Por Camila Parodi desde Belem | Fotos: Lizbeth Hernández

La Caravana Mesoamericana llegó a Belém con un mensaje que no suele atravesar las paredes diplomáticas de una COP: la crisis climática no puede discutirse sin escuchar a quienes defienden el territorio en las fronteras más violentadas de la región. Después de un mes de recorrido, desde México hasta la Amazonía brasileña, las organizaciones que integran la caravana entraron a la COP30 con un documento político construido en ruta y una convicción: “No va a haber justicia climática si no hay justicia para los pueblos”, como resume Dianx Cantarey, integrante de Deuda x Clima de México.

Su trabajo colectivo se articula en torno a lo que llaman los cuatro ejes del colapso, una metodología que permite sintetizar las afectaciones territoriales que comparten las luchas mesoamericanas: “megaproyectos y militarización; migración y desplazamiento forzado; la financierización de la vida y las falsas soluciones; y la crisis global del agua”. Para Dianx, estos ejes funcionan como una forma de ordenar la experiencia común de las comunidades: “Así podemos sistematizar claramente y definir cuáles son las afectaciones que tiene cada territorio”.

La caravana partió formalmente el 12 de octubre —Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular— desde Tapachula, Chiapas, después de una conferencia de prensa en la frontera entre México y Guatemala. Pero su trayectoria comenzó días antes, en el norte de México, con la tribu Yaqui en Sonora. Allí se denunciaron los impactos del acueducto Independencia y las promesas incumplidas del Plan de Justicia Yaqui impulsado por el gobierno mexicano. El camino siguió hacia Michoacán, donde el Consejo Supremo Indígena articuló con la caravana en un territorio marcado —como dijo Dianx— por “la criminalización, persecución y desaparición de defensores desde los años setenta”. Más tarde, en Ciudad de México, un plantón frente a la Suprema Corte logró que defensores ingresaran al edificio para presentar sus demandas ante un ministro.

El formato del recorrido fue estable: en cada país la caravana permaneció dos días, primero en un encuentro privado de articulación política entre las organizaciones que convocaban o recibían la caravana, y luego en una actividad pública definida por cada territorio. “Dependía de la situación política: en algunos lugares fueron protestas frente a ministerios de ambiente; en otros, paneles, conferencias de prensa o actos culturales”, explica Dianx. Pero lo que no variaba era el diagnóstico: un cerco mediático que mantiene fuera de la conversación climática global a las comunidades indígenas y campesinas de Centroamérica. “Nos hemos dado cuenta que en estos espacios climáticos nunca se considera la voz de los defensores en Centroamérica. Está negada la presencia de comunidades indígenas en el territorio”, remarca.

Ese cerco también se expresó en obstáculos concretos. Nicaragua prohibió el paso de la caravana por su territorio. “Nos agregó mucha presión mental y económica. Si esto nos pasó a nosotros, que no íbamos a hacer ninguna movilización en Nicaragua, imagínate lo que viven los defensores ahí”, señala Dianx. La caravana también denunció la persecución política bajo el régimen de Bukele en El Salvador, donde organizaciones que recibieron el paso de la caravana sufren incautación de bienes y hostigamiento sin causas judiciales.

En Costa Rica, la caravana realizó una acción clave: entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el documento que compila las demandas y casos levantados durante el recorrido. “Muchos de estos procesos llevan años abiertos sin seguimiento ni resoluciones positivas. Por eso presionamos para que se vuelvan a revisar”, explica. Ese mismo documento ahora circula en Belém entre relatores de la ONU y otros organismos.

Después del encuentro de caravanas en Santarém, las organizaciones subieron a un barco y navegaron hasta Belém. Llegaron en plena efervescencia de intervenciones artísticas, flotillas amazónicas y pueblos en movimiento que desde el primer día están tensionando la agenda oficial de la COP. Para Dianx, el objetivo es claro: “Romper el cerco mediático y avanzar hacia una articulación regional de pueblos que defienden el territorio”.

La caravana entra a la COP30 con la certeza de que ningún acuerdo climático tendrá legitimidad mientras ignore las luchas que sostienen la vida en Centroamérica. Porque, como repite una y otra vez en su paso por Belém, “no va a haber justicia climática si no hay justicia para los pueblos”.

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La audiencia del próximo 12 de mayo será clave para definir su situación judicial. Mientras tanto, desde el Lof Pillán Mawiza —comunidad donde vivía Vic— insisten: su detención fue un castigo ejemplificador, sin pruebas, y forma parte de una estrategia más amplia de criminalización a quienes defienden los territorios frente al avance del extractivismo. 

Por Camila Parodi | Fotos: Lizbeth Hernández

Cobertura colaborativa de Marcha, Latfem y Kaja Negra.

Una causa sin pruebas y una libertad condicionada

Desde el primer momento, la comunidad mapuche y los equipos de defensa sostuvieron que la causa contra Vic fue armada. Durante las audiencias se evidenció la falta de pruebas: no hay testigos, ni imágenes, ni evidencia material que la vincule con el incendio forestal por el que fue acusada. La fiscalía, sin embargo, mantiene la imputación y promueve un relato sustentado en supuestos, prejuicios y construcciones mediáticas. Uno de los elementos centrales de la acusación fue el hecho de que Vic conducía una camioneta blanca, pero informes periciales posteriores demostraron que el vehículo sospechoso no era de ese color, ni del modelo mencionado, ni coincidía con las características señaladas.

A pesar de estas contradicciones, el proceso judicial sigue abierto. La audiencia del 8 de abril, que revisó las medidas cautelares, se realizó a puertas cerradas. No se permitió el ingreso a integrantes del lof, ni a medios de comunicación ni a organismos de derechos humanos. La comunidad lo denunció públicamente como un acto de opacidad judicial. Allí, el juez resolvió otorgarle la libertad condicional, pero bajo restricciones que impiden a Vic retornar a su hogar en territorio comunitario. La fiscalía sostiene que está en curso una investigación por “asociación ilícita”, figura jurídica históricamente utilizada para criminalizar la organización colectiva.

Desde el Lof afirman: “A nuestra lamngen le han armado una causa carente de pruebas, por el contrario, desde la primera audiencia ha podido demostrar con pruebas categóricas y objetivas que es inocente, pero aun así estuvo en prisión preventiva, luego domiciliaria, y ahora se encuentra con libertad condicional”. Desde el territorio insisten que la fiscalía “está empecinada en culpar a Vic” ya que, hasta la fecha, “no cuentan con imágenes, testigos, ni nada que demuestre que es culpable”. Sin embargo, denuncian, “desde el Ministerio de Seguridad sacaron un video exponiendo casas, rostros y dando por hecho su culpabilidad sin prueba alguna.”

Represión, montaje y estigmatización como herramientas del poder

La historia de Vic no es una excepción, sino parte de una política sostenida de criminalización al pueblo mapuche de manera histórica. Las comunidades vienen denunciando hace años el uso de causas armadas, operativos mediáticos y campañas de odio para justificar la represión. El discurso que las vincula con el “terrorismo” se ha convertido en sentido común institucional, y permite acciones estatales de alta intensidad sin cuestionamiento social ni judicial.

“Creemos que este es un mensaje aleccionador del Estado argentino contra el pueblo mapuche, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Desean demostrar de lo que son capaces cuando hay proyectos extractivistas detrás. No hay límites para su violencia y arbitrariedad para despojarnos de los territorios y dárselos a las empresas”, señalaron desde el Lof Pillán Mawiza. La figura de Vic, como activista acompañante de procesos de recuperación territorial, fue utilizada para enviar un mensaje a quienes defienden la Mapu.

En este contexto, la campaña mediática no fue menor. La cobertura de algunas empresas de comunicación replicó sin cuestionamientos las versiones oficiales, reforzando una narrativa estigmatizante y racista. Desde la comunidad sostienen que se montó una operación propagandística “llena de odio racista y misógino, aleccionadora para quienes se acercan y se comprometen con la defensa de la tierra y con nosotres”.

Territorio y extractivismo: detrás de la represión, los negocios

Las comunidades mapuche no dudan en vincular esta avanzada represiva con el avance de proyectos extractivos. En cada territorio allanado existe un interés económico o empresarial identificado: turismo, rutas nacionales, hidroeléctricas, proyectos inmobiliarios, plantas de tratamiento de residuos. En el caso de la comunidad Pillán Mawiza, el conflicto se vincula con un proyecto hidroeléctrico sobre el río Carrenleufú. Pocos días después de la detención de Vic, el gobernador, Ignacio Torres, firmó un acuerdo con Mekorot, empresa estatal israelí, para la gestión del agua en Chubut.

“Nos quieren dispersos, con causas, encarcelades, para así poder avanzar sobre nuestros territorios”, afirman desde el Lof. “Vemos que hace unos años, como siempre ha sucedido en el Puel Mapu, se criminaliza y persigue a las comunidades que están defendiendo su derecho a vivir la espiritualidad y la identidad, lo que requiere de un territorio sano”. El vínculo entre criminalización y extractivismo es directo: “Semanas después de los allanamientos y detención de Vic, el gobernador firma un acuerdo por el cual el agua dulce corre peligro, ya que esa empresa israelí administraría el agua. Se irá privatizando tanto las fuentes como los reservorios”.

Este modelo no es nuevo: forma parte de un patrón regional que busca desarticular la resistencia territorial a través del miedo, la judicialización y la represión estatal y paraestatal. La militarización de los territorios, a través del Comando Unificado, ha profundizado esa lógica. “Las consecuencias son la militarización, los desalojos violentos, la negación al diálogo, la derogación de las pocas leyes que nos resguardan como naciones indígenas”, remarcan desde la comunidad.

Mujeres, diversidades y organización en contextos de persecución

El impacto de la persecución se hace sentir con especial crudeza en las mujeres y diversidades que sostienen la defensa de los territorios desde una mirada de cuidado y vida comunitaria. La detención de una lamngen, su aislamiento forzado, la vigilancia constante y la amenaza latente cambian por completo la cotidianeidad de las comunidades. “Este contexto nos deja una alerta constante, porque así como le inventan una causa a una persona, todas corremos peligro. A su vez, los derechos humanos están en riesgo a diario, qué nos queda a nosotres en los territorios, ¿a dónde podemos ir a denunciar?”

El relato de los allanamientos da cuenta de un uso desmedido de la fuerza. El allanamiento en el Lof Pillán Mawiza fue muy violento. Desde la comunidad denuncian que en el lugar había niñeces y un anciano. Duró 10 horas aproximadamente, más de 100 efectivos de distintas fuerzas: “Estuvimos totalmente incomunicados, aislados y secuestrados en nuestras propias casas”. Este nivel de violencia institucional no sólo busca obtener información o evidencia (que no existía), sino desestructurar los lazos organizativos.

“El hecho de que una de nuestras lamngen esté detenida a 100 km transforma el día a día. Desde enero el Lof está siendo vigilado, y nosotres investigades por la fiscalía de Esquel”, señalan. Por ese motivo, explican, el juez no permite el retorno de Vic a su hogar. La persecución ya no se reduce al Estado, se articula con grupos civiles racistas, paramilitares o contratados por empresas: “Ya no se trata solo de cuidarnos del Estado represor, sino también del crimen organizado. Nos amenazan civiles contratados por empresas y terratenientes”.

Absueltas y organizadas: el futuro de la resistencia

Desde el 8 de abril, la campaña por la libertad de Vic cambió su consigna: #AbsoluciónParaVicYa. La comunidad reconoce la importancia de haber conseguido su salida de prisión, pero advierte que no está libre. La vigilancia continúa, la causa sigue abierta, y la amenaza es permanente. “Pudimos celebrar que ha salido y pudimos abrazarnos, pero recordemos que aún no está libre ya que no puede regresar a su casa ni salir de Esquel”, sostienen en su último comunicado.

Las comunidades mapuche exigen que se visibilice el montaje y que se entienda la persecución en su contexto: “Pedimos que la ciudadanía vea claramente cómo se relaciona esta persecución con los avances extractivistas sobre los territorios”. El acompañamiento a la lucha territorial no puede ser criminalizado. La solidaridad no es delito.

El 12 de mayo se realizará una nueva audiencia. Será una instancia clave para exigir justicia y para denunciar la utilización del aparato judicial como herramienta de represión política y racial. Desde las comunidades llaman a estar alertas, a acompañar, a difundir y a visibilizar que la defensa de la Mapu es una lucha común.

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