Por Redacción Marcha | Foto: Veinticuatro Tres

Mañana, como cada 27 de agosto desde hace 6 años, tendrá lugar la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, en la que familiares, amigos y amigas de víctimas de gatillo fácil y violencia institucional denunciarán los crímenes cometidos por las distintas fuerzas de seguridad, amparadas por el poder político, judicial y los medios de comunicación hegemónicos que dan por ciertas las versiones policiales.

Este año, la habitual marcha desde el Congreso de la Nación será reemplazada por una concentración en Plaza de Mayo desde las 14 horas, debido a la situación de aislamiento. A lo largo y ancho de todo el país se realizarán movilizaciones, concentraciones y protestas virtuales, además de un “proyectorazo” en varias ciudades.

En un comunicado convocando a la marcha, familiares y amigxs de víctimas de gatillo fácil explicaron que su reclamo de justicia no estaba dirigido solo “a los policías, prefectos, gendarmes o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen a nuestras familias, sino al Estado del que forman parte esencial. Actualmente tenemos más de 7000 personas asesinadas por el Estado desde el regreso de la democracia en 1983”.

Las historias de la desaparición de Facundo Castro Astudillo, con la Bonaerense como principal sospechosa, o el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, cuyo cuerpo fue ocultado por policías de esa provincia por una semana, no son solo ejemplos de estas prácticas tradicionales de las fuerzas de seguridad en todo el país, sino que muestran que durante el aislamiento social no cesó la escalada de violencia policial de los últimos años, con un pico sin precedentes durante el funesto gobierno de Mauricio Macri y su Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los familiares denunciaron en el comunicado que “no se trata de excesos individuales, ni de manzanas podridas dentro de las fuerzas, porque existe una práctica constante y sistematizada que rodea todos los casos de gatillo fácil, donde se modifica la escena del crimen, se ocultan y destruyen pruebas, amenazan a testigos y familiares, los peritajes están a cargo de sus propios pares, el poder judicial garantiza impunidad, los medios justifican el hecho instalando la versión de las fuerzas de seguridad y existe la complicidad por acción u omisión de ciertos funcionarios y políticos”.

Si bien las víctimas habituales del gatillo fácil son pibes jóvenes de barrios humildes, para los y las integrantes de la Marcha la violencia policial y estatal es mucho más amplia y toma múltiples formas: el abandono a los pibes y pibas con problemas de adicción a las drogas; la complicidad policial en las redes de trata y el narcomenudeo; la represión a los pueblos originarios y la expulsión de sus tierras; las torturas y violaciones de los derechos humanos de las personas detenidas en cárceles y lugares de encierro.

La Marcha busca visibilizar una situación nacional para sensibilizar a una sociedad que parece demasiado acostumbrada a este tipo de crímenes. Como afirman desde la organización, “no sólo peleamos por la sentencia sino también por la conciencia”.

“Ningún tapabocas va a callar nuestro grito exigiendo justicia”

Emilia Vassallo es la mamá de Pablo “Paly” Alcorta, asesinado hace 7 años por el policía de la Bonaerense, Diego Tolaba. Siendo una de las referentas de la organización, siempre está presente en la cabecera. Este año no podrán ir desde el Congreso a la Plaza debido a los cuidados de la salud que impone el contexto pero decidieron concentrar en la Plaza debido a la importancia creciente de la fecha. “Sabemos que el año pasado fue masiva la marcha, más de 5000 personas, por eso decidimos hacer esta convocatoria. Van a hablar solamente los familiares nuevos que se sumaron y después leeremos un documento”, explicó Emilia en diálogo con Marcha. Y contó el porqué de la decisión de no realizar la tradicional marcha: “esto del coronavirus no es joda, tenemos muchos amigos y familiares que se han contagiado, incluso han fallecido. No dejaremos de salir a la calle, no lo hemos hecho nunca, haya pandemia o no, pero con los cuidados necesarios”.

“Los reclamos son los mismos de todos los años. La represión sigue creciendo todos los años, durante el aislamiento se profundizó. Está la desaparición de Facundo Castro, el asesinato de Luis Espinoza, 92 casos de gatillo fácil en estos 5 meses”, agregó. El color del partido político no es determinante para ella. “La denuncia va a dirigida a todos los gobiernos, nacional, provincial y municipal. Hay distintos partidos políticos en cada lugar y el gatillo fácil y las causas armadas siguen existiendo. Pasan los gobiernos y la represión sigue existiendo, así que creemos que esto va a seguir ocurriendo porque es un método de control social. Cada gobierno se hará cargo de sus muertos, Macri se tendrá que hacer cargo de los suyos. Seguiremos cada caso de gatillo fácil, cada desaparición forzada, cada muerte en contexto de encierro”, concluyó.

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Por Ignacio Marchini | Foto de Pi Chon

Desde que asumió Cambiemos, la cifra de asesinatos por parte de las fuerzas represivas pasó de un muerto cada 28 horas en 2015 a un muerto cada 21 horas a principios de 2019, récord en materia de violencia estatal. Las muertes abarcan varias modalidades, desde los más conocidos como casos de “gatillo fácil”, hasta las muertes en lugares de detención, que representan casi la mitad de la totalidad de los asesinatos de las fuerzas represivas, con torturas previas en varios casos. Estos números se desprenden del informe que prepara todos los años la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Por si esta situación no fuera de por sí alarmante, las proyecciones del informe 2019 son aún peores: en el último año de mandato de Macri se superó el muerto cada 21 horas. Según María del Carmen Verdú, referente de la CORREPI y abogada antirrepresiva, “estamos peor que el año pasado. Estuvimos haciendo un esfuerzo sobrehumano para llegar a tener alguna cifra parcial para mitad de año y no llegamos. Es enorme la cantidad de casos. Nos están llegando dos o tres por día”.

El aumento exponencial de casos se debe a la profundización sin antecedentes de todas las modalidades de la represión estatal. Es notable que entre las primeras medidas oficiales del gobierno de Cambiemos, apenas asumió, se encuentran el Protocolo antipiquetes, la declaración de emergencia nacional en seguridad ciudadana y la militarización masiva de las barriadas populares. Si a esto se suman los proyectos de reforma de los códigos penal y procesal penal y la creación de la Policía de la Ciudad (que mató casi dos personas por mes), se completa el andamiaje legal y militar que busca sustentar el objetivo principal del macrismo: la reestructuración profunda y a largo plazo de la relación entre el Capital y el trabajo.

El aumento de uniformados en las calles, sumado al incremento cada vez mayor del poder de fuego, sólo podían desembocar en los resultados plasmados en el informe: el macrismo es el gobierno más represor desde el retorno de la democracia, teniendo en su haber 1 de cada 5 muertos en manos de las fuerzas de seguridad de 1983 a la fecha.

Para Verdú, esto no se debe a su política en materia de seguridad, sino más bien a la falta de ella: “no ha habido una política de seguridad ni de derechos humanos ni nada que se le parezca, sino una política represiva absolutamente desembozada. Por una parte, se asentó en lo que ya existía, todas las herramientas que el Estado argentino dispone desde siempre, e incrementadas paulatinamente de 1983 para acá, para reprimir la protesta social y para imponer el control sobre los barrios más vulnerables, sobre los más jóvenes, sobre las disidencias sexuales y de género, sobre trabajadores y trabajadoras migrantes”. El macrismo le deja al próximo gobierno nuevas herramientas, de la misma manera que las que implementó el kirchnerismo le fueron legadas al macrismo.

La falta de una política en materia de derechos humanos explica por qué se ha deteriorado tanto la concepción del derecho a la vida con la llegada de Cambiemos. La resolución 956 del año pasado, que autorizaba el uso de las armas de fuego de las fuerzas represivas contra personas desarmadas y en huida, cristalizó en el papel lo que sucedía en los hechos al amparo de la “doctrina Chocobar”, nombrada en honor al policía Luis Chocobar que asesinó a un ladrón por la espalda y fue felicitado por el Presidente en persona.

La situación en las cárceles también empeoró. Según informes oficiales a nivel federal de la Procuración Penitenciaria, y a nivel provincial de la Comisión Provincial por la Memoria, se duplicaron las muertes en lugares de detención en los últimos 3 años y medio.

Toda esta escalada en violencia estatal es posible gracias a la profundización de la impunidad a niveles también inauditos. Para la referente de la CORREPI, “a partir del explicito apoyo del gobierno a las fuerzas de seguridad, y las amenazas a jueces y fiscales que se atrevan a sacar los pies del plato, la andanada de causas cerradas, sin siquiera llegar a juicio, o de absoluciones en juicios, es impresionante. A esta altura del partido, celebramos cuando logramos llegar a juicio con una calificación mínima como homicidio en exceso del cumplimiento del deber”.

Los tres casos testigo: Santiago, Rafael y Juan Pablo

La CORREPI caracteriza al Estado, desde la asunción del macrismo, como un “Estado de excepción”. Esto quiere decir, según la definición del filósofo italiano Giorgio Agamben, que se encuentran suspendidos los derechos y garantías constitucionales, decisión que un gobierno toma ante una catástrofe o una invasión extranjera. Para María del Carmen Verdú, “el momento en que entramos en ese Estado de excepción fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ese hecho constituyó el quiebre en materia represiva porque es una desaparición forzada en el marco de la represión a un conflicto social, por el derecho a las tierras originarias”.

A partir de ese momento se disparó la escalada represiva, cerrando 2017 como el año con más asesinatos a manos de las fuerzas represivas, con 451 casos. Poco tiempo después de la desaparición de Santiago, el prefecto Pintos asesinaba por la espalda a Rafael Nahuel. Menos de un mes después, el policía Luis Chocobar hacía lo propio con Juan Pablo Kukoc.

Por qué mata la policía

Todos los gobiernos usan las fuerzas de seguridad para el control y el disciplinamiento social. La consigna fundacional de la CORREPI “no es un policía, es toda la institución” explicita que gobierne quien gobierne, mientras perdure una sociedad dividida en clases, la represión estatal va a ser necesaria para poder garantizar el cumplimiento de las políticas y programas de cualquier gobierno.

Según Verdú, la mayor o menor intensidad de la política represiva estatal se debe a dos factores fundamentales: “por un lado, tenés las propias características del gobierno. Un gobierno que hace campaña, como es el caso de Cambiemos, con el ‘voto bala’ y el ‘voto cárcel’, utiliza a la violencia estatal no sólo para implementar sus políticas sino como herramienta de propaganda”.

“El segundo elemento que determina la mayor o menor incidencia de la represión en un momento histórico determinado es la situación económica-social. Cuando todo el mundo está contento, no es mucho el riesgo que tenes de tener gente protestando y tener que salir a reprimir”.

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Tercerizar la violencia

El gobierno de Cambiemos, a diferencia de sus antecesores, abandonó toda pretensión de salvaguardar la imagen de las fuerzas represivas, apelando a una reivindicación explicita y una defensa a ultranza del accionar policial. Esta diferencia es sustancial con el kirchnerismo, que utilizó muchísimo más la tercerización de la represión que la represión de uniforme. “Cuando lo matan a Mariano Ferreyra”, explicó Verdú, “Cristina Fernández se pudo sentar a sacar una foto tomando el té con la mamá de Mariano, mientras decía ‘qué barbaridad lo que hizo Pedraza’ justamente por esto”.

El caso de Mariano Ferreyra es uno de los mejores exponentes del uso de la “tercerización de la violencia” por parte de los gobiernos. El Tribunal Oral de la Nación Nº21 condenó como participes necesarios a dos comisarios de la Policía Federal. Como explicó la referente de la CORREPI, “en los videos se ve que la patota llega sobre el terraplén junto con la Policía Federal. La policía les dice cuándo bajar. Hacen el ataque y, cuando los corren los militantes del Partido Obrero, ahí se les cruzan los patrulleros en el medio, que estaban esperando abajo, y la patota se escabulle por entre las filas de la Federal. Por eso no se pudo secuestrar ningún arma. Se pudo probar que se usaron cuatro armas distintas porque los compañeros fueron heridos con balas de cuatro armas diferentes”.

Este es sólo uno de varios otros casos. Durante el conflicto en Gualeguaychú y Fray Bentos (Uruguay) por la instalación de las plantas de celulosa que eran contaminantes, los desalojos estuvieron a cargo de Camioneros, gremio dirigido por Hugo Moyano, que seguía en buenos términos con Cristina Fernández en ese momento. “A los docentes de Santa Cruz los cagaron a palos patotas del PJ. A los pibitos de la FUBA, cuando quisieron designar al rector vinculado a la dictadura, fue la patota de APUBA (Asociación del Personal No docente de la Universidad de Buenos Aires) quien los atacó, sindicato que dirige Jorge Anró. Fue sistemático el uso de grupos de choque para que no se enchastre la policía las manos. No es nada nuevo, la Liga Patriótica lo hacía para el conservadurismo en 1919”, graficó la abogada.

¿Empate?

El proyecto neoliberal de la coalición de Cambiemos no logró del todo su cometido. Si bien hubo varios retrocesos importantes en materia de derechos adquiridos, como fue la reforma previsional en diciembre de 2017, todavía no pudieron avanzar a fondo con la reforma laboral, más allá de algunas reformas parciales. Que las primeras medidas del gobierno en enero de 2016 estuvieran vinculadas a profundizar la represión estatal evidencia que estaban dispuestos a pagar el costo de sangre, sea cual sea, con el fin de someter, de una vez por todas, a la clase trabajadora. Los resultados, mientras se aproxima el fin del gobierno macrista, son desastrosos.

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Por Ana Paula Marangoni | Foto: La Retaguardia

El documental comienza con la imagen de la Avenida General Paz, a la altura de la bajada de Emilio Castro. En ese punto, la avenida divide los barrios de Liniers y Mataderos, en Capital Federal, con Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza. La cámara nos hace contemplar en un espacio estrecho (como si estuviéramos ahí, en ese paso de alta velocidad que no tiene cruces) el paso fugaz de los autos. La vista no logra focalizarse. Los vehículos parecen meteoritos sobre el cemento que cuando creímos ver, ya fueron reemplazados por otros.

Para quienes no conocen el lugar ni la historia de Luciano, esa imagen vertiginosa de autos a toda velocidad narra lo que fueron sus últimos momentos. Los policías lo llevaron a ese lugar, en la madrugada del primero de febrero de 2009, y lo obligaron a cruzar esa misma avenida, en ese tramo sin cruce alguno, contra su vida, contra su esperanza, contra los instintos de cualquier ser humano.

Pero todo eso se supo cinco años y ocho meses después, un 17 de octubre de 2014, cuando a partir de un cotejamiento de huellas se descubrió que Luciano había sido enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.

Por eso, el documental que recupera registros de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, lleva el título de una pregunta que obligadamente debió transformarse, desde “¿Dónde está mi hermano?” hasta el título actual. De algún modo, el film acompaña el recorrido que fueron haciendo Familiares y Amigos de Luciano Arruga, antes y después de ese momento bisagra en que Luciano dejó de ser un desaparecido en democracia pero se hicieron más contundentes la crueldad e impunidad policial.

La película nos acerca a Luciano, a las calles de su barrio en Lomas del Mirador, a su mamá Moni y a su hermana Vanesa. Nos ayuda a dimensionar la lucha por la justicia que pudieron sostener colectivamente a lo largo de tantos años. Emociona y conmueve el registro de Vanesa haciéndole frente a fiscales y jueces, cuando la acompañaban apenas algunxs amigxs y organismos locales de DD.HH., como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), exigiéndoles que hicieran algo por la causa. Conmueve todavía más ver a la mamá y a la hermana de Luciano declarando delante del oficial Julio Diego Torales, principal sospechoso del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Luciano.

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Ese camino incansable implicó logros colectivos impensados por parte de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Uno de ellos es la expropiación del ex destacamento donde detuvieron a Luciano y a otros pibes del barrio, y la transformación de ese lugar en un espacio de vida. Ahí, donde lo tuvieron detenido ilegalmente, donde lo golpearon, donde estuvo por última vez antes de ser asesinado, hoy hay una biblioteca con un mural de Julio López, se dan talleres, abren ese espacio para que los pibes de los barrios 12 de Octubre y Santos Vega tengan un lugar de contención.

El documental nos cuenta también algo sobre la indiferencia de vecinas y vecinos de Lomas del Mirador (un barrio de chalecitos donde los pibes de 12 de Octubre y la Santos Vega son la representación del chorro, del falopero, del pibe que la gente de clase media y alta quiere sacarse de encima); indiferencia que hizo posible la instalación del destacamento, con la falsa promesa de traer seguridad al barrio. La recuperación del destacamento implicó lidiar con el prejuicio de las y los vecinos de la zona.

Actualmente, desde hace 11 años, todos los 31 de enero se realizan marchas o festivales por Luciano Arruga, con una convocatoria desbordante y con la presencia de familiares de víctimas de Gatillo Fácil de todo el país. Continuarán los encuentros, los abrazos, las lágrimas y esa fuerza que se saca de donde ya no se tiene cuando la lucha es colectiva.

Mientras tanto, la película, que se proyectó en el BAFICI de este año y obtuvo distintos galardones, podrá ser vista en salas de cine próximamente.

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Por Ana Paula Marangoni / Foto por Colectivo SADO

Corre el año 2012 en la ciudad de Neuquén cuando Matías Casas se despide de su novia, sentado en su moto. El momento se interrumpe cuando se ve obligado a arrancar entre disparos, perseguido por el policía Héctor David Méndez. Seis años después, en la provincia de Tucumán, Facundo está paseando con un amigo en una moto, cuando Mauro Díaz Cáceres junto con otros policías empiezan a perseguirlos y a disparar contra ellos.

Matías tenía 19 años. Facundo, apenas 12. Ambos estaban paseando, divirtiéndose, con su novia o sus amigos. No estaban lastimando a nadie ni estaban armados; no estaban ni cerca de representar una amenaza.

Ambos perdieron la vida a la madrugada.

Matías y Facundo eran de barrios humildes, donde la policía se siente con un especial derecho a matar. Facu era del barrio La Bombilla; Mati, de Cuenca XV. Ser un pibe de barrio te convierte automáticamente en sospechoso. A lo largo del país, el patrón se repite. Jóvenes y niños con el estigma de vivir en un barrio popular, son asesinados, golpeados, torturados o violentados por la policía. La bala que mata llega a toda velocidad; el Poder Judicial, en cambio, encuentra todos los vericuetos para jamás llegar.

Detrás de los titulares mediáticos que, en el mejor de los casos, conmueven a la población por unos días o apenas un par de minutos (lo que dura el flash informativo), están las historias de vida interrumpidas de esos jóvenes, y las de sus familias, que nunca más volverán a ser iguales.

Los crímenes cometidos por fuerzas de seguridad son los más difíciles de demostrar porque siempre los mismos oficiales, fiscales y jueces que deberían investigar y juzgar a los sospechosos, son quienes los encubren. A esto se suman las amenazas y las difamaciones que transforman la vida de los familiares en un infierno; mientras hacen su duelo tienen que luchar para que se haga justicia, desoír las mentiras y continuar con su batalla contra la impunidad.

La policía y sus cómplices hacen todo lo que tienen a su alcance para convertir a esos niños y jóvenes en peligrosos delincuentes. Apelan a los discursos del odio, al odio de clase, a la construcción de un estereotipo deshumanizado. Para los familiares, la pérdida de su ser querido es apenas el comienzo de una cadena de situaciones traumáticas y dolorosas. Se trata de una herida que nunca se cierra.

La historia de Facundo

Para Malvina, su tía, “Facu era un chico al que le gustaba jugar al fútbol. Soñaba con hacer un comedor y sacar a su pachona (NdR: su abuela) del barrio”.

La tarde del 7 de marzo “él estaba feliz, jugaba. Salió a saludar a todos sus amigos como nunca”. Esa noche se fue a lo de un amigo. Las noticias no tardaron en llegar: “como a las 3 de la mañana, le avisan a mi hermana que Facu había tenido un accidente”.

La mamá de Facundo llegó al hospital Padilla con otra de sus hermanas. Allí, un médico le dijo que “para Dios no hay nada imposible”. Por un momento, sintió esperanza. Pero cuando entró a la sala, lo vio envuelto en una bolsa negra. Su hijo ya estaba muerto. Y los médicos le habían mentido. Tampoco les dijeron la causa de su muerte. Nadie en el hospital les dijo que Facu no había muerto por un accidente. Sólo un hombre se les acercó y les dijo la verdad: un policía le había disparado en la cabeza.

Desde los primeros días hasta la fecha, cuando la familia sale a pedir justicia, la policía los amenaza, intentando hacerlos callar. Para que no se lo tomaran a la ligera, mataron al perro de Facu. A pesar de todo, su familia sigue adelante.

Según le contó Malvina a Marcha, la policía los respeta cada vez menos en el barrio. Lo que experimentan cotidianamente en La Bombilla y otros barrios periféricos de Tucumán es que pase lo que pase, siempre se encubre a la policía. Para la familia de Facu “esa preferencia nos hace ver que la vida de un ser humano no vale nada”.

Croquis del asesinato y encubrimiento

Las cámaras de seguridad captaron gran parte de lo sucedido. A la una y media de la madrugada, cinco motos se desplazaron desde Avenida Soldati y Honduras hasta el cruce del pasaje Río de Janeiro y la Avenida Avellaneda. En una de esas motos viajaba Facu con un amigo. Los policías motorizados comenzaron a perseguirlos a muy corta distancia. Allí, en esa última coordenada, Mauro Díaz Cáceres le disparó a Facundo en la cabeza, dejándolo mortalmente herido. Nicolás Montes de Oca y los otros policías que participaron de la persecución hicieron al menos 12 disparos hacia los menores con sus armas reglamentarias, en plena calle.

Las mismas cámaras filmaron al oficial Díaz Cáceres colocando vainas de balas a las 2 de la madrugada, para luego poder simular que hubo un enfrentamiento con armas de fuego.

La fiscal de la causa pidió la detención y prisión preventiva de los oficiales involucrados, acusándolos de homicidio agravado. Pero los jueces Rougués y Maggio rechazaron en tres oportunidades la solicitud. Tanto Díaz Cáceres como los demás policías actualmente están libres y continúan ejerciendo dentro la fuerza.

Su familia continúa exigiendo justicia.

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¿Quién era Matías?

Matías tenía 19 años y trabajaba con su papá, Cesar, atendiendo al público en una forrajería. Con mucho esfuerzo se había comprado una moto, una 110 que le prometía la felicidad de sentir el viento frío en la cara, de llegar más rápido a la casa de su novia o de alguno de sus tantos amigos. O simplemente de pasear por las calles de la ciudad de Neuquén.

César, su papá, desempolvó de su memoria algunos de los tantos recuerdos que atesora sobre su hijo: “Matías era la alegría de la casa. Después de la pérdida de él la familia se quebró. Él le daba mucha vida a las reuniones familiares, era pura risa. Era una persona muy especial, muy buena y muy dulce. Como papá no tengo nada que reprocharle. Cuando le aconsejaba algo, siempre me tomaba en cuenta.  Para mí siempre fue muy especial la relación que teníamos, era muy buena. Incluso habíamos salido un par de veces a pescar juntos. Pudimos compartir su niñez, su adolescencia, y su juventud alcancé a vivirla un poco.”

¿Qué pasó el 22 de julio?

La cuenca VX, donde comienza el episodio del asesinato de Matías, es un barrio donde, por esos tiempos, habían muchos conflictos. Matías había tenido una discusión con el hijo de Héctor David Méndez, policía de la Brigada de Investigaciones. El hijo de Méndez regresó a su casa y le contó a su padre la discusión. Sin mediación de ningún tipo, el oficial salió de su casa con su arma reglamentaria en búsqueda de Matías.

Era la una y media de la mañana. Matías tenía todavía su moto nueva encendida. Se estaba despidiendo de su novia cuando Méndez preguntó por su nombre. Ante la respuesta, comenzó a disparar hacia ellos. Matías arrancó con la moto para proteger a su novia del agresor. Méndez continuó disparándole a Matías hasta que dos balas impactaron en su cuerpo.

Mati, herido gravemente, logró hacer 8 cuadras hasta que se desplomó en el piso. A Méndez no le alcanzó con dispararle. Lo siguió desde una camioneta con un amigo. Para cuando llegó al lugar donde estaba el joven, ya estaban en el lugar los policías de la Comisaría 18. Méndez saludó a sus colegas, los que le permitieron acercarse para golpearlo y patearle la cabeza mientras agonizaba en el suelo. Como si todo fuera muy normal, el agresor, él único armado, se despidió de los demás policías y se fue con toda tranquilidad a su casa.

Matías fue llevado al hospital y falleció entre las 8 y media y las nueve de la mañana por la cantidad de hemorragias internas que le provocaron los disparos.

Los policías de la comisaría 18 continuaron encubriendo el caso, robándole el teléfono a Matías. Esta comisaría es altamente cuestionada en Neuquén. En el mes de diciembre del mismo año, otro oficial de la misma comisaría, Claudio Salas, mató a Braian Hernández, de apenas 14 años.

Justicia por Matías y Braian

El papá de Matías contó cómo comenzaron a organizarse: “a medida que empezamos a averiguar lo que había pasado y a saber lo que había ocurrido por gente que vio lo que pasó, comenzamos a marchar junto a sus amigos y a pedir justicia”.

“Cuando en diciembre, apenas 5 meses después, matan a Braian Hernández, nos unimos las dos familias para pelear por las causas. A Braian, de 14 años, lo mataron los policías de la comisaría 18, en el mismo barrio donde asesinaron a Matías, con un tiro en la nuca”.

Primero disparar y después preguntar

Frente a la pregunta sobre cómo es la relación de los jóvenes y la policía en la actualidad, César comentó a Marcha con claridad y contundencia que “la problemática siempre es la misma: es la criminalización de las personas de los barrios. En nuestro caso, en la primera versión oficial, la policía dijo que Matías había amenazado a la familia de Méndez con un arma de fuego. Obviamente, ni el arma apareció ni los dichos fueron probados durante el juicio. Luego del juicio sentenciaron a Méndez a cadena perpetua. Pero después los jueces bajaron la condena del oficial a veinte años”.

Y agregó: “este gobierno actual ve como natural la doctrina Chocobar y es la que van implementando para los chicos en los barrios: primero disparar y después preguntar. Hay que entender que es la mecánica con la que funciona el Estado. Y que los chicos de San Miguel del Monte no murieron de casualidad, fueron asesinados. Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda. Y tantos chicos más que terminan siendo asesinados por las distintas fuerzas de seguridad que representan al Estado, y que ante un hecho como el de Chocobar, tienen la venia del gobierno. Patricia Bullrich, la actual Ministra de Seguridad, legitima estos crímenes cuando le da al oficial su saludo y afirma que está bien el accionar de las fuerzas. Acá en Neuquén, como en todo el país, el accionar de la policía es lamentable.”

Los datos del horror

Según el último informe de la CORREPI, durante los 12 años de gobiernos kirchneristas el promedio de casos de gatillo fácil era de un asesinato cada treinta horas (llegando a un pico de uno cada veintiocho horas en 2015). Esta problemática, que ya expresaba datos alarmantes, se intensificó en el último gobierno. Durante el macrismo, en tan solo 3 años, la cifra aumentó exponencialmente pasando a ser de un muerto cada 21 horas. Más de mil trecientas personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019.

Comparando con los datos del último Censo, las estadísticas indican que “la represión se descarga de manera muy uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos”. La provincia de Buenos Aires lidera el número de asesinatos por fuerzas represivas, con muy poca diferencia con las que le siguen: Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza. También muy parejo siguen La Pampa, Río Negro, C.A.B.A., Santiago del Estero y Córdoba, en ese orden.

El informe arroja también un dato que ejemplifica a la perfección uno de los roles esenciales de las fuerzas de seguridad: reprimir la protesta social. “Es de notar que los distritos que encabezan la lista son aquellos en los que de manera más brutal se viene aplicando el ajuste, y donde más ataques han sufrido las y los trabajadores con cierres de fábricas, congelamiento de salarios, paritarias a la baja y creciente desocupación”.

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Por Redacción Marcha / Cobertura Colaborativa

El pasado 27 de agosto se realizó la 4º Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Familiares de víctimas de la fuerzas represivas junto a organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron los casos de gatillo fácil y las políticas de represión a las y los pibes de los barrios populares.

Bajo la consigna “Ni un pibe menos, Ni una piba menos, Ni una bala más. El Estado es responsable”, se llevó a cabo la 4° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, impulsada por familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos. La Marcha se realizó en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización volvió a recorrer Av. de Mayo desde Congreso a Plaza de Mayo donde concluyó con las voces de familiares relatando las historias de los pibes y las pibas.

Un Estado garante de la represión

Hace algunas semanas se conocía el caso de Cristopher “Bocha” Rego, quien fue asesinado por integrantes de la Prefectura Naval Argentina en el barrio de Parque Patricios. El hecho sacudió al barrio porteño por el resultado de un accionar cotidiano que es el amedrentamiento por parte de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el caso del “Bocha” Rego sirvió para recordar que el gatillo fácil es una política de Estado. Así lo revela el informe anual de la Coordinadora Contra la Represión (Correpi): “cada 23 horas hay un caso de gatillo fácil en la Argentina”. Este número escapa a las estadísticas frías. Concretamente, quiere decir que en nuestro país casos como los del “Bocha” Rego no son aislados ni responsabilidad de agentes irresponsables, sino que es resultado de un sistema usa sus fuerzas de seguridad como un mecanismo coercitivo letal, que no descansa en períodos democráticos.

A pesar de que esta situación es conocida por el conjunto de la sociedad, para el gobierno de Cambiemos no importan los Luciano Arruga ni los Kiki Lezcano, entre tantos otros. Esto es tan así que luego de respaldar el lamentable accionar de la Gendarmería en el caso de Santiago Maldonado o de la Prefectura en el crimen de Rafael Nahuel, la doctrina Chocobar impulsada por la ministra Patricia Bullrich y el presidente Mauricio Macri vuelve al centro de la escena, luego de que el policía que dio nombre a la doctrina fuera reinsertado en la policía. El envalentonamiento represivo es tal que, si bien el pedido fue rechazado, hasta el genocida Miguel Etchecolatz intentó volver a dicha institución. Por si fuera poco, pocas horas antes de la marcha se registró un nuevo caso de gatillo fácil en Rosario, donde una agente policial de civil baleó a Facundo Benítez, un joven de 18 años de Barrio Tablada.

La organización como respuesta

En contraste con una tarde casi primaveral, de espaldas al Congreso, familiares de víctimas de la violencia y el abuso de las fuerzas de seguridad se reunieron para movilizarse en esta 4º Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil que reunió a cientos de casos de gatillo fácil, violencia y abuso en las cárceles, causas armadas y criminalización de las disidencias sexuales. Un fugaz momento de alivio para darle visibilidad a las y los que diariamente engrosan las listas de víctimas de la represión del Estado. Con las imágenes de sus hijas e hijos colgadas de sus pechos, familiares de las víctimas protagonizaron la jornada.

Una de las personas presentes eras Isabel, madre de Facundo Jones Huala, quien a pocas horas de la nueva detención y pedido de extradición de su hijo expresó: “Facundo está en la Unidad 14 de Esquel. Lo detuvieron porque según la fiscal Little, que es antimapuche, hay peligro de fuga”. Además enfatizó que “hay persecución política hacia los mapuches. No sabemos qué va a pasar con Facundo pero más allá de eso también hay pedido de captura de Fausto Horacio Jones Huala y Lautaro González, que fueron los que bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel en la comunidad”. Hacía dos días que se había cumplido un nuevo aniversario del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel a manos de un prefecto que aún no ha sido procesado. El cálculo es sencillo: lo que está en disputa son las tierras y sus bienes comunes. Sacar a los defensores y defensoras de los territorios, a cualquier costo, es una necesidad.

“Soy el papá de Florencia la “China” Cuellar, una de las 9 mujeres asesinadas dentro de ese centro de exterminio mal llamado cárcel”, dijo Alfredo al tomar la palabra con la paciencia que siempre lo caracterizó. “Hoy estoy acá acompañando a todos los familiares de las víctimas del gatillo fácil porque creo que este es el momento en donde tenemos que salir a manifestarnos para que de una vez por todas este aparato represor del Estado deje de matar a todos nuestros seres queridos”. La “China”, su hija, fue asesinada en la cárcel de Ezeiza en el año 2012. Otra historia de violencia en contexto carcelario.

Mientras, la columna principal avanzaba al grito de “yo sabia que a los pibes los mató la policía”. No hay manera de que el paso del tiempo haga disminuir el dolor de estas pérdidas. Las madres cantan con la tristeza y los pañuelos que no se escapan de sus manos, pero año a año las fuerzas se renuevan al ver el dolor colectivizado. Un ejemplo es el de Dolores Singampa, la mamá de Ezequiel Demonti, quien es parte hace años de la organización. Su hijo fue asesinado en el año 2002. “Cuando mataron a Ezequiel había otro gobierno de derecha. Ahora hay una particularidad: estos son más represores, son los que menos quieren a los pobres, a los pibes de los barrios populares, de las villas. Hay una declaración de pena de muerte de parte del Presidente, la Ministra de Seguridad y la gobernadora Vidal, porque al felicitar a un policía, cuando mata a un pibe, están declarando la pena de muerte”, analizó Dolores.

Las madres organizadas coparon las calles. Y juntarse tiene un fin muy claro. Así lo expresó Emilia, la mamá de Pablo “Paly” Alcorta, asesinado en 2013 por Diego Ariel Tolaba, miembro de la Maldita Policía y actualmente en funciones en la Policía de la Ciudad. Para Emilia, juntarse es esencial para “hacernos visibles porque de a uno no nos dan bolilla, nos tiran para el costado como siempre, porque somos de la clase trabajadora, porque somos humildes. Por eso se creen que no tenemos derechos. Acá nos juntamos para que nos escuchen y porque la unión hace la fuerza. Entre todos vamos a poder conseguir justicia”.

Pero no sólo las madres, si bien eran mayoría, acudieron a recordar a hijos e hijas y a exigir justicia. Uno de lo presentes fue Leonardo Santillán quien, junto a su padre Alberto, estuvieron en la Plaza para recordar a su hermano e hijo Darío, víctima emblemática del gatillo fácil, asesinado en 2002 junto a Maximiliano Kosteki en la llamada Masacre de Avellaneda. A pesar del dolor indeleble, Leo hizo un balance positivo de esta cuarta marcha: “Participé de la 3era el año pasado y de ese tiempo a esta parte ha crecido la participación de la gente y la misma organización. Se han organizado más madres y es muy importante. Esto sirve para mantener vivas estas causas, porque en varios casos ya han dado veredicto y los policías terminan siendo absueltos”. Además, recordó a su hermano y dejó asentado qué estaría haciendo ahora: “Darío estaría luchando como estamos tantos hoy acá. Con los estudiantes, con los desocupados. Siempre en la calle. Él nos enseñó eso”.

Casi sobre el final llegó la infaltable Norita Cortiñas, llegada directamente desde el centro de salud donde había sido atendida. Allí leyó los 70 nombres de las víctimas de gatillo fácil y luego expresó: “Basta de matar pibes, tenemos muchas preocupaciones por la situación económica”. Y cerró de manera contundente: “No al gatillo fácil, no a perseguir a los pibes. Le digo a las madres que hay que luchar. ¡30.000 detenidos-desaparecidos presentes!”.

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Se trataba de una marcha organizada por las y los mismos familiares, y desde su comienzo se pudo entrever. Antes de la hora convocada, ya un gran número de familiares y amigos/as de víctimas del accionar represivo se encontraban en la cita ordenando lo que sería la cabeza de la marcha. Algunos llegaban acompañados por las organizaciones de sus barrios, otros simplemente provenían de la boca del subte o paradas de colectivos en pequeños grupos. Sus cantos y llantos cercanos, sentidos, acercaban a quienes allí estaban a comprometerse con el reclamo.

Carteles hechos a mano y remeras con fotos impresas fueron tiñendo las calles aledañas al Congreso de un reclamo desgarrado de justicia. Otra denuncia hecha cuerpo y voz de mujeres, donde madres, hermanas, parejas protagonizaron la avanzada. A su lado, Norita Cortiñas Madre de Plaza de Mayo – Línea fundadora, tejió con su presencia la historia de la lucha y las memorias, en ellas -como lo supieron advertir- se hacían presentes sus hijos e hijas, y en esa urdimbre las fotos y cantos por Julio López y Santiago Maldonado negaron el olvido.

Si bien la marcha tuvo su carácter nacional y se realizó a lo largo de las distintas provincias del país, la marcha en Buenos Aires se caracterizó por la diversidad de casos presentes de distintos lugares, previamente las y los mismos familiares habían realizado festivales para garantizar sus pasajes y alojamientos. Entre ellos estaba Cesar Casas, papá de Matías Casas, el joven de 19 años asesinado por un policía de la Brigada de Investigaciones de Neuquén de dos tiros por la espalda. Si bien la causa recibió la perpetua “le bajaron la calificación de abuso policial que era lo importante” explicó Casas para Marcha ya que “el estado no la quiere reconocer”. Por su parte agradecido manifestó “es muy importante que estemos acá reclamando justicia a este gobierno y a cualquier gobierno, queremos que eso quede claro, porque la familia no tiene bandera, la familia quiere justicia”. En ese sentido afirmó “acompañamos a los familiares porque entendemos que los resultados los encontramos uniéndonos y en las calles.”

A diferencia de años anteriores, esta vez, la marcha superó las expectativas de las y los organizadores. Desde sus inicios se trata de una acción de denuncia y visibilización del abuso y la violencia que mayoritariamente se ejerce hacia la juventud y la pobreza en manos de las fuerzas represivas. Pero este año las y los encontró más organizados, acompañados por los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales lograron hacer de su consigna de denuncia un reclamo masivo. Al comenzar los primeros pasos hacia la Casa Rosada una gran bandera se posicionó unificando las historias presentes: “Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El estado es responsable”.

Desde el mes de abril las organizadoras vienen construyendo esta tercer marcha, entre ellas Emillia Vasallo, mamá de Pablo Alcorta, explicó para Marcha “estamos contentas con esta marcha nacional ya que así podemos denunciar y visibilizar los casos de nuestros hijos y también armar lazos entre los familiares”. Y afirmó “es importante porque nos matan un pibe cada 25 hs no sólo de gatillo fácil sino también hay un número importante de asesinatos en lugares de encierro”.

En ese contexto, Alfredo Cuellar, padre de Florencia “la China” Cuellar -asesinada en el Penal de Ezeiza el 23 de diciembre del año 2012- expresó al llegar a la Plaza de Mayo emocionado “mi hija es una de las tantas mujeres presas injustamente y asesinadas dentro del aparato” y reconociendo la lucha de las mujeres agradeció “muchas luchadoras me acompañan hoy por eso sólo me toca decir a mi ¡basta de torturar, desaparecer, matar a nuestros seres queridos!”. Y para finalizar afirmó “esta inseguridad que nos quieren vender se combate derivando al aparato represor y legislativo que pone leyes que quiere a los pobres presos o muertos.”

Una vez en el predio que funcionó como escenario y albergó a las historias de las y los familiares, Norita Cortiñas tomó la palabra y haciendo la lucha contra el gatillo fácil como propia exclamó “esta plaza está también hoy para las madres de sus hijos que son asesinados por ser simplemente jóvenes”. Y en esa línea remarcó “basta también de querer bajar la edad de punibilidad porque los niños y las niñas no nacen peligrosos”. El micrófono fue circulando y entre las adhesiones de organismos de derechos humanos, partidos políticos, movimientos estudiantiles y organizaciones sociales, distintos familiares fueron tomando la palabra. En una tensa calma que continuaba hilando broncas y alegrías se pusieron en común algunos casos que, como nudos, se unieron bajo la misma impunidad.

Caían las primeras gotas de la lluvia que, a lo largo de la marcha no se cansó de amenazar, cuando fue el turno de Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Reconociendo la organización de las madres aclaró “no les voy a contar la historia de Luciano porque muchos ya la conocen, hoy acompaño acá y voy a ser breve: ¡luchen porque es la única manera de hacer justicia! y es acá que estamos haciendo justicia”. Y ante los presentes manifestó “es ésto lo que a los de arriba les aterra, así le respiramos en la nuca”. Para finalizar, emocionada y dolida por la reciente desaparición de otro jóven, Santiago Maldonado expresó “hace un mes que tengo este dolor porque pensé que Luciano había sentado un precedente, pero se cagaron de vuelta en un pibe y desaparecieron a Maldonado, como madre de un desaparecido quiero saber dónde está, a dónde lo llevaron, lo queremos con vida porque así lo llevaron”.

Galería de fotos: http://www.marcha.org.ar/gallery/marcha-contra-el-gatillo-facil/

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