Por Marcos Duch

Si hay algo que no es novedoso para la humanidad -y, menos aún, para la historia de la vida sobre la Tierra- es la existencia de patógenos con gran capacidad de propagación. La Peste Negra que azotó a Europa durante el siglo XIV y la Gripe Española de 1918 son sólo algunos nombres representativos que dejaron una marca en el registro histórico, pero de ninguna manera podríamos decir que son, en su naturaleza biológica, sustancialmente distintas al actual brote. Prácticamente no ha habido siglo durante el cual, al menos en alguna región del mundo, no se desarrollara una epidemia. Los brotes de SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) y MERS (Síndrome Respiratorio de Medio Oriente), de 2002-2003 y 2012-2013 respectivamente, no tuvieron alcance global pero fueron antecedentes directos de la actual pandemia. Ningún mandatario serio puede decir, entonces, que el COVID-19 lo tomó por sorpresa. ¿No debería ser su preocupación permanente la previsión y la preparación para que las situaciones de emergencia no devasten a las sociedades que dicen representar? ¿Acaso no se jactan de una supuesta capacidad de garantizar lo mejor para sus pueblos?

¿Qué es, entonces, lo auténticamente novedoso de esta pandemia? Por una parte, la capacidad aumentada de dar la vuelta al mundo en cuestión de horas: un paciente infectado, capaz de contagiar a una gran cantidad de las personas con las cuales se cruce durante un período de dos semanas, tiene la posibilidad técnica de dar la vuelta al mundo más de una decena de veces durante ese lapso, algo impensado hace apenas un siglo. La mayor agresividad infecciosa es algo así como la suma aritmética de las propias características biológicas de la cepa del virus y la enorme capacidad de traslado humano del mundo contemporáneo. Por otro lado, la sociedad humana global tiene los recursos científicos y técnicos para hacer frente a una pandemia, reduciendo su duración y el dolor y muerte que esta puede producir, pero su utilización depende de decisiones políticas. Periódicamente la realidad se encarga de demostrarnos que los Estados no son, simplemente, un fenómeno indeseable o un mal menor derivado de la sociedad: son la condición de existencia de la sociedad misma, para bien o para mal.

Entonces, surgen nuevos interrogantes que debemos hacernos como ciudadanxs del mundo y cuyas respuestas debemos buscar. Esa es nuestra responsabilidad, sin importar si somos médicxs, filósofxs, farmacéuticxs, bioquímicxs, políticxs o trabajadorxs de una fábrica. Porque no es una pregunta técnica: como se dijo más arriba, las capacidades técnicas para atenuar y combatir la pandemia ya existen. Es necesario hacer oídos sordos a la charlatanería: la salud pública es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de mandatarios que gestionan a sus sociedades como si fueran empresas. Algún día, esperemos que pronto, el COVID-19 va a trasladarse de los noticieros a los libros de historia y tenemos que poder imponerle a nuestros gobernantes las lecciones correspondientes.

Sacrificando vidas en el altar del dios-Economía

Mientras escribo estas líneas, es noticia que la principal preocupación de Donald Trump -nada más ni nada menos que el presidente del país más poderoso del mundo- sugiere “volver a la normalidad” (es decir, dar de baja las tímidas y tardías medidas contra el coronavirus) lo antes posible para evitar efectos perjudiciales sobre la economía de su país. Mientras algunos mandatarios parecen haber aprendido algo de los extraordinarios artículos de Tomás Pueyo ( “Coronavirus: por qué debemos actuar ya” y “Coronavirus: el martillo y la danza”) y son audaces en las políticas públicas que consideran necesarias para achatar la curva de contagios y evitar el colapso de los sistemas de salud devastados tras décadas de neoliberalismo, Trump tan sólo se preocupa por el achatamiento de otra curva: la de las ganancias de sus clases dirigentes. Otro tanto puede decirse del nefasto Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, cuya única propuesta hasta el momento fue permitir que las empresas despidan a sus empleados (?!). El colmo del absurdo fue dado por Dan Patrick, vicegobernador de Texas, quién aseguró que los ancianos estadounidenses estarían dispuestos a sacrificarse para garantizar que no se frene la economía del país. Sí, leíste bien, aunque resulte difícil de creer, acá hay una de las muchas notas que recogieron el contenido de esa entrevista. Es evidente que las víctimas de este curioso ritual del siglo XXI no serían los ancianos que habitan el Congreso y las altas oficinas del Estado, sino los que forman parte de las 30 millones de personas que no gozan de ningún tipo de seguro médico en los Estados Unidos y estarían condenadas a enfrentar la enfermedad en sus hogares o en clínicas y hospitales colapsados. ¿Acaso alguien pensaba que los sacrificios humanos eran cosa del pasado?

La historia, sin embargo, nos permite absolver a nuestros antepasados cuando los imaginamos asolados por epidemias que eran incapaces de entender. Después de todo, vivían en un mundo en el cual la producción de recursos era infinitamente más limitada que la que conocemos en nuestras sociedades industriales. No había una diferencia tan sustancial entre rezar para detener el avance de la peste y hacerlo por la finalización de una sequía o una inundación. Morir por la picadura de una pulga infectada era una eventualidad posible, quizás casi una distracción, en un mundo donde la norma para las grandes mayorías era morir de hambre porque no había otra alternativa.

Setecientos años más tarde, gobernantes como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Boris Johnson pretenden imponer el sufrimiento a sus sociedades en la búsqueda de que los mercados de sus países no caigan algunos puntos. Como si la extensión de la pandemia garantizara que los especuladores dejen de serlo, cuando ellos juegan con los tableros en Wall Street sin necesidad de ningún virus. O, pero aún, como si los índices en momentos de alza fueran un signo de que los sectores más postergados tendrán una vida digna. Nada de eso. En una versión epidemiológica, los lineamientos de Trump/Johnson/Bolsonaro siguen siendo los mismos que en tiempos “sanos”: que decenas de millones de personas sufran para garantizar el derroche del 1%.

Si al mirar al pasado nos produce estupor la imagen de largas filas de flagelantes aplicándose castigos corporales para expiar los pecados de la humanidad y frenar la propagación de la peste bubónica, ¿qué debemos pensar de este tipo de propuestas, ya habiendo corrido dos décadas desde el inicio del siglo XXI? La Economía (con mayúsculas, como el nombre de Dios escrito por un creyente en pleno trance), una actividad que en principio debería ser una creación de las sociedades humanas en su vínculo mutuo y con la naturaleza, se ha apoderado de cada una de nuestras acciones. Si para Marx ya era evidente que el mundo de las mercancías había tomado por asalto la maquinaria de las relaciones sociales, deshumanizándolas, el capitalismo globalizado en el que vivimos ha llevado esto hasta el último extremo imaginable. El sueño positivista del Siglo XIX, que prometía un mundo sin enfermedades ni sufrimientos en función del progreso de la ciencia y la tecnología, ha sido reemplazado por una pesadilla en la cual el dios-Economía exige la inmolación de millones de personas para que la maquinaria-de-llenar-pocos-bolsillos no se detenga. Ya ni siquiera es necesario imaginar que es un castigo imputado por nuestras faltas pasadas. Sabemos que el único pecado cometido por quienes contraen el coronavirus es haber estado cerca de otra persona, o haberse tocado la cara. Pero esto parece no importar: el dios-Economía exige su cuota de sangre.

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Una vez pasada la pandemia, con la perspectiva que confiere la distancia temporal, corresponderá hacer un estudio pormenorizado de las distintas respuestas dadas por los Estados ante esta crisis global. Por el momento, podemos agrupar a los Estados en dos grandes bloques: aquellos que han decidido proteger a su población y aquellos que han decidido dejarla indefensa. Exponentes del primer grupo son China y Corea del Sur; en el segundo encontramos a Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido. En todos los casos se trata de Estados capitalistas (con mayores o menores cuotas de estatismo). Se puede discutir, obviamente, si las medidas de protección de las sociedades no son sólo un intento por garantizar la reproducción de la explotación. Eso es una parte de la explicación, pero tan sólo una parte. Además, incluso asumiendo que la motivación de los estadistas para tomar medidas sanitarias sólo atiende a ese cálculo instrumental, ¿no es correcto, de todas formas, que los Estados cumplan ese papel sanitario que por su naturaleza debe ser eficaz y centralizado?

Mucho se ha escrito en diarios y portales de los casos de China y Corea del Sur que han logrado contener la propagación del virus y su tasa de mortalidad en sus territorios. Una explicación que tiene algo de cierto, pero también es un cliché que impide profundizar en cada caso, es que se trata de sociedades más disciplinadas que las occidentales. Sin lugar a dudas, en situaciones de crisis epidemiológica el ejercicio de determinadas libertades individuales (en particular, la libre circulación) puede llegar a convertirse en un problema y es tolerable limitar esas libertades -e insisto en que sólo deben ser esas pocas libertades que contribuyen a la propagación del patógeno-, aunque esto no agrade a quienes quieren aprovechar el temor de la gente para implantar el Estado de sitio. Pero el mayor acierto de los países que parecen estar teniendo un mayor grado de éxito en la lucha contra el virus es que el Estado vuelca recursos y toma decisiones intervencionistas para ganar tiempo. Al no existir vacuna ni cura contra la enfermedad, la cuarentena y el testeo masivo son las medidas más efectivas para prevenir, y asignar recursos a la salud pública es la mejor forma de mitigar los efectos sobre la población que ya está infectada.

Todavía es muy temprano y quedan varias semanas críticas por delante. El factor determinante es el tiempo. Los especialistas han demostrado con lujo de detalles que, cuando la enfermedad se vuelve socialmente visible, cuando empieza a ser medida en cantidades estadísticas, ya es demasiado tarde, ya se ingresó en una etapa de contagio exponencial y de aumento del número de enfermos con desenlace fatal.

Según los propios evangelizadores de las doctrinas neoliberales o más crudamente capitalistas, la regulación de la sociedad es algo que ocurre sobre la marcha. Pero actuar sobre la marcha, en esta situación, es condenarse a llegar siempre tarde. El panorama dantesco del norte de Italia, una democracia parlamentaria moderna que podría jactarse de sus “buenos modales democráticos”, es más que suficiente para ilustrar este punto. El Reino Unido, que se encaminaba en el mismo sentido por la delirante obsesión de Boris Johnson con la estrategia de “mitigación”, ha decretado el aislamiento de forma tardía. En las próximas semanas veremos cuántas vidas puede haber costado este capricho infantil del Primer Ministro británico.

En mejores o peores condiciones, es seguro que la humanidad va a superar la pandemia. Entonces, se abrirá una gran ventana de oportunidad para convencer de que necesitamos más Estado, que es un derecho de la ciudadanía exigir medidas de prevención. Que es nuestro derecho exigible que el Estado ponga sus recursos a disposición de la salud de la población. Que la próxima pandemia -porque otra certeza es que, en algún momento no demasiado lejano, el discurrir de la biología volverá a enfrentarnos a otra situación de características parecidas- nos tiene que encontrar mejor preparados, con sistemas de salud pública muchísimo más fortalecidos y capaces de absorber una ola de casos fuera de lo común. Que oponerse a la vacunación obligatoria debería ser considerado un delito contra la salud pública, y que la preservación de la salud pública no es materia opinable, sino una obligación de los Estados.

De otra manera, repetiremos la historia de los flagelantes marchando, entre tos y sangre, hacia el altar del dios-Economía.

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Por Marcos Duch | Foto de Pepe Mateos

El resultado de las elecciones nacionales del 27 de octubre marca el final del gobierno de Cambiemos (actualmente “Juntos por el Cambio”), iniciado cuatro años atrás. Este hecho es motivo de algarabía para enormes sectores populares de nuestro país. Y no es para menos: se trata de un castigo categórico a un modelo de valorización financiera, endeudamiento externo, devaluación e inflación sin límites, pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, ajuste en el Estado y aumento de las tarifa. Todo ello condensado en el deterioro de las condiciones de vida de los y las trabajadoras y el empeoramiento de los índices de pobreza e indigencia.

En la base del masivo voto a las listas del Frente de Todos se encuentran motivaciones muy similares a las que llevaron a los pueblos chileno y ecuatoriano a las calles en sendos procesos que aún se hallan abiertos. Esto anticipa una discusión que estará presente a lo largo del mandato de Alberto Fernández: ¿qué cauces y salidas encontrarán las aspiraciones populares en el marco de un gobierno que accede al poder motorizado por ellas, pero que no plantea una ruptura profunda con el modelo de acumulación?

La pregunta no tiene una respuesta a priori. Se puede anticipar un escenario de lucha complejo, socialmente polarizado, en el cual los distintos niveles del gobierno y el Estado responderán a las presiones desde arriba y desde debajo de formas diferenciadas. Se insinúa un bloque en el poder que contendrá una mayor cantidad de contradicciones, que a su vez plantearán oportunidades para imponer nuestras demandas. Y es que, por extraño que suene, la ausencia de contradicciones profundas terminó siendo una de las fuentes de la debilidad de Cambiemos (cabe recordar que Macri fue el primer presidente que no logró obtener su reelección entre aquellos que lo intentaron). Se mostró como un gobierno demasiado unilateral, representante exclusivo de un sector cheto de la sociedad que perdió su capacidad de interpelar y dirigir a las capas subalternas.

A su vez, el Frente de Todos se enfrenta a varios dilemas: cómo administrar las aspiraciones populares mientras se negocia con el FMI y se busca contener a sectores diversos de las clases dominantes, que también exhiben contradicciones internas (por ejemplo, entre el sector PyME y capitales de mayor envergadura), o cómo navegar entre amplísimos sectores que lo votaron con la perspectiva de legalizar el aborto a la vez que se privilegia una relación con la estructura de la Iglesia. El tiempo y la lucha son los únicos que pueden contestar estos interrogantes.

Es importante mencionar brevemente dos elementos que surgen de los guarismos electorales y de la campaña. Se trata de coordenadas que hay que tener en cuenta para el despliegue de la lucha popular en los duros tiempos que se vienen.

En primer lugar, no perder de vista que la elección fue un triunfo categórico del Frente de Todos. A pesar de los intentos oficialistas previos por sembrar dudas en torno a los comicios y el resultado, la diferencia de ocho puntos entre la lista ganadora (tres puntos por encima del 45% que la consagra como próximo gobierno) y la segunda es una diferencia notable para una elección polarizada. Se trata de un muy buen resultado electoral, más aun teniendo en cuenta que hace apenas dos años el triunfo legislativo de Cambiemos parecía indicar una fortaleza difícil de erosionar en el corto plazo. Antes del 11 de agosto todo indicaba que se marchaba a un escenario de ballotage. Contradictoriamente, fue su pésimo desempeño en las PASO el que ahora le permite al gobierno exhibir los números de la elección general como un triunfo parcial, con el agregado de algo más de dos millones de votos (cosechado a expensas de las listas de Lavagna, Espert y Gómez Centurión, sumando también nuevos votantes que no habían concurrido previamente a las urnas). Resulta evidente que el macrismo logró hacer una síntesis entre la derechización de su discurso y la movilización de su base social.

Esto nos lleva al segundo aspecto, que sirve tanto para explicar esa transferencia de votos como para pensar la estrategia de las y los trabajadores hacia el futuro: Juntos por el Cambio queda colocado como una sólida oposición por derecha. Es imposible determinar cuál será el derrotero de la coalición que gobernará hasta el 10 de diciembre. Pero, parado sobre el 40% de los votos, el macrismo tendrá herramientas para conjurar la disolución de su espacio político e intentar mantener la hegemonía hacia su interior. Más importante aún: logró movilizar f0ísicamente a un sector reaccionario y numeroso de la sociedad.

Más allá de que el resultado definitivo le permite a Juntos por el Cambio ser la primera minoría en la nueva Cámara de Diputados, la activación del sector gorila de la sociedad es, quizás, el rasgo más importante: no sólo le da supervivencia superestructural al proyecto puro de las élites que Cambiemos siempre quiso representar, sino que también le confiere una encarnadura social para nada despreciable. Conviene evitar todo triunfalismo y no perder de vista esto. Más que nunca, los y las trabajadoras tendremos que imponer nuestras demandas en las calles. Y ello implica desconfiar de los llamados a la desmovilización, en particular cuando el próximo gobierno nos quiera convencer de que todos nuestros reclamos pueden resolverse puramente por la vía institucional.

Ecuador y Chile están marcando las coordenadas de la región. El conflicto social desborda los límites institucionales y pone a ambos gobiernos contra las cuerdas. El gobierno que asumirá en Argentina, en el mediano plazo, se moldeará según las presiones que reciba: la fina línea entre sostener un modelo de acumulación que hasta el momento no ha cuestionado y responder a las expectativas populares que despertó a partir de la catástrofe macrista deja el final abierto.

La derecha neoliberal parece haber entendido, de forma tardía, que en la disputa política la calle no se abandona. Nosotrxs también tenemos que tomar nota.

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