Por Ana Paula Marangoni e Ignacio Marchini | Foto: Adrián Escandar

El gobierno de Cambiemos pasará a la historia como uno de los más regresivos en materia de derechos humanos y como uno de los más violentos y sádicos en materia de represión de las fuerzas de seguridad. Con Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad de la Nación, una de las pocas del “mejor equipo de los últimos 50 años” que llegó a terminar su mandato, las fuerzas represivas alcanzaron niveles inéditos de violencia desde el retorno de la democracia.

No es una casualidad que el enorme ajuste económico llevado a cabo por el macrismo se haya visto acompañado por un crecimiento sin precedentes de casos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención, torturas por parte de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, causas armadas y criminalización de la protesta social. Como señalan desde hace muchos años en la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), el uso de la represión estatal para garantizar las políticas de todos los gobiernos es constitutivo de cualquier sociedad dividida en clases. Para la Coordinadora, el nivel de violencia policial de cada momento histórico se explica por dos grandes motivos: la situación económico-social y las características del gobierno de turno.

En el caso de Cambiemos, el ajuste económico en todas las áreas de políticas públicas y sociales, con su consecuente empeoramiento en las condiciones de vida de la mayoría de la población, llevó indefectiblemente a un aumento en el descontento y la conflictividad social. Nada más violento que la desigualdad. En relación a las características específicas del gobierno saliente, el uso demagógico del “voto bala” y el “voto cárcel”, junto a una defensa a ultranza del accionar de las fuerzas de seguridad por parte de funcionarios jerárquicos del gobierno, llevaron a un crecimiento desembozado de los casos de gatillo fácil y muerte en los lugares de detención.

Algunos datos para tomar noción de qué nos deja el macrismo a nivel nacional: del promedio de un muerto cada 30 horas en mano de las fuerzas de seguridad durante los 12 años de kirchnerismo, se pasó a un muerto cada 21 horas, contando hasta el 12 de febrero de 2019, según datos del archivo de casos de la CORREPI 2018. El archivo con los casos de 2019 será presentado el viernes 13 de diciembre y, según anticiparon desde la Coordinadora, la situación empeoró. Sin contar este último año, de los 6536 casos de gatillo fácil de 1983 a la fecha, 1303 le corresponden a Cambiemos. Es decir, 1 de cada 5 muertos desde el retorno de la democracia en sólo 3 años. 

La doctrina de las “nuevas amenazas”

La adscripción del macrismo a la doctrina de las “nuevas amenazas”, elaborada por el Comando Sur de Estados Unidos, con el pleno respaldo del Estado bélico de Israel, es fundamental para entender el vuelco en materia de “seguridad interna” en estos cuatro años. Relaciones que exceden ampliamente lo teórico y se tradujeron, por ejemplo, en compras de hasta 2 mil millones de dólares en armamento de guerra a EE.UU. y software de espionaje al Estado sionista. Todo en aras de “la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, como expresara incansablemente Patricia Bullrich a lo largo su gestión. Lucha que, además, fracasó estrepitosamente, si tenemos en cuenta que “en los últimos años hubo efectivamente más incautaciones, más detenidos, más condenados y, sin embargo, hay un aumento de la circulación de sustancias en el territorio”, como explicara al portal Chequeado Mariana Souto Zabaleta, especialista en políticas de drogas del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). Más allá del error de por sí que representa encarar el problema de las adicciones y el narcotráfico desde una perspectiva punitivista, “se habría incrementado la oferta de pasta base-paco en casi un 50% y la de éxtasis en más del 100%”, agregó la especialista.

La doctrina digitada por Estados Unidos coloca a la “seguridad nacional y el orden público” como los principales bienes a ser protegidos, por encima de la vida de cualquier persona, usando la lucha contra “el terrorismo y las amenazas internas” como excusa. De este manera, el terrorista es una amenaza que nunca es discernible del todo, y puede ir desde un comando mapuche entrenado por Irán y Venezuela hasta un jubilado que reclama porque le aumenten la mínima, según el enemigo de turno que se necesite construir mediáticamente.

Esta noción tiene efectos nefastos en la concepción de la seguridad interior, con un recrudecimiento de la represión policial y con la habilitación a las Fuerzas Armadas de actuar en tareas internas y de espionaje a organizaciones civiles, políticas y sociales. Una doctrina que ha tenido efectos desastrosos en América Latina, como evidencian los casos de los Estados militares de Colombia o México, por nombrar algunos, con un incremento enorme de la violencia hacia las poblaciones civiles. Si a eso sumamos la profundización de la militarización de todas la fuerzas, incluidas las policiales, y el aumento de efectivos, el Estado policial se erige como regulador de la vida, dejando de lado sus funciones sociales.

Un ejemplar despliegue de la capacidad represiva del Estado argentino se dio durante la Cumbre del G20 que tuvo lugar en Buenos Aires el año pasado, con tanques, camiones blindados y armamento militar para intimidar a la población. Fueron significativos también los recortes en Educación y Ciencia destinados a engrosar el presupuesto en materia de Defensa y la compra de pistolas Taser (catalogadas como elementos de tortura según la ONU) para equipar a las fuerzas de seguridad en aeropuertos, subtes y trenes, entre otras decisiones políticas en pos de militarizar a las fuerzas represivas nacionales.

Milagro, Santiago, Rafael y Juan Pablo

Hay cuatro casos testigos que ejemplifican con claridad la política de seguridad y persecución del macrismo.

El 1 de agosto de 2017, otro crimen por parte de las fuerzas de (in)seguridad conmocionó a la sociedad. En medio de una feroz represión por parte de Gendarmería en la Lof Cushamen, de Chubut, Santiago Maldonado, que se encontraba acompañando a lxs mapuches en resistencia, desapareció, para aparecer muerto 78 días después, luego de idas y vueltas mediáticas, del encubrimiento por parte de las fuerzas de seguridad, de las autoridades de la justicia y de los funcionarios responsables, hasta llegar a Patricia Bullrich.

Mientras falsos testigos arrojaban la hipótesis de que Santiago estaba vivo en distintas localidades, la Gendarmería se ocupaba de ocultar evidencias a la vez que negaba tener conocimiento alguno de Santiago. Ocultaron las fotos de la represión donde se lo podía identificar (y, por lo tanto, descartar la hipótesis de que no hubiera desaparecido en el contexto de la represión), lavaron la camioneta que se utilizó en el operativo (la que negaron haber usado pero que aparece en videos y fotos del operativo), violaron los precintos y obstaculizaron desde el comienzo la investigación, con el aval del primer juez a cargo de la cusa, Guido Otranto, que en ningún momento ordenó apartar de la investigación a la misma fuerza sospechada de matar y ocultar el cuerpo de Santiago. 

La causa tuvo enormes cabos sueltos desde el comienzo. Uno de los más llamativos fue que, al día siguiente de su desaparición, Ariel Garci, amigo de Santiago, lo llamó a su teléfono, que estaba activo e incluso fue atendido durante 22 segundos sin emisión de voz alguna. Esto es inexplicable, incluso abonando la hipótesis oficial de que Santiago se haya ahogado y hubiera estado todo ese tiempo bajo el río. Incluso, luego de que declarara, su identidad fue dada a conocer, exponiendo su vida y negándole el derecho a protección como testigo.

A los 78 días de su desaparición, el 17 de octubre de 2017, el cuerpo apareció en el mismo río donde fue tantas veces buscado, absolutamente intacto. A pesar del fallo del juez Lleral, en el que se aseguraba que Santiago había muerto naturalmente, intentando cruzar el río, la querella pidió reabrir la causa, debido a la cantidad de  inconsistencias encontradas en la autopsia realizada. Las objeciones se basan en distintas evidencias que impiden sostener que Santiago permaneció los 78 días en el río, y que apuntan a la hipótesis de que fue secuestrado por Gendarmería, y que ya sin vida su cuerpo fue escondido conservado a bajas temperaturas y luego “plantado” en el lugar de la represión. Algunas de estas evidencias son la presencia de polen (incompatibles con la cantidad de días sumergido), y el estado de conservación del cuerpo y del DNI, en relación con la temperatura del río y la exposición al agua en el tiempo.

La ministra de (in)seguridad Bullrich aseguró el pacto de impunidad con las fuerzas, a través de una frase que quedaría entre las más lamentables de nuestra historia: “no voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana”. Así dejaba en claro su decisión política de proteger a las fuerzas incluso aunque cometieran los crímenes más aberrantes. Gendarmería despidió de sus funciones a la ministra, obsequiándole un sable con esta frase, que es hoy el macabro recordatorio del crimen de Santiago y una muestra de lealtad preocupante. Hoy en día no hay un solo preso por la represión, la muerte y la desaparición forzada de Santiago durante 78 días. Y todas las inconsistencias de la investigación continúan sin explicación.

Al caso de Santiago, que tomó repercusión nacional e internacional, debemos agregar el asesinato por la espalda del mapuche Rafael Nahuel a manos del prefecto Javier Pintos, actualmente en libertad, durante una toma de tierras. Incluso la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, se encargó de avalar el accionar de la Prefectura Nacional diciendo que lxs mapuches se encontraban armados, algo que fue completamente desmentido por las pericias que además demostraron que se le disparó por la espalda, en plena huída.

Lo mismo sucedió con el policía Chocobar que asesinó al ladrón Juan Pablo Kukoc por la espalda y huyendo. La respuesta del gobierno fue felicitarlo en persona por el Presidente Mauricio Macri, algo absolutamente inédito en democracia, y que pinta de cuerpo completo lo que fueron estos 4 años en materia represiva. Es por eso que la actuación de la policía se dijo estar regida por la “doctrina Chocobar”.

Mientras tanto, el Poder Judicial avaló sistemáticamente la persecución de quienes se enfrentaron al proyecto neoliberal de Cambiemos, a través de la criminalización de referentes sociales y manifestantes, con el fin de limitar la acción colectiva. El caso de Milagro Sala, presa sin condena hace ya casi cuatro años, fue señero e inaugural en el accionar del Poder Judicial asociado al poder político y sus conveniencias. Una detención arbitraria y sin garantías constitucionales mínimas, sin respeto a la presunción de inocencia y la libertad durante el proceso penal, que ha llegado a desoír incluso un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto del caso.

La política de hacer olvidar

Cuesta reconocerle al presidente saliente alguna de sus promesas cumplidas. Pero hay una que lastimosamente cumplió. Si algo caracterizó los dichos de Mauricio Macri fue la tajante división entre los discursos armados (torpes, vacíos y plagados de balbuceos y tartamudeos) diferenciados de aquellas afirmaciones fuera de guión (por lo general, rotundas y vergonzosas), políticamente incorrectas y dotadas de una honestidad brutal. 

Las primeras afirmaciones permitían conocer la estrategia comunicativa de Cambiemos y el esfuerzo de un mandatario que nunca lograba darle el tono de actuación justo a las palabras previstas. Las segundas ponían en evidencia los hiatos elegidos, develando pensamientos en alta voz, que debían ser reducidos a medida que Macri pasaba de ser un jefe de gobierno al Presidente de la Nación.

Por eso, en 2014, cuando a Mauricio Macri le faltaba un año para asumir como presidente, era más fácil toparse con exabruptos públicos. Allí prometió, en diálogo con La Nación, acabar con el “curro de los derechos humanos”, sincero, sin mediación de couchers ni focus groups.

Y efectivamente, desde que asumió, se ocupó de ejercer la fuerza contraria al trabajo histórico que realizaron los distintos organismos de Derechos Humanos desde el retorno de la democracia. Cambiemos trabajó arduamente en la política de hacer olvidar. La política de la desmemoria, similar a la decisión de cambiar en los billetes las imágenes de próceres por animales, involucró medidas judiciales, beneficios para genocidas, dilación de los procesos judiciales por Crímenes de Lesa Humanidad, recortes presupuestarios sostenidos en DDHH y el histórico fallo de la Corte Suprema durante 2017 de aplicar la reducción de penas (conocida como 2×1) a genocidas, que debió retroceder y fue revocado en 2018, frente a los masivos repudios y movilizaciones. 

Solo por aportar algunos indicadores, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en 2018 se registraron sólo 17 fallos a represores, el menor número desde 2010. Esto se vio acompañado con el sostenido aumento de sentencias a prisión domiciliaria para condenas por crímenes de lesa humanidad.

El fantasma de la teoría de los dos demonios volvió a cobrar vida. Previamente al lamentable fallo, el ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, expresó categóricamente en 2016 que en Argentina no hubo 30 mil desaparecidxs. Mauricio Macri, lejos de repudiar los dichos del funcionario, optó por sostener el libreto de la ambigüedad, afirmando que él no tenía idea si habían sido 9 mil o 30 mil, desligándose de la obligación de tener una postura clara en relación al pasado reciente y opinando como si fuera un ciudadano común, al margen de su investidura presidencial, estrategia reiterada en muchas oportunidades.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo continuaron durante estos cuatro años realizando sus rondas, a pesar de las afrentas a su lucha por la justicia, y a la necesidad de que la memoria sea una política de Estado contra sus crímenes del pasado, contra el horror y contra el olvido. El jueves 5 de diciembre se despidieron de este gobierno que permitió reavivar el dolor de lo vivido, realizando la N°39 Marcha de la Resistencia y ampliando el concepto de DDHH. Porque un gobierno que no respeta la vida, no sólo agita los peores infiernos del pasado, también lo instala en el presente, cuando es indiferente al hambre, a la pobreza, a la miseria, consecuencias inevitables de sus políticas, de lo que hicieron y lo que decidieron no hacer.

La agenda urgente

La coalición de derecha saliente deja un panorama desastroso en materia de derechos humanos y garantías constitucionales. Dentro del enorme trabajo que deberá encarar el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, y que las movilizaciones de las organizaciones políticas y sociales deberá garantizar, hay un puñado de ellas que, desde la CORREPI, califican como urgentes. 

La primera y principal es la derogación de la Resolución 956/2018 que habilita el uso del arma reglamentaria de las fuerzas de seguridad en cualquier circunstancia. Es decir, la legalización de la Doctrina Chocobar. También exigen el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Bulacio, que ordenó “la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante”. Es decir, el cese de las detenciones arbitrarias que se multiplicaron escandalosamente durante el macrismo.

El fin de los programas de reconocimiento facial, la derogación de la Resolución 845/2019 que “sistematiza y masifica la intercepción y detención de personas ‘para identificar’ en las estaciones de trenes”, el hostigamiento a las personas que se sustentan con changas en la vida pública, son algunos otros de los puntos del entramado legal que deja el macrismo que es urgente desarmar, con la principal amenaza del proyecto de reforma del Código Penal, que “incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta y consagra la impunidad de los represores” y del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil “que contempla la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes”.

En cuatro años, el gobierno de Mauricio Macri, por su política anti derechos y por su cinismo hacia el hambre y las necesidades básicas de la población, demostró ser un gobierno en contra de la vida. Con más de 40 % de pobreza, y con un endeudamiento millonario, se va, pero nos deja en un estado de emergencia que será difícil de revertir. Por eso, intentamos recuperar la memoria para decirle a los gobiernos neoliberales #NuncaMás.

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Por Laura Salomé Canteros* | Foto: Cobertura colaborativa 13J

Los últimos cuatro años en la región estuvieron marcados por la irrupción en las calles, en los parlamentos y en los debates en redes sociales, de los movimientos feministas que se organizaron con la estrategia de la construcción de una unidad transversal para evidenciar a la sociedad política, interpelar a los poderes patriarcales y para exigir a las instituciones de Estados y gobiernos capitalistas- neoliberales y extractivistas, demandas coyunturales pero también reivindicaciones históricas.

En Argentina, el período será recordado como de organización pero también de resistencia ante la represión que el gobierno de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos introdujeron en las políticas públicas y en la percepción social de quienes habitaron los espacios públicos: la consolidación de la criminalización de la protesta. El segundo 8 de Marzo (2017) del macrismo nos encontró en la madrugada, exigiendo a la Policía de la ciudad de Buenos Aires que libere a más de una decena de activistas que fueron detenidas tras una cacería por las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Un modo de operar sistemático que las fuerzas represivas repitieron año a año. Una persecución e intento de disciplinamiento que se repitió contra el pueblo mapuche y wichí en la Patagonia y en Chaco y Formosa; contra la organización docente -gremio causalmente integrado en su mayoría por mujeres-; contra las y los trabajadores despedidxs del Estado y de los medios públicos; y contra quienes integran los movimientos sociales. Represiones transmitidas por TV para un morbo elitista.

En este contexto, vivenciamos la emergencia de nuevas protagonistas de las historias recientes: militantes históricas, experimentadas, disidentes y jóvenas que agrupadas reclamaron dentro de un movimiento feminista dinámico y potente, desde cumplimientos de responsabilidades institucionales que se traduzcan en políticas públicas para la protección de las vidas; hasta la exigencia del reconocimiento de la soberanía y la autonomía política sobre nuestros cuerpos- territorios con la concreción de estrategias de visibilidad masivas en marchas, concentraciones, performances, pañuelazos y manifestaciones ciudadanas.

La lucha feminista supo revertir la desesperanza macrista. Señaló a las aliadas voluntarias de un sistema de patrones exclusivo como Gabriela Michetti, vicepresidenta; Patricia Bullrich, ministra de seguridad; María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires; Carolina Stanley, ministra de desarrollo social y Fabiana Tuñez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras. Y claro, también señaló el silencio de los machos de las burocracias sindicales y de los referentes de las organizaciones y movimientos sociales que transaron con la influencia de la Iglesia en el Estado. Por eso, las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries organizaron en octubre de 2016 y marzo de 2017 los Primeros Paros Feministas, huelgas contra las violencias que dejaron en claro que “si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”. Una expresión de que tras el estallido “Ni Una Menos” en junio de 2015, estábamos dispuestas a disputar poder y puestos de discusión y decisión por fuera de los ámbitos que se nos había asignado tradicionalmente en las casas, en las camas, en las plazas, en los sindicatos, en los medios, en el Congreso y en los palacios de gobierno.

Hubo hitos de justicia producto de la lucha feminista. Un proceso de reconversión del accionar del poder judicial. En julio de 2018 el Congreso aprobó la “Ley Brisa” en la que el Estado debe garantizar una cobertura integral de la salud y una reparación económica mensual para hijes que hayan perdido a alguno de sus progenitores por violencia de género o intrafamiliar en todo el país. En diciembre de ese años se estableció además la capacitación obligatoria en la temática de género y violencias para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, una medida impulsada por la familia de Micaela García, una joven asesinada en 2016 en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. Mientras que en 2018, en una sentencia histórica, fue condenado a prisión perpetua el asesino de Diana Sacayán, activista travesti y referente de Derechos Humanos. Los jueces consideraron que fue un “homicidio agravado por odio de género y violencia de género” y confirmaron que se trató de “crimen de odio a la identidad travesti”. Fue travesticidio.

Sin embargo, entre agosto y marzo de 2018, el debate parlamentario y social de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue la mayor demostración de la reacción de los feminismos. Millones de personas acompañaron el reclamo que trascendió las fronteras y fue un evento seguido por los medios de prensa de más de 40 países. Fue la llegada de la política feminista al Congreso, con un proyecto ciudadano, de debate amplio y que generó unidad y consensos partidarios, intergeneracionales y multidisciplinarios transversales. Una “marea” que emergió producto de las articulaciones, alianzas y construcciones feministas durante 15 años de Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro yu Gratuito, una herramienta surgida dentro de los consensos del movimiento.

El pedido de respeto por la autonomía y la soberanía sobre el cuerpo- territorio se volvió ensordecedor. El “ya no nos callamos más” de las pibas en las redes y el “mirá como nos ponemos” de las Actrices Argentinas, sellaron una etapa en la que los escraches como herramienta política de liberación llegaron a las instancias judiciales para enjuiciar y encerrar a quienes ejercieron múltiples violencias abortando a los ídolos de la cultura, el periodismo y de las organizaciones políticas o sindicatos. Un ejercicio de voz colectiva para terminar con la impunidad de la cultura de la violación y el abuso de poder machista que hoy se manifiesta también por las calles de la región al ritmo de “el violador eres tú” que comenzaron activistas feministas chilenas durante el estallido que vive el país trasandino.

Por un feminismo sin fronteras

Nuestra América y Argentina se levantaron con creatividad, color y propuestas para la vida digna. Con múltiples argumentos y como opción ante los poderes patriarcales y los fascismos y conservadurismos que amenazan (y en ocasiones logran) con retroceder en los pocos derechos que hemos conquistado. Se construyó desde las bases y en Asambleas un movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans que no tiene orgánicas ni programas que lo enmarcan -porque se inquieta ante las fronteras-, y que hoy interviene en cada espacio de la vida social y política actualizando sus posicionamientos.

El feminismo en la región convirtió reformas en revoluciones y consignas en banderas de liberación. El feminismo estuvo re- caracterizando las formas de hacer política y es el que hoy -diciembre de 2019- convoca a las huelgas y marchas de insurrección en Chile -articulando movimiento estudiantil, obrero y anti AFPs-; o el que se rebeló, en agosto pasado, ante el secuestro de una niña en manos de policías afirmando en México que “no nos cuidan, nos violan”. El feminismo mostró que es el movimiento capaz de afirmar que “Estamos haciendo historia” al transformar el debate parlamentario de una Ley en demanda urgente y fundamental, “aborto legal ya”, como sucedió entre marzo y agosto de 2018 en Argentina. Y que mientras, se debate internamente cómo acompañar las luchas indígenas, de personas racializadas y de migrantes en estallidos como el que interrumpió la pretendida normalidad de otro gobierno -no casualmente- neoliberal hace poco en Ecuador.

Sin embargo, a pesar de que “ahora sí nos ven” en la arena de discusión política, el poder del movimiento feminista reside en sus capacidades para formular propuestas para la vida digna y en ser un movimiento de liberación que no se conforma con “más feministas en las listas” o en integrar Ministerios de Equidad. Va por todo porque constituye, por sus formas propias de deliberación y de distribución de las palabras, una asamblea permanente por los derechos de las mujeres y las personas del colectivo LGBTTIQ+.

Propone, además, la elaboración de estrategias urgentes para la reacción colectiva y de soluciones que toman en cuenta las subjetividades olvidadas. Es un movimiento que irrumpió con una mística propia que no reconoce treguas y que desafía a propias y ajenos en nombre de los siglos en los que quisieron acallarnos: es el grito que va de norte a sur con la sabiduría de las zapatistas y de las feministas comunitarias, hermanando a las mapuches con las negras faveladas. Es la memoria de las Madres y Abuelas y las resistencias de las Feministas del Abya Yala. Es Berta Cáceres luchando contra las empresas extractivistas y Marielle Franco contra la militarización de los territorios. Es el grito afónico de dolor que recuerda a las 56 niñas del Hogar Seguro en Guatemala, luchando contra las democracias secuestradas por las élites políticas, económicas y religiosas en Centroamérica. El movimiento de liberación feminista es una síntesis de aprendizajes populares que se predispone a participar y liderar los procesos de cambio sociales.

Por eso, el 34 Encuentro realizado en La Plata en octubre de este año fue de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans y No Binaries y fue Plurinacional. Un ejercicio del movimiento feminista organizado de recuperación histórica de voces presentes y de sanación colectiva de la indiferencia ante liderazgos ancestrales. Porque ante el neoliberalismo que nos empobreció materialmente y la represión que nos pretendió sacar de las calles, los feminismos respondieron con más organización. Porque ante el saqueo de los territorios y la desinformación fundamentalista, respondió con resistencia y argumentos para la esperanza. Un pañuelo verde recorre Nuestra América interpelando en nombre de las que no pueden hacerlo. Ahora que sí nos ven, ¿se animarán los feministas a ir por todo?

*Editora de la sección Géneros

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Por Agustín Bontempo | Fotos por: Carlos Brigo y Emiliana Miguelez

Algunas personas deben tener gravado en su retina la famosa frase del canal Todo Noticias (Grupo Clarín) que advertía: “TN puede desaparecer”. Esta fue una campaña política que desarrolló el multimedio para confrontar con el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sostuvo –con los ajustes correspondientes- en la lucha por su implementación. Spoiler alert: TN no desapareció.

A última hora del pasado jueves 5 de diciembre, el presidente Mauricio Macri a través de una Cadena Nacional hizo un balance de gestión en donde aseguró que “Durante estos años jamás critiqué a un periodista por difundir una información que consideraba incorrecta”, en un intento de sintetizar la supuesta política en materia de libertad de expresión.

Por supuesto que ambas afirmaciones son falsas. Sin embargo, nos interesa repasar cómo fueron los cuatro años de macrismo en materia de políticas de medios y comunicación.

Foto Emiliana Miguelez

Un ataque a las instituciones

Una de las tantas promesas de campaña del macrismo fue que sería un gobierno que defendería la república y las instituciones. En materia de comunicación, el inicio de gestión fue poco auspicioso. Seguramente las y los lectores recordaran aquellos primeros días al frente del Estado donde Macri se propuso ser todo poderoso y gobernar a partir de una catarata de decretos porque, en defensa de las instituciones, ¿para qué esperar al Congreso?

En comunicación no hubo excepción. Durante los primeros 20 días de gestión el gobierno creó el Ministerio de Comunicaciones y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Luego, intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de la Información y la Comunicación (AFTIC). Finalmente creo el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para terminar de “ordenar” el esquema institucional en este campo. El resultado de todas estas medidas dio un golpe de KO a la popularmente conocida Ley de Medios.

Si bien hemos afirmado en diferentes oportunidades que la ley sancionada en 2009 era limitada en varios puntos, también destacamos que no fue producto de un capricho del gobierno kirchnerista sino el resultado de 40 años de debates. Con estas medidas y posteriormente la creación de una comisión que redactaría un nuevo proyecto de Ley de Comunicaciones y posteriormente la iniciativa de la ENACOM para avanzar en una nueva Ley de medios que garantizaba mayores niveles de concentración del poder mediático, el macrismo lograba ocupar un rol hegemónico.

De allí en adelante, se avanzó en la concentración mediática, conformación de nuevos conglomerados (Cablevisión-Fibertel-Telecom) en un escenario legal muy favorable para las empresas, lo que se expresa en altas tarifas por servicios de mala calidad. Cierres de medios pequeños y/o locales, dificultades para la inserción en el mapa de las comunicaciones de los medios populares, son algunas de las dificultades de este escenario.

En una nueva edición de la “Pesada herencia”, en un artículo reciente Martín Becerra señala que “En la era Macri, las promesas iniciales de inyección de competencia, lluvia de inversiones, nuevos operadores en telefonía móvil y respeto republicano a la institucionalidad mediante la legitimación de la política pública a través de leyes tramitadas por el Congreso, fueron sepultadas al cabo de una gestión que sólo cultivó la ley del mercado, a costa incluso de muchos de sus participantes, hoy quebrados o severamente endeudados”.

Además, Becerra agrega que “Lejos de la invocada meritocracia que se atribuyó, el gobierno saliente tuvo un personal dirigente en comunicaciones que fue incapaz de redactar siquiera un proyecto de ley integral de comunicaciones. Termina la administración Cambiemos con menos competidores, con precios para servicios de conectividad que superaron la inflación galopante y que, en consecuencia, restaron presupuesto en los hogares para el acceso a la cultura en vivo, afectándolo doblemente”.

Finalmente, y pensando en cuáles serán los desafíos de Alberto Fernández, “Hoy es difícil asegurar la convivencia armónica entre Google, Facebook, Netflix, Disney/Fox, Clarín/Cablevisión/Telecom, Telefónica/Movistar, Claro, Viacom, DirecTV/AT&T/Turner/CNN y el Grupo América, por citar varios de los pesos pesados de industrias en proceso de convergencia. Para sostenerse, esos gigantes precisan disputar el liderazgo en un contexto global poco respetuoso de las normas ideales de la sana competencia. En la convergencia en comunicaciones, como dice el refrán, el ganador se queda con todo. A menos, claro, que medien políticas públicas eficaces”.

No nos olvidemos de…

Como decíamos al principio, Macri aseguró que él no cuestionó periodistas, tratando de generar un vínculo con sus críticas al kirchnerismo durante su período de oposición y su promesa de garantizar la libertad de expresión. Por supuesto que la convergencia de poder durante estos cuatro años atenta contra esa idea, pero también asistimos a casos concretos como fue el ataque a Telesur, que hoy sigue en pié en la televisión digital privada. Si ampliamos el margen de análisis, pensar el contexto latinoamericano actual sin una señal que pueda equilibrar el despliegue de la CNN y sus diversas correas de transmisión locales, expresa un elemento preocupante.

Otro de los mecanismos que la gestión de Cambiemos utilizó estos años fue la discrecionalidad de la pauta publicitaria. Además de orientar buena parte de su presupuesto en lugares específicos como el Grupo Clarín, también condicionó línea de difusión como fue (y sigue siendo) el blindaje a Horacio Rodriguez Larreta en C5N (canal que confrontó con el macrismo los cuatro años de gestión). En este punto, en 2016 incluso reglamentó una resolución que le otorgaba (y lo sigue haciendo) mayor discrecionalidad con menos controles y sin participación ciudadana, y eso que hablamos de dinero del Estado.

No es la intención profundizar en estas líneas, pero los contenidos en canales públicos (lo veremos en el siguiente apartado), el negocio con el fútbol profesional, el otorgamiento de licencias de manera discrecional, son algunos de los puntos destacados en política de medios.

Finalmente y sin la necesidad de ahondar teniendo en cuenta el tratamiento que hicimos oportunamente, debemos señalar algunas cuestiones sobre datos personales. ¿Por qué? Porque en un contexto de convergencia y digitalización, los datos personales dejan de ser exclusivamente cuestiones personales para transformarse en mercancías.

En la actualidad asistimos a un escenario local y mundial donde las empresas que administran Tecnologías de la Información y la Comunicación son las principales potencias económicas, teniendo un poder de incidencia en nuestras vidas sumamente determinantes. Publicidades orientadas, relevamientos de filiaciones políticas y religiosas, manipulación de la información, son algunos elementos a tener en cuenta.

En este sentido, la seguridad informática no está garantizada y menos en Argentina. En nuestro país, tanto la Ley vigente que rige desde el año 2000 así como normas complementarias y el proyecto presentado por el macrismo, solo profundizan la inseguridad, dejan afuera a la ciudadanía de cualquier tipo de participación y centraliza el poder en pocas manos y sin controles. Particularmente en el intento de modificación de la gestión saliente, le da demasiados privilegios al Jefe de Gabinete, es permisivo con la manipulación de datos y, como suele pasar en otras normas, no contempla cabalmente los desarrollos tecnológicos actuales.

¿Qué pasó en los medios públicos?

La política desplegada hacia este sector fue realmente restrictiva. Estamos hablando de los medios del Estado, aquellos que deben garantizar la diversidad de voces, la participación ciudadana, priorizar la información por sobre la competencia, promover espacios educativos. Nos referimos a espacios que deben solventarse con fondos públicos en buena medida.

Durante estos cuatro años, la gestión de Hernán Lombardi hizo todo lo contrario. Desaparecieron los programas que no representaban la línea ideológica del gobierno (Zamba, el programa para niños y niñas), se movieron canales de señales centrales (Canal Encuentro), se redujo el presupuesto general impidiendo coberturas destacadas (Televisión Pública y Radio Nacional) y se usaron espacios como plataformas políticas (Agencia Télam, transmisiones en eventos deportivos).

Un elemento cristalizador fue el desfinanciamiento. Alejandro Linares detalló en Letra P que hubo un recorte en el presupuesto destinado al sector, que en si mismo representaba el 79% de los ingresos en 2016 para la Televisión Pública y Radio Nacional y que en 2018 pasó a representar el 75%. Asimismo, destaca que aunque en materia de pauta oficial y privada hubo un incremento nominal en este período, hubo una caída del financiamiento en términos reales al ser comparados los valores con la inflación oficial. Si los montos se pasan a dólares, obtenemos que en 2015 los ingresos rondaban los 241 millones de dólares, en 2016 eran 207 millones dólares y ya en 2018 la cifra se ubicó en 136 millones de dólares. Es decir, una retracción de casi el 50% en cuatro años.

La gestión del Titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, se caracterizó, en síntesis, por hacer todo lo contrario a lo prometido en campaña. Es el desfinanciamiento pero también el condicionamiento de contenidos lo que garantiza el vaciamiento al que hacemos referencia. Lejos de promover la libertad de expresión y no criticar, incluso el periodista oficialista Alejandro Fantino aseguró la existencia de listas negras durante el macrismo.

En diálogo con Marcha, Carla Gaudensi, quien es delegada de Télam, Secretaria de Acción Social del SiPreBA y Secretaria General electa de la Federecación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), aseguró que “El vaciamiento de Lombardi en medios públicos responde a la misma política del macrismo en general. Entender el Estado como una empresa privada a la cual vinieron a aplicar políticas de ajuste”. Asimismo, aseguró que “Ellos vinieron a reducirlos a la mínima expresión y que no estén representadas las voces de los sectores más oprimidos, que no están representados en los medios comerciales y hegemónicos que muchas veces se manejan con otras agendas. Las agendas de los medios públicos deben ser plurales y federales y eso es lo que este gobierno vino a destruir porque justamente no le interesa que las voces de los sectores populares, de los sindicatos, del feminismo, de los pueblos originarios, se reflejen en un medio y es por eso que vinieron a destruirlos o reducirlos a su mínima expresión”.

Situación de las y los trabajadores de prensa

El vaciamiento planificado y ejecutado por el macrismo tuvo una fuerte resistencia de las y los trabajadores de prensa que más allá de las cuestiones estrictamente laborales, generando diferentes mecanismos para seguir cumpliendo con el rol que estos medios debían desempeñar. Un caso ejemplar fue el #NotiTrabajadorxsTVP, que ante la desaparición de los noticieros en el canal público y las limitadas coberturas, se organizaron para garantizar el Derecho a la Información del conjunto de la sociedad.

Más allá de este tipo de aspectos, que hubo decenas donde se destacan niveles de organización con diversos espacios, una de las grandes características que tuvo el sector fue la resistencia a los despidos masivos.

No podemos obviar la situación en el conjunto del país, donde los medios locales, en muchas oportunidades con bajísimos recursos, fueron atravesados por la misma situación

Durante estos cuatro años trabajadores y trabajadoras de diferentes medios perdieron sus puestos de trabajo. Si bien hay casos emblemáticos que desarrollaremos a continuación, hubo despidos en Atlántida, América, Crónica, cierre de medios de comunicación, entre otros. Esto derivó en niveles de organización ejemplaras, puesta en funcionamiento de comisiones internas y un rol destacado de la organización gremial, especialmente el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que nació en 2015 como alternativa a las direcciones burocráticas del sector. Otro actor que tuvo un lugar relevante fue el Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID).

Uno de los conflictos destacados durante este período fue el de los despidos en Clarín, aliado estrella de Cambiemos y uno de los actores fundamentales durante la campaña electoral en 2015. En abril de este año, 65 personas fueron despedidas de la redacción. Esa situación derivó en una enorme cantidad de medidas de lucha, festivales y solidaridad de diversos sectores. El grupo Clarín ya empezaba a tomar cierta distancia del macrismo en su línea editorial, sin alcanzar la denuncia pero al menos describiendo la grave situación económica y social. Sin embargo, puertas adentro, llevaba adelante un ajuste brutal de sus trabajadores y trabajadoras.

La enorme repercusión y actos de solidaridad lograron poner un freno a una situación que se visualizaba peor. Sin embargo, la salida de la gestión viene con preocupaciones bajo el brazo y posibles nuevos despidos, situación ya denunciada por las y los trabajadores.

El caso más emblemático de estos años fue el conflicto en Télam. En junio de 2018 la gestión de Lombardi despidió a 357 personas. En aquel momento se iniciaba un proceso con avances y retrocesos, nacimiento de agencia paralela, persecución. Sin embargo, nuevamente el conjunto de las y los trabajadores del sector dieron un claro ejemplo de organización, lucha y unidad, llevando adelante decenas de actividades y con el tiempo ir logrando reincorporaciones, que al día de hoy ya supera a las 240 personas. Gaudensi señala que “El conflicto de Telam nos ha dejado una experiencia muy importante para el SiPreBA pero también para el colectivo de trabajadores y trabajadoras de Télam, como también lo hcieron otros conflictos como el de Clarín, la TV Pública, en su momento cuando arrancabamos como sindicato el del Grupo 23 que derivó en las cooperativas de Tiempo Argentino e Infonews cuando Spolski se fugó”.

Todo esto no ocurrió de manera gratuita. Campañas de difamación, amedrentamiento de las fuerzas represivas, intervención de la justicia. Sin embargo, el conflicto se fue desarrollando positivamente a partir de la determinación de las y los trabajadores.

Si bien la situación aún no está del todo resuelta, la sumatoria de los conflictos abiertos y el de Télam en particular, permitió un crecimiento en la organización del sector en general y del SiPreBA en particular que si bien aún tiene mucho por desarrollar como sindicato, logró ser una de las herramientas indispensables para resistir al macrismo dentro del sector.

En palabras de Gaudensi, estos conflictos “Creo que han dejado un saldo organizativo para el SiPreBA muy grande y como experiencia en términos de cada trabajador y trabajadora de Télam creo que ha dejado una huella no solamente en términos de lucha y organización, sino también en términos personales, en nuestros cuerpos, toda esta violencia ejercida, brutal, de este gobierno que vino directamente a destruir la organización de las y los trabajadores. En Télam en particular también a estigmatizar a cada una y cada uno de sus trabajadores, tratar de dividirnos despidiendo al 40% y pensando que con eso iban a cerrar un conflicto, que eso generaría que quienes no fueron despedidos tomaran un camino individual y no colectivo. Ese es el mayor salto: decir en su momento que eramos todas y todos despedidos y encarar la lucha desde ese lugar”.

En ese camino también nos encontramos los medios alternativos, quienes estuvimos cada día de la gestión macrista poniendo en agenda lo que faltaba en los grandes medios o, aunque esté, aportábamos la mirada popular y feminista, necesaria para que en el escenario que se abre no solamente se piense en superar al macrismo, sino construir una comunicación realmente anclada en la libertad de expresión, en el protagonismo popular y en una sociedad totalmente justa.

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Por Vivian Palmbaum / Foto Pablo Piovano (El costo humano de los agrotóxicos)

Desde el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri se enarboló como bandera de progreso al llamado “campo”, reservorio de la oligarquía terrateniente en nuestro país. Tal como sabemos las familias conservadoras están ligadas a ese campo. Las mismas que Roca repartió producto del arrebato a los pueblos originarios.

Pero para no irnos tan atrás, solo decimos que son estos apellidos los que estuvieron históricamente ligados al poder más conservador que siempre se autoproclamó como granero del mundo y por ello obtuvo privilegios que estuvieron ligados a nuestra historia más sangrienta.

No parece casual que el Ministro de Agricultura designado desde el comienzo de la gestión Cambiemos fuera  Luis Miguel Etchevehere que pasó de la presidencia de la Sociedad Rural Argentina a ocupar esa función, una característica del gobierno de los dueños, donde desde las empresas privadas se convirtieron en funcionarios de gobierno. Este caso además tuvo un condimento especial porque hasta se reveló que por este paso la Sociedad Rural lo recompensó, “cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía”.

De Ministerio a Secretaría para luego volver a ser Ministerio de Agricultura, así fue el devenir de la cartera del ejecutivo nacional. Un trabalenguas difícil de dilucidar detrás del cual había un tejido de alianzas políticas ligadas a la oportunidad de favores y alianzas con el sector.

Políticas de concentración

Lo cierto es que a partir de la quita de retenciones y la devaluación de la moneda para el sector concentrado de la economía, y sobre todo para el Agronegocio, representó una importante diferencia en sus ganancias y en el poder que recuperaron con estas alianzas. Tal es así que hace pocos días, el pasado 21 de noviembre en un comunicado de las Confederaciones Rurales Argentinas, a poco menos de un mes del resultado electoral, advirtieron al próximo gobierno sobre el “nefasto impuesto mal llamado retenciones” e hicieron “un llamado a la racionalidad a fin de no detener el proceso proactivo de crecimiento e inversión”, algo que se parece bastante a una amenaza.

Las políticas públicas ligadas al sector de la producción agropecuaria concentrada, al igual que en otras áreas, repercutió en la profundización del modelo extractivo, de producción industrial, del monocultivo que beneficiaba al Agronegocio. Luego la dolarización de los insumos repercutió en la producción de los pequeños productores dejándolos en la miseria y el desamparo. Así lo expresaban apenas asumido el gobierno desde la Unión de Trabajadores de la Tierra: “La aplicación de las nuevas políticas económicas se iniciaron con una importante devaluación que impactó directamente en nuestro sector, que requiere insumos (como semillas y fertilizantes, entre otros) que se pagan en dólares, porque siguen estando dentro del modelo de agronegocio, donde los insumos los controlan las diez empresas que manejan el mercado mundial”.

A ello se sumó que la Secretaría de Agricultura Familiar dejó de cumplir funciones de asistencia al sector para transformarse en una simple instancia administrativa, que también sufrió las políticas de achicamiento de su planta de personal con despidos masivos y persecusiones políticas, tal como sucedía en otras dependencias. El Estado se iba reduciendo a medida que dejaba de cumplir funciones. Junto con ello además se eliminó el Monotributo Social Agropecuario para trabajadores y trabajadoras de la tierra, lo que les dejó sin posibilidad de acceso a una obra social, a los aportes jubilatorios y les quitó la posibilidad de facturar para comercializar sus productos. Es decir medidas que impulsaban la concentración del sector productivo en pocas manos, dejando atados a las y los pequeños productores a las arbitrariedades y abusos que sufren históricamente quienes producen pero no son dueños de la tierra. Lejos fue quedando alguna expectativa que el reconocimiento de los derechos humanos para campesinos y campesinas que se había conquistado en la ONU, en Argentina tuvieran alguna expectativa favorable.

La política de concentración de la producción profundizó un modelo productivo de monocultivo que destruye la diversidad y el monte nativo, ligado a paquetes tecnológicos -léase semillas transgénicas, fertilizantes y agrotóxicos-. Entonces no solo produjo el empobrecimiento de las y los productores, sino además envenenamiento, malformaciones y muerte.

El neoliberalismo que llegó de la mano de un gobierno aliado a las corporaciones, profundizó el extractivismo con políticas que descartan  al ser humano porque privilegian los negocios. Así también pudimos verlo en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que sesionó en diciembre de 2017, donde se delinearon políticas sobre el comercio internacional que luego los países aplican. A continuación, durante el año 2018 sesionaron los paises del G20 en nuestro país, la respuesta a la crisis financiera global para salvar el capital a costa de los pueblos, y en estas coordenadas se debatieron temas como la producción industrial y tecnologizada de alimentos en función de las agendas de las corporaciones, nunca de los pueblos.

Resistir frente a las Buenas Prácticas

Estas políticas públicas del gobierno de Cambiemos, que vinieron a profundizar el modelo productivo, frente a las incontrastables evidencias de las consecuencias del uso de agrotóxicos impulsó que desde el Ministerio se difundiera el Manual de Buenas Prácticas en Agricultura. Con amabilidad para maquillar, desde el Estado responsable de proteger a las y los habitantes, nombrando como productos fitosanitarios a lo que en realidad son agrotóxicos, mientras se enunciaba el repetido argumento de las corporaciones que niegan las consecuencias y responsabilizan del daño a quienes fumigaban, por hacerlo con impericia. Una ficción que se cae por el peso de las evidencias: intoxicaciones, malformaciones y muertes por el envenenamiento del que no se salvaron ni las escuelas rurales, donde concurren las y los más chiquitos.

Ni siquiera la justicia logró frenar estas prácticas, cuando el  presidente  Macri se atrevió a desafiarla al calificar de “irresponsable” al fallo judicial que en Entre Ríos delimitaba las zonas de fumigación sobre escuelas rurales.  De la misma manera la política de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, de la mano de María Eugenia Vidal, a partir del primer día de enero de este año habilitó la aplicación de agrotóxicos sin límites y de esta manera hacía oídos sordos a sus consecuencias. Por un lado estaban los discursos y por otro las prácticas concretas de gobierno y sus graves consecuencias.

No se salvaron ni las abejas

Las abejas comenzaron a morir en masa, con los perjuicios que esto significa para todo el ecosistema y sus consecuencias. Tampoco se salvaron otras especies de este ciclo de envenenamiento, que no tuvo más remedio de ser reconocido hasta por la OMS como peligroso para la vida. El nivel de contaminación alcanzó la tierra, el agua, el aire, las personas.

A poco de terminar su gobierno, en agosto pasado, el presidente Macri intentó sacar por decreto la llamada Ley de Semillas “MONSANTO”, cuando fracasó el intento que saliera por ley del Congreso. Una ley que representa más ganancias para las multinacionales y mayor dependencia para el sector campesino y de la agricultura familiar, por el fortalecimiento del monopolio, decían desde la UTT. Además constituía una manera de mantener controlada la cadena productiva desde la base y la destrucción de las semillas autóctonas y erradicar los saberes ancestrales que implican.

Minería extractiva

También la tierra siguió siendo depredada por la minería y se profundizaron las alianzas con corporaciones siempre bajo la promesa del progreso económico, como los espejitos de colores. Las consecuencias inmediatas fue que se impulsó la organización asambleas en defensa del agua, contaminada por un modelo productivo que  devasta, envenena los cursos de agua y priva del líquido fundamental a las y los pobladores. Una situación contrapuesta al derecho al agua potable reconocida por la Corte Suprema en 2014 como un derecho humano, sin embargo las políticas públicas están lejos aún de que las personas tengan un acceso pleno al agua potable.

¿Quién dijo que todo está perdido?

No todo parecía perdido cuando vecinos, productores, trabajadores y trabajadoras, profesionales de la salud y agrónomos, frente a este peligro comenzaron a adquirir mayor nivel de organización y a conectar las luchas. En estos cuatro años se afianzaron y multiplicaron redes y asambleas a lo largo y ancho del país para resistir, a través de distintas estrategias, en defensa de la vida.

Renacieron y se fortalecieron las distintas propuestas de volver a la Agroecología que viene demostrando que es posible producir sin envenenar, con un modelo que incluya a las distintas formas de vida. Volver al saber de los ancestros que producían respetando a la pacha, por el buen vivir. Un modo de producción que no le da ganancias a las corporaciones.

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Por Iván Barrera y César Saravia / Foto David Fernandez

El supermercado del mundo

Una de las promesas más repetidas durante la campaña electoral y los primeros meses de mandato del gobierno cambiemita fue la de “volver al mundo”. Una frase sin dudas muy bonita pero cuyo contenido y plan de acción resultó una gran incógnita en los ocho semestres de Mauricio Macri al frente del país.

La primera gran medida del flamante gobierno para dar señales de inserción en el mundo fue matar a uno de los grandes cucos del kirchnerismo: pagarle a los fondos buitre. Aun antes de asumir, Mauricio dio a entender que en la negociación su postura sería implacable “ahora hay que ir, sentarse en el tribunal de Griesa y lo que él termine diciendo, hay que hacerlo” había anticipado. Promesa cumplida: luego de 15 años de negociación con los fondos buitre que se aprovecharon de la peor crisis financiera de la República Argentina, se les pagó los USD 12.500 millones a Paul Singer y compañía.  Allá por abril de 2016 el entonces ministro Alfonso Prat Gay celebraba esta implacable victoria y pronosticaba un futuro de soberanía económica y financiera “Chau Default. Arranca una nueva etapa. Los argentinos, listos para emprender y crecer” escribía en su twitter el optimista ministro de Hacienda.

De la mano con la soberanía económica en materia de deuda externa, el gobierno también se animó a abrir las puertas de par de par a los mercados internacionales. Luego de una primera devaluación del 30% de la moneda, se anunció con mucha algarabía el fin del cepo cambiario y la eliminación de toda restricción a la entrada y salida de capitales.

Tras un holgado festejo, que pretendía demostrar que era fácil eliminar las restricciones cambiarias en Argentina de una vez y para siempre, el gobierno fue hacia otra gran promesa de campaña: “ser el supermercado del mundo, agregarle valor a las valiosas materias primas que producimos”. ¿Y qué mejor manera de ser el supermercado del mundo que eliminando toda protección al mercado local? Durante los primeros meses de 2016 se procedió a la apertura irrestricta a las importaciones, la baja de las retenciones al agro y a la minerìa y la eliminación de cuotas de importación.

El resultado tal vez no fue el esperado, al menos en cuanto a la definición más convencional de supermercado: en 4 años las exportaciones cayeron màs del 15% respecto a perìodos anteriores, la industria cayó consecutivamente mes a mes, acumulando una caída del 17% durante el periodo macrista y, a pesar de las consecutivas devaluaciones, la balanza comercial permaneció siendo deficitaria en cada año.

El Grupo de Lima y la agresión contra Venezuela

 Durante los primeros meses de su mandato, un todavía solitario Mauricio Macri trató de asumir su rol como punta de lanza contra Venezuela. Fue durante la XLIX Cumbre del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), realizada en Paraguay en 2015, en que Macri exigió la liberación de los detenidos durante las guarimbas en 2014. La respuesta de Delcy Rodríguez, entonces canciller de Venezuela, fue contundente al señalar el carácter injerencista de Macri, mostrando evidencia fotográfica de las acciones violentas realizadas por grupos opositores en una defensa magistral de la revolución bolivariana. El debut internacional de Cambiemos, acabaría con un Mauricio de rostro serio y nervioso susurrando con sus acompañantes.

En los meses posteriores, el gobierno argentino moderó su posición y evitaría chocar con Caracas. Por ejemplo, no tomando postura abiertamente a favor del uso de la carta democrática contra Venezuela en la OEA, que ya para ese entonces agitaba Luis Almagro. La correlación poco favorable en Mercosur, llevó a Macri a coquetear con los países de la Alianza del Pacífico, impulsada por los gobiernos de México, Colombia, Perú y Chile, en donde se mantuvo una continuidad de gobiernos neoliberales, en contraposición al “ciclo progresista” que vivieron otros países.

Fue en el contexto de los acercamientos con la Alianza del Pacífico en que Macri encontró en Peña Nieto un primer aliado para una articulación conservadora en la región. La visita del ex presidente mexicano en 2016, no obstante, tuvo como protagonista la movilización social en Argentina, en reclamo justicia y aparición con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por el Estado en septiembre de 2014. Los señalamientos contra violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el Estado mexicano representaron un obstáculo para el gobierno argentino de construir una alianza creíble para atraer a otros gobiernos.

También en 2016, Macri había logrado que Obama visitara Argentina, en un mensaje que anticipaba el alineamiento incondicional a la agenda de Washington. Pero no sería hasta el Golpe de Estado contra Dilma Rousseff, en Brasil, y la llegada de Temer como presidente golpista, en que el gobierno encontraría una correlación favorable para impulsar una agenda conservadora en la región desde su política internacional, con el “gigante del Sur” como aliado. Cabe recordar que Argentina fue uno de los primeros países en reconocer a Temer como presidente en funciones de Brasil.

El impulso que la llegada de Temer daría a la derecha regional encontraría otro aliciente en el triunfo y posterior cambio de Lenin Moreno en Ecuador. Moreno llegaba a la presidencia como promesa de continuidad de las políticas impulsadas por Rafael Correa, pero acabó por dar un giro de 180 grados, que lo llevó a alinearse con el bloque de gobiernos de derecha que conforman el Grupo del Lima. Esta instancia multilateral surgió el 8 de agosto del 2017, y fue creada por 14 países con la intención de “buscar una solución pacífica para Venezuela”, en donde sostenían como primera demanda la liberación de quienes ellos consideran presos políticos y la convocatoria a nuevas elecciones.

El Grupo de Lima aparecía así como un frente regional contra el chavismo, pese a que dentro de su composición no había del todo heterogeneidad respecto al nivel de agresividad. Con el tiempo, presidentes como Piñera de Chile, Lenin Moreno de Ecuador, Duque de Colombia, y, cómo faltar, Mauricio Macri en Argentina, tomarían el protagonismo a la hora de “ir al frente” contra Maduro y la revolución bolivariana.

A partir de ese momento, Macri adoptaría y seguiría al pie de la letra las indicaciones que desde la OEA se orquestaba. El desconocimiento de las elecciones de mayo del 2018, que dieron el triunfo para un nuevo periodo a Nicolás Maduro, el reconocimiento del presidente autoproclamado Juan Guaidó y de sus autoridades en Argentina. Macri, institucionalizó el discurso de crisis humanitaria frente al crecimiento de migraciones provenientes desde Venezuela, sosteniendo un doble discurso en su política migratoria. Por un lado “apertura y hospitalidad” de cara a lxs migrantes, y por el otro, restricciones a les migrantes provenientes de otros territorios latinoamericanos.

Con la reciente derrota electoral de Macri, el triunfo de López Obrador, y las movilizaciones populares en países como Ecuador, Colombia, Chile y Honduras, sumado al fracaso en su intento por derrocar al gobierno venezolano, el Grupo de Lima atraviesa una crisis de legitimidad, provocada por gobiernos más preocupados por resolver los problemas en Venezuela que los de sus propios países y sólo sostenidos por el favor de las fuerzas armadas y el apoyo de Estados Unidos.

Migraciones: Xenofobia y geopolítica

 En línea con un cambio en el patrón migratorio, producto de la crisis del modelo neoliberal, y un avance de la derecha xenófoba en el mundo, Macri convirtió a la política migratoria en un instrumento para golpear en tres sentidos. El primero, a los movimientos sociales, alrededor de los cuales se organiza un importante sector de la población migrante. El segundo, como punta de lanza de una política de ajuste en que “la culpa” recae sobre él y la migrante que hace uso de los servicios públicos, y no en una política orientada a reducir derechos. El tercero, como manera de tensionar con gobiernos no afines ideológicamente, como el de Bolivia y Venezuela.

El momento más representativo de la política antimigrantes que llevó a cabo Macri fue la entrada en vigencia del decreto de necesidad de urgencia (DNU) 70/2017, con el que el gobierno reformó la Ley de migraciones 25871, vigente desde el año 2004, y que representaba uno de los instrumentos más progresistas del mundo en materia migratoria. Con este decreto, Macri y su gabinete, con Patricia Bullrich al frente, construyeron un discurso en el que migración y narcotráfico, dos fenómenos contemporáneos que tienen la centralidad como frontera, aparecían como intrínsecamente vinculados. A eso contribuyó Miguel Pichetto, quien durante estos años se convirtió en el referente de la xenofobia en el país, llegando a asegurar que “Argentina, funcionaba como un ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú”, declaraciones que le generarían suficientes méritos para acompañar a Mauricio durante la elección presidencial.

Fue precisamente Pichetto quien impulsó una reforma de Ley para cobrar servicios de salud y de educación a extranjeros. En esto lo acompañó Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, quien impulsó el cobro de salud para extranjeros en situación de tránsito. Esto llevó a una polémica con Bolivia, que llevaba implícita un ataque al sistema de salud que durante estos años había impulsado el gobierno de Evo Morales. Además, se cuestionó el carácter de reciprocidad, pues los medios de comunicación hegemónicos se encargaron de difundir casos de ciudadanos/as argentinxs que no habían sido atendidos en Bolivia de forma gratuita. En esta narrativa, el tema de la salud no sería un asunto de derechos, sino un “exceso de bondad de Argentina”. El manejo diferenciado entre migraciones de países limítrofes, como Paraguay, Perú y Bolivia, y por otra parte la hospitalidad y el “apoyo” mostrado a migrantes venezolanxs, muestra el uso geopolítico que la política migratoria ha tenido durante estos años. Apuntando principalmente a deteriorar la imagen de gobiernos no alineados y de construir un chivo expiatorio.

El (primer) mundo a la Argentina

Pasados dos años de apertura comercial, financiera y política al mundo, el gobierno decide invertir los factores: si Argentina no va al mundo, que el mundo venga a la Argentina. De ese modo, el nuevo supermercado del mundo abre sus puertas a dos de los grandes grupos que dividen económicamente al globo: la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el foro del Grupo de los 20 (G20).

Con la concreción de estos dos parafernalicos eventos, Macri logra un récord: recibir a dos presidentes norteamericanos en un solo mandato, y hacerlo luego de 10 años de ausencias de los máximos mandatarios del país del norte en nuestro territorio. A la visita de Obama en 2016, se le suma la del flamante Donald Trump, de quién Macri asegura ser amigo y tener una gran relación.

La OMC tuvo un paso con más pena que gloria allá por 2017. El evento que siempre promete cerrar acuerdos bilaterales de libre comercio, liberalizar el comercio de los países emergentes en aquellos productos de mayor necesidad para los países centrales y apuesta a la concentración monopólica, finalizó sin acuerdos, sin un documento final y con más rosca que acuerdos.

Pero el 2018 da revancha y luego de un afectuoso y fraternal saludo entre Macri y Trump se da inicio al G20. La farándula internacional se agolpaba en Costa Salguero: Angela Merkel, Xi Jinping, Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Christine Lagarde y hasta los siempre queridos Sebastián Piñera y Michel Temer dicen presente. El G20 fue un éxito rotundo en política internacional y cerró con un oneroso acuerdo entre Donald Trump y Mauricio Macri para impulsar la exportación de limones hacia país del norte. Un comercio de vital importancia, no hay dudas que a partir de este acuerdo el rey de los cítricos posiciona al país un pasito más cerca de ser el supermercado del mundo.

Sin embargo, Macri no se quedó en la gloria de los limones y fue por más. A principios de su último año como mandamás anunció con bombos, platillos y hasta un mensaje del canciller envuelto en lágrimas, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. “Hoy nos sentamos a la mesa con los más desarrollados” celebró el ex presidente. Este acuerdo promete abrir nuevos mercados a cambio de la liberalización total del comercio internacional, así como también de las protecciones laborales y previsionales vigentes. Si bien el gobierno prometió ponerse a trabajar de inmediato, desde el viejo continente hubo respuestas no tan alegres. La primer voz disidente fue la de Emmanuel Macrón, quien se opuso rotundamente al acuerdo y a la liberalización de los productos agrícolas en una economía donde es un sector vital y debe ser protegido.  A la resistencia de Macrón se le sumaron Bélgica, Polonia, Austria e Irlanda, y a la desprotección de los sectores primarios se le suma la preocupación por el medioambiente. Hoy el acuerdo entre ambos bloques regionales se encuentra más cerca de ser una linda ilusión neoliberal a un proyecto a concretarse.

El 10 de diciembre se terminan cuatro años de política internacional al servicio de los grandes poderes. Un gobierno que respondió siempre favorablemente al lobby internacional por la articulación de una latinoamérica sumisa y servil, con apoyo al golpe en Venezuela y en Bolivia, a los procesos de lawfare con especial acento en Brasil y a la política antimigratoria y criminalizadora de los flujos migratorios de Nuestra América. Una política también servil en lo económico, aceptando las condiciones de los fondos buitre, cerrando el acuerdo más grande en la historia del FMI, tomando deuda a 100 años y ofreciéndose siempre a ser parte del mundo globalizado a costas de la desprotección de la economía y de les trabajaderes.

Los primeros meses del nuevo mandato serán claves para entender el rumbo del nuevo gobierno. Con un Alberto Fernández pronunciandose a favor de Evo Morales, en contra del Golpe y con una mirada no tan hegemónica sobre la situación de Venezuela, pero con un Felipe Solá al mando de las relaciones exteriores, el mismo Solá responsable de la masacre de Avellaneda y gran defensor del rol represivo de las fuerzas armadas en conflictos internos. La política del nuevo gobierno es, entonces, una incógnita y nos coloca frente a expectativas moderadas, aunque se vislumbran algunos mensajes, todavía  tibios, de cambio. Lo que está claro es que la “pesada herencia” dejada por Macri incluye una serie de compromisos internacionales a través de las cuales el nuevo gobierno deberá desarrollar su política exterior. En un contexto de polarización internacional y disputa del futuro latinoamericano, la diplomacia es un frente político clave al que hay que estar atentes.

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Por Paula Belloni y Francisco Cantamutto | Foto portada German Romeo Pena

En 2015, Argentina enfrentaba algunos problemas vinculados al estancamiento de la economía, el agravamiento de la restricción externa, déficit fiscal, cierta inflación y menor generación de empleo junto con el estancamiento y/o la caída de los salarios reales, por referir algunos. Lo que Cambiemos denominó “la pesada herencia” de nuestra parte lo llamamos los límites del programa kirchnerista, y consideramos que tenía diferentes alternativas. El nuevo gobierno, en cambio, propuso viejas recetas: ajuste, desregulación y liberalización.

De acuerdo con los problemas que el gobierno expresó que iba a resolver, y en función de las iniciativas de política económica llevadas adelante, el esquema económico de Cambiemos puede ser presentado bajo 5 grandes ejes macroeconómicos: monetario-cambiario, fiscal, inserción externa, trabajo y endeudamiento. En cada uno de ellos se ven tensiones vinculadas con la acumulación dependiente y con las clases sociales y fracciones de clase que encarnan la disputa política. Veamos una por una.

Política monetaria-cambiaria

Al asumir el gobierno de Cambiemos elevó la tasa de interés fijándola a niveles muy altos y desreguló el sistema financiero para que los capitales puedan entrar y salir sin costos y, prácticamente, sin plazos. En ese contexto, las letras del Tesoro y las del Banco Central se plantearon como una alternativa fácil y rentable. Esta iniciativa pretendía ser al mismo tiempo una alternativa al dólar (al tentar a los capitales a quedarse en pesos) y además reducir la circulación monetaria, bajo la premisa de que ésta es la que generaba inflación.

¿Qué resultado hubo? La inflación claramente no se resolvió en estos años, sino que desde el inicio del gobierno los precios internos no pararon de aumentar y hasta octubre de 2019 acumularon una suba superior al 260%. La inflación probó no ser principalmente un problema de emisión, contra el mantra neoliberal. Las subas de precios fueron impulsadas por las devaluaciones y tarifazos, incrementando en especial el precio de alimentos, servicios públicos y energía, provocando un mayor deterioro de los ingresos en los sectores más pobres.

En cambio, el resultado fue un crecimiento de la rentabilidad financiera y el regreso de la “bicicleta financiera” (o “carry-trade”) que la desregulación y la liberalización habilitaron. A su vez, hubo un desplazamiento de la inversión productiva y una acumulación enorme de Lebacs que, cuando superaron la base monetaria y las reservas del Banco Central en dólares, fueron reemplazadas por otra bomba, las Leliq, cuya tenencia se limitó a los bancos y ya representan una nueva bola de nieve que amenaza el sistema.

¿Cuáles fueron los sectores que ganaron? Si pensamos en el bloque que sustenta a Cambiemos, claramente el capital financiero especulativo. Los más desfavorecidos fueron el capital industrial por el desplazamiento de la inversión y lxs trabajadorxs, debido al estancamiento y caída de la producción y del trabajo.

Política Fiscal

La política fiscal estuvo orientada a reducir el déficit fiscal. Para alcanzar tal objetivo, el gobierno llevó adelante un ajuste sistemático del gasto público. Desde muy temprano la reducción del gasto se manifestó en el trabajo estatal con una ola de despidos, que además fue acompañada de una gran estigmatización. En 2019, la caída acumulada de la masa salarial desde que asumió Cambiemos cerrará cercana al 20%. Además, también se redujo sustancialmente el gasto en áreas sociales fundamentales, tales como Educación y Cultura, Salud, Ciencia y Técnica y Prestaciones de la Seguridad Social (luego de que la ley de Reparación Histórica modificó la fórmula de movilidad). Este ajuste respondió a una reducción y reorientación de las capacidades estatales, ya que al tiempo que estas áreas clave se desfinanciaron, se crearon otras que absorbieron los recursos, como Modernización.

También se redujeron los subsidios a las empresas prestadoras de servicios -a las que se les liberalizó la fijación de tarifas- y hubo un ajuste fenomenal en la obra pública. En paralelo, y a partir del enorme proceso de endeudamiento, el gasto en intereses de la deuda se duplicó, ascendiendo a un valor cercano a lo que se paga en masa salarial.

La reducción selectiva del gasto estuvo acompañada de una menor recaudación, dada por la eliminación y/o reducción de impuestos, tales como los derechos a la exportación a la minería, el sector agropecuario (entre otros), ganancias y bienes personales, que volvieron la estructura tributaria aún más regresiva y repercutieron negativamente en los ingresos públicos. Este desfinanciamiento buscó ser compensado con el blanqueo de capitales  (Ley N° 27.260), y más recientemente, con la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la venta de activos del Estado y la aplicación de nuevas retenciones bajo una modalidad más laxa. Pero el déficit fiscal financiero no sólo no se redujo, sino que aumentó.

Los ganadores de la política fiscal fueron las empresas de servicios públicos por los incrementos desorbitantes de tarifas y los sectores exportadores desgravados del agro y minería. ¿Los perdedores? En principio, lxs trabajadorxs estatales, porque además de la pérdida salarial, las condiciones de trabajo se precarizaron, ya que las incorporaciones se hicieron bajo modalidad de contratos temporales. También lxs jubiladxs fueron profundamente afectados, así como las PyMES y hogares, producto de los tarifazos.

Inserción externa

En el sector externo Cambiemos apostó a ser el “supermercado del mundo” y a generar una “lluvia de inversiones” para atraer capital extranjero. Aquí tampoco se dieron los resultados esperados. En una economía mundial en crisis, en la que las principales potencias se encuentran en una intermitente guerra económica, las exportaciones no aumentaron, aunque sí se produjo una reprimarización de la canasta exportadora. En cambio, por la mayor apertura y desregulación, crecieron las importaciones, incluso en el marco de recesión de la economía local. Esto dio lugar a uno de los déficits comerciales más grandes de nuestra historia en 2017, que se sostuvo en un nivel elevado en 2018. Respecto del capital extranjero, las inversiones extranjeras directas no tuvieron cambios cuantitativos significativos, pero sí lo hizo la remisión de utilidades al exterior, por lo que no hubo un aporte de ahorro externo o “lluvia de capitales” como esperaba el gobierno.

¿Cuáles sectores fueron los más favorecidos con estas medidas? Los capitales más concentrados del agro, la minería y el sector energético (ligado a Vaca Muerta). Los perdedores fueron, nuevamente, el capital industrial y lxs trabajadorxs.

Trabajo

El gobierno argumentó que la Argentina sufría una pérdida de competitividad debido a los elevados salarios en dólares y, por ende, se propuso reducirlos para ganar mercados externos. En primer lugar, la temprana ofensiva contra lxs trabajadorxs estatales significó un gesto político hacia el sector privado, una especie de señal de vía libre para despedir tomando como ejemplo al sector público. A su vez, como consecuencia de las medidas de ajuste que resultaron en una contracción económica considerable en 3 de los 4 años de gobierno, el mercado de trabajo se deterioró en todos los sentidos: se produjo un fuerte incremento de la desocupación -prácticamente duplicándose en 4 años- y un deterioro general de las condiciones de trabajo que afectaron en especial a algunos sectores tales como las mujeres, personas LGBTTIQ y jóvenes. Además se destruyeron puestos asalariados formales y fueron reemplazados solo en parte por más empleos autónomos, con menores derechos y prestaciones.

El escenario de despidos en el sector público y privado buscó, a su vez, crear un contexto “hostil” para la discusión salarial de quienes conservaron sus empleos. El gobierno vetó una ley anti-despidos aprobada en el Congreso en 2016, mostrando esta intención. Al inicio de la gestión resultó inviable atar la pauta salarial a la productividad en un contexto inflacionario y con sindicatos relativamente fuertes, y la búsqueda constante por cerrar paritarias por debajo de la inflación fue perforada en varias ocasiones producto de la movilización sindical. Sin embargo, lxs trabajadorxs sufrieron una creciente pérdida salarial en estos años.

A pesar de lo anterior, el gobierno no logró avanzar con la reforma laboral que se propuso, y lo hizo muy parcialmente con la reforma previsional. Tampoco pudo pasar la flexibilizadora ley de empleo joven. Tuvo más suerte en lograr introducir cláusulas de flexibilización en ciertos convenios, siendo el de petroleros en yacimientos no convencionales el más importante.

Por esta ofensiva directa, claro está, resultamos grandes perdedores el conjunto de lxs trabajadorxs, que hemos transferido una gran masa de excedente hacia los ganadores de la etapa.

Deuda

Los fracasos y las contradicciones económicas derivadas de los 4 bloques mencionados pudieron ser relativizados con un costoso “salvavidas” de endeudamiento. Esto implicó acordar con los fondos buitres y atender todos sus reclamos y a partir de ahí llevar a cabo un proceso de endeudamiento acelerado. La deuda pública total pasó de un 52,6% del PBI en 2015 a un 80,7% al segundo trimestre de 2019. Si tomamos la deuda pública externa, pasó del 13,9% del producto al 40,1%. Un proceso de endeudamiento fenomenal que elevó la parte en moneda extranjera y a corto plazo. Esto tiene como contraparte la enorme carga de intereses y vencimientos que entre 2020-2023 ascienden a más de US$200.000 millones.

¿Para qué sirvió el endeudamiento? Básicamente, para garantizar una redistribución regresiva del ingreso. La enorme deuda asumida es fundamentalmente la contracara de la bicicleta financiera. Los capitales entran, invierten en instrumentos financieros locales, ganan con altas tasas de interés, compran dólares y se vuelven a ir, sin dejar nada en el país. Salvo deuda. A su vez, el endeudamiento financió la remisión de utilidades de las empresas extranjeras, pagos de deuda y, durante el período 2016-2017, el turismo en el extranjero y las compras de bienes importados para una parte de la población. Una parte sirvió también para cubrir el déficit fiscal ocasionado por las regresivas reformas impositivas que redujeron los ingresos.

A modo de balance, los grandes ganadores de esta política vuelven a ser los capitales financieros, donde incluimos bancos, fondos de inversión, grandes empresas supuestamente “productivas”, e incluso el retorno de los llamados “fondos buitres”. En una menor medida, también lo son las grandes empresas que aprovecharon este subsidio a la salida de capitales por diversas vías, y aquella parte de la población que con ingresos medio-altos pudo participar de las mieles del modelo durante sus primeros dos años.

Un final crítico

La batería de medidas económicas bajo el gobierno de Cambiemos significaron una masiva transferencia de ingresos regresiva y sumieron al país en una crisis que al terminar el mandato combina el peor escenario económico: contracción de la actividad con elevados niveles de inflación. La economía argentina, con los últimos datos disponibles, es algo más de un 4% más pequeña que en 2015. Esta caída es aún más fuerte en los sectores productores de bienes, como la industria y la construcción. En cuanto a la inflación, que se señalaba como un problema de simple resolución, la misma alcanzó en 2018 y 2019 los mayores niveles desde 1991.

Las inconsistencias de este programa son las que llevaron a la crisis, que se expresó en el estallido de abril de 2018. Esto fue utilizado para volver a cerrar un acuerdo, tras una década y media, con el FMI, que galvanizara el programa de ajuste. Se ponía fin así a lo que se había presentado como “gradualismo”, que era el mismo programa pero aplicado a menor velocidad que la esperada por ciertos sectores del capital más concentrado. La presencia del FMI sólo incrementó la deuda y dio aire al gobierno para completar su mandato, sin ningún beneficio para el pueblo argentino. Y a pesar de la búsqueda por mayores reformas, el gobierno de Cambiemos no logró avanzar en nuevas leyes como la laboral y la previsional, la suscripción de más acuerdos de libre comercio, la profundización de la apertura comercial, la desregulación de las finanzas, entre otras.

Cambiemos aplicó un ajuste social brutal e intentó avanzar en reformas estructurales más profundas, que fueron limitadas por la resistencia social. Esta misma incapacidad de profundizar el ajuste con legitimidad social lo llevó a una creciente deriva represiva, que se alinea con otros procesos políticos de la región pero sin lograr contener la creciente impugnación social, que se expresó también en las urnas con la derrota en las elecciones presidenciales.

El programa neoliberal, sin embargo, deja claros ganadores y perdedores. Los capitales financieros están en la cúspide del éxito, usufructuando el sufrimiento de todo un país -y aquí no solo se incluyen bancos y fondos, sino también una cúpula empresarial crecientemente financierizada-. Las fracciones que se ubican en la prestación de servicios públicos o con precios regulados y las fracciones primario-exportadoras completan el arco de claros beneficiarios de la etapa.

En el vértice opuesto están las mayorías populares, incluyendo a la clase trabajadora en sus distintas especificidades: personas que viven de su capacidad de trabajar, que reciben asignaciones, jubiladas y pensionadas. Las mujeres,  personas LGBTTIQ y lxs jóvenes fueron particularmente afectadxs, tanto por los cambios en el mercado como por el desmantelamiento de políticas sociales específicas.

Por la fuerte caída en nuestras condiciones de vida, el mercado interno se ha visto muy resentido. En un segundo orden, se puede ubicar como perdedores de la etapa a los sectores PyME del empresariado y, en especial, a los que se ubican en la industria y la construcción. Llamamos la atención sobre esto último, pues el efecto político de ello ha sido el tránsito a la oposición al saliente oficialismo de una parte del empresariado, que espera mejorar su situación en el próximo gobierno.

A pesar de este mapa, debemos resaltar que las contradicciones propias del propio esquema económico, junto con la resistencia social, hicieron que Cambiemos no pueda completar la tarea que se propuso, lo que generó malestar en el sector social que representa. Las demandas del capital más concentrado siguen vigentes y están representadas en las exigencias de los acreedores: reforma laboral, impositiva, previsional, privatizaciones, apertura de la economía y desprotección de los bienes comunes. La presión por este programa continuará en los años que vienen, marcando la agenda. Dependerá de las organizaciones populares continuar la tarea de impugnación y sumarle, ahora, el planteo de una agenda propia.

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Texto y fotos de Darío Cavacini

Con esta decisión, tomada por decreto un domingo por la tarde y comunicada formalmente al día siguiente, Mauricio Macri se transformó en el primer presidente elegido democráticamente en eliminar este Ministerio. Los anteriores habían sido los dictadores Pedro Aramburu en 1955 y Juan Carlos Onganía en 1966.

Este retroceso institucional histórico, que redujo considerablemente los presupuestos de áreas sensibles para el acceso a la salud de miles de personas en todo el país, no sólo afectó al área sanitaria, sino que también fueron degradados a Secretaría (con la consecuente reducción y subejecución presupuestaria) los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización.

El presupuesto sanitario, desde la asunción de esta gestión saliente, se ha visto reducido año tras año, quedando siempre varios puntos por debajo del índice de inflación. Este ajuste se puede pensar desde dos perspectivas. Por un lado, en el mecanismo de la elaboración de los presupuestos; en este aspecto, la gestión macrista no ejecutó los mecanismos administrativos necesarios para actualizarlos en función de la inflación anual y de las necesidades de la población, sino que se fue replicando el del año anterior sin tener en cuenta estos factores. El otro punto se centra en la ejecución de los mismos, donde en general se han autorizado partidas presupuestarias que no llegaron a cubrir las necesidades básicas de la población, quedando incluso varios millones a pagar por la gestión de Alberto Fernández.

La reducción presupuestaria tiene, en términos concretos, efectos nocivos para la salud de la población en general, y estas decisiones en particular han afectado a los sectores más vulnerables, quienes vieron disminuidas sus posibilidades de acceder a un sistema de salud público, gratuito y de calidad.

Es necesario repasar algunos de estos efectos, pensados desde el nivel central de la cartera sanitaria, sin desconocer las particularidades con las que estos procesos se han llevado adelante en cada una de las provincias y municipios, para tener en claro los alcances de una gestión que se ha preocupado más por el marketing que por proponer y sustentar planes, proyectos y programas reales que mejoren la calidad de vida y la accesibilidad a los sistemas de salud de la población.

En relación a la compra de medicamentos, se han producido dos hechos significativos. Por un lado, la dolarización de su precio, que hizo que año tras año sea más dificultoso la compra de los mismos, ya que los presupuestos no se han actualizado en función de esta realidad (aun cuando administrativamente se podría haber realizado). Por otro lado, la no-exención de impuestos aduaneros a los insumos que salud importa, lo que genera que un porcentaje grande del presupuesto vuelva circularmente a ser parte de la recaudación fiscal,  dificultando aún más la compra de los mismos por su alto valor agregado.

Estas dificultades creadas por el desinterés de la propia gestión han generado la falta de accesibilidad a medicamentos para el tratamiento continuado y sostenido de tuberculosis, HIV y otras enfermedades de trasmisión sexual y la imposibilidad de compra de los insumos necesarios para llevar adelante estrategias de APS para la prevención de las mismas y para ser distribuidos gratuitamente en los centros de salud (preservativos, tests de embarazo, métodos anticonceptivos varios, misoprostol, hormonas, DIUs, etc).

Tampoco se han podido realizar en su totalidad las compras necesarias de medicamentos para virus respiratorios (especialmente los dirigidos a los sectores de la población más vulnerables en relación a este problemática: niños/as y adultos/as mayores), medicamentos oncológicos y medicamentos esenciales (aquellos que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias).

Estos recortes han impedido las compras de las vacunas que completan el calendario nacional (uno de los más completos de América Latina según la OMS). En 2018 se dio el ejemplo más claro de esta política de ajuste, al quitarse el refuerzo contra el meningococo para niñas y niños de 11 años, en medio de la aparición de nuevos casos que pusieron en riesgo la salud de miles de personas en todo el país. Además, durante estos cuatro años, casi no se entregaron descartables ni otros insumos, no se pagaron programas de capacitación profesional y se redujo a más de la mitad la cantidad de vacunadores/as, médicos/as, psicólogos/as y personal administrativo del Programa Médicos Comunitarios.

Vinculado con el desfinanciamiento del calendario vacunatorio, la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación mostró su preocupación por registrarse, en noviembre de 2019, más de 60 casos de sarampión, el mayor número desde el año 2000. Los afectados fueron principalmente niñas y niños menores de un año. A pesar de que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, la vacuna Triple Viral (Sarampión-Rubéola-Paperas) es la que se utiliza para su prevención y una de las que más se han registrado faltantes a nivel nacional.

No han habido políticas públicas suficientes en relación a la prevención de enfermedades como Chagas, zika, chikunguya, fiebre amarilla, hanta virus (en enero de 2019 se registró un brote en Chubut que se cobró la vida de más de una docena de personas) y dengue (registrándose en 2016 la peor epidemia de la historia de nuestro país, con más 40.000 casos).

En relación a las políticas de género implementadas, se han visto fuertemente afectadas, a pesar de la constante tarea y compromiso sostenido por las trabajadoras de esa área. Entre las más relevantes se puede mencionar, como ejemplificadora de la gestión, la escasa articulación entre los diferentes programas y direcciones vinculadas con esta temática, tanto a nivel central como en las diferentes instancias regionales. Se ha producido, de manera consciente y deliberada, la reducción de las compras de métodos anticonceptivos y de medicamentos necesarios para llevar adelante los procesos de hormonización para las personas trans y se ha cerrado el programa Qunita que brindaba asistencia a la madre del/la recién nacida/o.

Sobre el debate acerca de la interrupción legal del embarazo, más allá de que el por entonces Ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein se había pronunciado a favor de su aprobación en el debate de 2018, no hubo a nivel institucional expediciones para pensar cómo abordarla en términos de problemática de salud pública. Como punto final de esta falta de políticas públicas, se produjo la derogación del protocolo de interrupción legal del embarazo, a pesar de que la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva había realizado un trabajo de meses con una fuerte articulación inter y multisectorial para actualizarla en concordancia con el fallo FAL, actualizando el protocolo vigente desde 1921.

El área de discapacidad ha sido una de las más afectadas en este último tiempo. Hacia finales de 2018 se produjo su descentralización, es decir, dejó de depender del ex Ministerio de Salud para quedar baja la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Durante su gestión se produjeron la baja de miles de pensiones no contributivas (sin evaluación mediante de las situaciones particulares, aumentando la vulnerabilidad de las personas que las percibían), la discontinuidad de los tratamientos terapéuticos por falta y/o atraso en los pagos a las instituciones de salud y significativos faltantes en psicofármacos y medicamentos varios.

El deterioro de las instituciones públicas de salud fue otro de los puntos sobresalientes de la gestión, con infraestructuras abandonadas por obras paralizadas o suspendidas, falta de insumos básicos, precarización laboral de sus trabajadores/as y despidos masivos. Quizás los ejemplos más significativos hayan sido los de los hospitales dependientes del área central de la cartera sanitaria como el Garrahan y el Posadas. Este último establecimiento de alta complejidad, reconocido a nivel regional por la calidad de sus prestaciones, ha sufrido más de 800 despidos que afectaron directamente a las áreas de enfermería, anatomía patológica, farmacia, neumología, cardiología infantil, neurocirugía y otras.

Como corolario de gestión, durante estos cuatro años se produjeron miles de despidos, tanto en el área central como en los diferentes ministerios provinciales, encubiertos en su gran mayoría como no renovación de contratos y jubilaciones anticipadas. Se han precarizado las condiciones laborales, con contratos monotributistas y tercerizados de corta duración, atraso en el cobro de los sueldos y viáticos (llegando en algunos casos a estar más de un año sin cobrar) suspensiones de tareas y el vaciamiento de direcciones y secretarías nacionales, provinciales y municipales. El punto de cierre de estas políticas ha sido la reciente represión sufrida por concurrentes y residentes a manos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Nunca se contó con un plan de acción ni evaluación detallada de la situación socio-sanitaria a nivel nacional ni regional que permita dirigir las políticas públicas hacia alguna dirección, estableciendo prioridades de acuerdo a las necesidades de la población y en base a eso pensar la prescindencia, continuidad o transformación de algunas funciones y programas.

Si bien han habido diferencias en las dos gestiones en salud que llevó adelante el gobierno macrista en estos cuatro años (Jorge Lemus fue Ministro de Salud entre 2015 y 2017 y Adolfo Rubinstein -primero Ministro, luego Secretario de Salud- entre 2018 y 2019) la lógica imperante no ha cambiado su tónica: siempre estuvo dispuesta a cumplir a rajatabla los imperativos del FMI que proponía reducir paulatinamente el gasto en materia de salud en concordancia con las políticas neoliberales de vaciamiento. Basta ver lo números oficiales de los presupuestos sanitarios de estos últimos cuatro años y compararlos con los números oficiales del INDEC en relación al índice inflacionario en ese mismo período.

El desinterés por mejorar el sistema público de salud para que sea accesible a la mayoría de la población fue quizás el aspecto más significativo de una gestión de CEOs preocupada siempre por sus propios intereses en desmedro de las necesidades y derechos de las grandes mayorías populares.

Para pensar en una salud pública con la calidad y la amplitud necesaria para dar respuesta a las necesidades más apremiantes de la población, hay que volver al pensamiento siempre vigente de Ramón Carrillo, quien enunciaba: “El derecho a la salud es uno de los más olvidados, y sin embargo, el más trascendente, porque se vincula con la dignidad de la persona humana, con la vida colectiva, con la economía nacional e internacional. No es aventurado afirmar que la salud de los pueblos es una condición fundamental para lograr su seguridad social y su paz”.

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