Luego de meses de recorte presupuestario, desmantelamiento del equipo profesional y quita de actividades, el último viernes de junio cerró Casa S.I.S. Este dispositivo de salud mental dependiente del Ministerio de Salud de la Nación llegó a albergar a más de 50 personas con padecimiento mental grave en conflicto con la ley penal.

Los usuarios y las usuarias, en su mayoría provenientes de los sectores económicamente más desfavorecidos de la población e históricamente segregados de todo comercio social, habían encontrado allí una posibilidad de vida diferente a la exclusión social y pusieron en marcha aquello que ni siquiera sabían que existían: sus deseos más vitales. Esos mismos deseos que anteriormente habían sido silenciados y medicalizados en cada institución de encierro con la que tuvieron que confrontarse.

La casa, que funcionaba en el barrio porteño de San Telmo, cuyo padre ideológico fue la Ley Nacional de Salud Mental (N°26657) sancionada en 2010, permitía cubrir las necesidades sanitarias, habitacionales y de capacitación de sus concurrentes, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos y ellas carecían de recursos propios o de terceros para sostener su vida en libertad.

Al interior de la misma, funcionaba la cooperativa de trabajo Manos Libres, que permitía el desarrollo de emprendimientos laborales de forma individual y colectiva. De lunes a viernes cada uno y cada una de sus integrantes llevaba a cabo la producción de delantales de cocina, remeras y mochilas serigrafiadas; o realizaba carteras y bolsos de cuero, labores de panadería, carpintería, mosaiquismo y contaba con el abastecimiento de alimentos a través de una huerta comunitaria.

Durante los cinco años que duró el dispositivo, realizaron cursos de capacitación laboral en coordinación con el Ministerio de Trabajo, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil; tramitaron el Documento Nacional de Identidad y el Certificado de Discapacidad y fueron acreedores de pensiones sociales y subsidios habitacionales mientras reorganizaban sus vidas y reconstruían sus vínculos.

Esta red de contención inédita en la historia de nuestro país daba una luz de esperanza a quienes han sido doblemente segregados de la sociedad, generando mayores oportunidades de lograr una reinserción social plena a través del trabajo y la capacitación continua en oficios. Con el cierre de este dispositivo se echa por tierra a uno de los mayores logros de la Dirección Nacional de Salud Mental (creada a partir de la mencionada Ley) acrecentando el desamparo de decenas de personas que no contarán con mayores recursos que la desidia y el abandono.

El cambio de paradigma iniciado en 2010 apunta a dejar atrás la hegemonía médico psiquiátrica, propone un modelo de atención comunitaria y considera a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los Derechos Humanos y sociales de toda persona.

El veloz desmembramiento y retroceso que se está viendo a diario en este campo con el cierre de dispositivos que favorecían la reinserción social de personas con padecimiento mental, el recorte presupuestario y el despido masivo de trabajadores solo fortalece a los negociados de las instituciones monovalentes privadas y aumenta las ganancias de la industria farmacéutica en desmedro de los Derechos Humanos de los usuarios y sus familias.

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