Por Camila Parodi | Foto portada: Agencia Télam

Desde Catamarca

En apenas dos días, el gobierno de Catamarca concentró tres charlas técnicas para avanzar con nuevas autorizaciones para proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto. Las instancias, organizadas por el Ministerio de Minería, se realizaron en La Ciénaga Redonda, Los Nacimientos y la Villa de Antofagasta. Las empresas expositoras fueron Río Tinto, por el proyecto Fénix, y Posco Argentina, por el proyecto Sal de Oro. Los encuentros fueron presentados como espacios de “participación ciudadana”, pero lo que se vivió fue muy distinto: falta de transparencia, incumplimientos legales, exclusión técnica y ausencia de condiciones mínimas para una deliberación real.

Cada expediente ambiental superaba las 2.000 páginas y fue puesto a disposición de la comunidad apenas dos semanas antes de las charlas. En una región con escasa conectividad digital, sin acompañamiento técnico independiente ni acceso público a los dictámenes oficiales de las áreas estatales, el proceso de consulta ambiental se transformó en un ejercicio meramente formal.

A esto se sumó una maniobra logística que agravó aún más las condiciones de acceso: dos de las tres charlas —una correspondiente al proyecto Fénix (Río Tinto) y otra a Sal de Oro (Posco)— fueron programadas para el mismo día, en distintos puntos del territorio, imposibilitando que una misma persona pudiera participar de ambas. Según denunciaron integrantes de las comunidades, la mayoría de los asistentes eran trabajadores, proveedores o contratistas vinculados a las empresas, lo que limitó aún más la pluralidad de voces. Lo que se presentó como una instancia de diálogo ambiental, terminó funcionando como un mero trámite administrativo para legitimar decisiones ya tomadas. Las puestas en escena gubernamental-minera tuvieron lugar el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

Posco: expediente desactualizado, impactos reconocidos y un modelo excluyente

La exposición técnica de la empresa Posco, realizada el jueves por la tarde en la localidad de Los Nacimientos, puso en evidencia una serie de irregularidades graves en el proceso de evaluación ambiental. El único expediente disponible para consulta pública era una versión del 2019, completamente desactualizada. La versión 2025 no había sido revisada por ninguna de las áreas técnicas del Estado provincial. No existían dictámenes de la Dirección de Aguas, de Antropología ni de Biodiversidad. Tampoco se incluía la adenda exigida por el Poder Judicial tras el fallo que ordenó evaluar de forma integral y acumulativa todos los proyectos en el Salar del Hombre Muerto. A pesar de esta falta de validación estatal, la empresa siguió adelante con la exposición como si el expediente estuviera completo y aprobado.

Durante la charla, representantes de Posco admitieron que la etapa de construcción —actualmente en fase de cierre— ha generado impactos severos en el ambiente. Aunque no se detallaron los efectos ni las acciones previstas para su remediación, el reconocimiento oficial de estos daños marcó un punto de inflexión en la narrativa empresarial.

También reconocieron que el Salar del Hombre Muerto es una cuenca endorreica: un sistema cerrado en el que toda intervención —sin importar el punto geográfico— tiene consecuencias en el conjunto. La empresa Posco intenta justificar su operación asegurando que el agua que utilizan proviene del río Carro Grande, en Salta, pero ese curso de agua drena directamente hacia el salar. El impacto ambiental no reconoce límites administrativos y afecta de igual manera a la cuenca completa.

“Nuestro agua y nuestra salud tienen que ser respetados”

La abogada Verónica Gostissa, presente en la charla técnica, alertó sobre las consecuencias de una evaluación ambiental fragmentada, especialmente en un ecosistema cerrado como el del Salar del Hombre Muerto. Señaló que “evaluar cada proyecto por separado, sin considerar el impacto acumulativo, es una forma de invisibilizar los daños reales sobre la cuenca. No se puede hablar de sostenibilidad cuando se analiza cada intervención como si no existieran las demás”.

Su intervención puso en cuestión el enfoque institucional que habilita proyectos sin una mirada sistémica, sin estudios integrales actualizados y sin mecanismos eficaces de control público.

Aunque no lo explicitó en esta instancia, Posco impulsa su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años, pero que además funciona como un mecanismo de blindaje jurídico para proyectos extractivos de gran escala. Bajo el RIGI, las empresas acceden a mayores garantías de estabilidad normativa y limitaciones a eventuales cambios regulatorios, lo que reduce de manera significativa la capacidad del Estado y del Poder Judicial para revisar, sancionar o revertir proyectos ante daños ambientales o conflictos sociales.

El intento de ingresar al RIGI refuerza las críticas al modelo minero impulsado en Catamarca: un esquema que prioriza la seguridad jurídica empresarial por sobre los derechos de las comunidades, la protección de los bienes comunes y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

Por otro lado, Posco volvió a presentar promesas de empleo y desarrollo económico local, aunque los datos oficiales muestran que menos del 35 por ciento del personal contratado reside en Catamarca, y esa proporción disminuirá aún más en la etapa de explotación. La supuesta inclusión se sostiene más en el discurso que en la práctica. Así lo denunció Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y una de las voces más firmes durante la jornada. “Nos exigen hablar como técnicos, leer 2.000 páginas y responder en dos días. Eso no es participación, es simulación”, afirmó. También denunció la falta de oportunidades laborales reales para la juventud local: “Cajonean los currículums. Las empresas dicen que hay trabajo para todos, pero no es cierto”.

Mamani finalizó su intervención con un llamado a la organización comunitaria, frente al avance del extractivismo y la complicidad estatal: “Hoy tenemos el poder nosotros. Hoy tenemos que hacernos respetar como antofagasteños. Nuestro agua, nuestro medio ambiente, nuestra salud, tienen que ser respetados”.

Sus palabras condensaron no solo una denuncia concreta, sino también una advertencia frente a un modelo de saqueo que promete progreso pero profundiza las desigualdades estructurales.

Río Tinto: huellas hídricas que no se borran

En la charla del viernes 19 en la Villa de Antofagasta, la empresa Río Tinto expuso su plan de ampliación del proyecto Fénix, actualmente alcanzado por una medida cautelar judicial que prohíbe otorgar nuevas autorizaciones en el salar hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo e Integral. Sin embargo, esa evaluación no estaba disponible ni fue presentada en la jornada.

El expediente técnico no contaba con los dictámenes públicos de la Dirección de Aguas, Biodiversidad, Antropología ni de Protección Ambiental (Dipgam). A pesar de que la Dipgam solicitó una ampliación de información, esa solicitud no fue publicada. Tampoco estaba accesible el informe actualizado del Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo (EGIA) realizado a partir del fallo en la Corte Provincial. La falta de documentación pública invalidaba, por sí sola, la posibilidad de formular observaciones informadas.

Durante la exposición, la empresa sostuvo que el uso de agua —740.000 litros por hora— no representa una pérdida, ya que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”. Pero esta afirmación fue duramente cuestionada por la abogada Verónica Gostissa, quien advirtió que se trata de una cuenca endorreica: “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este ‘mate’ del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, afirmó para explicar la sobreexplotación hídrica simultánea por parte de diversas empresas sin un estudio acumulativo ni una regulación efectiva.

La advertencia pone en cuestión todo el enfoque con el que el Estado catamarqueño habilita este tipo de emprendimientos, sin un marco integral ni datos actualizados y públicos que garanticen la sostenibilidad. “El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, denunció frente a funcionarios de los ministerios de Minería y Agua.

Gostissa también recordó que la Corte de Justicia de Catamarca, en un fallo de marzo de 2024, prohibió otorgar nuevos permisos y exigió una evaluación ambiental integral de toda la cuenca. El proyecto Fénix, operado por Livent y hoy controlado por Río Tinto, es históricamente cuestionado por el secado de la Vega Trapiche, un humedal estratégico que se mantiene degradado a pesar de las obras de riego. La recuperación visual que muestra la empresa, indicaron especialistas presentes, no implica recarga hídrica subterránea ni restauración de sus funciones ecosistémicas.

También intervino Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad de Atacameños del Altiplano, quien denunció públicamente la falta de transparencia y las promesas reiteradas sin cumplimiento. “Las mismas cosas que están presentando hace siete años venimos escuchando. Cambian la firma y volvemos a lo mismo. No hay avance. La Vega del Río Trapiche sigue seca. La empresa tiene que decir qué hizo. No están siendo transparentes”, afirmó con firmeza. En relación a la supuesta recuperación ambiental, advirtió: “Se refieren a nuestros humedales como si fueran charquitos”.

A nivel internacional, Río Tinto acumula una larga trayectoria de denuncias por violaciones a los derechos humanos, impactos ambientales severos y conflictos con comunidades indígenas. Desde la destrucción de sitios sagrados de pueblos indígenas en Australia hasta los pasivos ambientales en Papúa Nueva Guinea y los vertidos contaminantes en Madagascar, su historial ha generado un fuerte rechazo en distintos países. En Serbia, su proyecto de litio fue expulsado en 2021 y nuevamente frenado en 2024 luego de masivas movilizaciones ciudadanas que denunciaron los riesgos ambientales y la falta de consulta pública efectiva.

En Argentina, su presencia quedó marcada por el accionar de Livent —empresa ahora controlada por Río Tinto—, que fue denunciada por irregularidades aduaneras y socioambientales en el Salar del Hombre Muerto. Aunque en sus recientes presentaciones la compañía intenta mostrar un nuevo enfoque de sostenibilidad y responsabilidad, muchas comunidades y especialistas advierten que la historia operativa de la empresa contradice sus promesas actuales, y que cualquier intento de “lavado verde” no puede ocultar décadas de impactos acumulados.

El telón de fondo: Jalil, YMAD y un nuevo régimen minero

Mientras se realizan estas charlas sin dictámenes ni estudios integrales, en la capital provincial se mueve el tablero político. El gobernador Raúl Jalil consolidó en las últimas semanas una serie de maniobras que reconfiguran el control del negocio minero en Catamarca.

Días después de que diputados de su sector se apartaran del bloque de Fuerza Patria —favoreciendo la conformación de La Libertad Avanza como primera minoría— el gobierno nacional oficializó la provincialización de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una empresa codiciada por su volumen de regalías y contratos con multinacionales. Ahora, Jalil impulsa el cierre del Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto, que hasta el momento concentraba los aportes que realiza Minera del Altiplano (MDA) por el Proyecto Fénix, y la transferencia de esos fondos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la provincia. La medida implicará que el 1,2 por ciento del valor de ventas anuales de MDA —calculado según el precio ex factory FOB de litio— se destine a ese fondo, con adelantos mensuales autorizados por la empresa.

En paralelo, Antofagasta de la Sierra sólo recibirá el 0,3 por ciento de esas ventas. El resto quedará centralizado en manos del Gobernador. La decisión fue leída por muchas organizaciones como un intento de “provincializar las ganancias y territorializar los impactos”, consolidando un esquema donde los territorios ponen los bienes comunes y las grandes decisiones se toman en despachos a puertas cerradas.

Este modelo avanza en paralelo con la voluntad del gobierno nacional de incluir los grandes proyectos de litio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece condiciones impositivas y aduaneras excepcionales para capitales multinacionales.

La combinación de este nuevo régimen fiscal con el vaciamiento del control territorial genera condiciones propicias para un modelo de menos regalías, menos impuestos, menos controles y más concentración de poder.

Lo ocurrido en diciembre en Antofagasta de la Sierra confirma una crisis de legitimidad en la gobernanza ambiental en Catamarca. Los procesos llamados “participativos” no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia, accesibilidad ni legalidad. Las comunidades no tienen acceso a los dictámenes, los estudios se fragmentan para evitar evaluar impactos acumulativos, los tiempos son exprés y las preguntas quedan sin responder.

El litio avanza en silencio, en reuniones cerradas, con documentos ilegibles, sin línea de base hídrica y sin una política seria de restauración de humedales. Mientras tanto, el gobernador Jalil reconfigura las estructuras legales y administrativas para maximizar el control político sobre los fondos mineros y favorecer la entrada de nuevos capitales.

El modelo se sostiene con pactos políticos, mecanismos formales y una narrativa de progreso que no resiste el menor análisis técnico o comunitario. En el corazón del litio argentino, lo que se vive no es participación: es una simulación. Y en esa simulación la democracia se evapora tan rápido como el agua del Salar del Hombre Muerto.

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Por Karina Ocampo* 

“El camino es horrible”, dice Román Guitián, 49 años, coya, cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano. La mirada al frente, el ceño fruncido por la concentración y el sol; cuenta que suele llevar en su camioneta a los turistas que vienen a ver con sus propios ojos las rocas del Campo de Piedra Pómez, el salar de Antofalla o el volcán Galán. También hace circuitos para gente que llega desde Australia o Canadá, atraídos por la provincia y el tema de la minería. Pero justo el viaje hacia el Salar del Hombre Muerto es uno de los peores. “Muy poco lo hacen porque se rompen las cubiertas, los amortiguadores”, insiste. Los trabajadores y las visitas oficiales llegan en avión, directo a la pista de aterrizaje privada.

Estamos en la Puna catamarqueña. La vegetación se adapta a las temperaturas extremas y ralea en alturas que superan los 4 mil metros. Sobre nuestras cabezas, el cielo, de tan puro, deslumbra. El resto es inmensidad desértica. 

Quedan algunos ranchos aislados, vestigios de existencias pasadas. También ovejas, llamas y vicuñas que buscan el alimento de la tierra. Y proyectos de extracción de litio que modifican las condiciones de la vida en esta región del planeta. “¿Quién te mandó?”, pregunta, hasta que los nombres conocidos penetran la piel de la cautela y ya algunos dientes asoman a su sonrisa. 

Hoy lo que conserva ese salar parece indispensable para la vida moderna: Litio. 

El resumen ejecutivo de la Secretaría de Economía de México define al litio como un elemento metálico, blanco plateado, químicamente reactivo, el más ligero en peso de todos los metales, y de bajo punto de fusión. Su símbolo en la tabla periódica es Li. “Es un elemento fuertemente electropositivo, lo que le confiere gran poder de reactividad frente a los agentes químicos”.

Su nombre proviene del griego “lithos”. Piedra. Y si bien los proyectos activos crecieron en los últimos años, el precio del carbonato de litio cayó de US$75.000 por tonelada en 2023, a US$10.500 en 2024. Se mantuvo la tendencia y en Sudamérica llegó a US$9.600 en 2025, números significativos para futuras inversiones. 

El uso más extendido a nivel global no constituye una novedad: es el de acumular energía. Móviles, y computadoras portátiles. La tienda Apple destaca que los iones de litio permiten rapidez en la carga, ligereza y mayor duración. En la industria energética el metal es valioso para los paneles solares y los molinos eólicos, que suponen una evolución tecnocientífica en energías renovables. En el caso de las baterías recargables de los autos eléctricos de BMW y Tesla, se asegura que el litio es indispensable para la “transición energética”, con el fin de dejar atrás los combustibles fósiles. Electromovilidad, afirman los expertos. 

¿Quién lo tiene, quién lo extrae y quién controla la cadena de valor?

De lo que no se habla en las cumbres a las que asisten gobernantes de los países que forman parte del mal llamado Triángulo del Litio, como nombran a la zona comprendida entre Argentina, Bolivia y Chile ——que concentra cerca del 65% del mineral a nivel mundial—, es del costo ambiental para los territorios y los seres vivos. Con la sanción definitiva de la Ley Bases, en julio de 2024, Argentina abrió la puerta al RIGI, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que promete beneficios imperdibles, como 30 años de estabilidad fiscal y flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria a quienes invirtieran más de US$ 200 millones en el país.

Al cumplirse un año de su implementación, el Observatorio del RIGI, conformado por organizaciones ambientales entre las que se encuentra la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), monitoreó los proyectos y arribó a datos no tan favorables: 

“Se han presentado 19 solicitudes de adhesión al RIGI, de las cuales 7 fueron aprobadas y 1 rechazada, lo que representa una inversión total de 13.067 millones de dólares. Sin embargo, estas inversiones prevén apenas poco más de mil empleos directos. Una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen. El sector minero concentra la mayor cantidad de proyectos con un total de 10 propuestas por una inversión estimada de 19.312 millones de dólares. Cinco de los proyectos están vinculados al sector del litio, localizados en Salta y Catamarca. Y otros cuatro en San Juan”. Entre los aprobados se destaca Rincón, en Salta, una de las grandes apuestas de la empresa Río Tinto, que también estrenó Director Ejecutivo, el danés Simon Trott.  

Desde FARN, Leandro Gómez, que es Coordinador del Programa Inversiones y Derechos, explica que, en términos energéticos, se trata del “aseguramiento de la cadena de suministros de minerales críticos”. Se refiere a que la mentada transición no es para todos, sino para quien haga las mejores alianzas. Dentro del marco de disputas geopolíticas en el llamado Norte Global, Estados Unidos busca una mayor participación en esta cadena, algo que China logró antes y mejor. Por eso, programas como Minerals Security Partnership (MSP), buscan acelerar los procesos, “en cooperación con la industria y otros gobiernos para apoyar proyectos estratégicos en países ricos en minerales y fomentar la inversión en toda la cadena de valor por parte de empresas mineras de buena reputación”. 

El papel de China, agrega Gómez, es crucial. Que haya dejado de otorgar beneficios fiscales, tanto a sectores empresariales como al consumo de vehículos eléctricos, fue visto por el mercado como una sobreoferta, principalmente de litio. Así se produjo una situación difícil para el mercado global, y en ese contexto, Arcadium decidió suspender en 2024 la planta de procesamiento de Sal de Vida que estaba construyendo, y utilizar la de Fénix en forma alternada. El 6 de marzo de 2025, Río Tinto concretó la compra de Arcadium Lithium, y ambos proyectos continuaron vigentes. La presencia de la empresa es importante, con la adquisición del Salar de Olaroz, en Jujuy.

La empresa no tiene buenos antecedentes. Basta con hacer una breve búsqueda para saber que “comenzó sus operaciones en 1873 como una mina de cobre en España, pero ahora opera en seis continentes, 35 países, con mayor presencia en Australia y Norteamérica. Sus productos incluyen aluminio, cobre, diamantes, carbón, uranio, oro, mineral de hierro y minerales industriales (boratos, dióxido de titanio, sal y talco)”. Y litio, claro. El Proyecto de Investigación Corporativa que recurre a bases de datos sobre mala conducta corporativa en el mundo, reporta que Rio Tinto, con sedes en Londres y Melbourne, “es una de las corporaciones más controvertidas de una industria controvertida”.

Entre las acusaciones se destacan: negativo impacto ambiental de las minas a cielo abierto en la flora y fauna, violación a los derechos humanos, incumplimiento de los derechos laborales, que en algunos casos culminó en huelga. Contaminación del agua y destrucción del hábitat, que anuló otras actividades económicas y que presionó el desplazamiento de poblaciones. 

En Madagascar, las movilizaciones por niveles nocivos de uranio y plomo en las vías fluviales derivaron en protestas de la organización activista LuSud. En un artículo del medio The Ecologist, del 20/10/2024 se reportan al menos tres asesinatos producidos el año anterior en manos de las fuerzas represivas locales durante una manifestación pacífica contra la minera QMM, filial de Río Tinto. 

Bienvenidos al antropoceno

A esta altura, respirar cuesta. En una camioneta todo terreno la única manera de viajar sin sufrir el “mal de montaña”, que es la hipoxia o falta de oxígeno, es adaptarse poco a poco. Román baja la velocidad y repasamos los recursos: una pastilla que nos dio un médico antes de partir, mascar coca, tomarla en té, ponerle pupusa al mismo té. Pupusa es una hierba de la zona. Mezclar todo y si falla, cuando asome el mareo, aspirar agua florida, un destilado vegetal que proviene de la jungla peruana y que además de purificar el aire, purifica a la persona.   

Los antofagasteños que todavía habitan en la zona del salar son pocos y están en retirada. Hasta no hace tanto, vivir de la ganadería era una opción porque los animales encontraban el alimento en las alturas. Criaban animales, hasta podían cosechar papas, el clima era más predecible. Ahora no alcanza y hay que disponer de dinero para comprarles el forraje durante los meses de escasez.

Es sábado y la actividad minera es limitada. Por lo general los camiones andan juntos, llevan escolta, el trayecto es pacífico, salvo el traqueteo. “Por ahí te cruzás nueve, diez camiones. Pero cuando cae nieve acá no pasa nadie, ni los mineros. Sufren una barbaridad porque no pueden hacer todo el transporte y llevar el personal y la logística”. 

La materia prima, el carbonato de litio, se traslada a Salta. La ruta habitual es la provincial 17 hasta la estación Salar de Pocitos, por tren se la llevan a Chile. Saldrá del puerto de la línea ferroviaria que une San Antonio de los Cobres con el paso fronterizo de Socompa, en Salta. Esta vía férrea es la extensión hacia el oeste del famoso Tren de las Nubes. Continúa por Chile hasta el puerto de Antofagasta, una vez que llegan a esta ciudad ubicada en las costas del océano Pacífico Sur, los minerales se cargan para su envío a Estados Unidos, Europa y Asia oriental. De ahí ya está en condiciones de salir del país. “Nadie controla nada, hacen lo que quieren”, asegura Guitián. 

A largo plazo, la industria espera que la producción del hidróxido de litio se desarrolle más. La mayor parte de la producción y exportación de litio en el país es de carbonato de litio, con dos plantas en la provincia de Jujuy, y otras dos en Catamarca. El carbonato tiene un menor costo de producción, aunque también menor duración que las baterías de hidróxido. El gobierno de Salta anunció en octubre de 2024 la inauguración de la primera planta de hidróxido de litio en Argentina, que pertenece al proyecto Sal de Oro, de la minera coreana Posco, con una capacidad de producción de 25.000 toneladas al año. 

El viento es una presencia imponente, tanto que, si se abriera la puerta de la camioneta a destiempo, tal vez esa puerta volaría como un juguete. Pasamos por las ruinas de Inca Huasi, un sitio turístico que muestra una pequeña porción de la historia de la minería en la provincia, acá se explotó oro, cobre y bórax, pero ya no queda o lo que queda no resulta rentable. La ocuparon diaguitas, incas del Tawantinsuyu y jesuitas. La última vez fue en 1950: ahora es un pueblo deshabitado. Pura piedra y barro, silencio puneño y viento.  

La promesa es llegar durante el mediodía al rancho que todavía mantiene con su hermano, aunque hace años ya viva en el pueblo. Con hijas adultas, solo espera que la más chica termine la escuela para emprender nuevos horizontes. “Yo nací y me crié en Salar del Hombre Muerto. Después fuimos a vivir al otro lado de Salar, y había una escuelita. Crié a mis hijos aquí, terminaron la primaria. Con tanta minería tuvimos que irnos de ahí, yo fui el primero que hice la punta en Antofagasta”.

Otra de las familias que se oponen a que la minería de cobre y litio se apropie del agua son los Morales-Mamani. Ya en el siglo XIX, los Morales habitaban la región cercana al Volcán Galán, donde pastoreaban y cuidaban a sus animales en corrales. Justo ahí, la empresa Volcán Lithium tiene dos proyectos de carbonato de litio en un territorio que abarca 36.000 hectáreas de salar. En el pueblo, Alfredo y su compañera, Elisabeth Mamani, hacen un trabajo de hormiga, y aprovechan cada oportunidad para contarles a los viajeros la razón de su activismo; el valor de las tierras desde una perspectiva no capitalista. Los Morales son guardianes de un sitio sagrado con petroglifos de alrededor de 4500 años en Peñas Coloradas —al que visitaremos días después—. El arraigo tiene que ver con una historia que define su identidad.  

El hombre de apariencia juvenil a sus 56 años cuenta, como la mayoría, que el problema es el agua. No en invierno, que todo se congela, sino en verano, que no alcanza “ni para los animales”. En su currículum tiene un rechazo de la minera cuando era joven; lo agradece. No tenía profesión ni experiencia y eso lo obligó a irse y aprender otras cosas. Sonríe y nos desafía: “sé hacer de todo, gracias a Dios. Soldadura, construcción, chofer, maquinista, de lo que me digan. Y si no lo sé, aprendo”. Asegura que ahora son más los que no quieren que la minera destruya todo y entienden que es “pan para hoy, hambre para mañana”. Tener un hijo dentro, del lado “enemigo”, no invalida su lucha. “¿Cuál es el problema? Si está en su tierra. Hasta los mismos del pueblo te juzgan. Ahora porque nosotros reclamamos, ¿ya no tenemos derecho a nada de nada? Eso planteamos nosotros. Tendríamos que tener más derechos que los otros que vienen de afuera”. 

Las familias puneñas encabezaron manifestaciones en la ruta, antes de que el amparo se hiciera realidad. Al igual que el hijo de Alfredo y Elisabeth, algunos ingresaron en la minera y ya no se opusieron; la resistencia se debilitó. En la fusión de las empresas, fueron despedidas cerca de 300 personas. Román Guitián reflexiona: “Mineral, ¿quién come? Nadie. Todo viene del campo, si no fuese el campo no tendríamos vida. Si tenés una planta tenés el oxígeno. Todo nace ahí, la tierra y bueno, la materia prima. Pero ahora nada queda para nosotros”. 

En 2023, la generala (R) del Ejército de Estados Unidos jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson dijo en una visita al país: “¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, está el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego”.  

Guitián pide respuestas concretas. “Ellos consumen el agua dulce para su proyecto a 4 mil metros, nosotros estamos a 3000 msnm. Lo que tiran al salar desde la planta supuestamente vuelve en la misma cantidad y tiene el mismo PH. “Entonces por qué no levanta el caudal de la laguna? Si dicen que es agua no contaminada, ¿por qué tienen que ingresar con barbijos? ¿por qué ese olor tan fuerte?”.   

El término Antropoceno fue utilizado por primera vez a principios de siglo para designar las repercusiones que tienen las actividades humanas en el clima y la biodiversidad. Una época geológica —la actual—, en donde se incrementan los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI) en el cambio climático, se dañan los ecosistemas y los plásticos duplican la cantidad de masa de los animales terrestres y acuáticos.

Antropoceno es un término aún no reconocido por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) para describir el impacto de la humanidad en la Tierra. Capitaloceno. El hombre que mira a la tierra como un recurso infinito. 

Frenamos cerca del proyecto Fénix: ahí está la vega afectada y el acueducto.  

Historia de una vega seca

Román Guitián dice que la vega del Río Trapiche está seca. En realidad, que la secaron. La vega es un humedal —en este caso, de altura—, un terreno fértil con pastizales nativos, la memoria de la biodiversidad del río.

El hombre de piel puneña cuenta que la minera cortó el cauce y después hizo un dique en el río Trapiche. “Le dijeron a la gente que vivía al costado del río: bueno ustedes se van a tener que correr de aquí, les vamos a hacer una casa allá y vamos a poner agua. No hicieron nada, hicieron la casa, pero nada más”. Prometieron que cuando se llenara el dique, el agua volvería a correr, pero eso nunca ocurrió. Siete kilómetros de río desaparecieron. Conservar un ganado se hizo más difícil, sin alimento en la zona, los animales quedaron expuestos a la caza del puma y el zorro. Y ahí empezó a morir todo. 

En 2018 una docente difundió un video de la vega desde un drone, un charco negro, sin vida. Aunque llevaba años seca, para el pueblo de Antofagasta fue un revuelo. Por esa época el cacique denunció el uso excesivo del agua por parte de la empresa Livent y sus consecuencias para el ecosistema. Aunque inició la batalla “en soledad” para presentar una acción de amparo contó con el apoyo de Pucará, un espacio que concentra asambleas territoriales en Catamarca.

Al año siguiente la empresa informó que empezaría a construir un acueducto de más de 30 kilómetros para extraer agua del río Los Patos. Si la situación ya era grave, el avance de las obras obligaba a la comunidad a buscar formas de resistencia.

Así Román se presentó en el tribunal de la provincia, con representación legal. En el documento menciona, entre otras cosas que, desde 1997, se iniciaron los proyectos de exploración, extracción y procesamiento, sin haber tenido el consentimiento asambleario de la comunidad de Antofagasta, ni de la comunidad. El hecho es tan recurrente que se volvió una regla no escrita. No se respetaron ni los tratados de Derechos Humanos de la Constitución, como el derecho que garantiza un ambiente sano, ni el Convenio 169° de la OIT, también ratificado por ley nacional, que protege el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que los afectan. Aún menos el Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina, que proporciona acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, y además protege a los defensores de la naturaleza. 

Por eso el fallo se consideró ejemplar. Y una sorpresa que se reprodujo en los medios. Mientras Román avanza por el sendero irregular, aclara que no todos los integrantes de la comunidad están en contra de los proyectos. Sí, de la manera en que se impusieron. Algunos solo quieren trabajo en condiciones dignas, no son antimineros. Pero hay un consenso: el agua es un bien común básico que se debe respetar. Tampoco quieren que las empresas se lleven las ganancias sin dejarles beneficios a las comunidades. La oposición tiene su gradualismo, es difícil resistirse a semejante desigualdad en las fuerzas. En marzo de 2024 salió en las noticias: “La Corte de Catamarca ordenó paralizar la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto por el reclamo de un cacique”. 

Cerca del rancho de la familia Guitián, a metros del salar, dos tumbas son testimonio de la historia de la comunidad. Una de ellas remite al “hombre muerto”, la que está a su lado es la del bisabuelo de Román, Bernardo Guitián, que encontró ese cuerpo y le dio la sepultura. 

Ahí nacieron y se criaron sus antepasados entre animales y paisajes de sal. Nunca les faltó comida, los animales no escaseaban, el río rebosaba de truchas y patos.   

No hay regeneración posible

Si bien el proyecto Fénix tenía autorización para utilizar el agua del río Trapiche, la evaporación de la vega fue un proceso que se comenzó a percibir a principios del 2000. En período de pandemia, Livent destinó un presupuesto para la mano de obra y los materiales de una supuesta restauración. El encargado fue Rodolfo Tarraubella, presidente de la Fundación EcoConciencia. 

Rodolfo se presenta como especialista en finanzas sustentables, cuenta que los trabajos comenzaron en condiciones climáticas extremas y aclara que la ONG no recibió dinero de la empresa. Bajo la nieve y con excavadoras encontraron un piso geológico que aún contenía cierta humedad. Trasplantaron cerca de 25 mil plantas y la compañía minera puso su propia gente para hacer monitoreo y seguimiento. 

“Creo que tardará en crecer al menos 8 años para que uno pueda verla verde en todas las zonas que restauramos”, dice Tarraubella y explica que hubo una segunda mesa de diálogo entre la empresa, el gobierno y la comunidad, en la que no hubo ninguna oposición al avance de las obras. La versión de la comunidad es diferente.  

Lo que parece un atisbo de esperanza para algunos, para otros solo es humo que tapa lo importante, un “show” de la regeneración del río Trapiche. “Hay un daño que es irreversible”, asegura Verónica Gostissa, abogada integrante de la Red de Asambleas Pucará, que trabaja en una asesoría federal y es coordinadora de OPSAL en Argentina. Entre bocado y bocado de su almuerzo tardío, asegura: “No es como el ciclo del agua, el agua no vuelve más. Pero si quisiéramos parar, tienen que liberar el dique. Mientras haya un dique que no permite que la vega Trapiche vuelva al cauce de la subcuenca a la que pertenece, no se recupera nada. Lo están regando, es una vergüenza”.

La abogada de pelo rizado y mirada encendida describe al proyecto como un “Frankenstein biológico”, con un cerco de madera y una vega trasplantada, “Greenwashing”, como se define a una lavada de cara que se presenta como sustentable, pero solo en apariencia. Tanto el Ministerio de Agua, Energía y Ambiente como el de Minería permitieron el uso del río Trapiche, primero, y la construcción del acueducto que llega del río Los Patos, como segunda fuente de agua disponible.  

El cacique Román cuenta que le discutió a Tarraubella. “Me dijo que  soy negativo. Pero yo tengo toda mi vida acá. Entonces yo sé por qué se muere y no vuelve de la misma manera; requiere mucha agua. Si no tiene agua no florece, no reverdece”. 

Derecho de Naturaleza

Previo a la sentencia emitida el 20 de marzo de 2024, el abogado Santiago Kozicki entró en escena. Heredero de una estirpe de abogados y jueces, después de diez años de trabajo en el Poder Judicial necesitaba un giro en su vida y eligió participar en causas ambientales. Así se enteró de lo que estaba pasando en Catamarca y habló con Verónica Gostissa, integrante de la asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) que, desde su rol en la Defensoría General, asesora a la comunidad. Santiago se convirtió en una pieza clave en ese engranaje. 

En un café de Buenos Aires, Kozicki explica los aspectos legales: “Formalmente, el amparo lo presenta Román con el patrocinio de la Defensoría General. En el territorio, hay articulaciones entre Román, la comunidad, Pucará y la Defensoría. Cuando se hace el amparo se plantea en la Justicia Federal, que interviene el Estado Nacional, a través de sus órganos federales”. A su vez, el amparo también se hace contra el gobierno provincial por la forma en que se autorizaron los permisos a las empresas en relación al Río de los Patos, en particular, y en general al Salar del Hombre Muerto. 

En 2020 había ocho empresas instaladas en la zona. Cinco estaban autorizadas para extraer agua dulce del Río de los Patos. Sus informes de impacto ambiental habían sido aprobados de forma individual. Pero nunca se había estudiado el impacto acumulado de estas empresas. 

A fines de los 90 poco se sabía lo que el litio iba a significar para los territorios. Tecnología de avanzada al estilo ciencia ficción. Un metal liviano capaz de mantener en vilo a países como Chile y Bolivia que, junto con Argentina, forman el llamado “triángulo del litio”, con sus extensiones de sal en retroceso. Tan estratégico como para que el llamado “Norte Global” negocie en el sur los beneficios para su consumo. 

Los salares son los más aptos y económicamente más convenientes para la extracción por evaporación pero el litio también se encuentra en el fondo del mar y entre las piedras, como en Puno, Perú, en donde se requiere un procedimiento diferente, con una mina a cielo abierto para separar el litio del uranio, tal como lo retrata la periodista Gabriela Wiener en una crónica publicada en revista Orsai. La crisis sociopolítica que se transformó en estallido social en 2023 contra la represión del gobierno de la entonces presidenta, Dina Boluarte, dejó 18 muertos y más de cien heridos. La profunda desigualdad que sufren las poblaciones aymaras incluye, entre otras cosas, que las comunidades no cuentan con la soberanía de los minerales pero sufren las consecuencias del extractivismo en sus propios territorios. El proyecto Falchani, de Macusani Yellowcake —subsidiaria de American Lithium—anunció el retraso del inicio de las operaciones para 2029. Cuestiones legales y técnicas son algunas de las causas pero los conflictos sociales también pesan en esta decisión. 

La historia la escriben los que ganan 

La Ley de Inversiones Mineras de 1993 que le puso un tope de 3% a las regalías de las provincias fue la puerta de entrada para las explotaciones a gran escala. La primera minera de litio que se instaló en esos 600 km2 de salar que comparten Salta y Catamarca fue en 1997 y durante varios años fue la única que reinó en la tierra salada. Fue gracias a Fabricaciones Militares que la provincia obtuvo la concesión del salar, de la exploración y explotación se hizo cargo la empresa Minera del Altiplano SA, subsidiaria de FMC Lithium Corp. La empresa norteamericana renombrada como Livent, en 2023 se fusionó con la australiana Allkem y formaron Arcadium. 

En marzo de 2025 se completó la venta de los activos globales por 6.700 millones de dólares en efectivo a la empresa anglo-australiana Río Tinto. Las regalías para el litio aún se mantienen, aunque podrían quitarse en un futuro. En agosto, por decreto del Gobierno nacional, se eliminaron las retenciones a más de 230 productos mineros, como el hierro y el cobre, para impulsar la competitividad del sector. No al litio, todavía. 

Un sector privado en el aeropuerto de la Dirección de Aviación Civil de Salta, una pista de aterrizaje a pocos metros del pueblo de Antofagasta, otra en la zona del salar, aviones que trasladan a profesionales y operarios, movimiento semanal constante. 

El proceso comienza con la extracción de la salmuera a más de mil metros de la superficie y su traslado a piletones en los que a través de un método evaporítico, separan el preciado litio de otros minerales, como potasio, calcio, cloruro de sodio o sulfato. En esos piletones, que pueden superar el tamaño de una cancha de fútbol, se deposita la salmuera durante nueve a doce meses. El carbonato de litio toma el aspecto de un polvo blanco que, con el agregado de cobalto y níquel, servirá para la fabricación de una batería. En el Documento de Posición sobre la Minería de Litio en los Andes de Sudamérica, de la organización mundial Wetlands, dice que se utilizan dos millones de litros de agua para obtener una tonelada. Equipar a un auto eléctrico, implica cinco kilos de litio, por lo tanto, esta cantidad abrumadora de agua podría destinarse a unos 200 vehículos.

El concepto más extendido en la red de asambleas, comunicadores, abogados, biólogos y antropólogos, es que la minería de litio, en realidad, es minería de agua. En el documental “Antes del lito”, el licenciado Néstor Ruiz, perito ambiental y miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) afirma que el método de producción es obsoleto y que 30% de la mezcla que se vuelca a los piletones consiste en agua dulce. Agua de los ríos y subterránea. Agua que corre y se evapora. Hoy se apuesta por un método de extracción directa que, según afirman, utiliza menor cantidad de agua, pero es aún más costosa. 

Frente a la polémica del freno legal, que repercutió en otros países, la estrategia fue abrir sus puertas a la prensa. En septiembre de 2024, desde un hotel en Buenos Aires viajaron medios argentinos hasta Salta y de ahí realizaron un trasbordo en aviones particulares hacia la planta procesadora de Fenix. Según sus imágenes ofrece la tecnología de avanzada para “optimizar el proceso productivo”. 

En ese espacio inaccesible para el periodismo ambiental, asistieron a charlas en las que les explicaron el proceso de producción. Las crónicas hicieron referencia a los beneficios que la actividad minera llevaba a la población y al confort que tienen los trabajadores —por ejemplo, espacios de recreación con una sala de música—. También aludieron a la intención de modernizar el uso del agua dulce. 

En representación de la empresa, el entonces Gerente de Operaciones de Arcadium (ahora Río Tinto), explicaba que había una confusión al respecto. El medio argentino Infobae publicó un textual de Luciano Mancuso: “El agua que fluye hacia el salar, la usamos nosotros o nadie; a 4 kilómetros no hay nadie más”. La negación de otras formas de vida se vuelve patente en este modelo de producción. Mientras que el agua de la salmuera no sirve para consumo, afirma, el agua subterránea apenas se vio afectada en 25 años. Con respecto a la superficial, se utiliza solo un 10% del acuífero. La mención al río Trapiche es inevitable, pero también alude a la remediación de la vega seca. 

La verdadera historia

La doctora en Biología, Patricia Marconi, forma parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Su trabajo con la investigación de los flamencos altoandinos (la parina grande y la parina chica) la llevó a conocer la problemática minera de cerca. “Para nosotros directamente este tema es una amenaza sobre la biodiversidad, por la metodología que utilizan y por las características de estos humedales que son oasis en medio de una matriz desértica. Cualquier intervención —ni hablar de estas que son a muy gran escala—, tiene un efecto muy negativo sobre el funcionamiento de estos humedales y todos los servicios ecosistémicos que brindan”.

Hace 30 años que la Fundación Yuchán trabaja en el altiplano. Patricia, a través de una llamada virtual, cuenta que la minería de litio siempre estuvo presente en Catamarca, pero a muy pequeña escala o con un proyecto puntual, como el caso de Fénix. Esto cambió drásticamente a partir de 2016 cuando se eliminaron las retenciones y hacia 2018 apareció la alta demanda de litio para un modelo de transición energética corporativa. Con el apremio de la supuesta transición verde en el llamado “Norte Global”, las empresas llamaron a duplicar la producción. 

Los proyectos se multiplicaron de manera indiscriminada en los humedales, “dependiendo exclusivamente de la concentración del mineral, no de si estaban dentro de un área protegida o había una comunidad dependiendo de esos humedales”. Según la bióloga, todo el ordenamiento territorial previo y los usos preexistentes fueron ignorados, como si la ola de extracción de litio hubiera borrado las leyes y los derechos. 

La búsqueda de cobre también es una amenaza para la biodiversidad. Durante 2023 se aprobaron dos pedimentos de cobre por lo que una vez dados los derechos para la prospección, sería el turno de la exploración y finalmente la explotación. “Dada la alta demanda de cobre y el alto precio del cobre en el mercado, sumado al RIGI, y esta desesperación mortal por obtener divisas de cualquier manera, la zona está en alto riesgo”. Los humedales son importantes, allí existe la mayor concentración de la parina chica.” Cada verano se congregan un promedio de 15.000 flamencos, es decir, el 10% de la población global. En algunos años llegamos a contar 19.000 y además es un sitio de nidificación regular, que son muy pocos en toda el área de distribución”. 

En los últimos años, las noticias sobre flamencos muertos han aumentado. En 2023 se determinó que el hallazgo de 220 ejemplares se debió a la gripe aviar. “Es difícil atribuirlo a la actividad minera”, contesta la bióloga frente a la pregunta, pero los estudios continúan. La minería a cielo abierto implica alta probabilidad de derrames ácidos, con cianuro y explosiones, una contaminación letal e inmediata. “En el caso de la minería de litio, el proceso es mucho más lento porque no lo vemos. Porque el 98% del agua de la Puna es subterránea”.

Parecida a la extracción de hidrocarburos, así es la exploración del litio en salmuera. “Se hacen pozos, se perforan a distintas profundidades, se van tomando muestras y aquellas profundidades que presentan mayor concentración, bueno, ahí ya se establecen pozos permanentes de extracción, de bombeo. Y se bombea la salmuera”.

La puna catamarqueña es una zona árida por naturaleza, “se evapora siete veces más agua de la que ingresa a través de precipitaciones o de nieve”, dice Patricia Marconi y explica que en la actualidad no existen inventarios de los recursos hídricos subterráneos en el Altiplano, como existen en el Acuífero Guaraní o Puelche. “Por la característica del plegamiento andino, hay acuíferos a distintas profundidades, y hay acuíferos confinados que no tienen conexión con la superficie y en muchos casos es de donde se extrae la salmuera. No hay reposición ni recarga. Es agua que quedó ahí entrampada, muy antigua. Se la denomina agua fósil y ese es un recurso no renovable, absolutamente no renovable”. 

En el seminario web realizado en octubre de 2024, Evidencias del hiperconsumo de agua en la extracción y producción de litio, Javier Oviedo, asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), habló del consumo del recurso hídrico y explicó que cuando se extrae la salmuera de un salar, esos acuíferos que quedan vacíos se equilibran con el agua dulce subterránea, que se termina salinizando. Al mismo tiempo, se utilizan los acuíferos de agua dulce para su procesamiento. “La industria minera del litio no considera que la salmuera sea agua. Hace un uso consuntivo del recurso, significa que el agua que se extrae no se devuelve al medio. Porque se consume totalmente, o cambia sus características y no se puede volver, o simplemente se pierde”. Que la tasa de evaporación es alta y no se devuelve al ecosistema, lo reafirma la bióloga marina Cynthia Escares en el mismo seminario y agrega que un ligero cambio en el balance hídrico afecta las condiciones ambientales y las relaciones simbióticas. 

La justificación de que no tiene perjuicio para el ambiente queda invalidada frente a los ejemplos, como el del Salar de Atacama, que menciona Patricia Marconi. “Se está hundiendo porque es tanta el agua, es tanta la salmuera que han extraído que ya pierde volumen, pierde sustento y está descendiendo todo el salar. Ese es un efecto dramático a nivel geológico, es realmente muy muy grave y además imparable, o sea es irreversible”. Según la bióloga, esa región de Chile es nuestro futuro distópico en términos ambientales y en lo que nos tenemos que enfocar: los oasis y vegas secas, las comunidades que se tuvieron que trasladar en busca de sustento porque no tenían lugar donde pastorear sus animales, ni agua dulce para su consumo. “No es algo inmediato, cuando se detecta, ya es tarde”. 

En base a su razonamiento, la minería sustentable no existe, ya que es una actividad extractiva que reduce la probabilidad de uso para las siguientes generaciones. “Podría ser responsable, pero para que sea responsable tenemos que saber en qué clase de sistema estamos interviniendo”.

Las lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca fueron declaradas “sitios Ramsar” en 2009, lo que significa que se consideran “humedales incluidos de importancia internacional”, dentro de la Convención sobre los Humedales. Previo a que Fénix se propusiera duplicar la producción, ya extraía 220 mil litros por hora, lo que representaba que en 15 días de funcionamiento la empresa consumía el agua potable de un año entero para las 2 mil personas que habitan la sierra. Si a eso se le suman Sal de Vida, también de Río Tinto; los proyectos Hombre Muerto West y Candelas, de Galán Lithium Limited; Salar de Oro, de la empresa surcoreana Posco; Virgen del Valle, de Minera Santa Rita; y La Veguita, (trece en total) el impacto ambiental podría resultar alarmante. 

En febrero de 2023 un empleado de la minera envió a la Asamblea Pucará una denuncia anónima, con fotos y videos del mal manejo de residuos químicos en el aire libre, polvo blanco que según el empleado era carbonato de litio cayendo sobre la tierra, una caldera de humo tóxico que funciona las 24 horas del día y vicuñas que comían de la basura química que generaba la empresa.

A comienzos de octubre de 2024 el proyecto La Veguita fue denunciado públicamente por la comunidad debido a la intención de realizar la prospección en un territorio ocupado por la casa del cacique Román Guitián. Recién ocho meses después el Ministerio de Minería de Catamarca suspendió el permiso, ya que se comprobó que el consentimiento firmado por el cacique era falso. 

El objetivo de la mayor parte de la comunidad es que Antofagasta de la Sierra deje de ser una zona de sacrificio. “Agua para los pueblos, no para las mineras”, se puede leer en las paredes del pueblo, en donde el arte deja constancia de la rebeldía. 

Red de Resistencia 

El 18 de febrero de 2017, nació en Andalgalá Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación —Pucará—, “con el propósito de fortalecernos en experiencias, información y alternativas y generar un espacio de confluencias, acciones y compromisos”.

Desde diferentes ciudades confluyeron para fortalecerse y tejer redes frente al extractivismo que es la estrategia política y económica de la provincia, que considera a la minería su principal fuente de ingresos. Mientras tanto, la red denuncia la desaparición de otras actividades regionales y el deterioro de la calidad de vida. Así, El Algarrobo, de Andalgalá, comparte experiencias sobre sus casi 16 años de caminatas ininterrumpidas, —como forma de resistencia pacífica—, con asambleas más jóvenes, como la de Belén, Santa María o Fiambalá. 

A esta red de asambleas pertenece Manuel Fontenla, profesor de Filosofía de la Universidad de Catamarca (UNCA), Doctor en Estudios Sociales de América Latina, y apasionado por el mundo de la escalada. En una clase abierta y pública en el Día de la Biodiversidad, Fontenla se refirió a la problemática del litio para el ambiente. Explica que al contrario de lo que se promociona, el litio no es la panacea ni está destinado a salvar el mundo. Las baterías de litio tienen la función de almacenar energía, no de generarla, y ese es un punto importante. “Vienen a resolver un problema específico que es la producción de gases de efecto invernadero que se da cuando quemamos combustibles fósiles”. 

Hablar del litio en la transición energética significa enfocarse en un solo eje de toda la problemática del cambio climático. Se trata de un reduccionismo —dice el profesor—, lo mismo que referirse solo a los autos eléctricos para hablar de electromovilidad.

Según la Agencia Internacional de Energía la demanda global de energía aumentó un 2.2% en 2024. Las energías renovables y la nuclear cubrieron alrededor del 40% de la generación total de electricidad. El pronóstico es que el declive del petróleo sucederá en 2030 y será necesario cubrir esa demanda que no frena. Por otra parte, estadísticas de la Red de la Huella Global, muestran que se necesitarían 5,8 planetas para cubrir el ritmo de uso de recursos de los Emiratos Árabes, o 4,9 en el caso de Estados Unidos. 

Encontrar una solución en verdad sustentable para ambos hemisferios implica no explotar ríos ni tierras como se realiza hoy. Manuel Fontenla opina que pocos se refieren al decrecimiento económico como opción. “Tiene pésima prensa, nadie quiere discutir sobre cómo achicar el mundo y cómo reducir el consumo en cuanto a energía”. Entre las voces referentes, habla de la politóloga Flavia Broffoni, que se refiere a la  descomplejización de las sociedades como una manera de enfrentar un colapso que ya está aconteciendo. Producción, consumo y distribución local, opuestos a la globalización de hoy. 

Argumentos sobran para defender el salar, coinciden los integrantes de la red Pucará. Desde la ciencia, se explica que los ecosistemas de humedales salinos son sumideros de carbono, por lo tanto, ideales para combatir la emisión de gases de efecto invernadero. En 2010, María Eugenia Farías fue una de las microbiólogas que participó en el descubrimiento de estromatolitos fósiles y vivos en la Puna salteña. El Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas (LIMLA) encontró “microorganismos extremófilos que se adaptan a condiciones inhóspitas, similares a las del planeta hace 3.400 millones de años”, cuenta un artículo de CONICET. Estos sistemas microbianos, “asociación de algas y bacterias que precipitan minerales y son capaces de captar dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno”, son la forma más antigua de vida descubierta en el planeta y, por lo tanto, valiosos para su estudio y conservación. 

“Llegamos a este punto donde solo la solución es posible a través de la tecnología y de los minerales porque se destruyeron todas las alternativas que hubo durante muchos años. Yo sí cargo de responsabilidad a ciertos sectores de poder”, dice Fontenla que anima a que la transición energética sea una discusión transversal, en todos los ámbitos. 

Mirada hacia un futuro incierto

El Ministro de Minería de la provincia de Catamarca, el ingeniero Marcelo Murúa Palacios no accede al pedido de entrevista. La comunicación se hace por una nota formal, la respuesta por Whatsapp es que el ministro está de viaje, o está ocupado, que no puede atender. Tampoco es posible hablar con la ingeniera Teresa Regalado, y menos con Luciano Mancuso, ex director de operaciones para Argentina de Río Tinto Lithium. Su secretaria deja de contestar. A través de las redes laborales, el mensaje queda en visto. Meses después, su nombre, como ex presidente de la subsidiaria de Livent, Minera del Altiplano, queda vinculado a un caso de subfacturación, a un posible contrabando de exportación de litio en el marco de la causa “Sales de Jujuy S.A. y otros s/ Infracción a la Ley 22.415”. Se los imputa porque habrían realizado 146 exportaciones de carbonato de litio a precios “significativamente inferiores” a los valores internacionales de mercado entre junio de 2022 y octubre de 2023, entre un 30 y 45% por debajo del valor del mercado, lo que representa una pérdida fiscal de más de 200 millones de dólares. 

La que responde pronto es Verónica Gostissa. Su historia en Catamarca se remonta a 2013, cuando todavía cursaba la carrera de abogacía. Había salido con sus amigas desde Buenos Aires haciendo autostop en la ruta y en Jáchal, San Juan, se encontró con una problemática que desconocía: un camionero le mostró cómo una minera había secado el río; la impactó tanto que a su regreso se propuso investigar temas de derecho ambiental. Tiempo después conoció Andalgalá, en el centro de la provincia catamarqueña. “Ahí empezamos a acompañar a la gente”. Se refiere a las caminatas de los sábados en contra de la megaminería y para cuidar el agua que baja por la sierra Capillitas y alimenta a la ciudad; caminatas que en quince años ya superaron las 800. Hay suficiente cobertura en la prensa y en las redes sobre las historias de los vecinos que no se resignan a quedarse inmóviles ante el desastre ambiental que dejó la mina de oro y cobre La Alumbrera, y el avance de los proyectos MARA-Agua Rica. 

Verónica eligió concursar por un cargo en la Defensoría Pública para quedarse en Catamarca. En una actividad universitaria le presentaron al cacique Román Guitián, así se involucró en el caso del Salar del Hombre Muerto. “Cuando fuimos al salar, me decían: acá hay un río seco. Eso fue lo más triste que vi en mi vida”. Presentaron el amparo en la justicia federal, y aunque esta se declaró incompetente y la causa quedó en la provincia, no dejó de participar en la protección del territorio y sus habitantes, con ellos formó un vínculo que todavía persiste. Ahora trabaja en una asesoría federal y es parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) y de la Alianza por los Humedales. 

Según la cronología de la abogada, cuando se difundió que el río Trapiche estaba seco y hubo un revuelo en la comunidad, el intendente actual, Mario Cusipuma, aprovechó para ponerse una camiseta alusiva al río y sumar el tema a su campaña, semanas antes de ganar las elecciones. No le resultó extraño a la comunidad que el integrante del partido Unión por la Patria, luego se olvidara de sus promesas. “Entonces empezaron a tener episodios de violencia institucional. A la familia Morales la quisieron desalojar para crear un bypass minero en Antofagasta. En su momento, hicimos la denuncia de violencia institucional, la policía golpeó a las mujeres y a las familias, a Lulú, una señora de 90”.

La persecución que sufrían las familias opositoras se vio agravada por la pandemia, eso contribuyó a desactivar los movimientos de resistencia. Gostissa afirma que durante la pandemia la gente estuvo muy encerrada, muy controlada con la policía. “Las mineras, por decreto, tenían autorización para trabajar, por lo que hubo un avance fuerte en ese tiempo. La gente no podía protestar, no accedíamos a tanta información”. 

Parte de la comunidad denuncia que se ha naturalizado que la minera intervenga en la sociedad. La abogada es categórica: “despliega una ingeniería social fuertísima, empiezan a dar becas, trabajo de tres meses y todo precarizado. Los pibes de 18 años se pueden comprar una moto, no importa que en un año no tengan más trabajo o se enfermen o no”. 

En un comunicado del 29 de diciembre de 2024, Minería autorizó la creación de otro camino alternativo, para que Arcadium transportara las salmueras de Sal de Vida al proyecto Fénix, hacia la planta de procesamiento. Pero en realidad ese camino ya existe y es comunal, de pastoreo. Se encuentra muy cerca de las tumbas sagradas, por lo que La Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano difundió otro comunicado sobre el avasallamiento de sus derechos. El descubrimiento de vicuñas atropelladas “demuestra el impacto directo y devastador que tendrá este camino sobre nuestra vida y el equilibrio natural del Salar del Hombre Muerto”. 

Los frentes se multiplicaron, lograron frenar el avance del proyecto minero La Veguita, ya que el consentimiento de Guitián había sido falsificado, por lo que el Ministerio de Minería de Catamarca suspendió el permiso. El conflicto principal todavía se encuentra en el informe de impacto ambiental acumulativo. 

En octubre de 2024 Teresa Regalado, la secretaria de Desarrollo Minero de Catamarca, contaba en una entrevista para una radio local que habían llegado a la metodología apropiada con la colaboración del Conicet y de otras fundaciones, y que se había firmado contrato por financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y una consultora local especialista en temas ambientales, sociales y económicos. Siete meses después el Estudio y Gestión de Impacto Ambiental Acumulativo (EGIA) en el río Los Patos y el Salar del Hombre Muerto se presentaba según lo solicitado por la Corte de Justicia: “Los modelos hidrogeológicos validados anticipan que el acuífero conservará su capacidad de recuperación aún bajo escenarios de explotación. Estos resultados refuerzan la importancia de mantener y fortalecer los programas de monitoreo, clave para una gestión hídrica precautoria y adaptativa”. Total normalidad. En las redes sociales el gobernador Raúl Jalil, anunciaba un plan de gestión integral “con enfoque preventivo, adaptativo y participativo, orientado a cuidar nuestros recursos y asegurar decisiones sostenibles para todas las comunidades”. 

La participación ciudadana fue destacada, en concordancia con el acuerdo de Escazú. Verónica aclara que se presentó en el marco del amparo un equipo interdisciplinario de la comunidad para poder también ser parte activa del proceso de evaluación: una bióloga, una hidrogeóloga y una antropóloga. Mientras que el gobierno presentó un cronograma de evaluación, el equipo de la defensa de Guitián realizó observaciones sobre las irregularidades en el modo en que el gobierno entendía la evaluación. 

Cómo se mira lo que se mira. Cómo se evalúa el daño. Ahí está la cuestión. “De hecho, la característica un poco de todos estos proyectos locales es que no tienen línea de base. Ni siquiera podemos todavía pensar en evaluar los proyectos si no conocen el río”. La abogada cuenta que la línea de base en un salar no empieza de cero, sino en 1997. “Entonces, hay mucha información previa que debe pensarse para que puedan analizar cómo es la situación de todos los proyectos a la vez. Y, además, la cuestión territorial”.

Observar solo una vega y dos ríos resulta insuficiente, consideran desde el punto de vista científico y legal. Verónica Gostissa analiza: “Cómo pensamos la dimensión territorial de una evaluación ambiental de este estilo, más allá de lo interjurisdiccional en términos de lo político y lo hidrogeológico”. Hay una unidad de cuenca en el lugar, si solo miro este tramo, no estoy viendo que todo es una gran unidad”. 

En ese expediente se presentaron tres organizaciones como “Amicus Curiae”, que es Amigos del Tribunal, que es FARN, DEPS y AIDA, que son tres organizaciones de la cultura ambiental, también apoyando el pedido de Román de la comunidad y dando más motivos técnicos, científicos. 

La asamblea Pucará acompaña los reclamos con una perspectiva ambiental que los integra, dentro de un contexto global nada favorable. Entre las discusiones y estrategias, la minería metalífera y litífera son grandes ejes para analizar, cuenta Verónica. Lo que sucede en el territorio, los convoca. Organizan talleres en escuelas, encuentros y cumbres por el agua, a la que concurren de otras regiones para integrar problemáticas y resistencias. 

El espacio de Alianza por los Humedales, junto con Chile y Bolivia realizó, una asesoría con talleres, comunicación, acompañamiento jurídico y una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con una audiencia sobre el  impacto en los derechos humanos del extractivismo de litio. Ahí viajó Verónica, a Washington, el 15 de noviembre de 2024. “Presentamos un informe escrito, nos recibieron integrantes de la comisión. Estaba el relator de Derechos Económicos Sociales, Culturales (Javier Palummo Lantes). Había cinco comisionados, y hubo media hora para exponer los casos de Chile, Bolivia, Argentina y Colombia. Ellos hicieron preguntas, y se armó un espacio de debate y discusión. La idea es que también se abran otras líneas estratégicas posibles”.

Mientras que en Catamarca el tema queda invisibilizado, hacia el exterior, Antofagasta de la Sierra es un destino que está en la mira de la cartera de negocios. “En la semana de minerales críticos viajan los gobernadores a decir que está todo bien. Bueno, no puede ser la única voz que esté ahí. Hay que estar, para decir que está todo mal”. Uno de los objetivos de La Alianza por los Humedales es tener incidencia estratégica en espacios de discusión internacional. “Porque guste o no, la discusión está instaladisima. El litio está instaladisimo. No es que va a desaparecer la discusión. Entonces, o se participa o te pasa de largo”. 

Si el agua se va, la gente también.

El mayor temor de Román Guitián es que el espacio en el que su familia creció sea un pueblo fantasma, que en el futuro queden solo viejos. “Yo quería que venga el gobernador, que la gente pida una terciaria, que los chicos se capaciten aquí, y puedan ejercer su estudio acá. No puede ser esto que los chicos tengan que ir a otro lado a estudiar. Se enamoran de otra provincia y no vuelven”.

El Doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Estudios Sociales y Culturales, Horacio Machado Aráoz, dice que el extractivismo es la base material de los regímenes autoritarios. “Es la negación radical de la democracia. La apropiación oligárquica de la tierra es la negación básica y absoluta de la soberanía popular, es la base material de un régimen político de pocos y para pocos”. Integrante de la organización territorial, Be.Pe, Machado sintetiza el pensamiento de las asambleas y habla de democratizar la tierra para democratizar la sociedad. Mientras el gobierno de Catamarca continúa con la promoción de eventos costosos y exclusivos, como la edición XIV del Seminario Internacional de Litio en Sudamérica, la respuesta de las asambleas es generar conocimiento abierto. El 29 de septiembre se realizó el festival Ambiente y Primavera que reunió a la red de alianzas y comunidades de la región en defensa de los humedales. Su objetivo fue poner en común acciones de resistencia, alertar sobre las consecuencias del litio (y de políticas extractivistas), y alentar las economías regionales. Con música y feria, en una plaza pública, las personas que participaron dejaron en claro lo primordial que resulta la conservación del agua para la vida.

* Karina Ocampo: Periodista. Licenciada en Comunicación. 

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La gente del lugar lleva años viendo cómo los ríos, pozos y vegas se han ido secando. Mientras tanto, unas surreales piletas de agua turquesa salpican el paisaje como un espejismo.Vista aérea del Río Pastos Chicos que los habitantes a veces deben usar como fuente de agua para beber, aunque contenga arsénico de forma natural.

Por Lucila Pellettieri (*)

Hace más de una década, comunidades originarias de la región de la Puna (el altiplano más alto después del Tíbet) aceptaron que dos empresas mineras de litio, Minera Exar y Sales de Jujuy, operaran en el departamento de Susques. Esperaban que las minas trajeran empleos y desarrollo, junto a la cuidadosa gestión ambiental que se les prometió. Algunas personas locales trabajan para las minas, pero la demanda por baterías de litio las ha dejado sin agua suficiente para vivir cómodamente, o tan siquiera para mantener su ganado y cultivos. Si bien el litio ayuda a energizar los autos eléctricos, computadoras y otra tecnología de alto nivel, pone en peligro la supervivencia básica en uno de los puntos más áridos de Argentina. 

La desesperación ha llevado a algunas personas a beber el agua del Río Pastos Chicos, que contiene arsénico proveniente de la actividad volcánica. Los niveles de arsénico en el río alcanzan las 1 400 partes por millón y exceden considerablemente el umbral que, según la Organización Mundial de la Salud, puede provocar cáncer.

Global Press Journal intentó comunicarse con Minera Exar y Sales de Jujuy a través de correos electrónicos, solicitudes en redes sociales, cartas físicas y más de 20 llamadas telefónicas, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, el gobierno de la provincia de Jujuy niega que las operaciones mineras sequen las reservas de agua.

“Es totalmente falso decir que la exploración y/o producción de carbonato de litio consume el agua disponible para las comunidades, ya que el agua para consumo [local] proviene de otras fuentes, las cuales no se ven afectadas por los proyectos”, indica un reporte de agosto de 2023 del gobierno de Jujuy. Sin embargo, estudios independientes demuestran que, en efecto, las minas son las culpables del agotación del agua en el área. 

Walter Díaz Paz, ingeniero ambiental de CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, quien ha escrito numerosos informes sobre la minería de litio en la Puna, dice que las compañías mineras oscurecen los hechos.

La extracción de agua por parte de las compañías mineras está “completamente vinculada” al hecho de que se hayan secado los pozos de agua de varias personas, dice Díaz Paz.

Se proyecta que la minería de litio tenga un crecimiento exponencial en Argentina. El país cuenta con la tercera mayor reserva de litio del mundo y es el cuarto productor global , aunque el presidente Javier Milei considera que la minería está “ especialmente subdesarrollada ”. En hizo abril que la importación de equipos y materiales para la minería resultara más barata y rápida para las empresas.

En junio, el Presidente Milei aseguró la aprobación del Congreso para otra ley que otorga a las compañías mineras beneficios significativos como reducciones impositivas y aranceles del 0% en las importaciones durante 30 años, entre otros incentivos. Se ha reunido dos veces con Elon Musk, el cofundador y CEO de Tesla, gigante en baterías y autos eléctricos, que además es uno de los mayores consumidores de litio en el mundo.

Este plan económico preocupa a la gente del departamento de Susques. Las minas dan empleo a aproximadamente el 30% de los trabajadores del departamento, pero esto es de poca importancia si el agua está desapareciendo.

Hace tres años, Reinaldo Luzco, de 75 años, sacaba agua de un pozo natural cercano a su casa para su familia y sus cabras. Hoy ese pozo está seco. Ahora él depende de que otros le traigan agua del pueblo y cuando esto no alcanza, bebe agua del río que contiene arsénico de manera natural.

“¿Qué vamos a hacer? Sin reservas [de agua] nos vamos a morir”, dice Luzco.

El ‘oro blanco del siglo XXI’

Estanques de evaporación en la mina de litio, Sales de Jujuy SA

Durante millas de años, el agua de lluvia ha bajado de estos picos en los Andes, erosionando lentamente las ventas y el litio de las rocas para formar una salmuera que penetra los lagos, salares y acuíferos de la Puna.

Se calcula que Argentina tiene 20 millones de toneladas de litio en esta salmuera; es decir, 10% de las reservas mundiales conocidas de litio. Extraerlo exige perforar los salares (las superficies blancas y agrietadas de lo que antes fueron lagos y que ahora se han evaporado completamente), y bombardear la salmuera subterránea hasta las piletas de evaporación cercanas. Una vez que llega a estos estanques artificiales, la salmuera se deja evaporar hasta por dos años. Luego se procesa y se obtiene carbonato de litio, una sal blanca que una vez refinada se usa en la producción de baterías.https://player.vimeo.com/video/980793750

Durante 2023, Minera Exar y Sales de Jujuy extrajeron unos 12 200 millones de litros de salmuera, según los niveles de producción declarados en sus informes de impacto ambiental, y el consumo de salmuera por tonelada que han calculado los expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. y Técnicas de Argentina.

Durante el mismo período, ambas empresas extrajeron más de 3 700 millones de litros de “agua industrial” —técnicamente, agua dulce— para producir lo que se conoce ampliamente como el “oro blanco del siglo XXI”. Esta cantidad equivale a más de 31 veces el consumo anual de agua de los habitantes del departamento de Susques. Tan solo dos años antes, las minas de litio habían usado cinco veces el consumo de agua dulce de los habitantes del departamento. En 2023, después de que Sales de Jujuy expandiera sus operaciones y Minera Exar comenzara a producir, la extracción de agua dulce se disparó 535%. Y las empresas tienen planes de expandirse aún más.  

Ahora, cuatro minas producen litio en Argentina: las minas de Sales de Jujuy y Minera Exar, que se encuentran en la provincia de Jujuy, la mina Fénix que está en la provincia de Catamarca y la mina Centenario Ratones, en la provincia de Salta. Se espera que otras dos minas inicien operaciones este año; otras más les seguirán. Según un informe de noviembre de 2023 de la Secretaría de Minería de Argentina, están en desarrollo otros 40 proyectos de minería de litio. 

Lo crucial para la gente que vive en la Puna es que esta extracción masiva de agua debajo de los salares afecta la distribución de los reservorios de agua subterránea en la región, los cuales se clasifican como de agua dulce, salobre, salada o salmuera. Todos ellos se conectan a través de zonas de mezcla.

Lo anterior no sorprende. Un estudio realizado en 2018 por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina modeló los impactos pronosticados de la minería de litio en la cuenca hidrológica Olaroz-Caucharí en la Puna. Según la investigación, el bombeo masivo de salmuera en el departamento de Susques — que comenzó en 2015 — probablemente atraiga el agua dulce cercana hacia los salares, donde se volverá irreversiblemente salada. El estudio también encontró que es casi seguro que los niveles de la cuenca Olaroz-Caucharí disminuyeron, haciendo que se secuencian manantiales, lagos, lagunas y pozos.

Y eso es exactamente lo que la gente del lugar está comprobando.

Menos agua disponible

Una mujer camina por la calle después de llenar dos bidones con agua potable en la plaza principal de Huancar.

El patio de María Norma Vásquez alberga un ejército de baldes, bidones y palanganas. Se trata de su última defensa contra las frecuentes interrupciones en el servicio de agua de su pueblo, una red de mangueras que toman agua de un manantial cercano. El agua potable se surte de un tanque en la plaza principal del pueblo, alimentado por un manantial de bajo caudal en las inmediatas.

“A veces no tenemos ni para limpiar, ni para lavar nuestra ropa, hacer higiene, ni nada”, dice.

Las vegas de donde bebían los animales están secas, dice Eva, quien pidió que no se mencionara su apellido por temor a represalias.

“Siento que chupan todas las venas de todos los cerros”, dice Eva.

Las compañías mineras han hecho cierto esfuerzo por aliviar la competencia por el agua. En 2022, Minera Exar gastó cerca de 87 millones de pesos argentinos (unos 500 000 dólares en aquel momento) para llevar agua embotellada a sus empleados a fin de evitar el consumo del agua potable local. Ese mismo año, la compañía también gastó 640 000 pesos (unos 3 400 dólares en aquel momento) para abastecer de agua a 104 casas en la región rural de Salar de Olaroz, según el informe de sostenibilidad para 2022 de la empresa.

Estos esfuerzos no han aplacado las inquietudes. Muchas personas ya no quieren que las mineras estén allí. Están uniéndose a las voces que comenzaron a escucharse en 2012 en la cuenca de Salinas Grandes-Guayatayoc, vecina de la cuenca del Salar de Olaroz. Allí, 33 comunidades originarias crearon en 2015 un documento llamado el Kachi Yupi , que exige que las empresas que quieran instalarse en la zona sigan un protocolo de consulta que respete la cultura de los grupos indígenas.

Pero ese protocolo quedó finalmente en la nada luego de que el gobierno provincial de Jujuy no lo refrendara .

El año pasado, las comunidades originarias recibieron otro duro golpe. 

En junio de 2023, el gobierno de Jujuy aprobó una reforma constitucional exprés . El proceso se realizó en poco más de 30 días sin hacer una consulta pública. La reforma establece que los terrenos fiscales, como los que habitan estas comunidades, podrán expropiarse y emplearse para desarrollos productivos como la minería de litio. Asimismo prohíbe las protestas y manifestaciones que involucren cortes de rutas, uno de los pocos métodos que tenían los manifestantes para hacerse escuchar. 

Hay algunas pequeñas señales de cambio. En marzo, en la provincia de Catamarca, luego de que la gente reportara los efectos negativos de la minería de litio en el Río Los Patos, un tribunal prohibió todos los permisos de minería nuevos en el área y ordenó al gobierno provincial realizar un nuevo estudio. de impacto ambiental.

Aun así, la voluntad de algunas comunidades se resquebraja. Este año, Lipán, una de las 33 comunidades que firmó el Kachi Yupi, se separó de las demás y permitió que comenzara la exploración para la extracción de litio en sus tierras.

Crecen las oportunidades y el resentimiento

Vista aérea de los piletones de la minera de litio Sales de Jujuy SA

Los informes del gobierno y las compañías mineras “desconocen intencionalmente” el efecto de las actividades mineras en los reservorios subterráneos, dice Díaz Paz, el ingeniero ambiental que ha estudiado del impacto de la minería de litio en la región. Dicen que se explota solo un área, pero esa explotación conduce a una disminución en los caudales superficiales y en el volumen de agua que llega a las vegas, explica.   

Otro problema, dice Díaz Paz, es que las mineras usan el término “agua industrial” —acuñado por la propia industria y que no se emplea en ninguna clasificación científica— para referirse al agua dulce que no cumple con las normas para considerarla potable.

Las compañías mineras clasifican esta agua dulce sin tratar —que la gente local emplea para sus animales y cultivos— como “agua industrial”. Por lo tanto, pueden extraerla mientras niegan que están compitiendo con la comunidad.

José Gómez, secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, dice que existen más de 70 puntos de monitoreo alrededor de la cuenca para asegurar que la minería no salinice el agua dulce.

Y reconoce que el agua industrial es la que la gente bebe y usa para sus campos.

“El agua es la misma, sí, por supuesto”, dice.

Antes de la llegada de las compañías mineras, la gente usaba agua tanto dulce como salobre de fuentes locales para beber y para sus animales.

Hoy, muchas de las vegas están secas o han quedado cubiertas por pilas de evaporación. Pero las minas han generado oportunidades de empleo, inversión y servicio telefónico celular, dice una persona residente de Susques, quien prefiere no difundir su nombre para preservar su trabajo como proveedor de las mineras.

Al igual que otra gente del área, dice que las comunidades locales aceptaron a las mineras por necesidad, con la esperanza de que generarán empleo y desarrollo en una zona con economía de subsistencia.

“Las comunidades quisieron hacerle un aporte al país, quisieron generar trabajo, conectarse al mundo”, explica. “Puede que hayamos hecho mal, no lo sabemos”.

La respuesta a esa pregunta es sencilla, dice Pablo Bergese, coordinador de sostenibilidad minera para la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy. Otros esfuerzos para aliviar la pobreza en el área han fracasado, dice. La única manera de desarrollar el área es aprovechar la riqueza minera, agrega.

“La gente se ha desarrollado en cuanto a hogares. Tienen mejores accesorios. Tienen mejores baños. Tienen mejores edificios. Tienen centros comunitarios”, dice Bergese. “El desarrollo lamentablemente impacta al ambiente. Eso es lo que por ahí nosotros renegamos. El ser humano impacta el ambiente en todas sus actividades. La minería es una más, digamos”.

No obstante, mucha gente local se siente rezagada. 

José Sajama, líder de la comunidad Abra Pampa, al norte del Salar de Olaroz, es hijo y nieto de mineros, pero tiene una visión muy diferente sobre la minería aquí en la Puna.

“Se han desarrollado minerales en buena parte de la Puna, y ¿por qué la gente sigue pobre? ¿Cuál es el desarrollo? ¿O es desarrollo para quién?”, se pregunta Sajama.  

María Arce, GPJ, contribuyó en este artículo.

Equipo editorial

Reportera:

Lucila Pellettieri

Edición:

Bennett Hanson

Verificación de datos:

Felicity Laughton

Corrección de estilo:

Allison Braden

Traducción:

Shannon Kirby   y  Martha Macías

Intérprete:

Martha Macías

Edición de fotografía y vídeo:

Juan Pablo Ampudia

Editor principal de fotos:

Charlotte Kesl

Videografía:

Milena Pellettieri para Global Press Journal

Ilustraciones y gráficos:

Matt Haney

Animaciones:

Aamir Sohib para Global Press Journal

Diseño y desarrollo:

Katie Myrick   y  Andy Neale

Fecha de publicación

25 de septiembre de 2024

(*) Publicado originalmente por Global Press Jornal

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Por Redacción Marcha | Fotos: Susi Maresca

Cerca de los años 1400, los imperios europeos se lanzaron a la mar en búsqueda de riquezas, de expandir sus dominios y su religión. En aquellos años la palabra “capitulaciones” designaba varios tipos de documentos jurídicos o diplomáticos, tanto entre estados como entre particulares y estados. ​ Para la conquista de nuevos territorios, en la Edad Media la Corona de Castilla no recurría a ejércitos propios permanentes sino que contrataba la misión a particulares poderosos, a cambio de títulos y beneficios económicos que se recogían en una capitulación.

En pleno siglo XXI, los imperios siguen expandiéndose. En éste caso, la excusa de expandir la fé cristiana dejó de ser válida, pero fue reemplazada por otro credo no menos incomprobable: la transición energética.  

Una ley para dominar

El mítico anillo que fuera imaginado por Tolkien toma cuerpo en las disputas geopolíticas y el manejo de los estados-mercado frente a la escasez. De tal manera, en el contexto de guerra en Ucrania, en un escenario ¿post?-pandemia, con un claro avance de los países asiáticos en la competencia de mercados tecnológicos, los recursos energéticos son una prioridad para los países del primer mundo, aquellos que no saben vivir sin aviones, shoppings o bolsas de valor.

En el año 2023 se implementó un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco para garantizar el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales.

En la presentación de dicha propuesta, se expone: “La UE depende casi exclusivamente de las importaciones de numerosas materias primas fundamentales. Los proveedores de dichas importaciones se encuentran con frecuencia muy concentrados en un reducido número de terceros países, tanto en la fase de extracción como en la de procesamiento.”

De tal manera, la UE legisla sobre los “proyectos estratégicos” que sean capaces de cubrir los suministros de materias primas para la transición. De ésta manera, alienta expediciones de empresarios y capitales del primer mundo a dirigirse a los “terceros países” (nuestros pueblos), asegurando para ello condiciones favorables hacia ellos. 

El capítulo VI establece un “marco para la cooperación a través de asociaciones estratégicas con terceros países en relación con las materias primas y para lograr mayores sinergias entre dichas asociaciones estratégicas y la cooperación de los Estados miembros con los terceros países en cuestión. La Unión ha celebrado asociaciones estratégicas relativas a materias primas con terceros países con el fin de aplicar el Plan de Acción sobre las Materias Primas Fundamentales de 2020″. En nuestro país, el convenio como “tercer país aliado” en ésta coalición se firmó en el año 2023 bajo la presidencia de Alberto Fernández. 

Seguimos analizando, y si bien en el apartado 10 del primer capítulo la ley enuncia que los proyectos deberán ser respetuosos de los Derechos Humanos y el medio ambiente, en el artículo 61 el reglamento se desliga de la responsabilidad de cumplimiento, y dice que queda sujeto a los países miembro sancionar el incumplimiento de dichas normas:

16) “Habida cuenta de su importancia para garantizar la seguridad del suministro de materias primas estratégicas, los proyectos estratégicos deben considerarse de interés público. Garantizar la seguridad del suministro de materias primas estratégicas es de vital importancia para el éxito de las transiciones ecológica y digital, así como para la resiliencia de los sectores de la defensa y el espacio.”

Aquí aparece revelada la verdadera noción estratégica: el suministro de metales raros y materiales para la transición no está pensado para darle a cada habitante del mundo un auto a baterías: la razón por la cual dicha demanda no puede cubrirse solamente con el reciclado, es que se encuentra directamente orientada a la “defensa”, lo que será un eufemismo para nombrar las guerras. 

Dado su papel a la hora de “garantizar la seguridad del suministro de materias primas estratégicas de la Unión y su contribución a la autonomía estratégica abierta de la Unión y a la transición ecológica y digital, la autoridad responsable de la concesión de autorizaciones debe considerar que los proyectos estratégicos son de interés público”. Así es como se declara la ganancia de empresas privadas como una cuestión de interés público.

Seguimos leyendo:

“Los proyectos estratégicos cuyo efecto perjudicial sobre el medio ambiente es tal que les hace entrar en el ámbito de la Directiva 2000/60/CE, la Directiva 92/43/CEE del Consejo y la Directiva 2009/147/CE39 pueden autorizarse si los responsables que conceden las autorizaciones llegan a la conclusión, sobre la base de una valoración caso por caso, de que el interés público que se persigue con el proyecto supera dichos efectos, siempre que se cumplan todas las condiciones pertinentes establecidas en estas Directivas. Cuando proceda, la valoración caso por caso debe tener en cuenta la especificidad geológica de las zonas de extracción, que limita las decisiones sobre la ubicación”.

Queda claro de ésta manera que el supuesto y declarado  “interés público” del proyecto rige por sobre los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. 

34) “A fin de garantizar que los Estados miembros y las industrias europeas puedan anticipar la alteración del suministro y se preparen para resistir sus consecuencias, deben desarrollarse medidas para aumentar la capacidad de control, coordinar las reservas estratégicas y reforzar la preparación de las empresas”.

Por otro lado, crea instituciones a medida de las empresas, que sean capaces de generar las condiciones para que la explotación sea rentable: “El Consejo Europeo de Materias Primas Fundamentales. Dicho Consejo debe estar compuesto por los Estados miembros y la Comisión, al tiempo que debe permitir la participación de otras partes en calidad de observadores. A fin de desarrollar los conocimientos especializados necesarios para la ejecución de determinadas tareas, el mencionado Consejo debe crear subgrupos permanentes sobre financiación, exploración, seguimiento y reservas estratégicas, que deben actuar como una red reuniendo a las diferentes autoridades nacionales pertinentes y, cuando sea necesario, consultar a la industria, el mundo académico, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes. El asesoramiento y los dictámenes del Consejo mencionado deben ser no vinculantes y la ausencia de dicho asesoramiento o dictamen no debe impedir que la Comisión desempeñe sus funciones en virtud del presente Reglamento”.

A la par de esta centralización institucional y de gobernanza, brinda directivas precisas a los proyectos estratégicos para proceder en los territorios: 

En el artículo 6 sobre la “solicitud y reconocimiento de proyectos estratégicos”, se solicita que “presenten d) un plan que contenga medidas para facilitar la aceptación pública, incluido, cuando proceda, el establecimiento de canales de comunicación recurrentes con las comunidades y organizaciones locales, incluidos los interlocutores sociales, la puesta en marcha de campañas de sensibilización e información y el establecimiento de mecanismos de mitigación y compensación.”

Las medidas aquí expuestas no son nuevas. Las organizaciones socioambientales y comunidades indígenas venimos denunciando en numerosas oportunidades la violación de derechos humanos fundamentales, la persecusión  y la criminalización de la protesta que deviene a los defensores de la tierra luego del desembarco de agentes académicos, de ONG y empresas en los territorios para extorsionar a los pueblos oprimidos a que acepten los espejitos de colores a cambio del oro.

Como una concesión de negocios, el reglamento estipula que en el caso de los proyectos estratégicos en terceros países, “la Comisión compartirá la solicitud recibida con el tercer país cuyo territorio esté afectado por el proyecto propuesto. La Comisión no aprobará la solicitud antes de recibir la aprobación explícita del tercer país de que se trate”. Nada dice respecto de las poblaciones directamente afectadas, considerando que en muchos casos se trata de naciones indígenas preexistentes con daños acumulativos e integrales en sus territorios.

Respecto a los datos, sienta un peligroso precedente de exploración intensiva, cesión y centralización de datos geoestratégicos, que podrá utilizar herramientas militares (“de defensa”) y satelitales para ello. Los programas nacionales de exploración a que se refiere el apartado 1 incluirán “medidas para aumentar la información disponible sobre las ocurrencias de materias primas fundamentales en la Unión, incluidos los yacimientos minerales profundos. Incluirán, en su caso, las siguientes medidas: a) una cartografía de minerales a la escala adecuada; b) campañas geoquímicas, incluidas las destinadas a establecer las composiciones químicas de los suelos, los sedimentos y las rocas; ES 37 ES c) estudios geocientíficos, por ejemplo, geofísicos; d) el tratamiento de los datos reunidos a través de la exploración general, incluido el desarrollo de mapas predictivos; e) el reprocesamiento de los datos de estudios geocientíficos existentes para comprobar las ocurrencias de minerales no identificados que contengan materias primas fundamentales”.

Meritocracia climática

Entonces, si los derechos de los proyectos estratégicos son prioritarios, ¿Qué derechos no lo son?
Queda claro en el artículo 11 de la ley donde dice que “el plazo para consultar a la población afectada sobre el informe de evaluación de impacto ambiental a que se refiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2011/92/UE no será superior a noventa días en el caso de los proyectos estratégicos”.

De igual manera, si bien el articulo 12 plantea que “todas las decisiones adoptadas en virtud de la presente sección serán de acceso público“, cabe mencionar que la elaboración de informes en Argentina fue delegada en una comisión de consultores externos, que se dirigió a las autoridades de las provincias y a un par de referentes elegidos por azar en un tiempo muy escueto para permitir la respuesta organizada de los colectivos implicados.

Cualquier análisis jurídico debe dirigirse no solamente a un registro de la literalidad del discurso y el uso de las palabras, sino que debe entenderlas en el marco social, político y económico en el cual se utilizan.

Por ello, no sería correcto nombrar a este Reglamento como una Capitulación en los términos utilizados por los imperios europeos en el siglo XV. Pero sí, quizás, podríamos hacer el ejercicio de relectura de la ley cambiando algunos términos: “reserva estratégica” por “territorio”, “huella ambiental” por “genocidio”, “libre circulación del mercado” por vigilancia de la población.

Esta ley nos deja una certeza: luego de 500 años de explotación, aún quedan en nuestros territorios en equilibrio, biodiversidad que funciona como pulmones del mundo por su captura de CO2 y la posibilidad de brindar agua pura.

Cual vasallos del rey Dinero, los nuevos empresarios cuentan con más ventajas que los conquistadores que les precedieron: no sólo se les brinda facilidades financieras, legales y administrativas, sino que también se les garantiza el acceso a datos estratégicos de los territorios a explotar, así también la protección de su privacidad y sus derechos. Éste reglamente demuestra que el rezo a la Transición Energética Sostenible Digital y Ecológica no será capaz de traer el Reino de los Cielos a la Tierra. 

Sus palabras difíciles y sus actos diplomáticos no nos engañan. Sabemos que la mentada “Transición Verde” no está pensada para  permitir la supervivencia como especie, ni para utilizar los recursos escasos de manera sustentable. El escenario al que estamos asistiendo, más que a una transición energética, es a una nueva y masiva transferencia de recursos desde el Sur global hacia el norte dominante. Quienes, dicho sea de paso, aún no asumen que la escasez y la crisis que hoy vivimos como planeta, son el resultado de éstas primeras y vigentes capitulaciones coloniales.

Subyacen a las capitulaciones antiguas y a los reglamentos actuales unas cuantas potencias mundiales dispuestas a negar la propia finitud humana como seres, a continuar la acumulación de lo ajeno para multiplicar lo propio, y a sostener una moral fantasma, escondida detrás de complicados procedimientos. Ya hemos dicho: en nuestros territorios del Buen Vivir Comunitario, no hay permiso para la explotación desmedida y el acaparamiento.

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Por Camila Parodi para Huerquen / Fotos: Susi Maresca

A través de un amparo ambiental presentado por el cacique de la comunidad, Román Guitián, la Corte dió lugar a su reclamo histórico. Desde el año 2019 la población de la localidad de Antofagasta de la Sierra fue notificada de la realización de un acueducto sobre el río Los Patos, uno de los ríos con mayor caudal de la puna catamarqueña que conserva, además, la biodiversidad de este frágil ecosistema. Esta noticia confirmaba lo que muchas personas sospechaban: la vega del río Trapiche había sido secada por el proyecto de explotación de litio Fénix.

“En paralelo a la seca del Río Trapiche la empresa desplazó a la familia Condorí quienes vivían en la zona hacía muchísimos años. Ellos tenían más de 300 animales y hoy en día no llegan a los cinco o seis animales”, explica la comunera Mamaní. En su relato, sostiene que la familia Condorí perdió el acceso al río y su vida cotidiana se vió afectada: “Al secarse y no darle permiso de acceso al agua, se tuvieron que ir a más de tres kilómetros contra los cerros para conseguir el pastaje de sus animales”.

Desde ese entonces, recuerda Mamaní, “empezó la preocupación de la comunidad y ahí el Cacique Guitián, que también estaba siendo afectado por este tipo de proyectos, comienza a exigir información sobre el río Los Patos por donde querían continuar”. Tras secar la vega del Trapiche, como asegura la comunera, continuaron por Los Patos. Allí, además de intervenir en el devenir natural del río y de interrumpir en la vida cotidiana de las personas que habitan la zona con la construcción del acueducto, llegaron nuevos proyectos y con ellos políticas de control y represión para todo el pueblo antofagasteño.

Cuando la comunidad comenzó a tomar dimensión del impacto negativo que tendrían este tipo de proyectos en su territorio empezaron a solicitar información al municipio, luego de semanas sin tener respuestas decidieron realizar un corte que inhabilite el ingreso de los camiones. Sin embargo, el corte también fue silenciado y violentado: “Luego de ignorarnos por días, mandaron unos matones al corte que nos corrieron violentamente”, recuerda Mamaní. A su vez, durante las protestas, la comunera denuncia que “se llevaron detenidas a las familias que comenzaron a protestar, entre ellas, personas grandes o con discapacidades. Las llevaron a Belén, a más de 300 km de distancia sin informarnos nada y sin garantizar sus derechos básicos”.

El acueducto tiene un recorrido de más de 30 kilómetros y para realizarlo la empresa minera, en complicidad con el gobierno provincial y municipal, irrumpió en los terrenos y caminos comunales sin realizar las instancias consultivas y participativas que exige el convenio 169 de la OIT. Ante este panorama, en febrero de 2020, la asamblea socioambiental “Pucará”* acompañó a la comunidad en su primer pedido de suspensión que se realizó en el Juzgado de Minas así como también en el Ministerio de Minería . Sin tener respuestas sobre los informes de impacto ambiental solicitados por la comunidad, en agosto de 2021, se presentó un amparo ante la Justicia Federal de Catamarca.

Durante esos tres años de “idas y vueltas” con el Poder Judicial, las empresas mineras avanzaron sobre el territorio que comprende el Salar del Hombre Muerto así como también en las zonas aledañas, como el Salar de Antofalla y la Laguna Carachi Pampa. Al día de hoy al menos 7 empresas realizan exploraciones mineras en la zona del Salar. Cada uno de los proyectos presentó los informes correspondientes sobre el impacto que tendría en el territorio pero, ni el Ministerio de Minería, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente o el Municipio de Antofagasta de la Sierra analizaron de manera integral y acumulativa este impacto.

En ese marco, el pasado 13 de marzo la Corte resolvió admitir la competencia, hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas y exigió, por primera vez el relevamiento integral del impacto realizado por los proyectos de minería de litio en el Salar del Hombre Muerto. Un antecedente para la defensa de la vida y el agua en todo el territorio argentino: “Es un fallo histórico, un antecedente ambiental absolutamente importante y novedoso para Catamarca pero también para toda Argentina y la región porque, desde que empieza a expandirse el “boom del litio” no había antecedentes judiciales”, remarcó la abogada ambientalista Verónica Gostissa.

Para Gostissa, esta sentencia reabre el amparo y saca una medida cautelar muy importante porque “se basa en un antecedente negativo que hay en Catamarca que es el desecamiento de la Vega Trapiche y lo reconoce”, señaló. “Esta mala experiencia de Catamarca -reconoce la abogada- en el presente caso sirvió de antecedente y de fundamento para tomar esta decisión que tiene que ver con ordenarle al Ministerio de Minería que realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral porque no pueden evaluarse los proyectos por separado”.

“Durante los últimos dos años a la zona llegaron siete empresas y actualmente hay más de 50 proyectos mineros en todo el departamento de Antofagasta de la Sierra”, enumera Mamaní, para quien la situación del Salar del Hombre Muerto es la más extrema: “Allí tenemos al menos 12 proyectos mineros y todos quieren tomar del mismo río por eso siempre lo planteamos como una preocupación muy grande ya que es muy difícil en este contexto garantizar la vida en unos tres o cuatro años más con tantas empresas mineras alrededor, por eso avanzamos con la estrategia judicial que por suerte ahora tuvo respuestas”.

Entre sus principales puntos, el fallo de la Corte reconoce el impacto de la minería de litio de manera articulada e interrelacionada. En ese sentido, desde la Asamblea Pucará, aseguran que se trata de una buena resolución porque “se debe considerar de manera integral el impacto en el paisaje, la fauna, la flora, el clima. Es decir, que puede incluir a la crisis climática como un eje en la evaluación de impacto y el ambiente general”, explicó Gostissa. En ese mismo marco, el fallo también advierte una “fragmentación” en términos de permisos entre la extracción de salmuera y el uso de agua siendo que su relación es indisociable, agrega la abogada.

Por todo esto, con el fallo, tanto Ministerio de Minería de la provincia como el Ministerio de Agua, Ambiente, y Energía, deben abstenerse de otorgar nuevos permisos o autorizaciones. En ese contexto, si bien este fallo histórico es tan solo un avance frente a las políticas extractivistas de muerte, para la abogada Gostissa es importante ya que nos invita a pensar “lo ambiental como algo que no está disgregado, es algo fundamental para la vida, para el cotidiano, para el sostenimiento de la vida futura y nos ayuda a comprender los desequilibrios actuales así como darle un rol fundamental al agua y a los ecosistemas”, aseguró.

Ante el conocimiento del fallo, la comunera Elizabeth Mamaní, expresó que se trata de una noticia “muy esperanzadora” ya que es tener, por primera vez, el reconocimiento de la Justicia: “Esta lucha es un avance y no es solamente por hoy o por nosotros, estamos peleando también por nuestros abuelos que nos dejaron un territorio sano. Esto no es decir estar en contra del trabajo de nadie que es bastante entendible ya que todos necesitamos trabajar, pero a veces se trabaja a costa de los mal llamados “desarrollos” para que las grandes multinacionales, los gobiernos y las autoridades departamentales se beneficien”, manifestó.

En ese marco, para Mamaní, este fallo es una posibilidad para la continuidad de la lucha: “Creo que nos podemos unir un poco más como comunidad pero también con cada uno en cada territorio para un bien común de todos. Este amparo también puede fortalecer la lucha ambientalista a nivel nacional, que ya que son muchas las luchas que estamos teniendo en diferentes territorios ya sea por el tema del agua, por la contaminación de usos químicos y por todas esas buenas causas para defender la vida porque estamos luchando por el futuro de nuestros hijos”, afirmó Mamaní.

Pero el amparo no sólo se puede celebrar, también necesita el acompañamiento y la atención de toda la sociedad civil, ya que la persecución y las violencias que reproducen este tipo de proyectos de muerte no cesan: “Lo que nos preocupa ahora es que aumente la persecución, están jugando con eso en estos días ya que tras el conocimiento del fallo las mineras están despidiendo a más de 100 personas y nos asusta porque también tuvimos mucha persecución”. Son muy pocas las personas que aún viven en los alrededores Mamaní esto se debe a la falta de servicios básicos e instituciones como escuelas y salas de salud, su preocupación se centra en la exposición de quienes se encuentran allí: “Están a casi 100 kilómetros de la villa de Antofagasta, no tienen señal ni mucho menos lugares para denunciar o pedir resguardo”, denunció.

La situación anticipada por la comunera no se hizo esperar, al cerrar la edición de esta nota, la Comunidad de Atacameños del Altiplano denunció amenazas de muerte contra su cacique, Román Gaitán. “Una vez más, la historia se repite. Nos quieren en silencio, nos quieran fuera de nuestra tierra, nos quieren sin derechos, nos quieren con miedo, nos quieren muertos. Hacen lo que hicieron siempre los conquistadores, los colonizadores, los empresarios llenos de avaricia y codicia, los gobernadores corruptos, recurren a la a la única manera que conocen: la violencia. Nosotros en cambio, siempre hemos elegido el camino de la paz, el camino de la justicia”, manifiestan en su comunicado.

Desde el anuncio del fallo, denuncia la comunidad que recibieron múltiples amenazas graves por parte de integrantes de las empresas y de trabajadores despedidos. Esto se debe, a los anuncios realizados días atrás por las empresas mineras de reajuste del personal tras la baja de la cotización a nivel mundial. Como siempre, la estrategia de las empresas junto a las del gobierno provincial, fue realizar despidos y desinformar para oponer al pueblo entre quienes trabajan en la minera y las personas que acompañan el reciente fallo emitido por la corte. Por su parte, el llamado de la comunidad es a la unidad de todo el pueblo: “Esta no es una lucha entre vecinos, ni entre hermanos. Eso quieren los de afuera, nos quieren peleados y con miedo. Nos quieren divididos y empobrecidos, para saquear nuestro territorio de manera más fácil”.

* Conocé más sobre PUCARA en www.aguapucara.org

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Desde el inicio de las protestas sociales en Jujuy en contra de la reforma constitucional de la provincia impulsada por el gobernador Gerardo Morales, hasta la fecha, ha habido al menos 4 personas que perdieron la vista a consecuencia de las graves heridas sufridas por los disparos de las fuerzas policiales. Un análisis biopolítico para comprender la depredación extractivista sobre los cuerpos-territorios.

Por Aldo Sebastián Vergara Duveaux * | Foto: gentileza, Susi Maresca.

Misael Lian Lamas en Purmamarca el sábado 17 de Junio, Ernesto Aguirre y Jorge Rodríguez en San Salvador el martes 20 de junio y Joel Paredes en Humahuaca el sábado 01 de julio. Los pobladores que han participado de las movilizaciones y reclamos han denunciado que el personal policial dispara de manera deliberada al rostro de los manifestantes.

La académica queer Jasbir K. Puar en su texto “El derecho a mutilar. Debilidad, capacidad, discapacidad” (editorial Bellaterra, 2022), haciendo pie en las modalidades de ataque de las fuerzas israelíes sobre los cuerpos palestinos, afirma que, en este último tiempo, además del derecho a matar “legalmente” en determinadas circunstancias, los Estados Modernos se han ido arrogando el derecho a mutilar determinados cuerpos que considera “dañables”. Ello a fin de producir un debilitamiento masivo de los cuerpos como una forma de biopolítica, es decir, una técnica de control y disciplinamiento sobre cuerpos otros, rebeldes, insumisos.

La mutilación ocular sucede cuando el globo ocular estalla o debe ser extirpado a raíz de los graves daños que ha sufrido. El cegamiento implica la pérdida de la visión, total o parcial, sin perder necesariamente el globo ocular. Como lo muestra la investigadora, artista y curadora Gabriela Golder, en su obra “Los ojos desiertos”, la práctica por parte de las fuerzas policiales de disparar a los ojos de los manifestantes en diversas protestas sociales, empieza a evidenciarse como una política deliberada de los gobiernos en diversas partes del mundo.

La obra de esta artista propone recorrer diversas imágenes con los rostros de manifestantes víctimas de mutilación ocular en países como Colombia, Líbano, Chile, Francia y Hong Kong. A dicha lista, la artista podría sumar hoy a Jujuy, Argentina, además de España, Perú, EE.UU, Ecuador, Brasil y seguramente algunos otros que las investigaciones desde abajo irán logrando visibilizar.

En argentina, los antecedentes de víctimas de mutilación ocular por disparos de las fuerzas policiales en contexto de protesta social se remontan al año 2017, en las movilizaciones contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Ya en ese momento se denunciaba que la policía disparaba en forma deliberada al rostro de los manifestantes.

Chile, por su gran cantidad de víctimas de trauma ocular, es una especie de laboratorio estremecedor, mucho más que la propia palestina en todos estos años de ocupación y política de apartheid por parte de Israel. El caso de Gustavo Gatica es extremo, ya que recibió de lleno el impacto del disparo en su rostro y perdió ambos ojos, lo que deja en evidencia el accionar deliberado del poder policial en esta biopolítica de la mutilación ocular.

Las cifras oficiales de Chile hablan de casi 400 víctimas de cegamiento y mutilación ocular en las protestas iniciadas en 2019. A principios de marzo del 2020, alrededor de 3.838 personas habían resultado heridas y según la Sociedad Chilena de Oftalmólogos y organizaciones de derechos humanos, 460 de ellas terminaron con complicaciones oculares graves, pérdida del glóbulo ocular y también de la vista. Esta cifra ha convertido a Chile en récord mundial en mutilación ocular. Sobre este punto, el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, el Dr. Dennis Cortés, llegó a afirmar que nunca, en toda la historia de la especialidad, en ningún lugar del mundo, había habido tantos traumas oculares como en su país.

Las armas “no letales”, biopolítica del trauma y disciplinamiento de las subjetividades subversivas.
El 16 de noviembre de 2019, cuando se habían registrado más de doscientos casos de traumas oculares, la Universidad de Chile publicó un estudio que concluía que los balines antidisturbios no eran de caucho, como insistía la versión oficial, sino que contenían metales de alta dureza, incluidos plomo, silicio y sulfato de bario, y apenas 20% de goma, otro dato que evidencia la intención deliberada de causar lesiones en los cuerpos de la población movilizada y no sólo procurar “dispersar” o “disuadir”.

Por este motivo, muchas organizaciones de derechos humanos a nivel internacional proponen dejar de hablar de armas no letales. Se trata de armas y como cualquier arma, sea un lanzagases, sea un arma cargada con balas antitumulto, sea una pistola eléctrica tipo taser, en todos los casos se trata de armas potencialmente letales o que pueden causar graves daños a la salud física y psíquica de los ciudadanos. Una investigación colaborativa y transfronteriza liderada por CLIP (Centro Latinoamericano de Investigación Periodística), en alianza con UOL, Interferencia de Chile y otros nueve medios de América Latina logró determinar que al menos 33 personas han muerto por impacto de este tipo de armas en siete países desde 2017.

Ha sido sólo a raíz de las graves consecuencias que estas armas han tenido en el pueblo chileno que la ONU, el primero de junio de 2020 ha abordado el tema y ha publicado un documento oficial al respecto: “Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden”.

La impunidad en este tipo de casos, previsiblemente, es abrumadora. Prácticamente ninguna investigación logra determinar quién fue el autor del disparo y, eventualmente, ser condenado. La policía jamás lleva una identificación visible en su accionar en las protestas, e incluso, en muchos casos, se denuncia que actúan vestidos de civil y en móviles sin identificación oficial. Esto lleva a pensar, una vez más, en lo inadecuado del abordaje del caso por caso, y en la necesidad de investigar y juzgar a los responsables jerárquicos dentro del propio cuerpo policial y a los jefes políticos de este accionar deliberado por parte de las fuerzas de seguridad.

En su libro “Gasear, mutilar, someter. La política de las armas no letales”, Paul Rocher (editorial Katakrak, 2022), intenta analizar los impactos y usos de las armas mal llamadas armas no letales en contextos de protesta social principalmente en Francia en donde el autor llevo adelante su investigación, aunque intentando encontrar una lógica subyacente que permitiera comprender como el uso de este tipo de armas y sus efectos en los cuerpos se vuelve cada vez más extendido y sus impactos cada vez más graves. El argumento principal del libro es que, aquellas narrativas que sostienen la justificación del uso de las llamadas armas no letales para evitar daños mayores es falso ya que su investigación le ha permitido observar, entre otras cosas, que, al proveer de este armamento a la policía, ésta apela a su uso de manera más frecuente, y lo hace de manera mucho más rápida y anticipada que antes de haber aprobado su portación. Es decir, antes que apelar a cualquier otra forma de abordaje del conflicto, el recurso al uso de la fuerza en general, y al disparo de estas armas en particular, es más frecuente. Esto conlleva a que haya cada vez más heridos en las movilizaciones y protestas a nivel global y que incluso algunas llegan a ser letales.

La práctica de mutilación ocular por disparos con munición antitumulto, suele ser enmarcada en una narrativa que caracteriza estos hechos como “accidentes” en un contexto de “contención” de la protesta con “armas no letales”, es decir, en un marco de “uso racional de la fuerza”, con el fin de mantener “el orden y la paz sociales”. Este discurso busca legitimar y consolidar no sólo una biopolítica de la mutilación y el trauma por parte de los gobiernos, sino una campaña de marketing y difusión de una industria en franca expansión.

A partir de este discurso, las mal llamadas “armas no letales” se convierten en una especie de coartada para invisibilizar los fines biopolíticos de dicha práctica (la de disparar al rostro) en particular, y de la represión de la protesta en general, camuflando así los deliberados impactos que se buscan en los cuerpos, esto es, la producción del trauma, como forma de control y disciplinamiento social, y el consiguiente impacto en las subjetividades del cuerpo social movilizado en su conjunto.
Para los investigadores Duran Rojas y Veto Honorato:

“(…) las mutilaciones oculares ocurridas en el estallido social en Chile, no solo actúan como una estrategia de control policial (es decir, para herir, cegar o impedir ver lo que se ha comenzado a ver). La mutilación de los ojos de muchos/as ciudadanos/as fue dirigida, como intentaremos mostrar, hacia el presupuesto de un sujeto dado en un rostro, como si el ataque deliberado a esos ojos –un ataque al sujeto cuyo rostro se organizaría en torno a ellos– fuera un ataque hecho, según el dicho popular, contra “el espejo del alma” (p. 208)

Si, por un lado, esta acción estaría destinada a marcar los cuerpos, a infringirles dolor y daño de manera deliberada, los autores sostienen que con estas prácticas se busca generar además un impacto subjetivo, en tanto ataque a esa forma otra de subjetivación rebelde, movilizada, insumisa, que emerge en el contexto de protesta buscando subvertir el orden establecido. Una subjetividad que muchas veces logra trascender las consignas y las motivaciones iniciales del reclamo original, y que termina desbordando de alguna manera las identidades políticas conocidas y enunciadas hasta ese momento.

Pacificación y nuevo ciclo de acumulación por desposesión en la era del capitalismo del colapso.
A nivel global, no solo resulta escandaloso e insostenible, al mismo tiempo que innegable, el enorme nivel de desigualdad social profundizado luego de la pandemia de Covid-19, sino que, además, empiezan a aparecer signos de agotamiento y colapso de los ecosistemas a nivel mundial debido al cambio climático y los enormes impactos en la naturaleza generados por el extractivismo propio de la dinámica de producción capitalista. Como esto se muestra de manera irrefutable, las soluciones “verdes” del capital, aparecen a través de nuevas formas de acumulación por desposesión (Harvey, 2006). El litio, mineral protagonista de la denominada transición energética, empieza a generar mayor conflictividad por la apropiación de esta renta extraordinaria que promete su explotación. Y también cada vez mayor resistencia por parte de quienes habitan de manera ancestral estos territorios que en otros tiempos fueron considerados como “desiertos” por parte de las elites políticas y económicas.

Mark Neocleous, en su texto “la lógica de la pacificación: guerra- policía – acumulación” (2016) aborda el análisis de la categoría “pacificación” en la teoría política a partir de textos y discursos de militares y figuras políticas a nivel global, para dar cuenta del carácter colonial de determinadas violencias estatales-policiales. Así llega a firmar: “(…) la “pacificación” es un concepto tan nuclear y útil para entender la violencia porque nos permite analizar detalladamente la naturaleza productiva de la violencia. En particular, su naturaleza productiva en la fabricación del orden capitalista.” (p. 10)

La seguridad es pacificación, sostiene, y ésta es la vía por la cual se busca legitimar el uso de la violencia policial en la imposición de un nuevo orden social burgués. Es decir, un nuevo proceso de acumulación capitalista que, en el contexto del mundo actual, solo es posible a través de nuevas formas de colonización, es decir de nuevas formas de despojo. El autor sostiene: “Es esto lo que entendemos por pacificación: la articulación de un espacio para la construcción de un orden social organizado a través de la acumulación y el dinero. Desde este punto de vista, la pacificación es una guerra de clases: el ejercicio de la violencia en la colonización sistemática del mundo por el capital con el fin de construir un orden burgués.” (Neocleous, 2016, p.19)

Es principalmente a través del poder policial que esta violencia “pacificadora” y garante de “la seguridad” y “el orden” es ejercida hoy en contra de la población civil, en las democracias neoliberales. Pero no por ello, hay que perder de vista la lógica de la guerra, de la cual proviene. Neocleous se muestra crítico de aquellos pensadores que se alarman por la creciente militarización de las policías o el desdibujamiento de los límites del poder militar y el poder policial en la actualidad. Sostiene que: “el concepto de pacificación nos permite entender los poderes convergentes de la guerra y la policía y comprender que estos poderes siempre han sido convergentes. Las implicaciones de este argumento son que las consideraciones de la “politización de lo militar” y “la militarización de la policía” están basadas en una dicotomía liberal entre “la policía” y “lo militar”.

Pero desde la perspectiva de la teoría crítica esta dicotomía no tiene sentido. Desde la perspectiva de la teoría crítica, los poderes bélicos y policiales siempre han funcionado conjuntamente en tanto que medios a través de los cuales el orden social se constituye.” (p. 20). Frente a algunas simplificaciones en la teoría política liberal acerca de la complejidad del poder estatal en la actualidad, Neocleous propone “(…) pensar la guerra y la policía como procesos que funcionan de forma conjunta como parte del poder estatal y para la fabricación del orden social burgués.” (p. 21)

A fines de 2020 se conoció una noticia estremecedora: el agua comenzaba a cotizar en la bolsa de Wall Street y, aquellas definiciones que aseguran que “la minería de litio es una minería de agua” empezaron a tomar una dimensión cada vez más honda de las implicancias de estas nuevas formas que puede adquirir la guerra contra los pueblos que se opongan al “desarrollo” o que sencillamente comiencen a sufrir cada vez más la apropiación y expoliación de sus fuentes de agua.

Reprimir para desarrollar y desarrollarse reprimiendo.

Si estas nuevas expresiones de la violencia estatal aparecen como funcionales al nuevo ciclo de acumulación por despojo es, además, como parte de un círculo “virtuoso”, un gran negocio en sí mismo. La producción de “armas no letales” es un mercado cada vez más prometedor para “los jugadores” del mercado global. Según un informe de la consultora internacional “Mordor Intelligence”, el mercado de armas no letales tiene una proyección de crecimiento de 4.540 millones de dólares en 2021 a 5890 millones en 2027. La misma consultora, en su informe sobre el “prometedor” mercado de armas no letales en América Latina afirma, entre otras cosas: “La creciente demanda de armas no letales está brindando enormes oportunidades de crecimiento para los jugadores en América Latina.”

“El segmento de aplicación de la ley tuvo la mayor participación de mercado en 2019 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Los últimos tres años vieron numerosos disturbios en países, como Brasil, Venezuela, México, Chile, Perú y Argentina, siendo la crisis económica local y la inestabilidad política en los países las principales razones de los disturbios. En tales situaciones, las armas no letales juegan un papel importante en el control de disturbios, ya que pueden usarse como una alternativa menos peligrosa a las armas de fuego, para reducir el riesgo de daño al público, o en situaciones donde se requiere cierto grado de fuerza. necesario, pero donde el uso de armas de fuego sería desproporcionado.”

El informe señala que Brasil lidera la producción de armas no letales en América Latina, a través de la empresa CONDOR, líder en el mercado. Sobre Brasil, el informe refiere: “Las armas no letales, como gas lacrimógeno, balas y porras de goma, gas pimienta y pistolas Taser, tienen prioridad en las operaciones policiales en todo Brasil. Las empresas de tecnología no letal han sido testigos de un aumento de ingresos de casi el 30 % en Brasil, y se anticipa que la política general del gobierno hacia el uso de dispositivos menos dañinos impulsará más ventas en el país. Además, ciertas unidades del ejército brasileño también están aumentando gradualmente el stock de armas no letales, como las pistolas Taser de electrochoque. Se espera que todos estos factores ayuden al crecimiento del mercado en Brasil en los próximos años.” (sic)

Son al menos 5 las principales empresas identificadas por este informe en competencia por ampliar su mercado de ventas en los diversos países de la región, e incluso en otras partes del mundo:
Condor Non-Lethal Technologies; Lampord Less Lethal Inc.; Rheinmetall AG; Axon (Taser International Inc.) y Genasys Inc. La investigación colaborativa y transfronteriza “El Negocio de la Represión”, de Interferencia de Chile en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) y otros nueve medios de la región, tuvo acceso mediante solicitudes de información vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a las compras de armamento no letal realizadas por Carabineros luego del estallido.

Este informe señala que: “…a lo largo de esos cinco meses de manifestaciones, Carabineros disparó 193 mil cartuchos lacrimógenos y lanzó 45 mil granadas químicas. Durante los primeros tres, percutaron 152 mil cartuchos de perdigones en sus escopetas antidisturbios. Mientras los chilenos contaban los muertos, heridas y pérdidas, otros sacaban cuentas alegres. El mercado de armas no letales vivía un verdadero boom.

Durante 2018, un año antes de que comenzara el denominado estallido social chileno, Carabineros gastó US$360 mil en armamento no letal, según información obtenida desde la propia institución. En 2019 y hasta octubre, el mes que iniciaron las protestas, no se compró ningún elemento disuasivo. Pero el 18 de aquel mes, con la llegada de las manifestaciones, los vendedores de armas expandieron su negocio en 2.300%. En apenas cinco meses y mediante al menos 34 órdenes de compra, la policía adquirió armas y municiones no letales por un total de US$8.290.922; 23 veces lo desembolsado desde 2018 hasta octubre de 2019.”

Reflexiones finales

“Pueden quitarte los ojos
Pueden quitarle los sueños
Debes cuidar que no apaguen
El fuego que llevas dentro.
Hoy el fuego está creciendo
Las voces son llamaradas
Coplas nacidas del alma
Van quemando las gargantas.”

Jacinto Piedra (1984)

El derecho a la protesta social y la obligación de su respeto y protección por parte de las autoridades estatales ha sido reconocido en varias ocasiones por los órganos interamericanos (Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y por Naciones Unidas. Se dice que, de alguna manera, el derecho a la protesta es “el derecho a tener derechos”, es decir, la garantía que, en última instancia, ante la falta de reconocimiento de otros derechos, siempre la ciudadanía y, sobre todo, las minorías, tienen la protesta como medio para hacer oír sus reclamos y reivindicaciones. Cualquier cercenamiento, recorte o regulación por parte de los estados, debe entonces, ser analizado con mucha meticulosidad y con gran rigurosidad ya que, de alguna manera, es la última instancia a la que puede apelar quien, por motivos de raza, género, clase social u otra condición, puede encontrar restringida la garantía de acceso a la justicia para obtener el reconocimiento y protección de sus derechos.

El reconocido constitucionalista argentino, Roberto Gargarella, en una nota publicada en Clarin ha señalado con mucha precisión los motivos de la inconstitucionalidad de las legislaciones que limitan el derecho a la protesta. La nota es del 05 de junio, es decir, más de diez días antes del recrudecimiento de la represión en Jujuy pero con la ley que restringe el derecho de protesta ya sancionada en Salta. No parece casual que este tipo de legislación se esté ensayando y consolidando en 2 de las 3 provincias que conforman el triángulo del litio en argentina. La otra es Catamarca. Como tampoco es casual que estas formas de expresión de la represión y la violencia hayan iniciado en Chile, hayan continuado casi inmediatamente después por Bolivia y ahora se esté produciendo en el altiplano argentino.

Nótese que ante la avanzada extractivista que promovía la sanción de legislación que favorezca o habilite las explotaciones o la derogación de la normativa que prohibía las mismas, lo único que en la historia reciente de nuestro país logró hacer dar marcha atrás a los gobernantes fueron las protestas y movilizaciones masivas del pueblo en las calles. Los casos paradigmáticos en nuestro país son los pueblos de Mendoza y Chubut, cuyos gobiernos sancionaron leyes que promovían la megaminería y debieron derogarlas días después a raíz de las masivas y contundentes manifestaciones públicas. En ambos casos, lo central de la resistencia se dio en torno a la defensa del agua.

Las últimas noticias señalan que el gobernador de la Rioja avanza con un intento de reforma constitucional, luego de haber aprobado una ley que declara al litio como recurso estratégico de la provincia. Mientras, en Catamarca, se abre una sede del ejército en la provincia, bajo el argumento que es la única provincia de frontera que no tenía sede del ejército argentino. Catamarca, es una de las cinco provincias, junto a La Rioja, que forma parte del acuerdo firmado por el estado nacional con Mekorot, la empresa israelí para la elaboración de un plan maestro hídrico para estas provincias.

La nueva constitución provincial de Jujuy está aprobada, por lo que las protestas continúan en Jujuy, y previsiblemente continuarán hasta tanto el titular del poder ejecutivo no dé marcha atrás en esa reforma. Ante este escenario, las estrategias de resistencia y de autocuidado de la ciudadanía en las protestas deberán tomar nota de las nuevas modalidades que va adquiriendo la violencia policial en este nuevo ciclo de acumulación por desposesión del capitalismo “verde”.

*Abogado de ddhh e investigador

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Hay una historia que sucede aquí y ahora. Hay otra que viene de tiempos antiguos. Los pueblos de la sal saben de batallas, de luchas y resistencias, pero también de pérdidas, de despojos y de derechos vulnerados. No es una noticia nueva. Es una historia que tiene más de 500 años.

El Tercer Malón de la Paz lleva casi un mes en las calles contra la reforma constitucional de Jujuy. Bajaron de la quebrada y los salares, llegaron a San Salvador y no fueron escuchados. Tomaron las rutas, sintieron en sus cuerpos la represión y allí están. Los días pasan, en esos cuerpos y en los vínculos que surgen alrededor de las rondas y los campamentos.

En el corte de Purmamarca están divididos por comunas, pero confluyen en el centro del cruce, en el transitar de las horas, en las músicas y vientos, en las comidas compartidas que llegan de todos lados. Esa es la solidaridad que enseñan y practican los pueblos que saben resistir: “Acá dejaremos la vida si es necesario, ¡Jalllala!”, gritan entre muchas voces. Esto va en serio.

Una constitución a espaldas del pueblo

Con la aprobación de la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales en Jujuy, se expuso el interés extractivista y empresarial que existe sobre los territorios y el agua en el norte argentino. Pero se evidenció, también, la fuerza y la organización de los pueblos indígenas que defienden la vida y el agua de la puna, las yungas y los salares. Durante el último mes, las más de 400 comunidades que habitan la provincia están realizando cortes y manifestaciones contra la nueva carta magna que fue firmada a sus espaldas.

Los pueblos indígenas son de los grupos más afectados por esta nueva constitución y no es casual, todo lo contrario: “Vienen por el litio, vienen por todo”, reza un cartel en el corte de Purmamarca. Las comunidades nucleadas en el Tercer Malón por la Paz aseguran que se quedarán en los cortes hasta que el gobernador dé marcha atrás con la reforma. Denuncian el intento de provincialización de los recursos naturales, así como el desconocimiento de sus tierras ancestrales. Una ecuación sencilla para tomar posesión sobre los bienes comunes y desplazar a quienes los defienden.

Esta decisión tampoco es azarosa: se da en un proceso de valorización global del litio, el hidrógeno verde y otros metales críticos. La no tan nueva crisis climática, así como la imperiosa necesidad de un proceso de descarbonización, colocó al discurso de la “transición energética” como central. Sin embargo, esa transición únicamente fue de un modelo de explotación a otro: uno que sólo ve territorios como zonas de sacrificios para el desarrollo de los países del norte que siempre se beneficiaron de la explotación de recursos en el sur global.

Los territorios que habían sido históricamente postergados, como son los salares altoandinos donde se encuentra el litio en grandes proporciones, comenzaron a tener un interés financiero. Allí, la historia de los pueblos de la sal tanto en Jujuy, como en Salta y Catamarca, comenzó a cambiar y aquellas otras formas que sostenían la vida se vieron alteradas.

Equilibrio ancestral: sal y agua

“Estamos parados ante escombros milenarios”, señala Agustín, guía turístico indígena de la Comunidad Tres Pozos. Las salinas se conformaron hace al menos 6.000 años y sus ojos naturales, donde se conserva el agua dulce de manera subterránea, “deben tener 5 millones de años”, agrega mientras disuelve las partículas de sal entre sus dedos. 

Tres Pozos es una de las 33 comunidades que habitan los salares grandes y lagunas aledañas, y todas tienen una relación vital con la sal y el agua. Mientras la primera abunda y rebrota todas las mañanas, la segunda escasea y se esconde en los intersticios del salar. La sal sin el agua no emerge, por eso la conserva y administra en un equilibrio que es mutuo.

“El agua para el salar es como el aire para nosotros, sin ella no se puede respirar”, explica Agustín quien, además de ser guía turístico, está pronto a recibirse de instrumentador quirúrgico. Desde su visión, el salar puede ser entendido en términos fisiológicos: “El salar sería como el pulmón y las líneas grandes podrían ser sus branquias; durante la noche se dilatan y en el día se comprimen para conservar su agua y que no se evapore en su totalidad”.

El agua y la sal se complementan para sostener la vida. Por eso son elementos sagrados que deben respetarse: “Nosotros la cuidamos como parte de nuestra vida. Estamos muy agradecidos porque es como un regalo de la Pachamama hacia nosotros”, explica Agustín. Y es que, agrega: “La continuidad del agua dulce es muy frágil acá, estamos en un desierto de sal, no se la puede alterar”.

La sal tiene múltiples usos en la vida de las comunidades y garantiza su autonomía. Además de haber funcionado como bien preciado para intercambio de alimentos con pueblos agricultores durante siglos, hoy distintas familias conformaron cooperativas locales para fraccionarla y comercializarla respetando sus tiempos de rebrote. La sal aporta hierro a los animales silvestres y de pastoreo, conserva la carne sin necesidad de energía, así como también la belleza majestuosa de sus salares convoca al turismo y lo convierte en una economía local. 

Durante las últimas décadas, la sal también comenzó a ser codiciada y disputada por gobiernos y empresas en la corrida mineral del litio. Las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc prohibieron el ingreso de las empresas que se acercaron a explorar el territorio sin instancias consultivas previas.

Desde entonces, aseguran, la violencia contra los pueblos de la sal se acentuó y denuncian que con la nueva constitución pretenden poder desplazarlos del salar: “Quieren hacer lo mismo que hicieron en el Salar de Olaroz, pero no van a pasar”, relata Agustín.

Salar de Olaroz: donde hubo sal, sequía queda

Llegar al Salar de Olaroz luego de pasar por las Salinas Grandes no es recomendable: su paisaje dista demasiado de la inmensidad blanca recorrida hace unas horas atrás. Tan sólo en trece años de explotación minera, el impacto es radical: la sal se encuentra concentrada en pequeños espacios mientras que grandes piletones se esconden detrás de la tierra removida a escasos metros de la ruta. 

Tras años de exploraciones y diálogos unilaterales con la comunidad, en 2010 se instaló el proyecto “Sales de Jujuy”, que reúne a los accionistas Allkem, Toyota y Jemse. El segundo proyecto, “Cauchari-Olaroz”, prevé comenzar a producir unas 40.000 toneladas por año de carbonato de litio hacia finales de 2023.

“No cumplieron con su palabra”, se lamenta un trabajador de Sales de Jujuy, a metros de la planta. El operario, a quien no nombraremos para resguardar su identidad, vive en Susques, como algunos de los trabajadores. Explica que, cuando llegó la propuesta de “Sales de Jujuy”, no les transmitieron toda la información: “Nos dijeron que el impacto iba a ser mínimo, que era limpio y que nosotros siempre podríamos opinar”.

Sin embargo, para aprobarla, no se cumplieron las instancias consultivas e informativas necesarias como requiere el Convenio 107 de la OIT, que reconoce los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas. En un estudio realizado por FARN, se explica que “los miembros de las comunidades describieron el proceso de participación y las relaciones establecidas con las empresas que desean extraer litio como una comunicación mayormente unilateral ya que no podían expresar libremente sus opiniones a fin de alcanzar un entendimiento mutuo”. El 85% de las personas entrevistadas manifestó que no se les consultó y que no fueron debidamente informadas sobre las actividades de las empresas. 

A partir de las voces entrevistadas, el informe sostiene que “las empresas no divulgaron toda la información pertinente sobre los factores de riesgo previsibles y sus potenciales impactos en el ambiente”. A su vez, los miembros de las comunidades destacaron el impacto significativo que los proyectos de minería de litio tienen sobre el agua.

“Ya no hay más sal, la sacaron toda”, señala el operario mientras recorremos los largos kilómetros de lo que fue el salar. “En su momento se aceptó por la propuesta laboral y porque dijeron que no habría impactos, pero después no fue así; el impacto está a la vista: en esta zona ya no hay salar ni agua”, agrega.

Si bien su trabajo no le demanda suficiente energía, el largo viaje que conlleva cambiaron las dinámicas de su vida cotidiana. “Ahora ya casi no tengo tiempo para mis animales y mi casa”, destaca el operario y explica que todas esas tareas que antes eran divididas de manera equilibrada ahora sobrecargan a su esposa e hijas porque, de todas formas, “el sueldo no alcanza y a la casa hay que mantenerla”.

Su historia se repite en cada una de las familias de sus colegas. Mientras que los varones cuadruplican la participación femenina en las tareas del sector de energía, las mujeres son las que deben asumir las tareas domésticas. Las mujeres de Susques y comunidades aledañas, quienes además históricamente han sido las encargadas de gestionar la energía del hogar, hoy deben reforzar su aporte en las tareas de cuidados y/o relegar la posibilidad de trabajar de manera remunerada para sostener la unidad doméstica.

Una comunidad tan ancestral como la sal que pisamos

En la zona Salinas Grandes, las comunidades no están dispuestas a cambiar su modo de vida ni de producción. Desde 2011 se opusieron a los intentos de licitación y exploraciones mineras. Desde ese año, también, padecen la violencia estatal por haberse negado. “Acá no van a pasar porque estamos organizados”, anticipa Érica Cañari, presidenta de la Comunidad Pozo Colorado.

“Las personas mayores nos han ido inculcando a los jóvenes por qué tenemos que defender lo ancestral de las comunidades y seguimos en esa lucha”, explica la joven presidenta. Para Érica, “organización” es defender al territorio, pero también, y sobre todo: “es organizar los trabajos y mejorar la economía de la propia comunidad para que no migre nadie, para quedarnos y que vivamos bien, para que la minería no aparezca como una opción superadora”.

Érica sabe que su comunidad es tan ancestral como la sal que pisamos, por eso su lucha trasciende las generaciones: “Mis ancestros trabajaban la sal acá, hasta mi papá todavía sigue trabajando, tenemos toda una relación con ella. Nosotros, también, estamos fomentando actividades turísticas para que se conozca lo que hacemos y cómo lo hacemos”. El parador “La curva”, ubicado en Salinas Grandes, es un sitio turístico atendido por la comunidades de la zona. Allí trabajan 50 familias y reciben más de 500 autos por día: “Esta es una manera sustentable de subsistir”, explica la joven.

En los últimos tiempos, las violencias se convirtieron en una constante para desplazarlas. “Es una guerra enorme y está disfrazada”, explica la comunera, para quien decir transición energética “es un verso” ya que, en realidad, “el litio se va para otros lados, es para los países ricos. Se van a llevar nuestros minerales, los van a procesar y van a volver a vendernos a nosotros; a cambio nos dejan destruidos nuestros lugares como estos humedales donde están los salares”.

Durante todos estos años de lucha, diferentes colectivos acompañan a los pueblos de la sal para visibilizar sus denuncias. Entre ellos, Melisa Argento, del Grupo de Estudios en Geopolítica de Bienes Comunes de la UBA, trabaja con las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc hace mucho tiempo. Para la investigadora, la respuesta de las comunidades frente a la reforma constitucional no es ninguna novedad: “Hoy resisten como hace más de diez años contra el avance de la frontera extractiva de litio en sus territorios”. Explica, también, que en la zona de las salinas “nunca fue implementada la consulta previa libre e informada que regula el artículo 179 del convenio de la OIT”.

Desde su experiencia, Melisa sostiene que la minería de litio es “minería de agua” y que “destruye no solo ecosistemas, cuencas hídricas, vegas y humedales altoandinos, sino también las formas de reproducción de la vida, las actividades productivas de las poblaciones que trabajan en la ganadería, de la agricultura en pequeña escala y los alimentos que producen desde la tierra”. 

“Las comunidades están organizadas y han resistido a los primeros intentos de 2011, a las licitaciones de 2019 y a las nuevas licitaciones, como la que pasó hace muy poco, de 11 mil hectáreas del territorio que el Estado provincial entregó al capital privado”, recuerda la investigadora. Por ese motivo, la reciente aprobación de la reforma constitucional no es casual: “Lo que vemos es que atenta directamente contra las herramientas de defensa y de protección de la tierra de estas comunidades porque se avanza sobre sus personerías jurídicas, porque se avanza legitimando el desalojo y la no entrega de títulos territoriales y porque, básicamente, el gobierno provincial tendría todos los territorios y la regulación de los pueblos indígenas”, denuncia.

La vida y la muerte, un círculo sagrado que une la tierra con el cielo

Es sábado y la represión en el corte de ruta de Purmamarca, Jujuy, cumple una semana. El sol pega fuerte en los rostros curtidos por el frío y por el fuego de la noche anterior, de las noches anteriores. Contra todo pronóstico, el espíritu colectivo está intacto porque saben, en lo profundo, que la vida siempre vuelve a resurgir.

Una caravana de autos se aproxima. Llegan los restos de Felipe Mamani, uno de los primeros maloneros que, en 1946, viajó a pie con hermanos y hermanas kollas hasta Buenos Aires en el primer Malón por la Paz para reclamar al presidente Juan Domingo Perón la titularidad de las tierras preexistentes al Estado.

Su presencia de 97 años necesita traspasar a otro plano y comienza la ceremonia. “La coca, para nosotros, es una medicina, es una abuela, una sabia. Nos conecta con nuestra cultura, con nuestra memoria histórica, con el corazón de la madre tierra, con el espíritu del aire y de los elementos”, expresa el Chaski Nelson durante la ceremonia. Proveniente de Abra Pampa, al norte de la provincia, cuenta que a la coca “la han sembrado nuestros abuelos de distintos pueblos amazónicos, quienes han logrado la conexión con este espíritu de la mamá coca y luego lo han ido trasladando”. Nelson mira atentamente el fuego: “Esas hojas de coca solo se queman cuando un alma viaja. Es una conexión, un puente, entre esta dimensión y la otra. Al quemarla se da aviso que un alma está de viaje para que sea bien recibida”, asegura.

Los pueblos de la sal saben de despedidas y de encuentros, saben de agradecimientos y ofrendas, de dejar ir y de resistir, saben de conservar sus territorios con la guía de sus ancestros. Conservar, eso que hace la sal desde el principio de los tiempos.

* Esta crónica fue publicada originalmente en LatFem, la misma fue realizada en el marco del taller “Energía, economía y ambiente. Miradas feministas desde Latinoamérica”, organizado por el Observatorio Petrolero Sur y LatFem.

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El pueblo jujeño está movilizado contra el gobierno de Gerardo Morales hace más de un mes. Si bien la primera alarma se encendió ante el reclamo de las y los docentes que convocaron a un paro provincial en busca de mejoras salariales, el descontento popular no es nuevo. Las políticas de muerte impulsadas por Morales reflejan con claridad su objetivo: ampliar el modelo extractivista, reducir el gasto público y garantizar su permanencia y la de su gobierno en el tiempo.

Estos intereses fueron expresados en mayor o menor medida en la reforma constitucional recientemente aprobada. La nueva Constitución provincial fue jurada el pasado martes 20 de junio a puertas cerradas, sin transmisión en vivo e ignorando las consultas previas necesarias. El proceso constituyente duró tan solo un mes. Si bien la elección de los convencionales constituyentes había sido votada por el pueblo jujeño durante las elecciones provinciales del 7 de mayo, la difusión de este proceso como sus artículos no habían sido informados de manera adecuada.

Las políticas de muerte impulsadas por Morales reflejan con claridad su objetivo: ampliar el modelo extractivista, reducir el gasto público y garantizar su permanencia y la de su gobierno en el tiempo.

La nueva Constitución modifica 66 de los 212 artículos que poseía la Carta Magna local y, como sostienen desde las comunidades indígenas, su aprobación es inconstitucional porque fue hecha a espaldas del pueblo. La reforma es inconsulta y regresiva ya que reduce derechos consagrados por la Constitución Nacional e ignora tratados internacionales de igual jerarquía, entre ellos, prohíbe el derecho a la protesta. Además, concentra el poder y gran parte de las decisiones políticas en el Ejecutivo provincial ya que mantiene la posibilidad de reelección en la gobernación, prohíbe los indultos por corrupción, quita poder a los organismos de control y legitima el achicamiento del estado.

“¿Qué están esperando para cuidarnos?”

Para que la clase política y empresarial sea beneficiada, necesariamente, habrá colectivos afectados. Este es el caso de las comunidades indígenas contra quienes la reforma se ensaña particularmente y no es para nada casual: “Vienen por nuestros territorios, somos un tesoro que no supieron cuidar”, manifestó frente a la Casa de Gobierno la lideresa de la comunidad Ava Guaraní, Gabriela Situé.

La nueva Constitución elimina a los pueblos indígenas del texto constitucional y les niega el reconocimiento. Los pueblos que habitan los territorios de Jujuy tienen una larga historia de defensa de la vida, por lo que la creación de una nueva constitución que niegue sus derecho al territorio es, en parte, una demostración del interés extractivista que existe sobre ellos: “De nosotros depende la custodia del agua y el cuidado del territorio, ellos van a acabar con la vida ¿qué están esperando para cuidarnos?”, preguntó Situé en una de las primeras movilizaciones en San Salvador de Jujuy. 

Los artículos más controversiales de la nueva Constitución atentan directamente contra los derechos de los pueblos originarios, entre ellos se encuentra “la provincialización de recursos naturales como el suelo y el agua”. Un artículo que posibilita el desplazamiento de las comunidades que se encuentran habitando territorios de interés extractivista. Del mismo modo, desconoce los territorios ancestrales a las comunidades que no poseen personería jurídica luego de años de negarles ese derecho. Una Constitución que le dará más valor al título “fiscal” que al “ancestral”. 

Además, con este artículo, el Gobierno tendría control total sobre recursos estratégicos como el litio en un territorio donde las comunidades se encuentran fuertemente organizadas para prohibir el ingreso de los proyectos mineros. En este sentido, Jujuy es una de las tres provincias argentinas que ocupan el mal llamado “triángulo del litio” en la región y su valorización mundial lo ha configurado como una commodity de exportación. 

Desde esta perspectiva, los modos de vida y las economías domésticas sostenidas por los pueblos de las salinas estorban y deben ser desplazados: “Nosotros creamos toda una economía regional para que no sólo las comunidades de Salinas sean las beneficiadas con el turismo, sino que queremos que las 33 comunidades de la zona trabajen de manera articulada y se puedan quedar en el territorio”, explicó Erica Cañari, presidenta de la comunidad Pozo Colorado de Salinas Grandes. “Sabemos bien que no nos quieren acá, que quieren el litio y destruir el salar. Todo este conflicto comenzó, justamente, en 2019, cuando le dijimos que no a la minera”, agregó.

Corte de ruta y asamblea de los pueblos

El miércoles 14 junio, las comunidades indígenas habían comenzado a descender desde sus territorios hacia la ciudad capital, San Salvador de Jujuy, en lo que llamaron  “Malón de la Paz”, refiriéndose a las caminatas realizadas en 1946 y en 2006 para el reconocimiento de sus derechos. Pero el malón se vio interrumpido por la aprobación express de la constitución el 15 de junio. 

Desde entonces, las comunidades se asentaron en los diferentes puntos neurálgicos de la provincia y los cortaron de manera pacífica. Sin embargo, la represión no se hizo esperar: desde el viernes 16, diferentes operativos se desplegaron por la provincia para criminalizar la protesta social. Una muestra —para nada gratis— de qué entiende por “gobernar” Gerardo Morales: represión policial, detenciones ilegales, violación de los derechos, persecución y violencia política. “La represión ha sido salvaje, no han tenido piedad ni con abuelos, mujeres, niños o turistas”, denunció Érica Cañari, desde la Comunidad Pozo Colorado.

“La represión ha sido salvaje, no han tenido piedad ni con abuelos, mujeres, niños o turistas”

Érica Cañari, Comunidad Pozo Colorado.

Con el antecedente de la detención ilegal de Milagro Sala por ser una lideresa mujer e indígena, el actual operativo vuelve a exponer, también, un claro sesgo de violencia racista y machista. Tal como lo indicaron desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS): “En las detenciones del sábado 17, las últimas en ser liberadas fueron 8 mujeres indígenas”. En su comunicado agregaron que, tras la represión del 20 de junio, “de las 33 personas detenidas, 23 son mujeres”. Y que, si bien se supone que las detenciones fueron a quienes ingresaron a la Legislatura y en las grabaciones solo se ven varones, “las mujeres los superan en la representación dentro de los patrulleros” y se ve cómo son detenidas y violentadas por oficiales varones. Desde el CELS explicaron que se las acusa principalmente de “resistencia a la autoridad, daños y lesiones, tres acusaciones que, juntas, pueden terminar en encarcelamiento”.

A pesar de las múltiples y brutales represiones que se desplegaron en la última semana, son más de 20 cortes los que continúan activos. Luego de una gran asamblea de pueblos originarios, las comunidades decidieron salir a las calles y quedarse allí hasta que Morales dé marcha atrás con la Constitución: “En este momento pedimos la derogación de la reforma porque él lo hizo a espaldas de las comunidades y no lo consultó ni con nosotros ni con los gremios ni con nadie. Es mentira que se reunió con las comunidades porque estamos todas en diálogo”, explicó Delia de la Comunidad de Hornaditas. 

Luego de la jura de la Constitución seguida de represión y desinformación, Érica Cañari recordó a LatFem: “Lo que sucedió es inconstitucional; el gobernador no abrió el diálogo con las comunidades, solamente el día martes sacó dos artículos que según él era los que estábamos reclamando, pero nosotros reclamamos por toda la Constitución”. En ese marco, declaró que hay muchos artículos que afectan directamente a los pueblos originarios por los territorios y recursos que tienen y que su preocupación mayor es el agua.

“Fue salvaje la represión del día de ayer. No vamos a aceptar los atropellos que le hizo a la gente, nuestras hermanas y hermanos detenidos, tantos heridos y amenazados”, denunció Delia. Tras la represión, el paro continúa y los apoyos se multiplican: “Hoy bajaron las comunidades de Abra Pampa, Mina del Aguilar y la Quiaca para reforzar todos los puntos”. Para Delia “la fuerza es unánime”: “Estamos todos los pueblos de la puna, la quebrada y los valles. Todas las comunidades están presentes en las rutas pidiendo la renuncia inmediata o la intervención de la provincia contra este desastre”.  El reclamo también es unánime y así lo sintetizó Cañari: “Queremos una nueva reforma que dé la oportunidad a las comunidades y organizaciones de participar”.

Recibir el nuevo sol en las calles

Como la cosmovisión andina lo indica el 21 de junio es un día de celebración. Cuando “Tata Inti” (el sol) se acerca a la tierra marca el comienzo de un nuevo ciclo. Para recibirlo, cada 20 de junio las comunidades indígenas que comparten esa cosmovisión se encuentran en sus espacios ceremoniales para pasar la noche más larga del año en comunidad. Esta vez, el Inti Raymi se trasladó a los cortes, allí algunas comunidades decidieron abrir el paso de manera interrumpida durante la noche para evitar posibles tensiones con la polícia y realizar su ceremonia como corresponde: “La potencia de la celebración del Inti Raymi es superior y no lo están respetando, es un acto sagrado de conexión con la madre naturaleza, es un día espiritual”, manifestó Nelson Chasqui de Abra Pampa.

Para recibir el nuevo ciclo las comunidades andinas levantan sus manos al amanecer en espera de los rayos del nuevo sol. En el corte los puños siguen alzados: “No vamos a bajar los brazos hasta que Morales renuncie y se vaya con todo su gabinete”, aseguró Delia desde el corte de Purmamarca. “Estamos en las calles por los pueblos originarios y por toda la sociedad. Es un momento muy doloroso para las comunidades, para los gremios y los docentes. Queremos que se escuche la voz de la provincia de Jujuy que está sufriendo mucho, nosotros vamos a seguir adelante pero necesitamos de su apoyo”, aclaró.

* Publicada originalmente en LatFem

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Por Camila Parodi y Susi Maresca desde Jujuy / Cobertura conjunta entre Tierra Viva y Marcha

Las comunidades indígenas de Jujuy se encuentran movilizadas contra la reforma constitucional que impulsa el gobernador Gerardo Morales. Se trata de la modificación de 66 de los 212 artículos que contiene la Carta Magna local. Entre ellos, se propone la posibilidad de reelección en la gobernación, prohibición de indultos por corrupción, modificaciones en el sistema político y judicial, achicamiento del Estado, provincialización de recursos estratégicos como el litio, prohibición de tomas de tierra y criminalización de la protesta social, entre otros. Esta semana se repitieron cuatro días de masivas movilizaciones.

Si bien todos estos cambios son presentados como avances para alcanzar la “paz social” y el “desarrollo” en la provincia frente a la crisis climática —según explicó el Gobernador en repetidas entrevistas—, la verdadera razón que esconde es la intención de conservar el poder en pocas manos y continuar beneficiando a las grandes corporaciones con la explotación de los bienes comunes.

La historia de Jujuy acumula muchos años de luchas, manifestaciones públicas y acciones directas de defensa del territorio. Por ese motivo, la modificación constitucional impulsada por Morales es interpretada también como un ataque directo contra la organización social y territorial-ancestral.

Los próximos días serán claves en el proceso constitucional. Desde el Ejecutivo se instó a los demás poderes estatales que actúen con rapidez para la aprobación de la reforma. En ese marco, las más de 400 comunidades indígenas de Jujuy —así como organizaciones sociales, sindicatos, docentes, partidos de izquierda, trabajadores y trabajadoras del Estado— se encuentran en las calles de manera masiva repudiando el intento de cercenar sus derechos básicos.

“Esta reforma nos está condenando a la muerte”, gritó el jueves una de las voceras del Pueblo Kolla que —antes de poder preguntarle el nombre— se perdió entre la multitud frente al Palacio de Gobierno.

Los pueblos originarios remarcaron que el proceso de reforma constitucional no respeta la legislación indígena, incluida la Constitucional Nacional y el Convenio 169 de la OIT (de rango supralegal). Destacan que la lucha es por el agua de toda la población, no solo de los pueblos indígenas. Cuestionan que el Gobierno le esté “regalando” el recurso vital a las empresas mineras.

La Convención Constituyente comenzó el 22 de mayo, el gobernador Morales impuso su mayoría y fue electo convencional (y fue designado en la presidencia del organismo) y finalizaría —con una nueva Constitución— el martes 20 de junio.

“Luchamos por el futuro y por el derecho a la vida en la Pacha”

Para Raúl Sajama, integrante de la comunidad indígena Angosto de Tilcara, tanto la ley nacional como el convenio 169 de la OIT exigen que las empresas soliciten autorización y den información sobre los proyectos que quieren instalar en los territorios ancestrales: “Tienen que decirle la verdad a la comunidad, tienen que decir que el cerro va a desaparecer, que no va a haber agua, esa es la información. Lo dice la ley, tienen que informar con la verdad y la comunidad indígena es la que tiene que decidir. No va a quedar agua para las plantas, los animales ni las personas”.

Desde el Pueblo Kolla denunciaron que esta reforma es inconsulta y remarcaron que son los pueblos indígenas quienes viven en los territorios, espacios de vida que fueron de los ancestros y que los protegen para hijos y nietos. “Luchamos por el futuro y por el derecho a la vida en la Pacha”, explicaron. Desde esa cosmovisión aseguraron que los pueblos indígenas “no somos el centro de la Pacha, convivimos con los seres vivos, nuestros ancestros dieron la vida en esta defensa y nos dejaron un territorio hermoso, no dejemos que lo contaminen. La Pacha es la que nos da la vida, que no nos convenzan, no somos pobres, tenemos un territorio con mucha riqueza”. Y afirmó que la reforma constitucional “va a afectar directamente a los derechos de las comunidades indígenas”.

“Se han manejado de forma antidemocrática”

Natalia Morales es convencional constituyente y diputada electa del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda. “Lo que se está haciendo con la reforma de la Constitución es totalmente escandaloso. Venimos denunciando la censura y la falta de las libertades democráticas ya que no se incluyó la mirada de los organismos de derechos humanos, de los sindicatos, comunidades indígenas ni del movimiento de mujeres en las comisiones donde se desarrolló la reforma”, cuestionó.

Para la convencional constituyente, entre los principales puntos controversiales de la reforma se encuentra “la modificación o la inclusión de artículos que criminalizan la protesta social, que van a prohibir incluso aquellos métodos de lucha como la ocupación, los cortes de calles o de rutas en los territorios. Esta reforma constitucional va a afectar directamente a los derechos de las comunidades indígenas y de todos los sectores sociales que hoy viven con vulneración de derechos”.

Agregó que la situación se agrava con el intento de aprobarla de manera express en los próximos días. “Desde el Frente de Izquierda hemos denunciado cómo se han manejado de forma antidemocrática, incluso sin transmitir en vivo lo que sucedió en las comisiones, haciéndonos callar”, alertó.

Señaló que desde la Comisión de Derechos y Garantías que integra se logró que integrantes de comunidades indígenas y sectores socioambientales que luchan en los territorios puedan plantear su posición y dieran cuenta del rechazo a la reforma. Remarcó que no se garantizó la consulta previa e informada como indican la legislación indígena.

En ese marco, a pesar de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, para la diputada “en Jujuy se vive la represión, la criminalización de indígenas y de los sectores socioambientales que defienden los territorios”.

Resaltó que los últimos cuatro días de masiva movilización y de paro docente demuestran el rechazo unánime del pueblo jujeño a las reformas “mientras el gobernador Morales avanza con una Constitución reaccionaria, antiderechos, que beneficia únicamente a las multinacionales saqueadoras del litio, en las calles se ve algo muy profundo, el pueblo ha perdido el miedo”.

Una Constitución a pedir de los grupos empresarios

Entre las principales modificaciones que perjudicarán a los pueblos indígenas, Natalia Morales explicó que existe un artículo sobre la propiedad privada que plantea una ley para el posible desalojo de pueblos indígenas que se encuentran en las llamadas tierras fiscales. Para la convencional constituyente, la reforma plantea que “esas tierras estén al servicio de la producción, lo que pone en cuestionamiento la posesión de las comunidades indígenas en territorios que poseen desde tiempos ancestrales. Puede implicar también desalojos y que se vulneren sus derechos”.

Otro de los puntos vinculados a los pueblos indígenas tiene que ver con que el estado provincial se atribuye tener la propiedad de los recursos estratégicos que hay en el suelo y subsuelo, lo que beneficiará directamente a las corporaciones empresarias. “Hemos visto cómo desde los sectores del agronegocio, como el Grupo Ledesma, las cámaras empresarias de los sectores del tabaco y la minería estuvieron desfilando por la Legislatura durante los últimos días”, afirmó.

Agregó que la nueva Constitución incorpora artículos que profundizan el saqueo y el extractivismo de litio, así como negociados con las energías renovables: “Es el negocio verde que se pone por delante de la función social, de los derechos básicos como contar con agua, energía y gas”.

Los próximos días serán decisivos para el rechazo de esta reforma que afectaría directamente a los pueblos originarios. Por ese motivo, las más de 400 comunidades indígenas se encuentran organizadas y en alerta para la defensa de sus territorios y modos de vida.

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Por Camila Parodi y Susi Maresca*

Desde Fiambalá

El vertiginoso proceso de explotación de litio que se está implementando en Fiambalá (Catamarca) enuncia un cambio de época. Plantas procesadoras junto a hospitales, camiones y camionetas que circulan a toda velocidad por la pequeña ciudad, precios descomunales en los alimentos básicos y alquileres, precarización laboral, problemas de salud, contaminación y falta de agua son algunos de los impactos en la vida cotidiana de quienes habitan la ciudad del oeste catamarqueño.

Mientras que los primeros proyectos de explotación de litio, aprobados en el departamento de Antofagasta de la Sierra, hacen lo posible para pasar desapercibidos, ocultar sus impactos y desaparecer del mapa; en Fiambalá, el megaproyecto “Tres Quebradas” impulsado ahora por la empresa china Liex Zijin muestra una estrategia diferente y expone, de manera ostentosa, sus irregularidades, la participación de la empresa en el poder local y la violencia explícita contra quienes se oponen.

Esta impunidad permite, también, nuevas formas de relacionarse con la comunidad local. Durante el último año se realizaron diferentes denuncias contra la precarización de los trabajadores que se encuentran en el salar, relatan que muchas veces no tienen agua para higienizarse y que tampoco cuentan con el equipo necesario para manipular químicos. Una de las principales quejas realizadas por los trabajadores de la minera se centra en las condiciones laborales: bajos sueldos, más de doce horas diarias de trabajo y falta del equipamiento básico. A su vez, el destrato cotidiano de empresarios y trabajadores de origen chino con la población genera una distancia inusual en las estrategias de marketing empresarial conocidas hasta el momento.

La instalación del megaproyecto “Tres Quebradas” fue realizada inicialmente por la empresa Liex S.A. (subsidiaria de Neo Lithium, de origen canadiense) en el año 2017. Desde noviembre de 2021 es gestionado por la empresa china Liex Zijin y la población advierte cambios radicales.

El megaproyecto comprende once propiedades mineras distribuidas en más de 30.000 hectáreas y tiene como objetivo, en la primera etapa, la extracción de 20.000 toneladas de carbonato de litio por año.

La empresa Zijin es la principal productora de oro en China y apunta a convertirse en una de las tres compañías mineras principales del mundo para el 2030. Como explican desde Ruido y Fundeps en su informe de «Litio y transparencia», el gigante asiático es uno de los países que más invierte en litio en la Argentina. En conjunto, durante 2022, las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta exportaron allí 292 millones de dólares. Con estos números se puede observar una tendencia de las empresas chinas a adquirir y gestionar proyectos de litio en el país.

Además de China, también Japón y Corea del Sur se constituyeron como los segundos principales inversores durante el año pasado. En ese marco, el caso de Fiambalá, a través de la llegada de Zijin, podría servir de ejemplo para conocer el accionar de China y sus intenciones. Un país en vías de constituirse como monopolio de la producción de litio así como en el principal exportador para sus socios del Pacífico.

El plan para los inversionistas es perfecto: extraer el litio de la zona de Tres Quebradas, un salar ubicado contra la cordillera a 100 kilómetros de la ciudad de Fiambalá, realizar el primer procesamiento allí y llevarlo preconcentrado hacia la planta (ahora en construcción), ubicada en el ingreso a la ciudad. Una vez procesado el carbonato de litio saldrá por el Pacífico a través del Paso San Francisco de Chile. Todo en una provincia que concede las libertades suficientes para que las empresas desarrollen sus proyectos y ni siquiera sean afectadas económicamente ya que tan sólo pagan el 3,5 por ciento del valor declarado.

El despertar de Fiambalá

Por su velocidad para desplazarse así como por la implicación en todos los entramados sociales de la población, se trata de un momento muy complejo para quienes defienden los territorios y resisten al avance de los proyectos extractivos. Entre ellos, está la Asamblea Socioambiental Fiambalá Despierta, un grupo de vecinos y vecinas que se organiza desde 2016, cuando comenzó a circular el rumor de la instalación de la minera. Sus integrantes explican que están tomando fuerzas luego de haber intentado impedir el ingreso de la empresa a su ciudad durante 2018. “Sabíamos que si ingresaban iba a ser peor por eso hicimos un corte entre algunas mujeres”, recuerda Nicolasa Casas de Salazar, una de las integrantes históricas de la asamblea.

Hoy la planta piloto ubicada en el centro de la ciudad, a metros del hospital, ya produce carbonato de litio. Desde la Asamblea realizaron diferentes notas para solicitar la información que les corresponde como personas que respiran el mismo aire, sin embargo no han tenido respuesta.

En noviembre de 2022, toda la población de Fiambalá estuvo enferma por más de un mes, con vómitos, erupciones en la piel, descomposturas y otros problemas similares. Por este motivo, la planta piloto fue clausurada por un tiempo pero las razones no fueron informadas hasta el momento.

En el caso de la nueva planta ubicada al ingreso de la ciudad, donde se producirá finalmente el carbonato de litio, la situación no es mejor. “Podemos ver que están haciendo más piletones de los que habían declarado, lo sabemos porque están a la vista de todo el pueblo, vemos también cómo remueven la tierra para avanzar rápidamente con la obra y cuando se levanta el viento del mediodía no podemos ver por el polvo. Están haciendo muchos movimientos y está todo flojo”, denunció el artista y asambleísta, Willie Carrizo.

Por cada tonelada de carbonato de litio se precisan 2 millones de litros de agua. Para este proyecto se requerirían 40 millones de litros de agua por año. Para dimensionar, este consumo equivale al agua que utilizaría una persona al lavar los platos dos veces al día por más de 10.000 años. Desde la Asamblea registraron que, hasta el momento, la empresa Zijin instaló al menos tres pozos subterráneos. “Están tomando mucha agua, no hay registro histórico de cuáles pueden ser los impactos de usar aguas subterráneas y sobre todo en zonas desérticas como lo es Fiambalá”, agregó la ingeniera ambiental e integrante de la Asamblea, Lis Sablé.

Zona de promesas

“Llegaron y prometieron empleo, progreso y buenos sueldos, pero la realidad es otra y la gente está comenzando a incomodarse”, explicó Sablé. En menos de un año desde su anuncio, la planta de carbonato de litio ya se encuentra instalada y la obra avanza rápidamente. “El momento de la bondad minera es este”, explica Lis para referirse al actual contexto: “Cuando terminen la obra toda la gente que ahora están empleando se quedará desocupada”.

La Asamblea Fiambalá Despierta es un pacto generacional. En ella se encuentran luchadoras históricas con jóvenes curiosos. Mientras que unas se preocupan por el futuro de las infancias y de la vida de su pueblo, los jóvenes —en tiempo presente— eligen organizarse para ser quienes decidan sobre sus propias vidas: “Yo me acerqué a la asamblea para estar informada, para decidir si quiero vivir acá, si quiero tener hijos”, explicó Karen Perea, una joven asambleísta.

Elegir en un territorio donde el libreto ya está escrito por los intereses de las empresas mineras no parece fácil. Organizarse y visibilizarse como parte de un espacio colectivo puede implicar la pérdida de ofertas laborales tanto en espacios privados como públicos, ya que la complicidad entre esos poderes es un hecho. “Es muy difícil porque la minera se metió en la secundaria a través del pago de las becas que hacen en conjunto con el municipio, entonces los jóvenes lo ven como una única salida”, señalaron integrantes de la Asamblea.

“Hay jóvenes muy preocupados y con conciencia por lo que está pasando, pero les falta apoyo”, se lamentó Nicolasa Casas de Salazar. La productora fiambalense explicó que cada vez son más los terciarios cerrados y que los jóvenes sólo aspiran a estudiar “seguridad e higiene” o alguna ingeniería que pueda ser de interés para la minera. “Nosotros estamos pensando en las futuras generaciones. Se están llevando todo para afuera, es muy agresivo lo que están haciendo”, expresó la vecina y recordó: “Dependemos del agua, tenemos que tomar para vivir, tenemos que regar las plantitas y cuidar a nuestros animales”.

Sin humedales no hay vida

Tres Quebradas integra el sistema de lagunas altoandinas y puneñas, una zona que sostiene el equilibrio de toda una biodiversidad muy específica. Por ese motivo, es un área de protección que se encuentra determinada por la Ley 5070 de Catamarca e integra una red de humedales reconocido a nivel internacional como subsitio Sur Ramsar. En el lugar se encuentran seis lagunas que, por su ecosistema tan particular, conservan especies con problemas de conservación, como lo es el flamenco andino.

Para la bióloga e integrante de la Fundación Yuchán y del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos, Patricia Marconi, los salares altoandinos “son muy valiosos para las comunidades de aves por la diversidad de hábitats que genera, por la cantidad de lagunas, sus distintas salinidades y las diferentes características físicas de los cursos de agua que existen”. Marconi explicó que cualquier modificación que se realice sobre dicho territorio “puede generar impactos irreversibles”.

La bióloga destacó que, por su capacidad de conservación del agua de manera subterránea, los salares funcionan como humedales de altura. “Los impactos acumulativos realizados por las empresas mineras como la extracción de salmuera a partir de su concentración y separación por la que se obtiene el litio, así como por la extracción de agua dulce que se utiliza para el procesamiento del mineral, no están claramente establecidos ni medidos con la capacidad de cada cuenca”, explicó. Entonces, al no tener precisiones sobre las capacidades de agua dulce y de salmuera que conserva esta cuenca se desconoce, también, el impacto real que podría traer cada proyecto en proceso.

Resistir y producir

La ciudad de Fiambalá está ubicada en un valle y es rodeada por los ríos Chaschuil y Abaucán que descienden desde la cordillera. Por los ríos y sus más de 300 años de intervención humana, el bolsón de Fiambalá se ha transformado en una enorme zona verde rodeada de desierto. Un frágil ecosistema que podría modificarse por un mínimo cambio.

Desde la llegada de la minera muchas dinámicas han cambiado, pero otras se han revalorizado. Continuidades de prácticas colectivas que resisten a la imposición del mal llamado “desarrollo”. A lo largo de la historia, familias campesinas fueron experimentando en la producción de alimentos y conocimientos especiales para ese tipo de geografía. Sus trabajos están a la vista: dalias fucsias que contrastan con la duna amarilla en el fondo de las casas; bosques nativos de chañar y algarrobo que resisten al intento del municipio de convertir la ciudad en cemento; variedades de maíces que se multiplican a través del intercambio comunitario; arquitecturas y sistemas de riegos que preservan el agua en tiempos de sequía; hectáreas y hectáreas de viñedos por los que subsistía todo un pueblo.

El chañar y la algarroba

Diego Amartino y Helena Córdoba Vélez viven en Fiambalá desde 2016, cuando comenzaron con un emprendimiento. A la vez que se instalaba un proyecto de muerte en el mismo territorio, decidieron mudarse e iniciar un proyecto productivo centrado en el uso y la revalorización de los frutos de los árboles nativos y silvestres. “Con Helena aprovechamos los alimentos que conocemos y que hemos venido aprendiendo y experimentando. Nuestra historia tiene que ver con cómo aprovechamos esos frutos y alimentos que estaban un poco olvidados y ponerlos en valor”, explicó Diego.

Sobre esa base, también, se proponen innovar y crear nuevas producciones con la agroecología como perspectiva. Hoy realizan harinas, arropes y patay de algarroba. En cada sabor le devuelven una partecita de su historia a Fiambalá.

El control del agua en manos del pueblo

Laura Del Pino es heredera de un viñedo de más de 50 años. Durante 2022 eligió volver a las tierras de su abuela para continuar con su trabajo. La situación es bastante distinta a la que recordaba de los veranos de su infancia. Antes, gran parte de la población trabajaba en la producción de uva que era vendida en los mercados. Ahora, relata, son muy pocos los camiones que salen al mercado. Explica que es muy complicada la contratación de personas que quieran continuar con la labor de viñatero.

“El otro problema es el agua, no ha habido mucha lluvia, y hubo heladas en noviembre que arruinaron parte de la producción”, señaló Del Pino. “Esto hay que lucharlo ya porque el agua que usan en la planta no puede volver ni al riego, ni a la napa, ni a nada porque está contaminada y no sabemos qué están haciendo arriba”. Para la productora, la solución es una sola: “El control del agua tiene que estar en nuestras manos”.

La lucha de las uvas

Además de participar de la Asamblea Fiambalá Despierta, Nicolasa y don Cacho son productores de uva. Las venden a la comunidad y al turismo desde la puerta de su casa. Esta decisión tiene una explicación: por un lado, se oponen a que la intendenta, Roxana Paulón (propietaria de una bodega) maneje la única mostera de la ciudad. “Ella le puso un precio general para todos los productores, está pagando 16 pesos el kilo de uva. Ni siquiera nos preguntó qué gastos tenemos para producir”, denunció Nicolasa. A su vez, al vender las uvas desde su casa Nicolasa y don Cacho cumplen con otro objetivo: encuentran la manera de hablar sobre la situación de Fiambalá con cada persona que pasa.

Su casa, ubicada en la calle principal, tiene un cartel que resume todo: “El agua vale más que el litio”. Nicolasa no descansa, mientras juega con su nieta piensa cuál será el próximo cartel que pondrá en su puerta y se imagina convocando a un gran festival para informar algo tan importante y, a la vez, silenciado: “Es simple, hay que cuidar el agua y cuidar el agua significa cuidar la vida. Los recursos que sacan, como el agua, son los que no se renuevan”.

*Publicación conjunta entre Agencia Tierra Viva, Revista Cítrica, Marcha y Sala de Prensa Ambiental.

**Esta nota es parte del proyecto fotoperiodístico “La ruta del litio: cartografía de un saqueo” realizado por Susi Maresca y Camila Parodi en el noroeste de Argentina

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