Por Ignacio Marchini y Camila Parodi | Foto de Presidencia El Salvador

La Organización de los Estados Americanos (OEA) fue fundada en 1948, cuando el mundo empezaba la lenta reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial y durante los albores de la Guerra Fría. El organismo multilateral, que venía a reemplazar a la Unión Panamericana fundada 40 años antes, en conjunto con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), se constituyeron en las puntas de lanza para el “combate al comunismo” en todo el continente americano.

La organización con sede en Washington se ha consolidado como uno de los principales garantes de la política yanqui en la región. Lejos de la multilateralidad pretendida, la OEA ha funcionado desde hace 70 años como un agente del imperialismo norteamericano. Desde sentar las bases en la década del ‘50 para “contener la expansión del comunismo en América Central” y expulsar a Cuba en 1962 del organismo, hasta las declaraciones del actual Secretario General, Luis Almagro, que en 2019 calificó de “autogolpe” el levantamiento militar en Bolivia que terminó con el derrocamiento de Evo Morales, la OEA ha dejado en claro su doble vara a la hora de intervenir en la política interna de sus países miembro.

No le valieron las mismas condenas del organismo defensor de la democracia a los regímenes abiertamente fascistas de Fulgencio Batista en Cuba o de Anastasio Somoza en Nicaragua, así como hizo oídos sordos a los gritos de dolor de los pueblos de Chile y Argentina durante las brutales dictaduras de los años ‘70 y ‘80. El norteamericanismo desvergonzado de la OEA llevó a una crisis de legitimidad a finales de los ‘90 que promovió la generación de organismos de coordinación internacional alternativos, como el UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) o la más reciente CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que excluyen a los gigantes del norte.

Pero las limitaciones de los gobiernos de la región, sumados a la avanzada de la nueva ola neoliberal en América Latina, revitalizaron el viejo rol de la OEA. De la mano del uruguayo Luis Almagro, electo en 2015, el organismo volvió a tener un papel clave en la política exterior norteamericana de intervención en los gobiernos electos en Latinoamérica y el Caribe, con participaciones destacadas en la promoción de la derecha liberal en Venezuela y el golpe de Estado en Bolivia de 2019.

Luis Almagro, el camaleón

Pero, ¿quién es Luis Almagro? Se trata del actual Secretario General de la OEA que, hasta el año 2015 cuando asumió el cargo, se proyectaba progresista por su cercanía al gobierno del expresidente uruguayo Pepe Mujica. Previamente se había desempeñado en diferentes tareas en la Embajada de Uruguay en Alemania hasta el año 2003 y, desde el año 2004 hasta el 2007, trabajó en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ese mismo año fue designado como embajador de Uruguay en China, cargo que mantuvo hasta 2010 cuando el propio Mujica lo designó Canciller de su gobierno. Es de público conocimiento la relación política y afectiva establecida por Pepe Mujica con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando Almagro ejercía de Canciller.

¿Cómo fue la transición de la cancillería del gobierno más progresista que tuvo el Uruguay durante los últimos años hasta convertirse en el embajador de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe? Ciertamente su trayectoria en la historia de la política uruguaya da cuenta de su arte de “camaleón”. Camuflándose de gobierno en gobierno, Almagro sostuvo invicta su participación gubernamental por casi dos décadas, aunque ciertamente durante la gestión del Frente Amplio tuvo mayor protagonismo al asumir el cargo de canciller y representar al país en el exterior. En el marco de su gestión, el propio Almagro había reivindicado el gobierno revolucionario de Hugo Chávez en Venezuela y lo había posicionado como el mejor ejemplo de la región: “Ahí está la consolidación de un proceso que ha sido plenamente exitoso en su política interna y exitoso en su proyección internacional (..) ese es el camino”, afirmó en una entrevista realizada por TeleSUR en el año 2013.

No habían pasado ni tres semanas del fallecimiento del presidente Hugo Chávez que el canciller fue elegido como Secretario General de la OEA, con el apoyo de 33 de los 34 Estados miembros que la componen. En ese entonces, su candidatura fue apoyada por su propio gobierno, e incluso contó con el voto de Venezuela. Sin embargo, el nuevo cambio de color no se hizo esperar. Rápidamente se convirtió en los ojos de Estados Unidos en el continente. Inmediatamente se opuso al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, quien había sido el vicepresidente de Hugo Chávez y asumió tras su fallecimiento. Fue en ese entonces que el presidente José Mujica le escribió a Luis Almagro una carta con el objetivo de romper las relaciones que tuvieron hasta el momento: “Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”.

A partir de ese momento, su ya conocida gestión se centró en condenar los gobiernos progresistas de América Latina y El Caribe, con un particular ensañamiento con la Revolución Bolivariana en Venezuela. El año pasado, luego de 5 años de intervenir en los procesos democráticos del continente, Almagro volvió a ser elegido como Secretario General del organismo, esta vez, impulsado por Colombia y apoyado por Estados Unidos.

Sus intervenciones recientes: Venezuela y Bolivia

El 2019 fue un año clave en la agenda de la OEA. El reconocimiento del autoproclamado Juan Guiadó como presidente de Venezuela y la denuncia de fraude en las elecciones presidenciales en Bolivia, basadas en un informe preliminar de mínima dudoso, fueron llevados adelante por Almagro sin tapujos.

Al respecto, hablamos con la abogada y activista de Derechos Humanos de Venezuela, Maria Lucrecia Hernández, quien actualmente dirige la organización Sures. En diálogo con ella nos preguntamos cuál ha sido la actuación de la OEA en los procesos electorales de las democracias latinoamericanas, a través de lo que ellos llaman las “misiones de observación electoral” y, puntualmente, la misión que se va a constituir en El Salvador en el marco de las elecciones legislativas y municipales. La activista sostiene que “hay que recordar el desprestigio de estas misiones dirigidas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro”, ya que “la experiencia de la observación electoral en Bolivia es clave para comprender toda la mecánica injerencista que ha tenido la OEA”. Se refiere al informe preliminar de la OEA que, con metodologías estadísticas criticadas por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) de Estados Unidos, declaró que hubo fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia. Almagro no dudó en calificar de “autogolpe” a la destitución de Evo Morales y la posterior persecución de integrantes de su partido, el MAS. Hernández explicó que “la elaboración de un informe forjado con testimonios y pruebas falsas, alimentado por los medios de comunicación masivos, dio el marco para el golpe de Estado contra Evo Morales y el posterior ascenso ilegal de Jeanine Añez. La persecución y los asesinatos que llevaron a cabo en Bolivia son con la complicidad de Almagro, como muchas veces se ha denunciado, como actor clave dirigido desde Washington”.

Para la abogada, el reciente triunfo electoral de Lucho Arce en Bolivia, con más votos que Evo Morales en 2019, “echó al piso esta tesis de fraude promovida por Almagro. Lo que pone al descubierto, obviamente, el carácter conspirativo que viene desarrollando la OEA en los procesos y en las democracias populares de América Latina”.

En el caso de Venezuela, la abogada afirmó que “se han pronunciado contra todos los procesos electorales que se desarrollaron, los cuales han sido abiertamente democráticos y donde el voto popular ha demostrado un apoyo a las políticas que se vienen desarrollando en Venezuela. Hemos visto durante los últimos años cuál ha sido el papel de la Organización de Estados Americanos, alineada con el gobierno imperial de Estados Unidos”.

El Salvador: Un circo para la leona

Hoy se celebran elecciones legislativas y municipales en El Salvador. Se prevé un triunfo cómodo para el partido oficialista del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, lo cual preocupa bastante a los partidos más tradicionales de izquierda, ya que se reduciría notablemente el contrapeso del Legislativo en el accionar del Ejecutivo. El asesinato hace pocos días de dos militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de izquierda del cual provenía Bukele, fueron la expresión más clara de un clima de tensión y violencia política que empañan las elecciones. Ese mismo Congreso que fue tomado por el propio presidente Bukele junto a las fuerzas militares hace exactamente un año, hoy podría convertirse en una nueva sede para su política neoliberal y millenial.

Sobre ese tema se explayó la abogada Hernández: “Conocemos el historial de violencia que se registra en las últimas décadas en El Salvador. Estamos ya a 29 años de la firma de los acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin a la guerra en El Salvador y que generaron esperanza en mucha gente de que sus vidas mejorarían. La guerra civil en El Salvador dejó al menos 75.000 muertos y 8000 desaparecidos durante la década de los 80. Y la actuación de Estados Unidos fue encubrir las violaciones de derechos humanos, tal como se evidencia en los documentos clasificados de los archivos de Washington. Esta impunidad todavía gravita en la población salvadoreña”.

En otro guiño a las fuerzas políticas de derecha, la OEA designó como jefa de la misión de veedores electorales a María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires que, en alianza con Mauricio Macri y el resto de la coalición Cambiemos, llevaron adelante un ajuste económico sin precedentes en la historia reciente y la profundización del ala represiva del Estado a niveles críticos.

El embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, criticó la decisión del organismo por considerarlo faccionalista, dada la pertenencia de Vidal a un partido, ya que la misma va en contra del Manual para misiones electorales de la propia OEA, que señala que no deberán elegirse personas que en ese momento se desempeñen en la dirección nacional de un partido político.

Fuentes

https://www.nuso.org/articulo/el-nuevo-rol-de-la-oea-regreso-del-americanismo/

https://www.nodal.am/2019/11/organismo-multilateral-interamericano-o-ministerio-de-las-

colonias-por-alvaro-verzi-rangel-especial-para-nodal/

La OEA y las elecciones en Bolivia – Informe de CELAG

https://www.telesurtv.net/news/Pepe-Mujica-dijo-adios-a-Almagro-en-esta-carta-20160618-0019.html

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Por Redacción Marcha |

Un nuevo estudio realizado por investigadores independientes de los EEUU, que utilizó datos obtenidos por The New York Times del Órgano Electoral Plurinacional, descubrió que el análisis estadístico sobre las elecciones presidenciales de octubre de 2019 en Bolivia, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) era defectuoso. El estudio resalta que no hay evidencia estadística de fraude, que se utilizó un conjunto de datos incorrectos y un método estadístico inapropiado.

“Una mirada cercana a los datos electorales bolivianos sugiere que un análisis inicial de la OEA que planteó cuestiones de manipulación de votos, y ayudó a expulsar a un presidente, fue defectuoso”, inicia el informe que realizaron desde el periódico estadounidense. Según el NY Times, la conclusión de que el voto en favor de Evo Morales saltó inexplicablemente al final de la elección, se basó en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas.

El 23 de octubre de 2019, la Misión Electoral de la OEA emitió un informe preliminar en el que “recomendó”, sin fundamento técnico, la realización de una segunda vuelta electoral como la “mejor opción”. Este acto fue tomado por la derecha política, la élite empresarial boliviana y los grupos fundamentalistas para apresurar el Golpe de Estado, que ya estaba encaminado. El objetivo era claro: en lugar de atenerse a realizar una auditoría electoral técnicamente fundamentada, la OEA elaboró un informe cuestionable para inducir en la opinión pública una deducción falsa.

El secretario general del organismo, Luis Almagro, en la sesión del Consejo Permanente celebrada el 12 de noviembre, se refirió al respecto. Sin embargo, el incremento de la brecha de votos en favor de Evo Morales en el tramo final del conteo, se debió a las características sociopolíticas, geográficas y a las dinámicas de comportamiento del electorado boliviano.

“Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y encontramos problemas con sus métodos”, dijo Francisco Rodríguez, un economista que enseña estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane. “Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”. Los autores de esta nueva investigación -que se suma a varias-, señalaron que no pudieron replicar los hallazgos utilizando las mismas técnicas. Esto sugiere que la organización de Estados americanos utilizó un conjunto de datos incorrectos para llegar a su conclusión, dijeron los investigadores. Por su parte quienes participaron del análisis de la OEA, defendieron su trabajo, pero no lo apoyaron con datos.

De esta forma, la OEA, convalidó, en el siglo XXI, la instalación de una dictadura, siendo reponsable de las masacres contra quienes la resisten, la persecución político- ideológica, el encarcelamiento, el exilio y las proscripciones de hecho de las herramientas políticas que benefician a los pueblos. La OEA es el fraude. Y el delito, quitarle la soberanía y la libre determinación al pueblo boliviano.

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Ante la preocupación de los Estados Unidos por la perdida de su hegemonía sobre el continente americano por el avance de China, distintas acciones se han activado. Entre ellas, la de la invasión militar enmascarada de “intervención humanitaria” y el apoyo de su fiel amigo, Luis Almagro.

Las obsesiones son difíciles de curar, y aquello de lo cual el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se ve afectado, también haría que Sigmund Freud huya a Alaska. Y así, a pesar del repudio de sus declaraciones sobre una invasión militar en Venezuela, incluso por el Grupo Lima, no se detiene: “No me callo. Y no me iré hasta que la dictadura de Maduro haya caído “, dice, aunque en parte se retracta de las declaraciones hechas en nombre de la OEA.

La OEA, que es el Ministerio de colonias (como lo llamó en su momento Fidel Castro) trata de actuar en varias mesas, como es la naturaleza de estas organizaciones, cada vez más reducidas a una hoja de parra para los objetivos bélicos del capitalismo en crisis estructural.Las reacciones de Donald Trump a veces parecen incontrolables por los mismos altos mandos que lo respaldan en la presidencia de los EE. UU. Trump ni siquiera respeta los acuerdos de libre comercio estipulados con los otros países imperialistas. Y es evidente que hay un choque con resultados inciertos sobre la actitud que se debe tomar para que el continente latinoamericano vuelva al “patio trasero”.

Ante la pérdida de la hegemonía frente al avance de China en América Latina y a la reconfiguración de un mundo multipolar, Venezuela – rebosante de recursos estratégicos – está en el centro de la escena. Sin embargo, recurrir a la invasión militar, aun disfrazada de “intervención humanitaria” en las fronteras, no es un negocio que convenza a todos los actores involucrados.

La opinión de la derecha moderada, sea desde Caracas que desde Washington, invita a considerar los gastos que se deben pagar para hacer de Venezuela una nueva Somalia: altísimos, incluso para aquellos países neoliberales, como Colombia y Brasil, que impulsan “la alarma de los refugiados” en las fronteras.

Ahora, también se ha agregado la voz de Jesús Seguías, presidente de la agencia internacional de análisis Datincorp. Según el experto, dirigir un ataque contra Venezuela similar al emprendido contra Irak y contra Libia, causaría una “guerra asimétrica” y una operación similar a la implementada por el ejército iraquí durante la retirada de Kuwait, en 1991: la Operación Tierra Quemada, con la cual se destruyeron más de 700 pozos petroleros. En el caso de un golpe militar o invasión armada, según Seguías, el chavismo organizaría la guerrilla urbana y rural con el objetivo de destruir la industria petrolera del país.

Como prueba de sus afirmaciones, el experto cita las declaraciones hechas por los sindicalistas y trabajadores de PDVSA durante la violencia de la derecha en 2014: “Si el petróleo ya no puede ser del pueblo, no será tampoco para el imperialismo “. El analista también señala que para los gobiernos extranjeros no sería lo mismo lanzar bombas sobre guerrilleros en zonas remotas en una montaña o hacerlo en los centros urbanos superpoblados, como son los distritos de El Valle, Catia y Petare de Caracas. Acciones que serían “intolerables a los ojos de otras naciones”, dice.

Olvida agregar que a los Estados Unidos no le gustan los combates terrestres y las pérdidas que implican, prefiriendo siempre los drones o las guerras hechas por otros. Por esta razón, están presionando para provocar incidentes en las fronteras con Venezuela: especialmente en la frontera con Colombia, de 2.200 km de largo. Y para ello hay que construir consenso a la “diplomacia de la cañonera”, para oponerse a la diplomacia de paz con la que Venezuela esta desenmascarando las maniobras imperialistas, quando puede hablar en los organismos internacionales.

Atacar a Venezuela significa exponer a los Estados Unidos a otro Vietnam. En este sentido, los países del ALBA ya han tomado una posición. Y la visita de Maduro a China, donde fue recibido con todos los honores y donde ha firmado acuerdos bilaterales importantes, indica que China tendría mucho que perder, con el ataque a Venezuela, y con el nuevo regreso pleno de la hegemonía estadounidense en la región.

¿Pero los halcones del Pentágono que apoyan las locuras de Trump en el Pentagono sabrán cómo evaluar todo esto? Es cierto que, desde EE. UU. hasta Italia, nos encontramos en una fase de transformación en la que los sectores dominantes del gran capital internacional están reposicionando sus intereses y examinando las nuevas compatibilidades. Además, los grupos mafiosos que presionan por la opción belica tienen un gran poder.

El paquete de medidas aprobado por Maduro para desactivar la guerra económica está afectando a los grandes intereses. Tomemos, por ejemplo, la decisión sobre el precio de la gasolina. Hasta ahora, llenar un SUV en Venezuela ha costado menos que una botella de agua. Cada año, las mafias han desangrado al país transportando a Colombia gasolina equivalente a 16 mil millones de dólares. La gasolina es también la materia prima para la cocaína, de la cual Colombia es el principal productor en el mundo.

En una entrevista con Público, el embajador de Venezuela en España, Mario Isea, hizo los cálculos: una tonelada de esta droga requiere más de 10 galones de gasolina, osea alrededor de 40 litros. Con lo que llevar el precio de la gasolina a nivel internacional, pero manteniendo el subsidio de los venezolanos equipados con tarjeta magnética, es ahora todo un golpe para las mafias colombianas, apelmazadas en el poder y con enlaces en el paramilitarismo: y asi se elevó el tono de la conspiración.

Mientras tanto, los poderes fuertes extienden el control de los medios, fortalecen su papel en la política, como se ve en los grandes países latinoamericanos. Mientras tanto, preparan el nuevo tipo de golpe entrenando a la casta de magistrados, como lo hicieron antes con los gorilas militares de Cono Sur.

Italia, que siempre ha estado subordinada a la OTAN, como nos recuerdan las 130 bases militares conocidas desplegadas en el territorio, está a la vanguardia ofreciendo estructuras y saberes. Vale la pena recordar la conferencia organizada en Roma por el Ministerio de Asuntos Exteriores, titulada “Derecho y Seguridad en América Latina: estrategias, experiencias compartidas, las perspectivas de la cooperación”, que se celebró el 16 de diciembre de 2016 en presencia de la dirección de los Carabineros, de la policía Financiera y de muchos representantes -no realmente democráticos- de América Latina.

En esa ocasión, el único que ha mencionado las razones sociales que producen la inseguridad ha sido el representante de El Salvador, mientras que a la embajadora de Nicaragua, quien enumeró los problemas reales, se les permitió sólo unos pocos minutos quando la conferencia estaba casi desmovilizada. En ese momento, el entonces presidente colombiano Manuel Santos vino a pedir apoyo para la entrada de su país a la OTAN, un día después de recibir el Premio Nobel de la Paz.

Con la misma lengua bifurcada, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, ha llegado a Europa donde plantea “el grave problema de la emigración venezolana”: en Bruselas, en España y en Suiza, y con varias instituciones europeas e internacionales. Antes de partir, el representante de Bogotá fue a Nueva York, donde pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que creara la figura de un enviado especial para esta “crisis migratoria”.

España y la UE ya han asignado 35 millones de euros para desembolsar a los países que recibieron migrantes venezolanos. En Ginebra, el ministro colombiano se reúne con Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, Bachelet, ahora Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha continuado la línea anterior y dijo que “es necesario utilizar todos los medios posibles para tratar las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela”. Quién sabe cómo reaccionará si la ultraderecha chilena la lleva a los tribunales, reservándole el mismo destino de Lula en Brasil: sacarlo del juego político con una condena por corrupción.

En Bruselas, Trujillo se reúne con Rose Gottemoeller, vicesecretaria general de la OTAN y con Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. En la capital belga, otras reuniones con Christos Stylianides, comisario europeo de Trabajadores humanitarios y gestión de crisis, y con Cecilia Malmstron, comisaria europea de Comercio. El próximo viernes, en Madrid, Trujillo hablará sobre el tema con Juan Pablo de Laiglesia, Secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe.

Representantes de organizaciones internacionales que, desde la primera victoria de Hugo Chávez en Venezuela, han intentado desconocer a las instituciones bolivarianas, mientras que han respaldado procesos para nada democráticos en otros países. En México, por ejemplo, 85 periodistas fueron asesinados, pero el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusa a Venezuela -donde más del 70% de los principales medios de comunicación están en manos privadas- de sofocar la libertad de opinión. Entonces, ¿cómo es que, desde los medios venezolanos, llega el 81% de las 721 noticias publicadas, del 2 de marzo al 28 de agosto, con la intención de hacer creer una “catástrofe humanitaria” en las fronteras?

Pero todavia es asi. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos escucha sólo la voz de la oposición y llega hasta recibir a un prófugo de la justicia, considerado uno de los instigadores del ataque del 4 de agosto contra Maduro: Julio Borges, ex presidente del parlamento venezolano, quien está clamando por la invasión armada de su país.

Más de dos millones de jóvenes abandonaron España por falta de futuro, pero nadie habló de una crisis humanitaria. Venezuela ha recibido a 5,6 millones de colombianos, huyendo de la persecución y la miseria, pero no ha declarado ninguna emergencia migratoria: ni para acojer a los colombianos, ni para otorgar los mismos derechos a 500 mil peruanos y 400,000 ecuatorianos que viven en Venezuela. Por esta razón, el gobierno venezolano ha pedido de manera provocatoria ayuda para recibir a refugiados colombianos y ha denunciado a Almagro a la ONU por sus planes de guerra contra Venezuela.

Contra Almagro y su obsesión con Maduro, aumenta la indignación a nivel internacional. Partidos comunistas y movimientos sociales de América Latina han tomado posición. La red internacional de periodistas y operadores de comunicación, CONAICOP, que tiene una de sus secciones en Uruguay, solicitó al Frente Amplio, del cual Almagro es miembro, que lo expulse definitivamente, y lanzó un llamado internacional de solidaridad con Venezuela.

Un llamado de atención contra la hipocresía internacional que, como dijo el embajador Isea, siempre nos pregunta: “¿Qué piensan los mercados? ¿Cómo reaccionan los mercados? “¿Pero qué piensan y sufren de los trabajadores? “Nosotros, en cambio – dijo Isea – nos preocupamos por los intereses de los pueblos, no de las grandes corporaciones internacionales”.

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Con reiterados pronunciamientos por la integración y unidad de los pueblos como así también de solidaridad con Venezuela, Perú, Cuba y Brasil, delegados y delegadas de movimientos sociales manifestaron su oposición a las políticas extractivistas, patriarcales y neoliberales de los últimos años. Si bien se trata de una crítica constante de quienes luchan por la vida digna, en esta oportunidad, la Cumbre propuesta por la OEA -que reuniría a gran parte de los mandatarios que representan el abanico de las políticas dichas- tenía que ser escenario de disputa.

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Las redes sociales posicionan la frase “Golpe de Estado” en primer lugar. Mientras tanto, el país continúa funcionando en completa calma, y en las calles no se ve ninguna alarma por lo ocurrido. ¿Qué pasa realmente?

Diferentes reacciones ha causado, a nivel nacional e internacional, la sentencia 156 emitida este miércoles en la noche por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que se declara que, mientras persista la situación de desacato, las competencias de la Asamblea Nacional serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país. Julio Borges, presidente del parlamento, aseguró que hay un “golpe de Estado” y llamó a desconocer al TSJ. Luis Almagro, secretario general de la OEA, también ha calificado la sentencia de un “auto-golpe de Estado” y convocó urgentemente a un nuevo Consejo Permanente de la organización. Perú retiró a su embajador en Venezuela, argumentando que la sentencia es “una ruptura del orden constitucional y democrático”.

Es importante destacar que en Venezuela no se ha disuelto la Asamblea Nacional. Los diputados continúan yendo a sus oficinas y al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano. Ellos continúan realizando allí sus sesiones ―gobierno y oposición discrepan en torno a su legalidad― y ningún parlamentario ha sido detenido o arrestado.

Sin embargo, para entender si hay un golpe de Estado en Venezuela o no, es necesario recordar una serie de eventos ocurridos desde hace un poco más de un año. Como se recordará, el Poder Legislativo venezolano, de mayoría opositora al gobierno de Nicolás Maduro, se encuentra en desacato desde 2016. ¿Cómo ocurrió esto?

En las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, se denunciaron hechos de fraude en el estado Amazonas, respaldados por grabaciones en las cuales la entonces secretaria de la gobernación de Amazonas, Victoria Franchi, ofrecía sumas de dinero a grupos de personas para votar por los candidatos opositores. Por ello, el TSJ suspendió las proclamaciones de los diputados de Amazonas.

Sin embargo, la Asamblea Nacional persistió en juramentar como diputados a tres candidatos de dicha entidad.

Su juramentación era importante para la oposición, pues le daba la posibilidad de tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (dos tercera partes de los diputados), lo que les daría nuevas facultades y atribuciones, incluyendo la de derogar o reformar leyes orgánicas, como la Ley del Trabajo o la Ley de Educación.

Por realizar dicha juramentación ilegalmente, el Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea Nacional en desacato y señaló que sus decisiones son nulas mientras continúen en esa situación. La junta directiva de la AN se ha negado a anular la juramentación de estos tres ciudadanos, lo que requiere una serie de pasos y debe ser realizado por la Junta Directiva que los proclamó.

Posteriormente, en enero de 2017, la Asamblea Nacional continuaba en desacato, pero aún así fue juramentada una nueva Junta Directiva, y el diputado Julio Borges se autojuramentó como nuevo presidente de la Asamblea, acto realizado el pasado 5 de enero.

Cuatro días después, el 9 de enero, esta Asamblea Nacional declaró el supuesto “abandono de cargo” del Presidente Nicolás Maduro, uno de los causales en la Constitución por las cuales se puede convocar a nuevas elecciones presidenciales.

Si bien esta decisión no tuvo validez legal ―obviamente el Presidente Maduro no ha abandonado el cargo― buscaba suprimir al poder Ejecutivo desde el Legislativo, lo que, de haberse materializado, hubiera constituido un golpe de Estado. Por esta razón, el Bloque de la Patria (que agrupa a los diputados que apoyan a Maduro) introdujo ante el TSJ un recurso de nulidad contra este decreto.

El máximo tribunal del país respondió en una nueva sentencia el 31 de enero, fijando los criterios en los cuales se puede declarar abandono de cargo, y declarando que los actos de la nueva Junta Directiva son nulos, pues la misma fue juramentada estando la Asamblea Nacional en desacato.

Es importante destacar que la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, dirigida por Julio Borges, anuló la juramentación de los 3 diputados de Amazonas en su sesión del 9 de enero. Lo hizo justo antes de declarar el supuesto abandono de cargo del Presidente Maduro, y lo hizo para tratar de eliminar la condición de desacato. Sin embargo, la sentencia del TSJ del 31 de enero señala que todos los actos de esta nueva Junta Directiva son nulos: es la Junta Directiva anterior, presidida por Henry Ramos Allup, la que debía anular las juramentaciones de los diputados.

Por ello, la anulación de los 3 diputados de Amazonas hecha el 9 de enero no se consideró válida.

Dos sentencias trascendentales

Este miércoles, la Sala Constitucional del TSJ emitió la sentencia 156 en la que resolvió, “ante el desacato de la Asamblea Nacional”, que “no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”.

En sus puntos, la sentencia también “declaró la Omisión Inconstitucional parlamentaria” y advirtió que, “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Previamente, el martes fue emitida otra sentencia por la misma Sala Constitucional, la 155, que señala que la inmunidad parlamentaria de los diputados sólo los ampara durante el ejercicio de sus funciones, lo que no es el caso al estar la Asamblea Nacional en desacato. También le concede al Presidente Maduro la posibilidad de revisar la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar, para “conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos”.

Esta sentencia fue calificada como “histórica” por el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien recordó que, días atrás, la propia Asamblea Nacional había aprobado un acuerdo llamando a la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, lo que él calificó de un grave delito de traición a la Patria.

Maduro señaló el pasado martes que las instituciones públicas constituidas legal y constitucionalmente, deben dar un paso al frente en la defensa al derecho de la integridad de la nación. “Nuestros equipos jurídicos están estudiando la implicación de estas decisiones tan importantes para garantizar la paz, la legalidad, la constitucionalidad y el funcionamiento de los Poderes Públicos y los pasos futuros para restablecer el poder legislativo”.

La AN puede hacer marcha atrás

Es de notar que ambas sentencias señalan el carácter temporal de su decisión: las competencias del parlamento serán ejercidas por la Asamblea Nacional siempre que “persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”.

Si la Asamblea Nacional cumpliera todos los pasos para eliminar la condición de desacato, incluyendo la anulación de la juramentación de los diputados de Amazonas, la propia sentencia señala que la inmunidad y las competencias parlamentarias retornarán de nuevo a la Asamblea Nacional.

El pasado mes de febrero, el Presidente Nicolás Maduro dio a conocer que había sectores racionales de la oposición interesados en echar para atrás la condición de desacato y restaurar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional. Esto se estaría conversando en las mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición. Pero todo parece indicar que los sectores opositores más extremistas, que buscan una intervención internacional a través de la OEA, se han impuesto por los momentos, por encima de los sectores opositores más racionales.

Julio Borges dice que desconoce al TSJ

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional y diputado por el partido de derecha Primero Justicia, Julio Borges, reaccionó ante las dos sentencias del Tribunal Supremo. Realizó una rueda de prensa en la que anunció que desconocía al TSJ y que “se rebela” ante la decisión de la Sala Constitucional. Igualmente, solicitan al sector militar ser fieles a la Constitución.

Rompiendo una copia del documento, Borges señaló que “esta Asamblea Nacional desconoce el Tribunal Supremo de Justicia. A esos magistrados los eligieron para violar la Constitución. Por eso, ¡los 112 diputados queremos dejar claro que este parlamento se rebela ante esta decisión! ¡Toda sentencia contraria a la constitución es nula!”, dijo el presidente de la AN.

Asimismo, pidió el apoyo de todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se active la Carta Democrática y “que se realicen de una vez por todas las elecciones regionales. No se trata como dice el gobierno de que haya una intervención extranjera sino que todos los venezolanos se manifiesten a través del voto, eso es lo que queremos”.

Además Julio Borges hizo un llamado para que este sábado se realicen diferentes movilizaciones. “Convocamos para este sábado acción de calle y para la próxima semana una gran movilización”.

Por su parte, Henrique Capriles, excandidato opositor y gobernador del estado Miranda, aseguró en una rueda de prensa que el decreto del TSJ es un “Madurazo” y un supuesto golpe de Estado, y llamó a la Organización de Estados Americanos a convocar “de emergencia” a su Consejo Permanente. “Hay que convocar de emergencia al Consejo Permanente para que la instancia de América sea la primera en pronunciarse”, explicó el dirigente del partido Primero Justicia.

Luis Almagro califica de “auto golpe de Estado”

Por su parte, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, emitió un comunicado denunciando un supuesto “auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional, último poder del Estado legitimado por el voto popular”.

“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, sentenció el Secretario General.

En el comunicado, señala que “asumir la restauración de la democracia es tarea de todos. Hoy es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela, con cuyo pueblo todos tenemos deudas que nos obligan a actuar sin dilaciones. Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política”.

Intentando citar al prócer independentista José Gervasio Artigas, Almagro continuó su comunicado con la frase: “La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo” y añadió: “nuestros opresores ―y son nuestros opresores porque la libertad de los pueblos es la esencia misma de nuestra libertad― sólo por serlo forman el objeto de nuestra lucha”.

El Secretario General de la OEA dijo que es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática.

Perú retira a su embajador en Venezuela

El Gobierno de Perú retiró definitivamente a su representante diplomático en Venezuela, según informó este jueves la Cancillería de esa nación en un comunicado en el que aseguran que hubo una “ruptura del orden institucional” en el país.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tomó la decisión definitiva luego de que dos semanas atrás hiciera un retiro temporal de su embajador en Caracas por los “insultos” de su homólogo venezolano Nicolás Maduro.

“El Gobierno del Perú condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la Asamblea Nacional, arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela”, señala el comunicado.

También indican que “la Cancillería peruana ha iniciado consultas con países miembros de la Organización de los Estados Americanos para que, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela”.

Regresarán a la OEA

Todo parece indicar que los sectores de la derecha nacional e internacional aprovecharán la sentencia para intentar nuevamente la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, esta vez con una nueva excusa: un supuesto “golpe de Estado”, que en realidad es una respuesta dada por el TSJ para intentar resolver la grave situación que vive el país, dado que la Asamblea Nacional no está ayudando en ese sentido, sino que prácticamente se ha anulado a sí misma.

Todo señala que la oposición venezolana necesita que la OEA invoque los artículos 21 y 22 de la Carta Democrática para lograr la suspensión de Venezuela en la organización, con el fin de lograr sanciones que empeoren la situación del país y causen una crisis humanitaria. Justo la condición que el Comando Sur estadounidense necesita para justificar una intervención militar a la nación con las mayores reservas petroleras del mundo.

¿Quién está dando el golpe de Estado a quién? Usted tiene la respuesta.

*artículo publicado originalmente en: http://albaciudad.org/2017/03/supuesto-golpe-de-estado-en-venezuela/

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