Hoy se realiza la 13° edición de la Marcha de la Gorra en Córdoba y en otras localidades del país. Hasta el 14 de diciembre habrá actividades e intervenciones contra la represión policial bajo la convocatoria “Tu estado no da miedo, en mi barrio no me encierro”.

Por Redacción La tinta*

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Este 23 de noviembre la Marcha de la Gorra es un grito que recorre el país: “Terrorista es el Estado, no quien tenés al lado”. Entrevista a Clarisa Gambera de Niñez y Territorio.

Por primera vez la Marcha de la Gorra se ha nacionalizado, luego de doce ediciones en la provincia de Córdoba, de donde es originaria, se realiza por segunda vez en la CABA.

Con diversas actividades la Marcha invita a un festival con murgas, cultura, feria y bandas,  desde las 15 hs y marchará desde Av. Las Heras y Av. Pueyrredon a la Casa de Provincia de Buenos Aires,  en Av. Callao y Sarmiento, de esta ciudad. Se realiza apenas unas horas después de haber sido denunciado un nuevo caso de gatillo fácil contra un trabajador popular.

“Porque no son hechos aislados, son políticas de Estado. Terrorista es el Estado, no quien tenes al lado. Nosotres somos eses, les de al lado”.

“Que sepan que estamos acá, más plantades que nunca, que estamos avivando las brasas de las luchas, que recordamos nuestra historia y la llevamos en la sangre, recordamos a les pibes fusilades por el aparato represor, y nos recordamos a nosotres, que jamás nos olvidaremos, porque lo que empezó como una vuelta a la plaza San Martín de pibes de barrio, es hoy un movimiento nacional.” Expresan les organizadores en un breve comunicado.

Desde Marcha entrevistamos a la Clarisa Gambera trabajadora territorial del espacio Niñez y Territorio.

¿En que contexto se realiza esta Marcha?

Con un Estado represivo dispuesto a todo para imponer el ajuste y con datos  devastadores sobre nuestros pibes y pibas. Uno de cada dos pibes y pibas es pobre en la Argentina, come mal, no tiene una vivienda digna, sus familias no tienen  trabajo. Con un clima social regional de tolerancia a la mano dura y al discurso de “meta bala” habilitado y fogoneado desde el propio Estado,  los chicos y chicas de los barrios están en peligro.

La violencia represiva q se despliega abiertamente desde las fuerzas de seguridad,  a las que les soltaron la cadena con la doctrina Chocobar,  que hace que recrudezca la avanzada sobre las y los pibes de las barriadas y sobre la protesta social.

¿Qué rol tiene el Estado hoy?

Mientras el presupuesto para políticas públicas se ajusta para pagar deuda abandona a las y los pibes. No vale que el Estado solo se haga visible para reprimir o apresar pero no haya Estado cuidando ni restituyendo derechos ni generando oportunidades. Nuestros pibes y pibas no pueden ser los que paguen con sus vidas  el malestar social,  siendo sujetos de persecución constante.

¿Por qué salen a las calles?

Salimos a la calle para decirles al gobierno,  pero también para convocar y conmover a la sociedad ante la crueldad que avanza.  Necesitamos recuperar lo comunitario,  lo humano y  la ternura. Asusta que haya quien crea que bien muerto está como pasó,  en algunos sectores,  con el asesinato de un pibe en Tucumán, o que sea tolerable que la Ministra de Seguridad proponga armarse para defenderse.  La vida así queda devaluada para todos y todas.

¿Qué lugar ocupan hoy las organizaciones territoriales?

Las organizaciones de Niñez y Territorio se vuelven una trinchera junto a otras organizaciones sociales en los territorios. Una trinchera para comer, jugar, contar lo que les pasa, pedir ayuda, no estar tan solos y solas,  y la propuesta es “organizar la esperanza y proteger lo que crece” como decía el poeta. Es muy peligroso no cuidar porque deshumaniza a nuetra sociedad y entonces la crueldad es moneda corriente.

Políticas de represión en democracia

La Marcha de la Gorra nace en  Córdoba, en el año 2007, como respuesta a las políticas de represión con las que el Estado habilita a las fuerzas de seguridad. Un reclamo colectivo para visibilizar y denunciar la represión que se dirige contra los sectores más vulnerables de la sociedad.   Un procedimiento de las fuerzas de seguridad que se extiende a lo largo de nuestro territorio, con impunidad contra jóvenes,  niñas y niños víctimas de las políticas de criminalización y encierro como única respuesta del estado, mientras aprieta con el ajuste y abandona a quienes más lo necesitan.

Rolando “Ronald” Orellana,  un trabajador humilde de la toma de tierras de Puente 12,  fue alcanzado apenas anoche por las balas de un arma reglamentaria de un policía de la Bonaerense, así lo denunciaban las organizaciones pocas horas atrás. Un nuevo acto de represión de las fuerzas de seguridad que cargan contra las y los más desfavorecidos.

Esta Marcha invita a salir y reflexionar: “Mañana habrá marchas en todo el país, en medio de niveles de conflictividad que nos tienen sin respiro. Ojalá seamos miles”, expresó Clarisa.

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En su décima edición, la organización decidió apuntar contra la responsabilidad del Estado dentro un esquema de avance en las políticas represivas en todo el país, sin por eso perder la creatividad, la alegría y una forma de denuncia que logró nuclear diversos sectores de la población cordobesa.

A la hora de organizar la décima Marcha de la Gorra, el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos prefirió antes de festejar aumentar su grado de denuncia. El eslogan fue: “¡¿Cuánto más?! El Estado es responsable”. El recorrido cambió del acostumbrado desfilar de Cañada y Colón a la plaza San Martín (centro histórico de la ciudad de Córdoba), para avanzar sobre la avenida Colón y terminar en la Casa de Gobierno, el llamado Panal, un moderno edificio de modernas luces azules inaugurado hace pocos años y que contó con un fuerte cordón de seguridad, helicópteros y drones.

Ese año hubo 73.100 detenciones en todo el territorio provincial, es decir, un promedio de 200 diarias, una cada 8 minutos. En Córdoba capital entre 2009 y 2011 hubo un aumento del 54% en las detenciones. Una realidad que poco a poco se expande al resto del país dentro de las nuevas políticas del gobierno de Cambiemos.

Una vez más, un día al año, la ascéptica modorra de la vida consumista, del orden imperante en la capital cordobesa tuvo que ceder ante la invasión de los barrios, los carreros, las organizaciones sociales con sus banderas, los grupos de teatros y grafiteros, las murgas y miles de personas que decidieron denunciar la grave realidad de represión que vive el país en una marcha que hace años se ha caracterizado por ser distinta, creativa, alegre, y con capacidad de reunir un amplio espectro de personalidades. Por ahí se podía ver marchando al periodista uruguayo Raúl Zibechi, o Medardo Avila Vásquez (médico famoso por su denuncia contra los pueblos fumigados) o el Duende Guernica, entre otros. “La Marcha de la Gorra ya se instaló como un hito que está rodando por toda la Argentina (este año hubo Marcha de la Gorra en 15 localidades del país). Llama la atención por poder juntar lo que nadie junta, ni siquiera el 24 de marzo. Y no solo tiene la capacidad de juntar, sino que también tiene una capacidad de bullicio muy importante. Los jóvenes no son solo objeto de hostigamiento sino sujetos de prácticas muy creativas que se disponen con alegría. Y eso no la frivoliza. Nosotros venimos de militancias acartonadas, donde el entrecejo forma parte del vestuario. Ese pintoresquismo la vuelve cada vez más grande”, opina Esteban Rodríguez Alzueta, investigador y militante de derechos humanos de La Plata que llegó a Córdoba a presentar sus libros “Hacer Bardo” y “La Máquina de la Inseguridad” dentro del marco de la Gorra Literaria y como invitado especial del programa radial La Luna Con Gatillo.

“Nosotros venimos señalando hace varios años que Córdoba venía funcionando a modo de laboratorio en términos de política de seguridad, y que lo que se implementaba acá era para ver cómo funcionaba, para después implementarlo gradualmente en el resto del país. De alguna manera lo que sucedió durante el gobierno kirchnerista fue un fortalecimiento de los aparatos represivos, un crecimiento descomunal de la cantidad de efectivos en cada una de las fuerza provinciales y nacionales, un incremento en la calidad de la persecución por medio, por ejemplo, de la identificación biométrica, que sentó una base que hace posible que hoy esa política estatal de seguridad continúe agravándose ya con una política abiertamente de derecha, con un gobierno que no tiene prurito en decirlo y que sale a aplicar esto que en Córdoba ya veníamos viviendo, de poder detenerte para pedirte documentos, que en el resto del país decían: no estamos en dictadura. Acá ya venía pasando y ahora está pasando en todos lados”, explica el abogado Sergio Job, abogado. Y continua: “Y después, afinando una persecución más directa y concentrada sobre los sectores organizados. Ahí se ve esta continuidad en las políticas de seguridad que son continentales y no tiene que ver con una política del Pro. El Pro lo aplica sin ningún prurito. Sabemos que es la derecha fascista gobernando. Y que también aplican este plan de persecución y control, no solo a través de las fuerzas institucionales, como la policía o el poder judicial, sino también a través de una red de punteros y narcos, como sucedió con el compañero de La Dignidad, Chiqui, que en medio de una asamblea, un puntero del Pro, que a la vez es funcionario en el Instituto de Vivienda de Buenos Aires, le dio un tiro en el pecho a cara descubierta, sin ningún tipo de problema”.

Job es integrante del colectivo el Llano en Llamas y del Encuentro de Organizaciones (EO), uno de los organizadores de la Marcha de la Gorra y concluyo que “estamos viendo un incremento en la violencia y sobre todo en la visibilidad de los hechos. No tienen problema en caretearla, como se diría, sino que abiertamente hay un mensaje al conjunto del campo popular y a los sectores empobrecidos de Argentina que si luchan van a tener represión”.

En este contexto nacional y provincial no puede pasar desapercibido este andar por el centro de Córdoba Capital que una vez al año inunda las calles y hace que los cordones policiales se den al revés, tres o cuatro uniformados arrinconados contra las propiedades que el Estado considera de valor (desde la lotería de la provincia a Mc Donalds) viendo miles de jóvenes de gorra cantando, fumando, bardeando, pintando las paredes y denunciando el abuso del que son parte el resto del año. “La misma semana de la marcha estuvimos denunciado el ataque a un amigo de Lautaro Tores, víctima de gatillo fácil, que fue detenido por un policía en la vía pública. Este pibe tenía puesta la remera con la cara de Lautaro y la denuncia, que es la remera que usan los familiares y amigos de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil. El policía no solo lo obligó a sacarse la remera, sino que la rompió con una trincheta y la tiró a la calle, intimidándolo y diciéndole que si era amigo de Lautaro, eso era lo que le iba a pasar. Ese es el nivel de abuso que cobra niveles de violencia tremendos, como mandarles a las madres fotos de sus hijos muertos”, denuncia Marisa Emilia Francia del Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCOF).

El terraplén casi baldío frente a la Casa de Gobierno, cerca de la terminal de trenes y colectivos, permite que los concurrentes se explayen luego de la marcha. Se aprontan los puestos con choripanes, cerveza y Pritty con vino, y en un escenario comienza la lectura del comunicado que emula la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. Carta Abierta al Estado Policial: “El silencio corporativo de la prensa, el asesinato de nuestrxs pibxs queridxs, la persecución a carrerxs, trabajadorxs formales e informales y trabajadorxs sexuales, el allanamiento sin orden judicial de cualquier casa villera, y el arresto de cada persona que ose enfrentarlos, son algunos de los hechos que nos obligan a repetir esta forma de expresión colectiva después de haber caminado libremente por las calles de nuestra ciudad un día por año, durante los últimos diez años. El décimo aniversario de la Marcha de la Gorra nos motiva a un balance de la acción de su gobierno: lo que ustedes promueven bajo la bandera de Unión Por Córdoba no es más que un plan de exclusión, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”.

Los familiares de las víctimas toman el escenario para contar sus experiencias. Madres, padres, hermanos y hermanas, un rosario de historias que por momentos se hacen insoportables, generan lágrimas, indignación, pero también funcionan como una liturgia de esperanza, agradeciendo estar juntos en la denuncia y la organización. Para terminar un poco de cuarteto, cumbia y música compañera que despeje los cuerpos y mantenga ese nuevo paradigma de lucha con alegría. Baile pero Luche, dicen los vascos, los zapatistas, y los Eternos Inquilinos de Rosario también.

Ver fotogaleria: ¿Cuánto más? … hasta vencer!

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En el marco de la décima edición de la Marcha de la Gorra, este año se realiza por tercera vez el ciclo La Gorra Literaria, que reúne a personas del ámbito cultural junto a los movimientos sociales.

Con una emisión especial en vivo realizada por “La luna con gatillo: una crítica política de la cultura”, que este cronista conduce semanalmente en radio Eterogenia, comenzó el jueves pasado el ciclo “La Gorra Literaria”, que reúne a activistas del ámbito cultural que se posicionan junto a los movimientos sociales. Cada noviembre, protagonizan desde hace una década la denominada “Marcha de la gorra”, quizás la movilización más importante del año en la provincia mediterránea. La Marcha es convocada cada año por el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y confluyen en ella el espectro político más amplio. En cada ocasión, se enarbola una consigna distinta. La de 2016 es: “¡¿Cuánto más?! El Estado es responsable”.

Córdoba y el Estado policial

La actividad realizada el jueves se llevó adelante en Colegio de Psicólogos de Córdoba bajo el título “Las sociedades de control y los códigos de control del cordobesismo”. Consistió en un diálogo sostenidos por este conductor radial con Lea Ross (comunicador popular) y Marisa Emilia Francia (integrante de la comisión de prensa del Frente Organizado Contra el Código de Faltas), ambos columnistas de La luna con gatillo.

Lea Ross problematizó la situación actual del reclamo contra el accionar policial en la provincia, recordando que durante muchos años, más allá de las diferencias políticas, todo el arco de organizaciones locales confluía en el repudio al Código de Faltas, que el año pasado fue debatido en la Legislatura provincial y suplantado por el Código de Convivencia, que algunos sectores hoy valoran como un paso adelante en las políticas de seguridad del Estado provincial, hoy conducido por Juan Schiaretti, quien sucedió a José Manuel De la Sota tras las últimas elecciones. Entre los presentes, los integrantes de organizaciones sociales coincidieron en resaltar la importancia de denunciar las continuidades del “Estado policial” más allá del cambio de gobernador (ambos del mismo partido: Unión por Córdoba) y el despliegue de militarización que la Policía de Córdoba sigue realizando en los territorios, en fuerte connivencia –según destacaron los presentes– con las bandas de narcotraficantes que hoy son un nuevo actor de poder en las barriadas populares.

Por su parte, desde el FOCCOF, insistieron en que las faltas o contravenciones, que el derecho formal dejó discrecionalmente a un lado, se convirtió hoy por hoy en una herramienta mucho más efectiva a la hora de reprimir a los sectores populares que el propio sistema penal formal.

Este cronista, por su parte, recordó en su intervención que más allá de los nombres utilizados, lo que estaba por detrás de ambos códigos (el anterior de “Faltas” y el actual de “Convivencia”) es una lógica de “policialización” –de ocupación “militar” del territorio por parte de la policía–, que se acopla a las típicas costumbres que nos sujetan: modelo familiar y de pareja, de amistades, etcétera.

Proceso al cordobesismo

Para finalizar la actividad, el actor Santiago San Paulo montó “Procedimiento Kafka”, obra de títeres del Teatro de Ilusiones Animadas, un unipersonal en el que adapta la novela El Proceso, de Frantz Kafka. En un cruce con otros textos del universo kafkiano, como el relato “La metamoforsis” y con un especial énfasis puesto en el micro-relato “Ante ley” (incluido en El proceso), el actor –también integrante del grupo Zéppelin– puso en escena una serie de temáticas que despertaron la reflexión de los presentes. Cabe recordar que el autor checo fue –al decir de Gilles Deleuze y Félix Guattari– un escritor que se hallaba a caballo entre dos tipos de sociedad, y por eso tuvo la gran capacidad de adelantarse a su tiempo y poner de relieve en su literatura, hace ya casi un siglo, cuestiones que siguen siendo problemas contemporáneos. Retomando las conceptualizaciones de Michel Foucault a propósito del pasaje de las sociedades de disciplina a las de control, los filósofos franceses sostuvieron que Kafka, en el El proceso, fue capaz de describir las formas jurídicas más temibles: la absolución aparente (entre dos encierros), típica de las sociedades disciplinarias, y el aplazamiento ilimitado (en continua variación) de las sociedades de control”.

Literatura pistolera

Este martes, desde las 19 horas en el Museo de Antropología (Hipólito Yrigoyen 174), se realizará la segunda actividad de “La Gorra Literaria”, con la presentación de La otra vida de los pibes pistoleros, una novela colectiva escrita por jóvenes alumnos del CENMA “María Saleme de Burnichón” en el marco del taller literario del Complejo Esperanza. Sus autores (Agustín y Jeremías) estarán presentes en el ciclo de lectura, acompañados por Fátima Cerione, Joaquín Collazo, Luciano Debanne, Marisel Segovia Lucía Miani, Mabel Gaitán y Camila Sosa Villada.

Bardeando la máquina de la inseguridad

Bajo el título “Cordobesismo, control social y pibes silvestres”, se realizará este jueves 17 de noviembre la última actividad del ciclo 2016 de La gorra Literaria. Con la presencia de Esteban Rodríguez Alzueta (autor de La máquina de la inseguridad y compilador de Hacer bardo. Provocaciones, resistencias y derivas de jóvenes urbanos), se realizará un conversatorio y presentación de ambos libros, desde las 19 horas en la Casa Caracol (Ovidio Lagos 24, barrio General Paz). Participarán de la charla, junto al autor, el abogado Sergio Fernando Job (Encuentro de Organizaciones), Marisa Emilia Francia (Frente Organizado Contra el Código de Faltas) y Lucre Cuello (Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos). Este cronista realizará la coordinación de este evento, horas antes de que, según se estima por lo que sucede cada año desde hace una década, miles de personas colmen las calles de la capital cordobesa.

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En la provincia de Córdoba, la Cámara de Acusaciones aceptó una apelación para ordenar a un juez de control analizar un Habeas Corpus preventivo y colectivo para frenar las detenciones arbitrarias por parte de la policía.

El lunes 3 de octubre, mediante Conferencia de Prensa, organizaciones sociales anunciaron que la Cámara de Acusaciones dio lugar a una apelación para exigir que el juez de control, Esteban Ignacio Díaz, aceptara recibir y analizar un Habeas Corpus preventivo y colectivo para frenar las detenciones arbitrarias.

Movilizados contra los operativos de saturación sucedidos en mayo y septiembre del año pasado, un grupo de organizaciones sociales y vecinos y vecinas afectados decidieron poner en marcha herramientas jurídicas que los ampararan frente a estos atropellos policiales. “Se busca evitar que vecinos de ciertos sectores vulnerables sean detenidos arbitrariamente por parte de la policía”, señaló Maximiliano Campana, abogado de la Asociación Civil Clínica de Interés Público (CLIP).

En el marco de la lucha contra la violencia policial, estas herramientas jurídicas buscan tanto poner un freno al accionar discrecional de las fuerzas de seguridad como hacer mella en las instituciones judiciales, sentando jurisprudencia. El hábeas corpus es una herramienta procesal y constitucional frente a la amenaza de ver limitada la libertad ambulatoria; que sea colectivo implica, a su vez, una apuesta por visibilizar el problema de las políticas estatales de seguridad que penden como una amenaza sobre la integridad de grupos de vecinos y vecinas de ciertos barrios de la ciudad de Córdoba. “Si lo que nosotros estamos viendo es que es un problema colectivo y es un problema de la política de seguridad, solamente sería procedente a partir del análisis de varios casos y no solamente desde cada uno individual”, agregó Campana.

Uno de los argumentos esgrimidos por el juez que rechazó en un primer momento la medida fue, justamente, la característica de “colectivo”, ya que el hábeas corpus suele ser una herramienta utilizada siempre individualmente. Esto da cuenta de lo necesario de disputar los mecanismos judiciales instituidos para que empiecen a visibilizar y dar respuestas a las situaciones de violencia policial denunciadas sistemáticamente.

Por otro lado, en este nuevo fallo, la Cámara de Acusaciones obliga al juez de primera instancia a que abra la prueba para demostrar si existe la amenaza que denuncian las organizaciones sociales. Las pruebas están compuestas por testimonios de las víctimas de las razzias, documentos particulares y recortes periodísticos. Que los testigos que han sido citados puedan enunciar ante el juez las situaciones vividas es otra pequeña victoria en la visibilización de procesos que exigen una definición judicial: hechos que no existen no tienen responsables y no pueden reglamentarse.

La decisión del juez Díaz de rechazar el hábeas corpus fue apelada y ahora, un año después, fue aceptada. Así, la justicia deberá analizar las pruebas para determinar si hay una real amenaza o no por parte de la policía. Sólo resta esperar qué decisión tomará el juez al respecto, luego de analizar las pruebas.

“Un accionar casi como el que se dio durante la época de la Dictadura”

Centenares de personas, mayoritariamente jóvenes, fueron detenidas el año pasado en los llamados operativos de saturación en los que se desplegó el accionar abusivo e injustificado de la policía de Córdoba. Frente a la excusa de la “ocupación territorial” como política para los barrios rotulados como peligrosos, el abogado de CLIP explica que en las detenciones y los allanamientos que se realizaron no se respetó ningún tipo de garantías ni derechos, y de allí parte la intención detrás de la presentación del hábeas corpus: “Nos preocupa que ese tipo de prácticas pudieran empezar a generalizarse y normalizarse, por la gravedad de los hechos”, subrayó Campana.

Bajo la figura del Código de Faltas vigente en ese entonces se llevaron a cabo estos procedimientos donde la policía arrestó y detuvo arbitrariamente a habitantes de distintos barrios populares de la ciudad de Córdoba. Si bien el Código de Faltas ha sido sustituido por el nuevo Código de Convivencia, éste mantiene la ambigüedad que ampara el accionar arbitrario de las fuerzas de seguridad.

*Comisión de Prensa de la Marcha de la Gorra 2016.

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El año pasado, con audiencias públicas mediante, no prosperaron los intentos de avanzar en la modificación del cuestionado Código de Faltas y en la aprobación de un Nuevo Código de Convivencia. Ahora, el oficialismo insiste con la iniciativa.

La idea es reclutar consensos entre los distintos bloques y dejarle al nuevo gobernador, Juan Schiaretti, el código aprobado. Por eso ayer comenzaron las reuniones y tratativas en la Unicameral. Así, por otra parte, lo expresó a este cronista Sergio Busso, jefe del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, quien caracterizó al borrador del proyecto como “muy garantista”. “Hemos propuesto que ya no sea la policía la que juzgue, sino los jueces de paz en el interior y los ayudantes de fiscales en la Capital. También que se garantice la asistencia letrada para garantizar el derecho de defensa y ponerles límites a las detenciones preventivas, es decir, que no superen las doce horas”, aseguró el jefe de la bancada oficialista.

Por su parte, Liliana Montero (ex jefa del bloque del Frente Cívico, actualmente reelecta como legisladora por el Frente para la Victoria), manifestó que tanto ella como otros legisladores de la oposición que vienen trabajando sobre el tema están en contra de que el juzgamiento pase por los jueces de paz y los ayudantes de fiscales, aunque consideran que lo más importante es sacar a la policía del medio de estas funciones y, por lo tanto, aprobarían el proyecto de modificación. “De todos modos hay exceso de figuras en el nuevo Código, y algunas incluso se superponen con figuras penales”, aseveró ante este medio la legisladora, quien por otra parte subrayó el hecho de que la delimitación no puede ser subjetiva, y pone como ejemplo cuando se habla de “actitud sospechosa” o que atenta “contra la moral pública”; situaciones muy difíciles de establecer objetivamente. “El planteo de fondo, de todos modos, es que la modificación del Código de Faltas que se propone no cambia ni la inseguridad ni los abusos policiales. Lo que hay que cambiar es la matriz conceptual de la seguridad pública”, apuntó Montero.

Ese oscuro objeto del deseo

Respecto de las “virtudes garantistas” esbozadas por el legislador Busso, el abogado, docente y miembro del Observatorio en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Cristian Crisafulli, destacó que el artículo en cuestión (el 19) tiene una “redacción confusa”, y si bien establece que en caso de que el imputado carezca de abogado, la autoridad de aplicación “le hará designar uno de oficio”, del listado del “Colegio de Abogados con sede más próxima al lugar del juzgamiento”, no queda muy claro cómo dicha institución podría llevar adelante “la defensa gratuita de doscientos contraventores diarios”.

En un texto de catorce puntos en el que explica el entramado del nuevo Código, Crisafulli también menciona que el proyecto contradice a la Ley nacional 22.803, ya que se podría aplicar una contravención a personas menores de 18 años (jóvenes de 16 o 17 años). En el texto (que puede leerse completo en http://www.cba24n.com.ar/content/catorce-puntos-para-entender-el-nuevo-codigo-de-convivencia), el abogado concluye que este proyecto oficialista tiene como trasfondo la “intención política de empoderar aún más a la policía”.

Putas, lúmpenes y cirujas

Porroncito en la esquina, no. Cerveza en el bar de la esquina, sí. Como si fuera un tramo del programa televisivo de Diego Capusotto (“¡Uy, nos rompieron el orto!”), y tal como viene sucediendo en la Córdoba delasotista, el Estado condena uno de los modos básicos de la socialización de la juventud de los sectores populares: reunirse en una esquina para tomar una birra. También se plantea castigar (incluso con arresto de hasta tres días) a los denominados “Naranjitas” (personas que cuidan vehículos sin estar autorizadas). Esto implica concretamente otorgarle a la policía una razón para controlar, perseguir y detener a personas que quieran prestar este servicio. Tampoco los “Carreros” se salvan del proyecto, que contempla el arresto de hasta tres días también para ellos, bajo el confuso lema de ser quienes puedan dejar “bestias de tiro en lugares públicos sin tomar las precauciones para que no configure un peligro a la seguridad del tránsito”. Respecto de la eliminación de la falta por “prostitución escandalosa”, tal como ya lo había señalado la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) el año pasado, los artículos que sancionan el “nudismo” y los “tocamientos indecorosos” siguen dando lugar a la “criminalización del trabajo sexual”.

Resistencias, adentro y afuera

Laura Vilches, legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, señaló asimismo que la propuesta del oficialismo es “mucho más restrictiva respecto de la protesta social” y puso como ejemplo el artículo propuesto por el delasotismo, en el que se aplicaría el Código a quienes injurien a funcionarios públicos, o la prohibición de bloquear el ingreso tanto de edificios públicos como de entes privados. “El FIT votará en contra de la modificación del Código de Faltas porque estamos por su derogación”, aseveró Vilches.

La misma postura sostienen desde el Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCOF), quienes ayer emitieron un documento al respecto, en el que señalan –entre otras cosas– que las modificaciones propuestas por el peronismo que gobierna la provincia desde hace década y media son una “mera lavada de cara”, que busca “aplacar las críticas que en los últimos años ha recibido el código, por parte de cada vez más amplios sectores, organizaciones sociales y políticas, que no persiguen otra modificación, sino su completa derogación”. El texto también destaca que “producto de una larga lucha y una creciente movilización y repudio al accionar policial”, se conquistó que, en los últimos tiempos, sean de público conocimiento los casos de abuso policial, detenciones arbitrarias y gatillo fácil que se suceden a menudo en la provincia.

Desde el FOCCOF convocaron a una reunión abierta. La cita es mañana, jueves, a las 18 horas en Obispo Trejo 365, sede del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren). El motivo: definir una serie de medidas de lucha contra ésta, una de las últimas iniciativas del delasotismo en retirada.

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En el marco de la 9na Marcha de la Gorra, Marcha conversó con el activista por los DDHH sobre la militarización de la ciudad de Córdoba, la enorme inversión en seguridad que no bajó las tasas de hechos criminales, la relación de la policía con las bandas narcos y la región articulada para generar esa sensación de “guerra permanente”

Sergio Job es abogado, doctor en Ciencias Políticas y militante del Encuentro de Organizaciones (EO) que nuclea planes de tomas de tierras, educación y economía social y que es una de las organizaciones que participa históricamente de la Marcha de la Gorra. También es integrante del colectivo Llano en Llamas que hace poco presentó el informe “El costo del Miedo”, donde se analiza el aumento en la inversión en seguridad en la provincia de Córdoba y su verdadera incidencia en el control de la criminalidad. Mientras que el Estado aumentó un 54,5% su gasto en seguridad, y así se convirtió en el principal ítem presupuestario, mientras que el aumento en Salud fue del 44,1% y en Educación inicial y primaria, apenas del 9,6%. El promedio de gasto privado por familia es de $1.750.
Job relata que comenzaron como grupo de investigación en 2004, casi todos somos militantes, y teníamos compañeros detenidos por conflictos de tierra. Entonces sacamos un informe sobre tierras, en el que mezclamos lo cualitativo con datos duros. Vimos que tenía un impacto, por la legitimización que nos da ser universitarios, algunos investigadores del Conicet, etc.”. En ese momento se dio lo de los “corralitos” en la Ciudad (jóvenes marginales atrapados en plena plaza pública) y vieron el avance de la judicialización, e hicieron otros informes. “Antes habíamos hecho uno sobre el Código de Faltas, que tuvo un impacto en la legislatura, hasta se usó en el juicio contra Márquez (Pablo, comisario acusado de ordenar detenciones arbitrarias en base al Código de Faltas). Son datos duros que ayudan, porque si no es sólo una sensación”, aclara.

Pero entonces vieron ese “espiral totalmente alocado de invertir en seguridad” y notaron que tenía dos patas: la pública y la privada. “‘Pública’ entre comillas porque son estos estados privatistas, guerreristas, como Massa o De La Sota”, agrega Job y suma: “Pero también hay una dinámica de las familias que comparten esta visión del miedo, la necesidad de seguridad, el avance enorme de los barrios privados. Mostrar que hay una industria del miedo que favorece a muy pocos sectores, está muy monopolizado”.

-¿Y el crecimiento de fuerzas policiales cómo repercutió en la tasas de criminalidad?

-Las fuerzas de policías crecieron de 11.000 a 23.500 integrantes en cuatro años, y también crecieron las fuerzas de seguridad privada de manera brutal. Y se estima que el 50% está en negro. Estamos hablando de un ejército paralelo de hombres armados con muchos ex policías, ex comisarios, que están funcionando a la par. Estamos hablando de una situación muy compleja en términos de violencia, sumado a las redes narcos. Hay un caldo de cultivo muy complejo, porque todos estos sectores integran las redes narcos. Si la justicia deplorable que tenemos tiene que decir que la cúpula de la policía está involucrada en el narcotráfico, imaginate.

Y lo que hicimos con todo eso fue cuantificar esta inflación de pedidos de medidas de seguridad, comparando con las tasas de criminalidad, que no han bajado e incluso aumentó la violencia de los hechos. Como hay tanta policía, los hechos tienen que ser más rápidos, más violentos. En vez de estar solucionando el asunto, están incrementando los hechos de violencia. Esto sumado a algo que está estudiado por la criminología mundial: que el sistema penal genera clientes y si vos empezás a detener un pibe a los 12 años, solo porque es pobre y le empezás a decir que es choro, y lo mandas a un Instituto, entra en una carrera delictiva. Ellos generan sus propios clientes o empleados. Tengo el caso en Alta Gracia de un joven que murió ahorcado en una comisaría y ya les había avisado a sus padres que la policía lo iba a matar porque no quería colaborar. Y así hay muchos casos. Y también han afinado la inteligencia en los barrios. Cada comisaría tiene su inteligencia.

-¿Cómo operan los grupos narcos? ¿Se parece el entramado al de otras ciudades latinoamericanas?

-Lo particular en Córdoba con respecto a otras ciudades es que no hay una estructura autónoma de los grupos narcos. Si uno quiere participar de la red narco, tiene que ser policía. La complicidad es total. El Chancho Sosa, el narco más conocido, primero no es el número uno, y además es puntero conocido de De la Sota. Paredes (Alejo, ex-ministro de Seguridad) es jefe narco y tuvo allanamientos. Hay sobrados testimonios, es un entramado muy complejo.

Hay algo que no se puede negar: que los responsables políticos y militares de las experiencias de México, Colombia y Córdoba se han formado juntos. Paredes, que es el que estructura la policía Siglo XXI en Córdoba, es un tipo formado en el Mossad, no es algo secreto que fue formado en Estados Unidos y en Colombia, principalmente. Cuando uno ve el ala democrática dentro del ministerio de Seguridad, relacionada con la que luego fue ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que tiene un discurso más progresista, más de policías de cercanía, comunitaria, y todo este verso pseudo progresista, no sólo fue formada en Colombia, sino que trabajó en los equipos de seguridad que reurbanizaron Medellín, las Cooperativas Convivir de Uribe. Y ahora está trabajando con la fundación Córdoba Mejora, que reúne a las 25 empresas más grandes de Córdoba, que le está financiado un programa de seguridad “por afuera del gobierno”. Es una mujer que fue volteada por la misma policía porque la consideraba “demasiada democrática”.

Lo que hay que entender es que hay una política de seguridad para la región claramente establecida. Lo que alguna vez fue la doctrina de seguridad nacional hoy es la de seguridad ciudadana o seguridad democrática. Con adaptaciones, obviamente, hay algunas recetas que vienen de San Pablo o Rio de Janeiro, como las recetas de pacificación, que entran a los barrios pobres haciendo un cerco, que llaman “cerco sanitario”. Hablan en términos médicos biológicos porque lo que están aplicando son biopolíticas. Foucault dice que la biopolítica es el umbral donde política y vida se entrecruzan, cuando uno ve que intervienen ciudades en su manera de vivir.

-¿Y en Córdoba cómo se refleja ese cambio en el hábitat?

-Por ejemplo, en los cambios urbanísticos con De La Sota: trasladaron barrios enteros, instalaron un enorme sistema de cámaras de seguridad, helicópteros, está la cuestión de la guerra permanente. Una sensación de guerra, de miedo permanente que promueve un nivel de indefensión para la inmensa mayoría. Eso acompañado de un Código de Faltas brutal en términos de aplicación extensiva, con 7600 personas detenidas por año, con un nivel de arbitrariedad enorme que rompe con la misma definición de derecho republicano.

No estamos hablando de una lógica comunitaria, socialista… están quebrando su misma lógica de división de poderes. Acá la policía detiene, juzga y aplica la pena, sin posibilidad de que un abogado intervenga.

Y creo que con respecto a otros países, creo que las clases dominantes tienen relaciones concretas, se están formando en los centros de poder: lo que antes era la Escuela de las Américas, el ejército, ahora son estas policías militarizadas que funcionan como ejércitos de ocupación. Si había una ventaja antes con el ejército, es que conocíamos el territorio de una manera que ellos no podían. Hoy con la policía, excepto en territorios donde no los dejamos entrar, que son los menos, el conocimiento de los barrios es el mismo.

También hay una cuestión simbólica de imagen: una seguridad inventada por los medios.

Están los Comando Anti Pobres, como le decimos nosotros, que son los Comandos de Acción Preventiva (CAP). Es lo mismo que la guerra preventiva en Irak: la prevención como intervención en el espacio, que define un enemigo de antemano y después, también, cómo se van especializando y creando nuevas estructuras de mayor nivel de control. Hoy uno ve la policía de Córdoba y son todos robots camuflados que apenas se le ven los ojos, el chaleco antibalas siempre puesto. O van en motos con el caño de escape libre, o insignias con calaveras. Están marcando este giro a la guerra. Están diciendo algo claramente: ya los colores de la policía no son el azul y blanco, la insignia patria, son camuflados; eso tiene una lógica.

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En la Novena edición de la Marcha de la Gorra, el cronista marchó junto a los carreros del barrio Las Flores II. Crónica de una caminata con la Cooperativa que cada día sufre el amedrentamiento policial, mientras reciclan residuos urbanos y marchan con sus carros y sus caballos.

La cosa es más o menos así: cada una de las columnas de carros que llegaran de los barrios al centro para participar de la Novena Marcha de la Gorra estará encabezada –además de por los abogados del Encuentro de Organizaciones (EO)–, por algún periodista y un cura del grupo Común Unión, que la semana pasada firmó un documento que denunciaba la acción de la policía de Córdoba en los barrios. Marcos dice que vino con “uniforme” para la ocasión mientras acomoda su ballesta debajo de la camisa celeste. Está emocionado, casi como un niño, sonríe constantemente, aun cuando cuenta las amenaza de la policía y el allanamiento ilegal que hicieron sobre la parroquia de uno de sus compañeros.
También han sido amenazados algunos delegados de los diferentes grupos de carreros, recicladores urbanos que se caracterizan por la utilización de carro de caballos para su trabajo. Están en pie de lucha desde principios de año, cuando el intendente Ramón Mestre envió al Consejo Deliberante el Código de Convivencia Municipal que prohibiría su actividad en gran parte de la ciudad. El año pasado, en la Octava Marcha de la Gorra, algunas de la columnas fueron interceptadas por la policía y debieron volver custodiados al barrio con fuertes enfrentamientos. “El apoyo de los curas es muy importante para los carreros, les da seguridad”, me aclara Sergio Job, del EO. Una semana antes de la realización del evento, las organizaciones duras del kirchnerismo (Hijos, Movimientos Evita, La Cámpora) decidieron no participar del evento debido a la cercanía de la fecha con las elecciones. Hasta enviaron un comunicado denunciando al colectivo de jóvenes que organiza la marcha por “hacerle el juego a la derecha”. Hay un rumor, un clima, una sensación, de que “se va a pudrir todo”.
En la plaza del barrio Las Flores II unas setenta carretas están reunidas en medio de una algarabía familiar que recibe con humor cordobés a los militantes, periodistas y sobre todo al cura. Algunos hasta se han puesto la remera del encuentro al que asistieron en Santa Cruz con el papa Francisco como parte de la comitiva de la Cooperativa de Carreros y Recicladores La Esperanza que reúne a 700 de los 4000 recicladores a caballo que circulan por las calles de la capital cordobesa.

A mí me toca con el flaco Kiko, que me advierte que no tenga miedo, que la compañera es fiel (refiriéndose a Rocío, su yegua, que luce un hermoso arreglo floral). Una vez organizado el trayecto y las medidas de seguridad, salimos en fila india. Los vecinos saludan desde sus patios y motos, se escuchan algunos zapucais, el flaco Kiko se para en el carro y agita una bandera, arenga a los otros compañeros. “Yo no puedo creer que nos impidan expresarnos. Que nos impidan trabajar. Yo con esto mantengo a mi mujer y mis dos hijos. ¿Dónde más voy a laburar si no tengo educación, no tuve madre ni padre, tengo causas judiciales? ¿Dónde más voy a demostrar que hace siete años que salí de las drogas, de la violencia? A mí no me interesa la Asignación Universal por Hijo o las becas que da la Municipalidad, yo quiero trabajo. Y con este trabajo le voy a dar educación a mis hijos para que tengan más opciones que yo. Por eso nos organizamos, para defender esto que es nuestra vida”, cuenta mientras se sienta y prende un paraguayito. “Y acá los compañeros son bravos, no se van a quedar quietos, van a defender con su vida su trabajo, su familia. No nos importa lo que haga la policía”, aclara poco antes de arrancar con la historia de Rocío: los siete años que vienen pateando las calles,el año que esperó para sacarla a trabajar, cuando tuvo un potrillo y tenía que alimentar a los dos sin poder trabajar porque ella estaba “flaquita, flaquita, como niño del África” y al final no aguanto más y tuvo que vender el potrillo. Más que lo que cualquier vegano o defensor de los derechos animales (una de las tantas excusas que alega el nuevo código de convivencia para no asumir el verdadero argumento de la medida: que los carreros compiten en el negocio de la basura con las grandes empresas) podría soportar mantener un animal con un ingreso por debajo del dizque límite de la pobreza. Porque es evidente que Kiko no es pobre, ni ignorante, ni infeliz, aún a pesar de la estigmatización de la sociedad y la persecución policial.
A medida que salimos del barrio hay muchas miradas de extrañeza, es cierto, de miedo, es cierto, de fastidio, es cierto, bocinas indignadas, es cierto, pero también rostros de alegría, puños en alto, bocinazos que son de apoyo frente al inobjetable paso de esta procesión de carros villeros, adornados con diferentes colores y motivos, diferentes rostros, que van del pibe de gorra al paisano a la antigua, como memoria de una tradición, de una historia, que la pujante ciudad pareciera querer olvidar. “En vez de criminalizarlo, esto tendría que ser declarado de interés cultural”, opina el flaco Kiko, que no para un minuto, que se sienta y se levanta, prende un cigarrillo tras otro, y en cualquier momento sale corriendo a echarle una chanza a otro carro o pedir una gaseosa, dialogar con un conductor indignado o ayudar algún caballo atascado en la multitud.
Parece que ya cruzamos la zona más delicada, donde supuestamente podía intervenir la policía, pasamos por debajo de un puente de autopista ante la inmensidad del Hotel Sheraton. El contraste es cada vez más evidente, las miradas de extrañeza aumentan tanto como la alegría del Marcos, que le tocó un zulky tradicional para disfrutar este singular paseo por la ciudad. Tiene razón Kiko, sacando de contexto que esto es una marcha para reclamar por el abuso policial-limpieza social (para invisibilizar o aniquilar una realidad que sobra, es residuo, humanidad de descarte), el espectáculo es digno de observar-vivir-transitar. Al menos así lo comprueba un japonés que saca fotos entusiasmadísimo y una pareja de clase media que aprovecha un parate para subirse un cachito a uno de los carros y dialogar con sus ocupantes.
Ya estamos concentrados en la calle Colón con el resto de los participantes de la marcha. Una señora cruza molesta la calle y le comenta a un policía: “ya va a ganar Macri y van a desaparecer estos negros”. Un señor de barba levanta los dedos en V y dice: “Hay que votar a Scioli”. Solo falta una columna, la de La Lonja, que fue interceptada por la policía. Un par de abogados junto a uno de los curitas aprovechan que la central de policía está cerca y se arriman a dialogar. La central está rodeada por un cordón de uniformados, frente a ellos, un grupo de manifestantes del Barrio Alberdi baila y hace resonar los parches de murga mientras un pibe de gorra enlaza un encendido discurso político sobre la violación a los derechos humanos en los barrios. Los policías miran atónitos al pibe, la murga, los carrros, los abogados, y sobre todo al curita. Los encargados del operativo se hacen los sotas con el reclamo, dicen que no es su juridiscción. El curita llama a su compañero que acompaña la columna de La Lonja. Parece que toda está solucionado.

Mientras esperamos que finalmente llegue la última columna y que uno de los carros arregle su rueda, Marcos aprovecha para practicar con las riendas del sulky, da entrevistas a los medios comunitarios, comparte gaseosa y medialunas, dialoga con los militantes y sonríe, siempre sonríe.
El flaco Kiko desapareció hace rato. Rocío me mira tranquila, como diciendo: siempre el mismo, no para. Yo aprovecho para dialogar con el resto de compañeros. Algunos dicen que hay que apurar el trámite porque la vuelta de noche se puede poner peliaguda. Que hay que estar atentos con los pibes, no vallan a mandarse una cagada. Las chicas que pasan por la vereda reciben oleadas de piropos y mangueos. Una gran parte de la ciudad todavía no entiende como esa imagen de pulcra modernidad (o cordobazo del desarrollo) que intenta mantener a toda costa puede verse invadida por semejante expresión de marginalidad, popularidad, o como quieran llamarlo. Una invasión tan evidentemente molesta y políticamente incorrecta, que hasta se da el lujo de dejar su firma con un centenar de bostazos desperdigados por la calle. En paralelo, se ve, se siente, que hay una importante parte de la ciudad-sociedad que puede contagiarse de esta digna alegría, desparpajo, humor tan cordobés, los tambores de candombe que se acercan, los payasos, niños corriendo, los militantes del EO que se acercan a saludar a las familias a caballo, y ese aplauso cerrado con cantito de hinchada que despide a los carreros rumbo a sus barrios después de haber aportado un cuota importante de folklore para esta novena Marcha de la Gorra, esta fiesta que es denuncia, pero también algarabía y esperanza. “¿Dónde en tus viajes viste algo así? Cuando quieras se viene pal barrio compañero. En casa hay para parar”, se despide el flaco Kiko mientras sacude las riendas, le susurra a Rocío un “daaaaaale” y se levanta nuevamente para agitar esa bandera que dice: “Trabajar con el carro no es delito”.

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Ayer se presentó el libro “¿Quién lleva la gorra” de Juguetes Perdidos, un libro que ahondó en lo que considera “pibes silvestres”, criados en los márgenes. Esta tarde es el turno de César González y sus versos.

“La Gorra Literaria” es un ciclo de talleres, charlas y eventos protagonizado por escritores, periodistas, poetas y comunicadores, que se realizan desde octubre y por segundo año consecutivo, en el marco del “Alto Embrollo” que desde 2007 acompaña con actividades previas a la Marcha de la Gorra. En ese marco, se presentó ayer el libro “¿Quién lleva la gorra? Violencia. Nuevos barrios. Pibes silvestres”, publicado por Tinta limón en 2014, y recientemente reeditado por la misma editorial. Mañana será el broche de oro, con la poesía de César González.

Pibes silvestres

La presentación de “¿Quién lleva la gorra?…”, organizada por la Secretaría del Cultura del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) de Córdoba, se realizó en Obispo Trejo 365. Junto a los autores de la publicación -Leandro Barttolota, Ignacio Gago y Gonzalo Sarrais Alie- participaron de la charla-debate el abogado y ensayista Esteban Rodríguez Alzueta y el periodista Mariano Pacheco.

En el libro, los integrantes del Colectivo Juguetes Perdidos se propusieron salirse de las imágenes ya instituidas de los barrios para tratar de hacer legible aquello que pasa con los “pibes silvestres” (las pibas y los pibes que son la “vegetación salvaje” de la “década ganada”, aquellos que crecieron solos, en los márgenes del discurso de la “juventud militante” y el “retorno de la política”, los que conviven con los narcos, con los policías bravos, con los vecinos “engorrados” y la moral del los agentes del Estado, las Universidades y el periodismo que construyen muchas veces discursos estereotipados ante su realidad. El Colectivo Juguetes Perdidos parte de lo que denominan una “desorientación voluntaria”, que tome a los pibes como aliados para pensar junto a ellos las nuevas dinámicas urbanas que, muchas veces, los construye como “personal disponible”, sea para los negocios ilegales donde están involucradas las “fuerzas de seguridad”, los negocios “mafiosos” de los narcos y los negocios que tienen sus imágenes como mercancía (sea la de la “piba-linda-que-puede-ser-modelo” como la del “pibe-malo-que-inspira-miedo”). Una innovadora perspectiva de reflexión, escritura e intervención en los convulsionados tiempos violentos que la época propone.

“Juguetes Perdidos”

El colectivo se define como “un grupo de pibes”, del Conurbano y Capital, que se “chocaron en los pasillos de la carrera de sociología” de la Universidad de Buenos Aires y tras ese encuentro se produjo entre ellos “amistad y rejunte”, que implicó compartir charlas políticas y textos, pero también cervezas, plazas, pizzas y asados, fútbol, angustias, risas y catarsis, mucho rocanrol y quilombos de todo tipo. De allí, dicen, emergió “la creatividad” que desde hace siete años intentan sostener con sus actividades.

En su presentación publicada en 2008, cerca de una narrativa “sucia” típica de Roberto Arlt o del mejor Jorge Asís, los integrantes de “Juguetes Perdidos”
se sitúan lejos de las posiciones “vanguardistas”, de “adelantados”, y otras “giladas” por el estilo. Prefieren identificarse más con los recitales de rock de las bandas que levantan el plan barrial, las plazas y canchas de fútbol, los trabajos precarizados o explotados, los mencionados pasillos de alguna facultad o las barriadas de la ciudad y el Conurbano.

Lo que puede un cuerpo

Esta tarde llega a Córdoba, desde la localidad bonaerense de Morón, Cesar González (alias “Camilo Blajakis”), para participar del cierre de “La Gorra Literaria”. Desde las 18.30, González presentará el trabajo artístico que desarrolla desde hace varios años, sea en el formato revista cultural, poesías, programas televisivos o, más recientemente, como director de un film. La cita es en la Casa de la Historia del Movimiento Obrero, el viejo edificio de la Central General de los Trabajadores (CGT), situado en Vélez Sarsfield 137. Compartirá el espacio con la muestra fotográfica colectiva organizada por el Colectivo Manifiesto, NINJA, MAFIA y el equipo de Cobertura Colaborativa de la Marcha de la Gorra.

Cesar González decidió convertirse en poeta luego de pasar varios años encerrado en un penal. Eligió su seudónimo en honor a Camilo Cienfuegos, uno de los artífices de la revolución cubana, y a Domingo Blajaquis, el militante de la resistencia peronista muerto en el tiroteo en Avellaneda que leyó en la investigación de Rodolfo Walsh “¿Quién mató a Rosendo?”. Militantes como Luis Mattini fueron centrales en su mutación existencial.

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Bajo la consigna “Contra tu Estado policial… te marchamos de frente mar”, se realizó ayer, por noveno año consecutivo, la Marcha de la Gorra. Mucho ritmo, color y alegría en una de las movilizaciones más importantes de la provincia en todo el año.

Sin lugar a dudas, con esta novena edición, La Marcha de la Gorra confirmó que es la movilización más importante que se realiza en la provincia en todo el año. Como en otras oportunidades, el ritmo, el color, la creatividad, la alegría, fueron el rasgo distintivo de esta protesta contra el Código de Faltas provincial (que muchos expertos jurídicos consideran inconstitucional), que sin  dejar de tener presente la dureza de política de Estado que estigmatiza a los pibes y a las pibas de los barrios populares (incluso hasta el homicidio, como sucede con los numerosos casos de gatillo fácil que la Policía de Córdoba tiene en su haber), no deja de hacer del evento un momento de encuentro, casi de fiesta, en donde los jóvenes que durante todo el año padecen el acoso de la institución policial, que no les permite circular libremente por la ciudad, pueden ese día sentir el poder liberador que la masiva movilización les permite. Grupos de teatro que realizan intervenciones, murgas y comparsas, músicos africanos, “stenciliadas”, grupos que cantan sus canciones, parlante y micrófono improvisado como escenario móvil mientras avanza la columna, pibes y pibas que marchan por su cuenta, como grupo de amigos, o detrás de una organización social o cultural, como las tantas Bibliotecas Populares, Colectivos de Derechos Humanos, Centros de Estudiantes, movimientos barriales, revistas, que encabezan la movilización. Más atrás, con una estética y un repertorio más “clásico”, las agrupaciones y partidos políticos. Este año, por primera vez, los sectores identificados con el actual gobierno nacional decidieron no marchar. Con excepción de un pequeño grupo de la JP Descamisados, y una nutrida y colorida columna del Movimiento Universitario La Bisagra, el kirchnerismo no asistió a la jornada. El resto de sectores, desde el Movimiento Sur y el Partido Socialista, hasta los partidos trotskistas encabezados por Nicolás del Caño y Liliana Olivero (PTS, PO, Izquierda Socialista, MST, entre otros), pasando por los denominados grupos de la izquierda Autónoma o Independiente (como el Encuentro de Organizaciones, La brecha, el Frente Popular Darío Santillán, Patria Grande…), se encolumnaron detrás del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, el Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCOF), la Coordinadora Antirepresiva, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR).

Una nueva postal

Ayer, por primera vez, los trabajadores de la Cooperativa de Carreros y Recicladores La Esperanza asistieron con sus carros a la Marcha de la Gorra. Si bien la policía intentó frenar los cuatro puntos de la ciudad desde los que arribaron al centro, finalmente pudieron acudir a la Plaza Colón, donde se habían dado cita. Detrás de la columna principal, ocupando las dos últimas cuadras, avanzaron con sus familias, sus banderas, sus gorros verdes, junto con los militantes del Encuentro de Organizaciones, que compartieron con ellos la columna. Al costado podía verse un grupo de mujeres y hombres sosteniendo una bandera blanca que llevaba la inscripción “Común-Unión”, el espacio integrado por sacerdotes de la  Iglesia Católica, organizaciones sociales, abogados de derechos humanos y personalidades académicas, que hace unos días presentaron en conferencia de prensa un documento en el que advierten que la violencia policial no mejora los problemas de inseguridad y manifestaron su preocupación por el “avance represivo del Estado” en la provincia, además de criticar el modelo actual de seguridad que lleva adelante la gestión del gobernador José Manuel De la Sota.

De frente mar

Si bien durante la semana hubo un tire y afloje entre el gobierno que encabeza Ramón Mestre y los organizadores de la movilización, en torno a la autorización oficial para terminar el evento en la Plaza San Martín, la 9° Marcha de la Gorra finalizó ayer allí, sin problemas. Se leyó un documento (http://marchadelagorra.org/documento-de-la-9a-marcha-de-la-gorra) y actuaron algunas bandas de música. El buen clima ayudó a que, ya entrada la noche, miles de personas permanecieran en la plaza, sentadas donde encontraban lugar, compartiendo algo de beber y conversando. Y cada tanto, respondiendo a la consigna que se esgrimía desde el escenario: “En tu Estado Policial… Te marchamos de frente mar”.

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