Por Iván Barrera e Ignacio Marchini | Foto: Juan Pablo Barrientos

Esta medida otorgaba a las fuerzas represivas la impunidad y la discrecionalidad para disparar sus armas de fuego prácticamente en cualquier circunstancia, así sea por la espalda y sin dar orden de alto.

Mediante la Resolución 1231/2019, la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aprobó un nuevo “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, que reemplaza los anteriores y deroga distintas resoluciones que implicaban un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos y que fueron duramente repudiadas por un amplio arco de organizaciones políticas y antirrepresivas.

El factor preponderante de este nuevo reglamento es regular la utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas represivas, haciendo foco en la necesidad de respetar la dignidad humana y los derechos humanos, y en el uso abusivo que se hizo del anterior protocolo. Según el último informe de Correpi, se contabilizan al menos 891 casos de asesinatos por las fuerzas represivas no penitenciarias en los años de la Doctrina Chocobar.

Esta resolución deroga también el reglamento para la implementación de pistolas Taser y otras “armas electrónicas no letales”, considerando que la calificación de “no letal” en realidad significa “menos letal” y que su protocolo anterior distaba mucho de regular su uso. También se derogan las resoluciones que proceden a crear un “Centro de formación de gendarmes” en el Complejo Turístico de Chapadmalal, la que asigna la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores en manos de Gendarmería y las libertades que se les otorgaba a las fuerzas represivas para pedir documentos de identidad discrecionalmente en el transporte público.

La regulación del uso de armas de fuego y el límite a la libertad de acción de las fuerzas represivas son los primeros pasos urgentes para empezar a desarmar el entramado legal, armamentístico y cultural que buscó imponer a fuego y sangre la ex Ministra de Seguridad y actual Presidenta del Pro, Patricia Bullrich. Ardua tarea tiene Frederic por delante para terminar realmente con el abuso de las fuerzas represivas y lidiar con las cifras que demuestran una escalada ininterrumpida de la violencia estatal en los años de democracia. El legado es extenso, desde los protocolos para reprimir la protesta social hasta la Gendarmería en los barrios como agentes del control social, pasando por la formación de las distintas fuerzas y la militarización creciente de las policías locales.

Es enorme el trabajo por delante para frenar la violencia de la policía, para conseguir justicia para los y las muertas a manos del aparato estatal, para alcanzar algún tipo de paz para los y las familiares de las víctimas del gatillo fácil y para frenar el abuso de las fuerzas represivas en los barrios. Sin duda, esta medida representa un primer paso racional y urgente en el largo camino hacia el fin de la impunidad.

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Por Redacción Marcha / Foto: Colectivo Rimac

“Jamás me van a ver derrotada. Ni a mi, ni a mi familia ni a ninguno de lxs compañerxs que tomamos esta lucha con el corazón”. Con estas palabras y visiblemente emocionada -aunque también con rabia-, Emilia Vassallo promediaba una conferencia de prensa que no era una más. Estaba acompañada de Nora Cortiñas, su abogado, Eduardo Soares, y familiares de víctimas del gatillo fácil y la represión en las cárceles, integrantes de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Relató una forma inédita de asociación ilícita entre la crueldad policial y el machismo institucionalizado en el poder judicial. Una operación novedosa para la democracia pero digna del terrorismo de Estado.

Era viernes 13 por la noche cuando un grupo táctico de la policía bonaerense, conformado por al menos 20 machos de civil, encapuchados y fuertemente armados, ingresó al domicilio de Emilia Vassallo en Morón. Los efectivos, con la excusa de estar realizando un allanamiento por una inexistente causa por “drogas”, irrumpieron en su casa, la violentaron física y psicológicamente; la golpearon y torturaron junto a uno de sus hijos. Un operativo que se hizo bajo la supervisión de Gustavo González, funcionario de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) 6 de esa localidad.

“Me duele el alma. Es otra jugada para quebrarme y quebrar mi lucha que es la de todos”, dijo Emilia Vassallo en la conferencia de prensa que se realizó en la sede del Sindicato de Prensa, SiPreBA. Integra junto a otros familiares de víctimas la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Es referenta de la lucha antirrepresiva por denunciar el asesinato, como Madre, de Pablo “Paly” Alcorta, de 17 años, en el año 2013 por el entonces policía bonaerense Diego Tolaba, que actualmente está en actividad en la policía de la ciudad de Buenos Aires.

El amedrentamiento del que fue víctima sucedió a días de que la causa por el asesinato de “Paly” tuviera novedades, ya que Emilia logró que la Cámara de Apelaciones ordenara investigar el homicidio llevando a juicio oral a Tolaba a fines de este año o principios del próximo, a pesar de que la titular de la UFI 6 de Morón, María Silvana Beatriz Bonini, y el juez de Garantías, Gustavo Robles, intentaron cerrar la causa bajo el argumento de “legítima defensa”. Por eso, visiblemente conmocionada Vassallo informó: “venimos de presentar la denuncia en la Fiscalía”, y apuntó nuevamente al poder judicial: “El fiscal Rapazzo acaba de pedir la exhumación del cuerpo de mi hijo porque quiere demostrar que murió de mala praxis médica y no por una bala policial, pero pase lo que pase, esta justicia burguesa no nos va a ganar porque voy a seguir peleando contra todo y todos”. Y hubo aplausos.

Las violencias uniformadas contra Emilia suceden a menos de un mes de su participación en la organización de la “Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil”, que en Buenos Aires llegó a la Plaza de Mayo; una de las acciones más multitudinarias de los últimos cinco años, en repudio del odio de clase que se traduce en el abuso de poder y asesinato de pibes y pibas con placa y permiso del Estado por parte de integrantes de las fuerzas represivas.

El terrorismo de Estado, presente

Eduardo Soares, integrante de La Gremial de Abogados y abogado de Emilia Vasallo, la encontró atada y a su hijo esposado al llegar a su domicilio a poco de iniciarse el allanamiento sin orden que lo justificaba. “Al preguntarle al oficial instructor del procedimiento de ¿cuántos kilogramos de droga estamos hablando para semejante procedimiento?, respondió que se trataba de medio kilogramo de marihuana lo que estaban buscando”. 

En la conferencia de prensa Soares increpó: “¿por qué no vamos a creer que esto es un apriete?”, y relató que “el secretario de la Fiscalía que estaba presente y vio cómo le pegaban a Emilia, entró con los encapuchados y teóricamente los comandaba. La responsabilidad del procedimiento no fue tanto de la policía que estaba adentro sino de la institución judicial, llámese fiscalía, llámese juzgado de garantías, que fueron los que ordenaron y presenciaron el procedimiento”.

“Creemos que se trató de un procedimiento ilegal, de un apriete a Emilia, una persecución por ser quien es y estar donde está”, dijo Soares con énfasis. “Cuando les explicamos que hacía dos días que recibía tres o cuatro veces al día policías que se presentaban buscando personas que desconocía nos dijeron que esa información no la sabían”. Sin embargo, “los operativos previos, de la Comisaría 1º de Morón, que nos decían que no tenían nada que ver con lo otro, son de la misma causa”, si bien “esta vez actuó la Comisaría 4º de Pavón”.

El abogado explicó que venían de hacer la presentación en la UFI 6 de Morón. “La fiscal de turno fue Silvia Bonini, quien instruyó desde el primer momento, desde el día cuando Paly fue ejecutado, quien fue la que no investigó, la que no pidió la autopsia de mi hijo”, dijo Emilia. Soares contó además que hubo una intervención de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que hacía pocos minutos se había comunicado para informarles que habían comenzado una investigación de oficio sobre lo sucedido el viernes 13, “nos invitaron a que fuéramos a La Plata a aportar todos los elementos que tenemos. Es la primera vez que vemos algo así, no sé si relacionarlo con la situación electoral”.

“Ellos nos tienen miedo a nosotras”

La sala estaba desbordada de presencias. Ante el abuso del poder y la crueldad machista, la ternura y solidaridad feminista -antirrepresiva- pareció el mejor antídoto junto a la necesidad de seguir organizándose. Y así lo hicieron saber familiares que integran la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil que acompañaron en la conferencia de prensa a Emilia Vassallo.

“Aca estamos hermana”, dijo la Madre de Marcos Acuña. y compartieron las impresiones y los temores que acechan frente a la impunidad. “Hace 7 años que vengo transitando este camino, soy padre de una de las tantas mujeres que fueron asesinadas en un centro de exterminio como son las cárceles”, intervino Alfredo Cuellar, padre de “la China”, asesinada por el Servicio Penitenciario en 2012. “Hoy más que nunca estoy con Emilia porque lo que le pasó yo lo he padecido y lo sigo padeciendo”, agregó. Alfredo fue secuestrado en 2013 por cuatro sujetos que lo introdujeron a un auto y amenazaron con tirar al riachuelo y hacerlo desaparecer. Algo similar le ocurrió en 2016, ocasión en la que presentó pruebas ante funcionarios del poder judicial pero sin ver avances de ningún tipo en la investigación. “Lo que buscan es callarnos, pero el compromiso que tenemos con nuestros hijos es seguir adelante hasta que no podamos más y ni aún muertos nos van a derrotar”, afirmó Cuellar, “la justicia tiene la balanza inclinada a favor de los poderosos, por eso la justicia social es la fundamental”. Y terminó con una consigna de lucha: “ni una menos en las cárceles también”.

Angélica Urquiza, Madre de “Kiki” Lezcano, contó cómo los fallos judiciales y los amedrentamientos policiales que le siguen a los asesinatos de los pibes son revictimizaciones hacia las y los familiares, con el agravante de ser agresiones ejecutadas en nombre del Estado. Ezequiel, “Kiki”, de 16 años, fue asesinado hace 10 años en Lugano. El señalado, el policía Daniel Veyga, fue absuelto hace dos años por el TOC 16 y obtuvo el permiso de reincorporarse a la fuerza represiva. “Primero me cerraron la causa porque no me presenté en tiempo y forma y yo no me presenté porque no buscaba a un chico muerto, yo buscaba a Kiki”, dijo y contó cómo fue víctima de una causa armada. “Me cagaron a palos y me hicieron golpear contra un cordón. Me subieron a un patrullero y me amenazaron diciéndome ´negrita de mierda, te vamos a enseñar que no tenes que denunciar, que a tu hijo lo mataron porque era un chorro así que dejate de joder”. A Angélica la detuvieron, la criminalizaron y está imposibilitada de mover uno de sus brazos producto de ese hecho. 

Ivonne Kukoc, Madre de Pablo, el pibe asesinado por el legitimado por el Estado, policía Luis Chocobar, contó cómo la policía los amedrenta -a ella y otro de sus hijos- y que se tiene que mudar cada dos o tres meses. “Nos mataron a nuestros hijos y nos están matando de a poco”, dijo, “en Avellaneda parece que andan con la foto de toda mi familia”, contó. El terrorismo de Estado se sintió cerca para ella cuando a la vuelta de la Marcha contra el Gatillo Fácil, policías se subieron al colectivo y tuvieron que sacarse las remeras por miedo. “No estoy pidiendo la pena de muerte, como hicieron con mi hijo, estoy pidiendo el castigo para un asesino que toma un arma y mata pibes”, declaró, “se que va a llegar el día que (Chocobar) pague con lo que hizo”. Hay versiones que indican que habrá juicio desde mediados del 2020. “No vamos a bajar los brazos”, dijo, “por esta gente que es maravillosa”.

 Pero infaltable fue la voz de Nora Cortiñas que también muy conmovida dijo: “Yo quisiera también hoy abrazar a mi hijo Gustavo como hace 43 años y por eso sigo peleando. Por eso acompaño a Emilia y a todas las Madres”. La conferencia ofició de traspaso simbólico de los orgullos y las resistencias: “de las Madres del Terrorismo de Estado a las Madres contra el Gatillo Fácil”. Y agregó, “Ellos nos tienen miedo a nosotras, todos los funcionarios; por eso persiguen y persiguen. Pero seguiremos y no les tenemos miedo. Esto es terrorismo de Estado, los 30.000 están acá, ahora y siempre están todos los pibes caídos por la bala asesina de la policía y van a seguir estando, van a seguir las Madres luchando y todas juntas vamos a vencer. Vamos a vencer, ¡hasta la victoria siempre!”.

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El gobierno reaccionario de Argentina ha comenzado a ser víctima de sí mismo. La coalición Cambiemos ha creado un mundo en el que sus mitos duran un suspiro. Su arsenal de abstracciones para simbolizar la realidad está casi vacío. El antagonismo simbólico que cimentó su triunfo electoral se está agotando como fuente de adhesión, muestra a las claras su déficit como soporte de legitimidad política y hasta amenaza con volvérsele en contra. ¿Emergerán los antagonismos reales o seguirán opacados (tergiversados y canalizados) por los antagonismos simbólicos?

Al gobierno reaccionario de Argentina ya no le sirven las apelaciones a la doctrina del camino, a la búsqueda y la disolución de los conflictos y los relatos, a la disciplina del viaje. Ya no le sirven las invocaciones a la democracia liberal. Por cierto, le cuesta cada vez más mantener un piso mínimo de democracia formal y de “calidad institucional”. Ni siquiera le cabe la definición de liberal, es mucho menos que eso.

Cada vez se le hacen más difíciles las maniobras de encubrimiento de su condición no-ética, cínica, prepotente y despiadada.

Los politólogos y otras especies similares que vislumbraron el surgimiento de un fenómeno político original, que comenzaron a elaborar tipologías para una derecha “moderna” portadora de cierta destreza hegemónica, debieron volver al clasicismo en materia de teoría política. Por un momento confundieron la hegemonía con las artimañas. Se creyeron los mitos con patas cortas de la derecha.

La “nueva derecha” argentina es demasiado parecida a la vieja. Aggiornada a los nuevos tiempos como exige su talante pragmático, expresa al capital en su anhelo de mercado total. Representa el proyecto que pretende arrasar con todo lo que no es mercado. Aspira a replicar vía chilena al ultra-neoliberalismo. La actualización en materia de marketing electoral, el uso de las nuevas tecnologías de manipulación, no dicen nada respecto de una condición distinta. Sigue siendo indigente en materia de recursos hegemónicos. Es incapaz de hacer del Estado un espacio apto para el desarrollo de dinámicas reparatorias (más bien todo lo contrario) y no ha superado su incompetencia a la hora de organizar imaginarios colectivos basados en valores positivos y de largo plazo. Sólo sabe generar adhesiones efímeras y frágiles. Claro está, nos referimos a las adhesiones masivas. El mercado ni se autorregula ni construye hegemonía.

A la hora de construir algún consenso social básico, la “nueva derecha” no sabe hacer otra cosa que apelar a la gestión de realidades microscópicas e intrascendentes, a la demagogia punitiva, a las retóricas del orden, al halago descarado de las pasiones de los opresores. Anuncia obras y crímenes con orgullo y se jacta de su eficacia para construir metrobuses y para matar niños por la espalda. Al igual que la vieja derecha, la única forma de gestionar los conflictos que concibe se basa en la represión y en el disciplinamiento. ¿Como gestionará la desesperación?

Desde diciembre de 2017 sus medidas comenzaron a minar aceleradamente las bases de todo consenso relativo. Es imposible generarlo cuando el achicamiento del producto va de la mano de una galopante concentración de la riqueza. Un hondo malestar se está incrustado en una franja muy ancha de la sociedad argentina. Anuncia violencias y crece día a día.

La discursividad de gobierno reaccionario de Argentina se ajusta cada vez más a su verdadera condición. De ningún modo puede ser dialógica. El lenguaje se acomoda a la experiencia y al deseo y se ponen en evidencia las voces autoritarias, los tonos insensibles, en fin: el odio de clase. Valga como ejemplo el giro salvaje del lenguaje del presidente, de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aire: las tarifas impagables que hay que pagar, la universidad vedada para los pobres, la desposesión al cartonero.

El gobierno reaccionario de Argentina ha perdido la brújula y a cada paso abre nuevos frentes de conflictos y nuevos campos de batalla. ¿Terminará reactivando sin darse cuenta la potencia plebeya que estuvo dormida, institucionalizada e integrada en los últimos 15 años o, simplemente, embellecerá las formas verticales de interlocución estatal típicas del progresismo? ¿Alentará sin querer lo que constituye la peor pesadilla para las clases dominantes: las demandas sustantivas del pueblo referidas a la redistribución primaria del ingreso, al autogobierno y a la autodeterminación; o renovará los bríos de otros intermediarios y otras maquinarias del poder? ¿Favorecerá indirectamente la politización autónoma (desde abajo) de lo social o volverá a colocar lo social como espacio para la gestión “sensible” desde arriba? ¿Restituirá la politicidad de los conflictos sociales o abrirá las puertas para los proyectos basados en la moralización de la pobreza?

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“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo”.

Rodolfo Walsh

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La escuela parece no estar ajena al clima de persecución política que han instalado las actuales políticas del gobierno nacional. Esta vez le tocó a una joven estudiante de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia, de la Ciudad de Buenos Aires. La persecución política llegó al colegio secundario, tal lo expresado desde el comunicado del Centro de Estudiantes.

La alumna Malena Briones que se inscribió para cursar 4º año de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia, de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no obtuvo la vacante, pese a ser alumna de dicho establecimiento. Una situación por demás irregular para alguien que tiene garantizado el derecho a la educación por la Constitución Nacional y por la ley que regula la obligatoriedad de la educación secundaria. Primera irregularidad.

Alumnas y alumnos de la institución reaccionaron rápidamente ante semejante injusticia y peticionaron a las autoridades la incorporación de Malena. Al mismo tiempo, llevaron adelante una sentada en el patio como medida de protesta. La persecución política llegó al colegio secundario, pero esta vez el caso no es el de un o una docente increpado sino el de una estudiante. Malena es una compañera de La Simón Bolívar que milita en secundarios, estudia en el colegio artístico Rogelio Yrurtia y participa activamente del centro de estudiantes y de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB).

Por su participación en asambleas y reuniones del Centro de Estudiantes CEBARY le computaron las faltas suficientes para perder su condición de alumna regular por lo que quedó libre en el 2016. Con mucho esfuerzo –tal como se expresa en el comunicado emitido por el Centro de Estudiantes de la Escuela–, se presentó a rendir las materias pero repitió 4to año. Idéntica situación por la que atraviesan alumnas y alumnos a los que les renovaron la vacante sin dificultad.

Sin motivos para excluir

El derecho a la educación está consagrado en la Ley 26.206, que fija la obligatoriedad desde el pre escolar hasta el nivel secundario. En el Reglamento Escolar de la CABA está asegurado el acceso a la vacante para las alumnas y los alumnos repitentes. El Artículo 32, que se refiere a Alumnos Repitientes, dice en su inciso 1º que todo alumno regular repitiente tiene derecho a conservar la vacante en el establecimiento para continuar sus estudios, siempre que no solicite pase a otra unidad educativa, de acuerdo con lo dispuesto en el Régimen de Evaluación vigente. En su 2º inciso dice que la inscripción de los alumnos repitientes del establecimiento se efectúa al finalizar el período complementario de evaluaciones del turno de marzo del año calendario inmediato siguiente. Mientras que el artículo 35 De las Normas para los alumnos libres explicita que se rigen por las mismas normas que regulan la inscripción y matriculación correspondiente a los alumnos regulares, siéndoles aplicables todas las disposiciones contenidas en este Reglamento.

Ante esta situación de exclusión y persecución política los compañeros y compañeras expresan que en solidaridad y como llamado de atención, se realizó una asamblea estudiantil en el patio de la escuela. Allí se decidió con el voto directo con 173 a favor y 24 en contra, hacer una sentada permanente frente a la dirección hasta que haya una respuesta respecto a la vacante.

Desde el centro de estudiantes, expresan: “Como le tocó a Malena le pudo haber pasado a cualquier otra alumna o alumno que participe activamente del centro de estudiantes, que luchara y reclamara por todas las cosas que tendríamos que tener por obligación y hoy día no se cumplen”. Incluso, acusan a una profesora de expresarse en el Consejo Consultivo diciendo: “Hay que descabezar a la cabecilla del centro”.

Razones

Los directivos de la institución de enseñanza media se niegan a darle la vacante por la falta de regularidad y por su “mala conducta”, en clara referencia a su actividad política dentro y fuera de la escuela.

La decidida medida llevada a cabo por estudiantes abrió un compás de espera para toda la comunidad educativa. El próximo día jueves a las 18 se discutirá a nivel institucional la arbitraria situación, y se espera la reincorporación de la compañera. Además, la comunidad estudiantil movilizada predice una serie de medidas si la respuesta es negativa, al tiempo que se anuncian recursos legales para garantizar el acceso a la educación. Se ve un accionar de directivos docentes que intentan disciplinar cualquier actividad de disidencia, en consonancia con las políticas nacionales, mientras se intenta deslegitimar la educación pública y se desprecia a los docentes que la conducen.

“Ante la medida la respuesta de la directora hacia la vacante paso de ser un ‘no’ a ser un ‘se va a discutir’. El jueves estaremos esperando la respuesta, si le dan la vacante sabremos que fue por el esfuerzo y solidaridad de las y los estudiantes del Yrurtia. Si no se la dan estaremos discutiendo las medidas a tomar, ante el perseguimiento político así como el ataque sistemático que se da todos los días a lxs profesorxs y alumnxs por un gobierno que, como bien sabemos, la educación del pueblo le importa poco nada. ¡Las y los estudiantes del Yrurtia nos organizamos!”, cierran desde el Centro de Estudiantes.

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Despidos, recortes y suspensión de la difusión del protocolo de atención de abortos de parte del Ministerio de Salud de la Nación. Amenazas y engaños a socorristas en Córdoba y Neuquén y criminalización a pibas y mujeres de a pie en los hospitales públicos. Combo acompañado de la desinformación nada ingenua de los medios hegemónicos.

En el día de ayer comenzó a circular la información de que el Ministerio de Salud de la Nación había borrado de su web la versión digital del protocolo de acción en casos de aborto no punible.

El mismo tuvo una primera versión en el año 2010 y una segunda, revisada el año pasado, y contó con el aporte de activistas feministas que forman parte de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Garantizaba el derecho al acceso a un aborto no punible en los casos previstos por el fallo F.A.L. y ratificado por la corte suprema en el año 2012, en casos de violación, riesgo de vida y causal salud. El protocolo planteaba un marco de derechos, pasos a seguir, herramientas disponibles para la realización de un aborto seguro en el hospital.

No obstante, la propuesta no logró revertir las posturas conservadoras y patriarcales dentro de la corporación médica y puso en evidencia las limitaciones de no contar con una verdadera legislación en materia de aborto y salud pública.

De todos modos, en la línea de la política Cambiemos de “borrar de un plumazo” y seguir como si nada, esto implica un franco retroceso en la lucha por el derecho al aborto. Esta postura va en consonancia con el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, presentado por Fabiana Tuñez, histórica feminista y actual funcionaria del macrismo, en donde la razón esgrimida para comprender las muertes por aborto clandestino no era la ilegalidad del aborto sino la falta de provisión de métodos anticonceptivos.

En un contexto de vaciamiento de programas de salud sexual y reproductiva, de obstáculos para que los servicios de atención primaria de la salud brinden dichos métodos, de ausencia de reactivos para testeo de HIV, cabe preguntarse cuál es la política que este gobierno va a darse para atender a los derechos sexuales de la población, por fuera del recurrente gesto de fingir demencia.

Al momento el protocolo de 2015 sigue ausente de la web, pero decidieron mantener la versión publicada en el año 2010. En el mismo el causal salud se acota a una interpretación restringida a riesgos de salud física que no puedan ser tratados por otros medios. Se pierde así de vista la posibilidad de entender la salud en sentido integral, en términos psicofísicos, sociales, económicos. ¿Qué pasa con las mujeres cuyo derecho al acceso a métodos anticonceptivos, a ligarse las trompas se ve obstaculizado dentro del propio sistema de salud?

En paralelo, desconociendo también los propios contenidos mínimos en relación a la ley de Educación Sexual Integral, Clarín y TN repudiaron en el día de ayer la realización de una charla sobre sexualidad, anticoncepción y aborto en el Colegio Carlos Pellegrini, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y aunque la libertad de Belén, tras un intenso proceso de lucha, organización, difusión del movimiento feminista y de mujeres, nos llenó de alegría, en el lapso de dos semanas tuvimos noticias de instancias de criminalización de compañeras en guardias de hospitales con señales de aborto en curso y hostigamiento y persecución a compañeras socorristas en Neuquén y Córdoba.

Con el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) a la vuelta de la esquina, se vuelve imprescindible la organización conjunta para que la avanzada neoliberal y conservadora deje de poner en suspenso las conquistas del movimiento de mujeres y feminista.

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Abrimos el dossier ante 40 años del Golpe de Estado, realizado en conjunto por Marcha y Contrahegemonía, con un análisis del panorama represivo que se dio en los últimos doce años. En esta primera entrega, los años del kirchnerismo.

Estrategias represivas del kirchnerismo

Luego de la rebelión popular de diciembre de 2001 y la movilización que finalizó con la masacre del puente Pueyrredón, el régimen capitalista, con la aparición del kirchnerismo como fracción dirigente del PJ, supo estabilizar la crisis política, recomponer la institucionalidad, cooptar a parte del movimiento popular que había estado movilizado hasta el 2001-2002 y transformarse en la expresión más inteligente de la burguesía para garantizar sus negocios y estabilidad.

En un primer momento, el presidente Néstor Kirchner se dedicó a sumar voluntades, a través de una política de cooptación y seducción de referentes de los más diversos ámbitos y orígenes, que pronto conformaron la “transversalidad”, esa especie de protoplasma kirchnerista que reunió, bajo la consigna del “proyecto nacional y popular”, a una buena cantidad de referentes y organizaciones, algunos de los cuales se proclamaban antiimperialistas, anticapitalistas o de izquierda.

Dos fueron los ejes centrales para consolidar esa imagen. Por una parte, el gobierno asumió pleno protagonismo en la reapertura e impulso de los juicios contra represores de la dictadura, promoviendo la anulación de las leyes de impunidad y constituyéndose como querellante, a través de las secretarías de DDHH nacionales y provinciales, en las principales causas. En la misma línea, se sucedieron actos de fuerte contenido simbólico, como el retiro de los cuadros de Videla y otros genocidas del colegio militar, los reiterados actos en la ESMA, el Parque de la Memoria o Campo de Mayo, inaugurando monumentos o museos alusivos. La “política de DDHH” expresada en esas y otras iniciativas, se convirtió, así, en la marca distintiva del gobierno kirchnerista.

Paralelamente, el gobierno adoptó un discurso de “no represión”. Encabezados por el propio Kirchner, que a la semana de asumir declaró: “No quiero criminalizar la protesta social”^[1], todos los integrantes del gobierno, y en especial los encargados del área de seguridad, dijeron cosas parecidas. Efectivamente, en los primeros meses de su gestión, no hubo mayores episodios de represión a movilizaciones o manifestaciones populares, y ello generó un clima de expectativa. Los piquetes y cortes de rutas que habían caracterizado los años anteriores, fueron reemplazados por el acompañamiento casi simbólico a los dirigentes que subían a los despachos oficiales para reunirse con Kirchner, con su hermana Alicia, con alguno de los Fernández o con funcionarios de segunda y tercera línea como Sergio Berni o Carlos Kunkel, y volvían para anunciar las promesas logradas, con lo que el gobierno no tuvo mucha necesidad de reprimir, pues no había situaciones de gran confrontación.

Pero, para quien quisiera ver, había claras señales de que ni el discurso de los derechos humanos, ni la promesa de no reprimir la protesta social, respondían a otra causa que la necesidad de legitimación de un gobierno asumido con un muy escaso capital electoral, y que, una vez logrado el suficiente consenso, el aparato de fuerza estatal retomaría explícitamente su tarea disciplinadora sobre los trabajadores y el pueblo. La designación de funcionarios de larga historia represora en sectores clave de los ministerios, secretarías y direcciones fue una de esas señales inequívocas, acompañada por una nueva versión, políticamente correcta, de la tesis de la “inseguridad ciudadana”, a la que se sumó una campaña mediática de estigmatización como “violenta” de toda modalidad de lucha que no se limitara a dialogar con el gobierno para consensuar “soluciones”. Sería necesario que trascurriera más de un año para que, al menos en parte, se advirtiera el carácter netamente represor del gobierno kirchnerista.

Al mismo tiempo que el gobierno instalaba su discurso de tolerancia a las movilizaciones populares, se intensificó, por carriles menos oficiales, una campaña dirigida a demonizar todo tipo de reclamo que no fuera explícitamente dialoguista. Poco a poco, los medios de comunicación construyeron la idea de que los cortes de rutas, los piquetes y, por extensión, todo tipo de manifestación callejera, eran actos de naturaleza violenta y antidemocrática. Hábilmente, no se cuestionaba el derecho a protestar ni la pertinencia de los diferentes reclamos, sino que el embate se dirigía a las formas y métodos, con el argumento central de la equivalencia de los derechos de manifestantes y el “resto de la sociedad”, que sin ser el destinatario de la protesta se veía entorpecido para circular libremente.

En el clima general de distensión que se impuso desde esos primeros días de gobierno, los hechos represivos que ocurrieron entre junio y agosto de 2003 no tuvieron la menor repercusión, o, a lo sumo, fueron presentados como “desbordes inorgánicos” de algún integrante de las fuerzas de seguridad. Paralelamente, se agudizó la persecución de militantes por la vía judicial, especialmente reactivando expedientes antiguos.

Poco después, hubo un sutil cambio en el discurso, expresado por el ministro de interior Aníbal Fernández que, en referencia a los piqueteros, dijo: “No vamos a reprimirlos, pero tienen que desaparecer”^[2]. Para entonces, y aunque los medios lo seguían ignorando, ya se acumulaban los hechos represivos en todo el país.

El episodio más significativo, y el más silenciado de todos, ocurrió el 9 de octubre de 2003, en la provincia de Jujuy. Alrededor de 5.000 personas se movilizaron a la comisaría de Libertador San Martín, donde cinco días antes había muerto Cristian Ibáñez, de 20 años, mientras la policía lo torturaba. La manifestación, que reunía prácticamente un tercio de la población local, fue reprimida con refuerzos llegados de la capital de la provincia. La gente se defendió, arrojando piedras a la comisaría. Pronto, los efectivos dejaron el armamento antitumulto y empezaron a disparar con balas de plomo. Luis Marcelo Cuéllar, joven militante de la CCC, cayó fusilado. Fue tan efectivo el operativo de silenciamiento en torno a ese primer asesinato en una manifestación durante el gobierno de Néstor Kirchner, que el nombre de Cuéllar, salvo muy puntuales excepciones, no sería mencionado nunca más. Ni siquiera se lo recordaría cuando, cuatro años después, en el otro extremo del país, fue asesinado en similar situación el maestro Carlos Fuentealba.

Casi simultáneamente, el gobierno nacional puso a prueba el consenso. En el mes de octubre de 2003 hubo una serie de declaraciones y trascendidos de funcionarios, desde el presidente y el jefe de gabinete, hasta ministros y secretarios de diversas áreas, que delinearon la nueva estrategia. Ahora, la divisoria establecida era entre la “protesta social lícita” y la “protesta ideológica”, que, por exclusión, quedaba estigmatizada como ilícita. Una fuente oficial no identificada lo explicó así al diario Página/12: “La idea del gobierno es desarticular al piqueterismo (…) dando trabajo primero a los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar, después a los piqueteros sensatos y a los piqueteros amigos (kirchneristas), y dejar aislados a los piqueteros ideológicos. (…) Al que quede afuera porque quiera quedarse afuera, lo esperaremos con el Código Penal en la mano”^[3].

Unos meses después de ese globo de ensayo, las declaraciones oficiales, aunque seguían en la línea de la “tolerancia”, anunciaban el cambio. El ministro del interior, Aníbal Fernández, aseguró que el gobierno “no va a criminalizar la protesta social, pero cuando uno se pasa de la raya hay que cumplir con lo que dice la ley”. Para la misma época, el secretario de seguridad, Alberto Iribarne, aclaró: “Cuando decimos que no vamos a criminalizar la protesta social estamos haciendo esa diferenciación: que una cosa es el delito y otra la protesta social”.

Para mediados de 2004, el riesgo de cargar con un costo político por reprimir estaba prácticamente conjurado. Desde su inauguración, el gobierno se propuso no repetir experiencias anteriores como el Puente de Corrientes, el 20 de diciembre o el 26 de junio, porque sabía que eso generaría reacciones como las que sufrieron De La Rua o Duhalde. Su discurso de “no represión”, combinado con la intensa campaña a través de voceros y aliados mediáticos que denunciaban la supuesta “inacción” del gobierno frente a la protesta social y exigían una intervención represiva, en poco más de un año, le permitió pasar a la fase siguiente.

En agosto de 2004, la Subsecretaría de Seguridad Interior, de la que dependen las fuerzas de seguridad federales, hasta ese momento dependiente del Ministerio de Justicia, regresó a la órbita del Ministerio del Interior, bajo la conducción de Aníbal Fernández. Se hizo notar el agravamiento de las imputaciones hacia los manifestantes, con el uso frecuente de figuras muchas veces no excarcelables, totalmente desvinculadas de las supuestas conductas punibles y sobre la base de elementos probatorios especulativos. A lo largo del año, hubo más de medio centenar de presos políticos en todo el país, record absoluto desde 1983, imputados por delitos como coacción agravada, prepotencia ideológica o entorpecimiento de la explotación comercial de un establecimiento que impedían su excarcelación; el poder judicial intensificó la delegación de las supuestas investigaciones en las agencias policiales, que aportaban como prueba sus informes de “inteligencia” y eran miles los procesados con grave riesgo de ser condenados y encarcelados.

Estaba cumplida la misión de acumular consenso para reprimir, sin perder el rótulo ya asegurado de “gobierno de los derechos humanos”. Sobre esa base, la segunda y tercera gestión del gobierno kirchnerista avanzaron en la utilización de una serie de herramientas represivas que ningún gobierno democrático anterior usó con tanta intensidad, como las patotas oficiosas y la militarización territorial. El asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra, en el marco del ataque del grupo de choque de la Unión Ferroviaria de José Pedraza es ejemplo máximo de la primera, así como los episodios de las Heras son prueba de la segunda. La sanción, no de una, sino de siete leyes “antiterroristas”, en consonancia con las exigencias imperiales, y el incontestable incremento del gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, la tortura y las muertes en cárceles y comisarías, los fusilados en manifestaciones (21 entre 2003 y 2015) y los presos políticos que superaron todo índice desde 1983, marcaron un gobierno que se caracterizó por aplicar toda la represión necesaria, con todo el consenso posible, con el saldo objetivo de 3.070 asesinados por el gatillo fácil o en lugares de detención, y 21 fusilados en la represión a manifestaciones populares.

* Militante de Izquierda Revolucionaria y CORREPI.

[1] Diario Clarín, 03/06/2003.

[2] Página/12, 27/11/2003.

[3] Página/12, 26/10/2003, nota “Una política para los piqueteros”.

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El miércoles se conoció la conformación de la comisión que redactará el anteproyecto de Ley de Comunicaciones. Analizamos, a partir de su composición, dificultades, proyecciones y desafíos para el mapa comunicacional.

No es ninguna revelación si repasamos y destacamos que los últimos años de gobierno kirchnerista estuvieron atravesados por una fuerte disputa en y de los medios de comunicación, especialmente los masivos. Al menos discursivamente, la pelea era entre libertad de expresión y apertura de voces frente a la libertad de empresa y la censura.

Con un gran compromiso asumido por Mauricio Macri para encarar las elecciones, comenzar un proceso de reorganización, también en este ámbito, era una responsabilidad que la nueva gestión debía cumplir con varios sectores empresariales, especialmente de medios y específicamente del Grupo Clarín.

Así fue que se tomaron medidas resonantes como la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y, más importante aún, el Ministerio de Comunicaciones; dos medidas que disolvieron la autarquía del AFSCA y AFTIC, responsables de la promoción y el funcionamiento de la llamada Ley de Medios, si bien algo limitada y con bajo nivel de aplicación, pero destacada por su alto nivel de discusión y participación democrática, como ya lo advertíamos en otro artículo.

En este contexto, se presentó la comisión que redactará el anteproyecto de ley de comunicaciones, que unificará las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones.

Necesidades del siglo XXI

Desde el largo debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 –Ley de medios–, que logró sancionarse el 10 de octubre de 2009, es que la discusión acerca de la regulación de todo los actores de medios tuvo un intenso pero no tan fructífero resultado.

La poca regulación sobre diversos soportes digitales como internet, TV digital, el famoso triple play (telefonía, internet y televisión), así como, especialmente, los actores involucrados en él (cabe destacar la acertada decisión de no permitir la participación de las telefonías en el marco de una ley audiovsiual), la conformación de monopolios y la aparición de testaferros. Todos estos son temas que la Ley de Medios de la Democracia no terminaba de resolver pero que, como ya hemos señalado en otras oportunidades, esa norma seguía siendo buena, mejorable y, sobre todo, abría la posibilidad de hacerla cumplir de la mejor manera.

No cabe duda, al menos para este periodista, que aquellas decisiones fueron fruto de ciertos acuerdos e intereses de clase, más allá de la apertura de voces. Por eso no es sorprendente que una de las resistencias más contundentes haya salido de un medio alternativo, cuando la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social FM En Tránsito logró imponer un freno a través de un fallo en defensa de la Ley.

Desde esta actualidad, se pueden abrir algunas reflexiones. Por la positiva, que resulta necesario un marco normativo que permita trabajar con todos los actores de todos los soportes que hacen no ya al sistema de medios en particular, sino de la comunicación en general. Los programas de radios y televisión por internet, sus pautas publicitarias, los portales de noticias, son ejemplo de esto. Tampoco habría que descuidar la circulación de periódicos, ya que una ley no puede ser de medios o de comunicación completamente sin este soporte fundamental para la constitución de la opinión pública (y publicada), aunque nuevamente quedará afuera del marco regulatorio. También se hace necesario mejorar los órganos de financiamiento, de control y aplicación.

Si se recuperan los 40 años de debate y aportes a la Ley 26.522 y se discuten, democráticamente y con plena participación de especialistas y la ciudadanía, una ley de comunicaciones podría ser auspiciosa.

El problema no radica en la idea, sino en la forma y el fondo. Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, afirmó que se busca “generar una ley que promueva la diversidad y la competencia entre los prestadores de servicios de comunicación audiovisual”. Competencia que, como sabemos, no suele darse en igualdad de condiciones. En este sentido, no contemplar los debates mencionados y promover un texto normativo al servicio de quienes tanto hicieron para frenar la aplicación de la Ley de Medios podría ser un retroceso devastador.

¿Quiénes integran la comisión?

Una de las principales razones para preocuparnos por el objetivo de la futura de Ley de Comunicaciones tiene que ver con quiénes integrarán la comisión que redactará el anteproyecto que luego se elevará al Congreso de la Nación.

La comisión será encabezada por Silvana Giudici, de origen en la UCR y que desde hace varios años integra el Pro. Legisladora porteña electa, asumió en el directorio de ENACOM a principios de febrero tras renunciar a su banca y en remplazo del interino Agustín Garzón. Sin trayectoria reconocida con relación a temas de medios y comunicación, cuenta con el antecedente de oponerse a la Ley sancionada en 2009.

También integra la comisión el filósofo Santiago Kovadloff, que para la opinión pública no es tan conocido por su desempeño académico, sino por ser columnista del diario La Nación y un asiduo invitado de diversos programas del canal Todo Noticias (TN).

Otro miembro es el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien se presenta como especialista en derecho a la comunicación pero, sin embargo, sus artículos datan desde su oposición a la ley 26.522. Previo a la misma, se puede recordar su férrea defensa de algunas cadenas de bares a favor del consumo de tabaco en lugares cerrados.

Hector Huici, ex legislador del Pro y hombre muy cercano a Mauricio Macri, también es parte del “equipo”. A pesar de no haber registros sobre su participación en la los debates y la creación de la Ley de Medios, anuncian que ocupa este privilegiado lugar por su experiencia en la materia.

Alejandro Pereyra, otro de los integrantes, tiene un largo recorrido. Integró el COMFER durante la alianza y en representación del FAP fue candidateado al directorio del AFSCA, aunque su designación fue impugnada por diversas organizaciones. Actualmente ocupa un cargo directivo en el ENACOM.

Cierra el equipo la persona con más recorrido en esta materia: Henoch Aguiar. Quienes estudiamos y nos especializamos en el ámbito de la comunicación lo conocemos muy bien y sabemos lo complejo y ambiguo que es interpretarlo. Con un vasto prontuario académico, tiene como antecedente político haber sido Secretario de Comunicaciones durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Discursivamente, siempre expresó reclamos no muy distantes a los que se presentan aquí, pero en los hechos actuó considerablemente a favor de ese combo integrado por la libertad de expresión, competencia y posibilidades que siempre beneficia a unos pocos. Con la excusa de que la Ley de Medios era buena pero no, descuidó poner el acento en los años de discusiones y los avances normativos en comparación con la Ley de la dictadura y los decretos que se sucedieron desde aquel entonces hasta, al menos, 2007.

Aunque el ministro Aguad afirmó que esta comisión se crea “para la redacción de un marco regulatorio moderno que contemple las nuevas tecnologías de la información, TIC’s, internet, redes de telecomunicaciones y los medios audiovisuales”, si nos basamos en el directorio que lo conforma y en los especialistas que serán consultados, como Diego Molana, ex ministro TIC del Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y Carlos Winograd, especialista en defensa de la competencia, el futuro se presenta incierto y poco alentador.

Deberemos esperar el proyecto y seguir discutiendo, siempre desde este lado de la trinchera.

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En comunicación con el programa radial La Revancha, el ingeniero químico Martín Scalabrini Ortiz, miembro del Movimiento Emancipador, afirmó que los puntos secretos del contrato entre YPF y Chevron pueden ser favorables a la petrolera estadounidense.

“Es un secreto a vivas voces que estos acuerdos implican beneficios muy pero muy importantes para Chevron”. De esta forma,  Scalabrini Ortiz se refirió al contenido de las cláusulas secretas en el contrato entre YPF y la empresa petrolera estadounidense, que la Oficina Anticorrupción (OA) se niega a revelar.

La polémica en torno a la explotación del yacimiento de Vaca Muerta por parte de Chevron resurgió luego de que la titular de la OA, Laura Alonso, diera marcha atrás en sus dichos y ratificara el secreto que pesa sobre parte del contrato con la multinacional (recordemos que la titular de la OA, Laura Alonso, el 17 de julio de 2013 había escrito al respecto en su cuenta de Twitter: “Buen día! El secreto no es la regla en democracia. El acuerdo con #Chevron empieza mal: no es público. Corre frío por la espalda, ¿no?”). Incluso, la Corte Suprema había fallado obligando a YPF a que difundiera públicamente el, a partir de una presentación judicial de Rubén Giustiniani, senador socialista.

“Posiblemente sean algunos considerandos que beneficien a Chevron por encima de YPF, a pesar de que la explotación está en un 50 por ciento para cada uno”, agregó Scalabrini Ortiz

“Por ejemplo, si se cae la legislación que se esgrimió para poder firmar este acuerdo, Chevron se llevaría un resarcimiento de alguna forma. Esto no caería bien en la opinión pública, por lo tanto no se hace público”, opinó el ingeniero.

El integrante del Movimiento Emancipador también rechazó que el acuerdo con la petrolera norteamericana haya traído nuevas inversiones, como argumentaron quienes apoyaron la firma del contrato. “Esto abrió la posibilidad de explotar una pequeña parte de Vaca Muerta pero en un sector que produce petróleo. Nosotros necesitamos gas, con lo cual (la firma del contrato) lo que implicó fue un pequeño negocio para esta empresa. Pero realmente hasta ahora no se han visto grandes resultados ni en producción ni en inversiones”, sostuvo.

Respecto del papel de Miguel Galuccio como presidente y CEO de YPF, el ingeniero afirmó que este llevó a cabo “una política empresarial” en la que faltó una estrategia “en pos de la recuperación del autoabastecimiento”. “Sin embargo, YPF cumplió un cierto papel en la recuperación de la producción de petróleo y de gas por el hecho de no remitir las utilidades al exterior. Por esa simple lógica el papel de YPF fue positivo”, aclaró Scalabrini Ortiz, quien además vaticinó que con el nuevo gobierno se dará un retroceso en la dirección del manejo de las energías no renovables.

“Creo que las tibias políticas que se habían implementado en estos tres o cuatro años van a dar un paso atrás porque (Juan José) Aranguren, como ex CEO de Shell, tiene en su mente un planteo absolutamente neoliberal del mercado de hidrocarburos”, concluyó Scalabrini Ortiz.

Mientras la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Laura Alonso, definió mantener en secreto el acuerdo entre YPF y Chevron para producir hidrocarburos en Vaca Muerta, en Neuquén; Miguel Galuccio, presidente de la petrolera estatal, anunció su renuncia a la empresa por pedido del gobierno de Macri.

Hoy, el gobierno macrista ratifica la necesidad de silencio, desconociendo también la resolución judicial. Al respecto, Scalabrini Ortiz aclara: “Posiblemente se trate de unos considerandos que beneficien a Chevron, a pesar de que la explotación está en un 50% para cada uno, lo que implica riesgos y responsabilidades repartidos entre cada uno. Lo que pasa es que YPF tuvo que atraer a Chevron a invertir alrededor de 1200 millones de dólares para llevar a delante la explotación no convencional. Se supone (y es un secreto a viva voz) que estos acuerdo implican un beneficio muy pero muy importante para la multinacional en el sentido de que, por ejemplo, si se cae la legislación que se esgrimió para poder firmar este acuerdo, Chevron se llevaría un resarcimiento. Y como esto no caería bien en la opinión pública no se hace ni público ni abierto”.

Audio completo de la entrevista:

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Se realizó una conferencia de prensa convocada por trabajadores y trabajadoras del Grupo 23 ante la situación de inestabilidad y los despidos en el gremio. Reclaman una respuesta del gobierno nacional y este jueves a las 15 realizarán una movilización hacia la Jefatura de Gabinete.

“Queremos que el Gobierno nacional dé una definición política sobre la situación del Grupo 23 y del gremio de prensa en general”, es el reclamo que resonó en cada una de las voces que tomó el micrófono en la conferencia de prensa convocada por trabajadores y trabajadoras de conglomerado de medios y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Para ello, anunciaron que este jueves a las 15 realizarán una movilización desde la 9 de julio hacia la Jefatura de Gabinete para exigir una audiencia al funcionario a cargo de la cartera, Marcos Peña. “Hay un ataque directo contra todos los trabajadores de prensa”, denunció el delegado de Radio América, Martín Cangini. La razón: los despidos y la situación de inestabilidad laboral que acecha en diversos medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires.

Armaron el panel en la vereda de Tiempo Argentino y Radio América, en Amenábar 23. La caja del Fondo de Lucha en primer plano y, apoyado sobre la mesa, un cartel con la Revista Forbes editada por los propios trabajadores y trabajadoras donde se lo ve posar sonriente a Sergio Szposlki bajo el título “El vaciador de la década”. Desde allí, delegados y delegadas de los distintos medios del denominado Grupo 23 caracterizaron y dieron un pantallazo de la situación que atraviesa cada una de las empresas y convocaron a una marcha de todo el gremio de prensa. Es que, más allá de las particularidades del conflicto que hoy los atraviesa alertaron que, en realidad, este “ajuste” no halla sus orillas en ellos y ellas: en Crónica TV, diario BAE Económico y Crónica, del Grupo Olmos; en CN23, 360, Radio del Plata y Rivadavia, también hubo cesantías y adeudan salarios.

“Hay un operativo de las empresas para implementar la convergencia y la multitarea, para arrasar con las conquistas de los trabajadores de prensa”, sostuvo Alfonso Villalobos, delegado de Tiempo Argentino. En ese sentido, indicó que el panorama adverso que se vive en las empresas de medios no es ajena a la situación general del país desde la asunción del presidente Mauricio Macri: “Es funcional al cuadro de ajuste”, dijo en relación a los despidos en el Estado y en otras compañías. En el diario, el 5 de febrero pasado, la asamblea de 200 personas votó iniciar una permanencia pacífica en las instalaciones, ya que el supuesto comprador (también de Radio América), Mariano Martínez Rojas, dispuso un lockout patronal al determinar que Tiempo no fuera impreso.

“No hay que olvidarse que a Macri le preguntaron por los salarios del Grupo 23 y respondió ‘esperemos que paguen’. Nosotros vamos a ir el jueves a recordarles que el Gobierno es el que tiene que hacer cumplir la ley”, lanzó el delegado de Infonews, Ezequiel Dolber. El portal de noticias es uno de los pocos medios que quedó cien por ciento en manos de Szpolski. “Hay mucha incertidumbre sobre nuestro futuro laboral”, indicó. Allí, registran parte de salarios adeudados, cortaron las líneas telefónicas y la patronal informó que pagará el 12 de marzo, pero que no sabe si podrá mantener la prestación social. En similar situación se encuentran quienes prestan servicios en Comunidad Virtual y trabajadores de administración y de limpieza.

Cabe destacar, que pese a que en el último mes han sido anunciados pases de manos de licencias de televisión, de algunas de las empresas y razones sociales, a Cristóbal López (CN23, Vórterix y El Argentino) y a Martínez Rojas, las y los trabajadores señalan como responsables a Szpolski y sus socios Matías Garfunkel y Darío Richarte, de haber incumplido con sus deberes patronales al adeudar sueldos y aguinaldos desde diciembre del año pasado.

Además, desde que fue anunciado Martínez Rojas como nuevo dueño de América y Tiempo, no cumplió con ninguna de sus promesas realizadas ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. La cartera laboral no intimó a cumplirlas ni impuso multas.

“Llevamos 55 días de paro”, contó Cangini ante las organizaciones políticas, sociales y sindicales presentes y a los oyentes que pudieron escuchar en vivo a través de la emisora. “Vamos a pedirle al jefe de Gabinete, Marcos Peña, una definición política clara del Gobierno nacional sobre la situación del Grupo 23 que mantiene en vilo a 800 familias”, exclamó y reclamó la implementación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para garantizar la continuidad de los puestos laborales.

La solidaridad recibida llegó a juntar 700 mil pesos en el Fondo de Lucha, según contó Alejandro Wall, también delegado de Tiempo. También hay quienes se acercan a llevarles comida o a compartir unos mates. Para hacerle frente al lockout patronal, y renovar fuerzas ayer sacaron una edición del diario “para ponerlo al servicio de los lectores”. Volvieron a escuchar el ruido de teclados y por la emoción y las ganas de trabajar, en lugar de sacar 40 páginas, como lo habían pautado, terminaron por hacer más de 70.

7 Días es una de las revistas emblemáticas de la Argentina. Tanto, que en 2017, cumplirá 50 años. Cubrió desde el Mayo Francés, hasta el Cordobazo y la Guerra de Malvinas, entre otros acontecimientos históricos. Volvió a editarse de la mano del Grupo 23. Hoy, junto con Cielos Argentinos, “corre riesgo de desaparecer”, advirtió su delegado, Daniel Jatimliansky. Ellos no están despedidos, pero tampoco tienen tareas para cumplir. Por eso, ayer realizaron un aplauzazo y cortaron esa misma calle junto con compañeros de los zonales de El Argentino para exigir que recursos humanos diera una respuesta: a muchos de ellos les ofrecieron retiros voluntarios que rondan el 10 por ciento de lo que corresponde y ahora los empresarios acusan que tampoco tienen plata para pagar. “Si perdemos esta lucha va a ser tarde para todos”, sentenció y cerró el panel de representantes del Grupo.

CN23

El día comenzó agitado para las y los trabajadores de la señal de noticias: 136 personas fueron despedidas. La novedad estaba anunciada en una lista con los nombres del personal técnico y periodístico que la empresa decidió desvincular. Hubo forcejeos en la puerta y algunos pudieron ingresar al lugar. A los pocos minutos la señal se cortó y un cartel avisó a la audiencia: “CN23 está fuera del aire con el sindicato de televisión por despidos masivo”. Tomaron la planta y hasta el cierre de esta nota había quienes permanecían allí dentro. Mientras, durante la tarde, otros asistieron a una reunión en el Ministerio de Trabajo que, finalmente, decidió dictar conciliación obligatoria hasta el viernes.

Marina Hermoso, trabajadora de prensa, contó en la conferencia de prensa diversas irregularidades vividas, como la falta de viáticos para movileros y camarógrafos, en el canal desde hace unos cuatro meses y denunció falta de “libertad sindical”.

Para hoy, a las 15, convocan a una concentración en la puerta del canal ubicado en Ravignani 1493.

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