Por Manuel López Mateo

Alberto Fernández remarcó en la primera reunión del Consejo Federal Contra el Hambre, realizada el pasado viernes 15 de noviembre, que el objetivo será generar un paquete de políticas públicas destinadas no solo reducir el hambre, sino principalmente a mejorar la calidad de la alimentación de los niños y  niñas, que comenzará a funcionar de inmediato con su asunción.

En la reunión inaugural confluyeron sectores diversos; estuvieron presentes organismos de Derechos Humanos, con la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el Premio Nobel de la Paz y Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel. Del sindicalismo dieron presente Héctor Daer de la CGT y Sonia Alesso de CTERA. Del sector agroexportador Dardo Chiesa (Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas) y Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina); de la producción de alimentos Daniel Funes de Rioja (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), y hasta incluso personalidades destacadas de la televisión, como Marcelo Tinelli y Narda Lepes.

Según el propio Alberto Fernández, el propósito será “garantizar un mecanismo que permita controlar que los recursos y la comida vayan a donde se necesitan, y que no haya detrás de eso ningún objetivo político, sino el único objetivo de terminar con el hambre”. A partir de la experiencia de los y las integrantes del Consejo, se intentará dar organicidad a tareas que se vienen realizando de forma aislada para lograr mejores resultados. Se conformará un grupo de trabajo para observar dónde están las mayores necesidades y realizar un seguimiento para que llegue lo que haga falta.

Después de la reunión, Daniel Arroyo, quien suena como firme candidato a encabezar el Ministerio de Desarrollo, afirmó que la principal política en la primera etapa de gestión de Alberto Fernández, será resolver el problema del hambre en Argentina: “Hay un compromiso de trabajar en un plan a partir del 10 de diciembre que tiene varios aspectos, pero sobre todo uno; todos tienen que acceder a la canasta básica de alimentos. No puede haber hambre, no puede haber chicos y gente que se vayan a dormir con un pedazo de pan y un mate cocido, o con la panza vacía. Lo segundo es mejorar la calidad nutricional, porque hoy en los comedores se está comiendo fideos, harinas y arroz”, sostuvo.

Según Arroyo, los y las presentes en el encuentro tomaron juntos el compromiso frente al Presidente electo de mejorar la situación contra el hambre y la malnutrición. Destacó, para tal meta, la importancia de “los que producen alimentos, los que desarrollan actividades productivas, las universidades, los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales, muchos de los que trabajan la tierra y mucho de lo que es la economía popular”. Agregó además que resolver el problema del hambre representa también un gran plan de empleo porque significa mucha gente produciendo alimentos.

Para Nahuel Levaggi de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una de las organizaciones que integra el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, y quien fuera invitado al Consejo, “este primer encuentro fue claramente con la intención de Alberto Fernández de poner un objetivo común entre los distintos sectores, porque ahí estuvieron el sindicalismo, el empresariado, las patronales del campo, agroexportadores y estuvimos nosotros los movimientos sociales. Por lo tanto, fue básicamente un encuentro de un consenso social a combatir el hambre”.

Levaggi sostuvo que desde la UTT ya vienen realizando numerosas propuestas en la construcción de un plan. Por lo tanto, no les sorprendió la invitación al encuentro, sobre el cual se refirió positivamente: “Lo vimos positivo porque se pone sobre la mesa un problema estructural, como son el hambre y la malnutrición. Obviamente, nosotros entendemos que muchos de los que estuvieron sentados ahí forman parte del problema, y no de la solución. Pero también sentarnos en una mesa a discutir eso eleva la cuestión. Pone en agenda este tema que ya estaba, pero ahora de parte del gobierno que interpela a todos los sectores a trabajar en función de eso. Esto nos pareció positivo”.

Asimismo, destacó el rol en la lucha contra el hambre de los pequeños productores y productoras que trabajan la tierra. “El papel de los trabajadores de la tierra es básico porque somos los que producimos alimentos, es lo que venimos diciendo todo este tiempo. Nosotros ya estamos combatiendo el hambre acercando alimentos sanos a  precio justo, incluso con el Estado y el gobierno en contra. Imaginemos lo que vamos a poder llegar a hacer con el gobierno a favor”.

Si embargo, aclaró que a pesar del cambio de gobierno, el sector de las organizaciones de pequeños productores familiares y campesinos sostendrá los mismos reclamos y demandas. “Al futuro gobierno le venimos planteando lo mismo que planteamos todo el tiempo: el Programa Agrario, Soberano y Popular que construimos desde el Foro Agrario. Ese es el modelo que estamos poniendo sobre la mesa. Necesitamos fortalecer políticas públicas que garanticen el acceso a la tierra, la democratización de la producción y que modifiquen el modelo productivo hacia un modelo agroecológico. Además, necesitamos la democratización de los canales de comercialización, con agroindustrias locales y también canales locales de comercialización. Y en lo que es la compra estatal, que vaya direccionado a los sectores cooperativos y de pequeños productores”.

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Por Manuel López Mateo  @manu_lopezmateo Foto Campo en acción

La Sociedad Argentina de Agroecología organiza el 1° Congreso Argentino de Agroecología en la localidad de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, los días 18, 19 y 20 de septiembre. El encuentro se realiza bajo el lema “Otra agricultura es posible: cultivando interacciones para el mañana”, tiene lugar en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). 

Reune a productores agroecológicos, técnicos y académicos argentinos que exponen sobre prácticas agrícolas sustentables. Se trata de un encuentro para reflexionar acerca de los modelos productivos de alimentos, para promover la soberanía alimentaria y el rol de los movimientos sociales, campesinos e indígenas.

El objetivo es compartir distintos modos de pensar las prácticas agrícolas a fin de no afectar los recursos naturales y lograr sistemas sustentables, es decir, opuestas y/o alternativas a la agricultura intensiva de monocultivos, con el uso de transgénicos y agrotóxicos. 

Durante tres días se convocan investigadores, docentes, técnicos y productores agroecológicos de todo el país, con el objetivo de intercambiar conocimientos y difundir los avances en los campos de investigación, extensión y enseñanza de la agroecología argentina. Además, se busca promover la soberanía alimentaria y propuestas para lograr sistemas agroalimentarios sustentables en nuestro país. 

Flavia Filippini,  Decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de UNCUYO, donde se lleva adelante el encuentro, expresó sobre la intención del mismo; “hoy nuestra agricultura está siendo observada por las problemáticas que tiene en cuanto a los impactos que está generando, y hay una alternativa, una nueva propuesta que tiene que ver con la agroecología. La idea es poder encontrar desde la investigación, desde los saberes compartidos, desde la práctica y la extensión, e ir proponiendo distintas maneras de hacer agricultura, que hoy necesita una revisión debido a todas las problemáticas que está acarreando y a los impactos negativos que tiene la forma más convencional de hacer agricultura”

Asimismo, resaltó la importancia de este primer encuentro histórico en el país; “estamos muy contentos porque este congreso es fundante. Es la primera vez que se hace en Argentina a partir de la Sociedad Argentina de Agroecología, que fue fundada en septiembre del año pasado. Hasta el momento tenemos unos 700 asistentes,  y exposición de más de 300 trabajos. Tendrán 17 mesas redondas y 16 talleres, feria de productores, feria de semillas y salidas de post congreso, abordando distintos aspectos que hacen a la agroecología y que hacen a la sustentabilidad, desde una alimentación conciente, desde prácticas agroecológicas, movimientos sociales, diseños de agroecosistemas, entre otras temáticas que serán abordadas”. 

El congreso tendrá conferencias magistrales de profesionales destacados, como Patricia Aguirre, Pablo Tittonell y Santiago Sarandón, presentación de trabajos científicos, relatos de experiencias de productores, simposios, mesas redondas y  talleres. Durante los tres días se abordarán múltiples áreas temáticas, como el diseño y manejo de los agroecosistemas de base agroecológica, los recursos naturales, los indicadores de sustentabilidad, la salud y el consumo. También se trabajará la relación de la agroecología con la economía ecológica, con el desarrollo rural y los movimientos sociales, con la política y el enfoque de género, entre otros temas. Por último, el 21 de septiembre se hará una actividad post-congreso que consistirá en visitar experiencias agroecológicas de la zona.

Sociedad Argentina de Agroecología

La Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE) se fundó el 14 de setiembre de 2018 en la ciudad de La Plata, donde se reunieron productores/as, investigadores/as, docentes, estudiantes, extensionistas y militantes sociales comprometidos con la agroecología, con los valores éticos y el buen vivir de las culturas rurales.Constituyó un paso fundamental para la historia de la agroecología en nuestro país y la región, que ahora se consolida con la organización del primer congreso en Mendoza. 

La conformación de la SAAE es fruto de 25 años de desarrollo sostenido, con prácticas agroecológicas en el campo,  desarrollo teórico en investigaciones, educativo y de difusión. 

Su objetivo consiste en promover los principios agroecológicos, la soberanía alimentaria, la calidad de los alimentos y la conservación de los bienes naturales y la biodiversidad.   Sostienen que el sistema actual de producción agrícola, basado en paquetes tecnológicos de monocultivos transgénicos y agrotóxicos, responden a una visión reduccionista y productivista de las ciencias agrarias, que causa problemáticas ambientales, productivas, alimentarias, socio-económicas, culturales y daña la vida.  

La agroecología enfrenta estas problemáticas con el desarrollo de estrategias y respuestas alternativas, mediante la utilización de los recursos locales adecuados a las características ambientales y socioculturales de gran diversidad de productores y productoras. 

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Por Manuel López Mateo

El gobierno había convocado ayer a las empresas semilleras para anunciar que sacaría por decreto la llamada Ley de Semillas “Monsanto”. A último momento desistió de la convocatoria, aparentemente por desacuerdos sobre la quita del impuesto a las ganancias en la compra de semillas.

En diálogo con Marcha, Rosalía Pellegrini Holzman, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), calificó al proyecto de ley como hecho a la medida de empresas como Monsanto-Bayer. “Es un intento de sacar por decreto algo que no cierra por ningún lado. El núcleo duro de estos proyectos de ley de semilla que se están diseminando por el mundo tiene que ver con entender a la vida y a la semilla como un bien que se puede patentar, como una mercancía”, explicó.

Rosalía estimó que la nueva ley de semillas representa más ganancias para las multinacionales y mayor dependencia para el sector campesino y de la agricultura familiar, por el fortalecimiento del monopolio. Es por este motivo que la UTT ya se pronunció en estado de alerta y movilización, con la idea de hacer un acampe con todos los productores y productoras, e incluso con verdurazo, si avanza el decreto de la ley de semillas.

Desde el año 2012, las y los pequeños productores, las organizaciones campesino-indígenas y los y las damnificadas por la contaminación con glifosato vienen dando pelea para lograr frenar esta nueva ley de semillas. “Durante estos años de gestión del macrismo no pudieron generar consenso para poder sacarla. También por la resistencia de sectores como el nuestro, de la agricultura familiar y campesina, que planteamos que esto atenta a nuestra forma de entender a la semilla y su reproducción. Nosotros concebimos a la semilla como un patrimonio de la humanidad, de los pueblos, de las mujeres y hombres campesinos que en la historia hemos modificado, reproducido y trabajado la semilla en tanto un bien de todos y de todas.” concluyó Rosalia.

En el mismo sentido Carlos Vicente, de GRAIN y Acción por la Biodiversidad, calificó la noticia como un intento de aprobar por decreto algo que no aprobaron por la vía democrática en el Congreso de la Nación, y como una prueba de la visión de este gobierno sobre la democracia. “Están impulsando algo que además de inconstitucional es ilegítimo. Obviamente, si lo meten va a ser cuestionado en el próximo período, ya sea por las autoridades del Poder Ejecutivo o por el parlamento que en sus dos cámaras puede rechazar un DNU”.

En cuanto al objetivo del decreto, Vicente expuso que “ahora que gobiernan las corporaciones quieren dejar cerrados todos los negocios que les quedan, y la Ley de Semillas es una de las grandes apuestas de Bayer-Monsanto, de la Asociación de Semilleros Argentinos y de Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) para poder controlar desde la base a nuestra cadena alimentaria. Para apropiarse de la semilla y poder imponer a los productores que cada vez que guardan semillas tengan que pagar regalías. Una aberración que va en contra de todo lo que es la historia de la agricultura”.

Vicente explicó que la letra del decreto estaría constituido por el dictamen que Cambiemos sacó en la Comisión en noviembre del 2018, repudiado en aquel momento por la Multisectorial contra Monsanto y el Foro Agrario. Finalmente, ese dictamen nunca llegó al recinto porque todos los sectores de la oposición se negaron a aprobarlo.

Si bien desde el gobierno dieron marcha atrás porque aparentemente tanto sojeros como semilleros no concuerdan en los términos, ya planean una reunión para el día martes de la semana próxima, con el fin de lograr los acuerdos necesarios para sacarlo como Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

“Una de las particularidades del proyecto es plantear que los productores que compren semillas que tienen derecho a la propiedad intelectual, van a poder deducir una vez y medio (1,5 veces) sus impuestos a las ganancias. Con lo cual, ese medio por ciento más que deducen, va a ser el Estado el que pague las regalías a las corporaciones. Esto no puede ser aceptado”, comentó Vicente.

Sería un negocio redondo para los sojeros, porque si ellos aceptan la ley conforman a las empresas semilleras, pero el que paga es el Estado. “Aparentemente, esa quita en el impuesto a las ganancias habría sido uno de los desacuerdos por los cuales el decreto no pudo ser acordado y aún no se presentó, aunque es algo que sigue en disputa y seguramente la semana que viene va a estar en la mesa de discusión”, estimó Vicente.

Por último, creyó muy probable que a este gobierno de salida no le importe agregar 1000 millones por año al Estado, que perdería de recaudar por cubrir esas retenciones para Bayer Monsanto. “Los compañeros y las compañeras del Foro Agrario nos dimos cuenta que a ellos no les importa la democracia. Es claro que no hay necesidad ni urgencia. El Parlamento está funcionando y hay posibilidades de discutir lo que haga falta. Pero está claro que quieren aprobarlo de cualquier manera”.

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Por Manuel López Mateo Foto: Fridays For Future

En la última sesión del Senado se obtuvieron los votos necesarios para aprobar la declaración de emergencia. El senador Fernando “Pino” Solanas impulsó el tratamiento del proyecto en la Cámara, presentado por las organizaciones “Alianza por el Clima” y “Jóvenes por el Clima”.

Desde estas organizaciones explican que con la declaración se exhorta al Poder Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) del país, a fin de evitar las peores consecuencias del calentamiento global y el cambio climático. De esa forma cumpliremos con lo estipulado en el Acuerdo de París (COP 21) y las recomendaciones del último informe de Naciones Unidas (Calentamiento Global de 1,5°C) y del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Para entender la preocupación por la emergencia climática y ecológica que ha expresado el Senado, consultamos a Abril, una jóven de 18 años, vocera de Fridays For Future Argentina, organización global de jóvenes, una de las organizaciones que integran la “Alianza por el Clima”.

– ¿Qué significa la declaración de la Emergencia Climática y Ecológica en nuestro país?

Abril Para nosotres, les activistas de Fridays for Future, haber conseguido la Declaración de Emergencia Climática y Ecológica, significa algo gigante. Si bien entendemos que es algo simbólico, es también algo histórico. Es nuestra primer batalla ganada de muchas más, y es una prueba de que esto tiene sentido y no hay que bajar los brazos, porque es una nueva esperanza para seguir luchando.

Para nada es motivo de festejo porque es vergonzoso que hayamos tenido que llegar a este punto para tomar conciencia sobre la realidad de nuestro planeta, pero sin dudas es un antes y un después en esta lucha que venimos dando los viernes y todos los días.

– ¿La declaración representa que el Estado deberá actuar frente al cambio climático?

A: Claro, el Estado va a tener que asumir la responsabilidad que le corresponde, tanto informando a la población sobre la crisis que se viene, como tomando las medidas correspondientes para frenar o disminuir los efectos del cambio climático.

– Los medios difundieron la noticia de forma confusa, afirmando que el Senado dio media sanción a un proyecto de ley de Emergencia Climática. Luego ustedes aclararon que la declaración ya está aprobada porque no necesita ser aprobada por ambas cámaras. 

A: Si. La media sanción fue para la Ley de Presupuestos Mínimos, no para la Declaración. La “ley de presupuestos mínimos para el cambio climático” es una ley que presentó la Comisión de Medioambiente del Senado, que estaba frenada desde hace 4 años porque dicha comisión no tenía quórum y la ley no se podía tratar.

En cambio, la “declaración de la Emergencia climática” es una medida que se está tomando mundialmente como respuesta al cambio climático.

Otro hecho histórico

El mismo día que se aprobó la Declaración de Emergencia Climática, el Senado aprobó por unanimidad (48 votos) la Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Dicha ley fue presentada por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable que lidera el senador “Pino” Solanas y cabe esperar que también se apruebe en la Cámara de Diputados.

Tal como explicó Abril, “esta es una ley para que de acá al 2050 todas las energías del país sean renovables, pero no tiene que ver con la Declaración de Emergencia Climática en sí. Se debatió esta ley que estaba frenada, pero la Declaración se votó a mano alzada con otros proyectos”.

– ¿Cómo sigue la lucha después de este gran logro?

A: El próximo paso es volver el viernes proximo a las 16.30 a la Plaza de Mayo para seguir luchando, porque esto no termina acá, esto recién empieza. Vamos a seguir concientizando, vamos a seguir informando, porque como explicamos antes, la declaración es simbólica, que exista no implica que se cumpla y para afrontar al cambio climático lamentablemente se necesita mucho más que reconocerlo.

Millones de Greta Thunberg 

La activista sueca de 16 años, con más de dos millones de seguidores en las redes, ha desencadenado un nuevo movimiento de jóvenes activos para protestar contra el cambio climático, que ya llegó a 270 ciudades alrededor del mundo, y cada día se suman nuevas.

Con sus frases contundentes como “nuestra casa está en llamas, nuestro hogar está ardiendo” y “no quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico. Quiero que sientas el miedo que siento todos los días y luego quiero que actúes” ha dado impulso a un nuevo protagonismo colectivo en la lucha climática y ambiental, conformado por millones de jóvenes que demandan a los gobiernos el derecho a tener un planeta habitable cuando sean grandes.

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Por Manuel López Mateo

El proyecto Cardumen nació recientemente de la unión de dieciséis pequeñas editoriales de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el interior del país, con la intención de tener oportunidad de estar en una de las ferias de habla hispana más grande del mundo.

Debido a los grandes costos y la infraestructura que representa un stand en el predio de La Rural, muchas de las editoriales de esta comunidad jamás imaginaron poder participar. Sin embargo, al igual que en un cardumen de peces, la unión hace la fuerza. Este año, por primera vez, Cardumen estará en el stand 235 del pabellón azul durante toda la Feria del Libro, desde el 25 de abril al 13 de mayo.

El colectivo editorial define su impronta como feminista, afirmando que en este espacio “la lucha de las mujeres cis, trans, travestis, lesbianas, bisexuales, no binaries, de quienes se sientan interpelades, de todas las identidades del feminismo, tienen lugar del mismo modo que la participación de las feministas será igualitaria y diversa”.

Además, es de carácter federal porque participan varias editoriales del interior del país (Rosario y Mar del Plata) y también del conurbano (San Miguel, Boulogne y Monte Grande). A su vez, oficiará como anfitrión de producciones de editoriales colegas del exterior, procedentes de Montevideo, Bogotá y Barcelona.

El grupo considera que las editoriales ubicadas en Buenos Aires cuentan con una ventaja estratégica y sostiene que desean “poner esa ventaja en juego para que proyectos editoriales que tienen rasgos identitarios comunes con los nuestros y les resulta difícil acceder al espacio de la Feria puedan hacerlo”.

Cardumen comparte con los medios comunitarios, populares y alternativos la consigna de que la distribución de la información y del conocimiento no puede solo pasar por una cuestión comercial. Al demostrar que es posible organizarse para ofrecer textos que “no son complacientes con una realidad de mercado” se define antagonista.

Por último, se destaca la forma autogestiva de su organización, funcionando “en asamblea, horizontal y democrática, donde cada cual trabaja de acuerdo a sus posibilidades. Amasamos éste experimento construyendo confianza. Cada editorial contribuye según sus capacidades y el colectivo es capaz de proveer a cada participante según sus necesidades”.

El stand de Cardumen contará con un gran catálogo de textos interesantes y actualmente muy solicitados por los y las lectoras. Entre ellos se destaca la novela de no ficción Por Qué Volvías Cada Verano (editorial Madreselva) de la periodista Belén López Peiró.

En esa línea, también se podrá conseguir el manifiesto Feminismo Para El 99% (editorial Rara Avis), escrito por las reconocidas investigadoras feministas Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser; y la compilación El Aborto Como Derecho De Las Mujeres. Otra Historia Es Posible (Ediciones Herramienta) realizada por Ruth Zurbriggen y Claudia Anzorena, en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

A cien años del asesinato de la pensadora marxista, se destaca Rosa Luxemburgo, La Reinvención De La Política (Editorial El Colectivo) de Hernán Ouviña. Y entre los textos libertarios ofrecen Los Buenos No Usan Paraguas (Ediciones Culmine), una crónica de Asel Luzarraga sobre su detención y el montaje que hicieron los carabineros chilenos para acusarlo.

Por último, desde Mar del Plata llega la novela policial Ningún Otro Cielo (editorial Letra Sudaca) de Sebastián Chilano y, entre las ediciones publicadas en el conurbano, los cuentos de María Dorrego en Todas Las Partes de Una Muerte (editorial Cantamañanas) y Procedencia (La Carretilla Ediciones) con la poesía de Joseph Stroud.

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Entrevistamos a Ricardo Gaustein,  guía turístico, que está recorriendo Argentina y sus parques nacionales en bicicleta. Su idea es concientizar sobre su importancia de los parques nacionales. El recorrido se encontró con las crecientes dificultades que enfrentan, recortes de presupuesto en las áreas protegidas y una dirección con formación empresarial.

Ricardo. Gaustein trabaja en turismo y eso le dio la oportunidad de ir conociendo algunos lugares del país.  Así surgió la idea de recorrer los parques nacionales, “mirando el mapa y analizando mi gusto por las áreas naturales, me dí cuenta que si unía todos los parques nacionales iba a tener la oportunidad de recorrer aquellos lugares que no conocía. Tenemos más de cuarenta parques y muchos no pude visitar en su momento, o los había visitado a la pasada trabajando”.

La Argentina posee unas 50 áreas protegidas entre Parques Nacionales,, Monumentos Naturales o Reservas Nacionales resguardados por la Ley 22.351 del año 1980 que establece que “podrán declararse Parque Nacional, Monumento Natural o Reserva Nacional, las áreas del territorio de la República que por sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora y fauna autóctona o en razón de un interés científico determinado, deban ser protegidas y conservadas para investigaciones científicas, educación y goce de las presentes y futuras generaciones, con ajuste a los requisitos de Seguridad Nacional. En cada caso la declaración será hecha por ley”.

Menos recursos, más problemas

¿Cuales son las principales dificultades que vió que enfrentan hoy los Parques Nacionales?

En este momento el problema más importante es la conducción que tiene la Administración de Parques Nacionales, porque el presidente, el señor Eugenio Bréard es básicamente un gerente. Bréard no tiene la menor idea de lo que es el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. Él ve a Parques Nacionales como un gran negocio y no como una entidad de preservación de nuestros principales recursos. Esto te lo demuestra su interés de instalar complejos hoteleros vip de alta gama dentro de los parques nacionales, como el de Iguazú y el de Tierra del Fuego.

Es una persona con una capacidad comercial muy importante, ya que fue gerente de Philip Morris (durante 25 años se desempeñó como Director de Marketing, Gerente General y Vicepresidente de la filial argentina).

La falta de fondos,  porque en los últimos años se ha recortado presupuesto, se redujeron las capacitaciones a los guardaparques y los recursos con que ellos cuentan.

Además en algunos parques hay caza furtiva (ilegal) o tienen problemas con la instalación de ganado que proviene de las estancias aledañas. Eso modifica o rompe el entorno del parque.

Quienes controlan y manejan la entidad de Parques Nacionales debería ser gente capacitada, preparada y con ganas de hacer las cosas bien y no con una visión comercial o con principios que tienen precio y se venden rápidamente.

Recorrido

Ricardo Gaustein comenzó su recorrido en Roque Perez, Prov. de Buenos Aires, desde donde llegó al primer lugar, Parque Nacional Lihué Calel.

“Después descendí por Río Negro hacia la costa patagónica. A la altura de Las Grutas comencé a transitar por la Ruta Nacional Nº 3 y  visité dos parques nacionales:  el Bosques Petrificados del Jaramillo y el Monte de León, que están en la Provincia de Santa Cruz. Desde ahí me fuí a Ushuaia al final de la ruta nacional n°3 para visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego y ahora me encuentro en El Calafate luego de haber visitado la parte sur del Parque Nacional Los Glaciares. En unos días continuaré mi viaje hacia El Chaltén que está en la parte norte del mismo parque y luego a los parques de la zona cordillerana, como el Parque Nacional Perito Moreno y el Parque Nacional Patagonia. Más arriba visitaré otros tres parques; el Lago Puelo, el Lanín y el Nahuel Huapi”.

“Es la primera vez que hago un viaje así en bicicleta” expresa Ricardo, “nunca hice algo parecido y no hubo mucha preparación porque trabajé fuertemente hasta unas semanas antes de iniciar. Pero como es un viaje largo, sin tiempos ni exigencias de kilómetros, me fui entrenando en el camino, sobre la marcha”. “Comencé haciendo 40 km por día y a lo largo de los meses he logrado cubrir 120 km en un día. Para todo el recorrido calculé un año y medio, ese fue el plan original, pero creo que se va a extender un poco más, hasta dos años”.

En su bicicleta lleva la bandera contra las represas en el río Santa Cruz, ¿cómo se comprometió con el Movimiento Río Santa Cruz Sin Represas?

Me fui involucrando por la información que me iba llegando. Los últimos años trabajé en una empresa donde hacía dos o tres viajes con turistas al mes visitando al Glaciar Perito Moreno. También le debo el interés, el empuje y las ganas a Sabina Muñoz (militante de Río Santa Cruz Sin Represas). Ella trabajaba aquí en El Calafate y está muy involucrada en la defensa del río. Hoy estoy más activo en esta causa, aprovechando la exposición y visibilidad que este viaje me está dando.

Primero me interesé por la defensa del Glaciar Perito Moreno, después me fui incorporando a la causa del río Santa Cruz y trato de aportar un granito de arena. Comencé intentando de concientizar a mis pasajeros, explicándoles cuáles problemas van a surgir para el río y el glaciar con la construcción de las represas.

El objetivo es llevar la bandera de la defensa del río y del glaciar a la puerta de cada uno de los parques nacionales.  En este Parque Nacional Los Glaciares se va a dar uno de los efectos más negativos y adversos de la construcción de las represas.  Lamentablemente la dirección de Parques Nacionales como entidad no está haciendo nada al respecto, lo cual es tristísimo.

En este recorrido ¿como ve el interés de las personas en el medio ambiente?

Depende de cada lugar el interés que le dan al medio ambiente. Cada provincia tiene su problemática. En Chubut me encontré con gente que está muy comprometida con el tema del fracking. En aquella provincia se están instalando empresas que van a realizar esa actividad extractiva deleznable porque van a romper el medio ambiente. En Santa Cruz también hay varias mineras que han generado inconvenientes. En Tierra del Fuego también hay explotación minera y maderera en lugares que no debería estar permitido hacerlo.

La recepción de la gente a mi paso es genial. Cuando charlamos acerca de estas problemáticas se han mostrado a veces sorprendida, pero siempre interesada en todos los casos. Les interesa y participan en las charlas, pero el tema es que al momento de actuar terminamos siendo siempre pocos.

 ¿Y qué opinan sobre el problema de las represas?  

Es muy variado como recibe la gente el tema de las represas. Donde sí están informados es en la provincia de Santa Cruz. Los santacruceños saben de todo esto, pero es paradójico porque son los que menos hacen algo al respecto. La mayoría son empleados municipales o estatales y por eso ninguno se opone al proyecto de las represas, por miedo a quedarse sin trabajo. Manifestarse en contra del proyecto pone en peligro su fuente laboral o la de sus familiares. Saben del daño que se va a producir y que es irremediable pero no se animan a protestar. Solo muy poquitos se animan. Por eso es muy difícil mostrar el desastre que se va a producir con la construcción de las represas.

En general, las personas están al tanto de la construcción de las represas,  porque es una temática que salió en los medios de comunicación nacionales, pero ligada a los casos de corrupción, a los negociados de la adjudicación de las represas y de la compra de las tierras por parte de empresarios.

Pero no está enterada de las repercusiones ambientales que van a tener las represas y la gran cantidad de violaciones a derechos ambientales y a derechos humanos que se están llevando adelante, porque no son transmitidas por los medios. La gente no tiene mucha información sobre eso.

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Las Comunidades de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes lograron frenar el avance de las obras de megaminería de la región, que amenaza a todas las formas de vida y usurpa sus territorios.

Por la ruta que avanza desde Purmamarca, cuando ya casi no quedan esperanzas de encontrarlas, las Salinas Grandes se extienden como una carpeta blanca para asombro del visitante. Un desierto de sal se extiende hasta donde se pierde la línea del horizonte, la inmensidad blanca se irradia con el sol y te enceguece, secándote la garganta.  A  su entrada,  guias kollas te explican sobre esta región que habitan. Estas tierras fueron declaradas Patrimonio Ancestral, Cultural y Natural por las comunidades para su conservación.

Los salares se encuentran en comunidades andinas que habitan el territorio desde hace milenios, por lo que su potestad es innegable. Sin embargo, a sus espaldas el Gobierno de Jujuy ha llamado a concurso de prospección y exploración, la apertura de ofertas y remate para la megaminería de Litio. Esta semana la asamblea de comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc logró defender sus territorios de esta amenaza

Jallala, la lucha continúa

“Que sepa el Gobierno de Morales que así como hoy expulsamos a la empresa Ekekos SA y AIS RESOURCES Limited, vamos a impedir cualquier otro proyecto de megaminería y/o de Litio en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que es territorio sagrado de los pueblos originarios”   afirmaron con énfasis  en un comunicado las 25 comunidades kollas.

Las Comunidades reunidas en asamblea decidieron frenar este abuso  y los daños que conlleva, con un corte de ruta en la intersección de ruta nacional 52 y el cruce con la 79 y con acciones informativas a las y los turistas que  visitan el lugar.

Desde el pasado jueves 7 de febrero, unos y unas 300 pobladoras se movilizaron para que se retrotraiga la entrega de sus territorios, después de haber intimado al gobierno y a la empresa para que detenga las obras que estaban en marcha.

Las consecuencias no se hicieron esperar,  por parte del gobierno, con el despliegue de camiones de la Policía de la Provincia de Jujuy con personal de Infantería y móviles de Gendarmería llegaron al acampe.

Desde la asamblea, en un comunicado expresaban que continuarían con la movilización de manera indefinida sobre la Ruta 52 hasta que se anule el concurso de oferentes Nº 1/2018 de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado ). Expresan que “no puede ser que la única respuesta del gobierno sea mandarnos la policía, la infantería y la gendarmería y mentir diciendo que los proyectos mineros cumplen las normas y los procedimientos ambientales”. El comunicado además fue suscripto por un amplio arco de organizaciones y personalidades de todo el país, que lo respaldaron.

Las veinticinco comunidades del Pueblo Kolla expulsaron a dos multinacionales que habían sido adjudicatarias para la extracción de litio (Ekekos S.A. y AIS Resources Limited), a las que acusan de amenazar  en forma perjudicial al medio ambiente del salar.

En la provincia que desde el minuto cero de la gestión Cambiemos fue pionera en la represión y la criminalización de la protesta social y de sus luchadores y luchadoras, como Milagro Sala, las comunidades organizadas le pusieron un freno al despojo.  Un logro histórico del Pueblo Kolla luego de tres días de manifestación y acampe.

“No nos interesa el Litio y no nos interesa la consulta, porque violaron todo el derecho” expresaba uno de los integrantes de la comunidad, frente a uno de los negociadores que había enviado el gobierno, “nosotros decimos No al Litio”, “queremos conservar el recurso para futuras generaciones, con la extracción artesanal” agregaba otra de las habitantes kolla.

“Además exigimos que se reconozca a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc como Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de los Pueblos originarios, y como zona Libre de megaminería, de minería de Litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente contra la forma de vida de las comunidades”.

2010, comienzo del conflicto

La llegada de las empresas en el año 2010 a Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc  alertó a los cooperativistas salitreros locales. Prontamente las comunidades iniciaron un proceso organizativo y una estrategia judicial, que incluyó una audiencia en la Corte Suprema de Justicia y una demanda en la Corte Interamericana.

Las comunidades reclamaban  el derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada establecida en el Convenio 169 de la OIT, mientras alertaban sobre la posible salinización de las napas y sobre el uso del agua, vital en uno de los ecosistemas más riesgosos del mundo por su aridez. Asimismo, mantienen su histórico reclamo de titulación de la propiedad de sus territorios.

El Gobierno jujeño a través de JEMSE ( Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado ) había llamado a concurso para la megaminería de Litio en la región el 26 de Febrero. Un nuevo intento de correr a las comunidades originarias de sus territorios para entregarlas a la exploración y explotación del mineral, con serias consecuencias para la flora, la fauna y las napas de agua dulce que se hallan en el centro de la laguna. Una vez más la ecuación es:  despojo y negocios resguardados por las fuerzas de seguridad del Estado.

Litio

El Litio es un recurso que ha comenzado a ser valorado desde hace aproximadamente 10 años, asi lo revelan en el libro “Geopolítica del Litio. Industria, Ciencia y Energía en Argentina”.  Un mineral que  parece apto para reemplazar a las energías fosiles, con gran demanda.

Como es un mineral, su extracción está regulada por la legislación que comprende a la minería. Tal como se revela en la investigación,  la totalidad de la superficie de los Salares del Noroeste Argentino ubicados en las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca se encuentra concesionada o en proceso de concesión a diferentes firmas provenientes de Canadá, Australia, Estados Unidos y recientemente Corea del Sur. Asociadas a estas explotaciones -o proyectos de explotación- encontramos también de accionistas a los más importantes demandantes mundiales de carbonato de  litio (automotrices como Toyota, Mitsubishi, Nissan o fabricantes de baterías para notebook y celulares).

El extractivismo, se presenta como un modelo de desarrollo,  viene siendo impulsado en la región por distintos gobiernos, imponiendo la ilusión que es la herramienta para el progreso de los pueblos empobrecidos. Una falsa alternativa ya que en cualquier caso, con mayores o menores recursos económicos produce el empobrecimiento de la vida hasta la muerte. No hay posibilidad de vida sin agua o con agua envenenada. Experiencias como en San Juan son la prueba concreta. La megaminería,  una herramienta de despojo que se multiplica: el de los recursos, el de la tierra, el de la riqueza, el de la salud y que daña a la madre tierra.

Las y los pobladores organizados a lo largo y ancho del territorio vienen resistiendo este modelo de explotación y desarrollo que los condena a cambio de grandes ganancias para corporaciones y sus aliados.

“Este territorio es habitado desde nuestros ancestros y lo vamos a defender y lo vamos a cuidar”

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No A La Mina 

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Luego de dos semanas de audiencias, la justicia chilena condenó al Lonko mapuche Facundo Jones Huala como culpable.

El Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Valdivia, lo condenó por unanimidad por los delitos de incendio y portación ilegal de armas, tras su supuesta participación en el ataque de 2013 a la hacienda Pisu Pisué de Río Bueno. La sentencia se dará a conocer el viernes 21 de diciembre, pero aún quedan las instancias de apelación en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.

Su abogada Karina Riquelme señaló que “el poder judicial es cómplice de la criminalización del pueblo mapuche. Hoy han condenado al Lonko Facundo Jones Huala sin pruebas. No sirve litigar cuando las sentencias vienen ya escritas con anterioridad. Macri, Bachelet y Piñera deben estar celebrando”

Jones Huala fue detenido el 27 de junio de 2017 por la justicia argentina. Luego, el 11 de septiembre fue extraditado por decisión del Juez Federal de Neuquén Gustavo Villanueva y con la ratificación de la Corte Suprema. En Chile, el Fiscal Sergio Fuentes Paredes pidió una condena de 15 años al comienzo del insólito juicio. El proceso al líder mapuche se llevó a cabo por segunda vez, a pesar que anteriormente él y los/as demás acusados/as fueron absueltos/as.

Ningún testigo directo de los hechos reconoció a Jones Huala como participante de los delitos. La familia víctima del ataque de desconocidos, quienes les incendiaron su casa y todas sus pertenencias, no identificaron al Lonko como protagonista del atentado. “Durante los primeros cuatro días el Lonko Facundo no fue nombrado por ninguno de los peritos presentados, y no existe ninguna relación con los hechos por los cuales es acusado”, explicó su abogada Riquelme.

En el día de ayer al finalizar el juicio, el Lonko declaró luego de saludar a su pueblo en la lengua mapudungún; “solamente quiero recalcar que mantengo mi inocencia independientemente de lo que resuelva el tribunal. Tantas vejaciones a mi pueblo, de este lado y del otro de la cordillera, donde murieron personas durante mi extradición -en referencia a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel- (…) uno se da cuenta con lo que pasó ahora con el peñi Catrillanca, que lo mataron, y dijeron que había habido un enfrentamiento, cuando todos sabíamos que no fue así.”

“somos incomprendidos por ambos Estados, espero que se haga justicia, no solamente en mi caso, sino que a la vez se pueda avanzar en justicia para nuestro pueblo, y se dejen de montajes políticos y judiciales con el pueblo mapuche, como fue con la operación de la CAM, como es la muerte del peñi Camilo, como es la muerte de Rafael Nahuel”, prosiguió.

Asimismo, el Lonko hizo mención a la “Operación Huracán”. Se trataría de un operativo de investigación de los servicios de inteligencia de Chile amparados en la Ley de Inteligencia que en septiembre de 2017 derivó en la detención de ocho comuneros mapuches. Luego, en enero de 2018 el Ministerio Público -que estaba a cargo de la investigación- informó que había descubierto mediante pericias técnicas que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros habría manipulado las pruebas que incriminan a los detenidos. En el juicio se quiso incriminar al Lonko con pruebas obtenidas de esos mismos servicios de inteligencia, amparados bajo la misma Ley.

Desde el 4 de diciembre, el día que comenzó el juicio, el lonko Facundo Jones Huala, su familia y su comunidad no dejaron de recibir apoyo de otras comunidades y representantes del pueblo mapuche. “Estoy acá preocupado por la situación del peñi Lonko Facundo. En los últimos tiempos están ocurriendo situaciones muy injustas contra nuestro pueblo. No quisiéramos ver más montajes, más detenidos ni peñis muertos”, dijo, en las puertas del Tribunal, Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo, asesinado por la espalda el pasado 14 de noviembre en Temucuicui, a manos de un comando de Carabineros.

De nuestro lado de la cordillera:

En Argentina la persecución a Jones Huala y a las comunidades mapuches tuvo varias idas y vueltas, con un primer juicio de extradición que se declaró nulo por torturas de la policía al testigo principal. Asimismo, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich presentó el llamado “informe RAM” en donde se criminalizó al pueblo mapuche, asociando a activistas -mapuches y no mapuches pertenecientes a sectores de izquierda y del anarquismo- como terroristas, llegando a hablar de insurrección indigenista. De esa forma se justificó la creación de un Comando Especial por parte de las fuerzas represivas. Además, cabe recordar que en el marco de las protestas por la detención de Jones Huala, Santiago Maldonado resultó víctima de desaparición forzada mientras se solidarizaba con el reclamo del pueblo mapuche.

A pesar del pedido que realizó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas al Presidente Macri, en septiembre Jones Huala fue extraditado a Chile. Dicho acto de desoír el pedido de la ONU podría ser tomado en cuenta como uno de los atenuantes para la condena, ya que no había sido previamente integrado por la defensa porque no habría contado antes con ella.

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Se estrenó la película “Mnemora. Pueblo, poder y tiempo”,  una producción de cine  que se logró por el apoyo y la participación comunitaria.

El colectivo cultural El Culebrón Timbal, de Moreno estrenó un largometraje independiente llamado “Mnemora. Pueblo,  poder y tiempo”. Una producción de cine comunitario,  del género ciencia ficción, con viajes en el tiempo y personajes históricos como San Martín, Evita, Güemes y Juana Azurduy unidos junto a los movimientos populares para salvar la historia. Entrevistamos al director Alexis Fusario sobre esta experiencia de trabajo con la gente del barrio.

¿De qué trata el proyecto comunitario El Culebrón Timbal?

El Culebrón Timbal es un colectivo cultural que nació hace 22 años como una banda de rock, que aún continúa, pero además diversificó sus actividades. Hoy tenemos una sede en Cuartel Quinto,  Moreno, donde funciona una escuela de arte popular con varios talleres para niños/as, adolescentes y adultos.

Funciona un plurimedio,  que es la posta regional, con una radio, un canal de televisión zonal y una publicación gráfica mensual. A su vez trabajamos en un montón de movidas, somos fundadores de la Unión de Músicos Independientes y de la Red Latinoamericana del Arte para la Transformación Social. Hoy estamos trabajando en una movida latinoamericana: Cultura Viva Comunitaria,  de organizaciones culturales comunitarias.

Con los años varían las actividades artísticas pero siempre la banda El Culebrón Timbal estuvo presente. Estamos editando nuestro quinto disco y lo acompaña este largometraje que hicimos llamado “Mnémora. Pueblo, Poder y Tiempo”.

¿Mnémora forma parte del llamado cine comunitario?

Si, se puede decir que se enmarca en el Cine Comunitario. Está bueno pensar esa definición como una manera distinta de hacer cine que escapa a la lógica del mercado y a los altos presupuestos y que tiene que ver con la colaboración de distintas organizaciones para llevar adelante un proyecto. Por otro lado, también como experiencia para vincularnos, y una herramienta para fortalecer una red entre la gente y las organizaciones.

¿Cómo fue realizar una película en forma independiente y autogestima desde el conurbano?

Hacer Mnemora fue una experiencia sumamente intensa en todo sentido. Siempre fue un proyecto muy ambicioso y un gran sueño al que nunca le resignados energía para poder concretarlo de la manera que habíamos pensado. Fue una aventura y de hecho es una película de aventuras, de ciencia ficción.

Fue un proceso largo en el cual hubo que mantener la energía. Hace seis años comenzamos a hacer la película. Llevó dos años de rodaje y un año de post producción que terminó a mediados del 2018. Fue un largo proceso. Más de 150 personas participaron en diferentes roles durante la producción y es muy emocionante haber llego al estreno.

¿Qué querían contar en esta producción de ciencia ficción?

Lo que intentamos contar con esta producción de ciencia ficción es una aventura desde el esquema, formato de película. Siempre pensamos el proyecto como un formato que sea familiar para la gente, como lo es una película de aventura. A partir de ahí contar muchas de las cosas de las que queríamos hablar,  como el poder dominante, la gente se rebela porque no quiere vivir de esa manera y por sobre todas las cosas fortalecer no los héroes individuales sino darle un gran protagonismo a lo colectivo y al pueblo como héroe colectivo,  que es el que de una manera protagoniza la trama de la película.

Además hay una relación fundamental entre la historia de la película y como se resuelve y la manera en la que estábamos trabajando. Eso fue el trabajo colectivo, esa visión de pueblo resolviendo en la película es la misma que vivíamos nosotros en un universo mas pequeño como equipo de gente para resolver una historia. Así que una cosa fundamental que tiene la película es que es el reflejo de un trabajo colectivo,  al igual que la película es el accionar del pueblo reaccionando contra el poder

¿Cómo fue el estreno y dónde se proyecta?

La idea era que una producción de este tipo tuviera un estreno distinto. Mnemora se estrenó enun ámbito comunitario, como hemos dado en llamarle,  en tres eventos centrales, fueron el viernes 16 de noviembre en el Auditorio de Malvinas Argentinas de la Universidad Gral. Sarmiento, el sábado 17 de noviembre en el Cine Plaza, ubicado en la Plaza de San Martin, Provincia de Buenos Aires, y el domingo 18 en el Auditorio de ATE, ubicado en CABA. Un montón de organizaciones, desde centros culturales, cines, bibliotecas populares, universidades, se sumaron a la propuesta de colaborar en el estreno. La pelicula además se va a estrenar este fin de semana en más de sesenta salas en todo el país y en doce países de Latinoamérica,  en unas treinta salas más.

Estamos muy felices por la repercusión que tuvo esa idea, de poder armar un circuito alternativo de proyección de la película, que esperamos que se pueda sostener para otros proyectos también. Agradecemos mucho, porque no podría hacerse si no fuese por el interés y la colaboración de todas esas organizaciones.

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La película de nuestros barrios

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Ayer en el plenario de la Comisión de Agricultura, en la Cámara de Diputado,  En rechazo a la modificación del marco legal, que habilita la privatización de las semillas, se convocaron frente al Congreso Nacional organizaciones campesinas, de agriculturas familiares, políticas, sociales y ambientales, pueblos originarios y organismos de derechos humanos. El próximo 22 de noviembre se trata la ley en la Cámara de Diputados de la Nación.

Entrevistamos a Carlos Vicente, referente de la campaña “No a la nueva Ley de Semillas”.

La nueva ley recortará el derecho de replantar las semillas obtenidas en las cosechas anteriores. De esta forma, las corporaciones semilleras estarían habilitadas para cobrar regalías al agricultor cada vez que utilice una semilla, sujeta a los “derechos de obtentor”, es decir, se establecería un cobro por su reutilización. En los países donde esta ley ya rige se encuentra en peligro el uso libre y gratuito de las semillas, se criminaliza su intercambio, se persigue a los agricultores que no pueden pagar las regalías y se destruyen sus cosechas.

Las organizaciones que se oponen denuncian que con esta ley se va a otorgar a las corporaciones semilleras (Bayer-Monsanto, Syngenta y otras) el poder para acabar con el “derecho de uso propio” de los agricultores. Algo que constituye la esencia misma de la agricultura.  Hasta ahora, cuando un agricultor compra semillas ya está pagando por los derechos de propiedad intelectual (o derechos de obtentor). Esto le permite conservar una parte de las semillas que obtiene de la cosecha, para reutilizarlas y sembrarlas en el ciclo siguiente. La ley que se pretende impidiría estas prácticas ancestrales de la agricultura.

Para comprender mejor la problemática, entrevistamos a Carlos Vicente, integrante de la organización internacional Grain , de la articulación latinoamericana Alianza por la Biodiversidad y referente de la campaña No a la nueva Ley de Semillas.

¿Qué implica la nueva Ley de Semillas que impulsa el gobierno?

La modificación que quieren lograr con la nueva Ley de Semillas es la búsqueda de imponer el cobro de regalías cada vez que un agricultor guarda una semilla. Esto significa que si alguien compró una semilla por la que pagó las regalías al principio, cada año al cosechar y separar semillas para volver a sembrar, deberá hacer una declaración de cuántas semillas guardó y de nuevo pagar las regalías correspondientes.

Esto es un paso más en la privatización de las semillas. Las semillas se vienen privatizando desde hace años. La ley que tenemos vigente en Argentina desde el año 1973 ya permite el cobro de regalías y aplica el derecho de obtentor. Pero en este caso se profundiza, haciendo que cada vez que alguien quiera guardar semillas tenga que pagar regalías.

Además, es una ley que le da el poder de control al INASE (Instituto Nacional de Semillas). Si el INASE recibe una denuncia (de las corporaciones) de que alguien esté guardando semillas sin haberlas declarado, en cualquier etapa de la producción, ya sea cuando las está acopiando o cuando las transporta, puede hacer una inspección y controlar las semillas, para ver si estarían violando esa nueva ley. Por esto nos oponemos a la nueva Ley de Semillas y nos movilizamos al Congreso para expresar el rechazo.

¿Por qué cree que este proyecto de ley se hizo en secreto, a espaldas del pueblo y los pequeños productores?

Es una ley que se negoció entre el Poder Ejecutivo, el Secretario de Agroindustria,  Etchevehere, la Sociedad Rural Argentina y los semilleros en secreto.

Hace algunos meses ellos firmaron una acta de acuerdo, que nunca se hizo pública y la ley que están tratando de aprobar hoy no se corresponde con ninguno de los proyectos que se vinieron tratando durante los últimos dos meses. Por eso es una ley que nunca se hizo pública y recién ahora se está conociendo lo que quieren aprobar.

¿La Ley que se intenta aprobar es inconstitucional?

Si bien la Comisión de Agricultura hizo un show, durante el último mes, haciendo consultas, escuchando a un montón de sectores, lo concreto de la ley que se trata de aprobar es que se hizo absolutamente en secreto. No fueron consultados los pueblos originarios ni las organizaciones campesinas. Esta es una de las razones por las que rechazamos la ley e incluso vamos a pedir su inconstitucionalidad si sale el dictamen de comisión.

La Argentina adhirió al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y éste exige que cualquier cuestión que afecte a los pueblos originarios obliga a que sean consultados de forma previa, libre e informada. Esto no se hizo de ninguna manera.

¿Quiénes se benefician con esta ley?

En realidad la nueva ley beneficia fundamentalmente a las semilleras (corporaciones como Bayer-Monsanto, Syngenta y otras). Los grandes productores no se benefician directamente con la ley. Al contrario, ellos la han rechazado durante los últimos años porque obliga a grandes y a pequeños productores a pagar aún mayores regalías, que las que están pagando. Sin embargo los grandes productores,  aliados de Cambiemos,  reciben otros beneficios que el gobierno les da a través de sus políticas públicas, como por ejemplo la quita de retenciones.

En esta alianza que han hecho con el gobierno han decidido someterse al interés de las semilleras.

Modelo de negocios patentados

Como lo explicamos con anterioridad,  la Ong. GRAIN, UPOV son las siglas en francés de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Oficialmente un organismo internacional, UPOV, trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, mediante la imposición de los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Los estados miembros deben adherir a la Convención UPOV y convertirla en ley nacional. La Convención fue redactada por primera vez en 1961 y se ha modificado tres veces (en 1972, 1978 y 1991), fortaleciendo, vez tras vez, los derechos de las corporaciones y restringiendo lo que los demás pueden hacer con las semillas.

Tal como afirma Carlos Vicente “alguien que hizo el trabajo de multiplicar las semillas y de guardarlas para volver a sembrar se le podrá cobrar regalías. Las semilleras como Monsanto y Bayer, que se dicen los propietarios de las semillas, se benefician porque tienen la posibilidad de cobrarle regalías sin hacer absolutamente nada.

Es un inmenso negocio que va en contra de lo que es la esencia de la agricultura. La agricultura existe porque se guarda semilla, porque se la multiplica y porque se la comparte. Esta nueva ley hace que las semillas no se puedan guardar, no se puedan compartir y no se puedan intercambiar sin pagar regalías. Por eso vamos a dar pelea para que esta ley no se apruebe”.

Las llamadas leyes de derechos de obtentor incluyen las leyes de certificación, los registros de variedades y las leyes de comercialización que legalizan el abuso y el despojo. El objetivo de este ataque es acabar con la agricultura campesina e indígena y especialmente con la producción independiente de alimentos, intentando cerrarle el futuro a la soberanía alimentaria, para convertirnos en una población sin territorio, que sólo puede ser mano de obra barata y dependiente. Las semillas son patrimonio de los pueblos.

El próximo 22 de noviembre se tratará la ley en la Cámara de Diputados de la Nación y las organizaciones se preparan con actividades frente al Congreso para visibilizar la resistencia y oposición a esta ley que beneficia a las corporaciones.

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