Lo peor ya pasó. La frase remix de Macri en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso para sostener que la economía ahora sí está en recuperación, las viene reproduciendo en cada entrevista brindada en lo que va en de su gestión. Esa, junto a otras frases del manual oficial, no faltó.

Es su tercera visita al Congreso desde que asumió en 2015. Esta vez no llovió. Pero la ausencia de apoyo también se hizo agua. Tanto que nos regaló un meme que recorrerá las redes por varios meses con un saludo a la nada, o quizá era a la cientos de efectivos policiales presentes, a quienes dijo que teníamos que cuidar entre todos porque dan la vida por nosotrxs, aunque la tasa de gatillo fácil se haya duplicado en estos dos años.

La economía ocupó un lugar preponderante en los 43 minutos que duró su discurso. No es una novedad, fue el caso de casi todos los presidentes desde Menem, que destinaron la mayor parte de su discurso a la situación económica (la única excepción fue Néstor Kirchner, quien destinó más tiempo a la situación social). La obra pública fue otro de sus grandes hitos, aunque es obvio que es mantenida con endeudamiento internacional.

Macri también se refirió a las medidas para transparentar al Estado, como las declaraciones patrimoniales y el límite para nombrar familiares, aunque no mencionó ningún caso en particular. Gilligan llegó para taparle los problemas a Caputo. En un gobierno plagado de conflictos de intereses, el Ministro de Finanzas y amigo de Mauricio, Luis, está en la mira de la Justicia por ocultar que tenía sociedades offshore.

El manual indica que hay crecimiento sostenible por primera vez. Los usuarios de redes oficialistas no pararon de empoderar la frase junto a gráficos del INDEC. Que la inflación bajó y seguirá bajando, que el empleo registrado no para de crecer, que los salarios le ganaron a la inflación y que la pobreza bajó. El Ministerio de Trabajo informó, en base a los registros en el Sistema Integrado Previsional Argentino, que dos tercios del empleo total creado el año pasado (268 mil) fueron monotributistas, autónomos, empleo público, trabajadores en casas particulares y monotributistas sociales. Son empleo inestables y de bajos ingresos. El empleo de calidad y bien remunerado de la industria acumula una caída de 66.310 puestos en dos años. ¿La desocupación está bajando? ¿El salario le ganó a la inflación?

Se les pagó una fortuna a los fondos buitre con la excusa de que habría una lluvia de inversiones. Pero la inversión externa directa fue menor en estos dos primeros años de Macri que en los dos primeros años de la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Pero se subió en los puestos internacionales de transparencia.

Los cantitos en la cancha no tienen correlación con el voto. La mayoría que canta MMLPQTP posiblemente no hayan ido a protestar al Congreso por la reforma previsional, quizá nunca se acercaron por ninguna causa, e incluso lo hayan votado. Hoy lo putean por un malestar económico individual, por conspiraciones arbitrales contra sus equipos e incluso por moda. Y Macri, aunque no parezca cierto, atiende esa llamada. Él proviene de ahí, del fútbol. Le da impronta y lo escucha más que la gente que va a marchar.

“El fútbol expresa la realidad social de un país. El caos de populismo y corrupción tuvo su contraparte en el fútbol” #MacriConFantino

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 22 de julio de 2016

El fútbol muestra mucho lo que pasa con la sociedad pic.twitter.com/83vS0qvh

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 10 de mayo de 2012

‘El fútbol expresa mucho de lo que le pasa al país’ ^A

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 27 de junio de 2011

El problema, quizá, sea que simplemente pueda solucionarlo con resultados deportivos.

Tampoco esquivó el conflicto educativo. Como el año pasado, se lamentó de los resultados. Cada vez chicos más burros. Y de ¿quién es la culpa? De los maestros, que solo se ocupan de la educación en épocas de paritarias. La demonización de los maestros otra vez se hizo presente a la par que en las redes otra vez, quizás, aparecieron voluntarios para llenar las escuelas. Más tarde Vidal, en su discurso, apañaría las palabras del primer mandatario.

Pero las palabras de Macri estuvieron más cuidadas que nunca. Es que tuvo, para ejercer su cargo, que aprender a dominar sus formas y abstenerse de decir lo que piensa realmente, como cuando se lamentó de que la droga matara tanto a pobres como a gente muy valiosa, cuando habló de la educación pública como “caída” o derrapó en frases como “el mar es muy grande y el submarino muy chico” o que “el problema en el indoamericano era por la inmigración descontrolada”, cuando aún era jefe de gobierno de la Ciudad. O cuando dijo que la homosexualidad era una enfermedad. Que a qué mujer no le gusta que le digan qué lindo culo, o que el salario era un costo más.

El manual de Durán Barba, esta vez, estuvo en todo su esplendor. Lectura para apegarse a las antiguas leyes, dicción correcta y elevada voz sólo en pequeñas ocasiones de nombrar triunfos, o ideas de cansancio. Contacto visual con amigos y enemigos, dulzura y preocupación para hablar de salud y educación y  temblequeo de autosatisfacción para anunciar un parque nacional en Campo de Mayo, disfrazado de futuro hito y no como un borrador de símbolos históricos.

Otro acierto, quizá festejado por los propios, fue que tratara temas de género. Salario desigual, embarazo adolescente y apertura al debate por la legalización del aborto.  Pero ¿qué dijo realmente? O, mejor dicho, ¿qué no dijo? Primero, que está a favor de la vida, como si quienes apoyan la despenalización y legalización del aborto no lo estuvieran. Luego que espera que se escuchen todas las voces, jerarquizando la católica. No habló de cambiar el marco que criminaliza a las mujeres que interrumpen voluntariamente un embarazo por fuera de los permisos previstos ya en el Código Penal. Tampoco habló del desfinanciamiento del programa nacional de Educación Sexual Integral (Según datos oficiales en 2015, la inversión era de 55.755.738 pesos; en 2016 pasó a $27.662.623 y en 2017 subió a $43.211.136), aunque aclaró que era la base fundamental para  prevenir los embarazos no deseados en adolescentes.  Pero entonces, si no va a cambiar nada, ¿para qué anunciarlo? A días de un nuevo paro internacional de mujeres. Bueno, quizá, esa es la pregunta que, aunque obvia, debamos hacernos de todo su discurso en la 136 apertura de sesiones legislativas.

Sería loco, y a la vez lamentablemente probable, que muchos con un pensamiento retrógrado caigan en la advertencia  que cuenta Alejandro Bercovich en su editorial para BAE: en el Rotary Club de San Isidro el cirujano Juan Carlos Parodi, ante un  público VIP, estimó que “en tres generaciones, las familias pobres generan 80 nuevos habitantes y las no-pobres sólo 16”. Dado que a su juicio “la sustancia gris y la superficie cerebral es menor” en los hijos de las familias de bajos ingresos, el médico concluyó que con la actual dinámica demográfica “nos estamos llenando de habitantes con escasa capacidad mental, con pobre educación y tendencia al delito”, por lo cual “en pocos años volverá el populismo, los cubanos volverán a dar las órdenes como hicieron con los montoneros y seremos otra Venezuela”.

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El presidente Mauricio Macri envió al Congreso el proyecto de Ley de Reforma Electoral que busca “transparentar”, según dijo, el proceso electoral, a la vez que intenta “agilizar” el recuento de votos.

Si bien parece contar con la mayoría en la cámara baja para ser aprobada, parte del arco opositor, expertos en sistemas de votación y organizaciones civiles consideran que la propuesta del gobierno es insuficiente.

Uno de los puntos centrales de la reforma electoral es la implementación de la boleta electrónica como ya introdujo Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, así como también en la provincia de Salta en las últimas elecciones. El objetivo es simple: aplicar el mismo sistema. Para eso, el ejecutivo deberá poner en marcha un proceso de licitación para la adquisición de las máquinas y la capacitación de los electores. El caballito de batalla de la ley implica, según el gobierno, una “mayor equidad y transparencia” a la vez que “agiliza el proceso de recuento y transmisión de resultados”.

Otras novedades del proyecto es la supresión de las famosas listas denominadas sábana y colectoras. Un mismo candidato no podrá presentarse en elecciones nacionales y provinciales al mismo tiempo y habilita la postulación del candidato a presidente en las PASO sin formula completa. Además, tras la experiencia de Argentina Debate, el gobierno pretende que de ahora en más los debates presidenciales sean obligatorios. Sostiene que el debate “fortalece el componente deliberativo de la democracia y alienta el interés ciudadano en las campañas”.

En cuento al punto de trasparencia el proyecto pretende generar un mayor control para evitar fraude: a través de la creación de un cuerpo de auditores para dotar a la Justicia electoral y controlar así el financiamiento político. Esta etapa de la reforma será para la segunda fase, hacia el 2019. También creará la figura de un fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), que estará especializado en la materia. En la actualidad funciona con el fiscal que actúa ante el Juzgado Federal N° 1.

Una limitación democrática

Si bien la mayoría del arco político se manifestó a favor de la reforma, el punto que más críticas obtuvo fue la intensión de modificar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa pretende que cada elector deberá optar primero en qué agrupación participar y luego elegir entre los candidatos de dicho espacio.

Varios dirigentes del interior del país se manifestaron en contra de está medida, calificándola de “tramposa e ilegítima”. Para el ex legislador tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, del Frente Renovador, “Plantear que los partido políticos solamente lleven candidatos a presidente en las PASO y dejar la posibilidad de que luego se convoque a cualquier otro dirigente que perdió en las mismas elecciones o que no participo en ninguna me parece lo más tramposo e ilegitimo que se puede plantear al electorado”. Según el ex legislador, esto significará que “se multiplicarán los candidatos a presidente pero con intenciones reales de ser vice, especulando con el caudal de votos y negociando apoyos”. Aseguró que esta medida podría desvirtuar el espíritu de las PASO.

La polémica por las Primarias llegó incluso de aliados. El Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, uno de los principales gobernadores que respalda al gobierno de Macri, se mostró crítico a la restricción que implica la participación en las internas de un solo partido. “La partidización obligatoria que se propone es un retroceso porque le quita la posibilidad al ciudadano de armar su voto con total libertad, como hacemos en nuestra provincia y como viene funcionando positivamente en las actuales PASO”.

Por su parte, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, se mostró preocupado ya que “Macri agravó el intervencionismo estatal al prohibir que en las PASO el electorado no pueda cortar boleta entre distintos partidos o alianzas. Estamos en presencia de una manipulación extrema”. Además manifestó que el proyecto oficial omite por completo el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales “Lo que en los hechos significa mantener la estructura corrupta actual, que permitió el florecimiento de los José López, y también de la manipulación de los candidatos y partidos por parte de los empresarios y hasta el narcotráfico”.

Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) llegaron más críticas al proyecto enviado del Presidente al Congreso al destacar en su último documento publicado que “El desafío es que no basta con una reforma de la ley nacional. Se requiere, además, un compromiso de las provincias para eliminar la ley de lemas y verticalizar las alianzas: que los partidos deban mantener las mismas alianzas en todas las categorías y a través de los distritos”.

De aprobarse la reforma electoral -de modo total o parcial- solo tiene alcance en las elecciones de categorías nacionales -presidente, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur-, ya que en el ámbito provincial es facultad de cada estado fijar su normativa electoral, pudiendo adherir o no. En ese contexto, este nuevo paquete no implica que los términos se repliquen en todas las provincias, donde el debate deberá darse en sus respectivas legislaturas.

Comienza el debate

El proyecto que ya comenzó a discutirse en la Cámara, donde podría haber nuevas modificaciones. Sin embargo, desde el gobierno descontaban que las medidas avanzarán en el Parlamento sin mayores inconvenientes dada la ronda de consultas previa, donde por ejemplo se pudo modificar la intensión del oficialismo de eliminar la obligatoriedad de las PASO o crear un órgano electoral independiente que reemplace a la Dirección Nacional Electoral.

También fue descartada la implementación de un mecanismo para unificar el calendario electoral, siendo esta una de las obsesiones del presidente que planteó la necesidad de reducir la cantidad de veces que la ciudadanía concurre a votar en los años electorales. Pero esa pretensión chocó con algunas constituciones provinciales y sobre todo, con los intereses de muchos gobernadores, quienes defienden su facultad de fijar su calendario electoral. Finalmente sólo quedó en un llamado de Macri a “Concentrar rápidamente las elecciones para que los que ahora estamos con amor y compromiso en la carrera del servicio público tengamos la mayor cantidad de tiempo posible para resolver los problemas que tiene nuestra sociedad”.

Uno de los mayores desafíos será la implementación del uso de boleta electrónica en todo el país, que obligará al Ejecutivo a comenzar con los procesos de licitación y la campaña pública de capacitación apenas la ley esté sancionada. Vale recordar que el macrismo ya tuvo un antecedente complicado en la ciudad de Buenos Aires cuando tuvo que suspender la aplicación de la BUE en las primarias porque no llegó con los plazos y recién las pudo implementar en las generales.

En su momento, especialistas en seguridad informática advirtieron sobre posibles vulnerabilidades de este sistema, que resulta mucho menos accesible para su fiscalización por la necesidad de conocimientos técnicos. Además de la licitación de una empresa privada (en Salta y CABA se contrató a Magic Software Argentina MSA) para confección de las máquinas de votación y el desarrollo del software implica una “tercerización del proceso electoral”.

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A dos meses del acampe de los trabajadores del Hospital Posadas frente a la falta de respuesta del gobierno por los 641 cesanteados, realizamos esta crónica de una lucha que, lejos de concluir, aún se mantiene en pie.

“La relación con los pacientes es de total solidaridad”, me dice Manu con quien retomo la charla. En referencia a la movilización contra Vidal me explica que para ellos “la tercerización también es una amenaza importante porque justamente, las dos áreas en que más despidos hubo, seguridad y limpieza, son las áreas favoritas para este tipo de prácticas ya que son las más fáciles para implementar una privatización”.

Manu manifiesta que hay una diferencia muy grande entre una gestión de un hospital que pone los recursos del Estado al servicio de los negocios de los monopolios de la salud, farmacéuticas y laboratorios, frente a todo lo que implica el negocio de una gestión que los ponga al servicio real de la prevención y la comunidad. “Esto no es una pelea solamente por nuestros puestos de trabajo, esto es una defensa de la salud pública, porque vemos lo que está pasando”, me indica y explica que ahora justamente son pocos ya que en ese momento muchos de sus compañeros se están movilizando a la municipalidad de Morón para reclamar por despidos en sectores sensibles como en el consejo escolar.

Pregunto si en el sector médico también existieron despidos. Los hubo me dice Manu: “Médicos de pediatría y dermatología que eran extranjeros y según la administración del hospital no tenían la documentación al día, o sea que los despidieron por extranjeros básicamente”. “Yo doy fe que tenían la documentación al día. Para que te den una matrícula tenés que tener la documentación al día”, interrumpe Celeste. Ella fue cesanteada del sector de seguridad. Me cuenta que algunos de los médicos fueron reincorporados como monotributistas cómo se hace con los residentes, que de hecho, no cobran desde diciembre.

Celeste me cuenta que fue una de las acampantes que asistió al parto de un bebé en el hall del edificio hace uno días. Me dice que “fue una alegría, algo hermoso, pero vivido con mucha bronca porque no nació con el derecho de hacerlo en un lugar contenido por el vaciamiento que se está realizando en el hospital”.

Pregunto cómo fue y me relata la historia: “Ella llega un sábado que es cuando menos personal hay, adolorida y ya en trabajo de parto. No había nadie en orientación ni teníamos formas de avisar para que vengan a buscarla con una silla de ruedas para ingresarla a la sala de parto. Lo enviamos a su pareja a ir por alguien pero ya era tarde. Se acostó, le bajamos los pantalones y ahí cazamos un doctor que venía de hacer unos estudios y pudimos avisar. Cuando los médicos bajaron ya estábamos cortando el cordón. Lo peor es que además después tuvimos que esperar una hora para que vengan a limpiar por la falta de personal”, concluye.

Celeste tiene 37 años y es mamá de seis chicos. El telegrama le llegó el 15 de marzo como al resto. Fue despedida sin causa. Nadie le supo decir porque la dejaban sin trabajo, la dirigencia nunca le dio una explicación ni a ella, ni a sus jefes directos. Aún le deben la indemnización y sesentas horas extras. Me explica que cuando ingresó le dieron la oportunidad de elegir que gremio quería que la representara; eligió ATE. “Pensé que era un gremio realmente paritario que defendía a los trabajadores”, se resigna.

El primer director que llegó con la intervención de esta gestión es Alberto Díaz Legaspe. “Igual estuvimos dos meses sin directivos”, agrega Celeste. El doctor, quien se negó en 2010 a practicar un aborto a una joven violada en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, ya había sido interventor del hospital durante la presidencia de Eduardo Duhalde en 2002. Según me cuenta Manu luego se enterarían que además de volver a la cabeza del hospital para realizar el trabajo sucio del gobierno de Macri gestionando despidos, fue con la promesa de cobrar una vieja deuda que tenía el hospital con un laboratorio muy importante del cual él es lobista.

“Ahora se tomó una licencia de un mes por un problema de salud. Suponemos que él no va a volver, que van a poner a otro director, no sabemos si lo reemplazará alguno de los 6 directores actuales o si van a mandar a otro. La verdad es que todos los despidos y todas las decisiones que se están tomando en el hospital vienen directamente del Ministerio de Salud y de Modernización”, concluye Manu.

“La idea es clara: terciarizar el trabajo del hospital”, me indica Celeste. “En su gestión anterior el problema fue por lo mismo. Despiden gente, acusan que el servicio público estatal no sirve y lo terciarizan para que tenga un supuesto mejor funcionamiento”, agrega haciendo referencia al anterior paso de Legaspe por el hospital.

Pregunto como venía funcionando el lugar en años anteriores. “Aunque siempre sea difícil gestionar una institución pública de salud venía funcionando”, arranca Manu. “Yo venía a trabajar segura” dice Celeste. “Y estaba limpio, no como ahora”, añade. Escucharla comprometida con la situación del sistema de salud, interiorizada con las problemáticas del hospital y su funcionamiento no sólo de su sector, hace que se rompa cualquier prejuicio que pueda pesar sobre ella. Pero bajo la lógica Pro, con la que justifica su modelo, fue despedida por ñoqui.

Debatimos las diferencias de clases y la grieta que generan los que llevan la ideología de la meritocracia entre las personas de la misma escala económica. “A mí lo que me preocupa es la gente que está al mismo nivel que vos y no entendió. Gente grande que nunca se pudo jubilar, vivió los últimos 70 años de las mismas políticas de siempre y votó a Macri, no puedo encontrarle la vuelta. O vecinos que se creen que porque cambiaron el auto y se compraron su casa, encima gracias a políticas estatales, crean que se lo ganaron solos”, aporta Damián. Tiene 37 años, trabaja en la cocina del hospital y sus horas libres las pasa en el acampe reclamando por sus compañeros. En su sector también, dice, hubo despidos. Su nombre por suerte no apareció en ninguna lista. Me cuenta que si bien los cesanteados en la cocina son pocos, a varios les hicieron contrato hasta diciembre y probablemente serán despedidos cuando concluyan.

Pasaron dos horas desde que estoy en el hall con ellos. Manu me lleva a recorrer los pasillos escondiendo la cámara bajo la campera. Queremos retratar el estado del hospital. No hace falta caminar mucho. Entre las diez mil personas que visitan el edificio a diario y el poco personal de limpieza el resultado está a la vista. A medida que avanzamos, pacientes y familias en salas de espera se mezclan entre conteiner de basura desbordados. Los baños y pisos que acompañan la falta de mantenimiento e infraestructura tienen tiempo sin limpieza. Antes de los despidos veías una persona pasando el trapo todo el tiempo me dice manu.

Se evidencia cada vez más lo que me relataban antes. Entre que caminamos por el predio, con cuidado de que los pocos seguranzas que lo recorren no nos pidan explicaciones de las fotos, no nos cruzamos más de 2 o 3 trabajadores del hospital. Las sillas vacías abundan los escritorios de orientación. El sector de personal en particular en obra está paralizado desde diciembre.

Seguimos caminando. Caminamos entre los pasillos. Subimos y bajamos escaleras y por los pocos ascensores que funcionan. Caminamos en círculo sabiendo que nos vamos a reencontrarnos con lo mismo de antes: el hall desbordado por pacientes y el acampe de los trabajadores cesanteados.

Continuará.

Nota relacionada: 641 razones para acampar en el hall de un hospital (I)

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A dos meses del acampe de los trabajadores del Hospital Posadas frente a la falta de respuesta del gobierno por los 641 cesanteados, realizamos esta crónica de una lucha que, lejos de concluir, aún se mantiene en pie.

Las CGT y CTA deciden si van al paro por el veto de Mauricio Macri a la ley antidespidos; Margarita Barrientos explica porque no va a ver al Papa; Racing despide a Milito que se retira del fútbol profesional; la editorial de algún diario elogia a la Gobernadora de la provincia por sus comentarios sobre meritocracia visto como un valor que debe ser aprendido; los medios públicos te invitan a través del hastag #CederLaPalabra a construir un diálogo desde las coincidencias y desde las divergencias y Iudica a reflexionar sobre la grieta; Mirtha llora por los pobres junto a su empleada Juanita; el gobierno se pregunta el proceso de creación de una empanada, destacando a los distintos actores involucrados en un spot de TV mientras homologa un acuerdo entre el Registro Nacional Trabajadores Agrarios y el gremio UPCN que permite echar entre 600 y 800 trabajadores del organismo; “Lázaro Báez” titula durante semanas algún otro diario a la par de despidos en el Estado y el avance hacía una política de flexibilización y tercerización laboral; docentes, no docentes y estudiantes de universidades públicas marchan por el presupuesto y salarios; las CGT y CTA también se movilizan; despiden talleristas y se cierran programas sociales; la inflación, en alza; la canasta básica aumenta un poco más de tres por ciento; los maestros en Provincia anuncian un paro; condenan a cuatro años al exsecretario de Seguridad de la Alianza por la represión del 2001; Messi es tapa de Sports illustrated; cooperativistas y organizaciones sociales sostienen una vigilia frente a Plaza de Mayo previo al 25 de mayo; la Plaza amanece vallada; Bullrich agarra gente en Belgrano queriendo incendiar un auto, dice que iban a la plaza; el ministerio de Justicia de la Ciudad dice que eran anti Ubers; Macri come locro en privado; se cumplen casi 200 días de su gobierno.

Estos son algunos de los hechos relevantes, noticias y eventos triviales que circularon durante los últimos más de dos meses en los medios de comunicación. El mismo tiempo que llevan 641 trabajadoras y trabajadores despedidos del Hospital Posadas durmiendo en el hall de entrada. Poco se sabe del acampe. Esta vez no existe una cobertura mediática en el Hospital cómo cuando fue el famoso incidente del tomógrafo en febrero tildado de boicot. A no ser por las diez mil personas que atiende diariamente la institución, pocos ven a las y los acampantes: empleados del hospital cesanteados por el Ministerio de Modernización. Las noticias que circulan por medio de la encargada de realizar la comunicación del Hospital, Malena Lobo, hermana del periodista Guillermo Lobo, parecen no tener rebote en los medios. O no les llega.

La institución fue construida a fines de los años 1950 como iniciativa de la Fundación Eva Perón, proyectado y diseñado por el Ministro de Salud Dr. Ramón Carillo durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. Tiene una historia marcada por la dictadura cívico militar a la que no escapó. El 28 de marzo de 1976, a cuatro días del inicio de la ocupación ilegal del poder por parte del ejército, el hospital fue intervenido. Se tuvo conocimiento de que un grupo de médicos del hospital pertenecía al “ERP 22”, y formaban parte de la escuela de postas sanitarias para prestar apoyo médico a Tucumán y que funcionaba como centro de adoctrinamiento ideológico y de apoyo a la subversión. Esas fueron algunas de las causas que se utilizaron de excusa para intervenir y utilizar el predio de 72 mil metros cuadrados como centro de detención, dejando once desaparecidos.

Manuel Molina, integrante del acampe y miembro de la Comisión de Cesanteados del Hospital Posadas es con quien me contacto y recibe en el acampe. Fue despedido de la Dirección de Derechos Humanos. Me cuenta que todo comenzó el 15 de marzo cuando empezaron a llegar los telegramas de despido que alcanzaron un número de 641 de todas las áreas del hospital. Que al principio contaron con el apoyo de los gremios que participan en el Posadas pero que se fue diluyendo al pasar de los días. Entonces se organizaron de manera autónoma sufriendo el boicot de UPCN y ATE. “Cumplieron el rol de asustar a los compañeros y dijeron que había una mesa de negociación”, dice Molina sobre los dos gremios estatales más importantes del país. Pero ni la mesa de negociación ni los dirigentes se hicieron presentes. El acampe continua.

Cuando llego al hospital el acampe se mezcla entre la suciedad de un lugar que, a no ser por algunos médicos caminando entre los consultorios y las salas de espera llenas, no parece un centro de salud. El mismo hall que comparten algunos pacientes es donde los trabajadores despedidos decidieron acampar en forma de protesta. Algunos médicos pasan a tomar un mate entre sus rondas. Otros los aceptan como forma de paisaje.

Mientras algunos desayunan, dos de sus compañeros que estuvieron acompañándolos durante la noche duermen. Luego me enteraría que uno de ellos no es trabajador del hospital, que está ahí para acompañar a su amiga Celeste. Votó a Macri, me cuenta ella, pero ahora está acá bancandome.

Los gremios que sí los apoyan son el STS (Sindicato de Trabajadores de la Salud) y la CICOP, que nuclea a los Profesionales de le Salud de la Provincia de Buenos Aires. Según Manuel Molina su dirigencia siempre estuvo acompañándolos pero los médicos no tanto. “Ellos medio estaban de acuerdo con esto de la reestructuración y de los despidos, no decían nada en contra pero tampoco se comprometían. Ahora cambió el panorama porque les está tocando a ellos. A medida que la gestión avanza, empieza a flexibilizar y a tocar otras áreas, comienzan a darse cuenta que les va llegando la hora a distintas personas del hospital”, me cuenta y explica que no es por paritarias “algo que todavía no se discutió”, sino porque la dirigencia comenzó a colocar jefes de los sectores profesionales como en cirugía sin consenso con ellos.

Mientras hacemos la nota, la televisión trasmite en vivo el veto del presidente de la ley anti despidos desde Cresta Roja, la empresa avícola que reincorporó mil trecientos de los más de tres mil empleados despedidos en los últimos cinco meses. La prohibición de despedir trabajadores, a su juicio, limita la libertad. El cepo laboral como lo titula Infobae duró menos de 24 horas. Hablando del tema, Molina recordaría las palabras del presidente sobre el hospital en su primer discurso de aperturas de sesiones legislativas el primero de marzo: “La salud pública también tiene enormes desigualdades y problemas estructurales, empezando por el PAMI, institución responsable de cuidar a nuestros queridos abuelos, en el que hemos encontrado despilfarro y corrupción como en las peores épocas, y siguiendo, el uso de los recursos para la militancia política, como el caso del Hospital Posadas”. Los telegramas estarían al caer.

Alguien me muestra con indignación una noticia en su celular en referencia a las palabras de María Eugenia Vidal disminuyendo la protesta del día anterior en la legislatura bonaerense por la ley de emergencia, específicamente por la tercerización de los auxiliares de las escuelas. Ella es Graciela, es paciente del hospital pero se quedó a bancar el acampe, me cuentan. Su historia merece un capítulo aparte. Pero es imposible no relatar algo. “Yo siento que está también es mi lucha”, dice antes de que le pregunté por qué está ahí.

Graciela tiene 49 años, trabaja en una fábrica textil de flores, “ahora estoy prácticamente despedida de mi trabajo”. Siempre estuvo en situación precaria. Junto con tres compañeros hace poco fueron a pedir por sus derechos laborales y la respuesta fue que agradecieran que tenían trabajo. Le pregunto por la fábrica, cómo se llama y qué marcas confecciona. Me dice que por miedo a perder el trabajo definitivamente prefiere no dar ninguno de esos datos. Graciela está en el hospital realizándose estudios complementarios por un cáncer de mama, “paso más tiempo acá que en mi casa” me dice. No tiene familia. En su casa llegaron cinco mil pesos de agua y en AYSA, cuando fue a realizar el reclamo por no poder afrontar la cuenta, le dijeron que primero pague y luego reclame. Mientras espera los resultados de sus análisis está pensando en cómo solventar los gastos de su medicación. Me cuenta que en diciembre logró iniciar el trámite para ingresar en la lista de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para la cobertura del cien por ciento de los medicamentos que necesita. Nunca recibió una respuesta.

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El jueves pasado 6 de mayo en el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) de Capital Federal se llevó a cabo el Debate sobre violaciones a los derechos humanos y resistencias en nuestra América atravesada por nuevas formas de golpes.

Del evento participaron Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Beverly Keene, de Diálogo 2000, ambas participantes de esta iniciativa; Salvador Zúniga, hijo de Berta Cáceres, la líder indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asesinada el último 2 de marzo; Eduardo Soares, abogado de la Gremial que representa a los seis campesinos paraguayos arrestados hace 10 años en nuestro país cuando pedían refugio, quien compartió la demanda presentada ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Además estuvieron presentes integrantes de la agrupación Pañuelos en Rebeldía y la Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala.

El problema de Paraguay es la tierra

A 10 años de la detención de seis campesinos paraguayos en Argentina, donde pasaron 3 años detenidos, luego extraditados y sentenciados a 35 años de prisión acusados del asesinato de la hija del ex presidente paraguayo Raúl Alberto Cubas Grau, Eduardo Soares, abogado de la Gremial Argentina que los representa compartió su historia del caso y la situación institucional que atraviesa Paraguay junto a la presentación ante la CIDH por los seis.

Soares explica que ha habido una disputa en Paraguay muy grande entre la vieja oligarquía y los nuevos arrendados que han tomado la tierra por la fuerza para dedicarlos a la agroexportación de soja y “por lo tanto los grandes consorcios Brasileros y de Paraguay han dominado gran parte del territorio”. Esto no se hace pacíficamente y con gran resistencia campesina. “Aún sufriendo uno de los mayores genocidios de nuestra historia como lo fue la guerra de la triple alianza”, agrega.

En los últimos 20 años la resistencia campesina y su lucha ha tomado cada vez más fuerza. Grandes focos de resistencia y represión como la masacre de Curuguaty han pasado bajo el puente. Soares, “El Negro”, como le dicen en su círculo íntimo, expone que Paraguay sostiene diferentes estadios en su historia: “Lucha campesina en auge. Reaparición de organizaciones sindicales campesinas y políticas, una de las más grandes que surgió fue Patria Libre que llego a tener un desarrollo campesino muy importante con auténticos dirigentes en sus filas. Partido que comienza a desarrollar una lucha que no es lo mismo que la lucha individual, en los gremios o armar un partido y decir yo quiero ser parte del poder”. Y continúa: “Esta confrontación con las oligarquías ha sido grande desde entonces con una gran represión, importante con matanzas selectivas contra dirigentes de Patria Libre y el movimiento agrario popular, una organización netamente con presencia campesina. Represión masiva por parte del ejército patrullando los montes y desalojando. O colaborando con estos ejércitos privados que empiezan a aparecer con esta nueva oligarquía, truchando boletas de compra venta, títulos de propiedad, amenazando, matando dirigentes y sus familias”.

Un proceso largo que concluye por estos tiempos con las imputaciones a dirigentes y campesinos desde el sector judicial. “Con el caso de estos seis campesinos se inicia un proceso que tiene que ver con la administración de la justicia paraguaya y en general en América Latina que cuesta explicar y razonar”, reflexiona Eduardo Soares.

La historia de estos seis campesinos que hace 10 años los llevó a su detención ilegal, comienza en 2005 cuando a la semana de ser detenidos en Paraguay, el juez original de la causa, Don Pedro Mayor Martínez, los absuelve a la semana y los pone en libertad. Se producen hostigamientos, amenazas que los lleva a decidir ir a ver el embajador argentino del momento en Asunción donde reciben asilo y recomendación para pasar por la frontera. Pero son apresados a la semana de su llegada al país. La madre de Cecilia Cubas, junto al dirigente Juan Carlos Blumberg y Aníbal Fernández, ministro del interior por ese entonces, declararían a los campesinos terroristas y su deportación para ser juzgados en su país. Estuvieron detenidos entonces en Argentina durante tres años. Una herida que aún duele a la gremial de abogados. “Durante el juicio nosotros probamos torturas en las cárceles paraguayas donde el Juez Lijo nos dijo que eso no significaba que estos seis iban a hacer torturados”, expresa Soares, quien aún continua en la lucha por su liberación.

A partir de ahí la Corte Suprema confirma la resolución del Juez y son devueltos a Paraguay donde son condenados a 25 años, más 10 años por agravante. Un caso perdido según el “Negro”.

El fiscal de la causa fue Rogelio Ortúzar, quien no sólo participa en los tribunales, también suele pasearse con uniforme táctico y armado entre campesinos asesinados en operativos de desalojo. El problema de Paraguay, advierte Soares, no es tanto la politización de la justicia si no su feudalismo que mantiene intacto a pesar de haber contado con la formación de fiscales por los más progres juristas argentinos como Zaffaroni y Barcesat.

La lucha siguió en Paraguay. Entre ellos seis, hay unos 100 presos políticos hoy en día que Soares los divide en tres grupos. Estos seis más Villalba (Curuguaty). El segundo grupo a campesinos integrantes de las organizaciones sindicales. E integrantes del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

Con complicidad e intervención de otros países latinoamericanos, además de los extranjeros, como Colombia, se ha enviado grupos de tareas especializados a Honduras y Paraguay. Milani ex jefe del ejército argentino envió una brigada de inteligencia recibida por Fernando Lugo para colaborar en la lucha contra el EPP en su momento, y ahora, en tiempos de Cartes, hace muy poquito se ve la presencia de la MOSSAD, agencia de inteligencia israelita.

Eduardo Soares finaliza reflexionando que tanto Lugo, agrupaciones y partidos de izquierda, como la derecha a la que responde Cartes, los gobiernos y cancillerías argentinas que han pasado durante estos diez años, han hecho nada por este caso.

Los seis campesinos siguen tan invisibilizados como al principio a no ser por la presencia de los organismos campesinos que continúan con la lucha de siempre: Defender la tierra.

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El jueves pasado 6 de mayo en el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) de Capital Federal se llevó a cabo el debate sobre violaciones a los Derechos Humanos y resistencias en Nuestra América atravesada por nuevas formas de golpes.

Del evento participaron Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Beverly Keene, de Diálogo 2000, ambas participantes de esta iniciativa; Salvador Zúniga, hijo de Berta Cáceres, la líder indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asesinada el último 2 de marzo; Eduardo Soares, abogado de la Gremial que representa a los seis campesinos paraguayos arrestados hace 10 años en nuestro país cuando pedían refugio, quien compartió la demanda presentada ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Además estuvieron presentes integrantes de la agrupación Pañuelos en Rebeldía y la Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala.

Berta, un caso que se replica por todo Latinoamérica

Es de público conocimiento las políticas desestabilizadoras y golpistas que el gobierno de EE.UU. viene impulsando sobre toda la región con complicidad de los gobiernos locales y financieras internacionales. Países como Haití, Venezuela, Bolivia, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador y Brasil que fueron marcados por desgarradoras dictaduras en su historia, hoy sufren golpes blandos de los cuales con ayuda de otros Estados, empresas multinacionales, partidos políticos, ONGs financiadas por fondos buitres, y bancos, entre otras organizaciones, toman el poder ofrecido a un dirigente de sus conveniencias, logrando una estabilización institucional y meter sus intereses en las políticas locales, negociando concesiones de extractoras, cerraderos y otros recursos naturales, reprimiendo, amenazando y asesinando a dirigentes sociales y trabajadores a través de la policías locales con ayuda y entrenamiento de grupos tácticos y especiales de países extranjeros (o de la misma región) y sicarios.

Berta Cáceres, hondureña, dirigente social “desde que nació”, diría su hijo más tarde, fue asesinada el pasado 2 de marzo en medio de su lucha incansable y pacífica junto al pueblo lenca de Río Blanco para detener la construcción inconsulta del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

La construcción de esta obra, es llevada a cabo por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.), financiada por los bancos FMO (holandés), el FINFUN (finlandés), SIEMENS (alemán) y bancos nacionales a través del actual Estado hondureño. Poniendo en riesgo el acceso al Río Gualcarque, vital para la supervivencia de la comunidad lenca, limitando su acceso al agua y alimentos.

Berta y el COPINH lucharon pacíficamente para que cesara la construcción de Agua Zarca y por su lucha, fueron amenazados, hostigados y perseguidos y no solo por el Estado. El sicariato es una práctica habitual que se ha vuelto algo normal dentro de los nuevos golpes institucionales, atentando contra la vida de dirigentes sociales, encubiertos por los estados locales y sistemas judiciales endebles y corruptos, que a su vez son en sí mismo controlados por las minorías patriarcales locales. Al menos 109 defensores del medio ambiente han sido asesinados en Honduras entre el 2010 y 2015. Defender su territorio de la explotación de recursos indebida es cada vez más peligroso ante la falta de respuesta de organismos de derechos humanos internacionales y la incivilización de los medios de comunicación. Salvador Zúniga, integrante de COPINH como su madre, advierte que “Estos proyectos se hacen a cualquier costo, no importa si tienen que amenazar o asesinar. Toda esa represión es dirigida contra sectores de la población originaria que contiene la gran riqueza natural, contra mujeres (según datos de la ONU, Honduras ocupa el primer lugar en feminicidios a nivel mundial en países que no están en guerra) y movimientos campesinos. Es una situación crítica que se agrava en 2009 con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Golpe de la nueva era. Una experimentación de golpe institucionalizado apoyado por grupos armados militarizados disfrazados pero evidentes por la gran represión que existe. A partir de ese momento la gran cantidad de asesinatos ha sido marcada por una impunidad muy alta”.

En Palmerola se encuentra la segunda base militar estadounidense en Honduras. La segunda también más grande del país norteamericano en la región. La presencia de EE.UU. “viene a evidenciar su participación a través de grandes empresas extractivista con mineras, acerraderas, represas y actualmente las ciudades modelos y privatización de ciudades turísticas”, denuncia Zúniga y continua: “cada uno de esos proyectos implica la represión y desalojo”.

El hijo de Berta explica que a través del COPIH se vienen denunciando y construyendo caminos de lucha no sólo contra la violación de derechos por parte de las Empresas multinacionales implicadas si no contra el machismo, el capitalismo y el racismo. Luchas básicas que tienen que ser parte de los movimientos sociales que no pueden ser dejados de lado.

Ayer, los cuatro sospechosos detenidos el pasado 2 de mayo por la muerte de Berta recibieron detención judicial. Zúniga diría el jueves que tanto el como el resto de la familia no tuvieron conocimiento alguno del operativo. Si bien es importante porque se vincula por primera vez de manera directa a la empresa, continua su lucha por no seguir dejados de lado de todo proceso de investigación y en sus reiterados pedidos de una comisión independiente de investigación y no que la siga haciendo el Estado hondureño.

Salvador Zúniga advierte que quienes han llevado todo el proceso de investigación es el mismo Estado que le dispara a Berta: “Hicieron público sin ninguna prueba que las primeras líneas de investigación era por un crimen pasional, o por peleas internas dentro de la organización, o que era por su compañero que había estado en su casa ese día, Gustavo Castro, testigo mexicano quien ha sufrido reiteradas amenazas desde entonces. Todas líneas que descartaban a la empresa como responsable de su muerte”.

Desde COPINH se exige además visibilizar la responsabilidad de otros estados además del de Honduras, de la policía y los militares. De las grandes empresas y sus vinculaciones. La entrega de tierras en aquel país es algo normal, y su pedido es simple: “Que luchar por la vida en Honduras deje de ser un peligro”.

Los golpes de Estado se van perfeccionando en Latinoamérica pero siempre con una mismo método: la represión. A esto Zúniga reflexiona que ellos deben siempre aprender nuevas formas para luchar contra los golpes. Y que “Honduras siempre fue un país invisibilizado donde estas situaciones parecen algo lejano, pero en realidad no lo son”.

Beberly keen agregaría al dialogo que no debemos olvidar que fue en el año 2004 el primer golpe de Estado de este milenio en Haití: “Donde se comienzan a ver luego muchas similitudes en formas con el caso hondureño. Empiezan a aparecer técnicas parecidas e intervenciones de países extranjeros como el contrato que hizo el gobierno actual haitiano careciente de cualquier institucionalidad con empresas israelitas” y apoyo del Banco Mundial, quien su presidente estuvo hace poco en el seminario teológico más importante de Nueva York donde declaró estar apoyando la revolución energética más importante y a toda esta nueva generación de energía amigable y saludable como la hidroeléctrica, donde es inevitable que en el mismo haya daños colaterales e incidentes como el de Berta.

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