El domingo hay elecciones en Paraguay y el cerco mediático contra uno de los países más olvidados de Nuestra América nos sugiere un recuento histórico de sus principales acontecimientos políticos, así como un necesario análisis sobre lo que allí está en juego para el movimiento popular. Lucho Baños, analista internacional, comparte en Marcha cinco claves para leer esta coyuntura.

1- Fuerzas sociales y proyecto de país

La dictadura de Stroessner (1954-1989) fue la más larga de América en el siglo XX, apoyada por una oligarquía formada por terratenientes (la desigualdad en la propiedad de la tierra es la mayor del continente), burguesía importadora y cúpula militar formada en un anticomunismo visceral y en la Doctrina de Seguridad Nacional impartida por los EEUU. Ese siguió siendo el bloque social en el poder tras la salida de Stroessner del gobierno: la herencia de la dictadura sigue muy viva.

En la última década ha sido contestada crecientemente, con dos sectores sociales como punta de lanza en la lucha por la soberanía y el desarrollo nacional: la juventud urbana formada en el movimiento estudiantil del 2015 y el campesinado. Las disputas por la tierra son muy intensas, sobre todo en la frontera agrícola por el avance del monocultivo sojero y la penetración del capital brasilero, y han sido el caldo de cultivo de la creciente implantación en la frontera con Brasil de la organización político-militar Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

2- El golpe parlamentario del 2012

Dos partidos, el Colorado (o ANR) y el Liberal, se repartieron el Estado durante el siglo XX. El Colorado (partido al que pertenecía Stroessner) fue gobierno por un periodo ininterrumpido de 60 años.

Esa continuidad se rompió en 2008 por una alianza entre un cura de la teología de la Liberación con poco músculo partidario detrás (Fernando Lugo) y sectores del PL que en 2012 lo depusieron ( por llevar a cabo una tímida reforma agraria y promover la integración continental) haciéndole un juicio político en el Parlamento y nombrando como presidente a uno de los suyos (su ex-vicepresidente Federico Franco). Una maniobra similar (salvando las distancias) a la del PMDB respecto a Dilma en Brasil.

Tras el breve interregno de Franco, asumió el actual presidente, el empresario Horacio Cartes, representante de los intereses oligárquicos, que hizo su fortuna al alero del stronismo y acusado de vínculos con el contrabando y otros ilícitos.

3- Particularidades del sistema electoral paraguayo

No existe posibilidad de re-elección presidencial, ni consecutiva ni no consecutiva. Tampoco existe segunda vuelta presidencial: el candidato más votado el domingo sería investido presidente en agosto.

Las imágenes que el año pasado dieron la vuelta al mundo, de manifestantes quemando el Congreso, eran en respuesta a una iniciativa del presidente Cartes para reformar la Constitución y permitir la re-elección, una propuesta que dividió a todos los partidos (tanto tradicionales como alternativos) a favor y en contra de ella. Lugo, una de las figuras políticas con mayor popularidad y mejor posicionadas en las encuestas, estuvo entre quienes apoyaron la reforma, porque le abría la posibilidad de volver a postularse. Eso produjo un tsunami en su propio conglomerado, el Frente Guasú (Amplio, en guaraní).

La reforma fracasó por la oposición transversal que provocó, pero causó daños y realineamientos al interior de las distintas fuerzas políticas.

4- Los partidos ante el escenario electoral

Hay dos candidatos con posibilidades de llegar a la presidencia.

En las primarias coloradas se impuso otro admirador de Stroessner, Mario Abdo Benítez.

El partido liberal llegó a un acuerdo electoral con el Frente Guasú de Lugo, que les da opciones de confrontar con ciertas posibilidades de éxito a la ANR. Efraín Alegre (que ya fue carta liberal en 2013) será el candidato a la presidencia y el empresario y comunicador Leo Rubin (propuesto por el FG) le acompañará en la fórmula GANAR.

Esas fuerzas también serán las que compitan por hacerse con la mayor cantidad de asientos en las dos cámaras del Congreso.

Por fuera de los dos grandes pactos electorales, con una considerable capacidad de movilización y arraigo en el medio rural se articula el Congreso Democrático del Pueblo del que participa el Partido Comunista junto a otras fuerzas políticas y organizaciones de masas, que está llamando a boicotear las elecciones por considerar que no hay garantías para la participación.

5- ¿Qué se juega el domingo en Paraguay?

En caso de que gane el Partido Colorado, un afianzamiento y profundización de la ofensiva del bloque en el poder abierta en 2012 (y en el plano internacional un alineamiento irrestricto con EE.UU. y la oligarquía paulista).

En caso de que le vaya bien a GANAR, algo de oxígeno para las fuerzas democráticas y populares del país y de América Latina.

—

*Analista internacional, con un pie en América Latina y otro en Andalucía. Participa desde hace 20 años de movimientos populares rurales y urbanos y últimamente ha desempeñado responsabilidades en el área de la Economía en gobiernos locales.

Source

El próximo 1 de octubre la Generalitat (gobierno regional de Cataluña), con la aprobación del Parlamento regional, ha convocado un referéndum en el que se le consultará a los electores la siguiente pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.

No es el primer cuestionamiento a la integridad territorial del Estado español (de hecho desde las guerras de independencia americanas de principios de siglo XIX no ha dejado de perder territorio) ni el único desafío a ella de los últimos años (en 2014 la Generalitat ya convocó una consulta, pero a diferencia de ahora acató su prohibición por el Tribunal Constitucional, y los vascos han intentado varios procesos soberanistas, de los cuales el llamado “Plan Ibarretxe” del 2004 fue el que más lejos llegó), pero la diferencia de éste es su profundidad, planteando abiertamente la desconexión unilateral e incondicional si es que en el referéndum triunfa el “Sí”.

La “cuestión nacional” en España hunde sus raíces en su propio proceso de construcción como Estado moderno. A diferencia de la mayoría de Estados europeos, durante el siglo XIX España no avanzó en su resolución, y se mantuvo hasta el presente una tensión entre centralismo y federalismo, entre uniformidad y plurinacionalidad. De hecho, la Guerra Civil de los años 30 no sólo fue una lucha entre proyectos sociales, sino también la continuación de la lucha entre ambas concepciones del Estado, que ya se había manifestado durante las “guerras carlistas” y que, con la pérdida de las últimas colonias en América, en 1898, se volvió a reabrir.

Durante los 40 años de dictadura de Franco alcanzó su apogeo la concepción centralista y uniformadora: se eliminaron las instituciones de autogobierno de las nacionalidades históricas y se impuso el castellano como idioma obligatorio en el ámbito público (persiguiendo al vasco, el catalán, el gallego…). Como reacción, se produjo un fuerte resurgir de los nacionalismos periféricos que alcanzó su punto más alto (hasta el momento) durante la transición a la democracia.

Además, Cataluña (un territorio en el que viven casi 7 millones y medio de personas, de las cuales la mitad se concentran en el área metropolitana de Barcelona) tiene, como el País Vasco, un Estatuto de Autonomía con amplias atribuciones legislativas, operacionales y fiscales, un nivel de renta superior y un tejido económico diferente al del resto de España, con mayor dinamismo desde su industrialización temprana (acompañada de constitución de clase obrera fabril y adopción de tecnología punta), así como altos niveles de politización y asociatividad y señas de identidad muy marcadas, entre ellas un idioma propio. Es una sociedad que, en líneas generales, tiene una alta conciencia de su hecho diferencial y se siente más cercana a Europa que a Madrid.

En los últimos años, los efectos de la crisis subprime del 2008, particularmente fuerte y con características crónicas en el sur de Europa, volvieron a agitar, en el tejido económico catalán, la necesidad de un pacto fiscal más ventajoso con el Estado central. Ese factor, alimentado con las políticas económicas, jurídicas y culturales del Partido Popular (heredero del franquismo y en el gobierno desde 2011), explican en buena medida el auge del soberanismo catalán que ha llevado a este escenario, escalando desde la propuesta de un nuevo Estatuto de Autonomía con más atribuciones (aprobado en 2006 y rechazado parcialmente por el Tribunal Constitucional en 2010 tras ser impugnado por el PP) a un referéndum de secesión unilateral.

La intransigencia del PP (y el seguidismo a él del PSOE) frente a las propuestas provenientes de las instituciones catalanas fueron aumentando la tensión y abriendo el abismo entre las instituciones españolas y las catalanas.

En el momento clave del conflicto, en 2012, cuando la propuesta secesionista comenzó a abrirse paso, en lugar de intentar llegar a un acuerdo con el gobierno y el parlamento regional catalán que fijara las condiciones para un referéndum viable (como hicieron, por ejemplo, británicos y escoceses en 2014), el gobierno de Rajoy optó por la vía de la confrontación, alimentando el afán independentista de franjas de la población catalana que antes se sentían tan catalanas como españolas o eran indiferentes.

Aunque estratégicamente, como política de Estado, haya sido un desastre, como política de supervivencia partidaria ha resultado un acierto. Debido a su actitud negadora de la plurinacionalidad, el PP es una fuerza política minoritaria en Cataluña y País Vasco, pero en el resto de España esa actitud le sirve para cohesionar a su electorado: es una forma de contrarrestar su descrédito por la corrupción y por el empeoramiento en las condiciones de vida de las franjas sociales más pobres.

Cuenta a su favor con el liderazgo en este campo sobre las fuerzas políticas de ámbito español. De las otras tres fuerzas políticas relevantes, el PSOE critica que no se hayan hecho más esfuerzos para evitar llegar a este punto, pero avala la actuación de Rajoy, Ciudadanos (partido que de hecho nació contra el nacionalismo catalán) la aplaude y sólo Unidos Podemos (UP) plantea el derecho de autodeterminación de Cataluña, planteando que su posición no es a favor de la independencia sino de un Estado plurinacional.

Además de esas 4 fuerzas, en el ámbito catalán existen 3, todas ellas apoyando el voto al “Sí”: una de derecha (Convergencia), otra socialdemócrata (ERC) (unidas en la plataforma “Junts pel Sí” de cara a las elecciones al Parlamento catalán del 2015 para impulsar este referéndum de autodeterminación) y una de izquierda anticapitalista (la CUP). Las dos primeras forman el gobierno regional catalán que ha convocado la consulta y la tercera lo apoya críticamente. En el Parlamento catalán la suma de estas fuerzas alcanzó el 47% de los votos emitidos, pero su representación fue mayor:

– Partidarios del referéndum y del voto por el “Sí” a la independencia: Junts pel Sí 62 + CUP 10: 72 diputados
– Contrarios al referéndum: Ciudadanos 25, PSOE 16, PP 11: 52 diputados
– Partidarios del derecho a la autodeterminación pero no de la independencia, sino de una reforma del Estado: la versión catalana de UP (que está muy tensionada en torno a qué posición tomar respecto al referéndum): 11 diputados

Con base en esta correlación de fuerzas es que el Parlamento aprobó el 6 de septiembre la convocatoria de referéndum, con 72 votos a favor, 11 abstenciones y el abandono de la sala de 52 diputados.

Desde entonces comenzó la ofensiva del Estado para evitar la celebración de la consulta. Además de declarar ilegal el referéndum, ha lanzado toda su maquinaria judicial, policial y comunicacional contra sus promotores, prohibiendo actos políticos, secuestrando publicaciones, cerrando locales y amenazando con inhabilitar a todos los cargos públicos que lo autoricen.

Con posterioridad al 1 de octubre, la evolución de la situación dependerá, más que de los resultados de la consulta, de la voluntad de diálogo entre ambas partes o la falta de ella, y la pelota está, en el actual momento de confrontación, en el tejado del gobierno español. Si se empeña en seguir dinamitando los puentes con la sociedad catalana (atacando su cultura y sus instituciones electas), se seguirá deteriorando la legitimidad del Estado español en Cataluña y la “cuestión catalana” seguirá en el centro de la agenda pública española. Eso objetivamente perjudicará a las fuerzas políticas que tienen su eje en la cuestión social o que no se sienten cómodas en la polarización entre nacionalismo español y catalán.

El movimiento que podría conducir a desbloquear la situación sería una reforma constitucional y un referéndum pactado en el que ambas partes se comprometieran a aceptar sus resultados, pero ese escenario en la España hegemonizada por el PP es altamente improbable, al menos en el corto plazo y mientras no varíen las correlaciones de fuerzas a nivel estatal, a no ser que medie una fuerte presión desde la Unión Europea para evitar las consecuencias imprevisibles de que siga escalando la confrontación.

—

*Analista internacional.

Source