Por Macarena Sévola y Nicolás Zweig | Foto portada Franco Fafasuli

Desde hace algunas semanas, entre encuentros en nuestros comedores, merenderos, galpones, clubes populares, como también experimentando en reuniones virtuales, compañeres del Frente Popular Darío Santillán organizades en Lanús vamos intercambiando sentires, sensaciones y experiencias en pos de comprender la complejidad de ésta histórica situación que nos toca vivir y así ensayar algunas respuestas para potenciar nuestro accionar, situades en un momento tan particular.

Para esto nos resulta importante contextualizar la realidad que venimos viviendo en los últimos años, en los cuales las políticas de los gobiernos de turno nos han ido empujando a una situación de catástrofe social que puede verse con crudeza a la hora de transitar nuestros comedores y merenderos a los que cada día asiste una mayor cantidad de familias, Clubes Populares en donde nos encontramos cara a cara con la violenta situación de despojo a la que han arrojado a nuestres pibes, como también a nuestros galpones a los que se acercan cada vez más y más compañeres para participar de asambleas en busca de un trabajo digno.

El propio Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, contó que 11 millones de personas comen todos los días en comedores. Sin embargo, el mismo ministro dijo hace un tiempo que “iban a pasar del plan social al trabajo”. ¿Qué quiere decir esto? Que no se reconoce, ni en remuneración ni en el discurso, nuestro trabajo. Trabajo que alimenta a un cuarto de la población de nuestro país y que realizamos aún en este contexto de pandemia mundial y crisis.

En un contexto tan delicado como éste, la amenaza de la pandemia del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno Nacional han traído consigo múltiples problemáticas que han agudizado la situación de crisis que vivimos en nuestros barrios de diversas maneras.

Desde la perspectiva sanitaria, nos resulta interesante problematizar la mirada hegemónica y romantizada a través de la cual buscan relatar el aislamiento social los medios masivos de comunicación, como también las medidas tomadas desde una clase política que denota un grave desinterés por cómo vivimos nuestro día a día las y los de abajo.

Con ésto nos referimos a que para nosotres resulta imposible cumplir la cuarentena tal como es planteada desde esas esferas. Esto se debe a que vivimos y nos organizamos en barrios donde no tenemos garantizados ni servicios básicos ni condiciones de higiene, en casillas levantadas con materiales insuficientes como para poder considerarlas una vivienda digna y obligades a vivir hacinades. ¿Alguien cree posible sobrevivir a un encierro de semanas en estas condiciones?

También nos encontramos limitades en el acceso a la información correcta por parte del Estado, por lo que a través de la organización hemos lanzado una campaña por una #CuarentenaDigna en nuestros barrios, en la cual, entre otros objetivos, logramos ir construyendo un protocolo sanitario en nuestros barrios. Resulta importante aclarar que para concretarlo nos estamos sosteniendo en base a la solidaridad entre vecines, ante la ausencia del Estado. Mientras no hay plata para el jabón, la lavandina o el alcohol, les pibis se encuentran en constante riesgo saliendo o no saliendo a la calle. Pibis que en sus casas si mamá o papá no sale a laburar no hay forma de poder comer. ¿Cómo pensar en comprar alcohol en gel o lavandina cuando la panza está vacía?

Por todo esto insistimos: por acá las condiciones sanitarias no están garantizadas por parte del Estado desde antes de la cuarentena, y mucho menos ante las amenazas del dengue y el COVID-19 que agravan el escenario.

En cuanto a la problemática alimentaria, consideramos que el hambre es una epidemia que nos viene golpeando violentamente, con más y más fuerza, y se traduce en cada vez más familias asistiendo a comer a nuestras construcciones. La comida no alcanza para saciar el hambre de todes les integrantes de las familias, si no fuera por los comedores populares que logramos sostener, muchas veces en base a la solidaridad de les vecines. Los diferentes eslabones del Estado parecen considerar que las insuficientes raciones de comida que entregan, muchas veces podridas y en cantidades menores a la población que concurren a nuestros espacios, son la solución al hambre de millones de personas.

Los comedores populares de las diferentes barriadas recibimos los tuppers de muchísimas personas y familias. Nuestra organización sostiene hoy en día ocho comedores en el barrio de Monte Chingolo y así somos una de las pocas organizaciones que continúa brindando alimentación en uno de los barrios más poblados del conurbano sur.

Hoy los mismos se encuentran sostenidos, en su mayoría, por mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binaries que ponen el cuerpo día a dia para alimentar a las personas, les niñes y las familias que se acercan a dejar su tupper. Compañeras que se acercan a sus lugares de trabajo aun poniendo en riesgo su propia salud. Es por esto que seguimos profundizando nuestra organización, haciéndonos cómo podemos de los elementos sanitarios necesarios para trabajar en éste momento, reduciendo los equipos de trabajo para evitar la sobrepoblación y también exigiendo soluciones para sobrellevar la emergencia sanitaria y alimentaria sin morir en el intento.

En lo que tiene que ver con el despliegue de las fuerzas de seguridad, debemos decir que si bien nuestros barrios conocen ya históricamente lo que es el accionar de la policía, la cuarentena generalizada y obligatoria decretada por el gobierno nacional con la función de “priorizar la seguridad del conjunto de la población” conlleva en los barrios populares sufrir abusos (ahora mayormente legitimados y fogoneados por los grandes medios de comunicación) por parte de la policía, entrando a vecines a sus casas por la fuerza. Nos llena de rabia escuchar los relatos de les pibis que asisten a nuestro Club Popular El Dari, a les que la policía entra a los gritos, amedrentándoles para que el miedo que les de salir sea más fuerte que sus ganas de jugar un ratito para pasar el rato.

Les pibis de nuestros barrio son niñes del juego en la calle, en la vereda, con les vecines; son niñes de juego con pelota, de andar en bici, de la rayuela, la mancha, la escondida y la plaza. No son niñes de Tik tok ni de Instagram ni de Netflix ni de las grandes tecnologías. Y no porque no quieran, simplemente porque no pueden. Porque con suerte hay uno o dos dispositivos móviles en la casa, porque pagar internet o plataformas digitales es plata con la que su familia no cuenta, porque la exclusión llega también ahí, a la recreación. Porque es ahí donde la recreación en el encierro se vuelve un nuevo privilegio al que acceden unos pocos. Es por ello que persiguiendo una Cuarentena Digna, si desde nuestros Clubes Populares “El Dari” nos vernos con la imposición de no poder desarrollar nuestras tareas de la cotidianeidad con les pibis de los barrios, creamos nuevas formas de acercarnos a elles y a sus familias, llevando juegos, actividades y la mercadería que logramos rescatar.

A su vez, en estos días de construir criterios de cuidados colectivos, vimos necesario acercarnos a aquellas organizaciones que puedan asesorarnos ante los abusos de las fuerzas represivas, y por ese motivo afianzamos nuestro vínculo con La Gremial de Abogadxs como también con APDH La Matanza. De éste modo seguimos tejiendo redes con la certeza de que nadie se salva solx.

Teniendo en cuenta el rol que venimos jugando las organizaciones de nuestro pueblo, consideramos un grave error por parte del Gobierno, en tiempos de semejante grado de urgencia, desconocer el trabajo y el acumulado histórico de los movimientos sociales, buscando dejarnos de costado a la hora de elaborar planes para paliar la crisis en nuestros territorios. Un ejemplo de ello es la forma en la que se viene desoyendo nuestro reclamo para recibir un refuerzo de alimentos para comedores y merenderos, sin los cuales, como planteamos anteriormente, la situación de cientos de familias sería aún más trágica. Si hace tantos años venimos construyendo espacios comunitarios donde se alimentan cientos de vecines de nuestros barrios, ¿por qué razón se les ocurriría proponer mandarnos al ejército que tanta sangre ha derramado a distribuir alimentos?

Lo cierto es que en los hechos, desde que se decretó el aislamiento social obligatorio, las únicas políticas que viene desplegando el gobierno en nuestros barrios son las represivas. Ni hubo un aumento significativo en cantidades de alimentos para dar respuestas al hambre ni hemos recibido los elementos sanitarios necesarios para poder protegernos del dengue ni del coronavirus. A su vez, el bono otorgado a les beneficiaries de planes sociales resultan centavos en comparación a la necesidad que estamos sufriendo, por lo que entendemos que ese bono debería sostenerse en los meses venideros, como también consideramos que el  Ingreso Familiar de Emergencia debería ser cobrado también por beneficiaries de programas sociales. Es por eso que se vuelve constante el interrogante entre vecines changarines, carreres y trabajadoxes precarizades de cómo vamos a sobrevivir si no podemos salir a ganarnos el mango.

En búsqueda de ir paliando algunas urgencias, y a la par de los reclamos que continuamos haciendo al gobierno, para lograr sostenernos materialmente en esta situación límite vimos necesario lanzar una campaña solidaria en la que aspiramos recibir tanto donaciones de dinero, como también de alimentos y elementos de higiene para lograr seguir sosteniendo aquellas construcciones que resultan indispensables para la vida de cientxs de personas que habitan las barriadas del conurbano Sur, Norte, Oeste y de CABA.

Hay algo de lo que estamos convencides: En momentos en que se incentiva a engorrarse denunciando a tus propios vecinos y vecinas, es fundamental correr la voz de que la salida es colectiva, es necesario que los lazos de solidaridad y compañerismo crezcan en los barrios populares. En esa sintonía buscamos afinar nuestro trabajo por éstos días: organizar la solidaridad y fortalecer los lazos de compañerismo entre les de abajo.

De esta manera, quienes cada día apostamos a construir organización, consideramos que esta crisis que pone en jaque al sistema sanitario a nivel mundial debe servirnos para sobreponer las voces de quienes día a día ponemos el cuerpo en todos los rincones de nuestro continente para realzar un proyecto que ponga el buen vivir en primer plano.

Así es que en esta situación vemos una gran oportunidad para problematizar las formas de abordar las cuestiones de salud que sufrimos cada día, como también la integralidad de nuestras vidas preguntándonos cómo construir ese buen vivir al que aspiramos, señalando la brutal desigualdad en la que vivimos como causa real de los problemas de fondo, para así lograr torcerle el brazo al principal virus que nos apremia que es este sistema feroz, que no sólo nos mata con el coronavirus o el dengue, sino precarizando nuestras vidas, trabajos,  cuerpos y viviendas, buscando dejarnos relegades a sobrevivir.

Sólo así podremos trascender ésta etapa para conseguir, más temprano que tarde, tanto sortear esta crisis como también construir aquella vida que aspiramos para el conjunto de nuestro pueblo.

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La pandemia desde el pie

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 El viernes 2 de diciembre Plaza de Mayo, la emblemática plaza de la memoria, lucha y resistencia, se vio empapelada con los nombres y las fotos de numerosas personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado. En este marco, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el Informe de la Situación Represiva Nacional del 2016.

El informe realizado por CORREPI muestra que desde 1983 hasta la fecha el número de asesinatos en manos de las fuerzas represivas estatal es de 4960. De ese total, el 47%, mediante la modalidad de gatillo fácil, mientras que el 39% se trata de personas privadas de su libertad que pueden haber muerto en cárceles o, inclusive, en patrulleros. El 49% de estas muertes se trata de jóvenes de entre 15 a 25 años, y el 27%, de 16 a 35 años. Esto nos lleva a pensar que ser joven y ser pobre es la primera causa para morir en manos del Estado. De esa totalidad, 481 son mujeres, y en 291 casos se trata de femicidios. En estas tres décadas, 70 personas murieron en movilizaciones o protestas sociales. Es decir, que los distintos gobiernos democráticos desde 1983 no logran superar las prácticas represivas que continúan persistiendo dentro del aparato de fuerza estatal.

La dictadura cívico-militar instaurada en el 1976 que ejerció el terrorismo de Estado más brutal de nuestra historia no sólo dejó genocidas libres –muchos de quienes fueron juzgados incluso ahora gozan con la impunidad del derecho a la prisión domiciliaria–, sino que también dejó a toda una estructura policial (“maldita policía”, como suele mencionarse) que continúa persiguiendo a las y los jóvenes en los barrios, en las calles, e incluso desapareciéndolos día a día; se trata de esa misma policía cómplice del narcotráfico y las redes de trata que se llevan a las jóvenes de sus casas. Por eso continuamos insistiendo en que no se trata sólo de un policía, sino que es toda la institución la que abala y representa los intereses de las clases altas.

Una realidad que empeora

Los datos son concretos: durante el casi primer año de gestión, el gobierno de Mauricio Macri lleva 259 muertes, una tendencia creciente de la represión en democracia, que se encuentra acompañada por distintas medidas impulsadas por el gobierno contra los sectores populares. De allí se desprende un dato alarmante: desde la asunción del gobierno de Cambiemos una persona es asesinada cada 25 horas, víctima de gatillo fácil por parte de las distintas fuerzas policiales, como Gendarmería, PSA, PFA, la Policía Bonaerense, Prefectura, etc.

A lo largo de estos 11 meses de gestión se instauraron en la agenda del gobierno diversas prácticas que permitieron acompañar el accionar violento de las fuerzas represivas y justificar el ajuste económico. Por ejemplo, el decreto de Emergencia en Seguridad y, en la misma línea, el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, conocido como “Protocolo Antipiquetes”. Ambas medidas no sólo llaman a las distintas fuerzas a llenar las calles de más cantidad de uniformados, sino que también viene acompañada de la criminalización de la protesta social y la censura de los medios de prensa. El accionar de diversos organismos populares y la masividad de las marchas impidió la eficacia del Protocolo Antipiquetes, que sólo se aplicó parcialmente en algunos sectores.

En este nuevo contexto, el gobierno macrista no distribuye los ingresos mirando al pueblo: porque no hay dinero existe una falta de trabajo, una suba de precios y de todos los servicios básicos, un recorte de presupuesto en políticas públicas, educación, vivienda y salud; pero a la hora de aumentar el presupuesto a las fuerzas de seguridad no escatima gastos.

La impunidad con la que cuenta la policía es siempre la misma, y sus prácticas no son aisladas, son más bien pensadas con un fin concreto el generar miedo, criminalizar a la juventud, criminalizar la pobreza produciendo, en colaboración con los medios masivos de comunicación, un estereotipo de pibe chorro, peligroso y que pretenden “erradicar” de la sociedad, encerrándolo en una cárcel o recurriendo a su asesinato.

Por eso desde las organizaciones sociales se continúa repudiando y denunciando el accionar de las fuerzas policiales, como también haciendo visible el encubrimiento de su accionar por parte de las autoridades tanto municipales como provinciales y poder jurídico. De eso se trató la Plaza poblada de gente y fotos y caras el pasado viernes… porque seguiremos en las calles dando a pelea con la lucha contra la impunidad y la represión, tanto de ayer como de hoy.

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