En el día de ayer se esperaba la indagatoria de 4 militantes del Frente Popular Darío Santillán, sobre los cuales recae una imputación de “coacción agravada”, producto -según el municipio de Cipolletti- de manifestaciones realizadas a principio de año pidiendo comida para abastecer los comedores comunitarios. Se realizaron movilizaciones en varias provincias bajo la consigna “Protestar no es delito” para rechazar la acusación.

Al llegar al juzgado, en la localidad de Cipolletti, los militantes fueron informados de que la jueza se tomó días de licencia, por lo que no pudieron declarar. Sin embargo, lograron mantener una entrevista con el fiscal que instruye en la causa, Martín Pezzetta, para reclamarle que no se criminalice a quienes salen a la calle para reclamar sus derechos. A esta causa se suma otra por amenazas a otros tres militantes. Allí el diputado Raúl Godoy, la abogada Victoria Naffa y Sabino López -uno de los imputados y referente del Frente Santillán- dialogaron con el fiscal para rechazar las acusaciones a los militantes y se reprogramó la audiencia para el próximo 8 de septiembre.

Los cargos que recaen sobre los 7 luchadores sociales son considerados delitos penales por la legislación argentina y pueden tener sentencias de cárcel efectiva. Sin embargo, a dos meses de registrarse la primera citación poco se sabe del origen de las causas y diversas organizaciones acusan al municipio de Cipoletti de estar ejerciendo persecución política a las 7 personas acusadas. Además, los militantes denunciaron que desde Acción Social se dieron datos para imputar a los imputados, violando datos públicos para armar la causa judicial  que pesa sobre los integrantes del FPDS.

En Chaco, Rio Negro y en Capital Federal diversas organizaciones populares se movilizaron para repudiar el proceso impulsado por el Intendente PRO de Cipolletti, Anibal Tortoriello, contra estos militantes sociales. También realizaron una conferencia de prensa en la entrada de los Tribunales locales donde enfatizaron la importancia de repudiar y denunciar estas persecuciones y armados de causas, frente a algo tan legítimo como el derecho a la protesta para pedir alimentos. En la Capital Federal  se movilizaron a la Casa de la provincia de Rio Negro y cortaron la esquina de Tucumán y Riobamba para visibilizar la denuncia de judicialización de la protesta.

Bajo el título de “Luchar por comida NO es delito”, organizaciones sociales, políticas, de trabajadorxs, y estudiantiles emitieron un comunicado donde declaraban que “Las denuncias e imputaciones que siguen llegando con el pasar de los días marcan un precedente muy grave en términos de disciplinamiento a lxs luchadorxs. Y se dan en el marco del brutal ajuste que lleva adelante el municipio PRO de la ciudad, a través de sus políticas focalizadas. De esta manera, están depositando en cada uno/a de los trabajadorxs la responsabilidad de que ‘si no hay para comer es culpa de lxs propios trabajadorxs’, sin hacerse cargo de generar políticas que fomenten la creación de puestos de trabajo y proveer de alimentos a quienes nos organizamos y trabajamos para sostener los comedores comunitarios a los que cada vez son más las familias que se acercan arrojados por la falta de trabajo, la inflación y los tarifazos”.

Sabino López, referente del Frente Darío Santillán y uno de los que recibió la notificación con la acusación de “coacción agravada” denunció la persecución: “Como organización realizamos movilizaciones y cortes para denunciar que había un desabastecimiento de las copas de leche y que se estaba incumplimiento con la entrega de alimentos en los comedores. Hubo cortes en el Ministerio de Acción Social, en la municipalidad para rechazar el incumplimiento de la promesa de resolver la situación, ya que a fines de marzo aún no había ninguna repuesta”.

Luego de esos reclamos y de que comenzara a regularizarse la situación llegaron las acusaciones judiciales. “No se puede entender sobre qué actos se realiza tremenda acusación de amenazas y coacción, ya que lo único que buscábamos eran instancias de dialogo, y exigir promesas incumplidas por los funcionarios públicos, a través de cortes y manifestaciones, como manera de reclamar legítimamente por nuestros derechos”, reflexiona Sabino en relación al proceso que están viviendo.

Inicialmente no había claridad sobre qué hechos estaban siendo juzgados por que las acusaciones fueron emitidas en el comienzo de la feria judicial de Río Negro -entre el 11 y el 22 de julio-, “recién cuatro días antes de la primer indagatoria nuestra abogada tendrá acceso, esperamos, a los expedientes”, aclara Sabino López al respecto, y agrega que “no es tiempo suficiente para saber a qué nos atenemos a la indagatoria, y la manera tan rápida en la que llegaron las acusaciones con la feria encima dejan en claro que es una medida de aleccionamiento y no otra cosa”. La abogada a cargo de las causas, la Doctora Victoria Naffa, estuvo al frente de la causa que condenó a cadena perpetua en marzo pasado, al policía Villegas en marzo de este año, por el caso de gatillo fácil, que terminó con la vida del joven Pablo Vera.

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A solo tres días de comenzar la feria judicial en Cipolletti, Río Negro, seis militantes del Frente Popular Darío Santillán recibieron notificaciones de la justicia por causas en sus contra de amenazas, y coacción agravada.

El próximo 29 de julio es el día fijado por la justicia rionegrina para llamar a indagatoria a tres militantes del Frente Popular Darío Santillán por “amenazas”, y el 15 de agosto será la de las otras tres personas acusadas por “coacción agravada”. Ambos cargos son delitos penales y pueden tener sentencias de cárcel efectiva. Sin embargo, poco se sabe del origen de las causas y diversas organizaciones, junto al Frente Popular Darío Santillán Regional Alto Valle, acusan al municipio de Cipoletti de estar ejerciendo a persecución política a las seis personas acusadas.

Diversas organizaciones sociales trabajan día a día en los barrios más castigados de la ciudad de Cipolletti, sosteniendo comedores comunitarios y copas de leche, actividades de contención con niños y niñas y organizando emprendimientos productivos. En este marco, y luego de la asunción del nuevo municipio PRO a cargo de Aníbal Tortoriello, quien durante su campaña prometió “la regularización de las tomas de tierras” a favor de los vecinos y vecinas que venían ocupando terrenos, producto de la problemática habitacional de la ciudad, se llevaron adelante una serie de reclamos.

“La acusación se debe a que realizamos cortes en el Ministerio de Acción Social, en la Municipalidad, y en la entrada de una empresa que pertenece al intendente de Cipoletti Ya finalizaba marzo y no habían cumplido esta promesa [la de resolver la situación de las tomas] y al desabastecimiento de las copas de leche, ya que no se estaban enviando los camiones de alimentos a los barrios carenciados de la ciudad”, comenta Sabino López. Sobre él recae la acusación de “coacción agravada”.

Posterior a estos cortes realizados en la ciudad de Cipoletti, “en los medios de comunicación comenzó una campaña contra las tomas y los reclamos, terriblemente estigmatizante” detalla Sabino. Con el aval de estas campañas se realizó una serie de mapeos en los barrios donde se entregaban alimentos. Las y los militantes afirman que desde el Municipio “se filtraron datos del relevamiento realizado, y de allí es de donde se nos personalizó y se pudieron armar las causas en nuestra contra”.

Otro aspecto importante de esta judicialización es el relacionado con las militantes acusadas: “Un agravante es que las compañeras que están siendo procesadas pertenecen al Espacio de Mujeres del FPDS y participan activamente de las jornadas de lucha contra las violencias de género y diferentes juicios contra feminicidas, abusadores y violadores de la región”, detalla el documento emitido hace una semana por diversas organizaciones de la región rionegrina en el que repudian la situación. “No nos parece casual que ellas sean las compañeras que están siendo judicializadas”, afirma en otro apartado.

Lo cierto es que no hay claridad del hecho en el que se enmarcan las acusaciones o el motivo de que sean direccionadas específicamente contra esas seis personas porque “recién cuatro días antes de la primer indagatoria nuestra abogada tendrá acceso, esperamos, a los expedientes”, aclara Sabino López. Como fueron emitidos en el comienzo de la feria judicial de Río Negro –que fue entre el 11 y el 22 de julio– “no nos dieron tiempo suficiente para saber a qué nos atenemos a la indagatoria, y la manera tan rápida en la que llegaron las acusaciones con la feria encima dejan en claro que es una medida de aleccionamiento y no otra cosa”. La abogada a cargo de las causas es la Doctora Victoria Naffa, quien estuvo al frente de la causa que condenó a cadena perpetua al policía Villegas en marzo de este año, por el caso de gatillo fácil que terminó con la vida del joven Pablo Vera.

En ese contexto, el próximo 26 de julio se realizará una asamblea multisectorial en Cipoletti “para pensar la concentración y acciones a seguir frente a este claro intento de criminalización y judicialización de la lucha que estamos sufriendo”, cuenta López, y agrega que esperan “contar con la mayor cantidad posible de organizaciones políticas y sociales de la región, ya que necesitamos de todo el apoyo en este duro momento que nos toca atravesar”.

Y es que resulta preocupante la situación de las causas que pesan sobre los  militantes, sobre todo por los precedentes de esta provincia en materia de criminalización de la protesta social y de la pobreza, “dos ejes totalmente atravesados en los reclamos y repudios que se vienen efectuando”, reflexiona Sabino. Y repasa: “La provincia rionegrina es quien en Bariloche en 1996, llevó a juicio a la docente Marina Schifrin, cuando protestaba junto a otras personas por salario digno; es también la provincia que encarceló a cinco referentes de la Cooperativa 1 de Mayo, enviando a las mujeres a General Roca, a los hombres a Viedma; costó mucho lograr su libertad y aún siguen procesados; El ex intendente de la localidad recientemente adhirió a la ley que permite detenciones a menores de 18 años sin dar aviso a los padres y sin que intervengan las unidades judiciales específicas para niñez y adolescencia”. Todas estas razones  son una muestra del escenario complejo en el que se han desarrollado estas seis acusaciones y que “evidencian la necesidad de apoyo y el repudio que pesan sobre nosotros”, finaliza Sabino López.

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El miércoles 13 de julio se presentó la Red Nacional de Medios Alternativos en audiencia en el Enacom, nuevo ente de comunicaciones del, para poner en discusión los 17 puntos base y de reglamentación del proyecto – dados a conocer el pasado 6 de julio – sobre los cuales el actual gobierno pretende apoyarse para modificar la Ley de servicios de comunicación y audiovisual.

La noticia de los 17 puntos completa el proceso de anulación de la Ley de Medios 226.522, que comenzó en diciembre del año pasado cuando Mauricio Macri asumió la presidencia y a través de un polémico Decreto N° 267/15, en la práctica disolvió la Afsca. Removió a sus autoridades y dio por tierra con el carácter autárquico de la función de regulación, administración y control de la comunicación en Argentina.

La intención del gobierno de Mauricio Macri y del Ente Nacional de Comunicaciónes (ENACOM), que funciona bajo la órbita del ministro Comunicaciones Oscar Aguad, apunta a que estos 17 puntos presentados sean el marco de discusión para delinear una nueva ley de distinto carácter a la actual. ¿Qué encontramos en estos puntos?

En una lectura rápida, los 17 puntos carecen de especificidad. Parten de una definición de comunicación entendida como comunicación convergente que implica, ni más ni menos, que entender que todas las formas de comunicación en nuestro país deberían ser digitales. Desde el vamos, constituye una realidad alejada de las tecnologías de la comunicación en Argentina.

El resto de los 17 puntos van en consonancia absoluta con el discurso del macrismo en: poner en términos de mercantilizacion a la comunicación, pensando en el sector como un libre mercado entre medios “chicos” y medios grandes, que deben competir entre ellos. Por supuesto que, en un escenario con tendencia al monopolio, cae por sí misma la noción de pluralidad, la libertad de expresión y los derechos humanos, así como diversos estándares internacionales.

Se desconoce entre otras cosas, la especificidad de ciertos sectores, como por ejemplo los medios comunitarios, a los que se menciona nuevamente como simples entidades “sin fines de lucro”, de manera general y eludiendo la mención a la reserva del 33% del espectro para las comunidades. Incluso, yendo un paso más allá, indica que las licencias serán otorgadas por el Estado, pero nada indica del criterio en que eso se basará.

Otro detalle a tener en cuenta es que no menciona ningún tipo de financiamiento o fomento, como sí está especificado en la actual Ley, a excepción de las “zonas rurales y de frontera”. Esta es la razón por la cual el panorama para los sectores de medios comunitarios, cooperativos, de pueblos originarios, entre otros, resulta incierto y oscuro.

Un aspecto que ha llamado la atención a diversos sectores de la comunicación es que no se hace mención alguna al fenómeno de concentración de medios, invisibilizando un problema real y muy actual en Argentina. Los monopolios de la comunicación tiende a favorecer a grandes sectores empresariales, en detrimento de otros medios en todo lo referido al acceso a licencias, pauta publicitaria público, entre otros.

Es importante destacar que estos 17 puntos son la base de la discusión en comisiones para un anteproyecto de una futura nueva ley, que ha comenzado el pasado miércoles, con la intención de que allí sí diferentes actores sociales y políticos puedan exponer, opinar y aportar al respecto de esta intención de nueva ley.

Sin embargo las audiencias no están siendo públicas, a pesar de que sectores como la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), están haciendo explícita su opinión de que la comunicación es un derecho de todos y todas, y la normativa debe darse en medio de un debate abierto, público, amplio y plural.

En este sentido esta primer sesión estuvo presidida por Redcom, la RNMA, Copitec y Radialistas Aficionados Argentinos. Al respecto la RNMA expresó en el programa radial matutino Enredando las Mañanas que “La posición de los diferentes expositores coincidió, a pesar de que no todos pertenecíamos al mismo sector, en lo que no estaba contemplado en estos 17 puntos”, y agregaron que “Expresamos nuestros reclamos históricos como sector de medios comunitarios, repudiamos el intento de convertir al sector de comunicaciones en un mercado y exigimos que están sesiones sean abiertas, de lo contrario se hace imposible un proceso real de discusión hacia una nueva ley”. También reclamaron que mientras no haya una nueva ley, se siga aplicando la vigente y se cumplan con “Todos los compromisos asumidos como entrega de FOMeCas adeudados, licencias que deben ser otorgadas y la reserva del 33%”.

En conclusión, si bien falta un análisis exhaustivo de los 17 puntos, se ve el objetivo de cambiar el paradigma de la comunicación, tirando por la borda muchos años de lucha y de trabajo para poner en el escenario de discusión político a la comunicación, para orientarla hacia el mercado e intentar volverla un nicho más de compra-venta.

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