Foto: Lucas Martins para Midia Ninja

El ex mandatario fue condenado este jueves: “Que esto sirva como un remedio para la democracia”, sostuvo la ministra Carmen Lúcia. Ella fue quien, al cabo de una semana de especulaciones, dio el voto clave para condenar a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión.

El atentado contra la soberanía popular en Brasil no quedó impune. Este jueves el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus aliados considerados parte del “núcleo crucial” fueron condenados con distintas penas que van desde los 19 a los 27 años de prisión luego de que la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF) considerara que quedó efectivamente comprobado que existió una organización criminal que -entre julio de 2021 y el 8 de enero de 2023- llevó a cabo un plan “sistemático y progresivo” para atacar al sistema electoral y “minar el libre ejercicio del voto”. Quien tuvo la decisión clave fue nada menos que la única mujer del Tribunal, Carmen Lúcia: “Que esto sirva como un remedio para la democracia”, dijo al cabo del juicio histórico, que sorteó las presiones y las amenazas internas y la abierta injerencia de Estados Unidos.

“Tá na hora do Jair/Tá na hora do Jair/Ja ir embora” la melodía de esa música se hizo popular en 2022, cuando el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones de ese año. Hace un juego de palabras que se refiere a la salida del gobierno de Bolsonaro, que buscó perpetuarse en el poder con un golpe de Estado. Fue esa melodía la que volvieron a cantar miles en las calles de todo Brasil y la que entonó un trompetista en las afueras del STF, en Brasília, el jueves por la tarde minutos después de que se definieran la sentencia y la pena definitiva contra el expresidente y líder de la organización criminal que atentó contra la democracia.

Con él, otras siete personas fueron condenadas: Alexandre Ramagem, actual diputado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN); Almir Garnier Santos, almirante y excomandante de la Marina; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, general de reserva y exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional; Mauro Cid, teniente coronel y ex capellán de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira, general y exministro de Defensa; Walter Braga Netto, general de reserva y exministro de la Casa Civil y ex candidato a la vicepresidencia junto con Bolsonaro.

Cid y Braga Netto fueron condenados por unanimidad, mientras que el resto por la mayoría de 4 votos contra 1 con la disidencia del juez Luiz Fux. El magistrado le imprimió un halo de dramatismo al proceso judicial con más de 12 extensas horas de lectura y sorprendió hasta a los propios bolsonaristas con su postura por la “nulidad absoluta” al considerar que la acción penal debería haber estado a cargo del pleno del STF, conformada por once jueces. Ese aire de esperanza que le dio a los aliados de Bolsonaro ya quedó sofocado por la contundencia de los argumentos y de las penas dadas por sus colegas: Alexandre de Moraes, relator del caso; Flávio Dino, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin.

Las penas que recibieron fueron consecuentes con las responsabilidades y para dejar en claro un mensaje, dijo De Moraes: “Para que la historia no se repita”.

Las palabras resuenan en el continente que en la misma fecha de la condena también se conmemora el golpe de Estado en Chile que dio inicio al primer experimento neoliberal de la región, por lo que vale la pena levantar esta condena como un “nunca más” a la violencia estatal contra los pueblos y que Brasil, hasta el momento, nunca había pronunciado por haber aprobado en 1979 una ley de amnistía que impidió juzgar a los criminales de la dictadura militar-empresarial (1964-1985).

Un Brasil que tampoco juzgó a quienes perpetraron el “golpe blando” contra la expresidenta Dilma Rousseff.

Claves de un juicio histórico para América Latina y el Caribe

La investigación para este proceso comenzó hace dos años a manos de la Policía Federal, que separó a lxs responsables en cinco núcleos de acuerdo con las funciones que cumplieron durante la tentativa del golpe. El “núcleo crucial”, el número uno, fue el que ideó y planificó, según la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR). Con la sentencia de la Corte ahora queda escrito para la historia que las ocho personas que lo conforman fueron los autores intelectuales.

La trama que idearon tuvo como punto cúlmine el 8 de enero de 2023, pero a entender de la Justicia comenzó mucho antes: en julio de 2021 y contó con varios elementos más allá de la invasión a los Tres Poderes del Estado con más de mil personas que se habían apostado durante semanas en las puertas de comandos militares y que, aquel domingo a la tarde no “salieron de paseo después de almorzar y pidieron permiso para entrar a las sedes del poder central” -como dijo Dino-, sino que se levantaron con la intención de exigir su intervención para la perpetuación en el poder de su líder, en contra de la voluntad popular que había elegido a Lula como presidente.

En más de 800 páginas la PGR detalló reuniones, mensajes, documentos, escuchas telefónicas, allanamientos, testimonios y confesiones que dan cuenta cómo un gobierno elegido -como fue el de Bolsonaro en 2018- puede ejecutar un plan para convertirse en dictadura. Algo así como un paso a paso de cómo la democracia puede morir y de cómo un presidente puede perpetrar acciones que debilitan las instituciones democráticas.

¿Cómo lo hizo? Bolsonaro atacó públicamente al sistema electoral brasileño para deslegitimarlo, así como al STF y sus ministros, hizo reuniones con sus ministros y con embajadores en las que difundió información falsa sobre las falencias en las urnas y usó una milicia digital para la difusión de fake news. Se reunió con sus ministros y accionó para que se restringiera la movilidad de las personas el día de las elecciones en el balotaje, tenía un decreto de estado de sitio preparado en caso de perder y, junto con su ministro de Defensa y general del Ejército, instigó a los jefes de todas las Fuerzas Armadas para perpetrar el golpe.

“Preso, muerto o con una victoria”, dijo que saldría de Brasilia -una frase similar pronunció el mandatario argentino, Javier Milei, que dijo que saldría de la Casa Rosada “con los pies para adelante”-.

Pero había más. Bolsonaro y sus aliados idearon el “Plan Puñal Verde-Amarillo” para asesinar a Lula, al entonces vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al mismo De Moraes.

En eso se basó el “plan progresivo y sistemático” que buscó “minar el libre ejercicio del voto”. En palabras de la magistrada Lúcia se ejerció la violencia institucional y política y se perpetraron una serie de prácticas “pensadas para la radicalización social y política” -es decir se tensionó para provocar una fuerte polarización- todas ellas necesarias para que el líder de la organización criminal contara con un ferviente apoyo de un sector de la sociedad para perpetuarse en el poder: quienes efectuaron la invasión a los Tres Poderes.

Juzgar más allá de las presiones internas y externas

Los cuatro jueces que conformaron la mayoría para el juicio histórico llevaron a cabo un proceso más allá de los embates y de las amenazas: todxs fueron amenazadxs de muerte y los ataques a las instituciones no cesaron. En esta misma semana, de hecho, hubo un nuevo intento de invasión a los Tres Poderes y, en noviembre pasado, un hombre -que murió- instaló bombas en autos en derredor de la explanada de los ministerios.

Los bolsonristas, en tanto, traman distintas estrategias para buscar la impunidad de los crímenes y miran a las elecciones presidenciales del próximo año. Por un lado, en el Congreso presionan por una ley de amnistía “amplia e irrestricta” para beneficiar a las más de 600 personas ya condenadas por el 8 de enero y, también, al líder criminal. Por otro, el gobernador de San Pablo, Tarcício de Freitas, prometió el indulto con la esperanza de que conquistar seguidores para su campaña presidencial. Ambas opciones fueron descartadas por inconstitucionales según la Corte, aún así, se prevé que insistirán.

El juicio, además, se convirtió en un fuerte acto de soberanía nacional que resiste a las sanciones políticas y económicas impuestas al país y a lxs magistrados con la abierta injerencia del Estados Unidos de Donald Trump.

Ninguno de esos embates antidemocráticos -y hasta con aires colonialistas- consiguió evitar que Brasil escribiera una de las páginas más relevantes de su historia en defensa de la soberanía y de la autonomía del pueblo para que estos actos no se repitan nunca más.

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Por Redacción Marcha

Las imágenes de las inundaciones en Río Grande do Sul ocuparon la atención de diferentes medios de comunicación en todo el mundo. El fenómeno meteorológico conocido como la corriente de “El niño” se instaló sobre el sur de Brasil y ocasionó desastres en materia de infraestructura urbana, rural, rutas y la muerte al día de hoy de 107 personas y se estima que un centenar se encuentran desaparecidas. Las lluvias no cesan y complican las tareas de rescate y socorro en los territorios que aún siguen afectados. En barrios de Porto Alegre, capital del Estado de Río Grande do Sul, donde las inundaciones pasadas no habían llegado alcanzó los dos metros.   

Desde el comienzo el presidente Lula encabezó un plan de acción coordinado entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estadual. En la base naval de Santa María reunió a su gabinete, autoridades militares y el equipo de Defensa Civil para iniciar los operativos de ayuda y rescate. Además, anunció el incremento presupuestario para atender la tragedia; el aumento de programas sociales como “Mi casa, mi vida”; y una vez que baje el agua, la realización de obras para recuperar la infraestructura perdida. Ayrton Centeno, es corresponsal de Brasil de Fato en Porto Alegre, y desde allí comentó que hay cerca de “un millón 300 mil personas afectadas, de una u otra forma. Son números siempre en ascenso desde la semana pasada. El aeropuerto internacional está cerrado y hay 155 puntos donde los caminos están cortados. Desde el martes se anunció una alerta de Defensa Civil por nuevas inundaciones en el sur del estado. Las aguas están subiendo y hay un aviso de nuevas lluvias a partir del jueves”.

“El gobierno de Lula ha creado una oficina especial en Porto Alegre para tratar la situación”, afirmó Ayrton Centeno y añadió que “no se sabe aún el volumen de las pérdidas materiales, pero serán muchos mil millones. El gobierno federal tiene 14.500 profesionales de muchas áreas actuando para mitigar la inundación. Hay una gran movilización de los gobiernos estaduales y municipales de las diversas alcaldías. Hay una actuación en todos los frentes, salud, asistencia social, la alimentación y oferta de refugios para quienes perdieron la casa”. 

La ayuda humanitaria no sólo provino del gobierno, organizaciones sociales como el Movimiento de Trabajadores sin Tierra (MST) organizaron las “Cocinas solidarias” para abastecer de alimento sano a la población damnificada, además de recolectar dinero, ropa, productos de higiene y medicamentos, entre otras cosas. La contracara de la solidaridad y las acciones concretas para ayudar a más de un millón de personas, fue encabezada por la oposición política a Lula que se encargaron, una vez más, con campañas de fake news con denuncias de corrupción contra el gobierno. Por eso, en conferencia de prensa desde el Palacio de Planalto el presidente anunció inversiones por 18.3 mil millones de reales en obras. Los fondos serán girados a Estados y municipios y serán destinados a la urbanización de barrios marginales, la contención de laderas y la renovación de flotas de transporte. Frente a las falsas acusaciones por parte de la oposición política, Lula afirmó que “el dinero no es ni para amigos ni para enemigos. El dinero es para las necesidades vitales del pueblo brasileño, que sigue siendo pueblo en cualquier ciudad en la que viva, gobernada por cualquier partido político. Gobernamos para el pueblo”.

“Cuidar la selva es más rentable que talar árboles”

Esas fueron las palabras del primer mandatario el 1º de mayo ante la prensa de Japón. Esa afirmación resuena más fuerte hoy luego de un desastre ambiental casi sin precedentes. En medio del escenario desolador en el que millones de personas perdieron todo, desde su casa, hasta seres queridos, o los recuerdos de una vida y cuando baje el agua tendrán que retomar la vida después de la inundación. Además del fenómeno meteorológico, las sucesivas políticas que durante los últimos años no sólo negaron la crisis climática, sino que profundizaron el daño ambiental, son parte de las causas que hoy encuentra al 80% del territorio de Río Grande do Sul bajo agua. La ministra de Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, advirtió que los riesgos del deterioro ambiental son también para las vidas humanas. 

El corresponsal de Brasil de Fato en Porto Alegre afirmó que “hay una sumatoria de cosas que derivan en la tragedia. Primero, las especiales condiciones meteorológicas que instalaron las nubes de lluvia en el extremo sur del país, justo arriba de Río Grande do Sul. También la acción del fenómeno “El niño”. Segundo, la crisis climática. Talaron los bosques junto a los ríos y cuando viene el agua el impacto es mucho más fuerte y peligroso. La agricultura con base en agrotóxicos también destruye el suelo y sus residuos en la tierra se van hasta los ríos y arroyos, tapan en el cauce y los ríos quedan poco profundos”.

La devastación de la Amazonía, el pulmón verde más grande de todo el Cono Sur, un territorio que en sus dimensiones prácticamente alcanza la superficie de Colombia, Venezuela y Argentina, trae consecuencias graves como estas inundaciones. Desde que la derecha comenzó a crecer en Brasil, y especialmente durante el gobierno de Jair Bolsonaro, los productores agropecuarios vinculados al bolsonarismo ejercieron un lobby en el poder político para avanzar sobre la frontera agrícola de la Amazonía e incluso, en la invasión de tierras de comunidades indígenas. Del negacionismo a la crisis climática y de un modelo económico que favorece a los sectores concentrados de la agricultura, sólo daña el medio ambiente, termina con la vida humana, interrumpe proyectos de vida y genera pérdidas millonarias. 

Lamentablemente, “tuvimos una gran inundación el año pasado con más de 50 muertos y los gobernantes no aprendieron la lección. El gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), destinó poco presupuesto para prevenir las amenazas frente a las inundaciones y aprobó muchas medidas que dañaron al medio ambiente”, comentó Ayrton Centeno. “En Porto Alegre, la capital del Estado, el sistema de protección contra las inundaciones está en total colapso. La alcaldía no ha hecho su trabajo, hay falta de mantenimiento en las máquinas que debían defender a la capital de las inundaciones. En barrios de Porto Alegre donde nunca llegó el agua de las inundaciones están con hasta dos metros de agua. El cuadro que tenemos ahora va a permanecer por más semanas porque el río está bajando muy lentamente. El casco histórico de la ciudad en el centro de Porto Alegre no tiene energía eléctrica, y no tiene agua. Es una situación dramática”, finalizó el cronista.

Reducir las causas de semejante desastre ambiental sólo a fenómenos meteorológicos no solo sería erróneo, sino que sería imprudente. “Lo que ocurrió en Río Grande do Sul es un aviso para todos los seres humanos. Necesitamos tener en cuenta que la tierra se la está cobrando. No es solo Río Grande donde suceden estas cosas extrañas, sino en todo el país y en todo el mundo. Vamos a pedirle a la Amazonía que le hable al mundo. Queremos que la Amazonía le diga al mundo lo que necesita”, enfatizó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Foto: Ricardo Stuckert /PR

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¿Y ahora? ¡Llegó la hora de patear el tablero!

La confirmación de la condena de Lula siguió el guión esperado. A pesar de la inconsistencia de pruebas, hechos y fundamentos jurídicos, era necesario retirar al ex-presidente de la disputa electoral de 2018 y continuar con un gobierno cuya unica lealdad sea con las contrarreformas y los intereses del gran capital. El fin de la democracia de cooptación, operada por los gobiernos petistas abrió espacio para la barbarie explícita y las canalladas que presenciamos, políticas, jurídicas, cultural y comunicacional. 

Los pesados ataques contra los trabajadores, en especial la reforma laboral y la amenaza de la reforma previsional, no tuvieron la respuesta necesaria porque el petismo y sus aliados todavia esperaban la “marcha de los acontecimientos” que desembocaria en las elecciones de 2018, aunque programáticamente eso no garantizaría la reversión de las medidas aprobadas hasta aquí. Con la condena de Lula la coyuntura cambia radicalmente en dos sentidos.

Primero que la apuesta en las elecciones se transforma en un desafio abierto a la legalidad institucional establecida, ya que mantener la candidatura del ex-presidente se convierte en desobediencia civil. Segundo que las frágiles apariencias de normalidad institucional pueden desvanecerse rápidamente y abrir espacio para medidas políticas mas duras de parte de la classe dominante y de la continuidad usurpadora en el comando del estado.

En este escenario, la combinación de espacios institucionales establecidos, y acciones por afuera y mas allá de la legalidad gana relieve para los dos lados involucrados en la disputa. De parte de las clases dominantes, eso no es una novedad, porque a diferencia de cierto sector de la izquierda, la clase dominante nunca creyó en la institucionalidad democrática y siempre la usó pragmáticamente segun sus intereses. El estado trata a todos de forma igual frente a la ley, aunque no hay nada que una valija llena de dinero y un lobby eficiente no puedan eludir. La burguesia puede operar en el terreno de la democracia porque tiene los instrumentos de coerción del Estado y del domínio económico a su disposición. Así, puede alternar formas democráticas y autritárias con mayor eficacia, lo que no sucede con los trabajadores.

Cuando una fuerza política elije operar en los límites de la institucionalidad, queda muy difícil romper y operar con formas abiertamente insurgentes. La única fuerza política que puede crear las condiciones para estos fines es la disposición de las masas para romper la legalidad en el sentido de la rebelión. Como todo buen lector de Lenin sabe, esta es una condición objetiva – o sea, no está al alcance de esta o aquella fuerza política poner las masas en movimiento, de cierta forma ellas reaccionan a una determinada situación política.

Lo que la burguesia tal vez haya hecho, inadvertidamente o no, es ofrecer el pretexto para que las masas entren a la escena en una dimensión que puede ir mas allá de la institucionalidad dada. Mientras tanto, en este punto interviene la intencionalidad política de los sujetos. Marx dijo una vez que no se debe jugar con la insurrección si no se desea llevarla hasta las últimas consecuencias. Por lo que parece, el lulopetismo espera que las masas garanticen que Lula no sea preso y dispute las elecciones, pero que después salgan de la escena para que todo vuelva a los rieles de la normalidad para que se pueda remendar el pactos soscial desgarrado por el golpe. De cierta forma la rebelión de las masas se convierte en un instrumento de chantaje o amenaza para que los sectores burgueses entren en razón y acepten renegociar los términos del pacto.

Este es un juego peligroso. Primero porque no se debe fanfarronear cuando se trata de una política revolucionaria tomada a serio. Parece que no se convoca a las masas para que la clase trabajadora establezca las condiciones de su propio poder, sino para que garantice la correlación de fuerzas necesaria para recomponer las condiciones que caracterizaron la conciliación de clases que pravaleció hasta 2016. El gran problema de esta alternativa es que el petismo se asusa mas con la rebelión de las masas que la burguesia: No hay lugar para la insurrección en la estrategia democrática popular y el PT no sabe que hacer cuando ella se presenta, como fue evidente en 2013. Por otro lado, la burguesía tiene medios jurídicos, políticos y represivos para enfrentar un descontrol social – algunos de esos instrumentos, por cierto, gentilmente ofrecidos por los gobiernos petistas como el mantenimiento de la Ley de Seguridad Nacional, la Ordenanza Normativa que establece las Operaciones de garantia de la Ley y del Orden de diciembre de 2013 y la Ley antiterrorismo, sólo para citar algunos dispositivos–, mas allá, claro, de un sistema judiciario que se de um sistema judiciário que se emancipó de la molesta tutela del Derecho y de la Justicia.

Por lo tanto, se trata de definir hasta donde las fuerzas políticas están dispuestas a tencionar la legalidad. Estoy convencido de que la burguesia mantiene sus apuestas, incluso si fuera necesario romper (como lo hizo en el gobierno del usurpador) cualquier base legal, política e institucional. ¿El PT está dispuesto a hacer lo mismo?

¿Cuáles son los próximos pasos indicados por el sector dominante? Trata de transitar las elecciones sin Lula, frente al riesgo de la extrema derecha y de la ausencia de una candidatura que pueda retomar la estabilidad que la burguesia necesita, o, cancelar las elecciones y constituir alguna espécie de transición, una junta provisória que prepare las condiciones políticas de una alternativa más estable en términos del orden, como el semi-presidencialismo, o el parlamentarismo, o cualquier otra forma.

Lo voy a repetir: La burguesia puede cancelar las elecciones de 2018. Y pregunto: ¿Las fuerzas populares están dispuestas a poner el enfrentamiento ante las contrarreformas y el arbitrio burgués por encima de las elecciones, inclusive actuando en función de invisibilizarlas?

El punto oscuro es el próximo paso del petismo. ¿Será que el está realmente dispuesto a resistir y enfrentar la decisión judiciaria con todos los medios necesarios, o es una fanfarronada mas? La moderada y elegante presidente nacional del PT afirmó recientmente que la única manera de reaccionar a la consolidación de un escenário político en el cual Lula fuera preso e imposibilitado de disputar las elecciones, es la huelga general. ¡Fíjense! La izquierda ya sabia que la única manera de evitar la consolidación del golpe contra los trabajadores, la reforma laboral, y la previsional es la huelga general, pero el PT no lo veia así, porque creia que existía otra posibilidad: la candidatura de Lula. Ahora que esa alternativa slaió de escena… entonces ¡Vamos a la huelga!

Marx y Engels, en un famoso texto de 1850, decian que los trabajadores no pueden evitar que la pequeña burguesía actúe como el sector social vacilante que está condenado a ser, sin embargo los trabajadores deben, en sus palabras, “contrarrestar los intentos contemporizadores de la burguesía y obligar a los demócratas a llevar a la práctica sus actuales frases terroristas” (“Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas”, Marx y Engels, 1850 ). ¿Quieren una huelga general? Bueno, entonces vamos a hacerla hasta que las medidas contra los trabajadores sean derogadas y hasta que el gobierno Temer caiga. Ahí discutiremos qué hacer. Ciertamente algunos van a proponer que todo vuelva a la “normalidad”, y que se vuelvan a convocar elecciones “limpias” (como las de 2014, en las que el financiamiento privado aportó R$ 5 mil millones en diferentes candidaturas, menos en las del PCB, del PSTU y del PCO). Nosotros mantendremos nuestra propuesta de establecer un Poder Popular Revolucionario fundado en una nueva forma de gobernabilidad en la clase trabajadora de la ciudad y del campo, en la juventud y en las masas urbanas.

No importa ahora que unos se movilicen alrededor de un líder cuyos intereses de fondo, a nuestro parecer, son contrarios a los de la clase trabajadora porque quiere recomponer el pacto deshecho. En este momento se produce una aproximación interesante en la cual el interés del lulopetismo en enfrentar la decisión que saca a Lula de las elecciones coincide con el interés de la izquierda en enfrentar las contrarreformas reaccionarias con una Huelga General. ¡Si los intereses fueran los mismos (derrotar el gobierno Temer y sus contrarreformas), perfecto! En caso contrario, los caminos se bifurcarán y nosotros, como hemos hecho, tomaremos el camino de la izquierda.

*Mauro Iasi es profesor Adjunto de la Escuela de Servicio Social de la UFRJ, Investigador del NEPEM (Núcleo de Estudos e Pesquisas Marxistas), del Núcleo de Educación Popular 13 de Mayo y miembro del Comite Central del PCB.

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Por Redacción Brasil de Fato | São Paulo (SP)

Integrante de la coordinación nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, concedió entrevista. Para Stedile, el juicio será del Poder Judicial y no del ex presidente Lula.

“Aquí en Porto Alegre no vamos a juzgar a Lula, quien será juzgado es el Poder Judicial. Es ese poder quien tendrá que decirle al pueblo brasileño si va a continuar siguiendo la Constitución y los tramites de la ley o va a seguir a la Globo y dictar sentencias de acuerdo con los deseos de la burguesía brasileira”, dijo João Pedro Stedile, en una rueda de prensa realizada este lunes (22).

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El pasado miércoles el medio O Globo dio a conocer un nuevo capítulo del proceso político que comenzó con la destitución de la presidente electa de Brasil Dilma Rousseff. En diálogo con Marcha, Renata Mielli, coordinadora general del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación de Brasil, compartió su mirada.

Al días de haberse cumplido un año del golpe de estado que sacudió al país vecino y modificó el tablero político de la región, Brasil vuelve a estar en el centro de atención. Es a partir de las repercusiones que generó el audio publicado por O Globo el pasado miércoles. Este pone en evidencia un diálogo entre el empresario Joesley Batista, dueño de JBS -uno de los mayores frigoríficos del mundo- con el presidente no electo Michel Temer, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Allí, Batista da a entender la existencia del pago de coimas al ex-diputado Educardo Cunha, a cambio de su silencio ante la causa en la que el actual presidente se encuentra implicado. Vale aclarar que Cunha fue el promotor del impeachment que terminó con el mandato de Dilma Rousseff el 12 de Mayo del 2016.

Desde la llegada del gobierno de Temer diferentes factores influyeron para generar la actual crisis político-institucional. La profundización del programa neoliberal que implica la implementación de privatizaciones, la reducción de presupuesto para políticas públicas, la criminalización de la protesta social y de la pobreza, junto a la imagen negativa con la que ingresó el actual mandatario -que ya rondaba el 60% en su comienzo- funcionaron como un cóctel explosivo para desencadenar en el actual escenario. Fue en este contexto que el campo popular decidió mantenerse en las calles para exigir, en primera instancia, la salida de Temer con el llamado a elecciones directas. Y que continuó con un plan de lucha que abarcó desde la ocupación de ministerios hasta lograr la primer huelga general desde 1996, encontrando a millones de trabajadores y trabajadoras organizados en un mismo reclamo. En estos momentos, el pueblo brasilero sigue ocupando las calles exigiendo la salida del gobierno golpista.

A raíz de este panorama la mayoría de las lecturas concluyen en que el actual gobierno del PMDB tiene los días contados. Ya sea, a partir de que Temer presente su renuncia o de que se genere un nuevo proceso de impeachment en el parlamento. Ambas salidas del gobierno golpista darían lugar a tres caminos posibles para definir el desenlace de esta historia, de los cuales dos de ellos se encuentran actualmente en disputa. Por un lado, la oligarquía brasilera en alianza con O Globo, apuesta a la realización de elecciones indirectas entendiendo que tienen a su favor la composición del congreso. Por el otro, está el llamado a elecciones generales que, hace poco más de un año, integra el reclamo del pueblo organizado. En las cuales, según diferentes encuestas, si estas sucedieran hoy el ex-presidente Lula Da Silva del PT sería el candidato favorito.

Con el objetivo de comprender este reciente suceso y ampliar un poco los diferentes análisis que vienen circulando, Marcha dialogó con Renata Mielli, la coordinadora general del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación de Brasil que nos compartió su mirada sobre la situación actual que afronta el país.

“Hay todo un proceso para limpiar el golpe”

¿Qué factores influyeron para que sea la misma derecha la que haya impulsado la salida apresurada de Temer?

Las fuerzas de derecha que hicieron el proceso de impeachment contra la presidenta Dilma no escogieron a Temer, fue una imposición para los golpistas. Si bien no tenían mucha confianza en él, se trataba del vicepresidente e intentaron impulsar con él las reformas neoliberales. Desde el inicio del gobierno, con la formación de su gabinete, causó mucha resistencia porque no tuvo habilidad política, por ejemplo, al no incluir a las mujeres en su gobierno. La escuela de Temer representa la vieja política por eso no contó con el apoyo popular. El objetivo del proceso de impeachment no era una cosa personal contra Dilma o el PT, se trata de un plan más ambicioso, con el objetivo de reconducir y cambiar el proceso político en Brasil.

Pero con el gobierno de Temer rápidamente encontró un límite…

Después del impeachment las principales reformas no pudieron ser aprobadas en el Congreso y la base política del gobierno se fue deteriorando rápidamente poniendo en su contra a la sociedad. Las fuerzas de derecha no creen que el gobierno de Temer sea capaz de aprobar las políticas que les interesan, entonces hay un proceso para apartarlo y colocar en el poder una persona que cuente con la posibilidad de reunir apoyo de una base para hacer efectivas dichas reformas neoliberales que pretende instalar la élite económica de Brasil.

Entonces hay todo un proceso para limpiar el golpe. El proceso de persecución judicial contra Dilma, con la operación Lava Jato, conducido por la justicia y la policía federal, también salpica a la derecha. En esa línea hay relaciones y acusaciones donde aparece centralmente la figura de Temer y no se puede esconder más. Las dos cosas están muy entrelazadas. Si la sociedad acreditó todo el proceso contra Dilma, ¿cómo mantener en el gobierno una persona que también es denunciada por prácticas corruptas?.

En ese marco, ¿qué rol tienen los medios masivos de comunicación para la definición del rumbo político de Brasil?

El rol de los medios de comunicación en este proceso es central. Todo el momento de persecución contra Lula y Dilma fue por el papel de los medios, la cotidiana acción de deslegitimación de la política de desarrollo y de inclusión social implementada por el anterior gobierno configuró un odio profundo contra la izquierda y en particular contra el PT. Decimos acá que el golpe en Brasil fue un golpe jurídico-mediático. Los medios hegemónicos y monopólicos están alineados con la creación de un discurso antipolítica en el que instalaron la idea de que es preciso colocar una persona “ajena a la política”.

¿Qué lectura hacen sobre el accionar de la red O Globo al publicar el audio que acusa al actual mandatario de corrupción?

Con la reciente denuncia contra Temer hubo un tratamiento preferencial por parte de la red O Globo que también tomó una decisión de comunicación. Pienso que se preguntaron, ¿ante la actual situación, qué hacemos?, ¿vamos a ser el medio que de la noticia en primera mano o vamos a ser apurados por otros? Entonces trabajaron sobre esta decisión que, si bien no es confortable para ellos, pudieron aprovechar la situación. Ya que la creciente percepción de la población sobre la parcialidad y selectividad de los medios debía ser contrarrestada. En el momento en el que hacen la denuncia contra Temer y Neves inicia un “discurso de protección desde los propios medios”, queriéndose mostrar como ajenos y parciales. Es una situación muy delicada porque manipulan la opinión publica con el objetivo de recuperar la legitimidad que, en todos estos años de denuncias selectivas contra Lula y Dilma, fueron perdiendo. Entonces ante este escenario de crisis que se abre, la red de O Globo está haciendo campaña apartada del gobierno.

Apoyando las elecciones indirectas…

Exacto. Hay una defensa de la red O Globo para que las elecciones sean indirectas. O sea el parlamento brasilero, que tiene 69 integrantes investigados por la operación Lava Jato, sería el encargado de elegir al próximo presidente.

En ese contexto, ¿cuál es la respuesta del campo popular?

Desde los movimientos sociales estamos saliendo a las calles para no aceptar este proceso de reformas indirectas. Queremos votar y recuperar la soberanía del voto popular para que sea la sociedad la que decida el rumbo del país. No podemos aceptar que, por forma indirecta y desde un régimen autoritario, sea elegido el próximo presidente por más corto que sea su mandato hasta el proceso electoral.

El escenario político es muy incierto y hay mucha debilidad institucional. El papel de los movimientos sociales ahora es disputar ese rumbo en las calles y luchar para que sean convocadas nuevas elecciones presidenciales haciendo frente a este proceso político que es muy dañino para nuestra democracía y que tiene impacto para toda América Latina.

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Florestan Fernandes, uno de los más importantes sociólogos marxistas del siglo XX, nos alertaba sobre la capacidad anticipadora de nuestra clase dominante. Esta es una peculiaridad presente en tantos episodios históricos decisivos, como en la proclamación de la independencia, en la abolición de la esclavitud combinada con la “Ley de Tierras”, en la constitución de la República y en el golpe de 1964, que llegó antes de las anunciadas reformas de base. Sin hablar de la estratégica “abertura lenta, gradual y segura” al final de la dictadura militar. Sin duda, esa habilidad anticipadora es una característica que se afirma en su capacidad conspiratoria.

La semana pasada, una noticia paso casi desapercibida, limitándose a las columnas sociales. Los principales banqueros que operan en Brasil hicieron lugar en sus concurridas agendas para una cena con el ex ministro Nelson Jobim, actualmente consejero del [banco de inversiones] BTG Pactual.

No es un incidente casual. Ni la más poderosa huelga bancaria tendría fuerza para reunir tantos banqueros en un misma mesa. Crecen las articulaciones entre bastidores para apartar a Temer a partir del día 2 de enero y, a través, de elecciones indirectas, colocar a Nelson Jobim como nuevo gerente del golpe.

Es evidente que no será una jugada simple. Temer no facilitará ese movimiento. Un impeachment exigiría un largo período, trayendo incertidumbres económicas indeseables. Hasta una eventual acción del Supremo Tribunal Federal, tendría impactos arriesgados. Lo ideal para los conspiradores del “golpe dentro del golpe” es la renuncia. Debilitado por las recientes denuncias, elevarán al máximo las presiones para que Temer renuncie. Apuestan que cada vez es más fácil acorralarlo.

Necesitan realizar toda esa movilización sin amenazar la votación de la Reforma del Sistema de Seguridad Social, ofensivas contra los derechos laborales, vaciamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y de la Petrobras. O sea, no puede entorpecer la implantación del programa neoliberal que unifica el conjunto de los sectores económicos que patrocinan el golpe.

Elecciones indirectas

Así como en 1964, el golpe comienza a “devorar a sus hijos”. Esta vez, el aparato principal del Estado no son los militares. Estos, algunas veces salen haciendo “alertas” en tono de amenaza, como el caso del General Romulo Bini Pereira en el artículo publicado en el diario Estado de S. Paulo. Pero, ya no cumplen un papel central en el actual guión. Esta vez, el actor principal es el “Partido de la Lava Jato” [operación que investiga casos de corrupción en la petrolera pública, Petrobas], formado por policías federales, miembros del Ministerio Público y jueces, que pueden garantizar el “Estado de Excepción”, tan necesario para aplicar el conjunto de medidas impopulares en curso.

Un gobierno de Nelson Jobim, u otro que venga a ser elegido por las fuerzas económicas para ser escogido en “elecciones indirectas”, tendrá que apartarse de todo el desgaste acumulado en el 2016, buscando recomponer las fuerzas, desvinculándose de la imagen de corrupción, pero preparando las condiciones para la continuidad del golpe.

Es sintomático que frente todas las denuncias ofrecidas por la constructora Odebrecht, los grandes medios concentran su atención en la noticia de que “Lula se tornara acusado por quinta vez en tres operaciones diferentes”. Para el golpe cumplir su guión, precisan inhabilitar a Lula, mismo en el 2017, para que no participe en las eleciones presidenciales.

Que Florestan Fernandes nos ayude más una vez en este momento. Es preciso mantener nuestra intransigencia. Solamente las elecciones directas podrán devolver la soberanía popular. Así como los vampiros no soportan la luz, los golpistas huyen de las urnas.

*Ricardo Gebrim es de la dirección nacional de Consulta Popular. Artñiculo publicado originalmente en Brasil de Fato

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La cancha de la Escuela Nacional Forestan Fernanades (ENFF), en Guararema, interior de São Paulo, fue tomada este sábado por movimientos populares durante el acto en solidaridad al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). La movilización fue una respuesta a la represión truculenta de la policía, que el viernes invadió la ENFF.

La actividad contó también con la participación de políticos y legisladores como el ex presidente Lula, el senador Lindbergh Farias (PT;RJ) y e diputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), que realizaron discursos en defensa del MST y contra la violación de derechos en el actual contexto brasileño. Entre las demás personalidades, movimientos populares, organizaciones y sindicatos presentes en el acto se encontraban militantes del Levante Popular de la Juventud, de la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), del Sindicato de los Profesores de la Enseñanza Oficial el Estado de São Paulo (APEOESP)  y del Colectivo Democracia Corinthiana, compuesta por hinchas el equipo de futbol paulistano.

Representantes de organizaciones de 36 países también estaban en el acto, entre ellos de África de Sur, Egipto, Gana, India, Siria, Venezuela, Cuba y Palestina – siendo que los representantes de estos dos últimos países fueron ovacionados por el público. El acto se inició a las 15h, con intervenciones artísticas y musicales del MST y de representantes del Sindicato Nacional de los Metalúrgicos de África del Sur (NUMSA).

Rosana Fernanaes, integrante de la Dirección Nacional del MST y de la coordinación de la ENFF, abrió el acto. “Mucho más que prestar solidaridad, este es un momento de decir que la clase trabajadora eta viva. En este lugar simbólico reafirmamos nuestro compromiso y afirmamos que estamos resistentes, esperanzados y solidarios con la causa mayor: la liberación de a clase trabajadora en todas las dimensiones”.

Durante el discurso que cerró la actividad, el ex presidente Lula destacó sus recuerdos del velatorio del intelectual y político brasileño, Florestan Fernanaes, y se refirió  a la presencia de la violencia policial. “Yo recuerdo que durante su velatorio recibí la noticia de la masacre de la Vila Columbiária, 11 manifestantes el MST asesinados en Rondônia. Fuimos para allá, para ver los estragos que la policía había cometido. Yo, sinceramente, creía que ya habían pasado los tiempos en que en Brasil se viajaba realizando actos de solidaridad con las víctimas de desgracias”.

Lula también destacó la importancia de la unión de los movimientos populares en el contexto político actual. “Vine aquí para ser solidario e intentar discutir con ustedes lo que está sucediendo en Brasil, que es muy grave (…) Están pasando cosas extrañas justo en el momento en que Brasil se asomó como protagonista internacional. Cuando este país se animo a erguirse de forma modesta y decir ‘yo existo’, decir que tenemos una deuda importante con los africanos que no puede ser mesurada, y que no podemos mirar para Europa sin mirar para África”, dijo.

El senador Lindbergh Farias inició su discurso afirmando que también cree en la unión de los movimientos populares. “No creo que sea un acto aislado, nosotros no estamos viviendo un Estado de Derecho. Están dando un nuevo golpe en el país, un golpe continuado que usa la represión contra cualquier movilización social, o ataque y criminalización de movimientos sociales como el PT, la persecución a Lula. Tenemos una justicia selectiva que persigue organizaciones y partidos populares. Este acto, más que solidaridad, es un acto de coraje. No vamos a intimidarnos, vamos a resistir a la restauración el neoliberalismo”, afirmó.

El diputado federal Ivan Valente también  manifestó su indignación con la represión policial. “Este acto y lo que sucedió ayer, evidencia un momento muy serio de la política brasileña, mucha osadía del conservadurismo brasileño ataca un símbolo de la resistencia a la dictadura militar y de la reforma agraria, saltando la cerca y a los tiros. Tenemos que decir que no aceptamos represión en Brasil, vamos a luchar de cabeza erguida”.

Jandyra Uehara, secretaria nacional de políticas sociales y derechos humanos de la Central única de los Trabajadores (CUT), también cuestionó el Estado de derecho de la democracia brasileña, defendiendo la movilización continuada de los movimientos populares. “Estamos viviendo un estado de excepción y no tengo dudas de que tenemos que defender a nuestras organizaciones. Tenemos que tener solidaridad cotidiana y construcción colectiva. El acto convocado para el día 10 es muy importante para decir que no aceptamos ese retroceso. Tenemos que tener una agenda de lucha, que sea un noviembre rojo. Nosotros estamos vivos y nosotros resistiremos”.

La presidenta apartada Dilma Rousseff fue una de las innumerables personas que mandaron su solidaridad al MST después de los sucesos el viernes (4). “Es asustador que el retroceso que viene sucediendo en Brasil, iniciado con el Golpe, mantenga el peligroso curso de la construcción de un Estado de excepción en el País. La invasión de la Escuela Nacional Florestan Fernandes, ligada al MST, es un grave precedente. No hay porque admitir acciones policiales represivas que resulten en tiros y amenazas letales, aún más en una escuela. Tampoco es aceptable que criminalice al MST. No vamos a quedarnos callados delante de la banalización de la violencia del Estado contra quien quiere que sea”, afirmó en una nota.

El acto finalizó con los discursos de otros referentes y la entonación del himno del MST, que retumbó por la cuadra ocupada.

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Las elecciones municipales del domingo pasado en Brasil significaron un duro revés para el PT de Lula y Dilma. El partido de Michel Temer también tuvo una elección mediocre y el principal ganador de la jornada fue el derechista PSDB.

Más de 140 millones de brasileñas y brasileños acudieron el domingo a las urnas para elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales en los 5.568 municipios del país. Las elecciones eran una dura prueba para el Partido de los Trabajadores (PT). Fueron el primer llamado a las urnas luego del golpe parlamentario que destituyó a Dilma Rousseff y se desarrollaron en un clima de persecución judicial contra el PT, una ofensiva que busca que Lula no pueda presentarse a las presidenciales de 2018.

De las 26 capitales estatales, el PT sólo alcanzó una victoria en la amazónica Rio Branco (Acre) y competirá en el balotaje del 30 de octubre en Recife (Pernambuco). Pero lo más destacado es que no logró retener la alcaldía de San Pablo, su principal bastión. Su candidato, el alcalde actual Fernando Haddad, obtuvo sólo el 16,70% y la perdió ante el empresario y debutante electoral, Joao Doria, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien consiguió el 53,29% de los votos y logró imponerse en primera vuelta. Por la relevancia política y económica que tiene san Pablo, fue el resultado más llamativo y sorprendente de la jornada. Doria es un multimillonario que condujo en 2008 el reality show “El Aprendiz”, creado en Estados Unidos por el hoy candidato republicano Donald Trump. Por su parte, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el partido del presidente Michel Temer, terminó en cuarto lugar con un escaso 10,14%.

Con la victoria de los tucanes en San Pablo, se fortalece el PSDB a nivel nacional, y catapulta para las presidenciales de 2018 al mentor político de Doria y actual gobernador del estado, Geraldo Alckmin. Por su parte, el ex candidato a presidente, actual senador y presidente del partido, Aécio Neves, afirmó que “el PSDB ha logrado importantes victorias”. No es para menos, teniendo en cuenta que su partido gobernará una de las ciudades más importantes de América Latina.

El PT llegaba a estas elecciones golpeado, por los coletazos del golpe de Estado y por las investigaciones de corrupción que derivaron en nuevas detenciones a dirigentes de este partido. En las últimas elecciones municipales, realizadas en 2012, el PT fue el partido más exitoso cuando consiguió 640 alcaldías. Ahora apenas mantuvo la alcaldía de Rio Braco y disputará la segunda vuelta en Recife, capital de Pernambuco.

Otro ejemplo de esta crisis del PT es que en aquel año presentó 42.600 candidatos para concejales. En estos comicios, incluyendo alcaldes y concejales, presentó sólo 24.200.

El partido del presidente Michel Temer también sufrió un revés en estas elecciones. En Río de Janeiro, su candidato Pedro Paulo no pudo entrar a la segunda vuelta al obtener un 16,12%, quedando en tercer lugar. El pastor conservador Crivella, quien consiguió el 27,78% de los votos, y el candidato del PSOL, Marcelo Freixo (18,26%), un duro crítico de Temer, disputarán la segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Al PT también le fue mal, apoyó a la candidata del Partido Comunista Jandira Feghali, quien consiguió un escaso 3,34% de los sufragios.

Ante los militantes que festejaban el pase a segunda vuelta, Freixo manifestó: “Derrotamos al PMDB en honor a la democracia brasilera”. En esta ciudad, el ausentismo, los votos en blanco y los votos nulos significaron el 33% del total de votos. Una estadística llamativa que refleja el descontento de la sociedad con la clase política en general.

La ciudad sureña de Porto Alegre también fue un golpe para el PT y una victoria parcial para el PSDB, ya que habrá segunda vuelta. Nelson Marchezan Junior (PSDB) obtuvo el 29,84% y disputará la segunda vuelta con el candidato del PMDB, Sebastiao Melo, quien alcanzó el 25,93% de los votos. De esta manera, será la primera vez en la historia que habrá un tucano en segunda vuelta en Porto Alegre. El candidato petista, Raul Pont, quedó tercero con un 16,37%.

En Salvador, la capital de Bahía y la ciudad más grande del Noreste brasileño, la alcaldía la retuvo con el 73,99% de los votos el conservador Antonio Carlos Magalhaes del partido Demócratas, quien aparece como fuerte candidato a gobernador en 2018. En esta ciudad, el PT apoyó a Alice Portugal, del Partido Comunista, quien salió segunda con un 14,55% de los votos.

En Recife, capital del estado de Pernambuco, habrá segunda vuelta entre Geraldo Julio (PSB) que alcanzó el 49,34% y el petista Joao Paulo que obtuvo el 23,76%. En Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, también habrá segunda vuelta. El candidato del PSDB, Joao Leite, consiguió el 33,40% y enfrentará al candidato del Partido Humanista de la Solidaridad (PHS) Kalil que alcanzó el 26,56%.

Cabe recordar que estas elecciones se desarrollaron en un clima tenso marcado por la violencia que azotó a los candidatos durante toda la campaña electoral. Unos 20 candidatos fueron asesinados en los últimos meses, más de la mitad de ellos en el estado de Río de Janeiro. Debido a esto se desplegaron 25 mil militares en 448 ciudades de 16 estados.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gilmar Mendes, afirmó en la previa que estas elecciones eran “las más violentas” de los últimos años y puso especial énfasis en Río de Janeiro “donde el crimen organizado, las milicias y los narcotraficantes participan en el escrutinio y tienen candidatos”.

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Finalmente, este miércoles la historia de Brasil se partió en dos.

Como en aquella noche del 31 de marzo de 1964, los dueños de todas las cosas despacharon de arrebato a los inquilinos legítimos del Palacio de Planalto en un sainete vergonzosamente fraudulento. Esta vez no hicieron falta las botas militares ni el protagonismo tan activo del Tío Sam. El putrefacto, elitista y machista sistema político brasileño lo hizo posible. Secundado, claro está, por los cañones del leviatán mediático y su cabeza de Globo, que aportaron la necesaria cuota de blindaje y anestesia.

Luego de 112 días de farsa jurídica, el trabajo sucio en la estocada final lo asumieron los 61 senadores que eligieron colgarse la mochila eterna del golpismo a cambio de un puñado de favores para sus negociados. Misma tragicomedia que habían protagonizado 367 diputados aquel 17 de abril. En buena parte de ellos, la prebenda pasa también por una eventual inmunidad judicial: 41 de los 81 senadores y casi un tercio de los diputados está salpicado en casos de corrupción.

Lo mismo que el conspirador Michel Temer y su tropa. Quien ahora tendrá la banda presidencial hasta fines de 2018 está vinculado al escándalo de Petrobras: en una delación premiada, el empresario Marcos Odebrecht (preso por este caso) aseguró que Temer le pidió más de 3 millones de dólares para campañas de su partido.

Directivos de la misma empresa admitieron que el entramado de corruptela arrancó en la campaña presidencial del actual canciller José Serra en 2010. Por si acaso, tres ministros de Temer ya debieron renunciar por escándalos similares. Y ni hablar de Eduardo Cunha, principal autor intelectual del impeachment, suspendido por la Corte Suprema como presidente de la Cámara Baja por delitos ostentosos.

Es cierto que la huella de corrupción inunda a toda la clase política brasileña, incluida parte de la dirigencia del PT (decía el periodista Pompeu de Toledo que “la corrupción forma parte de nuestro sistema de poder así como el arroz y el fríjol de nuestras comidas”). Pero no menos rigurosa es la inocencia de Dilma, a quien no se le consiguió probar delito alguno. Tan floja de papeles fue la imputación, que las irregularidades fiscales por las que se la destituye fueron practicadas por todos los gobernantes de los últimos 20 años, incluido el propio relator del impeachment, Antonio Anastasia, quien durante su gestión como gobernador en Minas Gerais las cometió 51 veces…

La historia la absolverá

El discurso de defensa de Dilma el pasado lunes estuvo cargado de una lucidez y una fuerza moral admirable. Sin efumemismos, describió el proceso como una “grave ruptura institucional, un verdadero golpe de Estado. Un golpe que, una vez consumado, resultará en la elección indirecta de un gobierno usurpador”.

También dejó al desnudo que “la ruptura democrática se da por medio de la violencia moral de pretextos constitucionales para que se otorgue apariencia de legitimidad al gobierno que asume sin el aparo de las urnas. Se invoca a la Constitución para que el mundo de las apariencias encubra hipócritamente el mundo de los hechos”. Y sintetizó las implicancias del golpe: “Lo que está en juego no es sólo mi mandato sino el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño. Lo que está en juego son las conquistas de los últimos 13 años”.

En efecto, la conspiración político-judicial-mediática que se llevó puestos 54 millones de votos vino a imponer el proyecto económico derrotado en las últimas cuatro elecciones. A desandar las conquistas sociales (progresistas, ni siquiera transformadoras) desplegadas desde que asumió Lula en 2003, a reinstalar el modelo neoliberal noventoso que impulsaron Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso.

Como sintetizó la senadora Regina Souza, era una batalla entre la Bolsa Familia (principal programa social) y la Bolsa de Valores. La victoria estaba cantada.

Los dilemas del PT

Pasado el duelo de tremendo cachetazo, el PT y las fuerzas que lo acompañan deberán afrontar una necesaria autocrítica para analizar con precisión la etapa que se cerró este miércoles.

Van algunos posibles interrogantes al respecto: ¿Qué hubiese pasado si se escuchaba con más audacia el clamor de la reforma al sistema político? ¿Con qué estrategias enfrentar a una maquinaria de poder legislativa controlada por la elite empresario-evangélica? La supuesta indispensable alianza con el centroderechista PMDB, ¿no terminó siendo un salvavidas de plomo? ¿Es ineludible la fórmula de conciliación de clases para llegar al gobierno y mantenerse? ¿Cuánto influyó no atreverse a democratizar el esquema comunicacional y combatir el monopolizado terrorismo mediático? ¿Por qué no se apostó a sostener el proyecto en el protagonismo y la movilización popular?

Tal vez en las deudas pendientes se podrán encontrar algunas pistas para recalcular y reimpulsar las fuerzas del progresismo brasileño. No todo está perdido: quien aparece hoy con mejores chances para las presidenciales de 2018 es nada menos que Lula.

La consumación del golpe tiene, sin dudas, un gran impacto en América Latina. No sólo por la descomunal influencia del gigante del Sur como primera economía regional. El giro en política exterior –encabezado por el canciller Serra- trastocó la correlación de fuerzas en el escenario diplomático. La ofensiva contra Venezuela en el Mercosur, articulada junto a Argentina y Paraguay, evidencia un plan continental monitoreado desde Washington cuya principal obsesión es tumbar la revolución bolivariana. De la capacidad de rearticulación de las fuerzas progresistas y populares y de la resistencia que logren los pueblos en las calles dependerá que esta ofensiva conservadora se pueda revertir.

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Lula asume hoy como jefe de Gabinete en Brasil en medio de una grave crisis política y económica, y con fuertes protestas opositoras de fondo. Aquí un análisis de la compleja etapa que atraviesa el Gigante del Sur.

En un país tan heterogéneo como Brasil, diverso y cambiante, el grado de densidad de la autoridad presidencial, su investidura, se convierte en un factor fundamental a la hora de establecer el ritmo del proceso político y la definición de las diferentes agendas. Al respecto, lo que ha ocurrido de un tiempo a esta parte –y de forma más acelerada, desde el año pasado hasta la fecha- recesión económica, dispersión ideológica y crisis de la representación mediante, es que el poder presidencial se ha licuado de tal forma que ha perdido su capacidad de iniciativa. Hoy en día, la dinámica del sistema pareciera provenir desde factores de poder con intereses propios (medios de comunicación, entidades empresariales, intereses extranjeros, entre otros) que, en un avance progresivo, han dejado a la voluntad política gubernamental en un verdadero impasse. Un impasse político que, si no se toman los recaudos necesarios, irá abriendo camino para una cada vez más acentuada colonización privada del Gobierno; la expansión del PMDB sobre el escenario político es precisamente expresión de este retroceso.

Las movilizaciones y sus organizadores

Manifestaciones tan multitudinarias como las del domingo pasado nunca pueden tener un único principio convocante, ni una consigna abarcadora, ni un actor fundamental que las vehiculice; cuando las cifras son tan expresivas se desbordan parcialmente las racionalizaciones que se quieran hacer sobre el asunto y las conjeturas resultantes. Sin embargo, lo que sí no ha sido, en este caso, es una movilización espontánea como las que se verificaron, en mayor o menor grado, en junio del 2013. Aquí la preparación y la planificación son elementos que deben ser considerados, como así también merece cierta observación el propio lugar donde ésta fue más contundente: en la circunscripción electoral que corresponde a la Avenida Paulista –en la Ciudad de San Pablo– Dilma Rousseff obtuvo en la última disputa presidencial uno de sus peores registros de todo el país: fue derrotada por Aecio Neves por 86,68% de los votos.

Sobre esta cartografía, y como elemento agregado a una caracterización de la marcha sobre la Avenida Paulista, hay que identificar el carácter (de clase) de los organizadores: durante las semanas previas, buena parte de las entidades empresariales de la ciudad de San Pablo y del Estado de San Pablo decidieron comprometerse fuertemente en la movilización, no sólo con mensajes privados a sus asociados, sino dando a conocer públicamente los fundamentos de su presencia para el 13 de marzo: la Federación de Industrias de San Pablo (FIESP) insistió con su consigna “basta de pagar el pato”; la Asociación Comercial de San Pablo (ACSP) imprimió cientos de remeras con el slogan “empresario aparezca, antes de que desaparezca”; el Sindicato de Empresas de Compra, Venta y Alquiler de Inmuebles de San Pablo (Secovi-SP) llamaba a “Cambiar Brasil”; el Presidente de la Asociación Brasileña de la Industria Química (Abiquim), Fernando Figuereido, pedía los días previos por “una salida rápida para la crisis política”.

Entidades gravitantes en el PBI nacional, muy gravitantes, decididas a tomar acción directa sobre el escenario político; como el Presidente de la Sociedad Rural Brasileña (SRB), Gustavo Junquera, para quien el país estaba en un “desgaste final”; o la red gastronómica Habib`s, que distribuyó por varias ciudades 150 mil carteles con la inscripción “Quiero mi país de vuelta”. Frente a semejante apuesta organizativa, del pasado domingo debe registrarse un hecho, para nada secundario: que las diversas fracciones de la burguesía también se valen de las calles como instrumento de avance para sus posiciones.

Brasil y la geopolítica mundial

Como bien se supo tiempo después, al desclasificarse ciertos archivos, J. F. Kennedy y Lincoln Gordon –el embajador estadounidense en Brasil en aquél entonces- diseñaron, frente al rumbo político que tomaba el país, un “Plan de Contingencia para Brasil”, instrumento que no escatimaría en recursos a la hora de financiar desde candidaturas electorales de opositores, prensa y difusión, o acciones más directas, como llevar la flota del Comando Sur al Puerto de Vitoria o costear el ingreso de “civiles” al territorio brasileño: sólo entre los años 1962-1963 los controles migratorios registraron la entrada de más de 5000 ciudadanos de EEUU al Brasil, muy por encima de la media de los años previos.

Más de medio siglo después, las circunstancias son completamente diferentes, como también lo son las formas en que se ejerce la diplomacia internacional o la expansión de los intereses de cada país; sin embargo, esto no implica desconocer las variadas formas de presión a las que se ven expuestos los países periféricos cuando arriesgan, aunque sea de forma tenue, colocarse en ciertas posiciones de autonomía en materia de geopolítica mundial, o incorporarse a bloques emergentes -como hizo el propio Brasil al ingresar a los BRICS.

Tanto el ingreso de Brasil a los BRICS como la regulación (soberana) que hizo sobre su producción del petróleo del Pre-Sal –el mayor descubrimiento de reservas de petróleo del Siglo XXI- en el 2010, le valieron al país –y a Lula y a Dilma- no sólo un cambio de consideración por parte de la “comunidad internacional” sino también el menos delicado y directo espionaje que la NSA le dedicó (como lo evidenció Wikileaks en el 2013) a la propia Presidenta y a Petrobrás.

No son las mismas circunstancias que hace medio siglo, pero cada vez son más las informaciones que muestran, por ejemplo, la capilar presencia en territorio brasileño de la USAID o de la National Endowment for Democracy, o de ONG`S diversas de fondos diversos, en el entramado comunicacional y partidario del país. Políticos, comunicadores o referentes, como Kim Kataguiri, el organizador del Movimiento Brasil Libre (uno de los principales convocantes en las redes sociales a las manifestaciones), cuya carrera y reconocimiento como mediador socio-cultural fue financiada por la dudosa Students for Liberty, una fundación que se dedica a la “promoción de los valores de la libertad en los jóvenes” en todo el planeta. Hoy Kim Kataguiri es columnista del principal diario brasileño – Folha de Sao Paulo – en otra de esas casualidades que moldean la actualidad brasileña; recorrido similar al de Oscar Torrealba, ahora columnista de El Universal venezolano y fundador de JAVU (Juventud Activa Venezuela Unida), uno de los puntales juveniles de la oposición al Presidente Nicolás Maduro.

Poder de clase y presencia extranjera: evidentemente el impasse político en el que se encuentra Brasil ha ganado densidad histórica; la eficacia de las presiones –internas y externas- dejan cada vez menos margen de maniobra al ya debilitado Gobierno de Dilma Rousseff. Sin embargo, no siempre los vectores de los acontecimientos confirman la trayectoria: quizás el revitalizado discurso (y presencia en la escena pública) del propio Lula pueda convertirse en ese punto de partida ideológico que redefina la dialéctica venidera. A diferencia de lo que sucedió frente al escándalo del “mensalao” en el 2005, en el que el mismo Lula pidió disculpas y aceptó que podía haber sido traicionado, su respuesta frente al escándalo del “Lava-Jato” ha sido completamente diferente: rodeado de micrófonos tras su declaración forzada del viernes 4 de marzo, con toda su irritación de clase a cuestas, le apuntó a O`Globo, a Veja y a esos que, se sabe, son parte constitutiva de los problemas cotidianos de las grandes mayorías brasileñas. No es poco.

*Politólogo e investigador. Artículo publicado originalmente en Celag

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