Durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri se pueden identificar algunos cambios respecto a la política en torno a la extranjerización de tierras. Estos cambios no representan un volantazo respecto de los que se venía haciendo, sino más bien se trata de la eliminación de las contradicciones presentes durante la gestión anterior en esta materia.

El gobierno anterior tuvo, al igual que en muchos otros temas, un comportamiento contradictorio respecto de la presencia del capital extranjero en el agro. Por un lado, alentaba su presencia otorgando permisos de desmonte, apoyándolo ante conflictos con comunidades, otorgándole beneficios, entre otros. Por otro lado, fue durante el gobierno kirchnerista cuando se sancionó la Ley de Tierras (2011), que regulaba la posesión de tierras en manos de extranjeros y que fue sancionada gracias a la lucha y presión de muchas agrupaciones de chacareros, campesinos y ambientalistas. Entre otras cosas, esta ley estipulaba que la proporción de tierras en manos de inversores extranjeros (tanto a nivel nacional, provincial y municipal) no debía superar el 15% del total del territorio.

La eliminación de estas contradicciones fue el principal cambio que comenzó a aplicar el gobierno de Mauricio Macri desde su asunción en diciembre de 2015. Así, el camino se va allanando con un claro sesgo en favor del capital extranjero y eliminando todo tipo de traba para que éste ingrese al territorio y desplace a las comunidades que hasta ahora lo ocupaban.

Luego de esta aclaración, veamos cuáles son estos cambios. En primer lugar, a mediados del año pasado el presidente Macri eliminó mediante el Decreto N.º 820/2016 algunos artículos de la Ley de Tierras. Los puntos más importantes luego de este decreto son:

1) Ahora es “extranjera” aquella persona jurídica con, al menos, el 51% de participación de extranjeros en su capital, mientras que antes era del 25%. Es decir que, ahora, habrá “menos” extranjeros que antes.

2) No queda claro cuál es el límite máximo de hectáreas que pueden adquirir los extranjeros. Antes eran 1000 has. en la zona núcleo. El nuevo decreto dice textualmente: “Con respecto al cómputo del límite previsto en el artículo 10, primer párrafo, de la Ley Nº 26.737 (el de las 1000 has), cada límite para cada tipo de explotación y/o municipio, departamento y provincia funciona como tope máximo para dicho tipo de explotación y/o municipio, departamento y provincia y, a su vez, como tope máximo a nivel provincial y nacional.” La redacción es bastante confusa, y no termina de quedar claro cuál será el límite.

3) Se eliminan las sanciones en caso de incumplimiento de la ley. Antes se establecían como sanciones: apercibimientos, multas, etc. Ese texto fue eliminado en el nuevo decreto.

4) Quedan fuera de los límites fijados por la ley las tierras que se encuentren catalogadas como “Zona Industrial”, “Área Industrial” o “Parque Industrial”; y las transmisiones de tierras rurales por herencia a herederos forzosos extranjeros. Antes, estas tierras estaban bajo la misma regulación de la ley de tierras, es decir debían cumplir los límites a la propiedad extranjera que la misma establecía.

5) No sólo la ley no afecta derechos adquiridos (esto ya era así), sino que este decreto agrega que, si un propietario extranjero que adquirió su tierra antes de la puesta en vigencia de la ley la vende, ahora o en el futuro, podrá “luego adquirir el equivalente a dichas tierras rurales”.

Siguen los cambios

La segunda modificación importante en este tema es la anulación de un convenio del año 2013 entre el Ministerio de Defensa y el INTA para que el Estado produzca él mismo sobre tierras públicas propiedad del Ejército. Como consecuencia de esto, desde 2016 se arrendaron más de 15.000 hectáreas a CRESUD y a MSU, dos grandes empresas que cotizan en bolsa, con un alto porcentaje de accionistas extranjeros. Ahora mismo, está en proceso otra licitación para arrendar otras 15.000 hectáreas. Frente a esta situación, la Federación Agraria Argentina ha manifestado públicamente y ante el gobierno su descontento, argumentando que esas tierras podrían haber sido adjudicadas a cooperativas de chacareros. De las más de 15.000 hectáreas licitadas el año pasado, sólo 200 fueron adjudicadas a este tipo de cooperativas.

Por último, el tercer punto importante que se puede encontrar en este primer año de Macri respecto a este tema es una mayor represión y una violencia aún más explícita por parte del Estado para proteger a los capitales trasnacionales de las demandas de las comunidades locales por las tierras o por el impedimento de acceso a los bienes comunes (caminos, ríos, lagos, etc.). Un ejemplo de esto es el caso de Cushamen, el municipio de la provincia de Chubut donde la propiedad de tierras en manos de extranjeros supero los límites establecidos por la ley, donde desde hace años la comunidad mapuche demanda por tierras que les corresponden y que fueron apropiadas por Benetton. En enero de 2017, dicha comunidad sufrió una grave represión luego de la intervención de la Gendarmería Nacional en el conflicto (por orden del gobierno nacional, claro).

Otro ejemplo es el caso de Joseph Lewis, amigo personal de Mauricio Macri y propietario de miles de hectáreas en la Patagonia, que impide el acceso público al Lago Escondido. También fueron públicamente conocidas las manifestaciones de apoyo del Presidente a su amigo por este problema.

En definitiva, como mencionamos al principio, no se trata tanto de cambios como de una profundización de un esquema que durante el gobierno anterior presentaba no pocas contradicciones y que el actual gobierno ha decidido inclinar claramente en favor del capital extranjero.
* IDAES/UNSAM-CONICET

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Un repaso por la “Ley de tierras” que el macrismo pretende modificar, los problemas de la extranjerización y los incumplimientos de la misma.

El día 29 de febrero, el diario La Nación publicó que evalúan cambiar o derogar la ley de tierras sancionada en el año 2011. Según la nota, Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (donde funciona el Registro Nacional de Tierras), aseguró estar estudiando esta posibilidad, con el visto bueno del Presidente de la Nación. Esta iniciativa de “cambio” surge luego de que representantes de las inmobiliarias rurales le plantearan sus inquietudes al funcionario en relación al “freno” que estarían teniendo las inversiones por parte de extranjeros en este sector.

Pero repasemos un poco de qué se trata esta ley y la problemática que regula. La “Ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”, más conocida como “ley de tierras”, fue sancionada en el año 2011. La misma tiene como objetivo regular los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. Entendiendo como “persona extranjera” a las personas físicas de nacionalidad diferente a la argentina y a las personas jurídicas cuyo capital accionario mayoritario (51%) sea de otro país, la ley establece que, ya sea sobre el territorio nacional así como los territorios provinciales y municipales, la titularidad extranjera sobre el dominio o posesión de tierras no puede superar el 15% del territorio. Asimismo, sobre ese porcentaje, las personas de una misma nacionalidad extranjera no pueden poseer más del 30% y una misma persona no puede ser titular de más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial.

La problemática de la extranjerización de la tierra

Si bien desde sus inicios como Estado nación existen inversiones extranjeras en tierras en argentinas, a partir del año 2002, luego de la devaluación y del elevado precio internacional que comenzaron a tener las materias primas, este tipo de inversiones aumenta exponencialmente. Este es un fenómeno que comienza a darse en la mayoría de los países del “Sur” global.

La expansión del capital extranjero se da sobre la tierra de todas las regiones del país. Un 16,8% de la tierra adquirida fueron tierras fiscales, es decir tierra pública, que en algunos casos constituían parques nacionales, bosques y tierras baldías, pero en muchos otros se trataba de tierras pobladas y trabajadas por campesinos y pueblos originarios, en muchos casos bajo formas comunales de tenencia y producción. La instalación de las nuevas inversiones sobre estas tierras generó multiformes conflictos con las poblaciones asentadas o vecinas: desplazamientos violentos y forzosos, cercamientos de accesos públicos a lagos o ríos incluidos en las tierras compradas, cesión irregular de tierras por parte de algunos provincias, denuncias por contaminación y desmontes, etc.

Además de todos los conflictos sociales generados, el cuestionamiento a la “entrega” de tierras a capitales extranjeros está relacionado con el uso y los objetivos que estos capitales tienen sobre las tierras adquiridas. Según nuestro relevamiento, desde el 2002, 4 países explican el 69% de las tierras adquiridas por extranjeros: Estados Unidos, China, Canadá e India. Los objetivos de estos inversores son principalmente dos: producir bienes primarios (agropecuarios y mineros) para exportar al mercado mundial (es el caso de las grandes cadenas agroalimentarias estadounidenses y las mineras canadienses) y producir alimentos para abastecer sus grandes mercados internos (sobre todo, los casos de China e India).

Estos objetivos no son indeseables en sí mismos, pero lo que hay que tener en cuenta es que la tierra es un recurso finito y su distribución es de “suma cero”: lo que gana uno, lo pierde otro. Si la expansión de estos capitales se realiza sobre tierras ocupadas por campesinos, pueblos originarios y productores familiares que producen, en algunos casos, para su autoabastecimiento y, en otros, para vender en el mercado interno, ¿qué efectos tendrá esta expansión sobre la soberanía alimentaria? ¿Qué ocurrirá con la ocupación y los medios de vida de estas miles de familias que son obligadas a desplazarse de sus lugares? Y en términos más “macro”: ¿cuántos recursos, ambientales y económicos, se transfieren al exterior con este tipo de operaciones?

Laxitud e incumplimientos de la ley

Ahora bien, es cierto que esta ley tiene algunos problemas asociados, que han existido desde su sanción y que vienen siendo denunciados por múltiples colectivos ambientalistas y campesinos. Pero estos problemas no tienen que ver con lo que ahora aduce el capital inmobiliario, esto es, con algún tipo de excesiva regulación que “frene” las inversiones, sino justamente por lo contrario: la insuficiencia o laxitud que esta ley parece tener en términos de entrega de tierras a capitales extranjeros, e incluso con la falta de cumplimiento de la misma reglamentación que la ley impone.

Por ejemplo, al igual que en el caso de la Ley de Glaciares, la ley de tierras establece que, en un plazo de 180 días luego de la sanción de la ley, debía crearse un Registro Nacional de Tierras Rurales en el que cada provincia informe la superficie total de su territorio en manos de titulares extranjeros. Y, al igual que en aquella ley, este registro no se ha cumplido. En el año 2013, Cristina Fernández presentó los primeros resultados del Registro Nacional de Tierras Rurales que surgieron, principalmente, de un relevamiento realizado a nivel nacional (es decir, no con información de las provincias), mostrando un total de 15.881.069 hectáreas en manos de extranjeros (un 5,93% de las tierras rurales a nivel nacional), con porcentajes por provincia que van desde un 1,04% en Córdoba a 13,87% en Corrientes y 49 municipios (sobre todo, en provincias del Norte) donde se superó el 15% estipulado por la ley. Sin embargo, según informó en septiembre de 2014 la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la mitad de las provincias (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero) no entregaron sus informes para el Registro Nacional de Tierras Rurales, con lo cual es de esperar que los resultados presentados por el Poder Ejecutivo Nacional hayan estado altamente subestimados.

Ahora, aún si estas disposiciones se cumplieran y teniendo en cuenta que la ley no afecta derechos adquiridos, el límite de 15% incluso resulta una restricción alta que otorga, indirectamente, permiso para que la titularidad extranjera, según los resultados oficiales alrededor del 5%, aun pueda extenderse sobre otro 10% de la superficie nacional. Al igual que en el caso de la eliminación a las retenciones mineras, la potencial flexibilización de las leyes sobre la tierra parecen indicar un claro rumbo hacia la profundización del extractivismo y la extranjerización de la economía argentina.

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