Por Camila Parodi

Así como la desigualdad tiene su correlato de violencias en Paraguay, la niñez no es ajena a dicho proceso. La reciente masacre llevada a cabo por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del gobierno de Abdo Benitez de Paraguay contra dos niñas de 11 años en el campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo en Yby Yaú (Concepción) vuelve a poner el foco en los derechos de la niñez y su uso como botín de guerra en los conflictos armados.

Sabemos que no hay guerra o conflicto justo en el capitalismo pero no resulta casual que a lo largo de la historia paraguaya las violencias y mezquindades se acrecienten. Vayamos a sus comienzos: La guerra que “unió” a la Argentina con Brasil y Uruguay contra Paraguay en el año 1865 conocida como la Triple Alianza puede ser ejemplo para ilustrar. Esta alianza se realizó principalmente para inhabilitar la dinámica de progreso y producción independiente con la que se desarrollaba Paraguay hasta el momento. Y será debido al desproporcionado enfrentamiento que más de 4 mil niños menores a los 10 años fueron masacrados al ser utilizados como línea de resistencia.

Pasaron 150 años de aquel episodio que hoy se recuerda en la celebración anual del día de la niñez en Paraguay. Sin embargo, a pesar de los tratados internacionales y adecuaciones legislativas por los Derechos de la Niñez en pleno siglo XXI las violencias sistemáticas contra niños, niñas y adolescentes en Paraguay continúan y se hacen presentes en cada niño o niña envenenados por el agronegocio, como es la historia de Silvino Talavera de 11 años (una entre miles que se dió a conocer); como así también en la represión sobre la población campesina en la zona norte militarizada donde niños/as y jóvenes sufren también sus consecuencias. La reciente masacre de Lilian Mariana y Maria del Carmen también de 11 años asesinadas por la FTC en un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo mientras visitaban a su familia se inscribe en esta situación permanente de guerra. Si bien en díalogo con Rocco Carbone reflexionamos sobre lo sucedido, proponemos esta segunda nota complementaria en clave de niñez.

Los cuerpos de las niñas fueron exhibidos como trofeos de guerra por el mismísimo presidente de la Nación que, en ningún momento, reparó en el reconocimiento de sus derechos como niñas. Tampoco lo hicieron las empresas de comunicación que ignoraron las normativas vigentes sobre el uso, difusión y tratamiento de las noticias en las que se refieran a niñez y adolescencia. Durante los últimos días, se construyeron una serie de discursos políticos y mediáticos alrededor del asesinato de las niñas que buscaron legitimar la acción llevada a cabo por el gobierno. De igual manera que se refieren a las organizaciones campesinas, operó una estrategia de criminalización que se centró en la difusión pública de noticias que no sólo faltaban a la verdad sino que tampoco contemplaron las normas que regulan la protección integral como la reserva de la identidad y el cuidado de la intimidad.

Si bien los medios tuvieron un lugar importante en la construcción de sentidos sobre el hecho, fue la opinión pública –muchas veces “bien intencionada”– la que logró legitimar las violencias. Una mirada aún más estigmatizante y descontextualizada que señala con el dedo acusador  a la niñez organizada que es parte de procesos políticos. Ciertamente las niñas se encontraban visitando a su familia, pero más allá de esa realidad nadie se preguntó lo suficiente sobre la implementación de operativos bélicos a una organización que durante meses no se expresa; tampoco al presidente Abdo Benitez y su desafortunada manera de comunicar el operativo le correspondió su debido descontento; o porqué los cuerpos fueron enterrados sin los procedimientos legales de investigación. Sólo una pregunta se repitió: “qué hacían las niñas ahí”. Un discurso que les atribuye la “culpa” y las revictimiza en vez de cuestionar y reparar en todos los procedimientos que se podrían haber evitado.

Porque para el gobierno de Paraguay, como para gran parte de las sociedades del siglo XXI, los niñez no es homogénea en materia de derechos como se presenta en las grandes convenciones y legislaciones. La desigualdad y los privilegios también se reproducen en las políticas de protección y asistencia de la niñez. Y esto no es ningún secreto de Estado, la desigualdad es la base desde la que se parte y así lo manifestó el comandante de la FTC, Óscar Chamorro en una entrevista en Unicanal de Paraguay: “el menor que está en la casa es otra cosa, el menor de la calle otra y el menor, que está armado con fusil automático y a quien se lo enseño a disparar y matar personas, también es otra”.

En diálogo con Marcha, el investigador CONICET y profesor de la UNGS especializado en los procesos políticos y culturales de Paraguay, Rocco Carbone comunicó que “los cadáveres de las dos niñas de fueron enterrados inmediatamente el mismo día del enfrentamiento sin hacer autopsia eso sólo se explica como forma de ocultamiento de pruebas y evidencias”. Explicó además que las dos niñas son hijas de una presa política, Carmen Villalba, a quien le asesinaron a otro hijo de 12 años previamente. Reflexiona Carbone, “un emergente es un emergente pero dos emergentes permiten establecer una continuidad en los hechos históricos, hechos sociales”. Que una familia que resiste junto a otras a las violencias del Estado haya perdido 3 hijos/as en el marco de la lucha muestra una tendencia. “La tendencia es desaparecer, la tendencia es violar, la tendencia es matar niños que no tienen nada que ver en este caso ni con las acciones de un grupo revolucionario” señala el investigador. “Se puede discutir cualquier otra cosa pero en este caso estamos frente a un hecho aberrante” sostuvo.

Sobre esto, la Cancillería Argentina se pronunció en el pedido de esclarecimiento: “ No es posible aceptar que no hayan advertido, quienes fueron testigos de los hechos acontecidos, la escasa edad de las niñas. Al respecto, se deja constancia que las autoridades paraguayas solicitaron la cooperación argentina ante la imposibilidad de identificar a las víctimas y que, con base en información dactiloscópica recibida desde ese país, cuerpos forenses argentinos pudieron verificar que no existían antecedentes en el Sistema Automático de Huellas Dactilares argentino pero que, al consultarse el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), fue posible determinar que las fallecidas son dos menores de nacionalidad argentina, nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por tanto ambas de once de años de edad”.

En la Convención Internacional por los Derechos del Niño (1989) y el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia del Paraguay, establecen los derechos y refuerzan los deberes y las garantías sobre la necesidad de protección de los niños, niñas y adolescentes. En ese marco la CDN sostiene como derecho el respeto irrestricto a la dignidad humana, integridad física y psicológica, a la igualdad de protección de todos los niños y niñas. En este sentido, es responsabilidad del Estado proteger a las infancias sin importar sus condiciones sociales, familiares, políticas, de religión y/o de nacionalidad.

En una carta de repudio ante los hechos, organizaciones sociales, de niñez y de derechos humanos de la Argentina cuestionaron que las acciones de la FTC y del Gobierno “son contrarias a los principios estipulados en la CDN”. Además señalaron las Observaciones Generales emitidas por el Comité Internacional de Derechos del Niño de Ginebra de la que la CDN se desprende  y que deberían haberse considerado:

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 8 (2006) El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 10 (2007) Los derechos del niño en la justicia de menores

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 12 (2009) El derecho del niño a ser escuchado

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 13 (2011) Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 20 (2016) La efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 24 (2019) Relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil

En lo que respecta específicamente a los conflictos armados y la participación de niños, niñas y adolescentes en ellos, las organizaciones recordaron en su comunicado la vigencia de lo estipulado por las Convenciones de Ginebra de 1949 y los Protocolos Facultativos de 1977, especialmente el “Protocolo Facultativo de la CDN sobre la participación de niños en conflictos armados” (2000), así como el Estatuto de Roma (1998) de la Corte Penal Internacional, y documentos regionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer (adoptada en Belém do Pará por la Organización de Estados Americanos, 1994). En ese contexto, llamaron la atención del “latente peligro de la remilitarización de nuestra América Latina y Caribeña, en este caso de las y los residentes de los territorios de Concepción y San Pedro del hermano Paraguay.”

Tras el repudio de las organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos de Paraguay como los pronunciamientos realizados por las entidades argentinas y por su campo popular se exige el cese de las violencias sobre la población y, en particular tras los hechos es solicita una investigación autónoma de esclarecimiento de lo acaecido y la sanción de sus responsables ante la justicia. Se exigió también el desmantelamiento de la FTC y la pronta intervención de políticas de protección de las infancias y adolescencias. Para que niños y niñas dejen de ser considerados botines de guerra en el marco de los conflictos armados no basta con la exigencia de justicia. Es necesario que, incluso en instancias bienintencionadas y  progresistas se conciba a la niñez como parte de la vida política, de las organizaciones sociales, niñez activa con voz y protagonismo en los procesos que las y los interpelan sobre sus vidas. El cambio en la mirada sobre los niños, niñas y adolescentes como su escucha genuina en los procesos sociales de la vida nos pueden dar la pista.

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Por Camila Parodi

El pasado jueves 3 de septiembre, el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez comunicó vía Twitter la realización de un operativo que calificaría como exitoso tras el asesinato de dos niñas de 11 años de nacionalidad argentina que se encontraban visitando a su familia en uno de los campamentos del Ejército del Pueblo Paraguayo. El hecho sucedió enel distrito de Yby Yaú que se encuentra en la frontera brasileña entre los departamentos de Concepción y Amambay al noroeste del país. Según comunicó el mismo presidente tras la confirmación de su Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el objetivo de este operativo llevaba “más de ocho meses” y se centraba en “contrarrestar las fuerzas del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”.

Tras la masacre, las fuerzas comunicaron de manera conjunta que las niñas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, se encontraban en un “campamento de reclutamiento” para menores de Paraguay y Argentina. Se las presentó como integrantes de la fuerza y se confirmó que las niñas -a quienes se referían inicialmente como de 15 y 18 años- atacaron a la FTC. Los cuerpos de las niñas fueron enterrados inmediatamente y sin autopsia. A su vez, al día siguiente sus familiares demostraron que les colocaron el uniforme del ejército posteriormente a la masacre para validar su teoría, y es en la foto que se demuestra que los uniformes no tenían ninguna ruptura. En esta nota, nos centramos en la violación de los derechos de las niñas como tales y cómo fue el tratamiento de la información por parte de las grandes empresas de comunicación que volvieron a vulnerar sus derechos y revictimizarlas. Las niñas, de nacionalidad argentina y con residencia en Posadas, Misiones, se encontraban en el campamento por una situación excepcional para visitar a su familia y conocer a su padre.

La presencia del EPP nos habla de la inexistencia de un Estado de derecho real

Si bien este suceso se presenta como aislado, el mismo hace parte de un entramado de violencias y desigualdades que el pueblo paraguayo atraviesa hace décadas. En ese marco, Marcha dialogó con Rocco Carbone, profesor de la UNGS e investigador del CONICET con mucho trabajo y cercanía en los procesos sociales y políticos de Paraguay. Para comprender cómo el gobierno de Abdo Benitez llegó a comunicar con tanta liviandad el asesinato de las niñas, es necesario remontarse unos años atrás. Para eso, Carbone nos cuenta que la FTC es una fuerza de tarea conjunta que “funciona como órgano mixto de militares y policías y que la misma fue creada en el país en el año 2013 para perseguir al Ejército del Pueblo Paraguayo” siendo ésta última una organización revolucionaria en la que nos detendremos más adelante. (Cabe destacar que esta fuerza se crea al año siguiente del golpe de estado contra Fernando Lugo que se consumó tras la Masacre de Curuguaty, en las tierras de María Kue, donde murieron 17 personas y de la cual se condenó a 11 campesinos y campesinas por un conflicto de tierras entre el Estado Paraguayo y una empresa, hacé click en el hipervínculo para conocer más). Entonces la FTC creada únicamente para el control del EPP tomó el campamento ubicado en Concepción del grupo revolucionario el pasado 3 de septiembre y allí acribillaron a las dos niñas.

Explica Carbone que las autoridades paraguayas presentaron a las niñas como dos integrantes del EPP y que “el propio presidente de la república Mario Abdo Benítez -recordatorio: el actual presidente de Paraguay es el hijo del secretario privado del dictador Stroessner- calificó al operativo como exitoso”. Esta presentación dice Carbone es problemática, ya que en vez de mostrarse preocupado por los hechos, publicó un Twitter por lo menos repelente: “En ese Twitter comunica que el operativo contra el EPP fue exitoso cuando en realidad fue contra la vida de dos nenas, y eso es lo que había que decir”.

Como se puede ver en ese tweet, el presidente comunica que luego de un enfrentamiento dos integrantes han sido abatidos y no dos niñas. A su vez, menciona que hay un oficial herido y que se trata de la lucha contra el grupo criminal. “Este Twitter hay que pensarlo claramente” sostiene el profesor e investigador, y nos propone un repaso: “Paraguay es el primer país en el cual se llevó a cabo un golpe de estado en el Cono Sur en los últimos años”. Como mencionamos más arriba, el golpe de estado se produce en 2012. “Luego Federico Franco -que había sido vicepresidente de Lugo- gobierna por un año hasta que la hegemonía política fue retomada por el Partido Colorado” explica Carbone. Entonces, “la ´democracia´ en Paraguay se sostiene sobre la base de la violencia qué significa un golpe a un gobierno que había sido reformista y popular”.  Sobre esto, sostiene el investigador que antes de dar explicaciones sobre un Ejército Revolucionario, el presidente Benítez “debería preguntarse muy seriamente la razón por la cual en Paraguay existe un ejército revolucionario en pleno Siglo XXI”.

El investigador nos adelanta su hipótesis: “Existe un ejército revolucionario en Paraguay cuando en el resto de la región no hay tales emergentes porque es la violencia estatal sobre el campo popular, urbano, campesino e indígena el verdadero criminal. La presencia del EPP en Paraguay nos habla de la ineficacia y/o inexistencia de un Estado de derecho real. Para Carbone -y subscribimos como Colectivo Editorial- un ejército revolucionario se organiza cuando un Estado se manifiesta a través de la muerte, a través de la violación sistemática de los Derechos Humanos, a través de la negación de la vida de los sectores populares cuando se les niega un cacho de tierra, el derecho a la educación o a la salud”. Y esto tiene una explicación sencilla, casi matemática: “El Estado paraguayo cuida los intereses y los privilegios de las minorías concentradas. Paraguay es el país más desigual del Cono Sur. Para dar algún dato el 90 por ciento del territorio que se puede cultivar está en manos de 12 mil grandes propietarios mientras que, el 10 por ciento restante del territorio cultivable se reparte entre 280.000 pequeños/as y medianos/as productores/as. A su vez, “no hay que olvidarse que Paraguay es un país donde la frontera de la soja avanza de manera brutal” y eso sólo puede querer decir que “hay una profunda represión sobre la tierra”.

Volviendo al EPP para quienes se quedaron con dudas, sostiene Carbone que es “imposible decir que se trata de un grupo criminal, al EPP hay que llamarlo por su verdadero nombre pues se trata de un grupo revolucionario. Es una organización revolucionaria, marxista, leninista y francista”. Esto último se debe a la figura del doctor Francia que “encabezó la fuerza paraguaya por la independencia de la corona española” explica el investigador. Entonces, el EPP “lucha por el derecho a la vida de un sector abandonado, relegado, denigrado y desaparecido del suelo paraguayo y opera en el territorio desde el 2006 tras el asalto a una Comisaría en Hugua Ñandu”. Es en este contexto que “el movimiento campesino se ve obligado a resistir a la violencia del Estado y el despojo de tierras por parte de la frontera agroexportadora”.

También recomendamos el artículo “Insurgencia en el Nordeste de Paraguay”, publicado en La Tinta para conocer más sobre su historia y territorialidad

Cuenta Carbone que en el guaraní existe una frase que para él es problemática. Se refiere a las y los campesinos sin tierra como se conocen también en otros países a las comunidades arrasadas por el agronegocio en el continente. Detenerse en esa frase y mirarla de forma crítica nos permite entender que el “campesinado no tiene vida” ya que se entiende a las y los campesinos, trabajadores rurales e indígenas como personas que viven de la tierra, de forma que sin ella no sería posible. Esta frase está naturalizada, explica Carbone ya que “concentra un poder mortífero notable, a su vez que pueda aparecer en la lengua nacional sin demasiada problematización es un síntoma de cierta violencia sobre el sector campesino, indígena, urbano pobre”.

Pero la desigualdad no sólo se remonta a la vida en el campo, en la ciudad capital, Asunción “donde las desigualdades deberían estar un poco más matizadas como en toda la capital latinoamericana encontramos sectores sociales que andan con Mercedes Benz al lado de otros sectores en extrema miseria. Paraguay es uno de los países más desiguales de nuestra región, ni el gobierno de Cartes, ni Franco ni Benítez empezaron siquiera a matizar esa desigualdad”. Esta es la explicación más genuina y lógica a la presencia de una organización revolucionaria, sostiene Carbone.

En conclusión, afirma el investigador, “si hay una organización criminal en Paraguay lamentablemente es el propio Estado, el gobierno conducido por el partido colorado. Un Estado que es capaz de acribillar a dos nenas de 11 años, y ese hecho es criminal porque muestra una hebra, un elemento de continuidad con las prácticas más aberrantes de lo que fue la dictadura, de lo que fue el stronismo y ese evento luctuoso presenta todas las características de un ajusticiamiento que debía ser ocultado”.

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