Mariano Féliz | Foto: Cédric Gerbhaye

Estas valoraciones se presentan como contradictorias con la radicalidad política que dimana del proyecto político nacido de las Guerras del Agua y el Gas, plasmado luego en el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia y la proyección del capitalismo andino-amazónico. El llamado “modelo económico social, comunitario y productivo” pretende expresarse constitucionalmente en la llamada ‘economía plural’ y se apoyó en la recuperación parcial del control estatal de los recursos naturales y de las empresas públicas, junto con la liberalización del comercio, la desregulación y liberalización del sector financiero y el mercado laboral. Esto fue complementado con un proceso de redistribución de ingresos desde sectores apropiadores de renta del suelo (en especial, el sector hidrocarburífero exportador) hacia sectores generadores de empleo. La tasa de desocupación bajó a menos de 5% tanto para varones como para mujeres, mientras que los salarios mínimos subieron sustancialmente a lo largo de una década.

Junto al buen ritmo de crecimiento del PIB, otra característica relevante del modelo boliviano es su bajo nivel de inflación comparado con otras economías de la región, por debajo del 7% anual desde 2012. Cabe recordar que esta tendencia a la baja se dio incluso en un contexto de aumento del salario real, pero de fijación del tipo de cambio nominal. En este mismo sentido, se habla de una bolivianización del sistema financiero: mientras hacia 2000 el 95% de los depósitos bancarios eran en dólares y sólo el 3% de los créditos otorgados eran en moneda nacional, eso ha cambiado radicalmente. Hoy, 97% del crédito interno es en Bolivianos mientras 84% de los depósitos son en moneda nacional.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció durante el Gobierno de Evo Morales (periodo 2006-2017) un 78% a precios constantes, un 27% más que los doce años previos, con un crecimiento promedio anual de 4,9%. Este proceso apenas se desaceleró a partir del comienzo de la crisis en el centro capitalista en 2008 y su impacto negativo en los precios internacionales de mercancías de exportación (commodities).

Ese proceso de crecimiento fue sostenido fundamentalmente con la expansión de la producción hidrocarburífera y minera que pasó de representar un 8% del PBI en los primeros años del ciclo masista hasta llegar al 20% del PBI en 2012, decreciendo luego hasta alcanzar un 13% en 2017. Ese proceso fue acompañado por un crecimiento acelerado del gasto público, tanto en transferencias como -sobre todo- en inversiones en infraestructura: de conjunto, la administración pública pasó de representar un 5% del PBI, a expresar el 18,8% en los últimos años. En 2017, por primera vez en más de una década, la inversión pública se contrajo.

Es en este plano que la política fiscal del gobierno boliviano ha mostrado una consistente tendencia contracíclica, sosteniendo el mercado interno. Entre 2006 y 2013 el Estado mantuvo un superávit fiscal, mientras a partir de allí -en el marco de la caída en los términos de intercambio- ese indicador pasó a un sostenido déficit. El gasto público ha sido el motor del dinamismo del modelo boliviano, en contraposición con la etapa previa y con la experiencia reciente de la mayoría de los países de América del Sur. Sin embargo, la inversión pública ha mostrado una tendencia decreciente y el interrogante que surge es si es probable que continúe ésta tendencia en los próximos años. Hacia 2018 y 2019 la economía boliviana recupera sus bríos a partir de una cierta mejora en los precios internacionales y el efecto de la política fiscal expansiva.

En tiempos recientes se registra una fuerte reversión del peso de las exportaciones respecto al PIB a niveles similares a la etapa previa, pero manteniéndose solo una reducción moderada de la importancia de las importaciones. Desde que gobierna Evo Morales, Bolivia atravesó dos shocks externos adversos —el de 2009 que duró cuatro trimestres y el segundo que si bien se inicia en 2011 con la caída del precio de los minerales se acentúa desde 2013, siendo más prolongado con una duración hasta el 2016. Desde 2011, los términos del intercambio (relación de precios entre exportaciones e importaciones) cayó 55%, más que el 20% de caída registrado para el resto de América Latina. Eso ha repercutido en el balance de pagos que en ha tornado fuertemente negativo por la caída en la exportaciones, siendo parcialmente compensado por la Inversión Extranjera Directa, el endeudamiento externo y el significativo flujo de remesas (transferencia de recursos de Bolivianos en el exterior).

La caída en las exportaciones de gas natural son preocupantes para la continuidad del crecimiento boliviano: presentan una disminución sostenida en la producción de este hidrocarburo desde 2014, acentuada a fines de 2018 (con una caída del 24% respecto del mismo período del año anterior) y que continúa en los primeros meses de 2019. Desde mayo de 2016, los envíos de gas a Brasil, empezaron a declinar: estas perturbaciones en la demanda de Brasil constituyen un nuevo golpe externo adverso, ya no de precios, sino de cantidades o volúmenes. Lo mismo ocurre con el vínculo comercial con Argentina a partir de 2014.

Los efectos de la crisis en los precios de las commodities de exportación se expresaron en la disminución de los ingresos fiscales por materias primas en diez puntos porcentuales del PIB desde 2013- 2016. En paralelo, esto ha provocado un déficit en el sector externo (cuenta corriente de balanza de pagos, lo que provocó la pérdida de las reservas internacionales desde 2014. El país sufrió, antes del shock externo, una desacumulación de reservas de un 50% del PIB a un 27,5% en septiembre de 2017. Por otra parte, hacia mediados de 2017 la deuda externa representaba un 23,7% del PIB. A su vez, el servicio de la deuda externa respecto al PIB era de 6,7%. Por último, la relación de la deuda externa y las exportaciones, que antes del shock externo era de 43,1%, subió a 92,1% en 2017, mostrando un significativo deterioro en su sustentabilidad. De todas maneras, las reservas internacionales son aun significativas lo que da a Bolivia un importante margen de maniobra.

Hay cierto consenso en que el más significativo cambio en la estrategia de desarrollo en el capitalismo andino-amazónico fue el papel del Estado. El mismo ganó preponderancia como orientador y protagonista del desarrollo económico a través de su intervención directa en la modalidad de empresas públicas nacionalizadas o creadas con recursos internos. Por otra parte, el proceso de industrialización ha sido más bien limitado. La industria manufacturera mantiene una representación estable del 16% del PBI y si bien las exportaciones crecieron casi 10 veces en valor de 2003 a 2014, la participación de la exportación de recursos naturales en las mismas se ubicó por encima del 70%.

Dentro del marco del proyecto de desarrollo de una forma sui generis de capitalismo andino-amazónico, el cambio en la forma-estatal y las políticas redistributivas permitieron reducir la incidencia de la pobreza por ingresos y la desigualdad en la distribución de ingresos. Si bien todavía ⅓ de la población está por debajo de la línea de la pobreza, este indicador cayó a la mitad en 10 años. La base de esta dinámica ha sido la combinación de crecimiento económico sostenido, apropiación estatal de la renta hidrocarburífera (a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, en especial del gas) y redistribución por la vía de una multiplicidad de programas de transferencia condicionada de ingresos. Con la nacionalización de los recursos gasíferos, más del 80% de la renta correspondiente ingresa a las arcas del Estado. Estas políticas, articuladas con la mencionada expansión en la inversión en infraestructura social, han permitido mejorar sustancialmente el acceso a la educación, salud y consumos básicos buena parte de la población: 2 millones de estudiantes han mejorado su acceso a la educación (a través del Bono Juancito Pinto) y cerca de 12% de la población recibe el Bono llamado Renta Dignidad.

En síntesis, el programa económico del gobierno masista en Bolivia ha conseguido aprovechar el extractivismo a los fines de desarrollar una política de redistribución del ingreso, sin alterar el patrón de acumulación extrovertido del capitalismo boliviano. La renta del suelo en la economía boliviana ha conseguido garantizar una década de crecimiento con baja inflación, a pesar de la crisis global y regional. Las contradicciones de este proceso no pueden ser ignoradas en tanto el avance de muchas inversiones en infraestructura (en el TIPNIS, por ejemplo) y proyectos extractivistas (como el del Litio) atacan las condiciones de reproducción de comunidades enteras y de la Naturaleza.

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La radicalización del neodesarrollo avanza con paso firme. Con pies de plomo, despidos y balas de goma. Atrás quedaron la democracia, la constitución y las leyes (burguesas).

Libertad para el dólar, despidos para los trabajadores. Libertad para los precios, límites para los salarios. El capital asume la gestión directa del Estado para garantizar que el pueblo no podrá poner límites a su voluntad de mando.

El gobierno de Cambiemos decidió que debía condicionar lo más posible las luchas populares. Sabiéndose débil en lo político, salió a comerse el partido golpeando primero. Las instituciones de la Constitución social liberal de la Argentina son flexibles, siempre dentro del campo del derecho del capital. La legalidad de las urnas es tomada por las fuerzas políticas de los partidos del orden como derecho a la gobernabilidad. Los ‘primeros 100 días’ son vistos como cheque en blanco.

Los ministerios se llenan de CEOs y cada cual atiende su juego. La conducción es difusa porque prima el ‘sentido común’ empresarial. No se necesita conducción unificada ni tanta verticalidad. El peronismo es un partido sin doctrina ni ideología, por ello funciona con rígida conducción. Es la única forma de garantizar cierta coherencia de acción. El kirchnerismo ha operado (y aún opera) en ese marco. El macrismo, por el contrario, parece más coherente en la práctica, apoyándose en el ‘saber hacer’ del capital y sus gestores. El pragmatismo prima, pero la coherencia viene del marco conceptual que se destila de la sociedad hegemonizada por el capital.

El macrismo llegó para imponer la radicalización del proyecto de neodesarrollo. Parte de la herencia del kirchnerismo: una sociedad mercantilizada, transnacionalizada y precarizada. En la ‘década ganada’ el gran capital consiguió consolidar su hegemonía con el acompañamiento del Estado que volvió para conformar las condiciones de la acumulación exitosa. El ‘desendeudamiento’, la inversión en infraestructura económica, la promoción del saqueo en el campo (trangénicos), la ‘montaña’ (megaminería) y las ciudades (barrios cerrados, especulación inmobiliaria, masificación del transporte y consumo individualizado y mercantil), contribuyeron a consolidar un nuevo patrón de acumulación basado en una nueva inserción en la división internacional del trabajo. Para ello, el Estado se convirtió en ‘caja de resonancia’ de la lucha de clases, instrumento para la desarticulación del conflicto y su normalización conflictiva. La naturaleza contradictoria de ambos procesos contribuyó a crear barreras crecientes, marcadamente evidentes en el tercer gobierno kirchnerista. El giro mundial provocado por la crisis en el centro aceleró la transformación de esas barreras en crecientes desequilibrios.

En la nueva era que comienza el gobierno busca primero desactivar esas barreras y construir un nuevo status quo que permita al capital recuperar su capacidad de acumulación. El gran capital hace años comenzó a desplazar en el tiempo sus contradicciones, frenando inversiones en la economía local y acelerando la salida de capitales, buscando acelerar la ‘corrección’. El ajuste heterodoxo del kirchnerismo operó como respuesta insuficiente pues fue combatido por el pueblo trabajador, neutralizando sus principales efectos. La lucha social evitó que la misma se tradujera en un mayor ajuste sobre las condiciones de vida. Sin embargo, la capacidad organizativa del pueblo no alcanzó la fuerza necesaria para poner en práctica una alternativa política.

A través del macrismo, el ajuste y radicalización del proyecto hegemónico pasa a un nivel superior, buscando más eficacia. Para ello todos los medios aparecen como válidos: DNUs, persecución ideológica y represión abierta. La democracia, la ley y la república, aún en su limitada versión burguesa, pueden ser dejadas de lado si así se juzga necesario.

El ataque contra las condiciones de reproducción social de lxs trabajadorxs se acelera por varios frentes. Avanza el ajuste externo con la devaluación, la eliminación de las restricciones al movimiento de capitales, la supresión de las retenciones y la búsqueda de nuevo endeudamiento externo. En paralelo, se acelera el ajuste fiscal. Se eliminan impuestos y subsidios al consumo (retenciones, impuestos ‘internos’, reducción prometida del impuesto al salario, subsidios al consumo de servicios públicos), se ataca el empleo público de manera virulenta e indiscriminada y se condiciona el financiamiento del gasto público por la vía del Banco Central. Se intenta marcar la cancha en la disputa salarial proponiendo el ajuste por productividad y planteando la amenaza del despido frente al reclamo ‘desmedido’. Se busca construir una nueva matriz regulatoria que promueva la inversión del gran capital en áreas estratégicas como energía, comunicaciones, minería, transporte, apoyados por el poder inversor del Estado (ej., plan Belgrano, subsidios vía Ministerio de Ciencia y Tecnología, etc.).

Si el avance es exitoso, el gobierno pretende consolidar en un solo acto una nueva modalidad de producción y apropiación del valor creado por los trabajadores. La radicalización del neodesarrollo pasa por construir un shock inversor del gran capital transnacional con base extractivista, apoyado en la redistribución del ingreso, la intensificación de la productividad y la súper explotación, y el re endeudamiento externo.

Nuevas condiciones de distribución ‘más justas para el capital’ serán el objetivo, sólo posible aplastando la resistencia social. La articulación de las luchas del pueblo serán la clave para frenar este proceso. Una articulación que se sustente en la organización de la subjetividad popular en torno a las luchas concretas como punto de partida para la disputa por el desarrollo. El enfrentamiento contra el capital (y su poder en el Estado y los partidos del orden) en las calles, los lugares de trabajo, en los barrios y el territorio, será la base del surgimiento de un nuevo ciclo de lucha. Ese nuevo comienzo podrá poner en pie el proyecto del 2001, el proyecto de radical transformación de la sociedad. Un proyecto de cambio social que se proponga destruir los límites del neodesarrollo a través de la superación dialéctica de sus presupuestos, a través de la desarticulación de su modelo productivo, político y social. Nuestra batalla será hoy por enfrentar el ajuste capitalista, el ajuste del neodesarrollo que busca su intensificación. La disputa de hoy será el punto de partida para superar el fetichismo del Estado social (y el desarrollo a través suyo) como únicas alternativas posibles. El socialismo latinoamericano, bajo la forma del buen vivir y la democracia con protagonismo popular, deberá volver al frente de batalla.

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