Durante las últimas semanas presenciamos al menos dos hechos que escenificaron las formas de la violencia que está tomando el Estado: los allanamientos en la ciudad de Córdoba a diferentes organizaciones sociales, políticas y culturales y las y los treinta y un detenidos en la Capital Federal, luego de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

A este escenario ejemplificador, le sumamos la permanente construcción mediática que se inclina para desvirtuar los hechos y fogonear la histórica figura del enemigo político como estrategia para garantizar los intereses que representa la clase gobernante. El telón se levanta; mapuches y anarquistas representan una puesta en escena cuya farsa convida al guión del terrorismo. Pero, ¿por qué es necesaria la construcción de un enemigo? ¿Cuál es el modelo de Estado que se está prefigurando en cada accionar violento que llegamos a enterarnos?

Un poco de historia

La construcción política del enemigo interno en nuestro país, lo considerado “peligroso”, “amenaza”, “disolvente” o lo calificado como “elemento subversivo”, fueron categorías que se inscribieron en los orígenes de la conformación del Estado Nación. Las protestas, las huelgas, la prensa obrera, los mítines políticos anarquistas, socialistas, comunistas, los ateneos y los círculos libertarios de finales del siglo XIX y principios del XX, fueron parte de la trama de la sospecha permanente de una policía, que debía garantizar la existencia del Estado moderno.

Estas categorías fueron una herramienta fundamental para las elites gobernantes, que por un lado abrían las puertas a la política inmigratoria para poblar civilizadamente, mientras que por el otro, transformaban esa apertura en una política selectiva donde lo extranjero comenzaba a ser un blanco de sospecha por la influencia en éstos de sus ideas anarquistas y comunistas. En este sentido, es destacable la importancia que el Estado le fue otorgando a las tareas del control social e ideológico, donde la categoría de “enemigo” fue constitutiva en los cambios de la propias estructura de la inteligencia policial y militar orientada hacia un mejoramiento progresivo en la labor de las fuerzas de seguridad a lo largo de todo el siglo XX.

Desde la conformación inicial del Estado Nación, las Fuerzas Armadas participaron activamente en la vida política del país. La intervención a lo largo de todo el siglo XX, en seis Golpes de Estado, constituyó un determinado imaginario de aceptación social, donde la politización de las Fuerzas Armadas constituía parte del escenario político de lo posible en nuestro país. La vinculación de éstas con la política y la subordinación de las policías, fueron prácticas y definiciones que se constituyeron como elementos prefigurativos de las formas que adquiriría el Estado durante la última dictadura cívico-militar en 1976. Con la apertura democrática en 1983 se intentó de diversas formas correr progresivamente a las Fuerzas Armadas de la arena política.

Esta prolongada historia golpista, cuyas consecuencias también son parte de la profundización de un modelo capitalista-liberal, ha ganado en el presente una condena social extendida por amplios sectores de nuestra sociedad. Sin embargo, la policía comenzó a tomar un lugar central en estas relaciones, reconfigurando el poder de control civil desde los distintos atributos que los gobiernos le fueron confiriendo.

El año pasado, con la decisión del gobierno del presidente Macri de modificar un decreto sancionado por el ex presidente Raúl Alfonsín, que restringía determinadas facultadas a las Fuerzas Armadas, significó un retroceso en relación a las políticas implementadas desde la apertura democrática, y las nuevas subjetividades políticas que se construyeron en la sociedad al momento de pensar la vinculación de los militares en la esfera política.

El policiamiento del Estado como paradigma de seguridad

Las distintas medidas de los últimos gobiernos como la sanción de la Ley Antiterrorista en el 2011 o el proyecto X de inteligencia y espionaje sobre militantes y organizaciones sociales, la gendarmería en los barrios, la reciente ampliación del poder a las FFAA, etcétera, han ido configurando el rol de las fuerzas de seguridad para el control de la población civil en todas sus áreas.

Hoy, algunas de las medidas tomadas por el macrismo se montan en una estructura que le antecedieron, para profundizar una intervención mayor del Estado en su faceta represiva. Con la declarada “emergencia en seguridad”, el gobierno de Mauricio Macri, refuerza las medidas del control en los barrios, donde en su cruzada contra el narcotráfico, las fuerzas de seguridad amplían sus atributos para intervenir en las zonas más humildes del país, se habilita la intervención de ex militares y las FFAA tienen la autonomía política para derribar un avión que no identifiquen. La militarización de los barrios la podemos encontrar hace tiempo en las zonas pobres de Rosario, como lo fue el “Operativo Unidad- Plan Cinturón Sur” de la ciudad de Buenos Aires, reactualizado por la ministra Bullrich con una gendarmería “en movimiento” y en la zona de las Sierras Chicas de Córdoba. En estos casos, una fuerza nacional militarizada es la encargada de controlar los robos. Esta práctica de control ha demostrado ser la respuesta sistemática de las políticas de los gobiernos de turno al problema delictivo. Lo que está claro es que la policialización/militarización de los territorios, llegó para quedarse. El modelo brasilero, con sus “policías pacificadoras” para las favelas, es el ejemplo a profundizar. En este país, las Fuerzas Armadas nunca dejaron de intervenir en la seguridad interior.

De modo que, el corrimiento progresivo de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna de las últimas décadas, fue dejando a la policía para que tome ese rol protagónico/ejecutor, que arbitrariamente actúa en pos del orden social y se ve implicada sistemáticamente en ilícitos de todo tipo: trata, narcotráfico, secuestros, entre otros. Poco a poco, se fue generando un proceso de modernización punitiva del Estado, donde la policía se consolidó como un actor fundamental en el control político. Los intentos por desmilitarizar la política por parte de los gobiernos a partir de 1983, no sólo no consiguieron desmantelar el aparato represivo, sino que la actuación policial fue ganando poder y control territorial, mientras que hoy las FFAA vuelven progresivamente a la escena.

Así, las diversas aristas del control territorial se expresan a lo largo y a lo ancho del país, todas responden también a una lógica de acumulación capitalista. Lo vemos en las zonas de la mega minería, donde funciona un para-Estado con un poder parapolicial. O lo que sucede en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, entre otras; y las grandes extensiones de tierras de la Región Patagónica. En todos los casos existen fuerzas especiales de seguridad que trabajan con los empresarios locales para garantizar el desalojo y la muerte de los y las campesinas/indígenas que reclaman su territorio ancestral. Aquí es la lógica del agronegocio como dispositivo de poder la que funciona, pero en todas es la intervención de las fuerzas de seguridad -desde sus distintos brazos operativos- la que responde con una funcionalidad directa al poder local/provincial/nacional.

A este panorama hay que sumarle el convenio firmado el año pasado entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Estado de Georgia (EU), sede del Comando Sur, que habilita a Estados Unidos a intervenir en temas de seguridad interior. Estamos frente a la arbitrariedad de un Estado que construye una legalidad represiva: al mismo tiempo que proclama la ley, garantiza las condiciones de la represión física. La violencia institucionalizada cumple aquí su rol dentro de un Estado que mantiene sus funciones de control social y represión, como una continuidad histórica y constitutiva del mismo. Las lógicas excepcionales y autoritarias, que caracterizaron al siglo XX, hoy continúan siendo prácticas permanentes de los gobiernos, amparadas -paradójicamente- en el sostenimiento del orden constitucional de la democracia representativa. Estas lógicas persisten bajo la construcción de nuevos y ya viejos enemigos internos, regidos por el imperio del derecho moderno que conjuga la legalidad con la coerción como base del castigo.

Preservar el orden capitalista requiere inevitablemente de la ampliación de la violencia estatal, y las políticas represivas del Estado necesitan de la construcción de un enemigo. Esta trama fue configurando incluso una arquitectura urbana tendiente al control, cuyos alcances actuales han calado hondo en una sociedad que incorpora en su cotidiano nuevos dispositivos de control bajo la sombra de un imaginario social que siempre busca culpables.

El discurso alarmista sobre el narcotráfico en nuestro país, es el mismo que se utiliza en otros países de Latinoamérica, donde se instala al narco como un sujeto que ha permeado todos los estratos de la sociedad y se le declara una guerra total. Al totalizar al enemigo, las medidas del Estado también deben totalizarse para poder cumplir con la misión de protección. La seguridad debe permear en todos los ámbitos de la vida. Así, los procesos de militarización coinciden con el discurso interno de seguridad de la guerra contra las drogas y la delincuencia de las y los jóvenes. Pero, en este últimos mes, pudimos ver cómo ese sujeto se ha diluido para reeditar nuevos y viejos enemigos, mapuches y anarquistas unidos y unidas en “células terroristas” que buscan generar el caos social, atentar salvajemente a la propiedad privada y desconocer las formas jurídicas del Estado que nos regula como ciudadanos y ciudadanas.

Desde este paradigma, que asocia -principlamente- al narcotráfico, el gobierno de Macri continúa atribuyendo nuevas facultades a las Fuerzas Armadas, para intervenir, en problemas de la seguridad interior. Vimos la aplicación de este mismo modelo durante todo el siglo pasado, donde la persecución del enemigo interno anarquista/comunista/terrorista, implicó la violación sistemática de los derechos humanos y la represión permanente al movimiento obrero. La existencia de un enemigo colectivo, fue un hecho permanente que se construyó para forjar la identidad de la Nación y que aún hoy es un fundamento para la legalización y legitimación de la violencia en manos del Estado, elemento central de la excepcionalidad.

Hoy, el actual gobierno intenta fortalecer aún más las alianzas con Estados Unidos y necesita de unas Fuerzas Armadas recuperadas para poder implementar un enfoque militarista para la seguridad, que se sabe lejos de desactivar las redes de la droga y el delito, fortalece el poder policial y profundiza un sistema de opresión e injusticia. A pequeñas y grandes versiones del Plan Colombia, a la medida local y bajo instructivos neocolonizadores, estaremos expuestas cada vez más, mientras se permita avanzar a este gobierno y este sistema de impunidad y exclusión.

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El conflicto del transporte público en Córdoba ha quedado paralizado. Los medios comerciales ya no hablan de eso. Hay 183 trabajadores y trabajadoras despedidas y un chofer fallecido ante la desolación del desempleo y la corrupción. Las mujeres operadoras del trolebús continúan su lucha con un acampe frente a la Municipalidad cordobesa. Mientras la UTA, el municipio y la provincia hacen tiempo para lograr la mejor salida acorde a sus intereses. La burocracia y el poder que cuesta la vida de las y los trabajadores.

Ya es media mañana y el cielo parece aún amanecer con un sol tenue que cobija las calles. Frente a la puerta de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, una carpa blanca deja leerse en sus paredes de lona carteles que exigen la reincorporación de las y los despedidos del transporte. Adentro, dos carpas más chicas con abrigos, un baño químico, sillas, agua, un calentador entre otros insumos que a lo largo del mes se han ido acumulando haciendo el hogar de las trabajadoras que allí se rotan para dormir.

“Las mujeres somos las que vamos al frente. El hombre no tiene alma de guerrero”, comienza Graciela Caliva. “La mujer va a la lucha por todo y no le teme a nada”. Graciela es riojana y hace 22 años que maneja un trolebús.
Los trolebuses llegaron a la ciudad de Córdoba en el año 1989 desde Rusia, ya que se desarrollaron en la mayoría de los países de la Unión Soviética que tenían más de 200.000 habitantes. De la mano del intendente radical Ramón Mestre -padre-, se firmó un convenio por el cual sólo pueden ser manejados por mujeres. De inmediato ellas coparon el volante y comenzó una historia que también tienen marcada en sus cuerpos.

Cuando Graciela describe el funcionamiento de un trole parece reconocer cada artefacto, cada pieza que hace a su marcha. “El trolebús es eléctrico, le entran 550 volts de electricidad. Va enganchado con lanzas a una línea. Por ahí se te escapa la lanza y pega tirones en el cuerpo. En mi caso tengo los dos tendones rotos de los hombros, deshilachados. Atrás nuestro hay dos llaves generales, que cuando vos vas manejando salta, te deja sorda, vas perdiendo la audición. Tenemos frenos y aceleración, contactos y un compresor que continuamente hace ruido. Los pedales son hacia abajo. Yo tengo los meniscos fisurados y las rótulas cruzadas, se te van rompiendo las rodillas. Los asientos son duros, con una amortiguación pesada y los golpes secos se sienten”. El relato de Graciela se hace extensivo a la situación de la mayoría de las trabajadoras. Problemas de columna, intestino, tumores, y muchas mujeres con cáncer de útero que han debido ser operadas. Con el tiempo, la falta de inversión para mejorarlos incidió en un desgaste que se fue trasladando a las condiciones de vida de las trabajadoras.

“Hace cinco años que me sacaron el útero”. Interviene Viviana Chiaty, con 25 años de antigüedad en el transporte. “Hay chicas que recién entran y le sucede lo mismo. La mayoría comienza con endometriosis y hemorragias”.  La resistencia, depende de cada cuerpo. “Las condiciones siempre se pudieron mejorar. Nosotras mismas hemos colaborado para mejorarlos”, dice Viviana y recuerda lo cotidiano que se les hace meter las manos en los contactores por las fallas intermitentes del trole y sentir el empujón de la corriente.

“Pero nosotras no le tenemos miedo a nada -reafirma Graciela-. Quieren terminar con nuestra fuente de trabajo. Amamos los trolebuses, queremos que los pongan en condiciones. A raíz del vaciamiento quedó una frecuencia precaria, de cada siete minutos ahora pasó a veinticinco. La gente se ha acercado a la carpa, se han solidarizado y dejado dos mil firmas pidiendo por la reincorporación”. Las mujeres al volante son un distintivo que el y la usuaria percibe, “hay más gente esperando el trole. También lo eligen por el buen trato con los pasajeros”, reconoce Graciela, y aclara que su lucha es por todos y todas las compañeras. A pesar de los 28 días de acampe su semblanza es fresca y se organiza para estar siempre arreglada: “Quiero lo que es justo. Le pongo el alma, el cuerpo, todo mi ser a esta lucha. Este gobierno está llevando a un pueblo a la esclavitud. Ojalá todos se nos unan”.

El camino de la desinversión

Los trolebuses pertenecen desde el 2004 a la empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad Anónima (TAMSE). Ahora el municipio ha decidido comenzar a despedir a las trabajadoras con más años de servicio y en esa lista aparecen los primeros legajos confeccionados en la historia del trolebús de Córdoba. “Nosotras no llegamos a los 30 años de aportes”, dice Viviana Gómez, con 25 años de trabajo en el trolebús.

Viviana, “Mumi”, tiene 46 años y su estado de salud no es mucho mejor que el de sus compañeras. “Este es mi segundo despido bajo el mandato de Mestre, porque tengo una tarea pasiva a raíz de que los médicos de la ART me bajaron del coche y mi situación no es rentable para la lógica empresarial. Tenemos un convenio donde se nos reconoce por siete horas de trabajo, por considerarse  insalubre y aun así no alcanza. Hay que actualizarlo y modificarlo. Pero, lejos de eso, Macri entongado con Schiaretti y la municipalidad vienen con otra historia: la intención es ampliar la cantidad de horas, como la reforma de flexibilización laboral de Brasil”.

Mumi se acerca a la ronda para hacerse escuchar mejor. Hace poco tiene una afección en la garganta y tiene que esforzar su voz. El conflicto del transporte tiene un claro trasfondo de corrupción donde se beneficia la UTA, el intendente radical Ramón Mestre hijo, y la empresa de origen correntino, ERSA (Empresa Romero SA) que está monopolizando el transporte público en Córdoba.

“Somos la mayor cantidad de despedidas: de los 183, 68 trabajadoras son de trolebuses. Nosotras somos la empresa más chica de transporte urbano de Córdoba, ocupamos solo un 6% del total, sin embargo de ese 6% han sido despedidas un 40%. En números, a ERSA, la empresa más grande, que ocupa el 70% del recorrido y del personal, les despidieron 37 trabajadores y nosotras con 120 trabajadoras nos despidieron 68”, explica Mumi.
Tres semanas antes del paro que comenzó a principios de junio contra la paritaria cerrada por UTA Nacional, las trabajadoras del trole denunciaron en el Concejo Deliberante que los subsidios al transporte eran desviados, ya que la desinversión iba en aumento. “Después se vino el paro, fuimos al frente de la marcha y gritamos demasiado. La intención de Mestre es desaparecer el sistema, por lo que ha reemplazado prácticamente en su totalidad por colectivos. Los empresarios nunca quieren mujeres, las consideran deficitarias por los embarazos, por los hijos cuando se enferman. Es un ataque a nuestros derechos, tanto por parte de Mestre como de la UTA”.

Hoy en las calles de Córdoba la flota de colectivos ERSA, está reemplazando a las otras líneas de transporte. Pero el entramado entre el sindicato, los empresarios y el poder político es lo que lleva a la situación de desgaste que están padeciendo los casi doscientos trabajadores y trabajadoras despedidas. “Los empresarios son simulacros, porque el verdadero dueño de las empresas, por ejemplo ERSA, es Mestre, socio de Romero. El gobierno municipal y provincial están asociados ilícitamente a una mafia que es UTA. Y a UTA se la compra con mucho dinero. Muchos intereses económicos y gubernamentales, poderes que se dan entre ellos, dinero que se mueve de manera ilícita, donde toda esa situación no solo la pagamos las y los trabajadores del transporte sino también los usuarios que es a donde va destinada su plata”, enfatiza Mumi.

La solidaridad vino de todas partes, de la UTA solo vinieron amenazas y extorsión.  “Han venido hasta con armas a la madrugada para levantar la carpa. El sindicato está actuando como los empresarios. No estaríamos acá si nos representaría”, interviene Graciela. “Tanto la empresa como el gremio controlan que no nos juntemos ni organicemos”, agrega.

“A mí me lo propusieron: -querés volver Mumi, andá a la punta de línea y traé cinco compañeros activos, que levanten la mano para el desafuero de los delegados y volvés a trabajar-. Yo no lo hice”.

A dos meses de no cobrar el salario, inmersos e inmersasas en extorsiones que juegan con la vida de los y las trabajadoras, la UTA consiguió el desafuero de los delegados y la situación continúa igual. Años de burocracia sindical, siendo el mismo sindicato el que se pone del lado de la patronal junto a los delegados de las empresas más importantes:  ERSA y Coniferal, funcionales a la Municipalidad y la UTA Nacional. En cambio los y las delegadas que representaban los intereses de las trabajadoras y los trabajadores perdieron sus fueros y son quienes pertenecen a TAMSE trolebuses y AUCOR.

La lucha de las mujeres es una batalla dura contra un patriarcado enquistado tan violentamente en un rubro que hegemonizan los hombres y con un sindicato que destila machismo por todos lados. Los troles llevan 28 años circulando por las calles de Córdoba y sin embargo nunca se pudo lograr que la UTA homologue en el convenio de trabajo los derechos de las mujeres. Por eso, cuando una mujer se embaraza tiene que sacar carpeta médica. “Un embarazo no es una enfermedad, pero como no estamos en el convenio la mujer tiene que sacar carpeta y sufrir un descuento salarial por eso”, expresa Mumi.

Desde el 9 de junio el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba tiene el acta donde se compromete a la reincorporación de todas y todos los trabajadores. El desgaste a que apelan tiene como telón de fondo la desinversión, principalmente, del servicio de trolebús: sacar a las trabajadoras con más antigüedad y por ende con más problemas de salud y de a poco dejar el transporte concentrado en una o dos empresas.

“En esa demora ya llevamos dos meses en la que se ha llegado a que un compañero pierda su vida, agobiado y extorsionado por toda esta situación. Muchas compañeras son sostenes de familia. Les han cortado obras sociales, hasta la cobertura médica a compañeras con hijos discapacitados. Por eso, al usuario hay que decirle que los problemas que padecen son los mismos que los trabajadores, que no debemos prestarnos a la división que ellos nos quieren generar”, enfatiza Mumi.

A la salida de la carpa el cielo ya se ve más despejado. “Mañana hacemos la olla popular”, dice Graciela al despedirse. La solidaridad de clase se condensa en la carpa como un punto de encuentro para mantener viva la lucha, “para que la gente no se olvide”, dicen. Y aparece la hermandad de reconocerse entre tantas, la fortaleza que nace ante la convicción de lo justo y la calidez de un abrazo colectivo que prologa al día para salir a guerrear al tiempo que no se detiene.

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