Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini | Fotos de Correpi

Este viernes se realizó el acto de presentación en Plaza de Mayo del Archivo Antirrepresivo 2021 que todos los años elabora la Correpi y que, con excepción del 2020 por la pandemia, tiene cita junto a familiares de víctimas, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas.

Principales conclusiones

El informe tiene datos contundentes. En primer lugar, se destaca que la cantidad de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado entre 1983 y 2021 asciende a 8172, cifra que lamentablemente se incrementa casi a diario, especialmente si contemplamos los casos que vienen ocurriendo en las últimas semanas.

Durante la actual gestión fueron 209 los casos de gatillo fácil, con algunos muy resonantes y recientes, como el asesinato de Lucas González, el jugador de Barracas Central que fue baleado en la cabeza por efectivos de la Policía de la Ciudad que se movilizaban en un auto particular sin identificación; Luciano Olivera, que fue asesinado de un tiro “accidental” en el pecho por el policía de la Bonaerense, Maximiliano González; o Elías Garay, el joven mapuche que fue ejecutado por sicarios vinculados a la empresa forestal que pretende las tierras donde habita la comunidad originaria, con el aval de la policía que liberó la zona.

En la gestión de Alberto Fernández son 981 los casos, donde sobresalen los 671 curridos en cárceles, comisarías o en lugares de detención, una de las modalidades que tuvo un rol protagónico desde el inicio de la pandemia y que representan 7 de cada 10 casos de asesinatos en manos de las fuerzas represivas, lo cual resulta llamativo si se tiene en cuenta la baja circulación de personas en la calle durante los últimos dos años.

Según explicó a Marcha María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Correpi, “hubo una triplicación de las muertes en lugares de detención, producto directo de las políticas que se llevaron adelante, desoyendo los reclamos y las advertencias que se hicieron incluso antes de que se declarara la pandemia de covid el 20 de marzo. Ya desde mediados de febrero se venían advirtiendo las circunstancias que había en cárceles y en comisarías provinciales, con personas detenidas diciendo ‘bueno, si acá entra el virus es una masacre’. Y ocurrió”.

Pero a la falta de protocolo para cuidar a las personas privadas de su libertad ante el azote de la pandemia que reconfiguró la cotidianeidad, se suman la negligencia y la violencia estatal. “El año pasado cuatro personas murieron fusiladas en una cárcel en Corrientes y en Florencio Varela, más dos en Jujuy en la represión a una protesta cuya consigna era ‘Estamos condenados a prisión, no a muerte’”, desarrolló Verdú y agregó que “a pesar de la baja de circulación de personas, que tendría que haber disminuido por falta de blancos el gatillo fácil, el incremento de la presencia policial en las calles y las mayores facultades y recursos que se les dieron con el argumento de garantizar las medidas sanitarias hicieron que el gatillo fácil siga en el mismo nivel. Medidas sanitarias que no discutimos ni cuestionamos, pero que había que lograr que se pudieran llevar a cabo con medidas asistenciales y no a punta de pistola”.

La muerte en lugares de encierro es una problemática histórica que la Correpi viene denunciando desde hace muchos años y que se vió empeorada por la situación sanitaria relacionada a la expansión en el mundo del coronavirus, pero no es la única explicación. Según la abogada, “esto va a empeorar porque no es solamente por el covid, son enfermedades que no matarían a nadie si no estuviesen en una cárcel; son los supuestos incendios donde te encontras con una reja con el candado puesto; son los supuestos suicidios, sobre todo en comisarías que, como el caso de Alejandro Martínez en San Clemente del Tuyú, termina siendo tortura seguida de muerte”.

Respecto a otras conclusiones a las que arriba el Informe Antirrepresivo, del total de casos las fuerzas del servicio penitenciario tienen una incidencia del 58.1%, la policía bonaerense el 28.64% y la Policía de la Ciudad 5.20%.

Algo que se consolida año tras año es el sector poblacional que sufre esta violencia estatal. En estos 28 años, el rango etario que más víctimas aportó fue el que va de 15 a 25 años, siendo el 38% de los casos. Sin embargo, en la gestión actual ese rango está representado por el 21.1% mientras que 35.2% de los casos no tienen datos de edad, lo cual se explica por los asesinatos en prisiones o comisarías, dependencias que no aportan esa información.

Por otro lado, desde 1992 hasta hoy se registran 423 femicidios, donde se destacan los casos de intrafuerza/intrafamiliar (373) y gatillo fácil (28). También hay 11 casos de transfemicidios y travesticidios.

Otro de los datos contundentes es que la gestión que más asesinatos a manos del Estado tuvo es la de Cristina Fernández de Kirchner, que representa un 33% del total, seguida por el 24% de Mauricio Macri, aunque hay que tener en cuenta que tal violencia desplegó el macrismo que alcanzó esta incidencia habiendo gobernado un tercio del tiempo que la expresidenta.

Por último, a 20 años de la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Fernando De la Rúa sigue encabezando la lista de víctimas en protestas sociales: son 45 casos en tan solo dos años de gestión.

La coyuntura como dinamizadora de la represión

La Correpi viene presentando sus informes desde hace 25 años. El inicio del gobierno de Alberto Fernandez tuvo algunos gestos alentadores en torno a esta problemática. La asunción de Sabina Frederic al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, una académica que se instruyó en el estudio contra este tipo de violencias, tuvo su comodato cuando a pocas semanas del inicio de su gestión recibió a la Correpi y a otros organismos de Derechos Humanos. En esa reunión se planteó la agenda urgente que había que abordar, luego de 4 años de un gobierno macrista que hizo bandera de la violencia estatal. Las respuestas no se hicieron esperar: la derogación de las leyes represivas promovidas por Patricia Bullrich y el gobierno de Macri se concretaron.

Sin embargo, ese gesto inicial se vio trastocado por el inicio de la pandemia, el consecuente aislamiento y el incremento de las víctimas en cárceles, comisarías y demás situaciones de encierro, como lo indicamos anteriormente.

Luego de las PASO en septiembre, el retroceso se consolidó de cara a la asunción de Anibal Fernández como nuevo ministro de Seguridad, uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y promotor de la teoría de que, en aquellos años, “los piqueteros se mataron entre ellos”. Las medidas de esta nueva gestión ministerial se centraron en reforzar de tropas en distintos puntos del país, como supuesta “solución” al gravísimo problema del narcotráfico.

El FMI y el futuro próximo

Es fundamental el rol que juega el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la concreción de políticas públicas y la soberanía de la Argentina. Desde el 10 de diciembre de 2019, el gobierno tuvo la tarea de resolver la escandalosa deuda tomada por Mauricio Macri, la más grande en la historia de la entidad financiera. El covid cambió drásticamente los planes del gobierno, como sucedió en todo el mundo, pero el pago de la deuda ilegítima parece que nunca se puso en duda.

Mucho se ha escrito sobre las exigencias que este escenario implicaría, en términos de recortes en salud, educación, programas sociales y subsidios. Pero hay que agregar, además, las consecuencias en materia represiva que podría tener el ajuste que pretende el Fondo. Para Verdú, “que no se reconozca que la deuda es con el pueblo y no con el Fondo Monetario Internacional va a profundizar la situación de crisis y eso va a tener como respuesta, necesariamente, más represión. Lo estamos viendo en este mismo momento en Chubut y en un montón de lugares del país donde se están generando protestas y reclamos y donde la respuesta es la represión. No nos olvidemos de Guernica”.

Pero la Correpi no se queda solo en la denuncia y, como lo hiciera en su momento con Frederic, sigue pugnando para que se concrete la agenda antirrepresiva urgente. Como explicó la referente de la organización, “son medidas que no van a cambiar el sistema pero que podría tomar cualquier gobierno, éste o cualquier otro, si tuviera la decisión política de tratar de disminuir un poco la letalidad de las fuerzas en la calle. Por ejemplo, si la policía de civil estuviera sin el arma reglamentaria, bajaría al 50% el gatillo fácil. O si el policía en funciones no tuviera el arma en condición de disparo inmediato, también disminuirían sensiblemente los casos en que intervienen de uniforme, como el de Luciano Olivera en Miramar. Y si cumpliese algún gobierno la sentencia que desde hace 18 años espera la Corte Interamericana que se acate, que prohibió todo el sistema de detenciones arbitrarias, detenciones contravencionales, averiguación de antecedentes, razzias, etcétera, no hubiera desaparecido y muerto Lautaro Rosé, no hubiera muerto Alejandro Martínez en San Clemente, no hubiera muerto Eric Valdéz en Concordia la semana pasada”.

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El 19 de abril de 1991 Walter Bulacio se convirtió en un emblema de la lucha contra el abuso policial. Sólo era un ricotero que iba a ver a su banda. Solo era un pibe, como muchos otros. Las razzias de los noventa se ensañaron, al igual que las balas policiales, con esos pibes. A 29 años de su asesinato en manos de la policía, traemos algunas palabras de la abogada de su causa.

Por María del Carmen Verdú*

Otoño de 1991. Semana Santa ya había pasado, con días templados. Abril empezó igual, con sol y buen tiempo. El primer frío vino la noche del viernes 19, algo que siempre angustió  a María Armas de Bulacio. “Habrá tenido frío en el calabozo”, decía cuando pensaba en las últimas horas de conciencia de su nieto, ese pibe de 17 años que la iba a parir como una luchadora contra la represión estatal por más de 20 años.

En estos 29 años hubo varios intentos de reconstruir, por escrito, para la pantalla o el escenario, el Caso Bulacio. Muchos proyectos quedaron en el camino o resultaron insulsos y deformados folletines. Sólo uno pocos –como la reciente puesta teatral “Muerte Accidental de un Ricotero”- lograron sintetizar la complejidad de las alternativas procesales, el infierno de “chicanas”, la aridez de las decisiones -o indecisiones- judiciales y el fragor de la movilización popular que convirtió al pibe rockero de Aldo Bonzi en ícono de la lucha antirrepresiva.

La historia de la detención, tortura y muerte de Walter David Bulacio empezó con el operativo policial en el estadio Obras la noche del 19 de abril de 1991 y terminó el 26, con su muerte en el sanatorio Mitre. Pero en el curso de esa semana, el nombre y la cara de Walter ganaron las calles. La primera marcha, cuando el pibe todavía estaba en coma, fue convocada por la comunidad educativa de su colegio, el Nacional Rivadavia, en la Avenida San Juan.

En la segunda marcha, contrariando a quienes propugnaban caminar en silencio, un grito se hizo unánime, y se quedaría para siempre: YO SABÍA, YO SABÍA, QUE A WALTER LO MATÓ LA POLICÍA. Han pasado 29 años, pero en las canchas de fútbol, en los recitales, en las marchas contra el gatillo fácil o en los escraches a comisarías, más temprano que tarde, se escucha esa consigna, a veces cambiando el nombre de Walter por otro, a veces generalizando “a los pibes los mató la policía”. Hoy gritan Yo sabía… chicos que no habían nacido cuando mataron a Walter, pero que saben, saben porque no necesitan que nadie les explique cuál es el rol de la policía, porque lo viven en su propio cuero cada día de su vida.

La historia de Walter es también la nuestra como organización. Martha Ferro, trabajadora de prensa, luchadora socialista y feminista, conocía el pequeño y desordenado grupo de militantes que éramos entonces, y presentía la potencialidad que podía tener una organización en la que tratábamos de fundir el activismo con las familias de las víctimas, encarando todos los posibles escenarios de intervención antirrepresiva. De su mano, Víctor Bulacio y su mamá, Mary, se sumaron a CORREPI, decididxs a encarar colectivamente la lucha en tribunales y en las calles. Fue la puntada final en el principio de nuestra propia historia, que había comenzado unos años antes junto a lxs familiares del Negro, Willy y Oscar de Ingeniero Budge, de Francisca, la mamá de Agustín Ramírez y de Estela, la mamá del “Peca” Rivero.

Desde el primer momento estuvo claro cuál era el eje de la movilización popular por Walter. Las consignas contra las detenciones arbitrarias de los edictos policiales y la averiguación de antecedentes, el gatillo fácil y las torturas en lugares de detención surgieron y se extendieron masivamente. Era algo que siempre había estado ahí, invisibilizado y naturalizado, que estallaba con una dinámica sin precedentes.    

Sofía Tiscornia, en su tesis doctoral sobre el Caso Bulacio, comparó la acción que desarrollamos con el niño del cuento de Andersen, ese que, “en el momento culminante de la ceremonia en que el Emperador exhibe su investidura a los súbditos, ‘descubre’ enunciándolo, que el rey está desnudo”, y nombra eso que existía, “lo que todos sabían pero, por muy diversas razones e intereses, no estaban dispuestos o capacitados para enunciar”, para que no se advirtiera que “tras las ropas imperiales solo hay puro poder de violencia fundadora de derecho”.

Aquí no se trataba de reyes, pero sí de ropajes imaginarios que encubren los mecanismos de control social y disciplinamiento que garantizan, desde el poder, la gobernabilidad de un sistema fundado sobre la explotación y la opresión de las mayorías sojuzgadas.

Veintinueve años después, creemos que no es el momento de repasar los hechos de esa semana de abril, ni de volver sobre las increíbles vicisitudes de una causa penal que, después de más de dos décadas, y sentencia de la Corte IDH mediante, llegó tarde y mal a un juicio oral que sólo debatió la detención ilegal en cabeza del comisario Miguel Ángel Espósito, apenas si uno de los engranajes del sistema, que recibió una condena menos que simbólica. Todo lo que se quiera saber sobre los hechos y la causa ya lo hemos dicho, escrito y publicado.

Hoy, el aniversario de la detención, tortura y muerte de Walter, nos encuentra en medio de una situación de excepción, tratando de revelar el alcance y gravedad de las consecuencias represivas de la batería de medidas implementadas frente a la emergencia sanitaria. En este abril inusual, no podemos estar en la calle para gritar que lo mató la policía y que el estado es responsable, ni para levantar, junto al de Walter, los nombres y rostros de las miles de víctimas de la represión de todos los días. En este abril, sin embargo, es la misma lucha.

Como el 24 de marzo, como el próximo 30 de abril, cuando se cumplan 43 años de la primera ronda de las Madres, este abril no salimos por Walter, pero nos movilizamos y actuamos, con todos los medios disponibles, porque los motivos de lucha se multiplican.

Por Walter y por todxs, contra la represión, ¡Organización y lucha!

*Publicada originalmente en CORREPI el 19 de abril

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Por Redacción Marcha / Foto: Alejandra Malcorra

A diez días de las elecciones primarias, P.A.S.O, gran parte de los movimientos y partidos políticos volvieron a ocupar esas calles que, durante los últimos tres años de macrismo fue espacio político de disputa. Por fuera de las acciones propias de la agenda feminista, la Plaza de Mayo no desbordaba desde el paro del 30 de abril y luego de la histórica marcha del 24 de marzo. En año electoral, las tensiones existentes se fueron negociando por otros medios que no necesariamente utilizan a la calle como espacio político. Mientras nos íbamos enterando –e indignando- por las distintas hostilidades cotidianas, vimos cómo las mismas se fueron resolviendo desde las redes sociales y especulaciones electorales. 

Pero, ¿quién logró convocar a las y los miles que ocuparon la Plaza durante la tarde de ayer? Fueron las y los familiares, nuestras Madres, Santiago. Una historia de impunidad que no cierra para ninguna de las banderas políticas que se oponen al macrismo. Un activista anarquista que defendía, junto al pueblo mapuche, los territorios políticos y ancestrales de la Pu Lof Cushamen. Santiago, asesinado por las fuerzas represivas del macrismo es hoy la figura que (nos) convoca y obliga a salir. Santiago, demuestra que este pueblo tiene memoria y que más allá de la coyunturas hay paradigmas con los que nadie se puede meter. La palabra autorizada de familiares y organismos de Derechos Humanos en tiempos electorales sentaron, durantes estos años, los límites del “hasta donde” al macrismo.

Así lo advirtió Sergio Maldonado desde el escenario, ante el aplauso de las miles de personas que se acercaron a Plaza de Mayo, y en el que no será el último reclamo por justicia para Santiago su hermano: “El 1 de agosto del año que viene nos volveremos a ver acá mismo. No habrá justicia hasta que sepamos dónde están todos los desaparecidos en democracia. Basta de represión, de gatillo fácil, de femicidios y travesticidios. No necesitamos el Servicio Cívico Voluntario, los pibes necesitan salud y educación. Santiago, anarquista, luchador, caminante solitario, fue un ser libre y solidario. Santiago no especulaba con las fechas electorales para ser solidario. Sobre todo fue y seguirá siendo mi hermano. No al cierre de la causa, basta de impunidad”.

Santiago Maldonado es un grito de denuncia. Al lado de las Madres, con un pañuelo verde y el puño en alto. “Santiago estuvo desaparecido 78 días para amedrentar, aleccionar y para que la muerte se naturalice en manos de sus fuerzas”, dijo Sergio Maldonado: “El 25 de noviembre, mientras se velaba el cuerpo de Santiago la Prefectura asesinaba a Rafael Nahuel. Al ver que acá hay un montón de gente que viene a apoyar, que sigue manifestándose, y necesita que se resuelva lo de Santiago porque dejarlo impune naturaliza, deja un patrón que la impunidad sea lo que nos gane”.

Y es que Santiago nos propone una lucha atemporal que no se limita a la división de años por periodos electorales. La coyuntura, para él, se ponía en juego cuando había que defenderse de algún desalojo. Estar donde había que estar sin cálculos electorales. Quizás por eso la Plaza volvió a ser epicentro de lucha. Santiago como un nuevo símbolo de unidad de quienes gritan(amos) que las y los desaparecidos son 30 mil, que a Luciano Arruga lo mató la policía de Daniel Scioli y que a Santiago Maldonado lo desapareció y asesinó la Gendarmería de Patricia Bullrich.

Foto: Emiliana Miguelez

Un entramado estatal para garantizar la impunidad 

“Desde el Estado se está haciendo todo lo posible en sus distintos estamentos, no solo para que la causa sea archivada, sino también por conseguir que la Gendarmería sea reivindicada”, declaró Myriam Bregman a Marcha. “Las leyes están hechas para los poderosos, para que a la cárcel vayan los pobres y los ricos queden impunes por sus crímenes contra el pueblo”, agregó, “y este caso en particular no escapa de esa lógica”.

“La decisión del juez Gustavo Lleral de cerrar la causa de desaparición forzada y muerte de Santiago (Maldonado) no resiste ningún análisis técnico ni lógico”, afirmó María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) a Marcha. “En ningún momento se analizó algo tan básico y central como que la desaparición se produce en el marco de un operativo de Gendarmería”, agregó, analizando que es una forma de operar histórica que tienen jueces y fiscales para “desresponsabilizar al aparato estatal”. “Es una vieja maniobra, pero no por vieja menos efectiva. Por eso una de las consignas central de hoy es ´No al cierre de la causa´”.

“El caso de Santiago es fundamentalmente representativo de una modalidad que, si bien no empezó con él, ni empezó con Jorge Julio López, ni con Luciano Arruga, tenemos más de 200 desaparecidos y desaparecidas en democracia en manos de las fuerzas de seguridad”, contextualizó Verdú, quien realizó hincapié en que la represión que mató a Santiago fue “en el marco de un operativo represivo a un conflicto social tan paradigmático y central como es la reivindicación de los territorios ancestrales de los pueblos originarios, especialmente en la Patagonia y en la Pu Lof Cushamen que venía sufriendo desde antes este tipo de embates”. 

“En las principales represiones la Gendarmería tuvo un rol protagónico, participando directamente o como apoyo de otra fuerza nacional o provincial”, declaró Myriam Bregman, abogada de Derechos Humanos. “La Gendarmería es una fuerza que durante toda la dictadura fue armada por y subordinada al Ejército. Es una fuerza completamente militarizada, con el viejo espionaje como hemos denunciado en el Proyecto X. Es una fuerza que cumple o sustituye el rol que cumplían las fuerzas armadas en otro momento en la seguridad interna”, agregó. Recordamos además que fueron las fuerzas armadas quienes en época de dictadura estuvieron subordinadas a los grandes intereses económicos que hoy nuevamente están al frente del gobierno por la vía electoral y que nunca fueron juzgados. 

En campaña electoral: macrismo y represión explícitos 

“Solo con mucha movilización se logró que esta causa se abra”, dijo Bregman, analizando los contextos que no le ganan a la organización: “solo con movilización y lucha de la familia se logró instaurar que Santiago estaba desaparecido, que sufrió una desaparición forzada y que, para que esa causa avance, vamos a seguir movilizados”. 

“El período electoral marca su impronta en todas las causas vinculadas a las luchas sociales y políticas”, analizó Verdú. “Por ejemplo, en el caso de Daniel Ruiz, preso desde septiembre del año pasado por participar de las movilizaciones contra la reforma previsional, ya debería haberse hecho su juicio; sin embargo, el Tribunal viene dilatándolo porque precisamente no es un juicio que quieran hacer en campaña electoral”. Y agregó: “tenes preso a Daniel Ruiz por tirar una cañita voladora y tenes en libertad a policías imputados de homicidio calificado, como (Giuliano) Fattori, autor del fusilamiento de Leo Sotelo”, un pibe de 19 años asesinado en 2016 en Burzaco. 

Foto: Emiliana Miguelez

Santiago vive 

El Brujo, el Lechuga, el Ardilla o el Viquingo. Así lo conocían a Santiago Maldonado sus compañeros y compañeras en las distintas luchas a las que se acercó. Luchó contra la injusticia sin fronteras y por eso hoy, además de resignificar una fecha que nos es triste, celebramos que Santiago se transformó en un símbolo de respeto. Lejos de las especulaciones políticas y electorales. El se solidarizó con los presos por los saqueos de Bariloche, luchó en las asambleas y barricadas de Chiloé, cortó la ruta 40 por la liberación de Facundo Jones Huala, entre tantas acciones solidarias contra la vulneración de derechos.

“Es parte de una muy buena tradición de nuestro pueblo no permitir que estos crímenes queden impunes”, dijo Bregman, ”porque es un pibe, porque las víctimas las pone el pueblo, porque son jóvenes, como Maxi y Darío, todos pibes y pibas que siempre salieron a luchar y que sufrieron las políticas represivas”. Para Verdú, “la desaparición forzada de Santiago logró algo que hace mucho tiempo no concretábamos, la movilización unitaria de todos los sectores vinculados a la defensa de los Derechos Humanos”.

Por eso y por más, Santiago vive en la lucha. Porque lxs brujxs no mueren.

Foto: Leo Crovetto

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En los últimos días, diferentes fuerzas de izquierda vienen haciendo un llamado a la unidad de cara a las próximas elecciones. Aquí, un aporte para allanar el debate.

La unidad de la izquierda es mucho más que un concepto. Es una realización política que varios sectores de la población, así como organizaciones sociales y políticas, vienen exigiendo e intentando construir. Los impulsa la necesidad de crear una herramienta transversal e inclaudicable para el bien común del conjunto de las personas.

Este año electoral presenta un escenario de lo más desfavorable para la clase trabajadora desde la vuelta a la democracia. Es por eso que diferentes organizaciones y partidos políticos abrieron el necesario debate para lograr la unidad.

El rearmado progresista y peronista

A pocos meses de las elecciones generales, que en el caso de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires serán simultáneas con las nacionales, el macrismo cuenta con un aparente núcleo duro de electores y electoras nada despreciable, poniendo al peronismo (su principal competidor en las urnas) en el complejo lugar de rearmarse.

Aunque la historia del peronismo en general, y del Partido Justicialista (PJ) en particular, conoce de manera acabada el rejunte electoral, el profundo distanciamiento que muestran los sectores encabezados por el senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto o el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, de su otrora líder Cristina Fernández de Kirchner, indica que la mentada unidad del peronismo está distante. Esta situación coloca al PJ en un incómodo lugar de marginalidad (nuevamente).

CFK viene trabajando a diestra y siniestra incluso contra su personalismo, mostrando claros acercamientos a los sectores de la burocracia de la CTA y la CGT (con la cual terminó su mandato muy distanciada) y con algunos sectores del peronismo duro como Felipe Solá, ex funcionario del kirchnerismo y gobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 2002. Solá es uno de los máximos responsables políticos de la Masacre de Avellaneda donde asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

En este contexto, donde abundan los sapos y las traiciones pero se hace necesaria la unidad para derrotar a Macri, se inserta un nuevo actor que es el progresismo, que llega a sumarse a esta variante electoral luego de claudicar en su antiguo horizonte de construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Juan Grabois es su referente más mediático, aunque la construcción cuenta con el conjunto del Frente Patria Grande, con sus dos facciones referenciadas en Itaí Hagman (Capital Federal) y Martín Ogando (Nacional).

Todo este armado nace bajo la tutela del establishment, con el Papa Jorge Bergoglio, cómplice durante la última dictadura cívica, militar y clerical en Argentina, y que hoy brinda su apoyo a cambio de la contención de los pañuelos celestes y su corriente anti-derechos. A él se suman el Fondo Monetario Internacional, que se aseguró que esta variante al macrismo no ponga en riesgos sus negocios; la burocracia sindical, que en más de tres años de Cambiemos brillo por su quietismo y acuerdos paritarios a la baja así como la no defensa de los miles de puestos de trabajo en todos los sectores; y, por supuesto, el empresariado nacional e internacional que, incluso durante la década ganada, fueron los grandes victoriosos.

Un llamado urgente

La situación adversa a la que está siendo sometida la clase trabajadora durante la gestión que encabeza Mauricio Macri, sumado a que la alternativa electoral más firme parece ser un rearmado que nace sin un horizonte esperanzador, pone de manifiesto, como nunca antes desde el año 2001, que se requiere de una propuesta política realmente emancipadora.

En ese contexto, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), una de las fuerzas políticas que integra el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), hizo un llamamiento a la unidad con una convocatoria específica a Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad (AyL), y a “otras fuerzas” en general. El llamado fue bien recibido por Zamora, un referente histórico de la Ciudad pero que ha mostrado muchos límites para esta discusión. Adelantó que analizarían la propuesta que, según dijo, requiere de unidad en todos los frentes y no sólo el electoral.

Dos de los interpelados fueron el Nuevo Mas y el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), quienes en el 2017 se presentaron en paralelo al FIT con el armado electoral Izquierda Al Frente. En el primer caso, respondieron que están a disposición de establecer acuerdos, aunque habrá que esperar la predisposición de ambos lados donde se deberá mostrar la mayor generosidad posible. Algo más complejo es la situación del MST, quien según el FIT deberá revisar sus planteos políticos que han incluido alianzas más cercanas al progresismo y el peronismo.

Finalmente, en este mismo sitio se expresó María del Carmen Verdú, referente de Poder Popular, promoviendo la necesaria y posible unidad desde su espacio político que ya en 2017 había integrado las listas del FIT en C.A.B.A., provincia de Buenos Aires y algunos municipios.

Aún están pendientes los posicionamientos de algunos espacios, tradicionalmente vinculados a este sector, como el Movimiento de los Pueblos que ha mostrado algunos gestos o Pueblo en Marcha que, si bien en 2017 conformó un frente con Proyecto Sur de Pino Solanas, en 2015 había integrado las listas del FIT.

Hacia la unidad real

La unión de los partidos políticos, organizaciones sociales y todos los sectores que persiguen una salida definitiva al Capitalismo es una necesidad histórica. ¿Por qué la unidad de la izquierda es más urgente que nunca?

La arena electoral nunca ha sido (o no debiera ser) la instancia de participación estratégica de todos aquellos espacios que se proponen terminar con este sistema voraz. Sin embargo, las elecciones suelen ser el común denominador de la participación en democracia y, aunque es territorio ajeno, no pueden omitirse.

El hecho de que las organizaciones revolucionarias decidan participar de esta contienda no puede hacerse si no es en la mayor unidad posible y con un programa que realmente se plantee transformar todo. La pobreza crece al igual que la indigencia como resultado del desempleo y la precarización laboral. Falta la comida y sobran las penurias, en un sistema que niega educación y salud pública de calidad.

El gobierno de Mauricio Macri vino a profundizar este rasgo empobrecedor inherente al Capitalismo. Sin embargo, ninguna alternativa tibia o conciliadora puede dar respuestas concretas a estas demandas.

Por esta razón, es fundamental que en las elecciones de este año, de una vez y para siempre, se presente una lista unitaria de la izquierda que levante todos los reclamos de las y los trabajadores, que sea realmente feminista y socialista.

El rasgo que no se debe obviar es la necesidad de que ese programa emancipador sea transversal. La contienda electoral no es la verdadera arena de lucha contra los verdugos del pueblo. Por este motivo, cada vez se hace más necesaria la unidad en los sindicatos, en los puestos de trabajo, en las universidades y en todos los lugares donde haya una demanda del pueblo trabajador.

Es saludable la iniciativa y predisposición de varios espacios de izquierda que se proponen poner en pie una alternativa al gobierno del ajuste y la represión de Cambiemos y a la variante progreperonista que adelanta no meterse con los poderes establecidos, responsables y cómplices de la profunda desigualdad que hay en el país.

La unidad es necesaria y es posible.

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Durante las últimas horas han surgido distintas declaraciones de referentes de la izquierda planteando la necesidad de alcanzar una unidad mayor de cara a las próximas elecciones. Dirigentes del PTS en el FIT llamaron explícitamente a Luis Zamora (AyL) y “otras fuerzas” a conformar lista única en la Ciudad de Buenos Aires, frente a lo cual tanto referentes del MAS como el MST se pronunciaron a favor de sumar esfuerzos por concretar dicha unidad.

El planteo de una lista unitaria de la izquierda es por demás acorde a la situación política que atraviesa un país en crisis, con una inflación acumulada del 47%, el aumento de la pobreza al 33% y la desocupación de más de 2 millones de personas, mientras continúan los tarifazos y despidos. Frente al fracaso económico de Cambiemos que responde al programa del FMI, se apuntala la campaña electoral a tiro limpio, a punta de pistolas Taser y medidas como la baja en la edad de imputabilidad. El gobierno que batió todos los récords de los últimos 35 años en materia represiva prepara así su camino a las urnas… Si a esto sumamos la enorme polarización que se sucederá con el Kirchnerismo/Peronismo de cara a octubre, todo indica que el planteo de la izquierda anticapitalista se verá obligada no sólo redoblar esfuerzos para defender su caudal de votos ganados, sino que deberá sumar diferentes expresiones de lucha que defiendan un programa que enfrente las políticas de hambre y saqueo de Cambiemos y el FMI. En este sentido, la referencia ganada del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) es un piso desde el cual poder trabajar, ya sea por su ampliación o alianza con de otras fuerzas que defiendan su propuesta política que se estructura fundamentalmente alrededor del “no pago de la deuda externa, tirando abajo el acuerdo con el FMI y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”.

En nuestro caso desde la Corriente de Izquierda Poder Popular, integramos las listas del FIT en las elecciones legislativas del año 2017, un antecedente favorable en el marco de la fragmentación general de la izquierda, pero que de seguro en la próxima contienda electoral merece ser superado con una mayor integración e incorporación de otras organizaciones, oponiéndonos con un solo puño al macrismo y los gobernadores.

Una campaña unitaria de la izquierda nos permite pensar no sólo defender lo conquistado, sino dar un verdadero salto cualitativo en poner en pie una alternativa de lxs trabajadorxs basada en los reclamos de los sectores más postergados, de las mujeres y disidencias y de la juventud, postulando salidas de fondo que alcancen a millones de trabajadorxs.

El desafío está planteado, y exige los mayores esfuerzos de quienes hace varios años, pero fundamentalmente desde que Macri asumió el gobierno, hemos dado respuesta a cada ataque al pueblo trabajador, sin dejar de plantear la necesidad de alcanzar un gobierno de los y las trabajadoras.
 

* Referente de la Corriente de Izquierda Poder Popular y CORREPI.

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Días antes de la Cumbre del G20, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dictó una resolución que amplía los casos en que se permite el uso de armas de fuego por los integrantes de las fuerzas represivas federales. Ante esto, el vocero oficial del ministerio aclaró que era una medida extraordinaria para garantizar la seguridad de los visitantes extranjeros; sin embargo, la Resolución 956/2018 fue publicada en el Boletín Oficial.

La Resolución fue fuertemente repudiada por organismos de Derechos Humanos y de la lucha antirrepresiva, problemática que se llevó la vida de una persona cada 23 horas en el año 2017, y este año se estima que será superior. Todas pobres y sin acceso a la mal llamada justicia. “El gatillo fácil es ley”, tituló CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, a la declaración que publicó apenas se conoció la reforma. “La norma hoy publicada en el Boletín Oficial habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”, afirman. “Esos intentos de justificar el tiro por la espalda o la nuca contra una persona desarmada, hoy, Cambiemos mediante, son ley en Argentina”, agrega el comunicado.

Solamente la semana pasada, antes de la Cumbre del G20 y con 24 hs. de diferencia, hubo dos asesinatos a manos de las fuerzas represivas. Uno en La Matanza y otro en Córdoba. Las víctimas pertenecían a los sectores más vulnerables. A las pocas horas de firmarse ya se conocía otro nuevo caso.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por abuso de autoridad, dado su carácter de funcionaria pública, ya que la decisión política de ampliar el uso de las armas vulnera principios constitucionales y tratados internacionales a los que el Estado argentino adhiere. Además, la Resolución del Ministerio de Seguridad no tiene la capacidad de modificar el Código Penal ni las disposiciones del sistema internacional de Derechos Humanos por lo que los integrantes de las fuerzas represivas que pretendan amparar su accionar bajo esta resolución no podrán invocarla en el proceso penal. Este sistema de jerarquías no se deroga por una Resolución siendo también una provocación más de parte del gobierno de Mauricio Macri y de la funcionaria. La Resolución nos vuelve a todas y todos sospechosos de haber cometido un delito. “La presunción de inocencia, principio rector que confiere el Código Penal pretende ser derogado y las fuerzas de seguridad parecen tener el derecho juzgar por lo que interpretan de lo que ven”, expresó Maria del Carmen Verdu.

En las últimas horas de ayer, la justicia hizo lugar a un amparo presentado por varias personas referentes de Derechos Humanos, decretando como inconstitucional e inaplicable el reglamento en la Ciudad de Buenos Aires. Será importante como sigue en las diferentes instancias judiciales así como también si se continúa la misma vía para el conjunto del país.

Cronología de la represión

Desde que se inauguró la etapa democrática los casos de gatillo fácil se vienen incrementando año a año. Ningún gobierno fue la excepción y tampoco fue capaz de contener a las fuerzas de seguridad.

El gobierno actual lleva el triste ranking de estar en primer lugar en el amparo del accionar ilegal de las fuerzas de seguridad. La construcción de un enemigo interno peligroso que necesita ser reprimido es la hipótesis necesaria para reprimir cualquier intento de resistir a una política que castiga a quienes menos tienen. Fue la misma lógica reglamentarista que se usó durante la última dictadura cívico-militar-clerical para perseguir, torturar, desaparecer y matar a luchadores y luchadoras populares y es la cristalización de la Doctrina Chocobar, la persecusión seguida de muerte de Santiago Maldonado o el fusilamiento de Rafael Nahuel.

La madre de Juan Pablo Kukoc, asesinado por el policía Luis Chocobar, expresó frente a esta Resolución que “Van a matar a los pibes pobres como perros, habilitaron la pena de muerte en Argentina”. Recordemos que Chocobar fue felicitado por el presidente Mauricio Macri por el asesinato y luego la justicia confirmó la autoría del hecho delictivo.

En una entrevista a María del Carmen Verdú (AM 830), referente de Correpi y reconocida por su intervención en defensa de los excesos de la fuerza de seguridad, fue consultada respecto de la Resolución. Allí expresó que “La única mirada que se puede tener como una persona de bien, es que esta Resolución habilita a dispararle a una persona desarmada, habilita a tirarle por la espalda, habilita a tirar en una serie de circunstancias. Como explica la Resolución, pueden ser otras las circunstancias, porque no se trata de una enumeración taxativa y lo que deja en la esfera de las propias fuerzas es determinar qué es una situación de peligro inminente o qué es el indicio o gesto inequívoco de peligro. Esa enumeración de distintas circunstancias es una especie de resúmen del menú de excusas habituales de policías, gendarmes, prefectos, etc. en los juicios: eso de pensó que tenía un arma. En el juicio del policía Otero, condenado hace un mes y pico a prisión perpetua, el policía dijo: ‘yo estaba seguro que estaban armados, porque le ví algo en la mano y era un celular con el que estaba jugando el más chico de los tres que estaba sentado en el asiento de atrás mientras los perseguía’”. Además, Verdú aseveró que “Carla Céspedes la policía exculpada escandalosamente después de fusilar a Ariel Santos cuando intentaba escapar en la moto, después de haber intentado robar un supermercado dijo que sintió que había una silueta a su lado -que en el video se ve claramente que no estaba- y que el muchacho hizo un movimiento con el brazo que le dio la impresión que iba a sacar un arma. Cuando lo fueron a ver, después que lo había acribillado no tenía nada en el bolsillo. No hay tal indefensión de los policías que argumenta Patricia Bullrich porque tenemos más de un muerto por día por gatillo fácil, hasta noviembre de 2017. Si voy a cuidar la sociedad pegando un tiro por la espalda al primero que se me cruza y me resulta sospechoso entonces definamos que es sociedad, porque por lo menos al segmento que sufre esta represión no se lo está cuidando. Facundo Ferreyra tenía 12 años, iba en una moto que no paró en un control policial, eso técnicamente es fuga, tiro por la nuca, aplauso medalla y beso a partir de esta resolución”.

Consultada respecto de la legalización de la doctrina Chocobar, expresó que “esta Resolución es convertir el gatillo fácil en ley, porque lo que Bullrich llamaba nuestra nueva doctrina (en relación al caso Chocobar) confrontaba en la caracterización con la justicia, pero esta Resolución lo que habilita es a sacar un arma. La gravedad de esta Resolución es que deroga toda resolución contraria y de pactos internacionales que le ponían un límite al accionar de las fuerzas de seguridad. Esta Resolución no es constitucional, pero nuestra doctrina permite invocarlo con el caso concreto y no antes, por eso estamos convocando a defendernos de esta verdadera legitimación del gatillo fácil en la calle con movilización con lucha organizada. Pasado mañana (por el jueves) vamos a estar en la calle con las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora con dos exigencias: el repudio y exigencia de anulación de esta Resolución y el repudio y exigencia de reapertura de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado”.

El contexto

Más allá de la Resolución en sí y todo lo que se viene exponiendo hasta el momento, es importante destacar la coyuntura en que se da.

La gestión macrista está claramente atravesada por el ajuste, los tarifazos, desempleo, inflación, entre algunos de los problemas que aquejan al pueblo trabajador. Esto es producto de un plan específico en términos políticos y económicos que tienen una gran impronta en relación a la sumisión del gobierno frente al capital extranjero. Por esta razón y teniendo en cuenta que la receta cierra con represión, es que la gestión de que encabeza Mauricio Macri pone de relieve la criminalización de la pobreza y la protesta social, como si de allí surgieran los responsables de la crisis por la que atraviesa el país.

Esta resolución se enmarca, además, en un presupuesto 2019 que se ajusta en las necesidades populares pero aumenta la inversión en fuerzas represivas y tecnología para Seguridad. El terreno se termina de allanar con una justicia cómplice que se hace la distraída como en el caso de Santiago Maldonado o demora en las investigaciones de los militantes de la CTEP asesinados días antes de la Cumbre del G20. Cuando le preguntamos a María del Carmen Verdú a qué se debe este plan, sentenció: “Todo esto se da en un contexto y objetivo claro: el plan de ajuste y represión del gobierno que se puede realizar con la orden a las fuerzas de seguridad de que vayan a fondo y garantizando impunidad”.

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Frente a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de incorporar las FFAA a tareas de “seguridad interior”, medida extrema para sostener el ajuste exigido por el FMI que genera el repudio de amplísimos sectores populares, cientos de personas y de organizaciones se movilizaron con una consigna clara: Ni un milico en la calle.

“Es importante que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la seguridad interior”, disparó el presidente en la conferencia de prensa organizada en Campo de Mayo, lugar donde funcionaron cuatro centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. El anuncio, que había sido anticipado por el ministro de Defensa la misma semana que se confirmaron los acuerdos con el FMI, coincidencia que nada tiene de casual, viene a completar el escenario que hace meses venimos definiendo como “estado de excepción” en materia represiva en el país.

La sola enunciación de que los militares dejarán sus cuarteles para tener presencia en el territorio nacional, fue suficiente para desatar el repudio generalizado. El diario Ámbito Financiero tuvo que congelar el acceso a los resultados de la encuesta cuando más del 80% de sus lectores contestaron un rotundo “NO” a la pregunta “¿Estás de acuerdo con que las FFAA actúen en cuestiones de seguridad interior?”. Es que, en la conciencia popular colectiva, “seguridad interior” y “fuerzas armadas” en una misma frase significan una sola cosa: más represión, y el pueblo no está dispuesto a tolerarlo sin protestar.

A partir de esta situación, ayer una multitud acompañó la ronda de las Madres en Plaza de Mayo primero, luego la lectura de la declaración del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) para luego confluir en las puertas del Ministerio de Defensa, enmarcado por una amplia diversidad de organizaciones sociales y políticas. Una clara iniciativa de los sectores populares que ya vienen sufriendo las políticas de hambre y ajuste por parte de Cambiemos.

Un objetivo definido

No hay espacio para dudas en cuanto a las tareas que el gobierno de Cambiemos quiere asignar al ejército, la fuerza aérea y la marina. Macri habló de “apoyo logístico en la zona de frontera”, lo que, como explicó el ministro de Defensa Oscar Aguad hace más de un mes, tiene como fin “liberar gendarmes” para desplazarlos a “zonas calientes” (es decir, en conflicto) del resto del país. Pero el presidente dio más precisiones cuando mencionó la intervención “en eventos de carácter estratégico”, como las inminentes reuniones del G20 con la presencia del mismísimo Trump en nuestro país; la “protección de objetivos estratégicos”, es decir, la defensa de las inversiones capitalistas vinculadas al saqueo de nuestros bienes comunes, como Vaca Muerta o los acuíferos, y “el desafío del ciberespacio”, en clara referencia a la reiterada preocupación del gobierno por el espionaje informático.

Para que los militares puedan llevar adelante sus nuevas tareas, el presidente aseguró que habrá “recursos extra presupuestarios” esos que no aparecen para salud, vivienda o educación- para más sueldos y reequipamiento logístico.

La letra del decreto habla eufemísticamente de “proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país”, argumento que esgrimieron los mismos funcionarios nacionales cuando, por turno, defendieron a gendarmería y prefectura después de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel. Los considerandos del decreto presidencial definen lo que Macri llamó los “nuevos desafíos” de este siglo como “agresiones no sólo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar”. Es la misma tesis del enemigo interno a la que aludía la ministra Patricia Bullrich cuando advertía sobre el terrorismo “anarco-mapuche-trosco-iraní” con la que justificaba los ataques de gendarmería y prefectura.

Ante la gravedad del anuncio y su inminente implementación, resulta casi colateral la discusión sobre las formas técnicas utilizadas para su sanción. El recurso elegido para eludir un debate parlamentario que podría ser molesto y estiraría los tiempos, fue anunciar la reforma de un decreto por vía de otro decreto, sin tocar las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional. Sin perjuicio de la impugnación formal que el asunto merece (por caso, la oposición parlamentaria al gobierno, ya hizo el pedido para una sesión especial que tire atrás el Decreto), la decisión de habilitar la intervención de las fuerzas armadas en la represión interior es tan mala por decreto, por ley o de facto.

En un escenario de tarifazos, despidos, inflación y recesión, el gobierno de Cambiemos reconoce que necesita más capacidad represiva para el nuevo ajuste que exige alcanzar las metas que le impone el FMI. Con sus fuerzas de seguridad desplegadas al extremo, echa mano ahora de los militares, prometiendo fuerzas de despliegue rápido y contingentes de 10.000 uniformados entrenados y equipados con tecnología represiva de punta aportada por EEUU y el Estado de Israel. Ya se abrió la licitación del ministerio de Seguridad para la adquisición de pertrechos “antidisturbio”, con una base, que se prevé se duplicará cuando se conozcan los proveedores definitivos, de $105 millones y más de u$s500 mil, destinados a reprimir las movilizaciones contra la presencia del G20.

El año pasado, cuando a través de la Corte Suprema el gobierno de Mauricio Macri intentó garantizar la impunidad de los genocidas con el 2×1, no fueron los recursos legales ni las iniciativas institucionales lo que los obligó a retroceder. Al 2×1 lo frenamos en la calle, con masivas y unitarias movilizaciones de millones de personas en todo el país, con una campaña de lucha organizada que se sostuvo en el tiempo hasta que logramos el objetivo. Con ese antecedente, la rápida reacción que ya estamos viendo, debe ser el inicio de una campaña que crezca y se extienda hasta frenar este nuevo ataque al pueblo trabajador.

* Referente de Correpi y Poder Popular.

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Cuando los jueces del Tribunal Oral Criminal Nº 21 dictaron sentencia en el juicio por el ataque criminal que costó la vida al compañero Mariano Ferreyra, su presidente, el juez Horacio Días, quiso hacer un paralelo entre ese juicio y con otras causas trascendentes por hechos represivos, y dijo: “Con Carrasco se acabó la colimba, con Bulacio se acabaron las razzias, con Kosteky y Santillán se acabó un gobierno”. No era un día cualquiera. Era 19 de abril de 2013. Exactamente 22 años antes, casi a la misma hora, Walter Bulacio, un pibe de 17 años de Aldo Bonzi, era detenido en el operativo policial dirigido por el comisario Miguel Ángel Espósito en los alrededores del Estadio Obras. Una semana después, murió como consecuencia del apaleamiento recibido. Recién unos meses después, en septiembre de 2013, empezaría el tardío e incompleto juicio oral al comisario.

Minutos después de esa afirmación, lanzada a sabiendas de nuestra presencia en la sala, ya que éramos una de las querellas contra el burócrata José Pedraza, su patota y los comisarios de la PFA que cooperaron en el plan criminal, pudimos responder frente a la multitud de compañeros y compañeras movilizados desde temprano frente al edificio de Comodoro Py. Dijimos que ni CORREPI, ni nadie, necesitábamos más que caminar la calle para saber que nunca habían terminado las razzias, ni las detenciones arbitrarias, ni la tortura ni el gatillo fácil, ya que seguían vigentes las normas que permiten las primeras y a diario jueces y fiscales justificaban los últimos.

En aquel principio de 2013, nos indignó esa afirmación que ya estaba desmentida por los varios miles de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal registrados en el Archivo de CORREPI con posterioridad a 1991, con la comprobación de que la mayoría de las muertes en comisarías encontraba su origen en detenciones arbitrarias como la de Walter, es decir, sin imputación de delito (averiguación de antecedentes, razzias, detenciones de niños y niñas por ser “menores”, faltas o contravenciones).

Cinco años después, a poco más de dos años de gobierno de Cambiemos y 27 de la detención, tortura y muerte de Walter, enfrentamos un recrudecimiento tan exacerbado del escenario represivo que cuesta encontrar adjetivos adecuados para definirlo. Desde el minuto cero de su gestión, los funcionarios a cargo del área de “seguridad” de la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, seguidos sin fisuras por sus pares de las demás provincias, gobernadas o no por la Alianza Cambiemos, lanzaron la orden de aplicar “a fondo”, masivamente, esas herramientas históricas con las que cuentan las fuerzas de seguridad para interceptar, identificar y detener personas arbitrariamente.

Hoy ya casi no es noticia que personal policial, de gendarmería o de otras fuerzas nos pare en la calle porque sí, nos pida el DNI, nos interrogue acerca de adónde vamos y de dónde venimos, nos revise mochilas, bolsos, carteras y bolsillos, y, según cómo se les canten las ganas, nos deje seguir o nos lleve a la comisaría. Circulan a diario videos del pasaje entero de colectivos de línea de corta, media o larga distancia obligado a bajar, mostrar sus pertenencias, identificarse. Nos enteramos hace escasas horas, por ejemplo, que un contingente escolar, de niños entre 10 y 12 años, pasó por esa “experiencia” ante la impotencia de sus docentes.

Con la misma frecuencia e intensidad, vemos retenes con uniformados de colores diversos, presentados como “control de rutina” en rutas y autopistas, avenidas y calles secundarias, en un marco de militarización del territorio que no disimula el objetivo de legitimación y naturalización de esas prácticas linealmente dirigidas a imponer el control social y el disciplinamiento. Pero no sólo nuestra libertad ambulatoria queda afectada con esta política, sino que sus consecuencias se reflejan en la cantidad de muertes a manos del aparato represivo.

La mayor presencia de personas en las comisarías viene aumentando exponencialmente, en el lapso de gobierno macrista, los índices de muertes en las celdas, generalmente presentados como esos “suicidios” sobre los que ironizó Rodolfo Walsh hace más de 50 años con estas palabras: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella”.

A su vez, la proliferación del poder de fuego estatal en los barrios multiplicó el gatillo fácil, siempre con los certeros tiros “defensivos” en la nuca o la espalda del “delincuente abatido”, como rápidamente justifican los medios hegemónicos, sea que se trate de un pibito de 12 años en Tucumán o de un adolescente en moto que, por temor a una multa porque no tenía seguro, pasó de largo uno de esos “controles de rutina”.

Por primera vez desde el fin de la dictadura, enfrentamos un escenario de excepción, que conjuga más de una muerte por día por el gatillo fácil y la tortura, récord absoluto en democracia, con un avance feroz contra los sectores organizados de la clase trabajadora, con el resultado de heridos de arma de fuego en las movilizaciones, presos y presas, y centenares de nuevas causas penales, con imputaciones federales de alto voltaje contra manifestantes. Vemos, cada día, cómo se preparan para ir por más, acopiando herramientas superadoras para la represión, como lo promete el proyecto de reforma del código procesal penal de la Nación que ya tiene dictamen de comisión, que incorpora al arsenal “investigativo” todas las formas imaginables de intrusión oficial en nuestras comunicaciones personales, dispositivos electrónicos y redes sociales, a imagen y semejanza de lo que los jueces federales vienen usando en las causas por las movilizaciones del año pasado.

El gobierno de Cambiemos se vio obligado a sacar un poco el pie del acelerador en sus proyectos de reformas estructurales después de las masivas e intensas jornadas de diciembre pasado, y ahora, con la complicidad del PJ y la burocracia sindical y frente a la “preocupación” de algunos de sus socios como el gobernador mendocino Cornejo, explora formas alternativas para profundizar el ajuste y el tarifazo. En materia represiva, en cambio, no encuentra oposición alguna en los partidos patronales, que se suman alegremente a todas las iniciativas oficiales, vengan por vía ejecutiva o legislativa. Contamos sólo con nuestras propias fuerzas, la de las trabajadoras y los trabajadores, para enfrentar todas las variantes de la política represiva estatal.

Confirmamos, así, que sólo a partir de la organización en el barrio, en las escuelas y universidades, en la fábrica, en la oficina, en unidad de acción pero conservando nuestra independencia de clase, podremos ir avanzando en la lucha por nuestra defensa cotidiana. Con protagonismo popular, debemos tomar en nuestras manos el imperioso problema de hacer crecer la lucha antirrepresiva.

*Militante de Correpi y Poder Popular

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Se acerca un nuevo 24 de marzo y se dará en el contexto de una creciente política en contra de los sectores populares, con las peores prácticas por parte del Estado. Más que nunca, llenemos las calles y las plazas contra la impunidad de ayer y de hoy.

Las movilizaciones populares del 24 de marzo en todo el país, y en particular la marcha a Plaza de Mayo organizada en la Ciudad de Buenos Aires por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ), sintetizan hace décadas las luchas contra la represión de ayer y de hoy. La coyuntura actual, signada por el mayor avance de la represión estatal en los últimos 35 años, nos convoca a todos y todas a construir una jornada nacional de movilizaciones masivas, que exprese la decisión del campo popular de enfrentar unido, más allá de la diversidad de identidad o tradición política, un gobierno que reivindica expresamente la dictadura cívico-militar-eclesiástica, fusila en los barrios, tortura en las cárceles y persigue y encarcela luchadores y luchadoras.

El 24 de marzo del año pasado, la consigna central de la marcha de Congreso a Plaza de Mayo fue, obligadamente, “Son 30.000 – Fue genocidio”. Es que, por primera vez en muchos años, debimos responder reiterados actos y declaraciones del gobierno de Cambiemos que pusieron en cuestión la cantidad de desaparecidos/as, para luego avanzar hacia una explícita y sistemática reivindicación del terrorismo de Estado y de sus protagonistas civiles y militares.

Ese escenario, ya inédito, resultó un simple preludio de lo que seguiría, con el intento de la Corte Suprema de beneficiar a los genocidas con el 2×1 y su efectivización a través del reparto a manos llenas de arrestos domiciliarios a casi un centenar de represores procesados y condenados en reiteradas ocasiones, con el caso del chacal Etchecolatz, ahora felizmente revertido gracias a la lucha organizada, como ejemplo paradigmático.

A mediados del año pasado, la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel marcaron el inicio de una etapa superior de la avanzada represiva que caracteriza al gobierno de Cambiemos. Escuchamos a la ministra Patricia Bullrich, a la vicepresidenta Gabriela Michetti y al presidente Mauricio Macri decir cosas como “No voy a tirar un gendarme por la ventana”, “La versión de las fuerzas es versión de verdad”, “El beneficio de la duda es siempre para las fuerzas” o “Hay que volver a la lógica de que la voz de Alto significa que te entregás”. Estas declaraciones oficiales tuvieron inmediato acatamiento de las fuerzas de seguridad, como se vio el 1º de septiembre en CABA, con 31 detenidos y detenidas; en Córdoba, cuando la Marcha contra el Gatillo Fácil esa misma semana fue seguida por el allanamiento simultáneo a 11 locales de organizaciones populares, y, naturalmente, en la lógica bélica de los operativos conjuntos para reprimir las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires el 11, 13, 14 y 18 de diciembre.

En el mismo cuadro es necesario incluir el “Informe sobre la RAM”, publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, con tantas inexactitudes y mentiras que daría risa si no conociéramos el objetivo buscado: deslegitimar las luchas en todo el mundo por la liberación de los pueblos y demonizar a quienes las protagonizan o son solidarios y solidarias con ellas.
Así como el poder judicial rápidamente se acomodó a la orden de aliviar la situación de los genocidas con los indultos “a goteo” de las domiciliarias, también jueces y fiscales se sumaron a la ofensiva. En cada una de las detenciones masivas en movilizaciones empezó a intervenir la justicia federal, mucho más eficaz para prolongar las detenciones y agravar las imputaciones, con una nueva lógica persecutoria, que utiliza todos los recursos tecnológicos disponibles para invadir la privacidad de las personas y violentar el derecho a la libre expresión.

Llegamos al punto más alto –por ahora- en materia de represión al conflicto y la protesta social hace unas semanas, con los fallos de la Cámara Federal en las causas del 14 y el 18 de diciembre. En ambas, los jueces Farah e Irurzun instalaron la tesis de que personas comunes y corrientes deben permanecer presas aunque estén acusadas por leves delitos excarcelables porque “de estar en libertad, podrían obstaculizar el proceso”, claro que sin explicar cómo ni con qué recursos lo harían. Así, de los cinco compañeros que permanecían presos desde el 14 de diciembre, sólo liberaron a dos trabajadores precarizados en situación de calle, porque quedaron contra las cuerdas sin nada de qué acusarlos, pero otros tres manifestantes continuarán presos hasta que sean juzgados. Dado que sólo se los acusa por atentado a la autoridad, con pena mínima de seis meses y máxima de dos años, es probable que permanezcan en prisión más tiempo que la pena que eventualmente podrían recibir si se los condena. Y en la causa del 18 de diciembre, ordenaron la nueva detención de los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce, también acusados por delitos por los que nadie debería ir preventivamente preso, lesiones en riña y, nuevamente, atentado a la autoridad.

Siguen en pie las persecuciones al militante del PSTU Sebastián Romero por usar un fuego de artificio y contra los compañeros Nadia Paris y Fermín Martínez de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Neuquén, y Bariloche se habilitó con un fallo judicial amañado el irregular pedido de extradición del lonko Facundo Jones Huala a Chile, que ahora será analizado por la Corte Suprema.

Mientras tanto, no hay un solo gendarme preso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sino varios ascendidos; no hay un solo prefecto imputado siquiera por fusilar por la espalda a Rafael Nahuel; no hay un solo policía identificado como autor de los disparos que se cobraron cinco ojos de trabajadores el 18 de diciembre último.

Sobre la base del impresionante aumento de la militarización de los barrios y el crecimiento de las muertes por gatillo fácil y en lugares de detención, a principios de este año, de la mano del “caso Chocobar”, el gobierno nacional dio un nuevo salto, con el protagonismo de la ministra de Seguridad, apoyada por el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete, y rápidamente asumido por el presidente Macri, quien, horas después del procesamiento del policía Luis Chocobar por matar por la espalda a una persona desarmada, lo recibió en Casa de Gobierno, lo abrazó y le dijo: “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”.

Con esa frase, y la posterior conferencia de prensa en la que Bullrich enunció la “nueva doctrina” de la inversión de prueba para la policía, el gobierno de Mauricio Macri hizo pública la orden a las fuerzas de seguridad: disparen, que acá estamos para bancarlos.
En cuestión de horas se vio que la directiva fue comprendida y acatada. Al día siguiente, el frente del local de CORREPI amaneció con un grafiti provocador, “Aguante Chocobar”, y se produjeron varios fusilamientos policiales en diferentes lugares de la zona metropolitana, como Quilmes y Monte Grande.

Cuando parecía que ya no había espacio para que el gobierno avanzara más en esta línea, el fusilamiento policial de Facundo Ferreyra, un niño de 12 años, en Tucumán, dio el pie para que nuevamente se impulsara el gatillo fácil desde el gobierno nacional. “Si el policía disparó por la espalda es un detalle”, dijo Patricia Bullrich sobre el pibe, cuyo cráneo fue atravesado por una bala 9 mm que entró por la nuca y salió por la frente. Casi al mismo tiempo, la “doctrina Chocobar” se expresó de la manera más brutal en San Juan, con el linchamiento de Cristian Cortez, de 18 años, asesinado a golpes por un grupo de personas que aplicaron por mano propia la política oficial porque el chico trató de robar un celular.

Enfrentamos así un gobierno que reivindica el genocidio y premia a sus protagonistas, mientras decreta la pena de muerte a punta de reglamentaria en los barrios, contra las y los más vulnerables, y criminaliza y persigue militantes y organizaciones del campo popular. Ambas aristas de esta política represiva responden a la necesidad de dar eficacia al disciplinamiento y control social necesarios para avanzar en el conjunto de su política antiobrera y pro-patronal, hacia la reformulación profunda de las relaciones capitalistas que Macri y sus socios quieren imponer a largo plazo.

Por eso este 24 de marzo, como nunca, llenemos las calles y las plazas, con las banderas de las y los 30.000 y de las y los caídos en las luchas populares, con el reclamo de la libertad para las y los que luchan, con la exigencia de cárcel común y efectiva a los genocidas de ayer y a los represores de hoy, y que el mundo nos escuche gritar que Macri es impunidad, ajuste, saqueo y represión, y acá hay un pueblo que lucha y se organiza.

*Militante de Correpi y Poder Popular.

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El pasado 1 de febrero el presidente Mauricio  Macri, recibió en su despacho al policía bonaerense Luis Chocobar, para felicitarlo por su accionar, que terminó con la vida de un joven que escapaba en una situación delictiva. Una situación de abuso policial que se repite cada vez con más frecuencia y que muestra que la vida de las personas más vulnerables, pareciera no valer nada.

En declaraciones radiales, la ministra de seguridad Patricia Bullrich reafirmó la doctrina de respaldo al gatillo fácil como política de estado,  al tiempo que intenta deslegitimar la contundencia del Informe Antirrepresivo 2017: una persona muere cada 23 horas víctima de las fuerzas de seguridad del Estado. La respuesta no se hizo esperar: el sábado aparecieron pintadas en el frente del local de Correpi que indicaban un mensaje: “Aguante Chocobar”. Ayer en declaraciones radiales la ministra Bullrich afirmó que Correpi miente.

Orden de matar

La Coordinadora Contra la Represión Policial (Correpi) denunció un nuevo caso de violencia. Un policía bonaerense, Luis Chocobar,  vestido de civil, sin identificación y fuera de su jurisdicción,  ajusticiaba a un joven del barrio de La Boca, rematándolo con varios disparos de los que se salvaron milagrosamente las personas que estaban en los alrededores. Tal como lo denuncia Correpi en su comunicado Orden de Matar, “la difusión pública del video que muestra el momento en que el policía bonaerense Luis Chocobar disparó varias veces contra Juan Pablo Kukoc (18), cuando éste huía dándole la espalda y sin darse vuelta, abrió una nueva etapa en lo que los medios hegemónicos insisten en llamar ´polémico caso´. Ante la ratificación indudable del fusilamiento, muchos de los que inicialmente apoyaron al homicida –incluso consecuentes defensores del gobierno macrista, como Jorge Lanata- debieron retractarse y admitir, cuanto menos, que ´se precipitaron sin suficiente información´. El gobierno, lejos de eso, redobló la apuesta, y salió, por boca de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a exponer su ´doctrina´, que se resume en dos ideas: 1) La policía (y el resto de las fuerzas) tienen orden de tirar a matar, y 2) El gobierno asume como ´política pública la defensa del policía en acción´ (sic)”.

Recordamos que pocos días antes el presidente de la nación aprovechó la oportunidad para marcar la cancha y reafirmar la doctrina del gobierno en materia de seguridad, que viene avanzando desde el inicio de su gestión con una felicitación, reconocimiento y la afirmación que iban a intervenir en la causa judicial que se le estaba siguiendo por el exceso.  La ministra de in-seguridad Patricia Bullrich, en una entrevista radial,  expresó con claridad: “Nosotros creemos que lo que hizo Chocobar es una acción encuadrada en los deberes de cumplimiento de funcionario público que le cabe a todo policía, y consideramos que esto ratifica la mirada de nuestro gobierno,  que las fuerzas de (in)seguridad no son  las principales responsables a la hora de un enfrentamiento”.

El comunicado de Correpi destaca los dichos de la ministra de (in)seguridad Patricia Bullrich que explicó: “Estamos cambiando la doctrina de la culpa hacia el policía. Estamos construyendo una nueva doctrina.  El principio es invertir la carga de la prueba, lo vamos a cambiar en el código penal. El presidente de la Nación lo que hace es avalar esta idea en la figura de Chocobar. El policía actuó como debía actuar, le damos al policía la presunción de inocencia. El juez que haga lo que quiera, nosotros como política pública vamos a llevar adelante la defensa de la policía en acción”.

La Correpi fue enfática: “Más allá del caso Chocobar, aplicó la misma tesis gubernamental a los prefectos que fusilaron por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel el 25 de noviembre pasado en el Lago Mascardi, y dejó bien claro que uno de los ejes centrales del ´estado de excepción´ que venimos denunciando es la orden explícita a las fuerzas de seguridad de todo el país de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que sus jefes políticos los van a defender, tanto técnicamente, con los abogados ministeriales, como políticamente”. Continúa: “En una palabra, la pena de muerte es ley de facto, se presume que cada vez que un uniformado mata a una persona fue un ´enfrentamiento´, y se defiende como política pública su accionar”.

Archivo Correpi

La ministra dijo “Correpi miente, los datos son falsos”, al ser confrontada con los datos del Archivo de casos de CORREPI, que muestran que bajo el gobierno de Cambiemos hubo un alza exponencial de las muertes por gatillo fácil, torturas, en lugares de detención y demás modalidades de la represión estatal, al igual que lo vienen haciendo sus antecesores.

El Archivo es público desde 1996. “Año a año lo actualizamos y difundimos las conclusiones. Está disponible en www.correpi.org para cualquiera que desee consultarlo. Nunca hubo un gobierno ni un funcionario que pudiera impugnar un solo caso. Muchos lo intentaron: Corach, Storani, J. J. Álvarez, Garré, Berni. Ninguno pudo. Ahora es el turno de Patricia Bullrich, a la que invitamos a debatir públicamente –si se anima- cada caso”.

El marketing punitivo y contra la inseguridad,  que tanto le redituó a la coalición Cambiemos como propuesta electoral, hoy vuelve a ponerse sobre el tapete, cuando se mantiene la caída de la imagen de la coalición de gobierno. Políticas públicas que refuerzan el accionar de las fuerzas de (in)seguridad del Estado y las impulsan frente a las masivas protestas de las y los habitantes de nuestro país, frente a las políticas que transfieren recursos a las corporaciones, muestra la corrupción de los funcionarios de gobierno,  achican el Estado,  al mismo tiempo que empobrecen catastróficamente a la población, con despidos masivos, aumentos en alimentos y en los servicios públicos básicos. La policía tiene que terminar con el delito, expresó Patricia Bullrich. Curiosamente también desde que aumentó la presencia y la acción policial en las calles, aumentaron los casos de delitos que diariamente nos muestran los medios (cómplices) de estas políticas de Estado.  La conducción del país hoy está en manos de quienes reivindican al terrorismo de estado,  tal lo sucedido hace pocos días, cuando el Ejercito  “Realizó un merecido homenaje a los familiares de los militares y parientes muertos y heridos en el ataque que el grupo terrorista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) realizó a la Guarnición Militar de Azul aquel mismo día de 1974” como se expresa en La Nación. Frente a estas políticas de disciplinamiento y de terror el pueblo parece no desalentarse con su creciente presencia en las calles.

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