Mauricio Macri designó a Jorge Triaca como Ministro de Trabajo, en un claro mensaje para la clase obrera. Además, repasamos la situación de diversos conflictos gremiales.

Jorge Triaca, padre del futuro Ministro de Trabajo, fue el símbolo más obsceno del sindicalismo amarillo. Por ejemplo, durante la dictadura, encabezó la Comisión de Gestión y Trabajo para dialogar con el gobierno militar. Cuando declaró en el Juicio a las Juntas, negó conocer “casos de trabajadores desaparecidos”.

Fue el primer Ministro de Trabajo de Menem. Desde allí fue parte fundamental del proceso de privatizaciones, que dejó en pocos meses 570.000 trabajadores estatales en la calle.

Jorgito, quien como Mauricio estudió en el Colegio Cardenal Newman y se graduó en la Universidad de San Andrés como Licenciado en Ciencias Económicas, para más tarde realizar un posgrado sobre “Regulación de Mercados”. Sus antecedentes le permitieron ingresar como consultor en el programa “Reforma de la Administración Pública” entre 1996-1998, que se ocupaba de las privatizaciones y el desguace del Estado.

De 2005 a 2009 fue Director Ejecutivo de la Fundación PensAR, el think thank de donde surgieron muchos de los cuadros del PRO, formado por los gerentes de empresa que hoy componen el gabinete de Cambiemos.

Jorgito Triaca, con estos antecedentes personales y políticos que poco hablan de los derechos de los trabajadores, se convertirá a partir del 10 de diciembre en el próximo Ministro de Trabajo. Le ganó la pulseada al funcionario cordobés, Jorge Lawson, ex gerente de Arcor, cuestionado por los gremios.

Mientras tanto, los “gordos” se reunieron el miércoles en la sede de UPCN. El encuentro fue convocado con el inicial propósito de rearmar los grupos más influyentes de la CGT que se comprometieron con la campaña de Daniel Scioli, más allá de que durante los días previos al balotaje se corrieron de escena y dejaron todo el protagonismo a Antonio Caló. Los “gordos” e “independientes” también avisaron que la aparente voracidad de cargos de Moyano puede ser un escollo insalvable para una futura unidad sindical.

Al camionero le adjudican haber intentado, desde que arrancó la semana, negociaciones con Macri y sus colaboradores para ubicar a dirigentes y técnicos de su entorno en espacios clave para sus intereses como Transporte y la Superintendencia de Servicios de Salud, ligada al reparto de fondos para las obras sociales.

Hay muchos perdedores sindicales que tratarán de reacomodarse ante Macri y una futura CGT en la que Moyano volvería a tener peso. Entre ellos, Antonio Caló, quien dijo a Clarín: “Felicito a Macri y le deseo que haga una buena gestión porque si él tiene éxito, tendremos éxitos todos los argentinos”.

Preparando la resistencia

El próximo sábado 12 de diciembre las y los trabajadores de la Zona Norte realizarán un Encuentro que tiene como fin agrupar a la vanguardia y a la izquierda, con eje en la coordinación de las luchas y prepararse para enfrentar el ajuste que se viene.

De las reuniones son parte los docentes del SUTEBA, de Praxair, MadyGraf (ex Donnelley) bajo gestión obrera, Worldcolor, VW, Lear, PepsiCo, Pilkintong, del PTS, Nuevo MAS, OS, CS y PRC. También se sumó el Partido Obrero y anunció que los compañeros del SUTNA San Fernando serán parte de la preparación del Encuentro del 12.

“Aunque los dos candidatos durante la campaña hicieron lo imposible para ocultar sus verdaderos planes de gobierno, lo cierto es que a 4 días de asumir Mauricio Macri irá a reunirse con los popes de la Unión Industrial Argentina y Guy Ryder, director de la Organización Internacional del Trabajo ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Avanzar junto con la burocracia sindical en un Pacto Social”, afirma la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, en su último boletín.

“Promoveremos una jornada de protesta, ante la visita del Director de la OIT, Guy Ryder, invitado por la UIA, en un evento a realizarse el próximo 14 de diciembre”, concluyen.

Macri llamará a empresarios y dirigentes sindicales a un “acuerdo de la productividad”, pero no tendrá mucho tiempo de jubileo gremial. No solo porque el 31 de diciembre vence la paritaria de los bancarios, sino porque María Eugenia Vidal deberá dar señales muy claras de lo que hará con los salarios docentes. Hay intención de recomponer los sueldos, pero sin ceder a las “presiones desmedidas”, en alusión al anticipado reclamo del 40% de Roberto Baradel, el ultrakirchnerista líder de Suteba.

Diputados aprobó la expropiación del Bauen y otros proyectos favorables a los trabajadores

El texto, que tuvo aprobación unánime de los 129 legisladores presentes, destaca que la expropiación se concretó a cambio de la deuda que el titular de los bienes registra con el Estado por créditos que contrajo con el ex Banco Nacional de Desarrollo (Banade) y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Fue una ardua sesión que estuvo interrumpida por más de dos horas, mientras el Frente para la Victoria buscaba el quórum para continuar con el temario, y debido a que la mayoría del arco opositor y algunos diputados propios habían decidido no participar de la deliberación. El sistema para repartir ganancias entre empleados telefónicos y las empresas, e indemnizaciones para ex trabajadores de firmas privatizadas, eran los temas que aguardaban para ser tratados, con sus beneficiarios ocupando los palcos.

A sus bajas, el oficialismo las cubrió con las presencias de las y los diputados de Unidad Popular y del FIT, de Victoria Donda, de Libres del Sur, del sindicalista Omar Plaini, de la ex piquetera Ramona Puchetta y del ex radical Eduardo Santín.

“No hay que ser hipócritas: los que hoy no están es porque no están de acuerdo con resolver los problemas de los trabajadores”, insistió Claudio Lozano en declaraciones a radio El Mundo.

Mientras tanto, en el Senado de la Nación se aprobaba el Proyecto de Ley de expropiación de la fábrica recuperada IMPA, que ya contaba con media sanción de Diputados.

Cresta Roja sin solución

En la mañana del martes, alrededor de 500 trabajadores se movilizaron hacia el Ministerio de Trabajo para ser recibidos por el Ministro Tomada. Solicitaban una pronta respuesta a una situación que lleva meses sin resolverse. Los empleados denuncian el vaciamiento de Cresta Roja-Rasic y el riesgo inminente de que se pierdan 5.000 puestos de trabajo. Exigen la reactivación de la producción en las plantas de la empresa.

Luego de haber sido recibidos por la Dra. Zanoli, en representación del Ministro Tomada, la manifestación continuó hacia el Obelisco. Mientras, cientos de trabajadores y trabajadoras bloqueaban la autopista Richieri a la altura de El Trébol.

Absuelven a padres y docentes de Caleta Olivia

El jueves, la justicia federal concedió la absolución a los padres y docentes acusados de cometer delito durante una huelga docente en el 2011.

Como declararon los dirigentes de ADOSAC, esto fue una maniobra de los que conducen el estado santacruceño para disciplinar al pueblo y los trabajadores y trabajadoras.

El triunfo logrado espera también poder extenderse al 2 de diciembre cuando se conozca el veredicto del juicio contra camioneros y docentes del SUTEF en Tierra del Fuego.

Juicio en la 60

Por su parte, la empresa MONSA inició juicio de desafuero contra los delegados de la Línea 60. Se trata de un nuevo ataque de la empresa que ya en momentos del conflicto pudo llevar adelante el lock out patronal, permanentes ataques a los trabajadores gracias a la “triple alianza” de gerentes, funcionarios y burócratas y una fuerte represión en la Panamericana por parte de la Gendarmería de Sergio Berni que dejó varios heridos en el corte que se sostuvo en agosto de este año.

Triunfo del gremio de prensa y Fesprosa

El Ministerio de Trabajo notificó que el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires (SiPreBA) ya tiene personería simple.

El SiPreBA, que en adelante deberá luchar por su personería definitiva, corona un largo reclamo impulsado por delegados, comisiones internas y activistas, tanto de medios estatales como privados.

Ocurre además, a pocos días que los periodistas, trabajadores de prensa y gráficos del oligárquico y derechista diario La Nación, se pronunciaran en una asamblea contra la editorial patronal “No más venganza” que reclamó impunidad contra los genocidas.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante la Resolución 1404, también dispuso otorgar la Personería Gremial a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA-CTA). Pasaron más de siete años desde que FESPROSA realizara el pedido de Personería Gremial ante la cartera laboral. Así termina el unicato de FATSA, que por sesenta y cinco años fue la única Federación de Salud con Personería Gremial.

El jueves 19 culminaron las elecciones del Sindicato de Profesionales de la Salud. Con el 53% de los votos, a nivel provincial y un 72% en Rosario, donde se concentra la mayoría de afiliados, la Lista Naranja “Autonomía y Democracia Sindical” se erigió como la dirección que asumirá desde enero del 2016.

Fuentes: www.ambito.com, www.anred.org, La Izquierda Diario, SiPreBA, www.redeco.com.ar, Equipo de Comunicación CTA Rosario, agenciaacta.org, Resumen Latinoamericano, Clarín, ADN, InfoCielo, www.lagaceta.com.ar

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En el barrio de Constitución se encuentra uno de los nodos de transbordo más grande que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires. Detrás de la estación del ferrocarril Roca que linkea la ciudad con el sur del conurbano, se encuentra una de las cabeceras de la línea 60 de colectivos urbanos. Hace más de un mes que los choferes de la 60 se encuentran luchando para que reincorporen a 53 compañeros despedidos. Quieren la reestización de la línea, la liberación de los compañeros detenidos y el fin del lockout patronal.

Las mujeres de los choferes son parte de esa lucha, pilares fundamentales del reclamo, como parte de una tradición histórica de la clase obrera. De mujeres que no sólo pusieron en pie sus organizaciones para enfrentar a los empresarios en los gremios donde tienen peso, sino formando comisiones para apoyar a sus compañeros y familiares en los conflictos más duros.

En un festival autogestionado para difundir su reclamo, las mujeres de la 60 cuentan por qué están allí: “Este es un encuentro forzoso. Fue la lucha por la reincorporación de los compañeros despedidos lo que nos llevó a estar todas juntas” dice Mari, la compañera de Castro, uno de los choferes en lucha, mientras despliega una bandera con la insignia “Mujeres de la 60, Unidad”. “Venimos los días que podemos. Muchas trabajamos, otras venimos los fines de semana. Nos organizamos como en el día de hoy”, agrega.

El objetivo es claro: necesitan juntar dinero para las 1.200 familias que en este mes no cobraron un sueldo y se mantienen en la incertidumbre sobre su futuro laboral. Ellas se mueven con los bonos y rifas, invitan a todos a acercarse a la terminal ubicada en el barrio de Constitución para aportar. “Sindicatos, partidos políticos, transeúntes, con lo mínimo que puedan ya están ayudando. Acá estamos las 24 horas”, agrega Mari.

Aunque están orgullosas de participar y llevar las remeras amarillas que las identifican también les pesa la desilusión. “Yo noto mucha indiferencia entre mis conocidos. Esperaba más apoyo de los partidos políticos de barrio. De los choferes de otras empresas también esperábamos más. Fueron muy pocos los que se solidarizaron con los chicos de la 60”, dice decepcionada Gaby, la compañera de Salas.

En una de las mesas de la entrada al Festival está Wanda, la mujer de Duclós, otro de los choferes que está en primera línea de lucha. Ella también levanta la voz y cuenta cómo pasan sus días en asamblea permanente y lejos de su hogar: “Todo el tiempo se juegan muchas emociones. A nuestros maridos les duele saber que hay compañeros que hace días están encerrados, sin ver a su familia, sin descansar como lo merecen. Saben que no cuentan con el apoyo del gobierno ni del gremio. Nosotras estamos acá porque su reclamo es el nuestro”.

Baja una hilera de banderines coloridos, las mujeres preparan una mesa colectiva para compartir la cena con el resto de las familias de los choferes. El Festival en solidaridad a los trabajadores se transformó en un espacio de protesta, solidaridad y también de reencuentro. La música suena fuerte mientras un grupo de chicos corre por la vereda. En una esquina, algunos jóvenes se sacan fotos con un cartel: “Yo apoyo la lucha de la 60”.

Mari mira esa postal desde la punta de una mesa mientras alimenta a uno de sus hijos. Su vida familiar cambió por completo. La calle es su nueva casa: “Cada una, desde su lugar, acompaña el reclamo. Estamos acá para recuperar el trabajo, nuestros maridos quieren trabajar. Y nosotras estamos luchando por el futuro de nuestras familias”.

*Nota originalmente publicada en faccionlatina.org

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A más de un mes de protesta, ayer el ministro de la cartera de Trabajo, Carlos Tomada, convocó a una nueva reunión para el próximo lunes con el Cuerpo de Delegados de la línea 60, con el objetivo de llegar a un acuerdo ante el despido de varios trabajadores de la empresa Monsa S.A.

Las reuniones entre el Ministerio y los trabajadores para llegar a una solución ante sus reclamos por 53 despidos, vienen sucediendo desde que el Estado decidió intervenir en el conflicto que ya lleva 40 días.

El jueves de la semana pasada los trabajadores organizados protagonizaron otra jornada movida. Desde las 8 de la mañana, cientos de choferes habían subido a la Autopista Panamericana y permanecieron allí por dos horas, lo que concluyó en una convocatoria a los delegados por parte del Ministerio de Trabajo.

Mientras se desarrollaba la reunión sobre el mediodía, las unidades salieron con normalidad desde una de sus cabeceras ubicadas en Plaza Constitución. Los trece colectivos que realizaron el recorrido, fueron manejados por trabajadores en conflicto e incluso tres de ellos, integran el grupo de despedidos.

Recordemos que la jueza Servini de Cubría había dispuesto la liberación de la restricción para la salida de las unidades, al mismo tiempo que imponía el cobro de boleto. Sin embargo, los trabajadores habían votado prestar servicio pero manteniendo el “no cobro”, acción que se implementó a partir del jueves pasado.

En la primer jornada en la que fueron citados por el Ministerio de Trabajo, la empresa Monsa S.A. y los delegados, el presidente de la empresa de transporte urbano, Marcelo Pasciuto, se negó a sentarse a dialogar. Esa misma tarde, trabajadores y trabajadoras denunciaron en un comunicado que “los gerenciadores de la Línea 60 retomaron el lock-out al no acatar la resolución judicial, volviendo a cortar el servicio”.

Fue este viernes pasado al mediodía cuando se retomaron las reuniones en la cartera laboral. En solidaridad, los trabajadores del subte hicieron una apertura solidaria de molinetes en la cabecera de la Línea C, en la estación Constitución y se llevó a cabo la primera reunión abierta en apoyo a los trabajadores de la Línea 60. La cita fue en la sede de ATE Nacional.

Recientemente este sábado 1 de agosto por la mañana, la asamblea de los trabajadores de Monsa S.A había resuelto aceptar la propuesta del Ministerio de Trabajo por el pago del 50% de los salarios caídos, 50 despedidos reincorporados y la negociación de los tres trabajadores restantes.

Esta decisión fue acompañada de una gran expectativa a que termine el lock out patronal y se reviertan los despidos injustificados. Sin embargo, a las 17 horas cuando los delegados se presentaron en Alem 650 para trasladarle al Dr. Siaravino lo resuelto en la asamblea, se encontraron con la noticia de que frente a la intransigencia de la empresa, el Ministerio retiraba la propuesta de acuerdo. Fue frente a lo que se leyó como una provocación que los trabajadores de la línea 60 definieron profundizar el plan de lucha con cortes, piquetes y movilizaciones, de acuerdo al comunicado emitido por la Agrupación al Volante.

“Esto no es la Comuna de París”

Fue lo que dijo el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en su clásico diálogo con los medios desde la puerta de Casa Rosada, al referirse a la manifestación de la línea 60 en Panamericana del martes pasado.

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires sostuvo que “los trabajadores no pueden hacer lo que les antoje” y que están “motivando el conflicto” y que “el resto quiere trabajar”.

La Comuna de París es uno de los grandes acontecimientos revolucionarios protagonizados por la clase obrera. El 18 de marzo de 1871, los trabajadores franceses tomaron el poder en sus manos. Aconteció luego de la rendición del ejército francés en la guerra franco-prusiana cuando se apoderaron de las armas de los arsenales y organizaron la resistencia, disolviendo al Ejército regular, sustituyéndolo por la Guardia Nacional democrática, es decir por todo el pueblo en armas. En ese entonces, se impulsó que se instalaran cooperativas en los talleres abandonados por sus patrones, se prohibió el trabajo nocturno y se adoptaron políticas de higiene. Como consecuencia, los miembros del gobierno se pusieron un sueldo igual al sueldo medio de los trabajadores. La educación pasó a ser laica, gratuita y obligatoria. Hubo libertad de prensa, de reunión y asociación. Y se decretó que las detenciones deberían ser por orden judicial mientras que los prisioneros y las prisioneras, tenían todos sus derechos garantizados.

Ante el temor que el fenómeno de la Comuna se extendiera al resto de Europa, los triunfadores alemanes le devolvieron al gobierno francés todas las tropas que mantenía detenidas, para que pudieran ser utilizadas en la represión a los comuneros. Así, el 21 de mayo un ejército de 180 mil hombres se lanzó a la conquista de París. La defensa se organizó con cientos de barricadas en las que lucharon tanto hombres como mujeres. La batalla duró una semana hasta el día que cayó la última barricada. Unos 30 mil obreros y obreras de la Comuna fueron fusilados.

Es esperanzador que Aníbal Fernández sostenga que “ésta no es la Comuna de París” si lo dice por los asesinatos. Fernadez esta señalado por familiares y organizaciones sociales como uno de los responsables políticos en la Masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados los militantes y cooperativistas organizados, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

La experiencia del gobierno de la Comuna de Paris sigue siendo un norte para trabajadores y trabajadoras organizadas que luchan por el Socialismo en el siglo XXI.

Paros docentes en varias provincias

En la provincia de Misiones el gobernador kirchnerista Closs reprimió a las y los docentes nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Educación que llevaron adelante el corte de la ruta 12 en la localidad de Jardín América, en el marco del paro convocado por el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), por reclamos salariales, el repudio a la persecución laboral y la reintegración de descuentos por huelga, entre otras demandas.

En la asamblea realizada durante la mañana del miércoles se decidió la continuidad de la medida de fuerza, convocando a un paro por 48 horas jueves y viernes, concentrando el viernes en la ciudad de Eldorado, coordinando así una gran movilización con otros sectores sociales, donde fueron nuevamente reprimidos. De esta forma, ya cumplieron una semana de huelga sin inicio de clases y aprobaron un nuevo paro de 72 horas que comenzará el lunes, cuando se movilizarán a la gobernación, en Posadas.

En la provincia de Buenos Aires los Sutebas Multicolor que vienen de protagonizar en la primera mitad del año una gran lucha para defender la escuela pública, resolvieron realizar un PARO PROVINCIAL de 48 horas los días 3 y 4 de agosto, que acompañarán con una movilización el lunes a las 10.30 a Plaza Italia, en la ciudad de La Plata, en reclamo de la “reapertura de la paritaria, el cobro de las liquidaciones con errores, por mejoras en infraestructura, comedores y obra social”. Además, el lunes, la medida de fuerza se realiza en unidad con las y los trabajadores estatales de ATE que fueron convocadas/os a parar y docentes de Udocba que reclaman un sueldo inicial de  $ 9.000.

En Chubut las regionales Sur, Suroeste y Noreste de los docentes de Atech, que cumplieron una semana de huelga sin inicio de clases tras las vacaciones, aprobaron el viernes en un plenario de delegados cumplir un nuevo paro de 48 horas desde el lunes.

Entre otros puntos reclaman la “reapertura de la mesa paritaria salarial en agosto”, “recomposición de asignaciones familiares”, “normalización de las escuelas con jornada extendida” y “regularización de las prestaciones de la Obra Social”.

Metalúrgicos en problemas

Autoridades de los Ministerios de Trabajo nacional y santafesino, integrantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución y de la Comisión Interna de Acindar y representantes de la patronal se reunieron nuevamente el martes 28 por mañana en la sede rosarina de la cartera laboral provincial en el marco de las negociaciones por el despido de 12 obreros de la acería a principios de julio (6 efectivos y 6 contratados). Como resultado, desde el gobierno de Santa Fe se definió renovar la conciliación obligatoria por 15 días hábiles más, hasta el próximo 19 de agosto.
El panorama no es distinto en las principales metalúrgicas del país. Siderca, la siderúrgica del grupo Techint en la localidad bonaerense de Campana, comenzó en junio y prolongará hasta octubre un plan de suspensiones que afecta a 3.300 operarios, en turnos rotativos, que representan las 2/3 partes de su dotación, abonando el 85% de su sueldo básico. En la fábrica de aluminio Aluar, de Puerto Madryn, la semana pasada hubo un paro en reclamo de salarios.

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El conflicto que involucra a los trabajadores de la línea de colectivos 60 ya cumplió más de un mes. Ayer se realizaron diversos cortes apoyados por organizaciones sociales. Ante la falta de soluciones por parte del gobierno y la empresa, la respuesta fue nuevamente la represión.

Ayer la disputa tuvo una escalada mayor, cuando efectivos de la Gendarmería intentaron evitar uno de los cortes que realizaron los trabajadores, sobre la autopista Panamericana y ruta 197. Luego de una brutal represión del personal de seguridad frente a los manifestantes, el saldo fue más de 20 personas heridas y al menos 5 detenidos.

Hace más de un mes que los trabajadores de la línea 60 vienen reclamando la reincorporación de 53 trabajadores despedidos y por el cese del lock out patronal que lleva adelante la empresa MONSA. Este conflicto no es completamente nuevo, ya que hace algunos años cuando cambió la administración de la línea producto de la quiebra económica de la empresa, los nuevos dueños habían tomado la decisión de no reconocer a los cuerpos de delegados elegidos democráticamente.

El Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, afirmó ayer que él dio la orden luego de que los trabajadores no acataran la intimación de desalojar la ruta en cinco minutos de manera pacífica. ”Tenemos la decisión firme de que la Panamericana es una ruta federal y cortarla es un delito. La Panamericana no se corta”, insistió.

Asimismo, justificó la represión diciendo que “no les importa nada, su objetivo es generar caos. Unos pocos incivilizados no pueden avasallar los derechos de miles de ciudadanos”. Cinco años atrás la presidenta Cristina Fernández había asegurado que este gobierno no daría ninguna “orden de reprimir piquetes”.

Violencia condicionada

De las declaraciones de Berni se desprende que el único acto de violencia es el legítimo reclamo de trabajadores que iniciaron una medida de lucha en solidaridad con sus compañeros despedidos. No hubo referencia alguna acerca de que entre las primeras medidas adoptadas estuvo el correcto funcionamiento de la línea sin cobro de boletos, pero que esto no pudo continuar a causa del lock out patronal de MONSA, responsable principal de la situación de precarización y despidos al interior de la empresa.

Por el contrario, se confirma una tendencia que tiene el Secretario como actor principal y es la violencia institucional como herramienta principal para resolver conflictos.

En un comunicado difundido por trabajadores y delegados de la 60, se afirmó que en ningún momento se promovió enfrentamiento alguno con las fuerzas de seguridad, sino que por el contrario “fue la Gendarmería la que, con un operativo de cientos de efectivos, nos cercó en la Panamericana para impedirnos ejercer nuestro legítimo derecho a la protesta, y nos desalojó golpeándonos con bastones, tirando balas de goma y gases lacrimógenos”.

Además, el comunicado agrega que “nuevamente, han herido periodistas y roto cámaras de medios de comunicación para ocultar su brutal agresión. Basta de represión. Que el Ministerio de Trabajo convoque a una reunión para reconocer la legitimidad de nuestro reclamo gremial e intimar a la empresa a dar respuesta a nuestros reclamos”.

Quién traba el conflicto

Actualmente se encuentra vigente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, siendo este el camino institucional para destrabar el conflicto en favor de la patronal.

En una entrevista realizada en Radio 10, Esteban Simonetta, representante de los trabajadores, aseguró que “hubo un acercamiento entre las partes pero no está todo definido por lo que se decidió pasar a un cuarto intermedio” para hoy al mediodía.

Entre los puntos que los empleados destacan, se encuentra la reincorporación de los 53 despedidos, el ajuste salarial ya que los pagos fueron suspendidos por el reclamo y el cese del accionar de MONSA.

Todos estos puntos y las propuestas que emergen de allí, serán evaluados por la asamblea de trabajadores, donde se han tomado todas las decisiones durante todo el conflicto.

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Panorama sindical en una semana de desalojos y resistencias: el cierre de la planta de Cresta Roja en Ezeiza y la resistencia de los trabajadores de la Línea 60 de colectivos.

“La planta de Cresta Roja en Ezeiza dejó de funcionar y ya no va a abrir sus puertas”, precisó Adolfo Etchehun del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne y anunció para el lunes una movilización para reclamar por los 5.000 trabajadores que se verán afectados teniendo en cuenta el ciclo productivo.

La segunda mayor empresa avícola del país ya se había presentado el año pasado a concurso y según Etchehun, este año ya habían despedido a 680 empleados de los 2.900 trabajadores directos.

Los últimos 400 despidos generaron un conflicto sindical al que la empresa, que pertenece al grupo Rasic Hnos., culpó por sus crisis. “Luego de haber discutido durante seis meses distintas alternativas para achicar los costos insostenibles, en la actualidad sólo es factible producir esa reducción con el despido masivo de un 30% de la dotación actual”, señaló la compañía en una carta emitida hace apenas dos días y en la que había amenazado con cerrar sus puertas.

La maniobra fue interpretada como un elemento de presión tanto para el sindicato como para el Gobierno, al que reclaman mayores subsidios.

Línea 60: casi un mes de lock out patronal

Comisiones internas, sindicatos de base, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos rodearon de solidaridad a los trabajadores de la Línea 60 que llevan adelante un conflicto por la reincorporación de 53 choferes, en una asamblea abierta realizada el pasado miércoles en Constitución, en la que además se decidió una gran marcha que se llevó adelante el jueves desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo.

Finalizada la asamblea se marchó hasta la cabecera Constitución de la empresa para apoyar a los choferes encerrados dentro de la valla dispuesta por la Policía Federal por orden de la jueza María Romilda Servini de Cubría, que impide la circulación de colectivos, en un fallo que avala a los empresarios.

Por su parte, la compañera del delegado Héctor Cáceres, uno de los choferes encerrados en la cabecera, indicó: “estamos viviendo una situación de angustia con mis hijos, pero vamos a seguir con la lucha, resistiendo. Hoy quise pasarle cigarrillos, porque aparentemente sería algo así como un terrorista, y no me dejaron. Acá hay muchas irregularidades, esto es la violencia institucionalizada por parte de la patronal, de la justicia clasista, de la burocracia de la UTA, del Ministerio de Trabajo, del de Transporte, de la CNRT. Esta es la complicidad de todo el aparato del Estado, que la única respuesta que nos da es mandarnos 200 efectivos de infantería para que los compañeros estén ahí sufriendo el encierro”.

Acindar

En Villa Constitución, a 55 kilómetros de Rosario, una huelga por tiempo indeterminado puso en alerta a una ciudad que gira en torno a Acindar, la siderúrgica que es líder en la producción de acero y hoy está en manos de capitales indios.
Después de los primeros despidos, los operarios comenzaron con asambleas en la fábrica y Acindar decidió redoblar la apuesta: le prohibió el ingreso a otros 6 trabajadores efectivos que tenían más de 10 años de antigüedad. Después de 7 días de paro, la semana pasada, el Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria, pero la solución sigue lejos.
“La empresa hace dos años que viene planteando que tiene que achicar costos y aumentar productividad por la competencia con el acero chino. El problema es que buscan ser competitivos a costilla nuestra y ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores”, declaró Silvio Acosta, miembro de la comisión interna y secretario general de la CTA autónoma en Villa Constitución. Cuenta que los despedidos pertenecen al sector de colada continua, uno de los que implica más riesgo de accidentes y alta peligrosidad, donde se trabaja con acero líquido. Y afirma que ya existen antecedentes que refuerzan la posición del sindicato. “Es un sector que no se puede achicar porque tiene que ver con la seguridad. Nosotros manipulamos hierro y acero líquido. Hace dos meses, explotó la planta de reducción directa y hace un mes se pinchó una colada, una especie de cuchara gigante, y derramó todo el acero. No hubo muertos de milagro”.

En la planta de Villa Constitución, hay 2400 obreros: 1200 son empleados por Acindar y otros 1200 son tercerizados que realizan tareas de limpieza y reparaciones. Los despidos que comenzaron el 1º de julio no fueron justificados. Para la CTA, se trata de persecución gremial aunque también existe un trasfondo económico. La empresa afirma que al parate que genera la crisis energética se le sumó en el último tiempo una baja de producción a causa del ingreso de 50.000 toneladas de acero chino para la construcción de dos obras fundamentales a las que abastecía: la represa hidroeléctrica Néstor Kirchner, en Santa Cruz, y Atucha III, en la provincia de Buenos Aires.

“Este año fue difícil. Antes de este paro que duró 7 días, ya habíamos tenido otros 7 paros por diversas situaciones y cambios de política de la empresa. Hay ajustes que se están sufriendo y como trabajadores tenemos que rechazarlos. Hay un enfriamiento de la economía y lo vemos nosotros también pero la gerencia de Recursos Humanos cambió su política y ahora viene con la mano dura”. El que habla es Pablo González, de 35 años, miembro de la comisión directiva de la UOM de Villa Constitución, alineada a nivel nacional con el jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló.

“La empresa esparce el miedo. Quieren instalar el fantasma de Paraná Metal”, agrega Pablo González. Se refiere a la autopartista que pertenece al empresario kirchnerista de Cristóbal López, una compañía que además de cargar con una historia negra de despidos y suspensiones, sigue con conflictos y amenaza incluso con cerrar sus puertas.
La conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo vence el 28 de julio. Tanto Acosta como González coinciden en que durante ese lapso, no habrá nuevas medidas de fuerza en la fábrica. Pero anticipan que si no hay acuerdo, lo que viene serán más días de paro.

La Confederación del Transporte se reunió con el candidato presidencial de la izquierda

Jorge Altamira fue invitado por la CATT en lo que constituye un reconocimiento al desarrollo sindical y político del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

La delegación que acompañó a Altamira, integrada por Juan Carlos Giordano (candidato a vicepresidente), Néstor Pitrola (candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires), Rubén “Pollo” Sobrero (a vicegobernador), Carlos Pacheco (Transporte del Oeste) y David Carballo (Subtes), se valió de este encuentro para desarrollar sus posiciones y difundirlas a través de los medios de comunicación.

En particular, los despidos en Acindar, Siderca, Lear y tercerizados telefónicos, entre otros. El sabotaje a las empresas recuperadas y a las cooperativas de trabajo como Zanón. El establecimiento de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Un mínimo de $ 8.500 para las jubilaciones y el 82% móvil. La nacionalización de la gran propiedad agraria y el repudio definitivo a la deuda externa.

En lo inmediato plantearon la urgencia de apoyar mediante un paro del sector la reincorporación de los choferes de la Línea 60, con quienes se reunieron inmediatamente después del encuentro.

Aunque expresaron el reconocimiento por la invitación, destacaron que un número elevado de dirigentes sindicales participan de las listas de los partidos patronales para las próximas elecciones, lo cual no solo refuerza su pérdida de autonomía, sino que tiene lugar cuando los candidatos principales anuncian un ajuste feroz contra los trabajadores. También señalaron la falta de apoyo a las luchas fabriles y reivindicaron la independencia del Estado y la democracia sindical.

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Luego del desalojo de la cabecera de Constitución por orden judicial, los trabajadores realizaron un corte en Puente Pueyrredón y buscan solucionar el conflicto. En estas líneas, una entrevista a dos choferes realizada días atrás, donde dan cuenta de los antecedentes y las perspectivas de lo que consideran un lock out patronal.

En la madrugada de ayer, por una orden judicial de María Servini de Crubría, 70 agentes de la Policía Federal desalojaron la cabecera de la estación Constitución donde estaba por realizarse una asamblea de trabajadores de la Línea 60. La medida llega para beneficiar a la patronal en un conflicto que lleva veinte días, que tiene como antecedente el despido de 53 trabajadores de la empresa, el no pago de boleto por parte de los usuarios y un lock out patronal, según denuncian los propios trabajadores. Después del corte de la Avenida Mitre en el acceso al Puente Pueyrredón y la movilización a la cabecera, el delegado Néstor Marcolini había sostenido: “Están apagando el fuego con nafta”, en referencia a que la justicia siempre envía a la policía para resolver conflictos gremiales en lugar de escuchar a los trabajadores. Unos días atrás, dialogábamos con Santiago Menconi y Ángel Barrios sobre los antecedentes del conflicto y las perspectivas de lucha.

-¿Cómo empezó el conflicto que está hoy en su punto más alto?

Santiago Menconi (SM): Para eso tenemos que retroceder cinco años, cuando el grupo empresario DOTA se hizo cargo de la administración de la Línea 60. En ese momento vinieron con una patota armada y barras brava del club Nueva Chicago. Con el correr del tiempo, despidieron a tres trabajadores, que ahora están bajo juicio de reinstalación. Venían amenazando con el despido de Ariel Benítez y el 24 de junio lo hicieron efectivo. Hicimos una asamblea muy grande donde en forma unánime decidimos dejar de cobrar los boletos. La medida se mantuvo durante tres días y el sábado llegó el Jefe de Personal, acompañado por un empleado administrativo, con 47 telegramas de despido. A partir de ese momento, resolvimos continuar con la medida en defensa de Benítez, los tres despedidos anteriores y los 47 nuevos. Ese mismo sábado por la noche el personal jerárquico abandonó todas las cabeceras, por lo que dejó a la empresa acéfala y generó el lock out patronal. Los choferes decidimos quedarnos en las cabeceras y la empresa nos denunció ante las fiscalías de Escobar y Capital como ocupantes que la estábamos tomando. Esto es falso porque la medida sólo consiste en el no cobro de boletos.

Fue el miércoles 1 de julio que decidimos reanudar el servicio bajo nuestra gestión y es lo que venimos haciendo hasta ahora, que decidimos sacar la pelea a la calle y hacer una gran marcha al Ministerio de Transporte el miércoles 8 de julio, donde no solo fuimos choferes de la 60 sino que a través de la Agrupación Interlíneas participaron representantes de todas las líneas.

-Es una medida de fuerza que cuenta con la simpatía del usuario, pero ¿cómo seguiría? Porque, evidentemente, en algún momento se va a acabar el combustible y, dada la política de lock out patronal, llevaría a la paralización del servicio. ¿Cómo tienen pensado enfrentar esta situación?

SM: Hay varias cuestiones. Efectivamente es una medida solidaria con el público usuario porque entendemos que los pasajeros, al igual que nosotros, son víctimas de este monopolio que es el grupo DOTA. De 54 colectivos que tienen que estar saliendo de las cabeceras para brindar el servicio salen solo 22, siendo que la empresa recibe $ 105.000 de subsidio por unidad.

Es cierto que se nos va a acabar el combustible, por eso estamos pidiendo en primer lugar que el Grupo DOTA se haga cargo de la Línea 60, porque fueron ellos los que la abandonaron, que reincorporen a nuestros 53 compañeros, respeten las condiciones de trabajo del Cuerpo de Delegados y terminen con las suspensiones arbitrarias.

Si la empresa se borra estamos empezando a solicitar una intervención del Estado nacional o que sea estatizada bajo control de los trabajadores o nos dé una solución para que la 60 no quede paralizada por la falta de gasoil y podamos seguir funcionando.

De todos modos, en estos momentos estamos en asamblea porque la empresa llegó a las cabeceras de Ingeniero Maschwitz y Constitución para hacerse cargo, pero pidiéndonos que nos retiremos porque ellos iban a restablecer el servicio. Eso no lo podemos permitir, porque si bien no estamos ocupando sino esperando que nos den servicio, si nos vamos, no tenemos dudas de que el grupo empresario DOTA, liderado por Angel Faija, va a entrar para desalojarnos y traer carneros que nos reemplacen. Si no cumplen seguiremos con el no cobro de boletos.

“¿El subsidio es para el pasajero o para el empresario?”

-Existe no sólo en la línea 60 esta política patronal de sacar los colectivos a dar una vuelta a la manzana y cobrar el subsidio. ¿Qué hace el Ministerio de Transporte frente a esto?

Ángel Barrios (AB): Es muy difícil poder explicarlo sin tener en cuenta que el Estado nacional como contralor en muchos casos actúa como un “socio” del empresario privado al no encargarse de controlar el estado de las unidades, el diagrama, las frecuencias y permitir bajo permisos precarios renovables cada seis meses que algunas líneas tengan concesiones a través del tiempo. Nosotros denunciamos que el subsidio no se vuelca en servicios al pasajero.

Es lamentable porque el Estado se debe hacer cargo y bajo ningún punto de vista vemos que haya ningún tipo de acción en pos de mejorar las condiciones del servicio. Son subsidios importantes. Para dar un ejemplo de esta empresa, en 90 días compraron el 80% de otra como la San Vicente, el 50% de la Atlántida y el 100% de la 168. Teniendo en cuenta que el Estado debe garantizar que se presten servicios adecuados, estamos ante la presencia de monopolios “amigos” que se benefician del dinero estatal sin tener en cuenta el verdadero motivo por el cual es necesaria una empresa de transporte. Uno termina por preguntarse: ¿El subsidio es para el pasajero o para el empresario?

SM: Aclaremos también que las denuncias por el vaciamiento del servicio las hicimos controlando cuántos colectivos salían por hora, las presentamos en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y además hicimos la denuncia por el abandono de cuatro recorridos históricos. De 23 cubrían 19 y los cortaban en Saavedra para que el pasajero tenga que utilizar dos colectivos en lugar de uno.

La CNRT falló a favor nuestro, pero la multa que le impuso a DOTA fue de $ 11.000 a pagar en boletos mínimos. A una empresa que le dan $ 100.000 por colectivo… fue para tomarnos el pelo.

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Los trabajadores de la línea 60 llevan seis días de conflicto con la empresa Microomnibus Norte S.A. (M.O.N.S.A.). Dialogamos con algunos delegados sindicales durante la última asamblea que realizaron entrando en la noche del martes en Constitución.

El jueves pasado, los choferes de la línea 60 –una de las más importantes de Buenos Aires, que une en su recorrido al barrio porteño de Constitución con las localidades de Tigre y Escobar– decidieron solidarizarse con su compañero Ariel Benitez, chofer y activista sindical despedido de manera arbitraria. Así, entre café y asamblea, pusieron en marcha los primeros colectivos del día realizando el recorrido habitual pero esta vez con una clara determinación: no cobrar boleto a los pasajeros.

En diálogo con Marcha, Nestor Marcolin, delegado gremial nos explicó el porqué de esa medida: “Decidimos no perjudicar a los usuarios, no cobrar boleto es perjudicar directamente a la empresa que se la lleva en pala. Eso a la patronal le molesta. Nuestro problema no es con los pasajeros, no es nuestra intención afectar el servicio que, entendemos, también usan laburantes como nosotros”.

A partir de esta medida de fuerza, y luego de dictarse la conciliacion obligatoria por el Ministerio de Trabajo, el sábado a primera hora la empresa envió 47 telegramas de despido y decidió no presentar ningún empleado administrativo en las cabeceras impidiendo así que el servicio funcione. “Esto es un lockout patronal, no es un paro de los trabajadores, que quede claro. Nosotros estamos acá y queremos trabajar, la empresa no autoriza la salida de los colectivos porque saben que no vamos a cobrar boletos hasta que no reincorporen a los compañeros despedidos”, denunció Marcolin.

Tras reclamar la intervención judicial y del gobierno en el conflicto, más de 300 choferes se reunieron pasadas las 19 de ayer en las cabeceras de Constitución e Ingeniero Maschwitz, donde un fiscal intentó en vano dialogar con los directivos. Al respecto, el delegado gremial aseguró: “Dicen que los colectivos no van a salir porque están sucios. No quieren que salgamos con los carteles que dicen que no se paga boleto. La realidad es que con carteles o sin carteles, vamos a sostener la medida de fuerza”

Un conflicto de larga data

Los problemas entre los trabajadores y la patronal vienen siendo moneda corriente desde 2011, cuando M.O.N.S.A. fue comprada por un grupo empresarial encabezado por D.O.T.A. y la persecucion a la junta interna combativa y a choferes organizados se volvió una constante.

En ese sentido, hubo paros, piquetes (como en 2014, cuando se cortó por completo la avenida Cabildo a la altura de Puente Saavedra) y diversos planes de lucha que apuntaron siempre a mejoras en las condiciones laborales y en los salarios percibidos, mientras la empresa no sólo recibe altos subsidios por parte del Estado sino que prácticamente no invierte y se llena los bolsillos a costa de la precarización laboral.

Sin ningún tipo de mediación, D.O.T.A. agrupa a 13 empresas del sector: 6 de ellas son compañías controladas, es decir, que actualmente el grupo posee más del 50% de los votos posibles para definir cualquier política societaria; las 7 restantes tienen el estatus de empresas vinculadas. En conjunto, este agrupamiento empresarial gestiona – de forma directa o indirecta– un total de 31 líneas de colectivos.

D.O.T.A. nació a partir de la operación de la línea 28, con la razón social Doscientos Ocho Transporte Automotor y, en la actualidad, está controlada por un grupo empresario liderado por José Faija y Luis González. La mayoría de sus colectivos se pueden identificar por contar con el dibujo de una abeja gigante en el costado de sus unidades, como ocurre en los casos de las líneas 28, 5, 117 o 101.

D.O.T.A. también tiene un pie en el negocio de las terminales de colectivos, ya que controla a la firma Megacar, que es el representante oficial en la Argentina de la compañía brasileña Industria Agrale, lider en venta de vehículos para el transporte de pasajeros.

Según informaron a este medio los propios trabajadores, actualmente sólo la linea 60 cuenta con 340 colectivos y cobra al rededor de 100 mil pesos al mes de subsidio del Estado por cada uno.

Al cierre de esta edición los trabajadores de todos los turnos continúan en asamblea permamente, inamovibles de las cabeceras. Iván Iza, delegado de la comisión interna gremial concluyó: “La empresa nos dice que los colectivos van a salir a media mañana. Tal vez sea cierto, pero eso resuelve solamente lo penal. En cuanto a lo gremial, es decir, los 47 despidos del sábado más otros cuatro que veníamos reclamando hace tiempo no se han resuelto. La lucha sigue compañeros.”

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