En dos días cierra la inscripción de las alianzas electorales. Casi todos los espacios políticos aún no definieron si irán a internas y cruzan fuertes acusaciones entre sí. Qué se juega cada espacio, y cómo esto representa las demandas actuales.

En apenas horas se terminará de develar el primer gran misterio en relación a la instancia electoral de este año: de qué modo se conforman las alianzas políticas para disputar las legislativas y si habrá o no internas en cada espacio. Restará esperar unos diez días más aún para conocer el segundo gran misterio: los nombres de las y los candidatos.

Si bien todos los espacios políticos fueron mostrando algunas cartas, midiendo candidatas/os y sugiriendo alianzas, lo cierto es que absolutamente nada parece estar definido a dos días del cierre de las listas.

No Cambiemos la polarización

La alianza Cambiemos tiene frente a sí un dilema político: la aritmética le indica que casi en cualquier escenario mejorará su presencia legislativa. Resulta que las y los legisladores que renuevan sus bancas en esta elección pertenecen en su mayoría al Frente para la Victoria y al Frente Renovador, por lo que es esperable que cualquier performance del partido de gobierno lo deje mejor parado aún en cuanto a bancas.

No obstante, el propio gobierno sabe que la política no es solo aritmética, y que una derrota electoral –aún si lograra aumentar sus bancas-, implicaría un serio golpe en cuanto a la legitimidad del presidente. Claro que de todos modos una derrota de Macri tampoco puede asegurar una clausura de las proyecciones de Cambiemos allende 2017.

En la historia reciente de nuestro país hemos presenciado partidos gobernantes que, habiendo perdido las primeras legislativas que enfrentaron, luego perdieron la subsiguiente batalla electoral ejecutiva, como ocurrió durante la segunda presidencia de Menem; o como en el caso de la Alianza, que siquiera pudo terminar su mandato. Pero también hay antecedentes, como el del FpV, que perdió las legislativas de 2009 en la provincia de Buenos Aires (el distrito más importante), y no obstante logró la reelección dos años después.

Esto sugiere que ni la derrota del oficialismo en estas elecciones asegura el certificado de defunción para Cambiemos, ni un triunfo en ellas garantiza la consolidación de una hegemonía duradera. Por todo esto, desde el gobierno saben que la aritmética y la política se deben conjugar de la mejor manera en esta contienda, pero también en los dos años restantes.

Posiblemente un buen desempeño electoral permita renovar los aires en Casa Rosada y avanzar con los puntos relegados del ajuste implementado desde diciembre de 2015. Lo que no se le puede negar al gobierno es que, aún después de dos años a cargo de la primera magistratura, tenga reparos en trasparentar planes de mayor contracción de derechos y beneficios una vez traspasada la elección: el pedido del ejecutivo para que el programa Fútbol para todos continúe hasta pasado el 22 de octubre de este año, lo demuestra claramente.

¿Que florezcan mil Florencios?

En los campos del peronismo y del kirchnerismo se juegan varios elementos. Claramente la insistencia de Florencio Randazzo por ir a unas primarias con otros candidatos del PJ o del FpV no tiene tanto que ver con los resultados de esta contienda, sino con una estrategia de largo aliento con miras a las ejecutivas de 2019.

De otro modo no se entiende como Randazzo, que rechazó ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por considerarlo un puesto menor, ahora quiera ejercer el cargo de Senador nacional. Es evidente que la idea del chivilcoyano es mostrarse como la renovación del postkirchnerismo, calibrando en modo ecuánime dos estilos enfrentados: el del ‘vamos a volver’ y el del ‘cambio’. Al reconocer a CFK como una estadista importante, pero no como la líder natural actual del espacio panperonista, el randazzismo polariza con el ala kirchnerista que sí se encolumna de plano tras la imagen de Cristina.

En las próximas 48 horas se resolverá seguramente si este espacio habilita las internas, si termina consensuando una lista de unidad, o si se le niega la interna al ex ministro del Interior y Transporte. Lo más llamativo sería que este escenario no se dirima por la capacidad de síntesis de sus referentes, sino por la vía judicial. En realidad, que el kirchnerismo le niegue las primarias al randazzismo -y que éste tenga que acudir a la justicia-, no sería tan dramático como que quien termine por dirimir esa disputa sea el juez Juan Manuel Culotta: egresado del colegio Cardenal Newman, con vínculos con Mauricio Macri demostrados por la periodista de Página/12 Irina Hauser, y quien por presión del presidente se encuentra actualmente a cargo del juzgado electoral Nº 1 de La Plata.

En suma, mientras Randazzo mide sus perspectivas presidenciales a futuro, la que más parecería tener para perder en esta instancia es CFK. Más allá de las abrumadoras denuncias de corrupción que pesan en su contra, y que deberán despejarse en el plano judicial, los registros históricos hasta este año indican que dejó su cargo de gobierno con la mayoría de los indicadores macroeconómicos saneados y con una plaza de mayo desbordante de seguidores/as. Es por eso que un traspié electoral en este año, puede significar un retroceso tanto para sus hipotéticas aspiraciones a futuro, como para la imagen que aún perdura de su pasado en la gestión en importantes capas de la población.

El Frente Renovador

A partir del protagonismo de dos mujeres, Margarita Stolbizer y Victoria Donda, el espacio que lidera Sergio Massa tiene por delante el desafío de revalidar su condición de potencial ‘tercera vía’. Si fuese cierto que la sociedad está harta de la llamada ‘grieta’, y contemplando que la estrategia de Cambiemos es profundizarla aún más de cara a los comicios, entonces el buen desempeño de Massa debería estar asegurado; pero nada indica que las y los argentinos estemos deseosos de tomar ‘anchas avenidas del medio’, si es que existieran y, más aún, si es que el ex intendente de Tigre genuinamente las representara.

La actitud de su bancada respecto de los proyectos de ley del oficialismo, salvo honrosas excepciones, siempre estuvo más cerca del seguidismo a la política de Macri que de la oposición frontal.

La incorporación de la titular del GEN a este espacio apunta a refrescar en clave moralista un armado que nunca gozó de excelente salud en cuanto a sus fuentes de financiamiento, y a sus vínculos con los poderes concentrados, inclusive foráneos: fue el Argenleaks de Santiago O`Donnel el que reveló la promiscuidad de los diálogos de Massa con la embajada de los Estados Unidos.

Así entonces como Cambiemos se asegura la apelación a la reserva moral anticorrupción construida en torno a la imagen de Elisa Carrió, lo mismo intenta hacer el Frente Renovador poniendo en primer plano a la segunda dirigente política más cortejada por los grandes medios de comunicación.

Por otra parte, con la incorporación al Frente Renovador de Libres del Sur, este grupo deja su pasado guevarista para pasar a jugar en las grandes ligas de los partidos con dos dígitos de intención de votos, seguramente a partir de un acuerdo electoral que le deje grandes chances de incrementar cargos y asesores.

Que se doble pero que no se rompa

Casi todos los actores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) coinciden en que una ruptura de este espacio significaría un suicidio político. Es innegable que, al menos en el plano electoral, el FIT es la principal referencia de izquierda en nuestro país. Sin embargo, para cualquiera que siga aunque desde lejos sus debates, también es claro que las fuerzas que lo integran no ahorran en descalificativos entre sí, muchas veces protagonizando escaladas casi infinitas de acusaciones cruzadas.

La principal disputa actual en relación con la elección viene a cuenta de la posibilidad o no de que haya internas en el FIT, posición sostenida por el PTS. Mientras tanto, el Partido Obrero e Izquierda Socialista rechazan ir a internas y proponen armar una lista de unidad. Desde luego entonces que el orden de los y las candidatas en la hipotética lista de unidad es el principal debate irresuelto en el FIT.

Algunos sondeos presentados en esta misma columna semanas atrás, le auguraban al FIT un buen desempeño en estas elecciones, sobre todo en Capital Federal, Mendoza y Buenos Aires. Si bien es claro que estos grupos apuestan a acumular votos a partir de su referencia general de izquierda pura, también es probable que su faena electoral dependa de quién encabece los listados. Algunas figuras del FIT, como la abogada de Derechos Humanos Myriam Bregman, parecen estar interpretando un mejorado libreto al momento de comunicar sus propuestas. Esto la coloca a Bregman como una de las figuras más convocantes de este Frente, al menos en el plano metropolitano de Buenos Aires.

Pero la vocación de cada partido por colocar a sus propias figuras evidentemente no cede lugar a este tipo de valoraciones. Es así que durante las últimas horas la amenaza de una ‘ruptura del FIT’ en caso de no llegar a un acuerdo por el orden en las listas, estuvo en boca de todos. Es por esta reciente situación que el FIT se juega mucho entonces en esta elección. El desmembramiento del espacio sería una mala señal ante el electorado, aunque la no renovación de sus figuras también podría serlo. En definitiva, solo los tres partidos integrantes de este Frente sabrán hasta donde tensar los acuerdos en función de evitar o no la ruptura.

Escuchando (parcialmente) a la sociedad

Más allá de que hubo algunas fuerzas que plantearon ejes programáticos en estos meses (bajar los precios, en los casos de Massa y CFK), o reducir la jornada laboral (en el caso del PTS), todos los espacios electorales de envergadura parecen estar jaqueados por las disputas personalistas y hacer campaña desde mensajes vacíos de contenido. Así, las candidaturas personales se anteponen al debate de ideas; pero antes que condenar ideológicamente esta realidad, se podría pensar que tal vez responde a una demanda genuina de la sociedad actual.

Lo que no parece responder a demanda alguna de la sociedad, es el nivel de fragmentación y de hostilidad interna que al menos las fuerzas opositoras muestran. Si uno observa las opiniones de las personas no organizadas, tanto de simpatizantes del kirchnerismo como de la izquierda, parece oírse un clamor por que se dejen de lado los internismos y las pretensiones personales, y que se anteponga a ello la unidad necesaria para enfrentar al gobierno.

En los próximos días restará ver, no solamente si existen o no internas en estos espacios, sino también en qué términos se dan esas internas: si se trata de un debate fraterno de ideas, o si se pasa a un grado de hostilidades en donde la confrontación con el gobierno termine por quedar en segundo plano. Este enigma será develado durante la campaña y allí sabremos si los partidos hacen oídos sordos –o no-, a lo que dicta la calle.

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¿En cuánto la política hegemónica es permeable a las demandas del movimiento de mujeres organizado y de las feministas? En un sistema presidencialista el reconocimiento y la extensión de derechos queda en pocas manos. En obediencia a dios, la patria o a la disciplina partidaria se relega, una vez más, la demanda que más acuerdo representa: el reconocimiento a través de una ley y políticas públicas del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Cierre de campaña. La tele de fondo. Al momento de sentarme a escribir estas líneas se me viene a la cabeza –y al corazón– la noticia de hace unas semanas: “Catamarca: una chica de 13 años está grave tras intentar hacerse un aborto con una ´curandera´”. Elijo no linkear la noticia de una muerta más en Jujuy. Rastreo repercusiones. Y al episodio no le sigue la intervención ni preocupación de los ministerios de Salud nacional o provincial ni de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ni del Consejo Nacional de las Mujeres, sino la voz del Obispado de Catamarca, que el 15 de octubre, mediante un comunicado en la web sostiene que “El aborto nunca es solución”. Y reflexiono antes de materializar la comunicación en función del compromiso con la igualdad que cada día se ejerce desde este portal.

Puede resultar maniquea la elección de la problemática a dos días de las elecciones nacionales, aquellas que definen el máximo puesto ejecutivo de la Nación. Pero contrario de lo que se sostiene desde encuestas y columnas de opinión en medios hegemónicos, la estructural negación de legislar en favor del derecho al aborto no es un factor marginal sino clave para el movimiento de mujeres y feminista y para la otrora sociedad progresista a la hora de analizar a quien (no) votar.

¿Por qué desde la política hegemónica se ignora una de las demandas que más acuerdos representa dentro del movimiento de mujeres y el feminismo organizado como lo es el reconocimiento del derecho al aborto? ¿Por qué en etapa de elecciones se sostienen los prejuicios de que la problemática es “pianta votos” y la y los candidatos presidenciales 2015 eligen –salvo digna excepción– no mencionar el aborto, no instar a que se legisle y de esta forma ser cómplices de vulneraciones de derechos de niñas y mujeres como la de Catamarca? ¿Por qué los candidatos con más chances de suceder a Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia permiten la influencia del estado Vaticano en las políticas públicas en detrimento de la ampliación de las sociedades democráticas? ¿Qué pasa con el derecho al aborto?

De declaraciones, plataformas y el primer debate televisado

 Declaraciones del prime time tales como “estoy a favor de la vida; no creo que haga falta abrir ese debate” de Mauricio Macri, o “siempre he estado en contra del aborto” de Daniel Scioli pintan a los candidatos con más chances electorales de ejercer la presidencia de la Nación desde el 10 de diciembre próximo. Si a esto le sumamos que a dos días de cierre de campaña al latiguillo ya conocido de Scioli, “con fuerza, con trabajo, con optimismo” se le sumó, “como dice el papa Francisco” y la noticia de que postularía para la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la política antiderecho, Liliana Negre de Alonso, el panorama es desolador.

#AHORA @danielscioli en @C5N con @pabloduggan y @juliamengo: "Siempre he estado en contra del aborto". pic.twitter.com/7Yaponi9O5

— FdT en los medios (@FdTenlosmedios) October 2, 2015

Pero hagamos un repaso rápido sobre las plataformas/ programas electorales: tanto el Frente Progresista (FP), que postula a Margarita Stolbizer como presidenta de la Nación, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que postula a Nicolás del Caño, mencionan la interrupción voluntaria del embarazo como derecho a ser consagrado desde sus probables gobiernos para todas las mujeres. Tanto desde la coalición PRO, que postula a Mauricio Macri, como desde el Frente para la Victoria (FpV), con Daniel Scioli como candidato, se elige no mencionar la problemática de muertes maternas ni abortos inseguros. Desde la plataforma de Una Nueva Alternativa (UNA), que postula a Sergio Massa, se menciona la preocupación por el creciente índice de embarazo adolescente, pero tampoco se menciona el aborto.

Por esto, desde una perspectiva de género, una de las tantas aristas desde donde pararnos a la hora de construir análisis políticos, el ausente del debate de candidatos/a presidenciales televisado y organizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el pasado 4 de octubre no fue el que probablemente se erija como sucesor de los gobiernos kirchneristas, Daniel Scioli, sino la complejización de las demandas y el entendimiento transversal del enfoque de género en las plataformas electorales.

Sólo Nicolás del Caño, candidato del FIT, decidió, ante la pregunta de uno de los moderadores del debate, explicitar su postura en favor de gobernar y legislar por el derecho al aborto.

El entender como modelo superador de una movilización masiva la consigna “basta de femicidios” tiene por un lado una consecuencia positiva, que es la sensibilización social y el rechazo unánime a la violencia física; pero también una negativa, dejar de lado la premisa de prevenir y el no entender e instalar que el femicidio es la última expresión de una cadena que comienza con otros tipos de violencias –en general, psicológica–. Contribuir a erradicar la violencia machista, ya sea doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica o mediática; es sinónimo del derecho inalienable para las mujeres del ejercicio de una vida de libertades. Y en esto, decidir sobre los propios cuerpos, sobre los planes de vida, sobre los riesgos en la salud entendida de forma integral y no desde los preceptos de la medicina hegemónica, es fundamental en los discursos, en las plataformas y en la planificación de políticas públicas.

Los abortos inseguros, sus consecuencias y la criminalización de las mujeres pobres que deciden interrumpir un embarazo también contemplan tipos y modalidades varias de violencia de género en cuanto a que avasallan derechos protegidos. Y en esto, las plataformas electorales deben contemplar esta problemática, esta exigencia y la forma en que encontraría una resolución desde cada una de las posturas que los partidos políticos o alianzas electorales proponen como próximo programa de gobierno.

Por qué se sigue exigiendo una ley

Gobernar para mejorar la calidad de vida y/o los intereses de la totalidad de la población sigue siendo una obligación de quienes asumen la “parte difícil” en la fábula del sistema representativo. Y entonces, ¿por qué a nadie le importan las personas que abortan? ¿No está más que claro que si no legislan, si no impulsan políticas de Estado en favor de que no mueran más mujeres por las consecuencias de abortos inseguros, están incumpliendo sus deberes de funcionarios/as públicos/as?

Se exige una ley de interrupción voluntaria de los embarazos porque se exige un Estado presente y activo ante las problemáticas de derechos humanos y acceso a la salud integral para las mujeres. La ley generaría la adjudicación de presupuesto, capacitación y una institucionalidad destinada a terminar con el negocio del aborto clandestino y el abuso de poder de las y los médicos sobre la toma de decisiones personales en lo que se llama “objeción de conciencia”.

El proyecto de ley que más consenso genera es el presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, articulación que lleva 10 años de conformación, que representa esta lucha en todo el territorio nacional y que cuenta con el apoyo de más de 300 organizaciones de la sociedad civil y política, sindicatos, etc.

La exigencia de una ley que despenalice y legalice el aborto seguro, práctica que se realiza hoy en la Argentina gracias a las feministas que establecieron líneas telefónicas para brindar información y consejerías para acompañar a sus congéneres que deciden interrumpir sus embarazos, parece ser un ítem de consenso más que de controversia dentro de la sociedad. Sin embargo, quienes nos representan parecen no estar a la altura de la historia ni del cambio social. La responsabilidad institucional (omitida) no es sólo de quienes integran el poder legislativo, lo es también de quien comanda dentro de un sistema de partidos y una democracia personalista, de quien ejerce la presidencia de la Nación. Es por esto que, cada vez que hay elecciones nacionales, el aborto se convierte en un termómetro preciso de las políticas que se proponen (y las que no) en cuestión de derechos humanos, salud, género e igualdad.

Los actores sociales “partidos políticos”, ¿en qué medida se dan estos debates? ¿O siguen argumentando que el aborto no es una problemática social sino una cuestión de “mujeres” instando a que se resuelva en silencio? En este último caso, una vez más, los candidatos no entienden de forma integral la violencia machista. ¿O quizá será como diría Scioli en gira mediática sobre la violencia de género?, que son “cuestiones familiares”.

Obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado y/o abandonarla en su suerte si desea abortar –en nombre de dios, la patria o la disciplina partidaria– es violencia de parte del Estado –y los gobiernos, los legislativos y los partidos–. No entender esta premisa, que exige dejar de lado las convicciones personales para gobernar y legislar en función de toda la población de un territorio, es no solo una violación a los Derechos Humanos, abandono de personas y un probable foco de conflicto social no resuelto, sino también una forma de perpetuar las opresiones y discriminaciones por razón de género.

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