Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

La campaña hacia la segunda vuelta de Iván Cepeda y Aida Quilcué (Pacto Histórico) tuvo movilización, música, artistas, mujeres de la economía social, ambientalistas, travestis y un amplio arco social en las calles. También una mayor presencia del senador y candidato presidencial en las redes sociales, en entrevistas con influencers y actos en cada región de Colombia. Muchas personas salieron de forma autoconvocada con carteles, volantes y stickers a hablar con los vecinos y buscar los votos que faltan para que hoy Cepeda sea el nuevo presidente de Colombia. Detrás de la movilización popular, un objetivo: que Colombia dé vuelta de forma definitiva la página de la violencia y camine hacia la paz. 

En el barrio Ciudad Hunza (localidad de Suba, norte de Bogotá), se sostiene una trama comunitaria de radio, arte, ollas populares y trabajo de las recicladoras urbanas. Sus calles empinadas están pintadas con consignas contra la violencia de género. Allí, Ángel Jaime León, comunicador popular y militante, asegura que la firma del Acuerdo de Paz de 2016 no fue solo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado. “Fue un acuerdo de la sociedad colombiana”, resalta.

Ese acuerdo requiere transformaciones estructurales sobre todo en lo que respecta a la tierra, la política y el sistema electoral. La paz no es solo quitar fusiles, es generar las condiciones para la vida digna. Es dar tierra a las familias campesinas, es cuidar los páramos que brindan agua, es reconocer el trabajo invisible de las que cuidan a sus familias y territorios. La paz requiere un compromiso político. Y en esa apuesta se posiciona la fórmula del Pacto Histórico, las propuestas de Cepeda-Quilcué para la Colombia de los próximos años.

Ambos candidatos comparten una herida: vivieron en carne propia el asesinato de familiares por la persecución política. 

Manuel Cepeda Vargas era legislador electo por la Unión Patriótica cuando lo asesinaron grupos paramilitares y el Estado colombiano en 1994. Iván era entonces profesor de filosofía en la Universidad Javeriana de Bogotá e iba hacia su trabajo cuando encontró el auto en el que viajaba su padre con un disparo en el parabrisas. “Le pido al presidente (Ernesto) Samper, a quienes tienen que ver con la Justicia en Colombia que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país”, dijo el joven Cepeda ese día frente a las cámaras de televisión.

En 2008, la Minga Indígena realizó una movilización histórica para reclamar por los derechos de las comunidades originarias en Colombia. A fines de ese año, en una emboscada militar, asesinaron a Edwin Legarda, esposo de la dirigente indígena del Cauca, Aida Quilcué. Las fuerzas oficiales lo presentaron como un “falso positivo”: un supuesto combatiente de las fuerzas armadas insurgentes caído en combate. Quilcué advirtió que no iban a callarla y continuó exigiendo mejores condiciones de vida para sus comunidades. 

Cepeda debió exiliarse y, a su retorno, fundó el Movimiento Nacional de Víctimas del Estado (Movice). Fue uno de los partícipes de las conversaciones por el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Su rol fue dialogar con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional para llegar a ese pacto entre las organizaciones armadas y el gobierno. Así se llegó a un punto de partida: lo que dicen los papeles y que debe convertirse en realidad. El gobierno colombiano incumplió por acción o por omisión. Entre 2016 y 2026, 489 firmantes del acuerdo fueron asesinados según el Consejo Nacional de Reincorporación.

Albeiro Suárez mira de frente a la cámara y sonríe. Tiene una remera blanca, con una rosa y el nombre del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), fuerza política con la que las FARC se propusieron retomar la lucha mediante las urnas. “Necesitamos que en vez de que nos estigmaticen, nos apoyen, que vengan al territorio y se den cuenta de que aquí no estamos construyendo trincheras ni fusiles, estamos construyendo paz”, asegura el hombre de 47 años. El ex combatiente de las FARC era líder de su comunidad, una referencia para otros firmantes del acuerdo que, como él, buscaban reinsertarse en la sociedad mediante el trabajo campesino en el departamento Meta (este de Colombia).

A Albeiro lo mataron el 16 de octubre de 2020, dejando a su comunidad sin su líder y expuesta a ser víctima de otros crímenes. Albeiro había dejado los fusiles y apostaba a otra vida para él y para sus compañeros. Lo asesinaron mientras hacía diligencias para mejorar las condiciones de vida en el campamento de firmantes que empezaba a florecer con casas de nylon y organización colectiva para empezar a cultivar cacao.

Aída Avella se para en el escenario en el cierre de campaña de Iván Cepeda en Bogotá. Mira al público con los ojos cargados de emoción. “Cepeda, amigo, el pueblo está contigo”, canta con voz poderosa. Y asegura algo que sintetiza la necesidad de paz y, una vez más, que la paz no se hace sola, sino con decisión política. “En este gobierno (el de Gustavo Petro) a nadie le arrancaron los ojos por pensar diferente”. Es la misma voz potente que, en 1996, gritaba a los medios tras sobrevivir a un atentado: “Hagan algo, este es el precio de la oposición. Nos quieren matar porque somos de la UP”. 

La aseveración sobre los ojos que hace Avella refiere a la persecución estatal de las personas que participaron del estallido social de 2021 en el gobierno de Iván Duque. Miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades en abril de ese año, en oposición a una reforma tributaria que pesaba sobre los alimentos. Fue una manifestación popular cobardemente reprimida por el gobierno. El Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz) indica que, entre el 28 de abril y el 28 de junio de ese año hubo 75 asesinatos, 83 personas tuvieron lesiones oculares y 28 fueron víctimas de violencia sexual; hubo 1.832 detenciones arbitrarias y otros 1.468 casos de violencia física.

En las afueras de un shopping en Kennedy, al sur de Bogotá, muchos rechazan el volante de Cepeda-Quilcué, muchos otros lo reciben. La polarización política está en el aire en una zona de la ciudad donde en primera vuelta ganó Abelardo de la Espriella con el 80 por ciento de los votos. Pero los que piden los volantes y saludan con un grito en favor de Cepesa son jóvenes: no superan los 35 años, son varones, son mujeres. Son, generacionalmente, los protagonistas de aquel estallido.

Mauricio Grajal y Jenny Moreno Socha son jóvenes que estuvieron en el epicentro del estallido, en Cali, en 2021. A partir de aquellos días, generaron junto a otras personas la Juntanza Popular por la Transformación Social. Ambos comentan que, antes del estallido, las y los jóvenes no tenían representación, que muchas y muchos de los que salieron a manifestarse pertenecían a sectores populares y no participaban de ninguna organización. Marcan que la derecha velozmente señaló a quienes participaron de aquellas protestas como grupos financiados por la guerrilla. Para sostener la memoria y la verdad de aquellos días, escribieron un libro en el que relatan la experiencia.

Grajal relata que aquella experiencia fue para él transformadora cultural y socialmente. En ese entonces tenía 19 años.  “Me permitió participar en espacios en los que no había pensado estar. Encontramos el camino de qué hacer y para qué hacer. No soy formado en la universidad, pero a través de la organización pude acceder a capacitaciones para exponer las barreras estructurales que tienen los jóvenes”, relata.

Y agrega: “Un gobierno como el de Iván Cepeda es clave para sostener ese camino, el de los jóvenes que quieren transformar el territorio en el que viven”. 

Moreno Soacha agrega que el significado del estallido fue la expresión de que a los jóvenes les importa la política. Y que vivieron la experiencia de estar en la primera línea de las manifestaciones a ser lideresas y líderes sociales, de fortalecer la identidad en el territorio y de entender lo colectivo. “El joven que salió en 2021 salió con digna rabia y hoy es más consciente”, asegura. Ella tenía 28 años en esa época y salió a las calles por solidaridad con otros jóvenes.

Ambos dejan planteada una pregunta que ayuda a entender lo que se juega hoy en las urnas. “¿Cómo le fue a la oposición en este gobierno? ¿Tiene la oposición las mismas posibilidades de ser oposición en un gobierno de derecha o de izquierda? ¿Quién quiere la paz y quién la violencia en Colombia?”.

La campaña de Abelardo de la Espriella responde esa pregunta: el candidato anunció que “destripará” a quienes piensen diferente. Prometió hacer cumplir la ley, que quien bloquee una avenida durante una protesta recibirá un castigo. Promesa que, en el oído argentino resuenan conocidas, vivenciadas, resistidas. Prometió también reincorporar el extractivismo como política de Estado en un país donde la concentración de la tierra expone la desigualdad que vive Colombia y que es otro elemento que impide la paz. Precisamente, la derecha que hoy apoyará a este candidato fue la misma que bloqueó en el Congreso las reformas necesarias para cumplir el acuerdo.

Cepeda, por su parte, promete ante todo garantías para quienes no voten por él y reparación para las víctimas de la violencia estatal.

Colombia está llena de muertes, dice alguien. Colombia está llena de desaparecidos y desaparecidas cuyas familias aún buscan y esperan, como Las Madres de los Falsos Positivos (MAFAPO) a quienes Iván Cepeda acompañó en el largo camino de buscar paz y justicia. Colombia llora a los falsos positivos, víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que el Ejército Nacional hizo pasar por guerrilleros para justificar los asesinatos. Sobre esa herida hay dos propuestas: destripar al opositor, como amenaza De la Espriella, o el diálogo, como convoca Cepeda; continuar agrediendo a quien piensa diferente o continuar la búsqueda de la verdad y la justicia sobre el accionar de los grupos armados, el paramilitarismo y el Estado.

Sobre esa herida hay dos alternativas y la última palabra la tendrán los votos de este domingo.

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Por Mariángeles Guerrero desde Colombia | 

El calor agobia a Bucaramanga, en el norte de Colombia. Sobre la cordillera se alza esta ciudad, capital del departamento Santander, con sus edificios modernos y el verde de sus plazas. Sobre las dos de la tarde, la lluvia quiebra con fuerza el sopor y, después del aguacero, una pequeña brisa hace flamear las banderas en la Puerta del Sol, punto emblemático de encuentro. Desde allí, se caminarán cuatro kilómetros hacia la sede de la Universidad de Santander. En ese lugar, el candidato presidencial Iván Cepeda hablará a las organizaciones socioambientales que llegaron desde distintos puntos del país para acompañar la movilización por el agua y los páramos.

La marcha es por los páramos, por el agua, por la vida. Y es, explícitamente, a favor de la candidatura de Iván Cepeda y de Aida Quilcué a la presidencia de Colombia. La bandera azul, amarilla y roja se mezcla con pancartas con consignas y carteles con los rostros de los candidatos. Faltan pocos días para la segunda vuelta presidencial que opone dos proyectos de país: el de Cepeda-Quilqué y el de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, ex ministro del gobierno de Iván Duque.

El Comité por el Agua y el Páramo de Santurbán calcula que entre 15.000 y 20.000 personas participan de la marcha. Es la primera vez que este colectivo se posiciona abiertamente en favor de un candidato: Iván Cepeda. Mayerly López es una de sus integrantes y explica: “Esta marcha se da en medio de una coyuntura electoral donde hay dos opciones totalmente antagónicas para la protección del agua y de Santurbán”. La protección del agua y del páramo es lo que ha movilizado los 17 años del Comité.

La entrevistada comenta la conclusión colectiva que dio pie al apoyo: “No podemos quedarnos callados ni ser indiferentes porque si Abelardo de la Espriella llega a la presidencia, no va a haber garantías en la protección de Santurbán”.

El páramo de Santurbán es uno de los 37 páramos colombianos. Son ecosistemas de alta montaña tropical, fuente de agua dulce y de importancia ecosistémica debido a su fauna y a su flora. Allí destaca el frailejón, una planta de hojas velludas y gruesas que tiene la capacidad de retener agua en el suelo a través de la captación de la humedad de las neblinas.

Por estas cualidades, el páramo de Santurbán le brinda agua a más de dos millones de personas del área metropolitana de Cúcuta y de Bucaramanga en forma directa, explica López. Pero esas aguas viajan al sur, al río Magdalena Medio, el más importante de Colombia en términos de caudal. El 70 por ciento de las y los colombianos beben agua que nace en alta montaña, según la activista.

“El páramo es un ecosistema con una importancia hídrica muy grande para el país, estratégico para la mitigación del cambio climático por su capacidad de recepción de dióxido de carbono. Allí viven familias campesinas que también estarían en riesgo”, apunta.

Pero Santurbán no es solamente un bioma de gran importancia ambiental. Es también un símbolo de la movilización popular ante el extractivismo. En la zona, la minera canadiense Aris Mining busca explotar oro a través del proyecto Soto Norte, pese a las manifestaciones de los colectivos socioambientales y de las comunidades que allí habitan. 

Compromiso con la vida

De la Espriella no solo se manifestó a favor de la megaminería sino también del fracking (o fractura hidráulica), una forma no convencional de extracción de gas y petróleo del subsuelo que en Argentina ya mostró sus impactos socioambientales negativos en el yacimiento Vaca Muerta.

Por su parte, Iván Cepeda planteó en su campaña el compromiso con la protección del agua. Ese compromiso fue reafirmado tras la marcha en Bucaramanga. Minutos después de su finalización, el candidato por el Pacto Histórico afirmó: “Creemos en una patria que protege la vida, que cuida sus páramos, sus ríos, sus selvas, sus bosques y su biodiversidad, que defiendas la fauna, que defiende la flora, que defiende a cada una de las especies que hay en nuestro territorio, de las cuales somos guardianes ante la humanidad”.

Y añadió: “El desarrollo económico no puede construirse destruyendo la naturaleza ni sacrificando los territorios y las comunidades. El agua es lo fundamental, es la fuente y el sustento de la vida”. En ese sentido, se comprometió a impulsar mecanismos de gestión comunitaria del agua. Y consideró: “No es incompatible proteger la naturaleza, garantizar la economía y el bienestar de las comunidades. Hacen parte de una política integral del gobierno en los territorios que transforman los territorios en comunidades de vida y no en cementerio de desechos industriales o de excavación de las grandes empresas mineras”.

Luego aseguró: “En mi gobierno no habrá fracking. Vamos a trabajar porque nuestra economía deje de estar centrada exclusivamente en la explotación de combustibles fósiles, pero haremos la transición necesaria para que quienes viven de la minería y quienes viven de la explotación del petróleo puedan tener una vida digna y hagan la transición de la mejor forma posible”.

Tras su discurso, firmó un pacto con el Comité, que incluye nueve puntos sobre la protección del agua y los páramos. El testimonio de López muestra que el compromiso de Cepeda respecto a la lucha socioambiental no es un asunto de campaña electoral. “Tiene una trayectoria acompañando la lucha de Santurbán, coadyuvando en acciones jurídicas de incidencia y de movilización”, relata. 

Ejemplifica: “Hemos hecho innumerables reuniones de incidencia política en donde él ha participado y ha sentado posición en defensa de Santurbán. Incluso ha venido a marchar en algunas oportunidades cuando hemos convocado a movilizaciones. Conocemos su compromiso desde hace años en esta lucha”.

Por otro lado, la activista advierte un aspecto clave, relativo a las garantías de la oposición en un gobierno de ultraderecha en Colombia. “Con Abelardo (de la Espriella) no solo están en riesgo los ecosistemas, sino también la vida de los defensores y las defensores ambientales y de las personas que pensamos distinto a esa mirada extractivista del planeta y de nuestra naturaleza, porque él mismo ha dicho que hay que destripar a quienes piensan diferente”, señala.

Y expresa: “Valoramos que (Cepeda) haya firmado ese documento y que haya participado de esta movilización, que haya reconocido la importancia de los movimientos sociales y sobre todo de lo que implica la protección de Santurbán para el nororiente colombiano”. El candidato de la izquierda también se comprometió explícitamente a la protección de las y los defensores ambientales.

Colombia sin fracking

La Alianza Colombia Libre de Fracking nuclea a 150 organizaciones comunitarias, de mujeres, campesinos, pescadores y académicos a nivel nacional. Nació hace diez años, cuando se dio viabilidad a la extracción de petróleo mediante yacimientos no convencionales. Las y los activistas contra el fracking se contactaron con pares de países donde ya había experiencias de esta forma de extractivismo: Argentina y Estados Unidos. Y detectaron una problemática común: la falta de acceso a la información y los bajos niveles de transparencia de estos proyectos. 

En 2019, el Consejo de Estado Colombiano estableció una moratoria para el fracking atendiendo al principio precautorio en materia ambiental. Este principio indica la prevención ante la posible afectación ambiental de un determinado proyecto. Pero el gobierno de Iván Duque, impulsando el fracking, hizo caso omiso. “Así que en Colombia aparece algo que es el comité de expertos independientes, que de expertos tenía poco y de independientes nada, para dar viabilidad al fracking, no mencionado como fracking sino como Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII)”, indica Yuvelis Morales, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Las georreferencias para posibles proyectos indicaron que el sitio para la explotación era la zona del Magdalena Medio. El punto cero señalado fue Puerto Wilches, de donde es oriunda Morales. “Esa es la región en la que se empezó con la extracción de petróleo y gas convencional en Colombia hace más de un siglo y es la misma región en la que la gente no tiene acceso al agua potable, en la que los niveles de violencia, estigmatización y asesinatos son cada vez más frecuentes y van en aumento”, detalla.

Para la activista, el municipio debería contar con condiciones básicas de vida digna y saneamiento, pero la realidad dista de esa expectativa. “La lucha contra el fracking mostró que se sacrifica la vida de la gente, la fauna, la flora y la biodiversidad y que el agua termina siendo el gran elemento de disputa”, agrega.

Mientras la derecha latinoamericana busca profundizar el extractivismo petrolero, las comunidades están un paso adelante en buscar alternativas. En abril pasado se llevó a cabo la Primera Conferencia Mundial para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta, Colombia. 

“Fue una iniciativa de las organizaciones de base territorial realizada por el gobierno colombiano. Pero sin las organizaciones no hubiese sido una realidad, porque en Colombia las comunidades y los movimientos comunitarios están haciendo transición energética con energías comunitarias y con propuestas concretas abordadas desde y para los territorios”, asegura. Y menciona como ejemplos a las Reservas campesinas de Santander y a la organización Ríos Vivos (que promueve la energía solar y la educación ambiental).

La activista explica que estas experiencias requieren inversión estatal y que el gobierno de Gustavo Petro tuvo avances en ese sentido. Pero lo que no se ha logrado es una ley que prohíba el fracking o la megaminería en el páramo de Santurbán. “Aunque hubo voluntad política, no hubo voluntad legislativa. En el Congreso se siguen oponiendo los partidos de derecha que han hecho del ambiente en Colombia un negocio”, refiere.

La lucha ambiental requiere paz (y viceversa)

Morales indica que las luchas ambientales tienen mucho que ver con la necesidad de la paz territorial. En un país marcado por la violencia política contra disidentes, opositores y opositoras, defender un territorio conlleva riesgos. La activista comenta: “Los territorios siempre han estado en disputa por las industrias extractivistas y estas muchas veces son apoyadas por los grupos armados ilegales. Cuando alguien en Puerto Wilches dice ‘no al fracking’, al siguiente día o la misma tarde le pasan una amenaza, un comunicado, un panfleto en el que se atenta en contra de su vida”.

Para ella la paz no es solamente la ausencia de algo, sino tener agua limpia, saneamiento básico, acceso a la salud y a la educación. “La gente necesita vivir en territorios en los que se pueda vivir y cuando uno empieza a exigir estos derechos e inmediatamente es amenazado, se da cuenta de que el territorio en Colombia es una zona de disputa. Y que cuando se pierde la pelea, los territorios terminan siendo zonas de sacrificio”, concluye.

Oneida Suárez también es defensora ambiental e integra la Alianza Colombia Libre de Fracking. Desplazada por el conflicto armado, hace décadas llegó a El Carmen de Chucurí, en Santander. Allí la lucha es contra una mina de carbón a cielo abierto que también afecta fuentes de agua. Se trata de una zona campesina que nutre a ciudades como Bogotá con plátano, yuca y cítricos. La mina es operada por la firma Colcco S.A. En 2023, el gobierno colombiano frenó los permisos a la minera por inconsistencias en la información técnica que había brindado.

Oneida comenta la lucha durante los gobiernos de derecha en Colombia: “Hemos tenido una lucha muy reñida porque no se garantizaban los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos y la política ambiental solamente favorecía a las empresas”.

Y compara: “En este gobierno se ha generado una política ambiental nueva hacia la transición energética, hacia un modelo económico para la vida. Ahora vemos amenazado este proyecto por una persona que representa a la ultraderecha y que con mentiras y engaños quiere generar una expectativa en torno a la explotación de carbón, petróleo y oro”.

Expresa que la marcha es la respuesta de un pueblo que ha venido levantándose hace más de diez años en contra de la megaminería y el fracking. “Es una respuesta muy sentida, es una respuesta unánime de los procesos sociales, de los sindicatos, de los estudiantes, de las mujeres, de todas las voces. Queremos revertir este resultado (de la primera vuelta) que amenaza nuestros territorios. Es importante que vean que estamos presentes y parados en nuestra defensa territorial”.

Oneira marcha junto a su hijo Jorge David Tolosa, de 19 años. Es uno de los muchos y muchas jóvenes que alzan sus pancartas con los rostros de Iván Cepeda y de Aida Quilcué, junto a otros carteles que dicen “Agua sí, oro no”.

“Mi madre ha luchado por el territorio y yo quiero luchar también porque viví y crecí en el campo. Sé lo que es tener una naciente de agua, el cultivo al lado de la casa, comer de lo que produce la tierra. Quiero que mis hijos y mis siguientes generaciones también vivan lo mismo y puedan tener agua limpia para tomar”, dice el joven. 

“La gente que vive en el campo es desplazada de su territorio debido a los impactos que trae la minería. Son concesiones de miles y miles de hectáreas que le va quitando terreno a la gente, que ya no puede tener sus cultivos porque la contaminación se los daña”, denuncia. 

La lucha no termina cuando anochece y la marcha concluye. Tampoco termina con la firma del pacto entre las organizaciones y un candidato que participó de las movilizaciones y que mañana puede ser presidente de Colombia. Así lo expresa López: “Tenemos una consigna y es que Santurbán se defiende, gobierne quien gobierne. Vamos a seguir haciendo veeduría, ese es nuestro trabajo; haciendo el control y las exigencias para que Santurbán se proteja de manera integral, para que se le cierren definitivamente las puertas a las multinacionales”.

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Por Carla Perelló, desde São Paulo y Mariángeles Guerrero, desde Buenos Aires | Foto: Julianite Calcagno (Archivo Marcha -2022)

El 2026 es un año clave para América Latina y el Caribe y, también, para Brasil: en el ese país, el presidente y exsindicalista, Luiz Inácio Lula da Silva, planea conquistar su cuarto mandato y, así, intentar darle una estocada a la expresión local de la ultraderecha que encarna la familia Bolsonaro. Sin embargo, esa tarea no parece ser sencilla a cuatro meses de las elecciones. En el orden interno, el bolsonarismo se reorganiza en el Congreso Nacional con el centrão –conjunto sin ideología definida– como principal aliado para presionar al Ejecutivo; y en el exterior se articula con el gobierno de Estados Unidos. Lula sortea obstáculos dentro y fuera del país.

Desde fines de abril la batalla entre el partido de Gobierno y la oposición es incesante y, en ese contexto, los medios de comunicación no se quedaron atrás: declaran la muerte y la sobrevivencia del presidente, así como filtran audios vinculando a hechos de corrupción al precandidato presidencial opositor, Flávio Bolsonaro, que irrumpió en medio de un escenario tenso para todas las partes.

“Creo que podemos leer lo que pasa en el Congreso como un gran desafío que tendremos para enfrentar a la extrema derecha, que se alinea con el centrão que paraliza el Congreso y roba los recursos del Ejecutivo. Tenemos un desafío gigante que es cambiar la cara de la política eligiendo senadores y diputados que tengan compromiso con la democracia y con la justicia”, analizó ante Marcha Noticias la diputada federal por el PSOL, Erika Hilton.

Para poner un poco de contexto: desde fines de abril el Congreso Nacional se convirtió en el escenario de la disputa electoral. Primero, el centrão -que tiene en sus filas a partidos con gran capilaridad territorial en la oposición y, otros, que son parte de la base política del gobierno- se articuló con la extrema derecha bolsonarista para rechazar la postulación de Jorge Messias para ser ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), también rechazaron el veto y dejaron firme la ley de dosimetría para reducir las penas de bolsonaristas condenados por el intento de golpe del 8 de enero, inclusive al propio Jair Bolsonaro –condenado a 27 años de prisión. Luego, el Gobierno obtuvo su revancha con la aprobación en Diputados de una reforma laboral que reduce de seis a cinco días y de 44 a 40 horas máximas de trabajo, pero la discusión ahora en el Senado está en vilo.

Luego de que los medios declararan la muerte política de Lula por el rechazo al ministro que había indicado el STF –algo que algunos medios catalogaron como un “quiebre institucional”, porque no había pasado en 132 años-, el mandatario renació de entre las cenizas con un viaje a Estados Unidos en el que se reunió con Donald Trump y, tras una reunión de tres horas, le sacó una sonrisa para la foto. Los medios no sólo destacaron las maniobras, sino que hasta se sorprendieron de que haya impuesto la agenda: quita de tarifas a los productos brasileños y ampliación del comercio, fin de las guerras en la región y en Irán y reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una de las banderas del mandatario en la arena internacional.

Afuera quedó, por ejemplo, la agenda de Seguridad Nacional con un Estados Unidos que impone a los presidentes aliados de la región que el combate contra el crimen organizado sea bajo la doctrina de la “guerra contra el terrorismo”, como hicieron hasta ahora Javier Milei, en Argentina; Daniel Noboa, en Ecuador; o Santiago Peña, en Paraguay. Pero no demoró en llegar: Flávio Bolsonaro también viajó a Estados Unidos y logró que el país del norte declarase como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al PCC, dos organizaciones criminales con origen en Brasil, lo que se lee como un primer paso en la interferencia de las elecciones desde el exterior.

Aunque los títulos de la prensa local fueron rimbombantes, desde el progresismo, analistas y periodistas que se mueven en las entrañas del poder en Brasilia no subestimaron esos movimientos. Es que las escenas en el Parlamento trajeron a la memoria el golpe a Dilma Roussef (2016) y la tentativa de romper el orden constitucional del 8 de enero contra Lula, acciones que obtuvieron -sobre todo en el primer hecho- la venia de una élite política y económica -el centrão-, que busca mantener un statu quo que la beneficie. Un margen de maniobra que obtiene por generar amplias articulaciones: así como se articula con la extrema derecha, algunos de los partidos de este grupo como Unión Brasil y Progresistas también son parte de la base del gobierno de Lula.

En esa línea, para Hilton -que confirmó a este medio que será candidata para renovar su banca- “la correlación de fuerzas todavía está muy difícil” de cara al 4 de octubre, cuando serán las elecciones. Según su análisis las trabas se encuentran en que el Gobierno “tiene dificultades para popularizar grandes logros” como la caída del desempleo a marcas históricas (6,1% según datos oficiales en el primer trimestre de 2026). Por eso el desafío será “dar vuelta el tablero, salir a la calle, a las redes, usar todos los espacios posibles para transmitir estas conquistas”, sostuvo.

Del otro lado, a su entender, las debilidades están en las contradicciones que muestran. “Tenemos que poder exponer y explotar esas contradicciones que aparecen”, dijo Hilton. Entre ellas, el hecho de levantar la bandera contra la corrupción y, al final, ser protagonista de unos de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país. Es el caso del Banco Máster, en el que se investiga al banquero Daniel Vorcaro en lo que podría ser uno de los mayores fraudes en la historia del país contra el Sistema Financiero Nacional, con sospechas de emisión de títulos de crédito falsos.

La trama fue develada en noviembre y, hasta ahora, son varios los nombres políticos que parecen estar involucrados, pero ninguno como el senador del PL Flávio Bolsonaro, cuya imagen de cara a las presidenciales iba in crescendo hasta que el medio Intercept filtró una serie de audios, mensajes y documentos que muestran la cercanía con Vorcaro -a quien llama de “hermano”-, al pedirle 134 millones de reales para financiar la película “Dark Horse” sobre Bolsonaro padre, condenado a 27 años y tres meses por liderar la organización criminal que intentó el golpe de Estado de 2023.

Además, se sospecha que parte de esos fondos fueron destinados a Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del clan, destituido de su banca de diputados tras haberse autoexiliado a Estados Unidos. Desde entonces, los medios comenzaron a apuntar sobre el “desgaste” de Flávio. Globo, por ejemplo, dio a conocer que un reconocido banco solicitó una encuesta para sondear el impacto y así decidir a quién dará el apoyo.

Aún así, “no podemos subestimar la capacidad con la que el fascismo se reorganiza”, sostuvo Hilton al momento de exponer en el encuentro internacional antifascista “La salida es por la izquierda”, organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo en San Pablo el 16 de mayo pasado. En ese sentido, la diputada afirmó que serán las mujeres el actor clave en estos comicios: “Somos nosotras la resistencia y el cordón sanitario en las comunidades, en las fábricas, en el Parlamento, porque la urgencia y la prisa nuestras es mucha. Estamos atrasadas en muchas luchas para la constitución de nuestra dignidad, de nuestros derechos humanos, políticos y sociales, por eso tenemos este claro compromiso”, dijo.

En el mismo encuentro compartió su balance de situación el ex secretario de relaciones internacionales del PT y actual director de la Fundación Perseu Abramo, Valter Pomar. Durante su exposición en la mesa que compartió con Hilton, aportó una mirada desde el orden internacional: “No vivimos una crisis de la democracia y de las instituciones, sino del modo de producción y reproducción capitalista, por eso tenemos que colocarnos en un escalón radical mucho más alto. Nos contentamos con una plataforma progresista, vamos hasta la página 2 del libro y así no conseguimos ni cambiar el mundo ni derrotar a la extrema derecha”, manifestó.

Eso, dijo ante Marcha Noticias, fue algo de lo que sucedió durante este tercer gobierno de Lula, por lo que avizora un triunfo electoral “ajustado” cuyo desafío estará en buscar los votos en la clase trabajadora, las mujeres, negros y periferias. “Volvimos al gobierno, hubo mejoras, pero no recuperación de todas las pérdidas que la población viene teniendo desde 2015, que no sólo fueron materiales, sino culturales, políticas y simbólicas”, sostuvo. 

El “principal error” dijo, “es que la mediación entre el pueblo y el gobierno -o la izquierda- está en manos de medios de comunicación controlados por la derecha y no hicimos nada para cambiarlo”. El segundo, sostuvo, “fue creer que despacito llegamos lejos: deberíamos haber triplicado la inversión pública para tener un resultado social, económico y político mejor”.

A su entender, “la internacional fascista sabe que las batallas decisivas están siendo en nuestra región, la derecha brasileña también tiene claro eso”, apuntó. Planteó que “la única manera de cambiar el lugar de América Latina en el mundo es cambiando la naturaleza social de nuestros países de la región: acabar con la deuda externa, acabar de verdad con la desigualdad, tener una democracia popular de verdad y no una democracia institucional liberal, un nuevo tipo de desarrollo y una política de integración regional con una manera efectiva de combatir al imperialismo”.

En esa línea, su propuesta es que las izquierdas latinoamericanas y caribeñas deben “disputar el futuro, ser portadores de la esperanza” y no limitarse a ofrecer alternativas para la sobrevivencia cotidiana. “Organizar la rabia y defender la alegría”, insistió, debe ser el motor político.

El desafío de los partidos políticos de izquierda 

En el encuentro de organizaciones en San Pablo Andreas Behn, director de la Fundación Rosa Luxemburgo en Brasil. expresó: “Queremos construir mecanismos contra el avance de la extrema derecha. Estamos convencidos de que solamente puede ser combatida a través de propuestas progresistas”.

¿Qué implica hoy una agenda de izquierda? En palabras de Behn, es aquella que se compromete con la justicia social, contra todo tipo de injusticia y discriminación, contra el racismo, el sexismo y en favor de minorías y migrantes. Puntualizó: “Si lo queremos definir, se basa en los derechos humanos, en la dignidad humana”. Por ello, propusieron encontrarse para pensar alternativas. El futuro en un contexto de crisis humanitaria y de guerras en donde “La salida por la izquierda” se volvió más que un simple lema, sino un llamado urgente.

“Sabemos a dónde lleva el fascismo. En Alemania lo sabemos muy bien. También lo vemos en Argentina y Brasil donde Bolsonaro no avanzó mucho, pero sabemos que su agenda es la destrucción de los derechos humanos”, analizó. Agregó que, en el contexto actual, los desafíos son muy grandes porque se observa a una extrema derecha que avanza a través de elecciones, pero con propuestas antidemocráticas, como el uso de fake news y de mentiras en los medios de comunicación. “Esto funciona porque no hay un cuestionamiento y hay mucha gente abierta a esas noticias falsas porque está en una situación muy difícil socialmente. Ya que no hay o es difícil para ellos escuchar respuestas que sirvan, las propuestas que llaman al odio y a la división de la gente, funcionan. Ven en ese discurso algo que los representa porque tienen rabia por la situación social creada por el neoliberalismo”.

En este aspecto, puso la lupa sobre la comunicación política. “Las fuerzas progresistas o interesadas en los derechos humanos tenemos mensajes más complicados porque sabemos que las soluciones no son tan fáciles, ni están claras. Entonces es mucho más difícil comunicar propuestas reales en lugar de proponer mentiras”. En cambio, propuso cambiar el estilo, pasar a mensajes cortos y tener un discurso más adaptado. “Tenemos que ver dónde realmente están los problemas de la gente. Esos problemas muchas veces son mucho más concretos: falta de dinero, impuestos altos, alquileres altos, inflación. Como fuerzas de izquierda tenemos que desarrollar medidas concretas para estas cuestiones”, dijo. Y subrayó la importancia de la escucha.

Además, marcó que, tanto en la jornada de San Pablo como en otra similar realizada en Berlín (en marzo del año pasado), se invitó prioritariamente a los partidos políticos de izquierda. “Eso no quiere decir que pensemos que son los actores más importantes. Fue una decisión pragmática porque vimos que el poder de articulación entre los partidos de izquierda es más bajo que entre los movimientos”, explicó.

Esa apuesta se da en un contexto crítico en términos de representación partidaria. La elección de Javier Milei, con un discurso anti-estado y antipartidos, del propio Bolsonaro; la tibia oposición argentina y el juego político del centrão en Brasil son síntomas de una crisis institucional que no es nueva en la región. Ante eso, ¿cómo pueden los partidos de izquierda estar a la vanguardia en la lucha contra la extrema derecha? Behn consideró que ese contexto crítico es producto de la deslegitimación que la extrema derecha realiza respecto a cómo funciona la democracia y reconoció que “tampoco funciona de la mejor manera o de la manera que quisiéramos, aunque al menos es democrático y no es dictatorial”.

En esa línea, hizo énfasis en la tarea para los partidos de izquierda: “Desarmar ese discurso en contra de los partidos, en contra de la política en general. Y convencer a la gente de que, si va para el lado de la extrema derecha, va a perder los pocos derechos que todavía tienen”.

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

El punto de encuentro es la parroquia del barrio. Allí, seis mesas de plástico con seis tableros de ajedrez están dispuestos sobre la calle, la corta y angosta Carrera 66. El bar, la papelería, la barbería, no saben de la siesta. Un hombre de barba blanca reparte volantes. Más allá, dos compañeros suyos traen leña para calentar el agua: más tarde habrá canelazo, bebida de maracuyá, aguardiente, hierbas y canela. “La gente va a ir llegando a eso de las dos, después de comer”, dice José Cuesta Novoa, concejal de Bogotá, donde se encuentra el barrio La Madelena. 

Entre las calles angostas se alzan edificios de colores, la mayoría de tonos ladrillo que brillan al sol del mediodía. Ciudad Bolívar es la localidad número 19 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada en el sur de la ciudad y está conformada por más de 300 barrios. Viven allí cerca de un millón de personas. Cuesta Novoa explica que las viviendas son parte de una transformación de los barrios populares de la ciudad en propiedades horizontales: el 70 por ciento de la población de la ciudad vive en este tipo de urbanización.

Siguen los preparativos para el convite. Alguien trae un parlante, otro un micrófono y enseguida suena la salsa y la cumbia. No falta quien toma el micrófono y canta con fervor canciones como La Suegra o El Venado. Y que, claro, invita a bailar a quienes van llegando. Pero el centro de todo es la campaña electoral. El domingo habrá elecciones en Colombia y es clave que la gente conozca las propuestas de la fórmula presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilqué: revolución desde los territorios (lo que implica por ejemplo dotar al 80 por ciento de los municipios rurales de agua potable), revolución agraria, educación como derecho, con énfasis en la ruralidad y austeridad en el gobierno.

Lo central, lo que está en el centro, es la alegría, la política, la comunidad. Mary Galindo vive en la vecina localidad de San Cristóbal, en el barrio Ciudad de la Santa Rosa, uno de los más vulnerables de la ciudad. “Estoy aquí porque me gusta la juntanza, promover la solidaridad con nuestros vecinos”, dice a Marcha Noticias.

“Hacemos reuniones comunitarias y canelazos y charlamos, hablamos de las reformas, de lo que el pueblo necesita, de las quejas, de las reclamaciones. Y tratamos de buscar soluciones en lo que está al alcance de nosotras, de las madres comunitarias”, relata.

Las madres comunitarias, explica, son madres que se organizan en las localidades de la ciudad para salvaguardar a los niños y jóvenes con actividades, talleres y ollas comunitarias. “Hacemos muchas cositas así pues para indicarles dónde pueden conseguir cursos, dónde pueden estudiar, porque hay mucha gente que no sabe”, agrega.

También ayudan a conseguir turnos médicos de adultas y adultos mayores. Cuando se le consulta qué opina sobre la política de cuidados iniciada por el gobierno de Gustavo Petro, responde: “Muy buena, excelente. Antes no nos apoyaban, nadie se preocupaba por los cuidadores. Todos preguntan por el enfermo, pero no por la persona que cuida y la persona que cuida muchas veces tiene muchas cargas emocionales, psicológicas y físicas”. El documento Conpes, de Consejo Político, Económico y Social —-principal órgano de planificación del gobierno nacional— aprobó en 2025 el Documento Conpes 4123, que sienta las bases del sistema nacional de cuidados. Señala entre sus objetivos “velar por la garantía del goce efectivo a cuidar en condiciones dignas, así como reconocer y fortalecer las formas colectivas, comunitarias y prácticas de cuidado propias de comunidades campesinas y pueblos étnicos, como pilar del sostenimiento de la vida”.

Cuesta Novoa es además filósofo y autor de cinco libros, entre ellos “Adónde van los desaparecidos”, en el que cuenta su experiencia como sobreviviente a la desaparición forzada por haber pertenecido a la guerrilla M19. Explica que el sistema político colombiano tiene importantes avances en términos de autonomías territoriales y descentralización de la política administrativa y financiera. En Bogotá, el alcalde es Carlos Fernando Galán (del partido Nuevo Liberalismo, que apoya a nivel nacional a Paloma Valencia). El 70 u 80 por ciento del desarrollo de la ciudad corre por cuenta del gobierno local. Pero las decisiones que se toman a nivel nacional impactan en las localidades y los barrios: Ciudad Bolívar no es la excepción.

Señala: “Hemos logrado, a lo largo de los últimos cuatro años, desarrollar una política sistemática y permanente del salario mínimo. Demostrando que, a diferencia de lo que plantean los neoliberales sobre que si se eleva el salario mínimo se eleva la tasa de inflación y la tasa de desempleo, logramos la reducción al 8.8 de la tasa de desempleo. Y la tasa de inflación a lo sumo estará en 5 o 6 por ciento”.

“Una de las cosas que ha dicho con mucha claridad el presidente Petro es ‘si en las mesas de todos los colombianos al momento del almuerzo, del desayuno y de la cena hay más comida que cuando surgió el estallido social de 2021, ya ganamos’. Ahora mismo, en todas las casas y apartamentos de Ciudad Bolívar hay más comida en las mesas. Y eso es una gran revolución, sobre todo porque nuestro gobierno llegó entre otras cosas como resultado del estallido social”, describe. 

En 2021 hubo una serie de manifestaciones contra el entonces presidente Iván Duque por una política fiscal que incrementó los impuestos sobre la comida. El concejal recuerda que entonces había gente comiendo en los basureros y que por eso la gente salió a protestar. Y marca que lo que logró el gobierno de Petro es la seguridad alimentaria.

Pero también apunta a la soberanía alimentaria. Alude al páramo de Sumapaz, localidad de Bogotá, donde se fomento que los campesinos de la región provean de alimentos a la ciudad. Esa iniciativa, indica, fue parte del programa Hambre Cero de Gustavo Petro. 

En Ciudad Bolívar hay una porción importante de los 3,5 millones de pobres que salieron de la pobreza  en Colombia gracias al incremento del salario mínimo vital que está hoy en 2 millones de pesos. “Vivimos ya una experiencia maravillosa de la mano también de Petro (como alcalde) con Bogotá Humana. Fui subsecretario de ese gobierno y logramos sacar 1.4 millones de bogotanos de la pobreza”, comenta.

De cara a las próximas elecciones, señala que el gobierno del Pacto Histórico estuvo siempre bloqueado por los poderes fácticos, las oligarquías financieras, las oligarquías políticas que están incrustadas en los espacios de poder. Pone como ejemplo el aumento, consecutivo al aumento salarial, de las tasas de interés por parte de la Junta Central del Banco de la República.

“Por eso se necesitan cuatro años más. Porque en buena medida muchas de las tareas de reformas sociales quedaron truncadas en el camino”, resume.

Las y los vecinos se acercan y pronto las mesas de ajedrez están llenas. Cuesta Novoa propone un juego: ¿a qué le harán jaque mate el domingo 31 de mayo? No todos responden, pero la mayoría sí: jaque mate a la pobreza, jaque mate a la corrupción, jaque mate a los falsos positivos. La partida continúa.

Entre las y los militantes del Pacto Histórico que reparten volantes en La Madelena está Damaris Torres, emprendedora. Cuenta que se queda volanteando todas las noches hasta las 12 de la noche y que come jengibre y cúrcuma para seguir convenciendo indecisos. Cuando se le pregunta qué la motiva, responde: “Amo a mi país”. La mujer cuenta que tuvo que pagar las carreras universitarias de sus hijas con el mecanismo “gota a gota”, por el que se pide plata a un prestamista pero si no se paga en el horario acordado, se mata al deudor. Pero que apeló a eso porque no quería que sus hijas vivan la misma realidad que ella. 

También está el joven Samuel Sánchez, de 19 años. “El gobierno de Gustavo Petro dignificó el trabajo, a muchos jóvenes y a la educación, y a la fuerza pública les dio un empleo digno. Algo que no se había hecho durante 200 años que había gobernado la derecha acá en Colombia. Durante mucho tiempo los jóvenes no habíamos recibido en educación pública un buen proceso, pero ahora tenemos la matrícula cero”, argumenta. La “matrícula cero” es la política de gratuidad para los estudios superiores que implementó el gobierno. 

Otra mujer que se acerca con su pechera del PH es Fany Leal, médica egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Asegura que milita por Iván Cepeda porque quiere que se reforme la Ley 100, que en los años 90 estableció la privatización de la salud. El Estado le pagaba las prestaciones a Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), pero estas a su vez tercerizaron en Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS), que eran quienes efectivamente realizaban las atenciones pero luego no recibían los pagos. “Las EPS quebraron a las IPS. Cuando eso ocurrió, yo trabajaba en el sector público y tocaba pedirles a los pacientes la jeringa a las 3 de la mañana para un dolor bien berraco”

Fany Galindo y otros vecinos se sirven vasitos de canelazo calentito. Cuando se le pregunta a la madre cuidadora en qué pensará este domingo cuando vaya a votar, afirma: “En la vida. En el ‘no a la guerra’, porque no eso nunca nos ha llevado a ninguna parte. Ahorita lo que predomina es el amor, la paz, la tranquilidad, la camaradería, la solidaridad entre hermanos. Y que nos apoyemos entre todos, no que vayan a pasar uno por encima del otro como estamos acostumbrados. Todos tenemos que trabajar en comunidad para apoyarnos y salir adelante. Eso es progresismo”. 

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

La llegada a esta elección presidencial en Colombia está marcada por la certeza de que cuatro años no bastan para saldar dos siglos de gobiernos ligados a las élites económicas y políticas del país. Que hace falta otro período de gobierno para avanzar en las transformaciones necesarias para garantizar la paz y la vida digna. Es en ese marco que diversos espacios de los movimientos socioambientales, feministas, sindicales y de lucha por la paz confluyen para apoyar la fórmula presidencial del Pacto Histórico.

Hoy Colombia define la continuidad del proceso iniciado con Gustavo Petro, en la Iván Cepeda y Aida Quilcué; el retorno de la derecha uribista en la figura de Paloma Valencia o una propuesta similar a la de Javier Milei en Argentina, representada por Abelardo de la Espriella.

La construcción de la paz

Camila Macías es integrante de la Corporación Planeta Paz. Este proyecto se creó en 2000 y promueve la paz mediante estrategias de educación y comunicación popular, investigación social crítica, luchas de las mujeres populares y los géneros, y seguridad ambiental territorial. “Es importante tener un marco común de lo que ha significado la lucha en este país por la construcción de la paz. Colombia ha estado atravesado por las violencias, por los genocidios, por los múltiples conflictos en los territorios. La paz no significa simplemente la superación del conflicto armado, para construirla se necesita seguir avanzando en el programa que se inició en estos cuatro años”, señala. 

Y agrega: “Eso significa poder constituir las condiciones políticas, sociales, económicas, ambientales y el reconocimiento de las mujeres, las diversidades sexuales, las poblaciones discriminadas y excluidas para que estos múltiples conflictos que constituyen la sociedad colombiana puedan ser encauzados”.

Para Macías es una apuesta “política y ética” avanzar en el camino iniciado por Gustavo Petro. “Hay que reconocer el trabajo de posicionar temas sociales y ambientales que hace cuatro u ocho años no estaban”, argumenta. 

Marca dos hitos: la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y el estallido social de 2019. Y señala que ambos desarman el argumento alrededor de un actor armado en pos de avanzar en discusiones estructurales para el país. Y, en ese contexto, según la activista la política ambiental y de los derechos de las mujeres son elementos centrales. También los programas para los jóvenes, para los adultos mayores y para la educación.

Estas políticas “trasladan esta dinámica del conflicto y de la estigmatización que venía habiendo alrededor de campañas históricas sobre la guerra con grupos armados y lo que se ve es un esfuerzo de avanzar en un movimiento social que pueda cautivar a la población, que pueda cautivar a los jóvenes”. La activista detalla que estas ideas fueron trabajadas con las comunidades, sobre todo en áreas de frontera donde la conflictividad es mayor.

“El no cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte de (el ex presidente) Iván Duque ha generado un aumento acelerado de las agresiones”, aporta. En contraste, el gobierno del Pacto Histórico generó una institucionalidad para acercarse a las comunidades, claves en la construcción de paz; entendiéndolas también como interlocutores válidos para avanzar en los procesos de negociación en algunos territorios.

“Las organizaciones entienden que lograr la paz significa no solamente que ministros o agencias estatales e instituciones nacionales tengan presencia efectiva en los territorios, sino construir realidades locales y no exclusivamente desde los centros del poder político”, concluye.

La reforma agraria: un avance y un camino por hacer

Uno de los elementos centrales para la paz en Colombia tiene que ver con la necesidad de democratizar la tierra. En un país donde el 1 por ciento de los propietarios concentra el 80 por ciento de la tierra, el Acuerdo de Paz de 2016 incluye entre sus ejes la reforma agraria. Cepeda da un paso en ese sentido y habla de “revolución agraria”.

“Para ello se tiene que tener en cuenta sobre todo a los sujetos de la reforma agraria, esa reforma debe ser democrática”, dice Nuri Martínez, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), espacio que surgió en 1976 y es una de las mayores organizaciones campesinas del país. 

Agrega que el acceso no debe ser solo a la tierra sino también al territorio, al agua, a las semillas, a las herramientas. Y marca la importancia de la reparación a los pueblos, en un país “donde ha predominado la desigualdad, el despojo y el desalojo”.

Y marca la importancia de avanzar hacia la soberanía alimentaria en un país en que el agronegocio hace que alimentos que se pueden producir en Europa hoy se estén importando.

Respecto al apoyo a la fórmula Cepeda-Quilcué, señala: “Este es un desafío muy grande porque no solamente tiene responsabilidades el gobierno sino también el movimiento social. Y una de las responsabilidades del movimiento social es la unidad. Todo esto tiene que ser realizado con una movilización permanente. Aquí nada nos ha sido dado porque otros han sido muy condescendientes. Todo lo hemos ganado a través de la lucha y de quienes hemos dejado en el camino. Los desafíos son muy grandes para este nuevo gobierno”.

El feminismo en la campaña electoral

Paz González integra La Hoguera y la Asociación Colombiana de Comunicación Popular. Destaca que lo que ha encarnado esta campaña es justo la diversidad que tiene en rostros, en grupos sociales que han sido históricamente excluidos. “Ha sido una campaña marcada por el ejercicio de la autogestión, que no cuenta con grandes presupuestos para hacer estrategias de marketing. Por el contrario, ha sido una campaña absolutamente orgánica, donde la autogestión y el ejercicio del compartir y de la juntanza han sido la columna vertebral”, indica.

También expone que “las mujeres que provienen de regiones que han sido históricamente excluidas, las mujeres racializadas, negras, indígenas, empobrecidas, mujeres trans, se han sentido, de alguna forma, representadas e incluidas en este programa político y en este proyecto de país propuesto por Iván Cepeda, y, por supuesto, por su fórmula vicepresidencial, que es una mujer indígena y que sería, en este caso, la primera mujer indígena en cumplir con este rol”.

“Ha sido muy emocionante y bastante retador, pero también valiente salir a las calles y sentir que no es este momento en el que van a silenciar a las mayorías colombianas, que no es este momento en el que va a pasar la ultraderecha fascista y racista”, expresa.

Juliana Hernández, de la organización feminista Artemisas, señala que los problemas de las mujeres en Colombia incluyen la política económica y los problemas de la ciudadanía. Destaca el reconocimiento del Pacto Histórico de que “la autonomía económica no consiste en dar a las mujeres peluquerías ni puestos para vender cosas que no son sostenibles en el tiempo, sino en reconocer que la inserción laboral de las mujeres tiene que ser real”. 

Y que un sistema nacional de cuidados no puede estar planteado desde la visión neoliberal, en el que la mujer tiene que cuidar sola. “Este gobierno, a través del sistema nacional de cuidado y no en palabras, sino en asignación de recursos, permitió que además se pudiera instalar un sistema nacional de cuidado comunitario”, indicó.

Agregó, como un desafío a futuro, la importancia de mejorar las condiciones de vida reales de las mujeres. “No hablamos solamente de derechos sexuales, reduciéndolos al derecho al aborto, porque si no tenemos salud, si no tenemos transporte, tampoco vamos a acceder”.

La mirada del sindicalismo

Desde la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Fabio Arias expresa el apoyo a la fórmula del Pacto Histórico y analiza lo pendiente en un futuro gobierno. Comenta que la lección aprendida en estos cuatro años es que “para avanzar de manera prudente se requiere una mejor correlación de fuerzas en toda la institucionalidad del Estado”. Considera que Cepeda tendrá la obligación de generar un acuerdo nacional. Y que la profundización de las reformas va a ser el resultado de mantener “una fuerte presión social sobre la institucionalidad que tiene Colombia”.

“Ese es el aspecto principal, si logramos consolidar un acuerdo nacional que determine exactamente la profundización de una serie de reformas e incluso la modificación de una cierta institucionalidad en Colombia”, puntualiza. Y apunta al esquema electoral y judicial, cuyas estructuras han sido creadas por el neoliberalismo y la extrema derecha del liberalismo y se vuelven un obstáculo. Es lo que ocurre por ejemplo con la reforma pensional (jubilatoria) impulsada por Petro, que ya fue aprobada por el Congreso pero que está frenada para su revisión por la Corte Constitucional.

“En el mundo del trabajo hay que profundizar la vida democrática de las relaciones laborales, cuestión que no hemos podido cumplir”, indica. Y señala que, en la reforma laboral, quedó pendiente el tema de las libertades sindicales y de la vida democrática de las organizaciones laborales.

Finaliza: “En Colombia el odio al sindicalismo es una cuestión histórica que sigue teniendo unas relaciones mayoritarias en la institucionalidad. Pero hay muchas cosas de tipo realizable, como la reforma pensional o del sistema de salud. Ahí hay un reto significativo y muy determinante para este gobierno”.

El Pacto Histórico, el partido de la unidad

Gloria Flórez es senadora por el Pacto Histórico (electa en 2022), presidenta del partido Colombia Humana y defensora de derechos humanos. Relata los inicios del Pacto como una coalición, lo que llevó a la presidencia a Gustavo Petro y Francia Márquez.

Posteriormente, la coalición pasó a ser un partido, hoy presidido por Petro y Márquez. En septiembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la creación del nuevo partido, autorizando la fusión del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. En marzo de 2026 aceptó la inclusión de Colombia Humana, que en un principio había sido rechazada.

“Estuvimos trabajando a lo largo de un año en el paso a la unidad de las fuerzas que hoy están unificadas en el Pacto Histórico como movimiento político”, comenta Flórez. En las legislativas de marzo, el PH se presentó ya como partido, con listas con paridad de género. Fueron elegidas y elegidos 67 congresistas.

“El reto de la unificación fue precisamente avanzar en el Congreso, lo logramos; y tener una campaña unificada a la presidencia de la República”, agrega. 

Unificado el partido, se convocó a distintos sectores sociales a una Alianza por la Vida para la campaña presidencial. “La ruta de la unidad ha sido esencial porque ha dado resultados importantes”, como las elecciones legislativas, la candidatura única y la alianza con los movimientos sociales.

La senadora subraya un eje que ha atravesado la campaña de Cepeda: la revolución ética, volver a recuperar en el país la ruta de la moralidad pública. “Petro inició ese camino”, añade. Y marca la necesidad de mantener las reformas sociales que inició, de continuar la apuesta de justicia social para Colombia y de lograr que el país se reindustrialice. “Que avance hacia un modelo productivo donde todas las capas de la sociedad tengan oportunidades, rompiendo con el modelo neoliberal que tanto daño ha causado”, define.

Respecto a la campaña electoral, asegura que hay “una campaña feroz, mediática, pues hay muchísimos recursos invertidos en los grandes medios de comunicación y en la comunicación digital. Y nuestra campaña es una campaña austera, hecha a pie con la gente, con el pueblo”.

Un ejemplo de ello es la iniciativa “Súbete a la Chiva”, un colectivo con escaleras impulsado por la Minga Social y Popular, colectivo indígena cuya referente es Aida Quilcué y que surgió al calor de las movilizaciones de 2008. Ese colectivo viajó más de 45 días recorriendo las localidades de Bogotá y otros departamentos de Colombia, llevando la campaña a diversos colectivos de los distintos territorios. 

Además, ante la tradición de compra de votos y de la posibilidad de fraude, se convocó en las calles a cuidar este los votos del Pacto Histórico.

La diferencia entre Cepeda-Quilcué y los otros candidatos, dice Flórez, es que “tenemos al pueblo de nuestro lado”. Agrega: “La campaña es la continuidad de un proyecto que arrancó ya en el país y no se puede dar marcha atrás, porque sería muy doloroso para el pueblo colombiano y para América Latina”.

Finalmente, agrega: “Tenemos una amenaza gigante que es el norte, porque están direccionando mensajes, recursos y propaganda en contra de nuestra campaña. Estados Unidos lo hizo en Honduras, en Ecuador, ha metido la mano en todos lados. Pero esperamos que el pueblo sea sabio y defienda lo que ha conquistado después de tantos siglos de búsqueda de un gobierno que represente sus intereses”.

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

Gabriel Becerra es el secretario general de la Unión Patriótica y dirigente del Partido Comunista Colombiano; ambas fuerzas integran el Pacto Histórico que este domingo propone a Iván Cepeda y Aida Quilqué para continuar el proyecto iniciado por Gustavo Petro. Desde 2022, es miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por Bogotá en representación del Pacto Histórico.

En 2020 fue uno de los fundadores y coordinador del equipo promotor que dio origen al Pacto Histórico. En la Cámara de Representantes, integra la Comisión primera constitucional, la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral y la Comisión de paz. 

Su partido de origen, la Unión Patriótica (UP), fue diezmado por la persecución política. Surgió a nivel nacional como resultado del acuerdo de paz para la salida negociada del conflicto armado interno entre el Estado Colombiano y los grupos insurgentes en 1984. Ese acuerdo abrió la posibilidad de crear un movimiento político que permitiera a la insurgencia hacer política con garantías a través de las urnas. Para 1986, era la tercera fuerza a nivel nacional. 

Sin embargo, tras el ascenso de la UP en la política institucional, sistemáticamente fueron asesinados nueve congresistas, 70 concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantes, artistas, militantes y simpatizantes del sector de la cultura y el magisterio, profesionales y campesinos.

Entre 1984 y 2002, la UP fue víctima de un genocidio político caracterizado por asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamientos y atentados cometidos con la participación de agentes estatales, grupos paramilitares y sectores de la política tradicional. 6.200 personas fueron asesinadas en ese contexto. El caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad estatal en esos hechos. El 30 de enero de 2023, declaró al Estado colombiano responsable por el exterminio de la UP.

Uno de los dirigentes asesinados, en 1994, fue Manuel Cepeda, padre del candidato Iván Cepeda.

En diálogo con Marcha Noticias, Becerra manifiesta: “El proyecto político de la UP fue truncado por la violencia. El Pacto Histórico es la oportunidad y la materialización, tanto en los espacios que hemos conquistado en el Congreso de la República como en la presidencia, de la continuidad de ese proyecto político que no pudieron desaparecer y que hoy vive en las realizaciones del pueblo colombiano a través del Pacto Histórico”.

En ese sentido, marca que los avances generados por el primer gobierno nacional de izquierda en Colombia como “un listado largo de realizaciones que muy poco se nombran, sobre todo en los medios masivos, pero que son reales e importantes”. Sin embargo, en vistas a un segundo gobierno señala la necesidad de avanzar en ese camino para poder romper con un pasado de exclusiones y de violencia.

—¿Qué se necesita hoy para lograr la paz en Colombia?

—La paz no es simplemente el silenciamiento de los fusiles y de la violencia. En 2016 se logró el Acuerdo de Paz y ese acuerdo sentará las bases para la construcción de una paz estable y duradera. Pero lamentablemente la derecha logró, tanto en un plebiscito que se realizó como en el gobierno posterior de Iván Duque, colocar muchos obstáculos y frustrar en una parte la implementación ágil de ese acuerdo necesario para construir la paz. Que, repito, no depende solamente del desarme ni del cese de la violencia física. Para construir la paz en Colombia se necesita un proceso de cumplimiento de los acuerdos, empezando por el que se firmó en el 2016 y de avance de una serie de reformas y de transformaciones que le quiten la base a a cualquier aplicación de violencia a través de la lucha política o a través de los fenómenos de la criminalidad no política, para que de esta manera se pueda construir una paz con garantías de justicia social, de cese de la violación de derechos humanos y sobre todo cambios en la vida política, económica y social de Colombia.

La paz es la materialización de un proceso democrático en Colombia que no ha sido posible y que esperamos concretar para que sea la mejor herencia a las nuevas generaciones.

–¿Cuáles son los desafíos más importantes ante la intención de retorno del uribismo en la figura de Paloma Valencia y ante la emergencia de un discurso similar al de Javier Milei en Argentina, representado en Colombia por Abelardo de la Espriella?

—El desafío es construir un modelo de sociedad distinta a la que propone este émulo de la extrema derecha global, de Milei, de Nayib Bukele o del partido Vox. Esa es la gran disputa de la sociedad colombiana en este momento: si logra mantenerse y consolidarse en el gobierno un proyecto centrado en la vida, en la defensa de la naturaleza, en los derechos sociales, en el respeto a las libertades individuales, en la lucha contra la guerra o si en Colombia la extrema derecha logra recuperar espacio y ser gobierno. El desafío es tener la capacidad de argumentar, de movilizar y de garantizar la fuerza popular, la fuerza política, la fuerza electoral necesaria para impedir que los vientos de la ultraderecha fascista que recorren algunos países de América Latina y del mundo sean triunfadores en nuestro país. Es derrotar al fascismo y construir una democracia basada en la lucha contra las desigualdades porque no puede haber democracia sin igualdad social.

—¿Cuáles fueron, desde su punto de vista, los avances más significativos del gobierno de Gustavo Petro?

—En primer lugar, hay que ubicarlo como el primer gobierno realmente distinto a las élites políticas tradicionales que gobernaron el país desde la independencia durante 200 años.

Este primer gobierno tenía el desafío de iniciar las bases de una transformación en la sociedad colombiana muy marcada por la idea de democratizar la sociedad. Democratizarla en la economía, en la política, en lo social. Y ha iniciado ese proceso de transformaciones. Pero todavía falta bastante para consolidar un proceso de transformación. Nosotros triunfamos en unas elecciones hace cuatro años, yo creo que vamos a volver a triunfar ahora. Pero tener el gobierno no es tener el poder. El poder en una sociedad está condicionado por factores económicos, culturales, comunicativos, ideológicos, factores sociales que todavía en la sociedad colombiana tienen un peso significativo. No hay que menospreciar el peso de sectores conservadores y de la derecha en el país. Aún en medio de estas limitaciones el presidente Petro con un programa de reformas avanzó en temas importantes. Uno de ellos es la reforma agraria. Colombia tiene un nivel de concentración de la tierra muy elevado y eso ha derivado en los problemas de la violencia. El 1 por ciento de los propietarios es dueño del 80 por ciento de la tierra productiva en Colombia. Eso no es normal en una sociedad democrática. En el campo de la entrega de tierra vamos en unas 750.000 hectáreas, llegando casi al millón. Son cifras importantes, si las compara con lo que hizo el gobierno Iván Duque, que solamente distribuyó 17.000 hectáreas. En el campo agrícola hay otros resultados, como el crecimiento del aporte del campo en la economía nacional, y el desarrollo rural. Todo esto es muy importante cuando se trata de cambiar la matriz económica del país, que ha estado ligada al extractivismo, a servicios y a sectores de la economía no productiva. Nosotros queremos hacer una economía productiva. En el campo de los derechos sociales, hemos recuperado la capacidad adquisitiva de los trabajadores con el aumento del salario mínimo. Al desempleo lo recibimos en dos dígitos, ahora está en un dígito: 8.8. A la inflación la recibimos en dos dígitos, ahora está en un dígito, 5.4. El crecimiento de la economía, aunque no ha sido desbordante, está en un promedio casi del 3 por ciento. En las circunstancias internacionales actuales no es malo. La política social ha pretendido reducir la pobreza extrema. Garantizamos la gratuidad al 98 por ciento de los estudiantes de la universidad pública. Logramos aumentar el plan de asistencia social al adulto mayor. Aprobamos la reforma pensional y la reforma laboral, que recuperaron derechos que se le quitaron a los trabajadores durante los gobiernos de derecha. Y hemos fijado una postura sobre la política exterior colombiana muy distinta a la que clásicamente han tenido las élites colombianas. 

—¿Cuando alude a la política exterior se refiere a la relación, por ejemplo, con Estados Unidos?

—Me refiero a la política exterior que tiene que ver con Estados Unidos y en general con toda la comunidad de naciones y de organismos internacionales. En el caso de Estados Unidos y en el caso de otras naciones lo que hemos recuperado es una autonomía y un criterio soberano en las decisiones que no tienen que ver con romper relaciones, pero sí con reclamar y ejercer una postura propia en temas como el conflicto en Palestina y las amenazas de la guerra general, la amenaza del gobierno de los Estados Unidos de apropiarse de naciones enteras como Groenlandia o México o el trato que se le ha querido dar a los migrantes. El gobierno de Colombia no ha aceptado cierto tipo de tratos, ha pedido que haya respeto a la dignidad de nuestros compatriotas en el exterior. Se opone a la ruptura de la legalidad internacional en situaciones como el bombardeo y la detención ilegal del presidente Maduro en Venezuela. Rechazamos los bombardeos contra personas en alta mar aún si esas personas están haciendo actividades ilegales porque bombardearlas y causarles la muerte no respeta el derecho internacional público. En los foros económicos y en los foros ambientales hemos defendido la postura propia de lucha contra el calentamiento global, la exigencia de una postura que proteja esta casa grande de la amenaza de calentamiento global que nos permita avanzar en una transición energética y en los temas económicos y políticos. Nos ubicamos en el campo del multilateralismo y de unas relaciones Norte-Sur que no sean de sometimiento.

—¿Cuáles son las posibilidades de un futuro gobierno de Iván Cepeda y Aida Quilcué para avanzar en las transformaciones necesarias?

—Nuestra economía logró mantenerse. Pero es una economía que está presa de una concepción neoliberal. Nosotros pensamos cambiar esa orientación económica. El presidente Petro ha iniciado con algunas decisiones, pero hay que tomar muchas otras para fortalecer el carácter productivo de la economía colombiana, fortaleciendo la reforma agraria, la revolución agraria y también avanzando en otros sectores. Si superamos la violencia y construimos la paz, Colombia tiene un potencial turístico muy grande que ya en este gobierno ha crecido pero que puede aumentar. Tenemos posibilidades de desarrollos económicos, además del campo agrícola, en otros campos relacionados con la ciencia y con la tecnología, si somos juiciosos y fortalecemos la inversión en el conocimiento y en la cultura. Por otro lado, tenemos dificultades en las finanzas públicas porque recibimos un Estado muy endeudado. Le ha tocado al presidente Petro asumir esas deudas. Pero si hay una reactivación y un fortalecimiento de la economía, las finanzas públicas pueden mejorar porque podríamos garantizar reformas fiscales y tributarias que nos permitieran recuperar recursos para el Estado a través de criterios distintos para los que evaden el pago de impuestos puedan pagar y también extendiendo una política fiscal a sectores que hoy no pagan ningún impuesto. Existen todas las condiciones para, en un viraje de la economía, tener desarrollos materiales de equidad y de igualdad social posibles. Esa es la raíz con la que estamos comprometidos. Tenemos las condiciones para avanzar pese a que los vientos globales no son tranquilos. Tenemos capacidad para tener una economía más productiva que nos ayude a tener más riqueza, equitativamente distribuida, y de esa manera garantizar una transformación en beneficio de las mayorías. Queremos un crecimiento económico en beneficio de la mayoría, no un crecimiento económico que beneficia a las élites de siempre. 

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

Aida Quilcué, mujer nasa del Cauca colombiano, lideresa indígena, defensora de los territorios, de los derechos humanos y de la naturaleza y senadora desde 2022, es la candidata a la vicepresidencia de Colombia junto a Iván Cepeda por la fórmula del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro.

El pasado 9 de marzo se conoció que Quilcué sería la candidata a la vicepresidencia. En diálogo con Marcha Noticias afirmó: “Es el tiempo de las mujeres y ese tiempo no es solo una presencia simbólica, sino una presencia viva para la gobernanza. He emprendido un camino, igual que muchas mujeres desde los distintos espacios, desde los procesos más invisibles porque a veces somos muy invisibles, que vale la pena”.

También señala: “Hay que avanzar a pesar de las dificultades, de los tropiezos; esas dificultades y tropiezos nos vuelven fuertes. Y desde esa fuerza hoy estoy aquí para representar el pueblo colombiano como vicepresidenta de la República”.

Aida marca también el cariño recibido durante la campaña, por parte de los sectores populares, las mujeres, las y los jóvenes, la comunidad LGTB+, las personas con discapacidad. Una campaña autogestiva construida desde el poder popular.

“Estamos para enfrentar y asumir los desafíos y retos que hoy nos pone el país”, anuncia. Y explicita que esos desafíos son “la exclusión histórica que han tenido los 115 pueblos indígenas de Colombia, que son una presencia viva del país, una presencia que ha sido estigmatizada, que ha sido olvidada, que ha sido excluida y que es una presencia real de la riqueza cultural y natural que tenemos los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, afrodescendientes y los pueblos más excluidos incluso en las ciudades”. 

Agregó: “El segundo desafío es avanzar en las transformaciones que ha empezado el presidente Petro. Se ha avanzado con los derechos de la ciudadanía en el marco de las reformas del Congreso de la República y de reformas constitucionales y en derechos. Vamos a avanzar en todas esas propuestas que se están encaminando y que es la continuidad de ese proyecto político”.

Cuando se le pregunta qué sueña para su país, responde: “Hemos vivido milenaria e históricamente muchas situaciones difíciles, que aún estamos viviendo. Lo que más sueño es que nuestros hijos e hijas puedan caminar tranquilos en el territorio, que no nos odiemos por pensar diferente y que exista la igualdad en Colombia”.

A las mujeres del continente, les dice: “Tengamos mucha fuerza porque las formas de exclusión, sobre todo en las mujeres no se da sólo en la oposición, también en el progresismo y tenemos que caminar, enseñar, aconsejar y ojalá algún día también sacar ese esa práctica de de esto y que los hombres han sido tan valiosos como nosotras las mujeres. Y seguiremos siendo valiosos y valiosas para construir esa esa Colombia que hoy queremos, pero también esa Latinoamérica y ese mundo que hoy necesita la humanidad”.

El tiempo de los pueblos

El documental “Aida Quilcué. Es tiempo de los pueblos”, realizado por Juntos Somos-Human Conect, retrata su vida y su lucha contra el racismo, la violencia estatal y en defensa de los territorios. Combina una entrevista reciente a la lideresa con material de archivo sobre su militancia.

Quilcué inscribe su propia vida en una lucha que lleva más de 500 años. “Invadieron nuestros territorios, invadieron nuestro pensamiento y nos quitaron la tierra”, denuncia. Y da un mensaje tan actual como necesario para el país y la región: “Resistir no es aguantar, es dignificar”. 

Hija de una maestra y de un líder comunitario, desde la infancia acompañó a su papá, aprendiendo que la tierra comunitaria es de las comunidades. En su relato aparece también la raíz de la lucha en la memoria del líder indígena Manuel Quintín Lame, defensor de los derechos de los pueblos indígenas colombianos, que falleció en 1967.

Aida fue promotora de salud y maestra comunitaria en su comunidad. El punto de inflexión que la convirtió en lideresa fue la avalancha del río Páez en junio de 1994, que afectó a la zona del departamento Cauca (en el suroeste colombiano). Más de 1.100 personas murieron y su comunidad se vio obligada a desplazarse y a comenzar de cero en otro territorio del departamento. 

Fue la primera mujer nombrada como representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca. Entre 2003 y 2009 fue consejera mayor. En 2008 organizó la serie de protestas y marchas conocida como Minga Indígena contra el gobierno de Álvaro Uribe, que desconocía las autonomías de los pueblos indígenas.

“Me decían ‘cuidado, Aida, que la pueden matar’, pero yo no pensé que la muerte estuviera tan cerca”, relata en el documental. A finales del 2008, en una emboscada militar, asesinaron a su esposo Edwin Legarda. Quilcué luchó por justicia para su esposo y también por justicia para otras víctimas de la persecución y de los “falsos positivos”; nombre que se le dio a las ejecuciones cometidas por el Ejército Nacional de Colombia contra ciudadanos no beligerantes pero cuyos asesinatos se presentaban como resultados de enfrentamientos en el marco del conflicto armado interno. Según la Comisión de la Verdad de Colombia, 6.042 civiles fueron asesinados por el Estado con este mecanismo.

Poco después del crimen de Legarda, Aida dijo en un acto público: “Si mataron a mi esposo para que Aida se calle, sepan que me dieron más fuerza”. Si bien se condenó a seis militares por la ejecución de Legarda, no se avanzó en la investigación sobre los autores intelectuales del crimen.

La lucha de Quilcué contra el arrebato de tierras para el extractivismo continuó. En 2022, fue electa senadora nacional por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), uno de los partidos que representa a los pueblos indígenas en el congreso por medio de la circunscripción especial para pueblos indígenas. Ya en la política institucional, manifestó su voluntad de “representar a los pueblos excluidos, olvidados, estigmatizados e incluso asesinados”, tal como manifiesta en la entrevista registrada en el documental. 

Una frase de Aida queda resonando en el film: “De tantas lágrimas, de tantas luchas, de tantos sacrificios, hoy llegó el tiempo de los pueblos”.

“Hay tristeza, hay lágrimas, pero también hay esperanza”

En la semana previa a las elecciones, Quilcué agradece al Consejo Regional Indígena del Cauca, “una organización que ha tenido muchos altibajos, pero que le ha enseñado a Colombia la resistencia y la dignificación de los pueblos”. También a la Organización Nacional Indígena de Colombia y a las organizaciones regionales que componen los 115 pueblos indígenas que habitan el país.

En referencia al estallido social de 2019, recuerda: “Los jóvenes nos enseñaron a nosotros, porque conocimos la exclusión total que se vive en las ciudades. Algunos muchachos nos decían, ‘preferimos quedarnos aquí en la calle, porque aquí al menos tenemos el desayuno, el almuerzo y la comida y en la casa no lo tenemos’. Y no porque los papás fueran perezosos, sino porque no había oportunidades. Y por eso va mi abrazo a aquellos jóvenes, que hoy la oposición dice que son terroristas, delincuentes. Yo reivindico esa memoria. A algunos los dejaron lisiados y otros aún siguen en las cárceles”.

Reivindica a la clase obrera por “luchar por su derecho a un trabajo digno”. A las mujeres, “para que la violencia salga de las familias y de las sociedades porque toda clase de violencia contra la mujer también nos ha afectado y nos ha llevado al olvido estructural”. Y también a la comunidad LGBTIQ+ y a las personas con discapacidad. Desde su identidad como mujer indígena, se hermana con esas luchas: “No solamente vivimos la violencia de los fusiles, hemos vivido la violencia de exclusión”.

Añade: “Desde el progresismo tenemos que sacar esa violencia porque eso fue lo que se sembró en nosotros. Tenemos que aprender a caminar en la diversidad porque aquí cabemos todos y todas. Nuestros pueblos se han enfrentado y terminaron en una situación difícil, pero a esto lo crearon aquellos que siempre nos quisieron ver divididos. La colonia llegó y nos puso a pelear entre nosotros; llegó la corrupción, la mentira, la envidia. Por eso nos dividieron y por eso muchos pueblos en Colombia fueron totalmente exterminados, como el Pueblo Yalcón, que hoy solo existe en las estatuas y en la memoria. 

Para Quilcué, hoy los pueblos pueden dividirse, porque eso permite el avance del capitalismo, la exclusión, el racismo y todas las formas de violencia. “Hay tristezas, hay lágrimas, pero hay esperanza. Y hoy nos hemos encontrado una Colombia que nunca nos habíamos encontrado para mirarnos a los ojos, para cantar entre nosotros, pero también para caminar juntos y juntas”, describe. 

Candidata a la vicepresidencia

La candidata del Pacto Histórico expresa: Y concluye: “El 31 de mayo tiene que ganar Colombia. Tienen que ganar las víctimas, los indígenas, los vecinos, las mujeres, la juventud. Que suene la flauta, que suene el tambor, que suene la música, que suene las guitarras, que suenen los vientos, los ríos, las aguas, porque también tenemos que proteger nuestra Madre Tierra. Y esa será nuestra lucha”. 

Asegura que su proyección no era ser candidata a vicepresidencia, sino retornar a su territorio. “No porque no pudiera o no porque no hubiera estudiado, porque basta con haber vivido lo que vivimos al lado de nuestros pueblos, porque eso hace parte de nuestro aprendizaje”. Pero finalmente decidió aceptar la invitación de Iván Cepeda: “Con Iván venimos de lugares distintos, pero con los mismos caminos de esperanza y paz”.

“Yo no me preparé en la academia, me preparé en la academia de la naturaleza y los pueblos. Y me voy a juntar con esa otra ciencia que es Colombia. Nadie gobierna solo. Alrededor hay muchas mentes, muchas manos valiosas, idóneas, invisibles que gracias a ello podemos seguir gobernando”, agrega.

“A Petro lo han estigmatizado, lo han señalado. Pero nunca dicen que ellos fueron los que dejaron los rezagos de la corrupción, el racismo y la exclusión. No con eso quiero justificar los vacíos que aún existen. Porque estamos aprendiendo. Pero yo sé que esta Colombia nos va a enseñar a mejorar las cosas”, analiza.

Relata que la campaña fue de amor, de abrazos. Y que eso aumenta la responsabilidad de continuar la transformación. Sin embargo, aclara que hay problemas que no se solucionan en cuatro u ocho años de gobierno. “Este es un proyecto político a largo plazo, donde muchas generaciones tenemos que prepararnos para gobernar este país”.

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Por Laura Salomé, Carla Perelló y Mariángeles Guerrero | Foto: Lizbeth Hernández

“¿Dónde podemos ver información posta sobre Venezuela?”. La pregunta la realizó una referente feminista en un grupo de WhatsApp de amigas. La incógnita es evidente, ¿es posible analizar los grandes acontecimientos contemporáneos sin las lentes del enemigo? ¿Aun cuando la tesis de que “la derecha avanza” es fácil explicación hasta en los espacios militantes de izquierdas, feministas, progresistas y otrora revolucionarios?

Es que somos el meme de quien llora porque ya no quiere vivenciar sucesos históricos. Pero ojo, también el que vocifera “ni midiri ni trimp” con cara de nene rubio y caprichoso. Porque antes que vencidas, levantamos nuestros cuerpos cansados ante el saqueo a los salarios y reconocemos el desafío como feministas: la defensa de nuestros territorios, cuerpos y voces nos enfrenta al enemigo de siempre, al agresor. Que ahora está sin careta.

El bombardeo de una capital sudamericana en el comienzo de un año de elecciones claves para la región enfrenta -cuándo no- a los feminismos con su origen y praxis dentro de los movimientos populares. Ante el colonialismo mediático y la política del agresor desatada, quizá sea la oportunidad de finalmente, mirarnos a nosotras. Y menos a ellos. Volver a soñar con una hermandad global feminista. En Marcha empezamos por publicar/ leer sus voces que también analizan geopolíticamente por qué la guerra ya había sido develada.

“Debemos ser firmes ante un agresor”

Una vez pasada la conmoción por los bombardeos en Caracas, el matón que pretende presidir al mundo, Donald Trump, amenazó a quien horas despúes juraría en la Asamblea Nacional como la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. En una entrevista telefónica con el medio The Atlantic desde su club de golf en Florida, exclamó que “si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”.

Rodríguez es la primera presidenta en la historia del país, pero no fue la única en ser amenazada en la región. El mismo día, ostentando poder desde el avión presidencial, Trump declaró que en diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum -a quien consideró “una excelente persona”-, le ofreció “enviar tropas” a lo que ella habría respondido que “lo está considerando” porque “tiene un poco de miedo de los cárteles que gobiernan México”.

Lo cierto es que tanto Rodríguez como Sheinbaum rechazaron el injerencismo, pero la amenaza es explícita. Sobre todo si frente a la representatividad está el agresor develado.

*

En términos feministas lo analizó Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos en transmisión de la Red Latinoamericana: “La agresión de los Estados Unidos es una clara violación del derecho internacional” y avalarla “es una posición inmoral e imprudente que nos está poniendo en peligro” ya que “estamos justificando que el tipo de relaciones exteriores que llevemos en adelante deje desprotegidas a millones de personas”.

Activista y ex ministra de Igualdad, Montero se refirió a la ambigua declaración del Gobierno español y a la posición sumisa de los partidos políticos que lo conforman y llamó a los gobiernos del mundo a romper relaciones con el país norteamericano y a salir de la OTAN.

“Debemos ser firmes ante un agresor que se cree dueño del mundo”, agregó Montero. “Necesitamos firmeza y contundencia frente a un país criminal que durante toda su historia ha tratado a América Latina como patio trasero”, y se refirió a la hipocresía de la Unión Europea que condena a Rusia por su ataque a Ucrania, pero no a los EE.UU. “Los pueblos del mundo exigen paz y seguridad”, aseguró, “estamos permitiendo que triunfe la tiranía”.

“Cuando la derecha avanza, también la misoginia y el patriarcado porque precisa apropiarse de la fuerza de trabajo de las mujeres, entonces el papel de los movimientos feministas debe ser de protagonismo, de estar al frente de la lucha”, declaró Maria Fernanda Marcelino, da Marcha Mundial das Mulheres – São Paulo a Marcha.

Desde las calles, donde se repudió en la gran metrópoli el ataque a la soberanía cuerpo- territorial, Marcelino afirmó que éste es “un ataque a todos los países por el gran interés que tiene los Estados Unidos en el petróleo y los bienes comunes”. Y se animó a caracterizar el 2026 que ya llegó: “Este año tenemos elecciones en Brasil y se va a dar una disputa total de proyectos, uno de democracia, de construcción y refuerzo de la soberanía nacional, y otro, de entrega, de seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos”.

Desde Ecuador, la Asamblea Transfeminista emitió una declaración para condenar y rechazar “la invasión y la agresión nefasta del gobierno de los Estados Unidos” y la analizó como “una práctica imperialista y patriarcal que ha desangrado a los pueblos del mundo y continúa perpetuando genocidios”. Así lo ratificó Jazmin Freire, de la Coordinadora del Noroeste en Resistencia a los Desalojos e integrante parte de la Asamblea. 

“Rechazamos las declaraciones de Daniel Noboa, no nos representa y nos ha condenado a la miseria, al retroceso de derechos y a la muerte”, agregó Jazmín sobre las declaraciones del mandatario de ultraderecha que avaló la intervención militar en la región. “Nos unimos y hacemos fuerza para decirle a Trump y a todos sus aliados genocidas patriarcales que ya basta, su imperialismo no pasará más, tenemos dignidad, memoria y resistencia”.

Desde Uruguay, Tamara Abracinskas, de Mujer y Salud, que trabaja los derechos sexuales y reproductivos, envió su solidaridad al pueblo venezolano. “No se puede avasallar de esta forma un pueblo, se tiene que respetar su soberanía y su posibilidad de decidir sobre su futuro. No es Estados Unidos quien va a traer democracia, quien va a traer paz y quien va a traer libertad a nuestra región”, sentenció. 

Para la entrevistada, “estamos en un momento histórico que nos lleva a un pasado muy oscuro, muy doloroso de nuestra región”, donde se revitaliza el Plan Cóndor para hacerse de nuestros recursos. “Extendemos nuestro apoyo y solidaridad a las compañeras y compañeros venezolanos, en duelo por todos los asesinados que hubo en el ataque que ocurrió el 3 de enero. Desde Uruguay estamos prestando mucha atención para acompañar esta lucha y resistencia”, concluyó.

“El ataque contra Venezuela no solo rescata una memoria histórica, sino que profundiza la historia presente de la ofensiva de EE.UU. sobre el mundo para garantizar el mantenimiento de su hegemonía en un momento en que se siente amenazado por el ascenso de China y otros bloques alternativos al modelo imperialista”, expresó Ana Priscila, también de la Marcha Mundial das Mulheres, pero en Rio de Janeiro. “En ese sentido, no solo el petróleo venezolano es estratégico, sino también el control sobre la soberanía y los bienes comunes de toda América Latina; y Brasil es parte de esto: no en vano nuestra democracia ha sido tan atacada en la última década, y cada uno de esos ataques tiene como consecuencia la mercantilización de nuestra naturaleza y la precarización del trabajo y de la vida”, agregó.

Ana Priscila realiza un llamado a la acción feminista regional: “Si el imperialismo avanza contra nosotras, no podemos retroceder. Es fundamental seguir acumulando fuerza para dar respuestas inmediatas a esta ofensiva”. Y rescató la importancia de las masivas manifestaciones en los Estados Unidos en contra del atropello al derecho internacional de la administración Trump y que “denuncian el absurdo que es el gasto militar mientras su propia población vive una crisis económica sin derecho a salud y trabajo digno”.

“Nuestro papel es seguir marchando en defensa de la vida y de la autodeterminación de nuestros pueblos, en defensa de nuestros bienes comunes y de un mundo en que la vida valga más que el lucro”, finalizó Ana. “Sabemos de nuestras fragilidades y de cómo la coyuntura contribuyó a una desarticulación de los movimientos y del campo progresista; pero es tarea de cada movimiento social, colectivo, central sindical, entidad estudiantil o partido popular no perder de vista el tamaño de nuestro desafío histórico. No hay espacio para luchar fragmentados; es fundamental construir una acción común en nuestra región”.

*

Mariela Belleza es activista feminista peruana y manifiesta su rechazo a la invasión de Estados Unidos “porque es una violación a la soberanía de un Estado”. Agrega: “Todo análisis, se esté de acuerdo o no con Maduro o con la Revolución Bolivariana, tiene que oponerse a cualquier tipo de intervención colonial como lo fue la del 3 de enero”. Consideró que “hay un regreso hacia la derecha colonial e imperialista, que busca retroceder en cuanto a los derechos que hemos ganado” y que “el contexto es bastante más complejo que solo Estados Unidos: hay un reposicionamiento de las fuerzas ideológicas hacia una derecha que usa la democracia para destruir la democracia”.

Por eso, advirtió que “como feministas latinoamericanas tenemos una apuesta postcolonial y post extractivista. Por otro lado, lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres. Una intervención militar implica que no van a estar en el centro los derechos humanos, la igualdad, la posibilidad de oponerse. Y también va a afectar a nuestros territorios, que es donde estamos y permanecemos las mujeres”.

Por su parte, Francisca Fernández Droguett es activista ecofeminista; es parte del Movimiento por el Agua y los Territorios en Chile y anteriormente integró la Coordinadora Feminista 8M. Sobre la situación en Venezuela, analizó que “es una invasión imperialista con lógicas militares y de incidencia civil; y que uno de los elementos que gatillan es el control del petróleo”.

Reflexionó que “si uno de los elementos más importantes que las feministas comunitarias, populares y campesinas defendemos es la noción del cuerpo-territorio como primer espacio de autodeterminación, sabemos que la intromisión de Estados Unidos es romper con toda posibilidad de autonomía” y anticipó que “es saber que viene un periodo de violencia militar, de violencia política sexual, de racismo y de prácticas coloniales”, pero dijo que “frente al horror que estamos habitando, es urgente la movilización, la reflexión y la solidaridad. Yo creo que los pueblos, las feministas estamos haciendo eso”.

“Una invasión no es esperanza de libertad”

Amanecía el sábado y los grupos feministas alborotados se despojaron inmediatos de la pereza del comienzo del nuevo año. Una tras otra comenzaron a circular las declaraciones en rechazo a la agresión imperialista contra la soberanía de los pueblos nuestroamericanos. Es que desde el golpe en Honduras en 2009 hasta el vivido en Bolivia en 2019, la genealogía feminista sabe decir atenta: “Ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres”. Convencida de que no hay peor agresión que aquella que sucede en un territorio ocupado.

“Las crisis políticas, sociales y económicas no se resuelven con bombas ni con ocupaciones militares”, afirmaron desde Incidencia Feminista Argentina. “La historia de nuestra región es clara: los proyectos imperiales —ayer y hoy— no traen democracia ni derechos, sino más dependencia, más desigualdad y más violencia sobre las mayorías populares. Nuestra forma de hacer política es feminista, popular e internacionalista. Por eso rechazamos la guerra como herramienta de dominación y denunciamos las políticas de odio que Trump promueve dentro y fuera de su país”, agregaron en documento de posicionamiento.

Por su parte, la Coordinadora 8M en Chile instaló que “como organización feminista, de derechos humanos y de mujeres migrantes, declaramos firmemente que una invasión jamás será una esperanza de libertad”. Y exclamaron que “la liberación de nuestras comunidades no será posible a través de abrir la puerta a nuevos y peores verdugos”.

Por nosotres, por las venezolanas, por las que están en Palestina… ¿Nos arremangamos o qué?

Continuará…

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Por Carla Perelló y Mariángeles Guerrero | Fotos: Nawseas desde Caracas, Venezuela

Estados Unidos atacó la República Bolivariana de Venezuela y llevó a su punto cúlmine un nuevo capítulo de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, con un bombardeo hoy en Caracas. El objetivo es combatir al mayor bastión antiimperialista de la región que, pese al recambio de liderazgos, persiste en su posicionamiento político de emancipación latinoamericana y mundial. Donald Trump avanzó además en un territorio declarado de paz en 2014 y que cuenta con recursos de relevancia para el extractivismo capitalista, como petróleo y minerales. El argumento, al igual que el utilizado con Gustavo Petro en Colombia, es acusar al presidente constitucional Nicolás Maduro de tener vínculos con el narcotráfico.

Venezuela es rica en bienes comunes codiciados por la industria energética. Según RT Brasil, cuenta con las mayores reservas conocidas del mundo, con 303.806 millones de barriles. Tiene una producción de gas natural de 200,3 trillones de metros cúbicos y 48 tipos de minerales como oro, hierro y bauxita (rica en aluminio), además de las llamadas “tierras raras”, considerados como minerales necesarios para la transición energética a sistemas post fósiles.

Pero Venezuela es además el bastión de la lucha antiimperialista en América Latina. Ya lo afirmaba el eterno presidente Hugo Chávez en 2005. “Los Estados Unidos nacieron con pretensión imperialista de tragarse todas nuestras repúblicas. Los gobiernos que no se subordinaron a ellos fueron echados de la forma más sangrienta”.

Tras secuestrar al presidente constitucional, Nicolás Maduro, y su compañera Cilia Flores (ambos acusados por Estados Unidos de narcoterrorismo), Donald Trump brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que “gobernará” Venezuela hasta que se pueda “producir una transición segura”. Estados Unidos nunca reconoció a Maduro como presidente electo de Venezuela, tras los comicios del 24 de julio de 2024.

Además agregó: “Este primer ataque fue un éxito, posiblemente no necesitemos un segundo, pero estamos preparados para una segunda ola de ataques más grande”. Agregó: “Nuestras compañías petroleras entrarán a Venezuela a invertir billones, reparar las infraestructuras dañadas y obtener ganancias”. Y fue más allá: “Tenemos intereses ahí. No nos va a costar nada, no vamos a gastar dinero, porque el dinero vendrá de las actividades de nuestras empresas petroleras ahí”.

El ataque se enmarca en el contexto de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la que Donald Trump revive la Doctrina Monroe —que entiende a América Latina como su “patio trasero”— y reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región de América Latina y el Caribe. 

Ese accionar comenzó con la mayor presencia militar que desplegó desde el 2 de septiembre del año pasado, que implicó, al menos, 110 ejecuciones sumarias contra 34 botes. En Argentina, aunque con la anuencia del presidente Javier Milei, el ejército estadounidense tiene presencia en el río Paraná y, por autorización del Estado nacional, fue habilitado para que su Armada haga ejercicios militares en Bahía Blanca, Mar del Plata y Tierra del Fuego. 

Bombas sobre Caracas

El merodeo de los últimos meses por parte de los buques de guerra de Estados Unidos por las aguas del Caribe concluyó este sábado con un bombardeo sobre Caracas, atentando que apuntó contra blancos militares y civiles. Entre ellos, el mausoleo del expresidente Hugo Chávez y un centro de acopio de medicinas, para finalizar con el secuestro del presidente, Nicolas Maduro, y su esposa, Cilia Flores. También fueron afectados otros estados como Miranda, Aragua y La Guaira. 

Tras el bombardeo, la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela se expidió exhortando a las Naciones Unidas para que dé cumplimiento a los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconocen el respeto de la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”, expresa el comunicado oficial difundido a las 4 AM (hora local).

Mientras el gobierno de Nicolás Maduro convocó a las calles a la población, la diplomacia venezolana presentó sus respectivas denuncias ante la ONU, la Celac y el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal). En tanto, el presidente de Venezuela decretó el Estado de Conmoción Exterior y ordenó el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país. Para esto, apeló al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que habilita el uso de la legítima defensa para proteger a su pueblo, territorio e independencia.

“Estamos llamando a la defensa de la vida“

Mientras la solidaridad global se expresa y el pueblo venezolano sale a las calles, pasadas las 12 horas del bombardeo de la administración Trump sobre Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez brindó declaraciones al país y al mundo junto al Consejo de Defensa, ocasión en la que exigió la libertad inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores. “Estamos decididos a la libertad. Lo que están haciendo a Venezuela es una barbarie y constituye delitos de lesa humanidad”, afirmó.

“Jamás volveremos a ser esclavos ni colonia”, afirmó Rodríguez, primera en la sucesión presidencial. “Estamos llamando a la defensa de la vida”, agregó, al referirse al pueblo venezolano a quien citó a mantenerse en calma para enfrentar las dificultades. “Todo dentro de la Constitución, estamos listos para defender a Venezuela y nuestros recursos naturales”, continuó, “este es un llamado a los países de la región, porque lo que le hicieron al pueblo de Venezuela se lo pueden hacer a otros pueblos”.

Finalmente, Rodríguez se refirió al ataque estadounidense: “Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. Ya el pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia” y sentenció en relación a las declaraciones emitidas por Trump: “Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. (…) Aquí hay un gobierno con claridad”; y aclaró: “Estamos dispuestos a relaciones de respeto en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela”.

El secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Posteriormente, el presidente Maduro fue secuestrado junto a su esposa Cilia Flores por Estados Unidos. Fue trasladado a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, con destino a Nueva York. Donald Trump había enviado ese buque hacia las costas venezolanas en agosto pasado, con objetivo de perseguir al supuesto Cártel de los Soles que —según el Departamento de Estado de EE.UU— comanda Maduro.

Según un documento elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, “Nicolás Maduro Moros, el acusado —al igual que el expresidente Chávez antes que él— participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”. 

El texto agrega: “Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”. Y establecen un paralelismo del supuesto cártel con otros como el cártel de Sinaloa o Los Zetas en México.

Tras la exigencia por parte del gobierno venezonalo de “una prueba de vida” del mandatario, circuló una foto con la inscripción que indica que se encontraría a bordo de ese buque. La vicepresidenta y primera en la línea sucesoria, Delcy Rodríguez, se encuentra en Rusia y desde allí afirmó desconocer el paradero de Maduro y de Flores y repudió el ataque contra su país.

La declaración de la ONU y las reacciones de la comunidad internacional

El portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, afirmó hoy que el Secretario General, António Guterres, está “profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, que culminó hoy con la acción militar de los Estados Unidos en el país, lo que podría tener preocupantes implicaciones para la región”.

Con más tibieza que repudio, agregó: “Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso. El Secretario General sigue subrayando la importancia del pleno respeto —por parte de todos— del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional”.

El comunicado finaliza con un llamamiento “a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho”.

Hasta el momento se expidieron en contra de la invasión a Venezuela: el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Cuba, Miguel Díaz Canel; de Chile, Gabriel Boric. La Unión Europea llamó al respeto del derecho internacional, pero expresó que el gobierno de Nicolás Maduro “carece de legitimidad”.

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Por Mariángeles Guerrero y Camila Parodi*

Desde Belém, Brasil

Foto portada: Lourdes Albornoz / Colectivo Mujeres diaguitas, ancestras del futuro

En este 25 de noviembre, Día de la No Violencia Contra las Mujeres y Disidencias Sexuales, el mundo vuelve a denunciar las violencias patriarcales. Mientras en la COP30 empresas y gobiernos discutieron medidas para enfrentar la crisis climática, las mujeres que defienden sus territorios viven cada día una doble violencia —de género y extractiva— que busca silenciar sus voces, fracturar sus comunidades y disciplinar sus decisiones políticas. María Ivete Bastos, campesina de Santarém (Pará) fue amenazada y sufrió una serie de atentados contra su vida por oponerse al monocultivo de soja. Sin embargo, convoca a no rendirse: “Luchamos por la vida. Y es la vida del río, la vida del bosque, la vida de nuestra gente”.

Cada 25 de noviembre se conmemora y repudia el asesinato de las hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa— en 1960 a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Seis décadas después, la criminalización, amenazas, hostigamiento y desgaste emocional forman parte de un entramado que sigue fuera de las negociaciones oficiales de la diplomacia de la COP30.

Los contextos cambian, los nombres de las empresas varían, los gobiernos se renuevan, pero las formas de control y fragmentación son las mismas. La historia de María Ivete muestra una realidad que viven quienes se enfrentan a grandes proyectos mineros o del agronegocio. Recientemente, casi fue atropellada por un auto en plena calle. Su compañera, Maria do Espírito Santo da Silva, también defensora contra el extractivismo, fue asesinada a balazos junto con su esposo José Cláudio Ribeiro da Silva en 2011.

América Latina y el Caribe es el continente más peligroso para quienes defienden la tierra, el agua y los bosques. Desde la Puna hasta la Amazonía, pasando por los Andes, el Cerrado brasileño y las costas del Pacífico, la escena se repite con una precisión que desgarra: criminalización, causas judiciales inventadas, campañas de difamación, quiebre de vínculos comunitarios, estrés y depresión, aislamiento y amenazas que avanzan al ritmo de los proyectos extractivos. 

El último informe de Global Witness, publicado en septiembre de 2025, reporta que al menos 146 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas o desaparecidas en el mundo en 2024. La cifra global acumulada desde 2012 asciende a 2.253 casos. América Latina vuelve a ocupar el epicentro: 117 de las víctimas del último año —el 82 por ciento— vivían en la región. Un tercio de las víctimas eran indígenas. El informe denuncia que en 2024 aumentaron otras formas de ataque como detenciones ilegales, criminalización judicial, acusaciones falsas de terrorismo y persecución por vías administrativas. 

La mayoría de quienes resisten en primera línea son indígenas, campesinas y campesinos, personas profundamente arraigadas a sus territorios. Aunque los pueblos originarios representan sólo el seis por ciento de la población mundial, protegen el ochenta por ciento de los bosques del planeta. Allí, en los márgenes donde la acción climática no es una promesa sino una práctica cotidiana, sostienen la vida frente al colapso ambiental. 

Elizabeth Mamani, defensora de los humedales andinos

La historia de Elizabeth Mamani muestra, sin eufemismos, lo que significa enfrentar el avance minero en el norte argentino. Defensora de los humedales andinos, integrante de la comunidad de Atacameños del Altiplano y parte de la Red Trasandina de Mujeres y Disidencias Diaguitas Ancestras del Futuro, vive en un territorio donde las autorizaciones extractivas se otorgan sin consulta previa (como establece la ley) y a una velocidad que supera cualquier posibilidad de control comunitario.

“La situación de mi territorio es cada vez más preocupante”, dice. Frenar estos proyectos se volvió prácticamente imposible. Si bien en la actualidad un fallo de la Corte provincial de Catamarca de 2024 frena nuevos proyectos hasta que se realice la evaluación de impacto integral y acumulativo, los doce proyectos que están en proceso de explotación y exploración ya generaron un impacto irreversible. Un ejemplo es la desecación de la Vega Trapiche, por la explotación en la zona del Salar del Hombre Muerto (en Catamarca) y el desplazamiento de las economías rurales.

Su testimonio es claro: la defensa territorial no solo implica confrontar a empresas y gobiernos, sino asumir un desgaste social profundo. “La vida de los defensores es muy complicada”, explica. La sociedad muchas veces se da vuelta, los gobiernos persiguen, las mineras intentan comprar silencios “con migajas”. Y las familias sienten el peso de un conflicto que cae siempre sobre las mismas personas. A eso se suma la criminalización y la sensación constante de estar peleando en desventaja. “No tenemos el apoyo suficiente de la población”, resume.

Elizabeth no habla desde la excepcionalidad, sino desde una experiencia común a muchas comunidades: poner el cuerpo, la voz y el tiempo de vida en un conflicto en el que todo parece jugar en contra. Cuando intenta explicar de dónde sale la fuerza para sostener esa lucha, no lo hace desde una épica militante sino desde la necesidad y el deseo de preservar la vida. Defender el territorio —dice— es pensar en quienes vienen después, en no dejar un ambiente destruido y sin agua para las generaciones futuras. Su impulso está ahí: en evitar que el daño de hoy se convierta en una condena para quienes incluso todavía no nacieron.

Bertha Cáceres Zúñiga, defensora de los ríos

Hablar con Bertha Cáceres Zúñiga es escuchar una memoria viva que continúa enfrentando las mismas violencias que acabaron con la vida de su madre, la líder indígena Berta Cáceres, en 2016. “Bertita”, como la nombran sus colegas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sabe que su país, Honduras, funciona como un enclave extractivista histórico atravesado por una tensión permanente. “Estamos en un momento de mucha tensión política”, dice, marcada por unas elecciones inminentes y un clima de violencia que “se conserva de manera general”. 

Ese contexto no puede entenderse sin nombrar lo que ella identifica como el corazón del conflicto: “el tema de tierras, de pueblos indígenas, bienes comunes de la naturaleza, proyectos de privatización, temas de financiamiento, esa es la razón central del problema en nuestro país”.

Bertita subraya que esos problemas se expresan en un punto clave: la disputa territorial. Explica que las agresiones contra las defensoras y defensores están directamente vinculadas a los intereses económicos que operan sobre los ríos, los bosques y los territorios indígenas. “Estas situaciones son reflejo de las tensiones entre intereses políticos y económicos que siguen existiendo en Honduras”, afirma. Y advierte que, aunque en el caso del femicidio político de su madre hubo avances judiciales, el problema de fondo no cambió. “Las estructuras criminales no se han desestructurado, continúan activas y pretenden los territorios”, denuncia.

Su presencia en la COP30 no buscó maquillajes diplomáticos, sino colocar en el centro de la discusión climática lo que ocurre en los territorios. Lo dice sin vueltas: mientras defender un río o una montaña implique enfrentar violencia política, económica y criminal, cualquier debate sobre transición energética o protección ambiental carece de sentido. Plantea: no se puede hablar de futuro climático sin garantizar las condiciones mínimas de seguridad para quienes, todos los días, defienden la vida de sus territorios y comunidades.

María do Bosque, defensora de la tierra

Maria do Bosque vive en Alagoas, nordeste de Brasil, zona de playas paradisíacas y de explotación de caña de azúcar. La historia colonial allí tiene sus orígenes en esa región (más precisamente en Bahía, un poco más al sur), donde la caña de azúcar fue el monocultivo que trajo aparejado el tráfico de esclavos desde África. Las huellas de esa historia permanecen: si bien el país abolió la esclavitud en 1988, esa práctica permanece en las zafras.

María pertenece al Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), que se movilizó a Belém con sus banderas y gorras violetas para participar de la Cumbre de los Pueblos. Explica con una sonrisa que su nombre responde a su territorio: “Somos muchas María, entonces nos identificamos según de dónde venimos”. Sobre las discusiones oficiales que se producen en la COP, cuestiona: “Vemos que todo es solamente para el lucro”.

En Alagoas hay más gente sin tierra que con tierra. Grandes extensiones están en pocas manos y el 90 por ciento está dedicado al monocultivo de caña, que a su vez se destina a la exportación. La explotación genera degradación del suelo y contaminación de las aguas. María avizora otro monocultivo en ciernes: el de eucaliptus.

Como ex cortadora de caña conoce de cerca esa realidad: “Si un cortador de caña no junta seis toneladas por día, no es considerado bueno. Eso implica un costo para la vida del trabajador, la perspectiva de vida es muy pequeña ya que se trabaja con altas temperaturas, sin sombra siquiera para el momento de comer”. 

Asegura que la principal problemática para ellas son las múltiples formas de violencia, muchas veces invisibilizadas por ocurrir lejos de las ciudades. Agrega que la falta de tierras es una forma de violencia: “No es posible tener una vida digna si la mujer del campo no tiene agua, ni tierra ni su territorio libre. Eso es muy fuerte para nosotras”. Explica que su lucha es por una vida donde las mujeres puedan tener la libertad de plantar su alimento, de comer saludablemente, de cuidar de las semillas y de sus comunidades.

El MMC trabaja con una perspectiva campesina y agroecológica, que busca introducir cultivos de verduras o trigo. Sin embargo, esa práctica artesanal que subvierte la lógica corporativa tiene su costo: la Policía y grupos cercanos a los latifundistas destruyen sus instalaciones colectivas y envenenan el agua de sus pozos como forma de amedrentamiento. Pero María no duda: “Apostamos a esa salida para la agricultura, una salida donde haya vida y dignidad”.

Margarita Aramayo, defensora de los cerros

Margarita Aquino Aramayo coordina la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre de Tierra en Oruro, Bolivia. Desde la Cumbre de los Pueblos, afirma: “Somos indígenas que estamos defendiendo a la Madre Tierra y los derechos de las mujeres que están siendo violados por la contaminación minera. Denunciamos la violencia medioambiental contra las mujeres”. Y explica que los grandes emprendimientos son de extracción de estaño, plata, plomo, litio y oro.

Asegura que el extractivismo afecta el derecho a la salud, al trabajo, a la consulta libre, previa e informada, a vivir en un ambiente sano, al agua. “Sin agua no hay vida”, enfatiza, con la bandera de Bolivia entre sus manos. Y agrega: “A nosotros nos expulsaron de nuestro territorio, contaminaron nuestra agua y nuestras tierras”.

“Nuestras autoridades nacionales están poniendo la mira en los pueblos indígenas. Pero estamos preparados para resistir a la minería”, expresa. Alza la voz frente a otras mujeres, en el gimnasio de la Universidad Federal de Pará, donde se lleva a cabo la cumbre. Afirma que la COP no las representa. Los aplausos hacen eco en el sopor del mediodía. Y precisa: “No nos representa porque allí no están las voces de las mujeres indígenas ni de los pueblos indígenas. Allí van los estados y las transnacionales a decidir cómo va a ser nuestro futuro”.

Un clamor cada vez más potente

En la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP), las defensoras no fueron protagonistas. La toma de decisiones continúa secuestrada por Estados y las corporaciones y negociadores, que suelen estar muy lejos de los territorios donde se juega el presente y el futuro del clima.

El contraste entre lo que sucede dentro y fuera de la COP30 en Belém lo dejó claro. Mientras en los pabellones oficiales se repetían discursos cuidadosamente medidos, en las calles, en los ríos y en las aldeas se escucharon las denuncias que la diplomacia evita nombrar. La Marcha Global por el Clima del 15 de noviembre, encabezada por comunidades amazónicas y delegaciones de distintas regiones del mundo puso en el centro la defensa territorial como la acción climática más efectiva.

En la Cumbre de los Pueblos el movimiento indígena brasileño fue categórico: las demarcaciones territoriales son urgentes. En Brasil existen 107 tierras indígenas listas para demarcar pero llevan años de espera. La demarcación implica preservar los territorios indígenas de proyectos extractivistas. El anuncio realizado por el ministro Jefe de la Secretaría General de la Presidencia brasileña, Guilherme Boulos —20 demarcaciones nuevas— fue celebrado, pero las organizaciones dejaron claro que es apenas un inicio frente a la escala del reclamo. Otra exigencia fue el financiamiento directo para las comunidades que protegen la biodiversidad. 

Esta COP no dejó grandes expectativas en términos de acuerdos, pero sí mostró que las defensoras y guardianas de la vida ya no están hablando en los márgenes. Partícipes de la Cumbre de los Pueblos y de espacios de incidencia colectiva, organizan estrategias, planifican límites a la impunidad y marcan el tono de una transición que no puede repetir los caminos que condujeron al colapso.

Ivete Bastos dice que no abandonará la lucha por su territorio, pese a los peligros. “Lo que me da coraje es ver tanta injusticia, tanta desigualdad. Por eso cuando pienso en quedarme en mi rincón, en mi lugar, cuidando mi vida privada, me siento muy incómoda. Si mi voz se escucha y capta la atención de alguien, me alegra mucho porque es como si alguien me mirara y dijera: ‘mira, tiene esta edad, el pelo blanco, y sigue viva entre otros, alzando la voz, buscando, denunciando, así que vale la pena’. Eso me anima a vivir y a seguir luchando”.

*Cobertura Colaborativa de Marcha Noticias, LatFem, Kaja Negra, Muy Waso y Agencia Tierra Viva.

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