoras comenzaron a auto organizarse para elevar sus demandas. Entre ellas exigen pedidos a no menos de 65 pesos, una jornada laboral de cuatro horas como mínimo aseguradas, seguros de vida contra accidentes y terceros, convenio de trabajo, etc.

“Quienes representan la firma en la ciudad son Eugenia Suidini, Andrés Tolosa, y Fausto Marques y en Argentina, Estano Sánchez, que se hace denominar el capo. El maltrato a sus trabajadores cada vez que surge un inconveniente con la aplicación es cotidiano. No lo soportamos más y sabemos que la organización es la única salida a esta nueva forma de precarización de miles de jóvenes (estudiantes, inmigrantes, personas con antecedentes penales que se les complica la salida laboral) que día a día ponen en riesgo sus vidas por unas migajas que ofrecen estas empresas de delivery siendo que sus ganancias son millones”, afirmó un trabajador consultado.

Mientras tanto, trabajadores y trabajadoras de Pedidos Ya se encuentran en un estado de incertidumbre total por su futuro laboral. Esta empresa, una de las plataformas que primero desembarcó en la ciudad de Rosario, está avanzando hacia condiciones de contratación más precarias poniendo en peligro a 130 cadetes que serán despedidos para tomar autónomos, o “socios”, el eufemismo que utilizan Rappi o Glovo para ponerle un velo a la flexibilización y explotación laboral.

Matías Bosso es trabajador de Pedidos Ya y explicó a La Izquierda Diario cómo la empresa empezó a avanzar sobre derechos laborales desde el mes de septiembre, y anunció los despidos de todos los que están dentro de convenio. “Desde septiembre para adelante se está desarticulando todo, para maltratarnos. Tenemos horarios que ellos le llaman ´dinámicos´, pero nos ponen en cualquier hora, hacemos 9 horas por día, distribuidas en dos turnos que van cambiando, con descansos de una hora con suerte en el medio. Todos los días tenemos un horario distinto, yo no sé en qué horario voy a trabajar mañana”.

En el último mes echaron a 8 trabajadores sin causa: “los telegramas no tienen ni ausencias, ni sanciones disciplinarias”. Son 130 cadetes en bicicletas y unos pocos en moto los que van a perder su puesto de trabajo y serán reemplazados por autónomos, “nos dijeron que el que se va, no vuelve”, señaló Matías, que ingresó en julio de 2018, trabajando 8 horas por día en dos turnos, con un descanso fijo y en blanco. Ante el silencio de la empresa y el sindicato, anticiparon medidas de fuerza y le exigen al ejecutivo municipal que tome cartas en el asunto.

En la CABA la Justicia le puso un freno al descontrol de las aplicaciones de delivery

Con una medida cautelar, la Justicia porteña determinó que estas apps están alcanzadas por la normativa vigente para la actividad y que si no la respetan, deberán ser clausuradas. Además, le ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tomar acciones urgentes ante la falta de control que impera en el negocio de la entrega de alimentos puerta a puerta.

Lo dispuso Andrés Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, que dio curso a un amparo interpuesto por nueve empresas de mensajería urbana y reparto de comidas –entre ellas, Envíos Ya, Arribo Postal y Curier Express–, a las que luego se sumaron otras once firmas, la Cámara que las aglutina y dos sindicatos.

En su demanda contra la Secretaría de Transporte local, las compañías exigieron ser inscriptas en el registro de entidades habilitadas que dispone la Ley N.º 5526, sancionada en 2016 pero nunca puesta en práctica, a la vez que alertaron sobre el desembarco de webs de envíos on demand que operan al margen de todo encuadre legal.

Para los amparistas, la pasividad del gobierno “permitió la proliferación de todo tipo de emprendimientos informales, muchos de ellos disfrazados de ‘aplicaciones informáticas’ o ‘formatos colaborativos’, que no sólo violan la ley, sino que explotan descaradamente la necesidad de los trabajadores”.

En el expediente, su petición fue secundada por la Cámara de Empresas de Mensajería en Motos y Afines, la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, y la flamante Asociación de Personal de Plataformas (APP). El vocero de APP, Roger Rojas, sostuvo que los repartidores vinculados a estas tecnologías “no gozan de ninguna clase de ingreso fijo ni limitación de la jornada laboral”, además de desempeñarse “sin cobertura de riesgos de trabajo”. Asimismo, recordó que las multinacionales detrás de estos sitios “no asumen ninguna de las regulaciones tributarias, laborales ni comerciales”.

En el juzgado Nº 2 también se presentaron representantes de las Apps Rappi Argentina SAS, KadabraSAS (Glovo) y Mercadoni SRL. En una audiencia celebrada el 27 de noviembre, Rappi y Glovo plantearon que la Ley N.º 5526 no les resulta aplicable, por no considerarse empresas de reparto, “en tanto que sólo funcionan como intermediarios entre distintos usuarios que se conectan a una plataforma informática”, es decir, los consumidores, los negocios y los repartidores, a los que definieron como “emprendedores individuales”.

Sin embargo, Gallardo señaló que, “prima facie, no encuentra el tribunal justificación legal para excluirlas de las previsiones de la ley”, en el marco general de una actividad que en la Ciudad “se realiza en franca violación a la legislación vigente y con la total inacción de las autoridades”.

La normativa porteña distingue a dos actores en la mensajería urbana y el delivery de alimentos: el prestador, autorizado para tal fin y “que lo realiza a través de un conductor habilitado, bajo su dependencia y responsabilidad”; y los repartidores, “que deberán encontrarse en calidad de conductores en el régimen del trabajador bajo relación de dependencia del prestador, cumpliendo con la legislación laboral y previsional”.

El corazón de la Ley 5526 es el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMyC), pensado para establecer una cadena de responsabilidades, determinar quiénes son aptos y ejercer un control efectivo. Pero esta herramienta aún no se puso en marcha y desde la Ciudad admitieron que no hay empresas inscriptas.

La legislación también tiene exigencias para los vehículos y los conductores, como el uso de un casco homologado y un curso de capacitación de un mínimo de 15 horas. Sobre la caja porta objetos, entre otras características, indica que debe tener una sujeción “que la asegure firme y mecánicamente” a la moto o bicicleta.

El juez dispuso que, en 60 días corridos, la Ciudad se pronuncie sobre el trámite de habilitación e inscripción efectuado por las empresas actoras y que implemente el RUTRAMyC, los cursos para conductores y los controles para que sólo operen firmas y repartidores autorizados. En el caso de las aplicaciones, en no más de diez días de notificadas, deberán iniciar los trámites para ajustarse a la ley.

Rappi ya recusó a Gallardo por “prejuzgamiento” y la causa recayó en su colega Marcelo López Alfonsín, del tribunal Nº 18, quien informó que se está notificando esta novedad a las partes. En cuanto a las apelaciones, la Ley de Amparos de la Ciudad establece que en las cautelares ese recurso se concede sin efecto suspensivo, por lo que lo ordenado sigue su curso.

“Vencido el plazo de 60 días –dice el fallo de Gallardo–, toda empresa, persona física o jurídica, plataforma virtual o informática que actúe en el ámbito de la CABA y no se hallare debidamente registrada y cumpliendo la ley, debe ser de oficio clausurada y prohibida su actividad”.

Pedidos Ya despidió a catorce trabajadores en Córdoba

Pedidos Ya fue la primera marca en instalarse a nivel masivo. Sus trabajadoras y trabajadores están registrados formalmente bajo el convenio de los empleados de Comercio y cobran un sueldo fijo, una excepción en el universo de la “economía colaborativa”. Los contratos son por 15, 24, 36 o 48 horas semanales, es decir, que para ganar un sueldo decente tienen que pedalear 8 horas seis días a la semana. Además, los horarios son rotativos –inclusive para quienes acrediten el cursado de alguna carrera– y siempre hay “errores” en los recibos de sueldo.

Catorce empleados y empleadas de la empresa fueron despedidos de forma oral y sin previo aviso. Algunos casos fueron sin causa y otros bajo argumentos falaces, por no haber apercibimientos ni suspensiones previas. Al mismo tiempo, la empresa está tomando gente con monotributo, sin obra social, aportes, ni ART.

Fuentes: La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano

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Desde hace tres años se ejecutan una serie de políticas tendientes a destruir el sistema científico y tecnológico público a través de distintas modalidades.

Llave de defunción para el CONICET

Nuria Giniger y Rocco Carbone, dos investigadores del CONICET e integrantes de Liberación-Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología, calificaron de “cientificidio” los tres años de gobierno de la alianza Cambiemos.

A manera de síntesis, señalaron cinco aspectos del cientificidio en 2018:

1. La degradación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) a Secretaría (SinCyT) “Sin Ciencia y Tecnología”. El sinónimo más visible del cientificidio, que no solo implica la des-jerarquización, Con profundas implicaciones simbólicas que ponen en evidencia la distancia entre el discurso pro-ciencia de la alianza Cambiemos y la acción de desguace del sistema de CyT.
2. El desfinanciamiento de los Centros Científico-Tecnológicos (CCT) a través de la sub-ejecución presupuestaria (solo alcanzó al 40 % de lo estipulado) y el aumento inflacionario, particularmente de las tarifas. Las implicaciones son tales que las y los trabajadores de los CCT están aportando de sus propios salarios para pagar las facturas de luz de los institutos en los que trabajan. En respuesta el CONICET planteó como solución que se paguen los gastos con ventas de servicios a terceros.
3. La falta de disponibilidad presupuestaria para reuniones científicas anunciadas a fines de diciembre pasado implica que los y las trabajadoras del sistema de CyT “no podremos organizar congresos, jornadas, seminarios, conferencias financiadas por CONICET. Esta decisión implica que no podremos planificar una parte esencial de nuestro trabajo y que estaremos aislados de los debates científicos que se articulan tanto en la región como en el mundo”.
4. El desfinanciamiento de subsidios a los proyectos de investigación: esto implica anular de hecho la posibilidad de seguir produciendo conocimiento. Las y los investigadores trabajamos en el seno de equipos de investigación que concursan por subsidios destinados a financiar lo que realizamos. Sin ese dinero no hay producción. Pero no solo no se giran los fondos de los subsidios ya asignados, sino que no se readecuaron a la devaluación. Estas decisiones políticas generan desigualdad, profundizan la meritocracia y el elitismo entre los equipos que consiguen financiamiento externo (de agencias extranjeras o países centrales) y los que no los consiguen. Los equipos que no consiguen financiamientos internacionales trabajan problemas ligados a temas de educación, salud, vivienda, desarrollo productivo y tecnológico, laboral y un largo etcétera. Problemas propios de nuestra región y nuestros pueblos, que no son de interés para las agencias internacionales, por lo cual no sería posible que obtengan recursos para sus investigaciones.
5. Las y los trabajadores del sistema científico tecnológico han obtenido un 25 % de aumento salarial anualizado frente a una inflación que se acerca al 50 %. En el caso específico de los y las administrativas y becarias no alcanzan la canasta básica. Esto se suma a la reducción de cupos en becas e ingresos.

Se trata de decisiones políticas que impactan en un éxodo de trabajadores y trabajadoras: “fuga de cerebros”, expulsados del sistema por reducción de cupos (becas e ingresos), aumento de la carga laboral, destrucción de equipos de investigación.

Ciencia argentina en jaque

“La ciencia en Argentina, en general, está en jaque. Y las ciencias experimentales, en particular, están en jaque mate”, disparó el biólogo argentino Federico Ariel en el recibimiento del Premio Estímulo que le entregó la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Graduado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, Federico partió a Francia con una beca y en 2014 inauguró el edificio del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL), lo cual prosiguió con su repatriación como investigador del Conicet, al igual que los 1.300 científicos y científicas, durante la década kirchnerista.

“La situación es alarmante. El dinero para instalarme con el grupo de trabajo no llega. De hecho, hay colegas que tuvieron que volver a emigrar, ya los perdimos”, dijo. “Si el dinero no llega pongo plata de mi bolsillo, de mi sueldo. Incluso”, redondeó.

Además, señaló que “si esto no cambia de forma urgente entramos en una parálisis total, porque la ciencia en general está en jaque: hay menos dinero destinado, menos entrada a la carrera de Investigación del CONICET, menos presupuesto en educación y hubo despidos en varias instituciones científicas como el INTA, el INTI, ATUCHA, entre otras”.

“Es una situación muy angustiante porque después nos van a evaluar por un trabajo que no pudimos completar. Y además, se dificulta la generación de conocimiento en el país”, apuntó.

“Hubo dos grandes trampas: se prometió duplicar el presupuesto en Ciencia y Tecnología en base a uno de los pocos reconocimientos que se hizo del gobierno saliente. Quedaba bien prometer continuidad en ese tema”, señaló y agregó: “Sin embargo, apenas asumió la presidencia, Mauricio Macri comenzó el recorte de la inversión en el sector”.

En cuanto a la otra trampa, destacó que “al asumir la presidencia se sostuvo por un tiempo la inversión en el Ministerio de Ciencia, mientras los recortes empezaron por las demás instituciones científicas. En el discurso, eso no se distinguía. En 2018 se profundizó la crisis del sistema científico por el insostenible atraso de los subsidios de investigación. Hoy tenemos sedes de instituciones científicas que deben millones de pesos de luz y que tienen que trabajar evitando usar el aire acondicionado, equipamientos o las computadoras”.

Ariel  ubicó la situación de la ciencia en el contexto geopolítico, al apuntar directamente al plan que el neoliberalismo tiene a nivel mundial para los países periféricos. “El lugar que nos corresponde no es el de generar conocimiento. Como investigadores e investigadoras, no tenemos cabida dentro de este modelo de país que sólo promueve la venta de materias primas, que es la base de un esquema agroexportador. El mundo sólo espera que produzcamos y exportemos materias primas, importando la tecnología de alto valor agregado. Así es el caso de radares, satélites y energía nuclear: los tres campos donde Argentina se estaba haciendo fuerte, ya no reciben las inversiones necesarias”, señaló.

Cambiemos la ley de satélites y perjudicó al ARSAT

El Gobierno de Mauricio Macri a través de un DNU realizó modificaciones en la Ley 27.078, que fuera sancionada en noviembre del 2015, de Desarrollo de la Industria Satelital  que perjudicarán al ARSAT.

Hasta el momento la empresa estatal tenía preferencia,  a partir del nuevo decreto la gestión macrista ofrece una serie de frecuencias a la compañía privada: Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT”.

La modificación por decreto amplía la oferta para favorecer a también a operadores privados. Así es que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) asignará en forma directa a AR-SAT “las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines”. Una vez más el gobierno justifica estas modificaciones para “generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional, al asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de Servicios de Comunicaciones Móviles”.  Además explicaron que la medida se toma a través del

DNU por “la urgencia que impide aguardar al trámite ordinario de sanción de las leyes” ya que “esperar el trámite legislativo habitual errogaría un importante retraso que obstaculizaría el cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida”.

Becarios y becarias en apuros

Las autoridades del CONICET incumplieron los acuerdos alcanzados y reafirmados en la Mesa de Becarios y Becarias del 9 de enero,  donde se establecía que se abonen las dos cuotas restantes de la paritaria en tiempo y forma (5 % en enero y 5 % en febrero) para las becarias y becarios. La primera cuota del aumento sólo se ha depositado a investigadores e investigadoras, personal administrativo y CPAs.

Esta situación se da en un marco en el que los salarios de los trabajadores y trabajadoras de todos los escalafones se siguen ajustando sin freno. En 2018 se firmó una paritaria estatal que otorgó un aumento del 15 % y dos bonos, teniendo en cuenta que, según datos oficiales del INDEC, la inflación acumulada del año 2018 fue del 47,6 %.

Los becarios y becarias no cobraron automáticamente esta paritaria, sino que recién lo hicieron luego de realizar movilizaciones masivas a nivel nacional y de la toma de varios CCTs. Las y los trabajadores administrativos sufrieron además un recorte aún mayor en sus salarios por la reducción de horas extras y la aplicación de controles biométricos que profundizan la precarización de sus condiciones de trabajo.

“Denunciamos el incumplimiento del compromiso asumido por las autoridades de CONICET y exigimos la liquidación inmediata por planilla complementaria a becarios y becarias del aumento del 5 % que recibió el resto del personal de CONICET a través del acuerdo paritario estatal. A su vez, exigimos la inmediata reapertura de paritarias para discutir una recomposición real del salario para todos los trabajadores y trabajadoras”, señalaron desde ATE CONICET.

Demasiados títulos

ATE Capital denunció que el CONICET rechazó el ingresó a un investigador por estar demasiado capacitado, tal como afirmaron: “a un investigador le denegaron el ingreso a CONICET por sobrecalificación, puesto que es egresado de cuatro carreras de grado, doctor, magister y especialista”.

Este episodio forma parte de una serie de políticas tendientes a destruir el sistema científico y tecnológico público a través de distintas modalidades. Tales como las de reducir drásticamente la cantidad de ingresos a la carrera del investigador científico (CIC), produciendo además un embudo de investigadores que con gran formación van quedando sin empleos; degradación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) a Secretaría; el desfinanciamiento de los Centros Científico-Tecnológicos (CCT), de las Reuniones Científicas y la sub ejecución del financiamiento de los proyectos de investigación; y los salarios paupérrimos que los trabajadores -especialmente administrativxs y becarixs- percibimos mensualmente.

El caso del “investigador sobre calificado” no es un elemento aislado, ni un error (ni un exceso) sino que parece ser parte de un plan para liquidar la producción de conocimiento crítico científico y tecnológico de nuestro país.

El gobierno de Cambiemos entrega también de esta forma la soberanía nacional, lo que además produce en una nueva oleada de “fuga de cerebros”.

Nuria Giniger y Rocco Carbone concluyen que, “el cientificidio está desplegado desde hace tres años. Lo advertimos en las vísperas de la victoria de la alianza Cambiemos y se llevó a cabo -con gran resistencia” Además alientan a una convocatoria “planificar las acciones de resistencia, respetando nuestras diferencias, para construir una alternativa política unitaria que se proponga un camino emancipador en el 2019”.

Fuentes: APU, ATE, El Litoral, Resumen Latinoamericano.

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