Por Vivian Palmbaum e Ivan Barrera

El pasado lunes primero de junio, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención del Grupo Vicentin, gigante del agronegocio, y el envío de un proyecto de ley para su expropiación, el traspaso de sus activos a un fondo fiduciario y que su gerencia quede a cargo de YPF Agro.  En el anuncio, Alberto Fernández puso énfasis en que estas acciones contribuyen a la construcción de una soberanía alimentaria. Este punto, que fue nombrado de forma pomposa al pasar, quedó resonando en el medio del anuncio.

Curiosamente al mismo tiempo que se enuncia como una conquista hacia la soberanía alimentaria el interventor designado es Gabriel Delgado, señalado como un defensor del  modelo productivo industrial basado en el uso de transgénicos y las fumigaciones con agrotóxicos. Funcionario del gobierno encabezado por Cristina, en 2015 fue acusado por Monsanto de no reconocer las patentes a las semillas transgénicas.  

¿Qué es la Soberanía Alimentaria? 

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 y se definió para enfrentar a las políticas neoliberales.  Según la definición acuñada por la organización, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. 

En esa definición, también se detalla que se debe “priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito.La necesidad de reformas agrarias, de lucha contra los OGM (Organismos Genéticamente modificados), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se lo produce. La participación de los pueblos en la definición de política agraria y el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.”

Esta semana desde la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE) se organizó un conversatorio sobre soberanía alimentaria en la región. Allí Marco Filardi, abogado ambientalista e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, explicó a qué se refiere la soberanía alimentaria.

“La soberanía alimentaria, paradigma introducido por la Vía Campesina en 1996,  plantea que hay otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte, y en armonía con los seres humanos. Es la agroecología en todas sus formas: una agricultura por agricultoras y por agricultores. La soberanía alimentaria aboga por priorizar la producción local para el abastecimiento de las necesidades alimentarias. La finalidad esencial de la agricultura es producir alimentos sanos, seguros y soberanos para alimentar a los pueblos”.

El modelo extractivista es el engranaje principal del mundo globalizado neoliberal  y la base de la división internacional del trabajo. Los países en desarrollo se encargan de proveer de materias primas como semillas, granos, alimentos, maderas, minerales o petróleo a los grandes países industrializados. Este modelo extractivista demanda que cada día se produzca más al menor costo, sin importar la calidad del producto ni las circunstancias en las que se produce, ya sea de quienes producen, de la tierra y los recursos naturales, como de las poblaciones aledañas. El resultado de este modelo está a la vista: tierras arrasadas producto del monocultivo y los pesticidas, poblaciones arrasadas producto de la necesidad de aumentar la cantidad de tierra cultivada, pueblos fumigados por agrotóxicos, napas contaminadas, agua con cianuro y otros metales pesados y una huella ecológica y humana que perdurará finalizado cualquier negocio.

El modelo extractivista evoluciona, se tecnifica y la soberanía alimentaria es un ideal cada vez más lejano. El agronegocio se alimenta de semillas genéticamente modificadas, se lubrica con agrotóxicos y se almacena en silo bolsa esperando las mejores condiciones locales e internacionales para lucrar. La concentración de tierras aumenta año a año, expulsando a campesinos, campesinas, cooperativas y pueblos originarios.

Marco Filardi se refirió a este modelo como un modelo que “viola nuestro derecho a la alimentación adecuada, viola nuestro derecho al agua, viola nuestro derecho a vivir en un ambiente saludable, viola nuestro derecho a la salud, viola nuestro derecho a la integridad personal. No está concebido para alimentar a nadie sino para producir dinero concentrado cada vez en menos manos. Al mismo tiempo es un modelo que no alimenta, no solo no alimenta al mundo como ya vimos, sino que es incapaz de garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación de nuestra propia población. En el contexto de cosechas récord como se anuncia tenemos desnutrición aguda en nuestro país, desnutrición crónica, sobrepeso y obesidad que afecta al 70% de la población y que comen esos cuerpos también carencias nutricionales.” 

El otro campo

También consultamos a quienes producen alimentos para el pueblo. Ellos y ellas que conforman el otro campo: el que lejos de buscar el lucro de la expansión sojera, trabaja la tierra de forma agroecológica, responsable con el ambiente, con sus trabajadores  y trabajadoras. El campo que no conoce de Hilux último modelo pero sí de autogestión, conformado por pequeños productores y productoras que cultivan la tierra que no es suya y que alimentan a las ciudades. 

Desde Marcha le preguntamos sobre la medida a Rosalía Pellegrini, Secretaria de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que aportó la mirada de la organización, respecto a la intervención y su relación con la construcción de soberanía alimentaria. 

“Nosotras y nosotros desde la UTT, al igual que el Foro por un Programa Agrario y Popular pensamos que es una medida que hay que apoyar. Si bien creemos que no hay soberanía alimentaria sin la distribución y el acceso a la tierra por parte de las familias que producimos alimento, no hay soberanía alimentaria sin un esquema de comercialización justo para el que produce y para el que consume, no hay soberanía alimentaria si tampoco hay igualdad de género. La mitad de las que producimos alimentos no tenemos acceso a la tierra y vivimos en condiciones de vulnerabilidad por la violencia machista. Seguimos pensando esto las organizaciones del otro campo. “

“Es real que es un avance en términos de soberanía del modelo agropecuario. No es lo mismo que las organizaciones campesinas peleemos contra Dreyfus y Cargill por un modelo agroalimentario más sano y con el derecho a la alimentación de todos y todas, que pelearsela al Estado. Además entendemos que un montón de productores también medianos, también cooperativas de granos, que dependerán de Vicentin, si es posible en manos del Estado, tendrán la posibilidad de plantear un esquema de producción más sustentable”. Además agregó la necesidad que la estatización se lleve adelante para poder plantear las reglas de juego al interior del modelo de agricultura extensiva. “Saludamos la medida y apoyamos y presionaremos para la posible estatización“. 

Para terminar Rosalia resaltó que “este tipo de intervenciones tiene que ir acompañado por todo este tejido social que venimos reclamando y luchando por soberanía alimentaria”. 

La expropiación de Vicentin significaría que uno de los grandes actores del agronegocio pase del mundo privado y lucrativo al ámbito público. Desde la gerencia estatal se podrá evitar la especulación financiera de los silo bolsa y decidir cuándo exportar y cuándo vender al mercado interno. Pero, ¿cuánto de Soberanía Alimentaria tiene la expropiación de Vicentin? ¿cuántos de los reclamos abiertos por Vía Campesina en su búsqueda por la Soberanía Alimentaria abarca esta expropiación? ¿Se agota un modelo extractivista con la expropiación de una empresa?

Un modelo productivo que nos expropia

En Argentina y en toda Nuestra América hay organizaciones y cooperativas que construyen día a día la Soberanía Alimentaria. Francia Garcia Hermosillo, de la organización Sin Maíz No hay Pais de Mexico nos cuenta como comenzaron a luchar contra un modelo que busca expropiarlos de los cultivos ancestrales como el maíz y así arrebatarles la soberanía y seguridad alimentaria. Allí organizaron la Campaña Sin Maíz No hay País, desde junio de 2007 en vísperas en que se levantaran los aranceles del maíz, al frijol, al azúcar y a la leche en polvo, pero “la principal preocupación era el maíz y el frijol a partir de enero de 2008. Era una preocupación que se vivía en el campo y que no llegaba a los consumidores en las grandes ciudades. Sin Maíz No hay País, Pon a México en tu boca era lo que se pretendía, porque estábamos en el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, y venía esta embestida contra nuestra alimentación. El maíz es nuestra base, nuestra alimentación, nuestra cuna, nuestra identidad. Consumimos 115 kg. por cada uno de nuestros habitantes al año de este grano básico. En aquel año además de querer sacar al maíz y al frijol del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, buscamos que se prohibieran los granos transgénicos, que se protegieran las semillas nativas y que se generarán esas políticas en defensa del campo, de los campesinos, de la soberanía y de la seguridad alimentaria”.

La Soberanía Alimentaria requiere necesariamente salir de un modelo extractivista concentrado, extranjerizado y especulador a un modelo soberano, con leyes y políticas públicas de acceso y protección de la tierra, de sus trabajadores y trabajadoras y de los pueblos. 

Un país que anualmente produce alimento para 10 veces su población, pero donde hay niños y niñas con hambre, desnutrición infantil, pueblos fumigados, bebés que nacen con malformaciones y metales pesados en sangre, campesinos y campesinas sin tierra, pueblos originarios desplazados, escuelas fumigadas, napas contaminadas, tierras arrasadas, es un país que tiene sus recursos muy mal distribuidos y aprovechados, que tiene un modelo que atenta contra la tierra, los seres vivos que la habitan y las personas a las que alimenta. 

El camino hacia la soberanía alimentaria es largo y atenta contra negocios millonarios, contra multinacionales y contra el modelo globalizado. ¿Estaremos en ese camino?

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Por Ana Paula Marangoni | Fotos de Oscar De la Vega y Nadia Petrizzo

Promediando las seis y media todas las mesas del Centro Cultural Torquato Tasso estaban llenas. Los y las allí presentes esperaban con expectativa el inicio del debate, integrado por la antropóloga feminista Rita Segato, la legisladora platense Victoria Tolosa Paz del Frente de Todos, Nahuel Levaggi de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT), Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) – Vía Campesina y el abogado y miembro de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria Marcos Filardi, que estuvo a cargo de la coordinación del panel.

El eje de la cita fue un tema que suele abordarse periférica o parcialmente, pero nunca centralmente. Es que la alimentación, según las y los expositores, no solo es un problema de quienes producen, sino también de toda la sociedad. Es un derecho básico que afecta transversalmente lo social, lo económico, lo demográfico y las políticas de Estado.

Nahuel Levaggi, referente de la UTT, inició la conferencia hablando de las y sujetos históricos que a partir del enorme trabajo de las organizaciones comenzó a visibilizarse: las y los productores. En un país con un porcentaje del casi 90% de población urbana, la sociedad se ocupa mayormente del consumo, sin preguntarse quiénes producen, en qué lugares y en qué condiciones, quiénes se ocupan de la distribución de alimentos y quiénes se llevan las ganancias del valor agregado. En ese sentido, agregó que “hay modelos alternativos que generarían alimentos sanos y accesibles para el pueblo y esto depende de todos y todas nosotras. Tenemos que dar la discusión para que suceda, no alcanza con votar cada 4 años. Seamos protagonistas activos de la historia”.

Esto conduce a uno de los problemas más importantes de la Argentina. Tenemos un modelo agro exportador con una enorme concentración de la tierra, basado en el uso intensivo de la tierra y el uso extensivo de agrotóxicos, en manos de un grupo minoritario de empresas que son las dueñas de todas las marcas que llegan a las góndolas.

Levaggi insistió en los problemas que conlleva nuestra matriz de producción y comercialización de alimentos, que es la que conduce al hambre. En definitiva, consumimos alimentos de mala calidad, contaminados y a precios altísimos. No faltan productores, falta democratizar la venta. En principio, se trata de disputar sentidos en la sociedad para crear la convicción de que otro modelo productivo agroecológico es posible. Las experiencias, como la de la UTT, ya existen y son posibles de multiplicarse.

En la misma línea discursiva, Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) – Vía Campesina, también hizo énfasis en lo perjudicial del actual modelo productivo, al cual nominó como el “Agronegocio”. Además, mencionó las dificultades de la agricultura campesina para generar valor agregado, lo cual necesita del acompañamiento para implementar infraestructuras mínimas.

Montón insistió en restaurar una alianza entre el campo y la ciudad. Es prioritario generar políticas públicas que limiten la concentración de la tierra, que creció de un modo alarmante, arrasando todo tipo de suelos para destinarlos casi exclusivamente al monocultivo. Un diálogo entre el campo y la ciudad podría reparar la asimetría demográfica, ya que la falta de condiciones para vivir en sectores rurales obliga a campesinos e indígenas al desarraigo y a subsistir precariamente en los conglomerados urbanos. Para Montón, “hemos sufrido muchas derrotas como organizaciones del campo por estar aislados. ¿Cómo logramos entender, como pueblo, que los problemas del campo no son solo del campo?”.

La antropóloga y pensadora feminista Rita Segato introdujo el caso de Brasilia para dar cuenta de los límites estructurales que tuvieron los gobiernos progresistas de Latinoamérica. En cuanto a formas de producción, ella planteó tres: la primera consiste en ponerle tope a la concentración de la riqueza; la segunda, que ocurrió durante la primera etapa del Partido de los Trabajadores (PT), se trata de evitar la pérdida de recursos; y la tercera, que terminó siendo en muchos casos la principal estrategia, consiste en la colocación de las commodities en el mercado global.

El uso predominante de esta última estrategia condujo a un cuello de botella, ya que las lógicas de los mercados tienden a atacar otras formas de producción alternativas, no tanto porque representen una amenaza en términos económicos, sino porque proponen un camino diferente. Y el Capital se encarga de descabezar todo proyecto o modelo que pueda llegar a cuestionar su hegemonía, así estén en un estado embrionario.

En relación con esto, Segato señaló la importancia de aquellas prácticas locales y comunitarias que escapan a las lógicas del Capital y que presentan un modelo de arraigo. En sus palabras, “ese arraigo local en un territorio irreductible donde no es posible convertir algunos bienes o formas de producción en beneficio del Capital”. En algunos sectores aún pervive la lógica de la conmutabilidad, aquello que tiene un valor más allá de lo mercantil y que no puede ser reducido a un bien o servicio. Esta lógica persiste en gran medida por las mujeres, que son quienes se ocupan en las huertas de elegir las semillas manualmente, por ejemplo, o de sostener los valores comunitarios en sus territorios.

El rol del Estado

Además de evaluar la problemática alimentaria en relación directa con el hambre, también se instaló el debate acerca de cuál debería ser el rol del Estado y qué rumbo podrá tomar el gobierno entrante, conducido por la fórmula Fernández-Fernández, para reemplazar un modelo que genera desigualdad, mala alimentación, contaminación de la tierra y de los cuerpos, inequidad social y hambre.

Para Victoria Tolosa Paz, legisladora platense del Frente de Todos y co-autora del Plan “Argentina contra el hambre”, la alimentación debe ser tratada como un derecho, ya que la mayor parte de la población en barrios populares padece de déficit nutricional, ya que estos sectores no acceden a alimentos de calidad. El Estado debe garantizar el consumo interno de alimentos y trabajar también desde la comunicación y la educación para contribuir con nuevos hábitos alimenticios. Además, señaló la importancia de que el Estado provea alimentos de calidad nutricional en las escuelas y hospitales públicos, lo cual actualmente no sucede.

El mayor punto de discusión se dio a partir de la posición de Rita Segato en relación al Estado: “El Estado no es confiable porque se mantiene exterior a la vida de las personas. Las personas lo saben y construyen pliegues, refugios. Un ejemplo de esto es la agroecología, otra forma de producción”.  En relación a este punto, que se dio cerca del cierre de la charla y que terminó volviéndose central, Victoria Tolosa Paz sostuvo que esos “pliegues” que mencionó Rita a veces son atacados antes por el Capital que por el Estado. Este último, entonces, no debería ser otro enemigo, sino que debería “regular las asimetrías y asegurar los pliegues y refugios que mencionaba Rita”.

Quienes también se mostraron en desacuerdo con el postulado inicial fueron Diego Montón y Nahuel Levaggi. Para ellos dos, al ser el Estado quien debe garantizar el pleno acceso de los y las ciudadanas a sus derechos, es el primer lugar donde acudir pero esto no implica delegarle la capacidad de acción política, sino que “es solo una de las tantas batallas a dar”. Ante estas observaciones, Segato aclaró que no criticó el acudir al Estado para que garantice los derechos, sino que la “fe estatal para la que fuimos programados” a veces puede generar que deleguemos la agencia política en él: “La gente tiene que tejer comunidades y la agencia tiene que estar siempre en ellas porque el Estado no consigue defenderlas”.

Más allá de las distintas posturas acerca de la función estatal, todos los expositores y las expositoras coincidieron en que es necesario avanzar en una transición para lograr a futuro una Argentina soberana, saludable y equitativa en este aspecto central para nuestras vidas. Resolver, en primera instancia, las urgencias del hambre. Y, mientras tanto, proteger a las agriculturas familiares, cooperativas, campesinas e indígenas, para que puedan acceder a la tierra y competir con sus productos. Brindarles herramientas, infraestructura y oportunidades para que puedan elaborar alimentos con lo cosechado de la tierra.

Será tarea de todas y todos recuperar un debate que articula en definitiva a la economía y el acceso a derechos fundamentales en todo el país. Es posible recuperar nuestra tierra y producir tanto como consumir alimentos sanos, a un precio razonable y libres de agrotóxicos. Y estos derechos deben ser para todos los sectores sociales.

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