Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini

Esuchá la entrevista completa

Trabajadores y trabajadoras de call centers denunciaron que el gobierno porteño hizo un uso ilegítimo de datos personales recolectados a partir de la línea 147, con el fin de que los mismos sirvan para la campaña electoral tanto de María Eugenia Vidal como de Diego Santilli.

Además de esta denuncia, las y los trabajadores aseguraron que trabajan en condiciones de precarización, hostigamiento y malos tratos.

En ese marco, la organización Defensoría de Laburantes inició un relevamiento y recolección de pruebas sobre el uso ilegal e ilegítimo de datos personales. Además, la misma organización está acompañando a quienes trabajan para GIV S.R.L. empresa que tiene la concesión de la Línea 147.

Marcha dialogó con Tamara Rossi, abogada e integrante de la Defensoría de Laburantes, en el programa de radio Antes que se acabe el mundo

¿Cómo recibieron la denuncia por el uso ilegal de datos personales?

Fue un poco de atar cabos. Primero, desde la Defensoría de Laburantes, acompañamos a trabajadores y trabajadoras en reclamos por incumplimiento en sus derechos laborales. Trabajamos y acompañamos a personas que trabajaron en esta empresa privada, en este call center hace tiempo y en marzo de 2021 descubrimos y sacamos un informe a modo de visibilizar que el Gobierno de la Ciudad amplió la concesión que tenía con esta empresa en un 2.400 %. Esto significa que hubo un aumento de presupuesto de 750 millones de pesos. 

En ese momento, nosotros denunciamos la privatización del servicio y la precarización de las trabajadoras en la Línea 147. Sin embargo, en las últimas semanas, comenzamos a recibir consultas de trabajadoras de este call center que denuncian que en lugar de estar cumpliendo funciones para la Línea, estaban teniendo que trabajar en la campaña de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires y de Diego Santilli en la provincia. De esta manera es que nosotros comenzamos a investigar y entendemos que, por un lado, a qué se debía esa ampliación de la concesión del mes de marzo. Formalmente, venían cumpliendo las tareas que ya desarrollaban en el 147, sin embargo, meses después, nos cierra un poco la ecuación cuando las trabajadoras nos dicen que no están trabajando en el 147 sino en la campaña de Diego Santilli y María Eugenia Vidal y ellas mismas son las que dan testimonio de que lo hacen con las misma base de datos que completan cuando reciben llamados al 147.

¿Cómo fue sistematizando los datos el gobierno porteño?

Tenemos muchos relatos porque con la difusión de nuestra denuncia y todo lo que estamos tratando de visibilizar, de alguna manera se han acercado muchos y muchas trabajadoras de esta empresa que van confirmando y sumando testimonios y se va armando un relato colectivo. Cuando cumplían funciones en el 147, a cualquier vecino o vecina de la Ciudad que llamaran, ya sea para consultar donde renovar la licencia de conducir o para pedir que se pode un árbol, le tienen que pedir una serie de datos si ellas no los tenían. Es decir, trabajaban con una base de datos, constataban lo que ese vecino les decía, y si ese vecino no estaba cargado, lo tenían que cargar. Nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, varios datos. Luego, estas mismas trabajadoras, en la campaña tenían que llamar a estas personas para invitarlas a tomarse un café con la candidata Vidal en capital o Santilli en la provincia.

Desde la Defensoría estamos llevando adelante una campaña para que vecinos y vecinas que hayan recibido este tipo de comunicación, que no hayan dado su información y su consentimiento para esto y quieran denunciar, pueden hacerlo mediante nuestras redes para sumar testimonios, sumar pruebas y hacer una denuncia penal que esperamos confirmar legalmente la semana próxima.

Las y los trabajadores denuncian condiciones de precarización para el desarrollo de sus tareas, ¿Cuál es la situación?

La punta del ovillo es por las circunstancias laborales de las trabajadoras. Digo trabajadoras porque en su mayoría son mujeres, si bien hay trabajadores varones, hay una gran cantidad de mujeres, sumamente jóvenes, nacidas después del 2000, 2001, que no tienen otra salida laboral y necesitan el poco dinero que les ofrecen. En este caso, estamos hablando del trabajo en el call center de campaña, una jornada laboral de 12 horas, de Lunes a Sábados, y esto tiene una particularidad: la jornada laboral en call centers es por ley de 6 horas porque se considera una actividad insalubre. En este caso, la empresa las hacía trabajar jornadas de 12 horas, el doble de lo legalmente permitido. Estamos hablando también de malos tratos, de supervisores que les decían que no tomaran agua para no ir al baño, es muy delicado y hay muchos testimonios de trabajadoras que relatan insultos hacia sus personas y hablan de hostigamiento de su intimidad. Por ejemplo, que ellos tenían acceso a lo que quisieran hacer de sus redes sociales, lo que ellos pudieran decir. Que si querían denunciar, denunciaran, ya que había una supervisora con 40 denuncias pero tenía el apoyo de los de arriba y les daban vía libre a hacer lo que quisieran.

Hace mucho que venimos acompañando a trabajadores y trabajadoras de la ciudad desde un montón de ámbitos y puntos de vista. Por ejemplo, agentes de tránsito con monotributo. También hay una red de precarización muy grande en salud. No hace falta que profundice yo porque todos estos meses ha sido visible el reclamo del sector en la ciudad y ahora la terciarización que están ejerciendo sobre las trabajadoras de call center se agrava en la campaña cuando las presionan y las maltratan en pos de un resultado electoral.

¿Hay legislación que proteja a la ciudadanía? En definitiva también son víctimas de este uso ilegítimo de datos y Argentina es un país con bastante atraso en materia de regulación.

En realidad, está prohibido. Desde el punto de vista penal, la utilización de datos personales para fines a los cuales esa persona no autorizó no se puede hacer. Por eso estamos recolectando testimonios de vecinos y vecinas y capturas de pantallas, porque también hay mensajes de texto, de whatsapp, mails. Hay mucho avasallamiento por parte de estas prácticas que principalmente son de la ciudad y el oficialismo respecto de la privacidad y la esfera íntima de las y los vecinos. Y también tenemos una regulación local porque acá lo que sucede es que el principal responsable de que se cumpla, es el Gobierno de la Ciudad. Y quien está ejerciendo este avasallamiento es el gobierno de la ciudad a través de una empresa privada que avala, porque terciariza y le amplía el presupuesto en un 2400%, ahí está el debate, el reclamo y la denuncia pública, ahí está la explicación que el gobierno de la ciudad nos debe a todxs.

¿Esto está vinculado al uso de fondos públicos para publicitar sus perfiles personales, como se señaló hace poco en relación a Larreta y Santilli?

Desde ya, la prueba más fehaciente que tenemos de que esta campaña y esta gestión del call center en favor de la campaña política del Pro está financiada con fondos públicos, como el hecho de la ampliación del presupuesto de la licitación que tiene GIV S.R.L sin que hayan variado de ninguna forma sus tareas. Es decir, pasaron de tener 264 (aproximadamente) operadores a tener casi 3.000 sin que haya cambiado esa licitación. Porque no es que les dieron otro servicio, ellos seguían con la obligación solamente de cumplir con el 147. Sin embargo, obviamente, la partida presupuestaria asignada es mucho mayor, por mucho de lo que se necesitaba para esto, por eso es que cabe la sospecha de que esto encima es pagado por dinero de las y los contribuyentes.

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Por María Florencia Alcaraz y Laura Salomé Canteros

Cada muerte por aborto es injusta y evitable. El domingo 8 de diciembre murió V., una mujer de 33 años, madre de 3 hijxs, como consecuencia de un aborto inseguro producto de la criminalización de la práctica. Había llegado el viernes a la guardia del Hospital San Martín de La Plata con una infección masiva. Fue a la guardia, la esperaron y no sobrevivió. Falleció en la terapia intensiva.

La situación de la provincia de Buenos Aires en relación a la salud sexual y reproductiva es crítica. La gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, se declaró antiderechos, una postura personal que antepuso a la responsabilidad política de gestionar y que se tradujo en la omisión de la garantía en el acceso a la salud y la protección de la vida.

Siguiendo esta opinión, Vidal, por ejemplo, impidió que las y los profesionales de la salud adhieran al Protocolo para la Atención de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y hace poco en una entrevista televisiva dijo que no era un tema relevante. En 2017 forzó la salida de Zulma Ortiz a cargo de la cartera de Salud.

En 2017 hubo 14.591 internaciones por aborto inseguro en la provincia de Buenos Aires. Un tercio del total de las internaciones del país. De las 30 muertes por abortos inseguros en 2017 en todo el territorio nacional, 12 fueron en jurisdicción bonaerense. Son datos oficiales pero sabemos que hay muchísimo subregistro y el número real puede ser más amplio.

La muerte de V. evidencia que las políticas públicas son resultado de voluntades y que pueden salvar vidas. Lo que le pasó a V. no es una excepción sino una confirmación de que las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar siguen estando desprotegidas. Es una más que decide interrumpir un embarazo pero lo hace sola: ni llegaron los acompañamientos feministas ni el Estado. Una más que se ve empujada por el Estado, sus poderes y por los gobiernos nacional, provinciales y municipales a arriesgar su vida por decidir sobre su cuerpo- territorio.

El aborto legal, dentro de las emergencias sociales

La muerte de V. se enmarca en demandas integrales que constituyen emergencias sociales ante 4 años de abandono. La falta de voluntad política para terminar con la injusticia que significa los desiguales accesos a la salud y la información se lleva vidas.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y en su plenaria federal, se afirmó que además de la despenalización y legalización del aborto, se exige que la demanda sea incluida entre las que constituyen el acuerdo social del nuevo gobierno, a cargo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

“Los poderes de un Estado no pueden ser neutrales ante la injusticia que significa que una persona vulnerabilizada vaya presa o muera por decidir sobre su futuro”, dice la declaración de la Campaña “nuestra lucha y deseo es que se nos escuche ante lo evitable”, agregaron. “Exigimos cumplimiento de las Leyes Nacionales de ESI, con carácter urgente la Resolución Ministerial y garantía del cumplimiento del Protocolo ILE, la producción estatal y distribución pública de misoprostol y mifepristona para el acceso a la salud”. Exigieron además, se apruebe el Proyecto de aborto legal de la Campaña que “ya está en las calles” y una amnistía para las presas y reparación para las familias.

Por su parte, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir emitió una declaración en la que se solidarizan con la familia de V. y amigues y responsabilizan por su muerte, que constituye una vulneración de derechos, a las autoridades ejecutivas salientes: al intendente de la ciudad de La Plata, Julio César Garro; a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y al presidente de la Nación, Mauricio Macri.

“Esto es consecuencia del disciplinamiento de nuestros cuerpos por parte de este Estado que nos oprime en nuestros deseos, nuestra autonomía, en nuestros derechos”, afirmaron lxs más de mil profesionales nucleados en la Red en todo el país. “A pesar de haber avanzado en la atención sanitaria, esta situación refleja que la expulsión del Sistema Público de Salud continúa y se sostiene gracias a un sector de la sociedad que aún insiste en que esta problemática permanezca en la clandestinidad”, agregaron.

Desde el espacio afirmaron que en junio de este año, se reunieron con el secretario de salud del municipio de la Plata para exigir el acceso a las ILE, capacitaciones a los equipos de salud en perspectiva de género y acompañamiento en el acceso a derechos sexuales y (no) reproductivos. Lo hicieron además junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional La Plata y colectivas feministas que acompañan.

Solicitaron además, la garantía del acceso al misoprostol, a métodos anticonceptivos y la creación de nuevos espacios de Consejería en el territorio y para beneficio de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Denunciaron también demoras, obstaculizaciones y la falta de implementación de Leyes nacionales vigentes (Educación Sexual Integral y Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable), reclamos que en La Plata aún sin respuestas.

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Una de las ciudades del oeste de la provincia de Buenos Aires se encuentra en vilo ante la amenaza de cierre de Paquetá, una fábrica de calzado que tiene más de 600 trabajadores y trabajadoras. Hablamos con Marcelo Aguilar, delegado regional de UTICRA.

Hace algunos días a propósito del Presupuesto 2019 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, detallábamos cual era la coyuntura en la que se enmarcaba una ley que garantizaría más hambre y miseria para el pueblo argentino. Un punto característico durante la gestión de Mauricio Macri fue la pérdida de puestos de trabajo. Las razones son varias y combinadas: pérdida de capacidad de consumo, desventaja competitiva con productos importados, merma de producciones, entre otras. El resultado viene siendo el cierre de innumerables fábricas y empresas e incluso más de 7.500 PyMES en todo el territorio nacional.

Sin los flashes de los grandes medios, hace algunas semanas se conoció que en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, una nueva fábrica amenaza con cerrar sus puertas ya que los dueños consideran que la misma no es rentable. Hablamos de Paquetá, una empresa de capitales brasileros que produce esencialmente calzado deportivo de Adidas. De producirse el cierre el resultado será catastrófico: más de 600 personas quedarían en la calle.

El número es escandaloso, pero más lo es cuando humanizamos la situación. Chivilcoy tiene algo más de 70.000 habitantes y un circulo laboral muy limitado, como tiende a ocurrir en pueblos o ciudades no muy grandes. No suele haber apariciones masivas de puestos de trabajo y los pequeños comercios ocupan un lugar central. La gravedad no se puede dimensionar, hablamos de 600 familias, alrededor de 2.500 personas que hoy comen gracias a estos puestos de trabajo.

Sin embargo, no hay que medir esta posible catástrofe de una manera accidental. El gobierno nacional viene aplicando un ajuste sobre las y los trabajadores que condiciona cada vez más la subsistencia diaria. En la misma sintonía, la gobernadora provincial, Maria Eugenia Vidal, quien es la protegida de las empresas de medios, viene aplicando un tarifazo brutal en todos los servicios y ajustando las principales esferas del Estado (la falta de acuerdo paritario docente o los problemas de infraestructura en las escuelas de Moreno dan cuenta de eso). Finalmente, llegamos al municipio de Chivilcoy que tiene a Gullermo Britos como intendente, que no se caracteriza justamente por avanzar en medidas tendientes al bienestar de los habitantes chivilcoyanos.

Britos es ex comisario general de la Policía de la provincia de Buenos Aires y fue Diputado Provincial entre 2011 y 2015, año en que fue electo intendente de la ciudad, siendo el representante local de Sergio Massa.

A pesar de su ubicación partidaria en oposición a Cambiemos, en la actualidad se espera que el intendente formalice su pase partidario de cara a las elecciones de 2019, en el marco de una situación política inestable producto de las diferencias que tiene con el macrismo local, donde por ejemplo el concejal José Ferro avizoró una posible renuncia si Paquetá cierra sus puertas, casi desconociendo que esta situación es generada por su propio partido a nivel nacional.

Este contexto sinuoso pone de relieve una preocupación esencial por parte de las y los trabajadores y es que el gobierno municipal no se preocupe, defienda ni garantice la fuente laboral de estas más de 600 personas. Un dato que motiva esta interpretación es que este martes habrá una reunión entre funcionarios de Cambiemos y representantes de la empresa a la cual no fueron invitados e invitadas ninguna persona de la Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), gremio que representa al sector, además de que no hubo acercamiento concreto por parte del municipio más que en algún apoyo declarativo. Además, varias fábricas de diversos sectores vienen sufriendo las embestidas de la patronal que, sabemos, solo piensa en sus ganancias, y no hubo respuestas firmes por parte del gobierno en esos casos.

A continuación compartimos la entrevista exclusiva con Marcelo Aguilar, Delegado Regional de UTICRA, quien detalla la situación que se vive en la fábrica y en la comunidad en general, además de adelantar las próximas medidas, conociendo que solo la unidad, organización y lucha, permitirá la verdadera defensa de los puestos de trabajo.

¿Qué tipo de fábrica es Paquetá? ¿Qué producen?

Es una empresa de calzado que hace 11 años está en la ciudad de Chivilcoy. La ciudad tiene alrededor de 75 mil habitantes. Hoy Paquetá tiene 600 trabajadores. Producimos calzado deportivo para la marca Adidas. Los dueños son brasileros, que también producen calzado deportivo.

¿Cuál es el conflicto?

La empresa a raíz de las medidas de este gobierno de turno que tenemos con el tema de las exportaciones e importaciones, ocurre que es muy difícil producir calzado dentro de la Argentina, donde no competimos con los precios y el kit que viene de Asia.

Cuando la empresa arrancó, empezamos con un promedio de ingresos que era de 50 compañeros. Llegamos a ser 1200 trabajadores. Alrededor del 2010 o 2011 quedamos alrededor de 900 u 800. Y a partir del actual gobierno se empezaron a hacer pequeñas reducciones porque nosotros producíamos con un promedio de 10.500 pares de calzado por día. En el último tiempo se bajó a 7.000 pares, ya empezamos a tener una merma ahí, empezó a sobrar personal. Siempre tratamos de buscar soluciones pero a la empresa no le convenía. Hace un tiempo atrás había retiros voluntarios que nosotros desde nuestro sindicato repudiamos totalmente porque eso termina siendo un despido encubierto.

Hoy la situación que tenemos es que la firma no quiere estar más en Argentina por lo que tenemos entendido, entonces están nuevamente abriendo un retiro voluntario para 200 personas donde le pagan al 140 por ciento de la indemnización. Es un despido encubierto. Lo que tenemos ahí es trabajo hasta el 5 de diciembre y luego no hay más pedidos. Es decir que la situación es muy complicada, muy compleja, porque al no haber pedidos de Adidas no hay producción. Ahora estamos a la espera de una reunión que habrá el martes.

¿Hay un conflicto a mayor escala en la ciudad en términos de perdida de puestos de trabajo en el sector?

Lo que estamos viendo desde todos los sectores es que al gobierno de Cambiemos no le importa en general la industria. Hoy es Paquetá pero mañana en Chivilcoy puede ser cualquier otra empresa. Ya han tenido problemas en Sancor y otras empresas grandes que son directamente de la industria.

Por lo que estamos viendo, les da totalmente la espalda todos los trabajadores, no toma ninguna medida de emergencia para saldar la industria. Hoy en Argentina hay cada vez más empresas cerradas, fábricas que quiebran y tenemos más trabajadores en la calle.

¿Cuál es la posición del intendente Guillermo Britos y el gobierno local?

Desde la Municipalidad de Chivilcoy nosotros no hemos tenido ningún tipo de contacto, ninguna propuesta o tipo de solución. No nos ha llegado nada.

¿Reciben algún tipo de apoyo de otros sectores gremiales y de laburantes o gubernamentales?

Ayer (por el viernes) nos reunimos con todos los gremios locales y tenemos un apoyo impresionante. También de los movimientos sociales y de la comunidad en general porque si esto pasaría, lo peor, que es el cierre, en la ciudad dejaría de existir lo que es Chivilcoy. Como fue un gran cambio cuando entró esta empresa, sería un antes y un después si llega a cerrar. Entonces junto a todos los gremios y los movimientos y también a nuestro Consejo Directivo de UTICRA, organizamos para el lunes (por hoy) hacer una panfleteada en la Ruta N°5, km. 160, Parque Industrial, que es la entrada, donde nos vamos a concentrar a las 15 hs, donde está citada toda la comunidad de Chivilcoy y las familias de los trabajadores, a la espera de la salida de los compañeros que están adentro de la planta, a las 16 hs.

Dentro de la planta hay un clima muy tenso, muy triste. Es difícil ver a los compañeros que no saben lo que va a pasar, no tenemos respuestas claras. A nosotros nos están llamando de todos lados, brindando apoyo, diputados, senadores, de todos lados, de todo tipo de color político, están tratando de darnos una mano desde su lugar. Esperemos que esto salga para bien. Hay una pequeña luz de esperanza y esperamos a la reunión del martes, donde puede haber alguna noticia.

¿Cómo sigue el plan de lucha y cuál es la perspectiva?

Por el momento es lo que te comentaba. Arrancar el lunes, hacer la panfleteada, seguirlo el martes donde está la reunión que tiene la empresa con el gobierno de Cambiemos, que esperemos que no se olvide de los trabajadores, que el país crece junto con los trabajadores y de la mano de los trabajadores, donde hoy en Chivilcoy es una empresa muy grande y que le da mucho trabajo a todo, que muchas familias depende de este trabajo. Esperamos que salga lo mejor y que salvemos los puestos de trabajo.

Nosotros como representaste de los trabajadores vamos a hacer hasta lo imposible para que el cierre de la empresa no suceda.

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La defensa de la Universidad y la educación pública sigue generando movilizaciones masivas a lo largo y ancho de toda la Argentina. Es que las muestras de apoyo a las instituciones en el marco de una fuerte restricción presupuestaria y el respaldo a la lucha de los docentes por el destrato del Gobierno nacional al ofrecer un aumento salarial que apenas llega a la mitad de la inflación proyectada, crece día a día.

A los multitudinarios abrazos a las universidades del Conurbano, particularmente afectadas por el ajuste, se le sumaron movilizaciones que colmaron las calles de los principales centros urbanos.

El miércoles pasado unas 100.000 personas marcharon en Córdoba para visibilizar el conflicto y el jueves varias decenas de miles hicieron lo propio en Rosario. La imagen se repitió en Villa Mercedes, en Santiago del Estero, San Luis, en la Universidad de Cuyo, en Mar del Plata y en muchos otros puntos, incluyendo la propia Ciudad de Buenos Aires y La Plata.

“Con una inflación que se proyecta por arriba del 35%, que el Gobierno, luego de tres meses de no reunir la paritaria, nos proponga un 10.8% y en cuotas, es más que un desinterés en la educación pública, ¡ya es una provocación!”, denunció Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, gremio docente de la Conadu Histórica.

En ese contexto y para darle mayor difusión a una rebelión que parece imparable, el viernes la AGD llevó las clases a las puertas de la Casa Rosada. En paralelo la Conadu Histórica y la Conadu, gremios mayoritarios de la actividad, preparan una gran marcha nacional universitaria para el 30 de agosto, en la que piensan reunir cientos de miles en reclamo de mayor presupuesto para las instituciones y una paritaria digna para las y los docentes.

Frente a esto, el Gobierno convocó a “continuar con el diálogo”, “con el objeto de encontrar soluciones a la situación planteada”.

Paran docentes bonaerenses por 3 días

En la novena reunión de la Mesa Paritaria 2018, el Gobierno Provincial siguió sin modificar la estructura del salario docente. Propone llegar a un supuesto 20,7% a cobrarse en septiembre, con sumas no remunerativas, que incluyen $ 210 en concepto de material didáctico, y proseguir con una nueva reunión recién en octubre.

La propuesta fue rechazada porque no se traduce en un aumento salarial real y no prevé la aplicación de la cláusula gatillo. Por otra parte, denunciaron que las cifras depositadas en forma unilateral no conforman salario y no se computa en los ítems antigüedad, aguinaldo, escalafón, etc.

En las escuelas tampoco se realizan las inversiones y obras reclamadas por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que viene realizando presentaciones acerca del deplorable estado de los establecimientos escolares que cobró las vidas de Sandra y Rubén en la EP Nº 49 de Moreno.

Por lo tanto, decidieron retomar el Plan de Lucha con un Paro de 72 horas los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de agosto.

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, sostuvo que al igual que en los paros anteriores, se descontarán los días. En ese marco explicó que en los próximos días analizarán una nueva propuesta para presentar a los gremios.

Después de la represión, que para la Gobernadora no fue tan brutal, hubo reunión con los trabajadores del Astillero Río Santiago

El viernes al mediodía funcionarios del gabinete de María Eugenia Vidal volvieron a reunirse con los representantes gremiales del Astillero Río Santiago (ARS), por primera vez tras la multitudinaria movilización realizada el miércoles en repudio a la represión sufrida por las y los trabajadores el día anterior.

Según relató el secretario general adjunto de ATE Ensenada, Pablo Rojas, los funcionarios ratificaron sus declaraciones públicas en las que afirmaron que no se cerrará ni privatizará la fábrica, y que tampoco habrá despidos. Sin embargo, no presentaron aún un plan para reflotar la empresa, semiparalizada por la falta de financiamiento y ausencia de contratos para la construcción de nuevos barcos, por lo que la incertidumbre sigue en pie para los 3.300 trabajadores del astillero.

Acerca del descuento salarial que el gobierno resolvió realizar unilateralmente, quitando un concepto del Convenio Colectivo de Trabajo que los astilleros cobran desde hace más de 25 años, y la amenaza de eliminar las licencias gremiales, los funcionarios Villegas y Lacunza postergaron una definición para esta semana y la reunión terminó ahí.

Los trabajadores del Astillero Río Santiago mantendrán esta semana una carpa en la Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata, a la espera de la reunión con funcionarios provinciales que debería producirse el próximo viernes.

La decisión se tomó en un masivo plenario con 2.000 delegados en la localidad de Punta Lara y con decenas de dirigentes sindicales de primera línea con intenciones de confluir en medidas de acción concretas en los próximos días.

Además, se anunció un paro provincial de 48 horas de todos los gremios que componen la CTA Autónoma para el martes y miércoles de esta semana, que confluya con la huelga de 72 horas que ya había convocado el Frente Gremial Docente. Además, se ratificó el paro nacional de ATE para el Día de la Industria Naval, el 12 de septiembre, que será acompañado por cortes de ruta, según acordaron realizar varias de las organizaciones presentes en el plenario.

Mientras tanto, María Eugenia Vidal defendió el accionar de los efectivos policiales el martes pasado y negó que la represión haya sido “brutal”.

Finalizan paro de 72 horas las y los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar

En el tercer día del paro activo de 72 horas, las y los trabajadores de ATE de la Secretaría de Agricultura Familiar realizaron el viernes una jornada de protesta en el Ministerio de Agroindustria. De esta forma, los delegados y las delegadas solicitaron una audiencia con la máxima autoridad de este Ministerio para exigir la reincorporación de los despedidos, la retracción por escrito de los anuncios de nuevos despidos y el consecuente desmantelamiento de Agricultura Familiar.

Cabe recordar que la medida surgió ante la amenaza de 600 despidos en las delegaciones de la SAF de todo el país. Sin embargo, las y los trabajadores denuncian desde hace meses que la política implementada por el Gobierno Nacional va en desmedro del sector de los pequeños y medianos productores agropecuarios, campesinos e indígenas, que producen el 65% de los alimentos que consume la población, y favorecen a las grandes empresas agroexportadoras. Entre esas políticas de ataque al sector señalan los despidos en todos los organismos dependientes de Agroindustria, el consecuente desmantelamiento de la SAF y la quita del Monotributo Social Agropecuario.

Vaciamiento y destrucción de Fabricaciones Militares

El jueves pasado, trabajadores y trabajadoras de las fábricas militares de Fray Luis Beltrán, Villa María, Río Tercero, Azul y Jáchal, junto a compañeros y compañeras de la Sede Central, se convocaron frente al predio ferial de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde marcharon hacia la Dirección General de Fabricaciones Militares, para realizar un multitudinario acto en rechazo a los 150 despidos conocidos en los últimos días en las tres delegaciones de Córdoba y Rosario, y contra la política de vaciamiento que encabeza la intervención del organismo en sintonía con el ajuste general que el Gobierno Nacional impone en todas las áreas del Estado.

Una delegación de trabajadores y dirigentes de ATE ingresó al edificio para mantener una reunión con el Sub Interventor Ricardo Casal. Al salir, el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, explicó que Casal se negó a dar respuestas a los reclamos de las y los trabajadores y anticipó que habrá nuevos despidos en Sede Central.

Al finalizar la jornada se votó la realización de un Paro Nacional con cortes de ruta, para el próximo 12 de septiembre -Día de la Soberanía Nacional- que será ratificado en una reunión de Consejo Directivo Nacional.

Resoluciones Asamblea General de SiPreBA realizada en Télam a 60 días de paro y permanencia

-Realizar el miércoles 5 de septiembre en horario a determinar una marcha nacional de prensa al CCK -con cese de tareas en las empresas- en caso de que el directorio de Télam incumpla el fallo judicial que ordena la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras de la Agencia bajo la consigna “Todxs somos Télam”.

-Repudiar el intento patronal de armar un servicio paralelo en Tecnópolis y reafirmar la voluntad del conjunto del gremio de prensa y de trabajadorxs de Télam de impedir cualquier tipo de medida que vaya en contra de lo votado por su Asamblea. Reforzar la visibilización de la lucha de las y los compañeros de Télam invitando a lxs colegas a mencionar en cada cobertura -antes de formular la primera pregunta- que en dicho lugar está faltado un cronista de la Agencia Nacional de Noticias y Publicidad Télam.

-Participar el lunes 27 de agosto de la Jornada Nacional #SalvemosLaRadio, junto con FARCO, ARUNA, AMARC, Radios OnLine, rurales, de pueblos originarios, micro pymes, familiares, cooperativas, socioeducativas, entre otras, a concretarse con una transmisión radial entre las 11 y las 13 frente al ENACOM, Perú al 200, CABA.

-Adherir a la marcha de las Universidades Nacionales convocada para el 30 de agosto en defensa de la Universidad y la educación públicas.

-Trabajar para la concreción de un paro nacional activo, coordinado con los distintos sectores de la sociedad civil.

Participaron de la Asamblea General trabajadorxs de más de veinticinco empresas de comunicación, entre ellas Telefé, América TV y A24, Artear (TN y Canal 13), Infobae, Editorial Perfil, AGEA Clarín, Página 12, Ámbito Financiero, La Nación, Editorial Atlántida, los medios públicos Canal 7 y Radio Nacional, medios autogestivos como Barricada TV, La Caterva y La Retaguardia, entre otros.

¿La CGT despertará de la larga siesta?

Luego de varias idas y vueltas, la CGT formalizó la convocatoria a un plenario de secretarios generales en el que se discutirá la coyuntura actual y el posicionamiento de la central obrera en ese contexto.

Los gordos, independientes y aquellos dirigentes a los que se les suele llamar moyanistas sin Moyano, decidieron trocar el Congreso extraordinario previsto para agosto por un Plenario de secretarios generales. El cambio no fue menor porque se pasó de un órgano con capacidad de decidir desde una renovación de autoridades hasta la elaboración de un plan de lucha por un plenario que no es otra cosa que una mera asamblea de jefes sindicales.

Sin embargo, entre los grupos que no se sienten representados por el triunvirato crece la idea de no participar de la reunión del miércoles. Por caso, el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) y los más de 60 gremios que conforman el llamado Grupo Lezica decidirán el martes si participarán o no. La mayoría piensa que no es conveniente seguir convalidando un triunvirato que no responde a las necesidades que exige la coyuntura y que lo ven corriendo desde atrás de los hechos. Por caso, el mismo día que los trabajadores de Astilleros Río Santiago eran ferozmente reprimidos, los principales referentes de la conducción de la CGT se reunían y se fotografiaban, salvo Juan Carlos Schmid, sonriendo con la delegación del Fondo Monetario Internacional.

Frente a los “Gordos”, que apuntalaron la idea de sostener las negociaciones con el oficialismo, quienes se mostraron más duros fueron los gremios del transporte. De hecho, ya adelantaron que propondrán una nueva huelga general para el mes próximo, sin movilización.

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In memoriam de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, trabajadores/as de la educación víctimas de la desidia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Un grupo de docentes y auxiliares de Moreno denunció el vaciamiento del Consejo Escolar, tras la explosión en una escuela del distrito en la que murieron dos trabajadores/as.

Según las y los maestros, el vaciamiento fue durante la noche del sábado 4 de agosto y quedó plasmado en diferentes cámaras de seguridad de la zona.

Tras la explosión de la Escuela N°49 de Moreno en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el portero Rubén Rodríguez, más de 300 directivos de diferentes escuelas del distrito realizaron una asamblea en la que dejaron en evidencia los problemas edilicios y de habilitación que tienen casi todas las instituciones.

Es por eso que tomaron la decisión de suspender las clases hasta que las escuelas no estén debidamente habilitadas por los inspectores.

Además el martes realizaron una marcha en la plaza principal de Moreno hacia la Fiscalía solicitando el cumplimiento de las condiciones y las habilitaciones para cada establecimiento educativo.

También suspendieron las clases “hasta nuevo aviso” en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Así lo establecieron el inspector a cargo de la Jefatura Distrital, el presidente del Consejo Escolar y dirigentes gremiales del distrito a través de un acta firmada luego de una concentración realizada por docentes, auxiliares, estudiantes, madres y padres para exigir a las autoridades del Consejo Escolar que garanticen la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa de la zona.

Mientras tanto, evacuaron a 400 alumnos de una escuela por un escape de gas y se habrían intoxicado varios alumnos. Se trata de la escuela Nº 8 de Merlo. Un grupo de padres fueron al comando de bomberos y radicaron una denuncia. Se constataron que había cinco pérdidas de gas, dos estufas de sexto grado y el resto de las estufas en varios sectores comunes del lugar.

El 10 de agosto madres, docentes y auxiliares de una escuela en José C. Paz impidieron que se den clases por el estado “calamitoso del establecimiento”. Denunciaron que hay fugas eléctricas en las paredes y no hay agua potable, incluso tres alumnos estuvieron intoxicados por la contaminación. Un inspector se presentó con personal policial pretendiendo que las clases se dicten igual.

Las muertes evitables de Sandra y Rubén dejaron al descubierto la situación precaria de centenares de escuelas bonaerenses, sin embargo, en declaraciones radiales el ministro de Educación de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, aseguró desconocer la cantidad de escuelas de la provincia que tienen problemas de infraestructura.

Asimismo, el Frente de Unidad Docente (FUD) integrado por los sindicatos docentes AMET-FEB-SUTEBA-UDOCBA resolvió:
“[…] que las escuelas con graves problema de infraestructura, tales como:

– Instalaciones y/o equipos eléctricos deficientes;
– Desprendimientos de mampostería;
– Pérdidas de gas, artefactos en mal estado de conservación y funcionamiento;
– Peligro de derrumbes en cualquier lugar de la escuela;
– Falta de mantenimiento de la red cloacal, pozo ciego o planta de tratamiento;
– Problemas con pozos ciegos que impliquen posible derrumbe;
– Filtraciones graves que pongan en riesgo los cielorrasos y/o electrifiquen las paredes;
– Otras situaciones que conlleven riesgos graves.

Deben proceder a la inmediata suspensión de clases, según lo establecen los Artículos 195 y 196 del Reglamento General de Instituciones Educativas. Esta acción estará a cargo del Equipo Directivo. En caso de ausencia o negativa del mismo, la norma habilita a los docentes delegados a actuar de la misma forma (Ley Nº 23.551 – artículo 40 y 43 entre otros, Asociaciones Sindicales).

Esta acción se encuentra justificada en el ‘Deber de Protección’ que la DGCyE debe tener sobre sus trabajadores, resguardando a los mismos de cualquier evento, accidente y/o suceso dañoso. El cumplimiento de lo antes mencionado se encuentra plenamente avalado y acompañado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense”.

El 10 de agosto una multitud marchó bajo la consigna “El ajuste mata”, en reclamo de justicia por estas muertes evitables. La movilización partió desde el Congreso Nacional y concluyó frente a la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Capital, y fue encabezada por los gremios docentes.

Los gremios Suteba, UDocBA y FEB de La Matanza acordaron impulsar una movilización el miércoles 15 a La Plata para que se visibilice la bronca y la fuerza que hay. Que se multiplique el ejemplo.

Paritarias

El Ministerio de Trabajo dispuso un aumento del 25% para el salario mínimo, luego que autoridades de la CGT y de las dos CTA no llegaran a un acuerdo con referentes del sector empresario en el marco de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La suba que llevará el salario mínimo de los actuales 10.000 a 12.500 pesos se abonará de la siguiente forma: 7% en septiembre; 6% en diciembre; 6% en marzo del próximo año y 6% en junio, informó la cartera laboral en un comunicado.

Los sindicalistas reclamaban llevar el salario mínimo a 19.600 pesos (valor de la canasta básica que mide el INDEC), mientras los empresarios ofrecieron una suba del 20% (12.000 pesos).

Las clases en las 57 universidades públicas nacionales de todo el país están paralizadas ante el recorte del presupuesto y un aumento de solo el 5% para los más de 150.000 docentes. Conadu está de paro por 120 horas y la Conadu Histórica definió un paro por tiempo indeterminado.

El Ministerio de Educación recibirá el próximo lunes a representantes de los seis sindicatos docentes universitarios en la mesa de negociación salarial.

La última oferta oficial, planteada hace meses, consistió en un 15 % de aumento salarial en cuatro cuotas: 4% para mayo, 5% en agosto, 3% en noviembre y 3% en diciembre.

Conductores de cinco líneas de colectivos de transporte de larga distancia pararon en reclamo del pago del salario de julio. Se trata de trabajadores de las empresas La Nueva Chevallier, Sierras de Córdoba, Urquiza, Flechabus y Pull General Belgrano. Finalmente, la situación se normalizó el sábado a últimas horas de la noche.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), repudió las “presiones” que están recibiendo los trabajadores, que en “alto acatamiento” han adherido al cese de actividades dispuesto por el gremio para los buques congeladores de altura Merluceros y Langostineros.

El cese de actividades fue impulsado por el SOMU tras el vencimiento de la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, sin haber podido llegar a un acuerdo con la parte empresaria. No obstante, el Gobierno dictó una nueva conciliación.

“Sentimos vergüenza del Sueldo Básico que tenemos ($ 4.730), que no llega a cubrir la Obra Social indispensable para nuestras familias. No podemos continuar con esta situación”, señaló Raúl Durdos del SOMU.

Horas después de que más de 300 millones de pesos fueran embargados de cuentas pertenecientes al gremio de Camioneros, en el Banco Nación y el Provincia, en virtud de una medida impulsada por el Ministerio de Trabajo y avalada por la Justicia, en otra oficina del mismo organismo se procedía a homologar el acuerdo de partes entre la Federación de Camioneros y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que desatara buena parte del conflicto.

Movimientos sociales

La CTEP, la CCC y Barrios de Pie realizaron la tradicional marcha de San Cayetano del 7 de agosto en repudio al acuerdo con el FMI y por Pan y Trabajo. Esta movilización se lleva a cabo por tercer año consecutivo y cuenta con el apoyo de las centrales sindicales.

Los Movimientos Populares rechazan el acuerdo con el FMI y vienen exigiendo el tratamiento de cinco leyes urgentes para los sectores más vulnerables: Emergencia Alimentaria, Urbanización de Barrios Populares, Infraestructura Social, Agricultura Familiar y Ley de Adicciones.

Adelantaron que se movilizarán contra la presencia del G20 a fines de noviembre.

Por orden del juez Pullen Llermanos, Milagro Sala fue trasladada la noche del 7 de agosto a una cárcel federal en la provincia de Salta. Esta situación, consideraron desde Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) “constituye un palmario incumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Amnistía Internacional, Andhes y el CELS denunciaron el incumplimiento a la CIDH.

“La quieren muerta”, denunciaron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala. “El gobernador Morales y el Juez Pullen Llermanos continúan con su política constante de hostigamiento contra Milagro. Cada vez queda más en claro que no les interesa en lo más mínimo su vida. No les interesa la justicia sino la revancha contra una mujer que hizo lo que no hizo ningún político en Jujuy por los más humildes. Le decimos a Morales que no vamos a parar hasta que Milagro esté libre”, aseguraron.

La líder de la Tupac Amaru está desde enero de 2016 en prisión preventiva, acusada de fraude en un juicio que comenzó recién el 25 de julio, cuando ya habían pasado dos años y medio tras las rejas. Sala comenzó “una huelga de hambre seca tras ser trasladada arbitrariamente” a la cárcel de Salta.

Las y los niños primero

El Decreto 702/18 representa el primer ajuste en el gasto social desde el acuerdo con el FMI. El Decreto firmado por la Vicepresidenta, Marcos Peña y Jorge Triaca equipara el valor de las asignaciones familiares en todo el país y de este modo las personas que recibían un plus por zona desfavorable (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Jujuy, Salta, Formosa y Mendoza), pasarán a cobrar menos de la mitad. Puede representar hasta $ 1.892 mensuales menos por hijo.

También se elimina la ayuda escolar anual diferencial. Es un antecedente para jubilaciones y pensiones que cuentan con haberes diferenciales, más elevados, en provincias y regiones del sur. Representa un ajuste de 5.000 millones anuales (5% del presupuesto total) para los padres de unos 400.000 chicos.

El sistema de asignaciones familiares se financia con contribuciones patronales que se están reduciendo desde comienzos de este año. Medida votada a fin de año con el acuerdo de los gobernadores que ahora se quejan como Urtubey (Salta) y Arcioni (Chubut).

Los trabajadores salieron a la calle para rechazar la resolución en Puerto Madryn (Chubut) y pedir que quede sin efecto por sus consecuencias económicas y sociales.

Una delegación de la CGT viajó a Capital Federal para acompañar a los representantes patagónicos en el Congreso de la Nación que buscarán derogar el decreto, publicado en el Boletín Oficial.

La dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Marcela Fanego, remarcó que “no vamos a dejar una sola ruta habilitada en toda la Patagonia y vamos a ver cómo se la van a arreglar; no se van a meter con nuestras familias ni con nuestros hijos”.

Esta reacción popular que mete presión a los gobernadores con quienes el Gobierno nacional está discutiendo el futuro presupuesto reclamado por el FMI, tal vez explique que el Decreto haya sido suspendido por el momento.

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En la provincia de Buenos Aires, una mujer de 34 años y madre de un niño está en grave estado por las consecuencias de un aborto inseguro. Es en el territorio de los declarados antiderechos, María Eugenia Vidal y Esteban Bullrich (PRO). Los costos de votar contra el aborto legal, seguro y gratuito.

Elizabeth* llegó ayer por la noche a la guardia de un Hospital de la zona norte del Conurbano, que depende de la provincia de Buenos Aires, por las consecuencias en su salud que le provocó un aborto inseguro. Allí las y los profesionales médicos le realizaron una histerectomía de urgencia. Perdió su útero y corre riesgo su vida. Tiene 34 años y es madre de un niño y fue trasladada en las últimas horas a un centro de salud de mayor complejidad.

De acuerdo a datos oficiales, por año 50 mil mujeres y personas gestantes son internadas en hospitales públicos porque abortaron de manera insegura en la clandestinidad. Se calculan 29 mil abortos por mes, 985 por día y 41 por hora. Una de estas interrupciones voluntarias de embarazos fue la de Elizabeth, a la que el Estado le dio la espalda y hoy corre riesgo su vida.

Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, publicaron un comunicado al enterarse de la situación: “En el día de hoy tomamos conocimiento de la situación de una mujer que consultó en grave estado de salud a un Hospital provincial”, relatan, “se encuentra internada peleando por su vida”. Y apuntan de forma directa a la máxima autoridad de la provincia, María Eugenia Vidal (PRO), quien se pronunció en contra del derecho al aborto seguro: “la clandestinidad es esto gobernadora, es lo que está viviendo esta mujer y su familia”.

Tras el rechazo del Senado al articulado de la media sanción de Diputados de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito también publicó una declaración en la que responsabiliza al Poder Ejecutivo Nacional y a lxs 40 senadoras y senadores, integrantes del Poder Legislativo por “cada muerta y cada presa por abortar”, ya que se “abstuvieron o votaron en contra de nuestro derecho a la vida, a la salud y al reconocimiento de nuestra dignidad”. Desde la Campaña sostuvieron: “Poco les importamos las olvidadas: las que abortamos con riesgos, las que vamos presas y vivimos clandestinas de por vida”.

Para la Campaña, el Senado rechazó “la demanda popular de aborto legal, seguro y gratuito en un proceso democrático de construcción legislativa en el que además ninguna propuesta alternativa a la problemática ha resultado”. Además advirtieron, en relación al resultado de la votación del 9 de agosto pasado: “No hay ganadores cuando las mujeres y personas gestantes de nuestro territorio siguen abortando en clandestinidad. La reflexión es profunda: ante la oportunidad de cambiar se ha elegido conservar el statu quo penal de 1921 y sostener una norma que discrimina porque condena a solo una parte de la población”.

Para la Red… estamos frente a “los costos de votar en contra del aborto legal, seguro y gratuito” y finalizan en el comunicado preguntando: “¿Todavía queda alguna duda de que la clandestinidad pone en riesgo la salud de las mujeres y personas gestantes? ¿Todavía queda alguna duda de que tenemos que dar una respuesta desde el sistema de salud?”.
*Elegimos este nombre para resguardar la identidad de la víctima

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Desde el inicio de su gestión, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encaró una campaña de venta de tierras públicas, desde terrenos ferroviarios y parques, hasta edificios como el de Bolívar 1, patrimonio histórico de la Ciudad. En ese marco, avanza en la Legislatura un proyecto oficial que propone la creación del Complejo Hospitalario Sur, alrededor del Hospital Muñiz, que implica la mudanza y fusión de cinco hospitales, rebajados a institutos.

Las comunidades afectadas denuncian que se perderán especialidades y cientos de cargos médicos, y que el objetivo final es el negocio inmobiliario, producto de la venta de los predios donde actualmente funcionan los hospitales.

Desde la Ciudad señalan que la nueva obra demandará 160 millones de dólares, pero con sus ventas obtendrán 123,7 millones de dólares, y se “ahorrarán” más de cien millones de pesos al tener que limpiar y mantener un solo centro de salud, y ya no cinco. Esa estimación no fue realizada por el organismo oficial, el Banco Ciudad, sino por L J Ramos (brokers inmobiliarios).

Se trata de un ambicioso proyecto que el actual Presidente, no logró concretar: el Complejo Polivalente Hospitalario Sur. El plan pretende trasladar los hospitales monovalentes de gastroenterología, Hospital Udaondo (Caseros 2061); de Rehabilitación Respiratoria, María Ferrer (Finochietto 849); de Oncología, Marie Curie (Parque Centenario); y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP, en Núñez) al predio que hoy ocupa el Hospital Muñiz.

En estos terrenos de Parque Patricios, luego de demoler casi totalmente el hospital de enfermedades infectocontagiosas -operación posibilitada gracias a que Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno porteño, vetó en 2010 una ley que catalogaba al Hospital Muñiz como edificio protegido por su valor patrimonial- se construiría un nuevo hospital que albergaría a los cinco. La Legislatura debe tratar el proyecto y de aprobarse se licitará su construcción en 2019.

Si el proyecto prospera, los lotes ocupados actualmente por los hospitales trasladados serían puestos a la venta para emprendimientos inmobiliarios. En su mayoría, se trata de terrenos muy grandes, en ubicaciones preferenciales, y con un alto valor de mercado.

Sin garantías de continuidad laboral y ante el desabastecimiento de las instituciones, trabajadores de la salud, asociaciones gremiales y profesionales, vecinos y organizaciones sociales y políticas se están organizando en una multisectorial: “No al 5×1”.

El jueves 12 de julio, marcharon del Hospital Muñiz al Ministerio de Salud porteño, en la avenida Amancio Alcorta al 2100.

“El proyecto implica un achicamiento a las prestaciones del Sistema Público y una reducción de la inversión en Salud que afecta a la población más vulnerable”, sostiene un comunicado de la asamblea de trabajadores. Y advierte que “constituye un ataque a los trabajadores de la salud precarizando sus condiciones laborales” y esconde un gran “negocio inmobiliario”.

En total el Complejo tendrá 500 camas, la mitad de la capacidad que hoy suman los cinco hospitales implicados. También planean “demoler los pabellones del Muñiz de servicios centrales como laboratorio, farmacia, ambulatorio, etc.”.

Trece hospitales casi listos sin funcionar

La lista abarca desde un infantil en Catamarca hasta centros de Medicina Nuclear. La mayoría superaban el 85% de ejecución hace dos años y medio, pero la gestión Cambiemos no los continuó. Vidal dijo que no inaugurará los seis frenados en Provincia, según consigna Gustavo Sarmiento en Tiempo Argentino.

En Entre Ríos, los nuevos hospitales de Paraná y Gualeguaychú ya deberían estar funcionando. De hecho, abrieron una primera etapa a fines de 2015. Y hasta ahí llegaron. La ejecución de ambas obras superaba el 82%. En febrero pasado, tanto la gobernación como legisladores nacionales de la provincia reclamaron al Pami por la finalización de estos centros de salud, teniendo en cuenta que gran parte del financiamiento corría por cuenta de ese organismo. En el caso del Hospital Bicentenario, en Gualeguaychú, recién el último 21 de mayo la provincia anunció la posibilidad de rescindir el contrato y llamar a una nueva licitación, que correrá por cuenta de la gobernación.

A fines de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Plan Nacional de Medicina Nuclear–Núcleovida, que preveía invertir 4.300 millones de pesos para centros de diagnóstico por imágenes y tratamiento de enfermedades como el cáncer, con el objetivo de “ampliar en un 40% el equipamiento en medicina nuclear para cubrir las necesidades de la población y garantizar el acceso equitativo a esta tecnología en todo el país”.

El plan incluyó la construcción de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia, con el aporte de la empresa estatal INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en distintas provincias. El de La Pampa incluye un sector dedicado a la producción de radioisótopos y radiofármacos. A pesar de que ya fue construido por más de $ 400 millones, aún no se puede usar. “La obra edilicia se hizo, el equipamiento está, pero no se avanzó más. No está instalado. Ni tampoco está designado el personal”, informó el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan.

En el Centro de Medicina Nuclear de Formosa se invirtieron 528 millones de pesos, hace casi tres años. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, el centro cuenta con el equipamiento “pero la obra todavía no está terminada”. Lo mismo que el de Santiago del Estero, que tuvo un aporte de más de 300 millones de pesos en 2015.

A pesar de estar casi finalizada su construcción desde hace dos años y medio, por $ 328 millones, el Centro de Medicina Nuclear de Río Gallegos sigue sin inaugurarse. Ante la negativa del Ministerio de Energía, comandado por Juan José Aranguren, la provincia de Santa Cruz anunció en marzo que se haría cargo del centro, que atenderá la demanda de toda la Patagonia sur e incluso Chile, y que ya debía estar funcionando desde 2016. La única colaboración nacional que se prestará a Santa Cruz será la capacitación de la CNEA. Será administrado por una fundación compuesta por profesionales de la región. Su presidente, Héctor Tejada, un pediatra reconocido en la ciudad, señaló: “Va a ser importantísimo para nuestra gente, especialmente para subsanar el desarraigo”. Cuando comience a funcionar, dentro de sus 3.500 metros cuadrados habrá desde un equipo de braquiterapia con equipamiento de anestesia completa, tabla quirúrgica y ecógrafo, hasta un laboratorio de radiofármacos y una sala de quimioterapia con capacidad para tratar hasta seis pacientes en simultáneo.

En el Conurbano

La gobernadora María Eugenia Vidal, al igual que con las Universidades, fue franca con el tema: “No voy a abrir hospitales nuevos ni cortar cintas, porque eso es una estafa a la gente. La salud no es un edificio. Construir un edificio es la parte más fácil. Lo que vale la pena es poner equipamiento de última generación, que haya insumos, enfermeras y médicos. O seguridad. Y tecnología para que la gente sepa cuánto hay que esperar en una guardia”, había dicho antes de las elecciones, cuando fue cuestionada por no inaugurar los centros de salud.

Según el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, seis hospitales bonaerenses esperan su oportunidad. Dos de ellos (el Presidente Néstor Kirchner, de Laferrere, y el Doctor René Favaloro, de Rafael Castillo) están en La Matanza, donde más urge el reclamo por la cantidad de población que necesita el servicio. Estaba previsto que funcionaran a comienzos de 2017. Por eso fue la propia intendenta, Verónica Magario, quien le respondió a Vidal: “La Matanza necesita hospitales, así que pedimos humildemente esfuerzo en conjunto. Tenemos dos hospitales listos para poner en funcionamiento. Necesitan partidas para personal y equipamiento. Mientras se remodela el Paroissien, podemos trasladar todos sus servicios al de Gregorio de Laferrere”.

Ituzaingó, Esteban Echeverría, Cañuelas y Escobar son los otros municipios que aguardan la buena noticia.
Con más de $ 1.300 millones de inversión, la mayoría de los seis hospitales tenían a diciembre de 2015 un 90% de ejecución. Iban a atender a una población de 500.000 personas. Y cada uno se ocuparía de demandas específicas de sus regiones. El de Cuenca Alta, en Cañuelas, que tiene equipamiento comprado hace tres años, fue planificado para funcionar como referencia nacional en toxicología, trabajando en colaboración con la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo en la resolución de los casos de intoxicación, generados por la contaminación del río.

Las y los médicos y demás profesionales del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata nucleados en CICOP y ATE denunciaron la grave situación edilicia del nosocomio y volvieron a reclamar por una nueva convocatoria a paritaria, por la falta de personal, las recurrentes filtraciones de agua y la presencia de roedores.

En una conferencia de prensa brindada en el predio hospitalario de 14 y 66, el personal puso énfasis en los constantes cortes del suministro de electricidad y las complicaciones causadas por las inundaciones derivadas de las filtraciones a través de los techos.

En ese marco pidieron por la finalización de las obras que se están llevando a cabo “ya que no están garantizadas las condiciones de trabajo”.

Ariel Longuinho, delegado de  CICOP, sostuvo que “el sistema de salud está inmerso en una situación crítica, y de parte de las autoridades no tenemos ningún tipo de respuesta. Nosotros tenemos acordado, en paritarias anteriores, distintas mesas de trabajo, una de ellas era infraestructura y hoy no se están llevando a cabo, no encontramos ese espacio de diálogo junto al gobierno”, afirmó.

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Una investigación periodística develó un entramado de lavado de activos y robo de identidad en el partido que encabeza María Eugenia Vidal. Beneficiarios y beneficiarias de planes sociales, jubilaciones y pensiones aparecen como aportantes de la campaña de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. El oficialismo se escuda en que la ley de financiamiento es antigua y permite maniobras poco transparentes.

El apoyo popular al gobierno nacional

El apoyo popular que tanto buscó el gobierno cambiemita por fin se hizo luz. A pesar de las constantes medidas que el gobierno nacional y no tan popular viene tomando desde su asunción en desmedro de las clases bajas, estas aparecieron cuando más lo necesitaba.

Resulta que para la campaña legislativa 2017, donde se presentaron Esteban Bullrich como senador y Graciela Ocaña como diputada por la coalición Cambiemos por el Provincia de Buenos Aires, hubo 4800 portantes individuales, entre ellos y ellas muchos habitantes de villas y barrios de emergencia de la provincia, que generosamente donaron un total de 42 millones de pesos.

La investigación

El periodista Juan Amorín tuvo la ocurrencia de ponerse a observar la lista de aportantes a las elecciones legislativas 2017 de la lista de la coalición Cambiemos. Lejos de asombrarse con onerosos montos de CEOs, multinacionales y miembros de la sociedad rural, se encontró con 100 páginas de aportantes individuales. Al cruzar esta lista con las listas de beneficiarios de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen, descubrió que unas 200 personas que trabajan en estas cooperativas aportaron individualmente entre $300 y $1500. Una muestra de confianza de los sectores más relegados para apoyar a los candidatos cambiemitas.

A partir de esta pequeña primera investigación, se socializó la lista de aportantes para que todo el que cuente con internet pueda buscarse. Al día de hoy se registran más de 10 millones de búsquedas y se encontró que al menos 1 de cada 4 aportantes a la campaña es beneficiario o beneficiaria de algún plan social, jubilación o pensión y desconoce haber aportado un peso. Como si eso fuera poco, el 99% también aparece como afiliado al PRO.

En un hecho totalmente aislado, en septiembre pasado un decreto del presidente daba al jefe de gabinete Marcos Peña el control sobre todos los datos personales de las bases de Anses. Es decir, semanas antes de presentar la declaración jurada de aportantes, el jefe de gabinete tomó control de los mismos nombres que terminaron apareciendo en la lista.

Pero eso no es todo. A esta investigación se le sumó la lista de aportantes de la campaña de Maria Eugenia Vidal a gobernadora de la provincia en 2015, donde aparecen candidatos a todos los escalafones de gobierno de distintas localidades. En este caso son los mismos candidatos, desde concejales a consejeros escolares, los que salieron a desmentir ser aportantes a las campañas y se sumaron a las denuncias realizadas.

Hecha la trampa, hecha la ley

En la última conferencia de prensa, Mauricio Macri fue consultado por este caso. El presidente de la Nación y máximo responsable del PRO comentó la imperiosa necesidad de redactar una ley que prohíba los aportes a campañas electorales en efectivo, promocionando el sistema bancario que permite conocer los datos del aportante. El presidente hizo foco en que la actual ley de financiamiento es anticuada y permite maniobras de corrupción y lavado de dinero, al permitir aportes en efectivo de dudosa transparencia.

Hecha la trampa, hecha la ley, el 90% de los aportes al PRO de la última elección fueron por medio de efectivo y solo el 10% restante lo hizo en modo bancarizado. Un gobierno que sin dudas aprende sobre la marcha y predica con el ejemplo.

“Frente a esto doy la cara como hice siempre en cada dificultad de la vida y de la gestión. Mi conducta estuvo basada siempre en la honestidad. Frente a estas denuncias, sobre aportes falsos, he tomado tres decisiones concretas” anunció la paladín de la justicia María Eugenia Vidal.

La primera medida fue pedir una auditoria sobre la rendición de fondos. En segundo lugar, Vidal pidió la renuncia de María Fernanda Inza, tesorera del PRO y flamante contadora del gobierno provincial. Por último, se manifestó a favor de la nueva ley de financiamiento. Es decir, la culpa básicamente la tienen la tesorera y la ley por ser anticuada y permitir maniobras corrompibles, pero quien firmó la declaración jurada y es penalmente responsable es María Eugenia Vidal.

La actual gobernadora de la Provincia de Buenos Aires se enfrenta a una denuncia que puede inhabilitarla entre 6 meses y 10 años para ejercer cargos públicos. Sin embargo, Mariu no se presentará sola ante la justicia. Jorge Macri, intendente de Vicente López, fue señalado por sus mismos compañeros de partido, involucrados en esta contienda, como responsable principal de la recaudación de fondos para la campaña. El primo del presidente también enfrenta la denuncia por lavado de activos y robo de identidad. De todos modos, su réplica no se hizo esperar y enfrentó la situación con envestidura dando una respuesta implacable: “Hubo gente que aportó y después se olvidó”.

¿Y si esta semana te toca a vos?

Es posible chequear los aportantes por apellido y nombre o número de documento en el sistema que generó La Alameda.  En caso de aparecer en las listas como aportante sin haber aportado dinero ni datos personales, se puede sumar la denuncia en la misma página o denunciar en El Destape Web, medio que comenzó con esta denuncia.

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La llegada a la universidad por parte de una fracción social antes excluida de sus aulas puede, eventualmente, transformarse en una lucha por la educación superior. Aquí la ignorancia que expresa la gobernadora Vidal se transforma en expresión de deseo y proyecto de gobierno.

Los “pobres” no llegan a la “universidad” afirmó hace pocos días María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el distrito más rico, más grande, más habitado y más importante políticamente de Argentina. ¿Cuál es la razón de ser de las “universidades públicas” que pueblan la provincia de Buenos Aires?, preguntó retóricamente la gobernadora a su auditorio. Miles de voces desde todos los rincones del país le respondieron: egresados/as, docentes, estudiantes universitarios/as, además de investigadores/as y científicos/as relataron en primera persona el esfuerzo que realizaron sus padres, madres, hermanos/as, abuelos/as y ellos/as mismos/as para poder, durante al menos cinco años, cursar una carrera universitaria, muchas veces en condiciones de punzante pobreza material.

Las ideas que dan origen a las expresiones de la gobernadora muestran el desprecio que Cambiemos manifiesta por la cuestión social y la educación pública entre otras. Pero más sorprendente que este desdén, es la ignorancia que revelan estos dichos respecto de dos cuestiones. Primero, la gobernadora manifiesta desconocer el lugar histórico que la universidad pública ha ocupado en el país, precisamente, en los últimos cien años, con su centenaria tradición reformista iniciada con la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba. Segundo, también, revelan una rudimentaria percepción del lugar estratégico que la educación universitaria ha ocupado en la constitución de la dinámica de la estructura social argentina durante buena parte del siglo XX y en las primeras dos décadas del siglo XXI, posibilitando no sólo la movilidad social de amplios sectores sociales sino la propia constitución de unidades sociales eventualmente politizables como son las “clases medias”, la “juventud” y el “progresismo” urbano.

Teniendo en cuenta la rudimentaria visión que de la cuestión universitaria revela la gobernadora, nos proponemos aquí hacer una contribución en pos de su “educación” y por su intermedio, revelar y hacer comprensible para nosotros/as mismos/as las condiciones sociales que hacen posibles los agravios que ha recibido la universidad pública y las personas que “nacen en la pobreza”. Quizá por medio de este ejercicio develemos también por qué es importante “el regreso por la universidad” que practican hace algunos años algunos grupos sociales.

Suele atribuirse a la “Generación de 1837” la constitución de la nación argentina en un movimiento ideológico y político que culminó hacia fines del siglo XIX, con el sangriento establecimiento de fronteras territoriales fijas, logrado a expensas de la vida de los pueblos indígenas que aún hoy claman por reconocimiento del genocidio perpetrado y la devolución de sus tierras. No obstante, la generación de 1880 apenas estableció las condiciones mínimas indispensables para la existencia de una estructura administrativa a la que podía llamarse “Estado nacional”. Una parte de la elite local pretendía, por medio del control estatal, organizar a las masas informes (conformadas por negros, indígenas, criollos, mestizos e inmigrantes europeos) que habitaban estos territorios, que no terminaban por reconocerse como “argentinos”.

Precisamente, la Reforma Universitaria de 1918, que demandaba libertad de cátedra, co-gobierno universitario con participación estudiantil y autonomía para una educación pública, operó como un mecanismo central de construcción de una base cultural mínima para la emergencia y práctica de la “ciudadanía” y para la aparición de la imprescindible “sociedad civil” en un país que se pretendía moderno, es decir republicano y democrático. En otras palabras, la universidad reformista de la década de 1920 sentó las bases para la formación de la ciudadanía argentina que se desarrolló y cobró densidad política en las siguientes décadas, incluyendo el fenómeno peronista y los sucesivos golpes de estado que se sucedieron entre 1955 y 1976.

El hecho de que el “mundo universitario” de la reforma del ‘18 fuera gestado en el contexto del funcionamiento masivo de las políticas inmigratorias que promovían la radicación en el país de población blanca proveniente de Europa no es un dato menor. Buena parte de los hijos de inmigrantes llegados a la Argentina entre fines del siglo XIX y 1930 -año en que se interrumpe el afluente de contingentes europeos hasta su reactivación en 1947- fueron educados y argentinizados no sólo en la escuela sino en la universidad pública reformista, que los proveía de títulos profesionales que posibilitaba su movilidad social y, tanto o más importante que esto: les proveía de orientaciones culturales y políticas más generales.

Las luchas que el movimiento estudiantil y los diferentes claustros y autoridades universitarios libraron entre 1955 y 1958 en contra de la disposición estatal que autorizaba la creación de universidades privadas, cobra significación vital cuando pensamos la trayectoria universitaria que define la identidad política de la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires: egresada 1998 de la licenciatura en Ciencias Políticas que cursó en la Universidad Católica Argentina (UCA), creada precisamente en 1958 cuando el entonces presidente de la nación Arturo Frondizi autorizó su existencia.

La agitación política que vivió la universidad en las década de 1960 y 1970, su rol en el establecimiento de puentes entre las clases medias, los sectores populares y los pueblos indígenas en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se dieron al calor de las intervenciones políticas, las expulsiones masivas de profesores/as y retaceo presupuestario. Lejos de minar las bases de su existencia, fueron precisamente estas vicisitudes las que forjaron la vida intensa de que se nutre el mundo universitario en el país.

La masificación universitaria de las últimas décadas del siglo XX es paralela a dos fenómenos: primero, la instalación en la imaginación ciudadana de un principio igualitario que hace deseable el acceso universal a la educación universitaria y el conocimiento (científico); segundo, la presión ejercida por el principio mercantil para subsumir la educación y la ciencia como bienes pasibles de operaciones individuales de compra y venta en el mercado de acuerdo a la capacidad económica de la persona y su familia. Se trata de formas de privatización de la educación universitaria y de los mecanismos de movilidad social y transformación política que le están asociados.

Nos parece que hemos diseñado el contexto histórico que se hace comprensible los agravios que dirigió la gobernadora Vidal a la universidad pública: su origen social, su formación profesional y sus orientaciones culturales y políticas han sido históricamente gestadas al interior de un campo de fuerza que atraviesa las relaciones de poder en Argentina desde fines de la década de 1950. En estas décadas las instituciones estatales, especialmente la educación pública que posibilitan amplios procesos de transformación, sufrieron la acción directa de fuerzas sociales que se ciernen sobre ellas como si constituyeran un “botín de guerra”. En función de estos antecedentes constatamos que la gobernadora “sabe” que los pobres han llegado hace varios años a las universidades; lo que desconoce, sin embargo, es otra cosa. El hecho de que las personas nacidas en la pobreza lleguen “a” la universidad diseña un delicado escenario. Aunque puedan hacerse estimaciones aproximativas en función de otros antecedentes históricos, las consecuencias sociales, culturales y políticas de este fenómeno son, de hecho, impredecibles, especialmente en los distritos del inquietante Conurbano Bonaerense (Hurlingham, Moreno, Avellaneda, Florencio Varela, por nombrar solo algunos distritos comprometidos).

Nadie sabe a ciencia cierta qué prácticas culturales e ideológicas se verán transformadas y qué procesos identitarios y políticos serán gestados a la luz del proceso de formación universitaria en ciernes. La fuerza y solidaridad interclase e interétnica que, en algunas ocasiones, promueve la categoría “primera generación de estudiantes universitarios”, genera ansiedad política en las autoridades de este sector de la provincia de Buenos Aires, no sólo de parte de la abrumada gobernadora Vidal, que recurre al insulto para acallar sus temores.

La llegada a la universidad por parte de una fracción social antes excluida de sus aulas puede, eventualmente, transformarse en una lucha por la educación superior. Aquí la ignorancia que expresa la gobernadora Vidal se transforma en expresión de deseo y proyecto de gobierno: obturar las formas de acceso a los mecanismos de movilidad social e interrumpir la conformación de unidades de acción políticas generalizables.

¿Será que la Universidad pública puede ayudar a diseñar el camino por el cual los/as expoliados/as de la vida, del pan y de la dignidad, regresarán por lo que les fue una y otra vez arrebatado? En ello, nosotros/as, ciframos nuestros sueños y nuestros días.

Nota relacionada: PROyecto educativo: Que estudien lo que puedan estudiar

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*UNPAZ – CAS/IDES

**UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN-IDAES;

*** UNIVERSIDAD GENERAL SARMIENTO-IDES-.

El presente texto surgió del trabajo mancomunicado que desarrollamos en el Grupo de estudio y trabajo sobre indigenismo, indianidad y memoria indígena (GEIIMI) del Centro de Antropología Social (CAS), Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Agradecemos a Fernando Cabrera, Carolina Rodríguez y Carolina Espinosa, miembros del GEIIMI, por su colaboración para mejorar las ideas aquí compartidas.

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Luego de los dichos de María Eugenia Vidal sobre la asistencia a universidades en la provincia, repasamos el panorama educativo en el marco de las políticas de Cambiemos. Al respecto, opina la docente y especialista Verónica Piovani.

“¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”, se preguntó la gobernadora María Eugenia Vidal en un evento del Rotary Club de Buenos Aires. Sus declaraciones hicieron estallar las redes sociales apenas 10 días antes de que empezara la “III Conferencia Regional de Educación Superior 2018” en la ciudad de Córdoba, evento que convoca a más de 3 mil rectores, funcionarios y ministros de América Latina y que finalizará con una declaración que definiría las políticas universitarias para los próximos diez años en la región- en el medio de una seguidilla de marchas en defensa de la Universidad Pública, con el centenario de la Reforma Universitaria de 1918 como marco general y en un contexto de ajustes y avance del mercado por sobre lo público en todas las esferas sociales-.

Los dichos sorprendieron más a quienes desconocen el marco político, conceptual e ideológico en el que se inscribe la propuesta educativa y de proyecto de país de Cambiemos- y de la gobernadora en particular- que a quienes sabemos dentro de qué esquema se inscribe esta declaración. Hasta ahora, una política comunicacional muy cuidada, el decir a medias, el significante vacío, las frases sin grandes explicitaciones y el respaldo de un blindaje mediático han permitido que esas contradicciones no resulten tan ostensibles.

“A diferencia de los años 90, no aparece un corpus doctrinario, una fundamentación, un desarrollo conceptual hilvanado y claro de cuál es el proyecto educativo, cuáles son sus fundamentos pedagógicos, hacia dónde se dirige. Lo han dejado en un marco de ambigüedades de frases sueltas y eso ha hecho también para los docentes más difícil poder leer críticamente hacia dónde se dirigía el proyecto educativo”, sostiene Veronica Piovani, docente y Decana de la Facultad de Pedagogía de la UMET (Universidad Metropolitana para la educación y el trabajo) y ex Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD).

Diversos informes- como el generado por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC- y relevamientos de perfiles de estudiantes como los que realiza anualmente la Universidad Nacional de Moreno, muestran un crecimiento de personas de bajos ingresos que viven en el Conurbano y asisten a universidades nacionales.

Sin embargo y a riesgo de resaltar una verdad de Perogrullo, cabe aclarar que nada de lo que plantea esta propuesta ocurre en el vacío y si calzan a la perfección con muchos de nuestros docentes es porque hay un conjunto de sentidos preexistentes que forman parte de una disputa ideológica, ético, político, pedagógica y cultural- como el discurso meritocrático – que evidentemente  no ha sido (o no podrá nunca ser) saldada. Y es en esos fragmentos que se cuelan, entre lo dicho y lo no dicho, donde hay que buscar los lineamientos del proyecto educativo de Cambiemos.

Un cambio de paradigma

“Entre todos estos aspectos hay niveles importantes de ocultamiento y de contradicción. Ese enorme esfuerzo nos ha ido permitiendo ver cuál era ese horizonte y hoy está muchísimo más a la vista. Al principio cuando uno tenía que hablar con el colectivo docente y explicar y denunciar, había ciertas resistencias. Hoy, sin la paritaria, visualizando la descalificación de los docentes y de las organizaciones de los trabajadores de la educación y la forma en que se fueron desarmando importantes programas que gozaban de consenso como el Programa de Formación Permanente ´Nuestra Escuela´ y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)como hito en términos simbólicos, el panorama es diferente”, opina Piovani.

Y es que no se trata de un saqueo a corto plazo. La política educativa va en ese mismo sentido y forma parte de un proyecto cultural e ideológico, un proyecto civilizatorio que tiene en su núcleo de disputa tres cuestiones: en primer lugar, la concepción de la educación como mercancía, como bien transable. En segundo lugar, una concepción del Estado que se corre como garante y sostén- tal como expresa la Ley de Financiamiento Educativo- para convertirse en un “control externo de calidad”, como lo llama Piovani.

La evaluación estandarizada como instrumento de la pedagogía neoliberal, con su insospechada intencionalidad política, viene revestida de una neutralidad objetiva, y otorga una suerte de capacidad técnico científica para justificar recortes que se tornan absolutamente incuestionables.

Para Piovani, la evaluación es la columna vertebral del proyecto neoliberal. “Los trabajadores del Estado son evaluados, todo pasa por esa lógica que evalúa desempeños, que evalúa resultados, que cuantifica, y que permite de esta manera justificar y legitimar intervenciones, hacer ajustes hacia lo que se considera ´despilfarro´”. En esa lógica, el Estado cambia centralmente su concepción y la direccionalidad de sus políticas. Un Estado ausente es una falacia andante: el Estado siempre regula, pero ¿para quién?

Un Estado que cierra sus propias propuestas de calidad con ciertas orientaciones pedagógicas latinoamericanistas y de Derechos Humanos al mismo tiempo que le exige a los sujetos tener credenciales, titulaciones de los saberes, le abre camino al mercado. Así, con el mercado de por medio, la real discusión de fondo, tercera cuestión que resalta la licenciada, es la concepción acerca del trabajo: si las y los docentes son trabajadores de la educación, aparece allí la concepción del trabajo como un costo. Vidal se pregunta, en la disertación frente a los invitados del Rotary Club: “¿Les parece bien que vayamos a trabajar todos los días mientras gastamos 19 millones en licencias y abusos?” poniendo en una misma serie conceptual “licencia” y “abuso”, desconociendo al régimen de licencias como parte de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y desconociendo, a su vez, la función de otorgamiento de dichas licencias y su control por parte del Estado. “Cuando el argumento es la impugnación para el cierre, lo que se pone de relieve es el verdadero sentido”, opina Piovani.

Contra el ajuste indiscriminado de la administración provincial de María Eugenia Vidal  se realizó el jueves pasado, una nueva jornada de paro nacional convocada por la CTERA, con un nivel de acatamiento que, según los gremios, fue de casi un 90 por ciento. Asimismo, el viernes tampoco hubo clases en la Provincia debido a otra medida de fuerza convocada por el Frente de Unidad que nuclea a docentes enrolados en SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET.

Hace aproximadamente 50 días tuvo lugar la última reunión paritaria- a fines de abril donde se modificó ligeramente la propuesta inicial de un 15 por ciento de aumento para todo el año en tres tramos, proponiendo un 10 por ciento para el primer semestre-.  Rechazada ya en ese entonces nuevamente por los gremios, la oferta de la Provincia resulta al día de hoy- con la suba del dólar a más de 28 pesos y tarifazos reiterados- turbadoramente alejada de lo que debería ser un sueldo digno para vivir y no sobrevivir. Mientras tanto, desde los medios oficialistas se hace hincapié en la buena voluntad de Vidal, resaltando, por ejemplo, que “Cada año, el Estado desembolsa $19.000 millones para pagar suplencias. Con ese dinero, estima que se podría mejorar rotundamente cualquier oferta salarial” y culpando a los gremios de no querer aceptar oferta alguna, tras 16 reuniones con los funcionarios provinciales.

El enjuiciamiento y la deslegitimación de las y los lideres sindicales forma parte del proyecto civilizatorio. Es uno de sus pilares: el cambio de proyecto político cultural a fondo, poder exterminar de una vez y para siempre del campo político argentino al llamado de manera despectiva populismo, asociado con los desvalores que impiden la instalación a pleno de manera sostenida del proyecto económico, político y cultural que se busca sostener.

Según Piovani, debajo de los dichos de la gobernadora subyace algo más peligroso que los datos falsos: es el sentido de la concepción del otro, la lectura de la sociedad acerca del papel del Estado y su responsabilidad  para garantizar derechos y para incidir en reducir las brechas y las desigualdades. El discurso de Vidal naturaliza la discriminación, hace una exaltación de la desigualdad. Hay una idea de la estratificación social y de los destinos anticipados de los sujetos. Es como clausurarle su destino. Y eso es salvaje, es brutal y además está en consonancia con lo que plantean no sólo los sectores más reaccionarios de la Argentina sino además con las orientaciones educativas del FMI y de Banco Mundial, que desde los 90 vienen insistiendo en que se arancelaran las universidades y poner esa plata en el nivel inicial. Ya el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció la cancelación de los distintos convenios y 3 mil millones de pesos de recorte. Hay que apostar a la educación inicial y universitaria a la vez. Ponerlo como opción es una trampa a la que nos empuja el FMI.

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