Por Manuel López Mateo

El gobierno había convocado ayer a las empresas semilleras para anunciar que sacaría por decreto la llamada Ley de Semillas “Monsanto”. A último momento desistió de la convocatoria, aparentemente por desacuerdos sobre la quita del impuesto a las ganancias en la compra de semillas.

En diálogo con Marcha, Rosalía Pellegrini Holzman, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), calificó al proyecto de ley como hecho a la medida de empresas como Monsanto-Bayer. “Es un intento de sacar por decreto algo que no cierra por ningún lado. El núcleo duro de estos proyectos de ley de semilla que se están diseminando por el mundo tiene que ver con entender a la vida y a la semilla como un bien que se puede patentar, como una mercancía”, explicó.

Rosalía estimó que la nueva ley de semillas representa más ganancias para las multinacionales y mayor dependencia para el sector campesino y de la agricultura familiar, por el fortalecimiento del monopolio. Es por este motivo que la UTT ya se pronunció en estado de alerta y movilización, con la idea de hacer un acampe con todos los productores y productoras, e incluso con verdurazo, si avanza el decreto de la ley de semillas.

Desde el año 2012, las y los pequeños productores, las organizaciones campesino-indígenas y los y las damnificadas por la contaminación con glifosato vienen dando pelea para lograr frenar esta nueva ley de semillas. “Durante estos años de gestión del macrismo no pudieron generar consenso para poder sacarla. También por la resistencia de sectores como el nuestro, de la agricultura familiar y campesina, que planteamos que esto atenta a nuestra forma de entender a la semilla y su reproducción. Nosotros concebimos a la semilla como un patrimonio de la humanidad, de los pueblos, de las mujeres y hombres campesinos que en la historia hemos modificado, reproducido y trabajado la semilla en tanto un bien de todos y de todas.” concluyó Rosalia.

En el mismo sentido Carlos Vicente, de GRAIN y Acción por la Biodiversidad, calificó la noticia como un intento de aprobar por decreto algo que no aprobaron por la vía democrática en el Congreso de la Nación, y como una prueba de la visión de este gobierno sobre la democracia. “Están impulsando algo que además de inconstitucional es ilegítimo. Obviamente, si lo meten va a ser cuestionado en el próximo período, ya sea por las autoridades del Poder Ejecutivo o por el parlamento que en sus dos cámaras puede rechazar un DNU”.

En cuanto al objetivo del decreto, Vicente expuso que “ahora que gobiernan las corporaciones quieren dejar cerrados todos los negocios que les quedan, y la Ley de Semillas es una de las grandes apuestas de Bayer-Monsanto, de la Asociación de Semilleros Argentinos y de Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) para poder controlar desde la base a nuestra cadena alimentaria. Para apropiarse de la semilla y poder imponer a los productores que cada vez que guardan semillas tengan que pagar regalías. Una aberración que va en contra de todo lo que es la historia de la agricultura”.

Vicente explicó que la letra del decreto estaría constituido por el dictamen que Cambiemos sacó en la Comisión en noviembre del 2018, repudiado en aquel momento por la Multisectorial contra Monsanto y el Foro Agrario. Finalmente, ese dictamen nunca llegó al recinto porque todos los sectores de la oposición se negaron a aprobarlo.

Si bien desde el gobierno dieron marcha atrás porque aparentemente tanto sojeros como semilleros no concuerdan en los términos, ya planean una reunión para el día martes de la semana próxima, con el fin de lograr los acuerdos necesarios para sacarlo como Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

“Una de las particularidades del proyecto es plantear que los productores que compren semillas que tienen derecho a la propiedad intelectual, van a poder deducir una vez y medio (1,5 veces) sus impuestos a las ganancias. Con lo cual, ese medio por ciento más que deducen, va a ser el Estado el que pague las regalías a las corporaciones. Esto no puede ser aceptado”, comentó Vicente.

Sería un negocio redondo para los sojeros, porque si ellos aceptan la ley conforman a las empresas semilleras, pero el que paga es el Estado. “Aparentemente, esa quita en el impuesto a las ganancias habría sido uno de los desacuerdos por los cuales el decreto no pudo ser acordado y aún no se presentó, aunque es algo que sigue en disputa y seguramente la semana que viene va a estar en la mesa de discusión”, estimó Vicente.

Por último, creyó muy probable que a este gobierno de salida no le importe agregar 1000 millones por año al Estado, que perdería de recaudar por cubrir esas retenciones para Bayer Monsanto. “Los compañeros y las compañeras del Foro Agrario nos dimos cuenta que a ellos no les importa la democracia. Es claro que no hay necesidad ni urgencia. El Parlamento está funcionando y hay posibilidades de discutir lo que haga falta. Pero está claro que quieren aprobarlo de cualquier manera”.

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Ayer en el plenario de la Comisión de Agricultura, en la Cámara de Diputado,  En rechazo a la modificación del marco legal, que habilita la privatización de las semillas, se convocaron frente al Congreso Nacional organizaciones campesinas, de agriculturas familiares, políticas, sociales y ambientales, pueblos originarios y organismos de derechos humanos. El próximo 22 de noviembre se trata la ley en la Cámara de Diputados de la Nación.

Entrevistamos a Carlos Vicente, referente de la campaña “No a la nueva Ley de Semillas”.

La nueva ley recortará el derecho de replantar las semillas obtenidas en las cosechas anteriores. De esta forma, las corporaciones semilleras estarían habilitadas para cobrar regalías al agricultor cada vez que utilice una semilla, sujeta a los “derechos de obtentor”, es decir, se establecería un cobro por su reutilización. En los países donde esta ley ya rige se encuentra en peligro el uso libre y gratuito de las semillas, se criminaliza su intercambio, se persigue a los agricultores que no pueden pagar las regalías y se destruyen sus cosechas.

Las organizaciones que se oponen denuncian que con esta ley se va a otorgar a las corporaciones semilleras (Bayer-Monsanto, Syngenta y otras) el poder para acabar con el “derecho de uso propio” de los agricultores. Algo que constituye la esencia misma de la agricultura.  Hasta ahora, cuando un agricultor compra semillas ya está pagando por los derechos de propiedad intelectual (o derechos de obtentor). Esto le permite conservar una parte de las semillas que obtiene de la cosecha, para reutilizarlas y sembrarlas en el ciclo siguiente. La ley que se pretende impidiría estas prácticas ancestrales de la agricultura.

Para comprender mejor la problemática, entrevistamos a Carlos Vicente, integrante de la organización internacional Grain , de la articulación latinoamericana Alianza por la Biodiversidad y referente de la campaña No a la nueva Ley de Semillas.

¿Qué implica la nueva Ley de Semillas que impulsa el gobierno?

La modificación que quieren lograr con la nueva Ley de Semillas es la búsqueda de imponer el cobro de regalías cada vez que un agricultor guarda una semilla. Esto significa que si alguien compró una semilla por la que pagó las regalías al principio, cada año al cosechar y separar semillas para volver a sembrar, deberá hacer una declaración de cuántas semillas guardó y de nuevo pagar las regalías correspondientes.

Esto es un paso más en la privatización de las semillas. Las semillas se vienen privatizando desde hace años. La ley que tenemos vigente en Argentina desde el año 1973 ya permite el cobro de regalías y aplica el derecho de obtentor. Pero en este caso se profundiza, haciendo que cada vez que alguien quiera guardar semillas tenga que pagar regalías.

Además, es una ley que le da el poder de control al INASE (Instituto Nacional de Semillas). Si el INASE recibe una denuncia (de las corporaciones) de que alguien esté guardando semillas sin haberlas declarado, en cualquier etapa de la producción, ya sea cuando las está acopiando o cuando las transporta, puede hacer una inspección y controlar las semillas, para ver si estarían violando esa nueva ley. Por esto nos oponemos a la nueva Ley de Semillas y nos movilizamos al Congreso para expresar el rechazo.

¿Por qué cree que este proyecto de ley se hizo en secreto, a espaldas del pueblo y los pequeños productores?

Es una ley que se negoció entre el Poder Ejecutivo, el Secretario de Agroindustria,  Etchevehere, la Sociedad Rural Argentina y los semilleros en secreto.

Hace algunos meses ellos firmaron una acta de acuerdo, que nunca se hizo pública y la ley que están tratando de aprobar hoy no se corresponde con ninguno de los proyectos que se vinieron tratando durante los últimos dos meses. Por eso es una ley que nunca se hizo pública y recién ahora se está conociendo lo que quieren aprobar.

¿La Ley que se intenta aprobar es inconstitucional?

Si bien la Comisión de Agricultura hizo un show, durante el último mes, haciendo consultas, escuchando a un montón de sectores, lo concreto de la ley que se trata de aprobar es que se hizo absolutamente en secreto. No fueron consultados los pueblos originarios ni las organizaciones campesinas. Esta es una de las razones por las que rechazamos la ley e incluso vamos a pedir su inconstitucionalidad si sale el dictamen de comisión.

La Argentina adhirió al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y éste exige que cualquier cuestión que afecte a los pueblos originarios obliga a que sean consultados de forma previa, libre e informada. Esto no se hizo de ninguna manera.

¿Quiénes se benefician con esta ley?

En realidad la nueva ley beneficia fundamentalmente a las semilleras (corporaciones como Bayer-Monsanto, Syngenta y otras). Los grandes productores no se benefician directamente con la ley. Al contrario, ellos la han rechazado durante los últimos años porque obliga a grandes y a pequeños productores a pagar aún mayores regalías, que las que están pagando. Sin embargo los grandes productores,  aliados de Cambiemos,  reciben otros beneficios que el gobierno les da a través de sus políticas públicas, como por ejemplo la quita de retenciones.

En esta alianza que han hecho con el gobierno han decidido someterse al interés de las semilleras.

Modelo de negocios patentados

Como lo explicamos con anterioridad,  la Ong. GRAIN, UPOV son las siglas en francés de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Oficialmente un organismo internacional, UPOV, trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, mediante la imposición de los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Los estados miembros deben adherir a la Convención UPOV y convertirla en ley nacional. La Convención fue redactada por primera vez en 1961 y se ha modificado tres veces (en 1972, 1978 y 1991), fortaleciendo, vez tras vez, los derechos de las corporaciones y restringiendo lo que los demás pueden hacer con las semillas.

Tal como afirma Carlos Vicente “alguien que hizo el trabajo de multiplicar las semillas y de guardarlas para volver a sembrar se le podrá cobrar regalías. Las semilleras como Monsanto y Bayer, que se dicen los propietarios de las semillas, se benefician porque tienen la posibilidad de cobrarle regalías sin hacer absolutamente nada.

Es un inmenso negocio que va en contra de lo que es la esencia de la agricultura. La agricultura existe porque se guarda semilla, porque se la multiplica y porque se la comparte. Esta nueva ley hace que las semillas no se puedan guardar, no se puedan compartir y no se puedan intercambiar sin pagar regalías. Por eso vamos a dar pelea para que esta ley no se apruebe”.

Las llamadas leyes de derechos de obtentor incluyen las leyes de certificación, los registros de variedades y las leyes de comercialización que legalizan el abuso y el despojo. El objetivo de este ataque es acabar con la agricultura campesina e indígena y especialmente con la producción independiente de alimentos, intentando cerrarle el futuro a la soberanía alimentaria, para convertirnos en una población sin territorio, que sólo puede ser mano de obra barata y dependiente. Las semillas son patrimonio de los pueblos.

El próximo 22 de noviembre se tratará la ley en la Cámara de Diputados de la Nación y las organizaciones se preparan con actividades frente al Congreso para visibilizar la resistencia y oposición a esta ley que beneficia a las corporaciones.

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Contra la Ley de Semillas: para que se siga sembrando vida

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Entrevista a Elio Brailovsky, ex Defensor Ambiental del Pueblo en la Ciudad de Buenos Aires, acerca de los riesgos ambientales a partir de intentos de modificación de normas fundamentales.

– Hubo una cumbre minera en la localidad de Telsen en la provincia de Chubut ¿qué información tiene usted sobre esta cumbre?

– Creo que forma parte de una estrategia para presionar a los gobernadores y conseguir los votos en el Congreso para modificar la Ley de glaciares. Hay un montón de proyectos mineros que significarían hacer negocios sobre los glaciares, en las fuentes de agua potable de la cordillera.

Esto no se puede hacer justamente porque hay una Ley que prohíbe que se haga minería en los glaciares, lo prohíbe de una manera explícita, de modo que la única manera de llevar adelante esos proyectos mineros tan peligrosos es cambiando la Ley.

El gobierno nacional ya ha dicho que la quiere cambiar, el Ministro de Ambiente ha dicho lo mismo, de modo que necesitan votos en el Congreso de diputados y senadores y esto requiere negociar, presionar, engañar o sobornar a distintas autoridades provinciales, depende de cada uno cómo lo presionan.

– Eso a pesar de que las poblaciones de Chubut se han pronunciado mayoritariamente en contra de este tipo de minería.

– Justamente por eso es tan difícil y dan tantas vueltas. Si las poblaciones aceptaran ese tipo de engaños sería más sencillo, pero claramente no lo aceptan.

– Cuando se habla de productores se habla de la Sociedad Rural y Coninagro, para presentar una iniciativa común ante el Ministerio de Agroindustria respecto de una nueva Ley de semillas.

– Esta es una propuesta que venía desde hace muchos años impulsada por las multinacionales. Se trata de la gran discusión de si se pueden o no patentar seres vivos. Lo que están planteando estas entidades de productores, con las comillas que usted quiera, es que cuando una multinacional haga el desarrollo de una semilla el uso va a ser de ellos, en cualquier condición y en cualquier momento. En otras palabras, que el productor verdadero, el que trabaja en el campo va a sembrar trigo, maíz, soja, etc., y si guarda semilla para volverla a sembrar, cosa que se hace más de diez mil años, va a tener que pagarla por nueva a la empresa multinacional.

Este es el planteo que se sobre el patentamiento de semillas, que equivale a patentar seres vivos, una cosa que cambia la manera en la que se hizo la agricultura desde que nació en el neolítico.

Ahora, esa es una presión muy fuerte en contra de las economías campesinas. En Argentina tenemos muy dañadas las economías campesinas, pero en otros países como Perú y México el campesinado tiene fuerza, y las tecnologías campesinas son significativas y se trata de arrasarlas e imponer el modelo multinacional en todas partes.

– Dos temas sobre los que quería consultarle: según datos de la ONU Argentina está entre los diez países con más hectáreas perdidas entre 1990 y 2015, nos referimos a la desforestación y a los desmontes ilegales.

-Hay una presión muy fuerte para que los desmontes dejen de ser ilegales y pasen a ser legales. El otro día en El Tribuno de Salta, un doctor, Alejandro Brown, que preside una asociación aparentemente ecologista que se llama ProYungas dijo que deforestar debe ser un orgullo porque la riqueza del norte viene de allí y que si el norte tiene riqueza económica es porque deforestaron. De modo que hay una presión fuerte para que esta destrucción del capital natural deje de ser ilegal y pase a ser legal.

Así como hay presiones para cambiar la Ley de glaciares y permitir la minería, también hay presiones para permitir la deforestación de bosques y permitir cultivar soja en cualquier parte.

– Paralelamente una nota del 18 de febrero del Clarín, habla de un plan de reforestación del gobierno nacional que sería el más importante de los últimos 50 años. ¿En qué consiste este plan?

– No lo conocía. No escuché hablar de un proyecto de reforestación del gobierno nacional. Lo único que puedo advertir es que si se trata de reforestación tiene que ser con especies nativas, sino es simplemente un cultivo de árboles, no es lo mismo, no cumple la misma función ecológica. Pero realmente no había oído hablar nada de eso.

– Yo pensé que habían tomado como referencia a Noruega que ha triplicado sus bosques.

– Digamos que los países nórdicos tienen un sistema de planeamiento muy cuidadoso, ellos plantan para producir madera, pero tienen un turno de corte cada 100 años, eso supone una forma particular de ver el futuro, no me parece que la economía argentina pueda plantear cosas a 100 años, están pensándolas a meses.

– Otra medida que me llamó la atención es la del Ministerio de Seguridad que recortó unos 400 millones de pesos destinados para la detección y alerta temprana a desastres que es el equivalente al 25% del presupuesto que tenía el área en el 2017. Esto tiene que ver fundamentalmente con el tema de las inundaciones. Hemos vivido recientemente en Salta el desborde del río Pilcomayo que causó daños en el orden de los 500 millones de pesos y en la provincia de La Pampa damnificada por los incendios. De los 500 millones de pesos de daños ocasionados en la provincia de Salta por el desborde del Pilcomayo el gobierno nacional enviará 10 millones, o sea, un 2%. El gobernador Urtubey manifestó: “es una ayuda importante”.

– Qué le puedo decir. Además de los temas de inundaciones e incendios forestales que se van a agravar con el cambio climático, vamos a tener emergencias por sequías que no se agotan en el incendio forestal sino que van a incluir poblaciones con emergencia en provisión de agua potable. Vamos a tener probablemente accidentes químicos por todo este modelo de permisividad ambiental que tiene este gobierno y no veo ninguna prevención para accidentes químicos.

Mientras otros países avanzan en alertas tempranas para movimientos sísmicos aquí simplemente no se les ocurre que vayamos a tener terremotos. De modo que el área de prevención de desastres tenía muy poca cobertura, muy poco presupuesto, muy poco personal técnico y realmente deshacerla es dejar a la gente sin protección ante desastres.

– Y tiene consecuencias en la economía porque justamente usted hace referencia a la sequía, que lejos del aumento del PBI como lo plantea el Presupuesto nacional en el orden del 3.5% ya hay consultoras que están evaluando que el PBI este año va a caer centralmente como consecuencia de la sequía y la menor producción del campo.

– Esto tiene que ver con un modelo económico que apuesta al campo como lo único posible. Hace un siglo y medio un político conservador como Carlos Pellegrini decía que la riqueza del país dependía de las nubes. En el momento en que no lloviera el país se iba a empobrecer, por eso hacía un llamado a políticas de industrialización. Realmente el hecho de que el país esté atrasando por lo menos un siglo y medio y esté deshaciendo la misma industria que Carlos Pellegrini pedía que pongamos en marcha, a mí me impresiona realmente.

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Entrevista a Elio Brailovsky, ex Defensor del Pueblo Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el uso de agroquímicos en la Argentina. La vida, un riesgo cada vez más hipotecado.

-En cuanto al documento suscripto por la multisectorial No a la ley Monsanto de semillas, quiero consultarle por esta situación que se da, que mientras la Comunidad Europea debate expulsar de sus fronteras a Monsanto, los funcionarios del gobierno argentino parecen ser los voceros directos de esta multinacional agroquímica.

–Sí, son cada vez más los países europeos que están prohibiendo los productos estrella de Monsanto como el glifosato, Francia acaba de prohibirlo y en otros países hay restricciones muy fuertes. Se está armando una especie de modelo internacional estilo división internacional del trabajo donde el trabajo sucio se hace en países atrasados como el nuestro donde se fumiga de cualquier manera y el trabajo limpio se hace en los países del norte.

Esta es una situación enormemente preocupante porque además las autoridades están mintiendo para tratar de que se autorice fumigar muy cerca de los sitios poblados, esto ya es un riesgo altísimo para la salud y la vida de la gente. Hay que recordar que un plaguicida es una sustancia preparada para matar seres vivos, cualquier sustancia que haga daño a un ser vivo hay que considerarla de riesgo para las personas y manejarla con absoluta precaución.

– ¿Nos podría explicar de qué se tratan los Monsanto Papers que han desatado un escándalo en los Estados Unidos?

– Monsanto hizo lo mismo que habían hecho las compañías de tabaco, inclusive asesorada por los mismos especialistas. Hace unos años las compañías de tabaco descubrieron que no podían ganar la pelea en el terreno científico, ya había absoluta certeza sobre el daño que hace el tabaco, entonces contrataron una cantidad de publicistas que se dedicaron a cambiar la opinión pública diciendo que no era tan así que había científicos que pensaban otra cosa y financiaron a unos cuantos que por algunos miles de dólares dijeron que el tabaco era inocuo y que no hacía mucho daño.

Sobre la base de ese modelo, sobornando científicos y dando enorme publicidad a los medios de comunicación en los que las mismas empresas ponían avisos; hicieron cosas muy parecidas para tratar de demostrar que sus productos no hacían daño a la salud. En algún momento se descubrió y se armó el escándalo que correspondía.

En Argentina el Dr. Andrés Carrasco investigador del CONICET demostró que el glifosato, la estrella de Monsanto, altera los embriones, es decir que puede generar nacimientos deformes. Si puede provocarlo en animales, el riesgo de que lo haga en seres humanos es muy alto y hay que recordar que Argentina es el país más fumigado del mundo con esa sustancia.

El CONICET durante el gobierno anterior silenció a Andrés Carrasco y el actual gobierno confirmó en el CONICET a las mismas autoridades que habían silenciado a ese investigador. De modo que hay una especie de continuidad. Hay enormes diferencias entre el gobierno anterior y éste, pero hay algunos aspectos en los que no las hay, uno de ellos es la protección a este tipo de intereses simplemente porque traen dólares y qué importa la salud de la gente si llegan dólares.

– Frente a esta situación, ¿qué comportamiento debe asumir la sociedad civil?

–Yo creo que un comportamiento de reclamo, de poner restricciones, de plantear que lo que hay que hacer es defender prioritariamente la salud de la gente. Esto de que no se pueda fumigar encima de los pueblos, justamente circula en internet un video de la ONG Bios que muestra cómo se engañó a la población diciéndoles que se podía fumigar con camiones a cien metros de un lugar poblado o a doscientos metros si fumigaban con aviones y este video muestra que han mentido absolutamente, que la distancia de seguridad es mucho mayor a esos metros, debe ser de uno a varios kilómetros. Entonces el tema es el riesgo de la gente en todo el país que está en los bordes de las áreas entre urbanas y rurales.

Otro de los temas es que hay un grupo de ecologistas que se hicieron análisis de orina y sangre y encontraron que sin trabajar en el campo, ellos tienen varios plaguicidas entre ellos glifosato en su cuerpo. De modo que esto es una advertencia a la salud, todos estos plaguicidas son un poco más o un poco menos cancerígenos y además un reclamo ciudadano para que el Estado controle la presencia de plaguicidas en los alimentos que comemos todos. Por supuesto esto requiere ciudadanos que se muevan y reclamen, la única manera de que el tema ecológico entre en la agenda política es la acción ciudadana.

El domingo votamos, fíjese cuántos candidatos hablaron del medioambiente, en cualquier elección en cualquier país del mundo ya sea Gran Bretaña, Estados Unidos, Uruguay o Colombia, desarrollado o subdesarrollado, el tema del ambiente es un tema que aparece en las campañas electorales, aquí han decidido no tratarlo ni mencionarlo.

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El jueves 12 de octubre se realizó la reunión de asesores de la Comisión de Agricultura y Ganadería para abordar la Ley de Semillas. La Multisectorial Contra la Ley Monsanto de Semillas objeta que beneficia a las grandes corporaciones y privatiza el uso de las semillas. Además, pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentarias de los pueblos.

Compuesta por más de 50 organizaciones sociales, la Multisectorial Contra la Ley Monsanto de Semillas viene denunciando y organizando la resistencia contra un nuevo intento de modificar la ley de semillas, para convertir los bienes comunes -como la naturaleza y los saberes- en mercancía para el lucro y crecimiento del poder de unos pocos. Así lo expresaban en un comunicado que se difundía en septiembre de 2016.

En un nuevo comunicado emitido el 11 de octubre, agregan: El proyecto que se impulsa (en acuerdo con Monsanto) “promueve la limitación de la posibilidad de guardar semillas por parte de los agricultores” y al mismo tiempo “criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios”.

A continuación manifiestan que la modificación de la Ley entraña “una entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo” y “responsabilizan a los legisladores que avalen el cambio, por la que tendrán que rendir cuentas en el futuro”.

“Con la Ley de Semillas podrían impedir la resiembra de todas las semillas”

Desde Marcha consultamos a Julián Galeano, del colectivo Todos Los 25 Hasta Que se Vaya Monsanto, parte de la Multisectorial, quien afirmó: “La ley de semillas es una profundización del modelo para que las corporaciones obtengan mayores ganancias. No estamos de acuerdo con que se puedan patentar semillas ya que el acervo genético es propiedad de los pueblos que las mejoraron al menos por 10.000 años”.

-¿Cuál es la posición de los intereses locales respecto de la Ley?

-La ley, que se impulsa desde 2012, no ha avanzado porque los intereses locales de los terratenientes, que son millonarios, y que tienen mucha fuerza como lo demostraron con la 125, por ejemplo, se oponen porque básicamente implica que tendrían que pagar más dinero por estas semillas. No quieren hacerlo aunque están de acuerdo con el modelo tóxico industrial; es decir, no les importa el envenenamiento masivo de la sociedad: rechazan la ley porque les aumentaría los costos.

Hay un anteproyecto de la Ley de Semillas de la Federación Agraria Argentina, que es la misma que proponen las corporaciones pero que introduce la modificación que permitiría la resiembra de semillas.

-¿Qué implicaciones tendría en concreto esta Ley llamada “Monsanto”?

-Hay un tratado internacional UPOV 91 (Unión Internacional Para la Protección de las Obtenciones Vegetales) que prohíbe la reutilización de las semillas y que se incorporaría a la nueva Ley. Es decir que está en contra de lo que se hizo históricamente en el campo, donde los agricultores se reservaban una parte de la producción para reutilizar la semilla el año próximo. Esto sería ilegal, como sería ilegal el intercambio de semillas y hasta inclusive regalarlas, porque la ley dice que únicamente se pueden comercializar, regalar o intercambiar semillas que sean certificadas. Y para que una semilla sea certificada tiene que demostrar que es propia, que vos la hiciste, que sos obtentor.

Con la Ley de Semillas podrían impedir la resiembra de todas las semillas. Esto en lo cotidiano impactaría, por ejemplo, en la resiembra de la lechuga, porque Monsanto tiene una empresa que hace semillas de hortalizas. Galeano remarcó que hoy en día ese tipo de semillas no tiene ningún impedimento para ser resembradas.

Además, es necesario tener en cuenta lo que está sucediendo, desde aproximadamente dos años, donde Monsanto tiene la capacidad de fiscalizar las semillas de soja en puerto, lo que les permite cobrar 15 dólares por tonelada de soja en caso de que se pruebe que tenga los genes de Monsanto que están patentados. Esto no se da con todas las semillas, sino en el caso de las semillas transgénicas.

Modelo de negocios patentados

Tal como lo explica con claridad la Ong. GRAIN, UPOV son las siglas en francés de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Oficialmente un organismo internacional, UPOV, trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, mediante la imposición de los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Los estados miembros deben adherir a la Convención UPOV y convertirla en ley nacional. La Convención fue redactada por primera vez en 1961 y se ha modificado tres veces (en 1972, 1978 y 1991), fortaleciendo, vez tras vez, los derechos de las corporaciones y restringiendo lo que los demás pueden hacer con las semillas.

La modificación de 1991 fue particularmente polémica, porque eliminó el derecho de los agricultores a guardar semillas privatizadas y limitó lo que otros mejoradores genéticos podían hacer con esa semilla.

Creada en 1961, durante la mayor parte de su historia la UPOV ha sido un pequeño y más bien oscuro club, sobre todo de países ricos que quisieron promover los intereses de sus empresas semilleras. A la fecha de la última revisión, 1991, sólo 20 países eran miembros. Pero después de  que la OMC aceptara, en 1994, que todos sus países miembro debían tener derechos de propiedad intelectual para las variedades vegetales, la membresía de la UPOV aumentó muy rápido, a más de 70 países. Mucho de esto se debió a la presión de los países ricos para que los países no industrializados se adhirieran a UPOV, presión ejercida fuertemente con los tratados de libre comercio.

Las llamadas leyes de derechos de obtentor incluyen las leyes de certificación, los registros de variedades y las leyes de comercialización que legalizan el abuso y el despojo. El objetivo de este ataque es acabar con la agricultura campesina e indígena y especialmente con la producción independiente de alimentos, intentando cerrarle el futuro a la soberanía alimentaria, para convertirnos en una población sin territorio, que sólo puede ser mano de obra barata y dependiente. Es un ataque que se despliega de diversas formas y mediante mecanismos múltiples. Así lo expresaban con gran claridad, en la Declaración de Yvapuruvu un conjunto de organizaciones que se reunieron en Paraguay en 2013 para debatir sobre las iniciativas que se vienen tejiendo en el continente y en otras latitudes donde se busca recolonizar a los pueblos más vulnerables y empobrecidos bajo el argumento del progreso y el beneficio, que siempre se inclina hacia los más poderosos.

Desde la Multisectorial son categóricos al expresar que “cualquier modificación de la Ley de Semillas deberá ser sometida a un amplio debate público donde campesinas y campesinos, pueblos originarios, productores familiares, organizaciones sociales y políticas, consumidores y todos los sectores involucrados puedan ser consultados de manera transparente y participativa”.

En esta coyuntura, desde 2016 vienen revelando negociaciones cerradas entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores. Al mismo tiempo que pusieron en evidencia que estos intentos de reforma no son nuevos, y que se registran desde 2012, cuando también “dejaban afuera las necesidades e intereses de agricultores familiares, comunidades campesino-indígenas, consumidores, y afectados directos por el agronegocio”.

Parece entonces que el impacto se produce en distintos frentes. Por un lado, impone un envenenamiento a gran escala y sin ninguna protección para los consumidores. Al mismo tiempo favorece, el modelo de concentración corporativa en tanto los pequeños productores no podrían soportar los costos que impone este modelo, pergeñado por los distintos gobiernos que impulsan los negocios por sobre la vida.

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Entrevista a Tamara Perelmuter, miembro de la Multisectorial “No a la ley Monsanto de semillas”, sobre el debate para modificar la Ley de semillas en la Comisión de Agricultura de Diputados.

-Este debate comenzó con la realización de una jornada de carácter informativo, en la cual expusieron un representante del Ministerio de Agroindustria que presentó el proyecto oficialista, integrantes del INTA, la Asociación de semilleros argentinos, la Sociedad Rural y la CRA. Continúa con la intervención de diversas organizaciones entre las que se encuentra tu Multisectorial. ¿Qué van a plantear allí?

-El planteo es el mismo que venimos haciendo en todas las intervenciones que tuvimos como Multisectorial. En primer lugar y en relación concretamente al debate actual, pedimos a través de Mesa de entrada en el Congreso que dado que es un tema muy relevante, porque tiene que ver con la discusión de las semillas que son el primer eslabón de la cadena alimentaria, nos parece que es un debate que no puede darse a puertas cerradas en el Congreso y mucho menos solo en la Comisión de Agricultura. Por lo tanto, estamos pidiendo en primer lugar la realización de audiencias públicas, que no se están realizando porque las jornadas informativas no son lo que se entiende como tales. Lo que pedimos es que se respete la Ley de medio ambiente que contempla la realización de audiencias públicas para la sanción de leyes que tienen que ver con ese tema.

Nosotros entendemos que el debate de semillas debería estar dándose también en la Comisión de medio ambiente. Por eso pedimos la realización de audiencias públicas que contemplen todas las aristas del debate y no solo una discusión de renta, que es lo que se está dando. Además, que participen todos los actores que se sientan involucrados con el debate.

En segundo lugar, pedimos que dado que es un tema que tiene impacto directo en las comunidades indígenas y campesinas, se respete el artículo 69º de la OIT que dice que cuando haya algún tipo de política que afecte a las comunidades se realice una consulta previa.

-No por casualidad se llaman “Multisectorial no a la ley Monsanto de semillas”.

-En primer lugar nuestro planteo tiene que ver con una posición más metodológica en cuanto hacia donde se está llevando el debate. Ahora, en segundo lugar, nosotros tenemos una definición que tiene que ver con que la Ley actual no se modifique, por lo tanto, nuestra intervención va a tener que ver con especificar los puntos que para nosotros son problemáticos tanto de la ley existente, porque no creemos que sea buena per se porque privatiza a las semillas, pero todavía tiene algunas grietas por las cuales se pueden intercambiar semillas de manera libre que es el pedido que tenemos respecto a este tema. La modificación de la ley, sobre todo en los términos en los que esta propuesta, enmarcado en un debate general de los agronegocios, avanza mucho más en la mercantilización de las semillas, y fundamentalmente las transgénicas. Lo que vamos a hacer es justificar cuáles son los puntos que hacen que hoy digamos no a la ley Monsanto de semillas.

Guardar semillas para sembrar es una práctica milenaria

-¿Podés señalar algunos de esos cuestionamientos?

-En primer lugar en relación al punto nodal del debate, que es la discusión del uso propio que tiene que ver con la posibilidad que tienen los productores de guardar parte de sus semillas para volverlas a sembrar sin tener que pagar regalías por eso, a nosotros nos parece que es una práctica milenaria que es constitutiva al ser productor-agricultor, que siempre los agricultores han llevado adelante esta práctica y creemos que esto se tiene que entender como un derecho y no como una excepción como se está intentando plantear en la ley.

Para nosotros la discusión del uso propio es irrenunciable en tanto es un derecho constitutivo de la cultura de los agricultores. Los principales perjudicados son los productores que tienen que ver con otro tipo de producción que no es la hegemónica, que es la campesina, indígena, la familiar donde esta práctica es constitutiva.

Por otro lado, nos parece que la contracara de este debate es el aumento en la criminalización de los productores y, por lo tanto, las sanciones y la penalización, porque la creación de registros y de marca un límite entre la ilegalidad y la legalidad, entonces empieza a poner a todos los productores que hacen uso propio de sus semillas como ilegales, como piratas. Nos parece inadmisible, hay ejemplos varios, tanto en América Latina como en el mundo de qué implica aumentar el poder de policía, los controles y, por lo tanto, aumentar la criminalización de los productores.

-¿Qué expectativa tienen en cuanto a que se logre algún tipo de modificación al respecto?

-El debate sigue trabado, en la sesión del martes 15 de noviembre hubo posturas muy fuertes y encontradas de las entidades que representan las empresas y las entidades que representan a los productores, sobre todo las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que fue muy dura con las empresas. Todo indica que este año el debate está trabado.

-De hecho no ha pasado a sesiones extraordinarias.

-No, y entendemos que no da el tiempo para que esto pase, dado que debería tener dictamen de comisión y ni siquiera hay planteada una reunión. Todo indica que este año se va a terminar sin definir la nueva ley lo que a nosotros nos da tiempo para seguir construyendo nuestros argumentos y seguir sumando voluntades. De todas maneras, la decisión del gobierno es muy fuerte en la definición de que si no es este año será el que viene. Hay casi unanimidad entre la mayoría de los actores de modificar la ley, de una u otra forma, todos los proyectos apuntan a una voluntad de modificar la ley.

Para nosotros no está dicha la última palabra, hay ejemplos varios en América Latina donde se lograron revertir estos procesos, además venimos de la experiencia de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba donde lograron que Monsanto se retire. Nosotros vamos a seguir dando debate y pelea hasta último momento. También entendemos que las semillas son el corazón del modelo de los agronegocios y por eso es importante estar ahí e insistir en que esta ley no pase.

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Hoy, desde las 14 horas, organizaciones convocadas en la Multisectorial contra la Ley de Semillas, se concentrarán en el Ministerio de Agroindustria de la Nación para denunciar que el proyecto de ley de semillas anunciado por el ministro Ricardo Buryaile corresponde a un nuevo retroceso para la Soberanía Alimentaria en nuestro país. Carlos Vicente* es integrante de GRAIN, organización internacional que apoya a los movimientos campesinos en sus sistemas alimentarios, y es una de las personas más capacitadas para poder entender que puede pasar con la ley de semillas.

En la entrevista explicó todo lo que significaría que esta ley sea promulgada por el Congreso de la Nación. Patentar las semillas y patentar la vida. La propiedad intelectual de las semillas. El rol de los movimientos campesinos y la Secretaria de Agricultura Familiar en la gestión Kirchnerista y lo que pasa hoy con “Cambiemos”. El riesgo de formar parte de la Alianza del Pacifico. El mercado de las semillas y las multinacionales.

¿Cómo es el manejo del mercado de semillas?

Las leyes de semillas no son más que una faceta del control de las semillas por las corporaciones. En hechos concretos, en las últimas dos décadas, ocurrió una gran concentración del mercado, con lo cual hoy seis empresas (Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont, Dow y Basf) controlan el 60 % del marcado de semillas en el mundo. El futuro más cercano marca que de las seis van a quedar tres porque está habiendo fusiones. Por ejemplo, Syngenta estaba por ser comprado por Monsanto pero se rechazó la compra; ChemChina –de las grandes empresas químicas del estado Chino– compro Syngenta y Bayer le está ofreciendo más de 60 mil millones de dólares para quedarse con Monsanto y están en plena negociación. En el siglo xx la humanidad perdió casi el 75 % de las semillas agrícolas que desarrollamos por diez mil años. Las semillas son todas campesinas.

El maíz es una creación de los pueblos originarios de mesoamerica, no existe un maíz silvestre, no es que lo adaptaron. Las mujeres de un pastito que se llama Teocintle crearon el maíz. Ninguna semilla que produzca una multinacional tiene un origen que no sea campesino, ninguna empresa invento una semilla agrícola: las tomaron y las homogeneizaron y las registraron. En el siglo XX a causa de este modelo industrial se perdió la tres cuarta parte de las semillas. La situación a nivel global es muy crítica: hay un contexto de control corporativo y en pocas manos y el derecho de propiedad intelectual juega un rol clave dentro de este dominio corporativo

¿Cómo entendemos la propiedad intelectual de las semillas?

En los diez mil años de agricultura a nadie se le ocurrió nunca decir esta semilla es monopolio mío. Las empresas familiares hasta los años 60 producían las semillas, las vendían y la multiplicaban. Vendían lo que producían.

Hace unos 60 años las corporaciones, de la mano de la revolución verde y este proceso de industrialización de la agricultura, deciden que las semillas campesinas son poco productivas y construyen un discurso alrededor de las semillas y dicen que van a producir semillas mejoradas e inventan el derecho de obtentor. Así como está el derecho de autor para que el que registra una canción o un libro, ellos crean el derecho de obtentor y le dan forma a través de las leyes de semillas que establecen que alguien que obtiene las semillas “mejoradas” es alguien que obtuvo esa semilla, se desconoce los diez mil años de historia de esa semilla por un cambio que le introducen para hacerla diferente al resto. Al demostrar que es diferente, homogénea, estable y que no se haya visto antes, –algo que es relativo porque esa semilla se trajo de algún pueblo originario de la puna y ese indígena no la registró seguramente–, se le otorga por ley el monopolio sobre la semilla. Esa persona la registra como propia, empieza a producir y cualquiera que quisiera utilizar esa semilla se la tendrían que comprar a él exclusivamente y pegarle regalías por esa semilla.

El comprador de esa semilla no puede comercializarla ni compartirla ni entregarla a otro porque fue comprada con derecho de obtentor. Basado en la ley de semillas que tenemos que es de 1973 podemos guardar semillas, pero no podemos regárselas a un vecino porque estas cometiendo un delito. La ley impide el intercambio, el regalo y la venta de la semilla. Esto es monstruoso.

¿Qué es UPOV y que significa para esta ley?

La Unión Para la Protección de Obtenciones Vegetales, depende de Naciones Unidas dentro de las instituciones de propiedad intelectual y crea las normas para que se apliquen en los países. Crearon primero una norma que se llama UPOV 78 que está basada más que nada en el derecho de obtentor de la ley argentina y da un monopolio de 15 años sobre esa semilla, no es una patente. Con la presión de las corporaciones y de Estados Unidos las normas creadas por UPOV fueron cada vez más restrictivas, en el 91 se creó UPOV 91 que fue mucho más restrictiva, desde ahí no se permite guardar más semillas. Si compre semilla de maíz y la quiero volver a sembrar tengo que pedir autorización a quien me la vendió o pagarle sus regalías.

Las leyes de semillas nuevas estaban basadas todas en UPOV 91, el proyecto que se viene en breve del Ministro de Agricultura Buryarle estará seguramente basada en UPOV 91. La intención de UPOV es entregar el control completo de las semillas a las corporaciones, dos de las cosas que señala: por un lado, abre las puertas para que toda nuestra biodiversidad tenga derecho de obtentor, compras la semilla que descubriste, la registras y tenes el monopolio de esa semilla –esto en general lo hacen las empresas–. Lo otro es la fuerte penalización, al infringir la ley de regalar el maíz a tu vecino te pueden juzgar penalmente. Al vecino le puede caer la empresa con fuerzas privadas y decomisarle las semillas y hasta detenerlo inclusive, es una locura total. En España actualmente hay nueve agricultores que siembran trigo que están siendo perseguidos judicialmente y penalmente porque están usando semillas de trigo que tenían certificado.

¿Cómo es en Argentina el control de las semillas?

En Argentina es muy difícil el control, acá hay un ejemplo como el de la bolsa blanca que es el principal mercado ilegal de semillas con la soja transgénica. Esta soja, con Monsanto a la cabeza, permitió que esto circule por conveniencia propia y se vendió ilegalmente a Paraguay, de 1996 al 2003. Los primeros siete años Monsanto dejó a la libre circulación. Se llama bolsa blanca porque no tiene etiqueta. La introducción de esta soja fue ilegal en Brasil y en Paraguay luego la introducción de la siembra masiva fue legalizada en ambos países y se siembra legalmente los transgénicos. Ahí aparece Monsanto para cobrar las regalías.

En el 2012 Cristina Fernández de Kirchner en el Consejo de las Américas informa que tras un acuerdo con Monsanto lograron que esta empresa vuelva a invertir en la Argentina y que se fuera a construir la planta de Malvinas Argentinas.En agosto del 2012 se anuncia la aprobación de la nueva soja intacta. A su vez también se hace la promesa a la multinacional de que se modificaría la ley de semillas antes de fin de año. La intención estaba en tener una penalización del uso propio y la persecución de los productores sojeros, abriendo las puertas al control de toda la biodiversidad de la Argentina.

¿Cuál fue el rol de los movimientos campesinos y la Secretaria de Agricultura Familiar en la gestión del kirchnerismo?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en la gestión anterior se iba a promulgar la misma ley de terror que se quiere promulgar ahora o que quieren intentar. Siempre el Ministerio de agricultura fue el del agronegocio. La secretaria de Agricultura Familiar, como lo fue el Ministerio de desarrollo Agrario en Brasil es parte de las luchas de las organizaciones campesinas por tener un reconocimiento a sus luchas y un apoyo presente del Estado. El Gobierno de turno sea el kirchenerismo o el macrismo hay un estado nacional que tiene una responsabilidad.

Uno de los grandes errores de Pérsico (Secretario de Agricultura Familiar) fue decir en ese momento que había que buscar la compatibilidad de la agricultura familiar con el monocultivo industrial. Como postura ideológica es irreal, no existe forma de compatibilizarlo. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) siguió su lucha en los territorios, tuvo muertos en 2012, 2013 y 2014 y sigue sufriendo los embates de la empresa Manaos hasta el día de hoy. Todos los días en el campo se expulsan campesinos a causa del avance del agronegocio. Fue un error gravísimo no plantear las cosas sin frenar el avance del monocultivo.

Con el tema de la ley de semillas Pérsico marcó su oposición a la ley y esto fue un factor importante. La ley no la paramos solo en la calle, hubo muchas actividades públicas pero también hubo conflictos de intereses dentro del Ministerio de Agricultura para que la ley no salga. En la actualidad, en el Ministerio de Agroindustria están todos a favor de esta ley.

¿Cómo se organizan hoy los movimientos campesinos y las organizaciones ambientales ante el avance de la ley?

Como primer paso es un planteo para que el Ministerio de Agricultura antes de hacer algún envío al Congreso haga pública la ley y se ponga a debate público y además no es un debate con los campesinos e indígenas es una cuestión de toda la ciudadanía. El control de la semilla es el control del sistema alimentario.

Hay muchos sectores del massismo, del Frente Para la Victoria y del PJ que seguramente van a apoyar el proyecto. El massismo, el Presidente de la comisión de agricultura, Alegre, presentó un proyecto de ley que repite el UPOP 91.

En los 90 a partir del invento de los transgénicos, además del control tecnológico de las semillas transgénicas significó que las empresas comenzaran a pedir patentes de estas. Se empezó a avanzar por el derecho de obtentor y por las patentes de las semillas. Es un proceso interesante, Monsanto en el 95 pide la patente y el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual se lo denegó. Monsanto apelo y en diciembre del último año se le rechazó el pedido patente y una vez más Monsanto apeló y actualmente el pedido está en la Corte Suprema de Justicia que decidirá si Monsanto puede o no tener la patente de la soja transgénica.

Con Fernando Cabaleiro de “Naturaleza de Derechos” estamos trabando para presentarnos en la justicia pidiendo ser amigos del tribunal (Amicus Curiae) en el cual aportamos con todas las organizaciones que quieran argumentos a favor de que no se le otorgue la patente a Monsanto y es histórico si lo permiten porque podríamos evitar que la vida sea patentada.

Hoy están las corporaciones produciendo alimentos orgánicos y varias de las semilleras mundiales tienen, en muchos países, abierta la venta de semillas orgánicas donde las venden. El planteo de la agroecología es justamente por delante de lo orgánico: no es solo producir sin químicos sino también producir en contacto con el ecosistema, en un mercado de comercio justo ir recreando un sistema distinto de producción y comercialización. Por ejemplo la organización CLOC Vía Campesina adopta hace muchos años una política para ellos de producción agroecológica de base campesina. Partiendo de los conocimientos de los propios campesinos.

¿Qué rol juegan los Tratados de Libre Comercio hoy en la política argentina?

Argentina en los últimos dos meses ingresa como observador de la Alianza del Pacifico integrada por México, Colombia, Perú y Chile. La Alianza del Pacifico definió, la semana pasada, un trámite abreviado de patentes lo que significa que si una corporación tiene una patente en un país y hace un trámite acelerado en una oficina del mismo, sin demasiados tramites se aplican en los cuatro países. Si Argentina ingresa en la Alianza del pacifico y se rechazara la soja de Monsanto al estar dentro de la Alianza y se le diera la patente en México solo con un trámite estaríamos obligados a aceptarla.

*Forma parte del Consejo Editorial de Biodiversidad, sustento y culturas. Es miembro del grupo argentino Acción por la Biodiversidad y su página electrónica www.biodiversidadla.org.

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Ayer por la tarde, se realizó un debate público en el Obelisco, denominado “Entre el modelo del agronegocio y el de la soberanía alimentaria”.

El Obelisco, centro neurálgico de la política de la Ciudad de Buenos Aires y, en muchos casos, nacional; fue testigo ayer de un escenario diferente: puestos de venta de verdura directa desde los productores, pibes y pibas dibujando, y una carpa que era el centro para debatir sobre la alimentación, los modos de producir y, sobre todo, el futuro.

Organizado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT-FPDS) y con la participación de MP La Dignidad y la CTEP (Confederación de trabajadores de la Economía Popular), el debate contó además con la participación de investigadores y docentes universitarios que trabajan desde hace años en la problemática del patentamiento de semillas, el monocultivo, la fumigación, los agrotóxicos, etc.

Primero, mientras se convocaba desde el micrófono leyendo partes del comunicado: “El modelo productivo basado en este paquete tecnológico, con la desmesurada aplicación de agrotóxicos, está afectando la salud de la población e incluye a todos los que consumimos a diario las ‘mercancías’ que contienen derivados de transgénicos, que se expenden en los supermercados y que se publicitan a diario a través de los medios de difusión: publicidad ‘engañosa’ dirigida especialmente a los niños, comprometiendo su futuro y el de todo el planeta” fue el turno de la fundación Che Pibe. Desde la banda “Che Perrito”, esos pibes y pibas nos cantaban a los adultos, como para que no nos hagamos los desentendidos: “Te lo digo, te lo canto: ¡fuera Monsanto!”.

Monsanto es la empresa, por excelencia, que representa el negocio del agro. Por algo la ley que pretende regular el patentamiento de la semilla –y que, según había anunciado el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el 19 de mayo pasado, sería emitida por decreto– se conoce como la “Ley Monsanto”. Al respecto, uno de los referentes de la UTT, Agustín Suárez, nos detalló: “Además de que varias organizaciones nos pronunciamos contra el decreto y pedimos abrir el debate, la propia empresa estaba en desacuerdo pero porque no le otorgaba el total de lo que reclamaba (además del cobro por la patente de la semilla, la multinacional exige el cobro de un porcentaje de la comercialización del grano)”.

Finalmente, se planteó la elaboración de una ley en lugar de un decreto. Y de ahí surge la posibilidad, o la decisión de las organizaciones de “un debate público: en vez de meterlo en las aulas o en una institución, tenemos la intención de sacarlo a la calle, de que la sociedad intente intervenir en su conjunto. Nosotros, además, proponemos un modelo de Soberanía Popular, donde no cabe la posibilidad de reconocer la legalidad de que un productor sea esclavo de una multinacional”, explica Suárez.

Otra de las reivindicaciones que se ponían sobre la mesa era que, si bien la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar está en plena vigencia, no cuentan con presupuesto por parte del Ministerio de Agricultura para que se lleve adelante. En ese sentido, agregó el referente de la UTT: “Si bien no creemos que sea una ley que solucione todos los problemas, porque en algún punto propone una convivencia entre el modelo del agronegocio y el de la economía familiar, pensamos que es un mínimo avance para el reconocimiento… por eso seguimos dando la pelea, porque si no hay sólo queda en anuncios”.

Las semillas: un camino a la alimentación

En un panel compuesto por diversos actores de la Soberanía Alimentaria, le tocó abrir el panel a Ana Brócoli, Docente de la Cátedra abierta de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Lomas de Zamora. En ese espacio vienen trabajando desde 2008, con la intención de que la universidad se abra “para que haya un diálogo de saberes entre la teoría y la práctica cotidiana de los productores”. El recuento arrancó desde el pasado, desde el momento mismo en el que los seres humanos se pusieron a “domesticar” a las plantas, para que los campesinos generen así la enorme diversidad de plantas y semillas que hay en todo el mundo. Entonces, refirió la docente: “Las semillas eran un camino a la alimentación, hasta que las multinacionales intervinieron”. “La ley de 1973 determinó que la semilla pasara a ser una ‘creación fitogenética’, porque esa semilla del agricultor tiene una intervención de un agrónomo, un técnico, o una empresa. Ese trabajo da la posibilidad de obtener un dinero, y es lo que genera el ‘derecho de obtentor’”, agregó Brócoli, dando cuenta del camino que se recorrió para llegar a este monopolio pretendido por Monsanto.

Otro de los integrantes fue Carlos Vicente, investigador de GRAIN (organización internacional que apoya a campesinos y agricultores) y parte de la revista Biodiversidad y sus palabras fueron en el mismo sentido: “Básicamente el contenido central de esta ley es modificar la Ley del año 1973 para incrementar la posibilidad del control monopólico de las semillas por parte de las corporaciones”, dijo el investigador. Y agregó: “Se incrementa la posibilidad de privatización de las semillas, se limita la posibilidad de guardar semillas para el uso propio para volver a sembrar; algo que es un derecho básico de cualquier agricultor y por eso desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, campesinos, ecologistas, venimos cuestionando el proyecto y frenándolo desde 2012”.

Después fue el turno de productores de la UTT, quienes contaron de su experiencia cotidiana en el trabajo con la tierra. El debate se abrió y comenzaron a surgir puntas para pensar, discutir, reflexionar. Las conclusiones irán llegando a medida que el ejemplo se multiplique. Mientras tanto, resuenan algunas palabras: “De este lado, se propone, se lucha, se defiende y se construye un modelo de Soberanía Alimentaria que produzca  alimentos, que enfatice en la soberanía del pueblo sobre su producción, su semilla, su comercialización y su consumo”.

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La presentación por parte del gobierno nacional de  un nuevo proyecto de Ley de Semillas a medida de las corporaciones transnacionales, obliga poner en debate el sistema del agronegocio, los alimentos que ingerimos y el peligro de muerte al que nos enfrenta al uso de agrotóxicos en los campos argentinos.

La Ley de semillas

El nuevo proyecto de la Ley de Semillas que será enviado al Congreso nacional para su tratamiento y posterior aprobación recibió las mismas críticas de diversas organizaciones que resisten el poder de las corporaciones ligadas a los agroquímicos y al agronegocio. Cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó nota de que no estaban dadas las condiciones para que esta Ley saliera por un Decreto de Necesidad y Urgencia, rápidamente realizaron cambios menores que no modifican la matriz estructural de dicha política.

La Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) es una de las organizaciones que rápidamente salieron a alertar a la sociedad que la modificación de la Ley de Semillas sienta “la posibilidad de apropiarse de toda nuestra biodiversidad y cierra el cerco sobre la forma tradicional de uso e intercambio de semillas”. A su vez, el colectivo de comunicación Huerquen realizó un cortometraje en el que reflexionan acerca de las consecuencias que el avance de las corporaciones del agronegocio tiene para nuestras vidas.

Carlos Vicente relató que la nueva Ley de Semillas “es un avance en la norma UPOV91, donde se limita la posibilidad de guardar semillas, se criminaliza aún más a las semillas criollas y se permite que toda la biodiversidad de la argentina sea privatizada”. La ley que se pretende aprobar va mucho más allá de los derechos de las patentes de las semillas compradas y sembradas por los agricultores, “Existe la posibilidad de que todas las plantas que crecen en la Argentina sean objeto de derecho de obtentor, y con este elemento da la posibilidad de apropiación y de biopiratería de nuestra biodiversidad”, afirmó Carlos Vicente.

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental que se creó a partir del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales adoptado en París en 1961. Su objetivo es proteger a las obtenciones vegetales mediante un derecho de propiedad intelectual.

La socióloga Norma Giarraca, fallecida recientemente, explicó las diferencias que propone la nueva Ley de semillas con respecto a las legislaciones vigentes: “Básicamente, es marcar en una sola ley la cuestión de la privatización total de las semillas y el patentamiento. En la legislación anterior estaba dividida en dos leyes; y la ley de patentamiento prohibía el patentamiento de los seres vivos”. A su vez, Carlos Vicente expresó que con la nueva ley “nadie puede guardar semillas, no sólo para la próxima cosecha, sino de manera permanente sin pagarle regalías a la empresa que proveyó la semilla original, y esto es un crimen absoluto porque crea una dependencia enorme y va contra los principios básicos de lo que es hacer agricultura”.

La diversidad en peligro de extinción

Soledad Barruti, autora del libro Mal Comidos, alerta y vincula cómo el agronegocio está determinando nuestra calidad de vida: “Nuestros alimentos retroceden a expensas de un agronegocio que avanza y que no nos está ofreciendo comida para todos. Está ofreciendo carne barata para una serie de países que empezó a híper consumir carnes y que está siguiendo una dieta funcional a este sistema”. A su vez, afirma que hay un 75% de variedad de alimentos que desaparecieron o están en ese camino. “Estamos produciendo siempre lo mismo, que son animales funcionales a una comida y a un diseño específico. Nuestra comida va desapareciendo a expensas de este sistema que crece”, expresó Soledad Barruti en el cortometraje difundido por el colectivo Huerquen.

El sistema del agronegocio nos entrega una diversidad alimenticia que no es tal y que de a poco erosiona nuestra salud. Las enfermedades que sufrimos en la actualidad están directamente relacionadas con los alimentos que consumimos y con las leyes que votan los representantes que elegimos. “Lo que se ve en el mundo es que las personas se mueren por las comidas que están comiendo como nunca antes en la historia y que la mayor cantidad de enfermedades evitables que hay vienen a través de la comida que estamos comiendo y de lo que no estamos comiendo”, afirmó Soledad Barruti. “Entonces tenemos epidemia de obesidad, que viene acompañada de 200 enfermedades que hacen que la calidad de vida se vea sumamente mermada y después la diabetes tipo 2, un tercio de los cánceres que existen tienen que ver con la dieta”, agregó.

Paren de fumigar

Con el objetivo de alimentar al mundo, de producir cada vez más, de romper récords de exportaciones año a año, encontraron los intérpretes adecuados para habilitar el ingreso de Monsanto y el glifosato en nuestro país. EL  14 de marzo del año que viene se cumplirán veinte años del decreto del entonces ministro de agricultura, Felipe Solá, donde habilitaba el ingreso de la soja transgénica y el glifosato. Los gobiernos que pasaron hasta la fecha poco han hecho para frenar las fumigaciones sobre las ciudades y los pueblos linderos a las plantaciones de alimentos transgénicos. El sistema del agronegocio avanza sin pausas, ni siquiera lo frena la salud en riesgo de sus potenciales consumidores.

A finales del año pasado en una audiencia en el Congreso de la Nación convocada por el Bloque del partido Unidad Popular de Víctor de Gennaro, la Asamblea Socioambiental Concepción del Uruguay -AGMER-, Red de Médicos Fumigados, Paren de fumigar, y El Galpón en Buenos Aires denunciaban las fumigaciones en las cercanías de las escuelas. La Red de Comunicación La Olla.Tv filmó y difundió la audiencia en la que docentes y alumnos de escuelas rurales fumigadas denunciaron la gravedad de la situación que se vive en las provincias de Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires y Santa Fe, producto del incremento del uso de los agrotóxicos en campos lindantes.

Allí, el diputado nacional de Unidad Popular por la provincia de Santa Fe, Antonio Riestra, afirmó que según estimaciones realizadas por las organizaciones presentes, 700 mil niños se encuentran en riesgo por las fumigaciones. Elisa Lofler trabajó entre 2007 y 2012 como directora titular de la Escuela Primaria n° 39 el de la localidad de Martín Fierro-El Relincho, provincia de Buenos Aires, y explicó en la audiencia que “casualmente o no, tengo Endosulfan 1 y sulfato endosulfan en sangre, y es un veneno que está prohibido en la republica argentina y yo nunca salí del país”.

Otra de las afectadas es la Escuela N° 36 de Costa Uruguay Sur, provincia de Entre Ríos. Estela Lemes, docente del establecimiento, contó que le cayó el veneno en los rostros de los alumnos y profesoras que se encontraban en el patio de la escuela. Recuerdan que el olor era tremendo, y que cada vez que se sucedía una fumigación hacían ingresar a los chicos al establecimiento y llamaban a los familiares para que los retiraran. Sofía Ramírez, Profesora de Villa Ocampo, Santa Fe, planteó que sería interesante que la fumigación de los campos, el envenenamiento y la contaminación pasara a formar parte del diseño curricular, de la misma manera que cuando enseñan que los chicos tienen derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a una vivienda digna.

También la médica Miriam Gorbam, integrante de la Cátedra de Soberanía alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, expresó en la audiencia: “Esta generación, la de los alumnos de ustedes, es la primera que va a tener una expectativa de vida menor que la de sus antecesores por culpa de este tipo de alimentación. Así que no es solamente el problema agudo de fumigar, es parar de fumigar, es parar de producir transgénicos, parar de producir comida chatarra y parar de atentar contra la salud de toda la población”.

La aprobación o no de la Ley de semillas vuelve a poner en debate el rol que juegan las corporaciones del agronegocio en nuestro país, tantas veces silenciado por los dueños de la agenda mediática. La discusión sobre este tema debe visibilizar nuevamente la resistencia que se está librando en distintos puntos del país contra los agrotóxicos y Monsanto en particular. No sólo está en juego la dependencia que intentan llevar a los trabajadores ligados a la agricultura, sino también el derecho a una vida digna. En definitiva, la discusión sobre el agronegocio se entrecruza con diferentes temas donde el Estado no puede estar ausente.

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La declaración del Ministro de agricultura de la Nación del 19 de mayo, acerca de un decreto que establece criterios para el uso de semillas, marca una respuesta al conflicto que se viene dando desde hace unos meses entre medianos y grandes productores rurales y Monsanto. Un análisis de lo que implica la regulación sobre semillas y cuál es la coyuntura nacional en la que se realiza este anuncio.

La agricultura, como su nombre lo indica, es una práctica cultural, esto es, una forma de organizar una producción (la de alimentos) en un determinado marco económico e histórico, pero también una manera de organizar la vida humana. Está compuesta por saberes, costumbres e interacciones. Tiene componentes a muy largo plazo, pero también cambios dinámicos. Ideas universales, pero también localismos que marcan las prácticas.

El interés de Monsanto

Monsanto, una corporación bioquímica, lanzó en el mercado argentino en 1996 una combinación de semilla y herbicida: la soja RR y el herbicida Round UP. Hasta la aparición de la soja RR, los elementos centrales de la agricultura industrial eran las semillas y el resto de los productos (herbicidas, fertilizantes, maquinarias), los accesorios que se intercambiaban según el lugar, el clima y el criterio del productor. Monsanto rompió esta línea, al establecer un tipo de semillas que se produce en función directa del herbicida empleado. Hasta el Round Up el límite de los herbicidas era la enfermedad o la eliminación del cultivo mismo. Hasta la soja RR la perspectiva del intercambio o de la hibridación de semillas era conseguir plantas más resistentes a los cambios climáticos, a la escasez de agua o a una mejora de la producción. Una modificación genética vino a garantizar, no una planta que diera mejores rendimientos, sino una planta que, en teoría, no tuviera competencia. La siguiente variante, la RR2, incorporó además resistencia a un único potente pesticida.

Esta es la idea “superadora” alrededor del paquete tecnológico de Monsanto. Herbicida + pesticida+ semilla resistente (al herbicida + pesticida) + siembra directa + capital es el paquete tecnológico y económico que trata de ganar espacio y, eventualmente, hegemonizar el mercado alimentario mundial. El productor agrícola debe comprar todo el paquete, ya que los elementos solo funcionan bien si se realizan dentro del conjunto indicado.

Esta nueva técnica implicó un proceso de cambio en las prácticas agropecuarias, con daños y resistencias, que se reflejan en la dificultad de legalizarlas. Los Estados Unidos se valen de un organismo intraestatal, que intenta refrendar los derechos de los obtentores en las legislaciones locales, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), así como otras maneras de lobby o presión que defiende el derecho de sus corporaciones. Los Estados que han asimilado las reglas UPOV requisan las semillas que los productores guardan para la próxima cosecha, o incluso inician juicios a productores en cuyos campos se ha asentado alguna semilla patentada por Monsanto (los documentales El futuro de la comida y 9.70 pueden servir para observar las consecuencias).

La situación local

La práctica agropecuaria en nuestro país ha mantenido, desde la época del Virreinato, una actitud centralizada en la práctica colonial. Los terratenientes y la burguesía local (y desde los años noventa, también medianos productores) han producido centrándose en un producto para la exportación:  cueros, carne vacuna, trigo o soja.

Respecto de las oleaginosas, hoy el circuito funciona así: los productores siembran con semilla de la cosecha anterior y si necesitan semillas extras, o cambian de cultivo, se las compran a las empresas semilleras (Don Mario, Cargill, Bunge Born, etc). Luego se guardan una parte de las semillas para la próxima cosecha y entregan el resto a las semilleras, que son las que se encargan de enviarlas al exterior. El gobierno nacional realiza el cobro, se queda con una parte (las retenciones) y paga a las semilleras, que luego pagan a los productores. Por lo general, los productores de soja no compran semillas de Monsanto, sino semilla transgénica de criadores de semilla locales que se venden a menor precio; lo que se conoce como la “bolsa blanca”.

A partir de 2014, Monsanto empezó a vender la soja RR2 e intentó atacar el sistema de bolsa blanca realizando convenios con las semilleras, por los cuales éstas realizan en el momento de la venta un contrato con el productor, que firma que además de pagar por las semillas costeará un canon según el resultado de la cosecha, para reconocer la reproducción de una tecnología desarrollada por Monsanto. Los productores se encuentran entonces, al momento de cobrar, que se les descuenta el costo de las semillas más un extra (unos 14 dólares por bolsa) para el pago de este canon.

Los productores empezaron a quejarse y la Federación Agraria Argentina reclamó la intervención del Estado. En un comunicado observa: “Ninguna excusa será suficiente cuando hayan avanzado hacia patentar nuestra biodiversidad o los alimentos que producimos los agricultores, los campesinos e indígenas, incluso nuestros saberes históricos“. Pero hace años que  FAA no da ninguna pelea por campesino o indígena alguno, al tiempo que sus productores, al igual que los de SRA, CRA o Coninagro, se han apropiado de una dinámica de producción que se ufana y confía ciegamente  en un desarrollo tecnológico que avanza fuera de todo control. Lo que, sin embargo, no le quita razón al planteo, incluso  desde su propio sector: el patentamiento de las semillas es un avance formidable en el desarrollo capitalista de la agricultura, e implica no solo un mayor nivel de renta para una corporación multinacional, sino también la capacidad de apropiarse y modificar organismos vivos y de lucrar con ellos a su antojo. Y en esto, los productores de FAA también salen perdiendo.

El rol del Estado nacional

Pese a los conflictos de 2008 con las entidades de la Mesa de Enlace, el gobierno nacional nunca dejó de tener una relación cotidiana con la dinámica de los agronegocios.  El Ministerio de Agricultura ha sido un campo de batalla para las organizaciones rurales, desde la Sociedad Rural en adelante, para la obtención de recursos y la construcción de legitimidad. A esto se le suma, en los últimos años, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva,  con el rol de potenciar las disciplinas científicas ligadas al mundo de la agroindustria, (agrotecnologías, desarrollo de feedlots, ingenería forestal, agrocombustibles, etc) a través de sus dependencias y de convenios realizados con universidades nacionales, permitiendo así a las corporaciones ahorrarse los costos de inversión en investigación y desarrollo. En la misma línea se dio el desplazamiento de Enrique Martínez en el INTI, con una gestión orientada a economía social y los pequeños emprendimientos, por lo que la entidad se corrió hacia políticas más ligadas a la gran empresa.

En junio de 2012, Cristina Fernández se sentó a negociar inversiones en el país con Monsanto, reconociendo la premisa de cambio que demanda la corporación: “Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes”, comentó la Presidenta. En este mismo evento anunció la apertura de plantas experimentales y de producción (una de ellas es conocida por el rechazo del pueblo donde se asienta, en  Malvinas Argentinas,  Córdoba). Estos anuncios, así como las actuales negociaciones con FAA, las semilleras y Monsanto, marcan los privilegios del modelo agroexprotador, que se inscribe en una matriz extractiva y que no puede llevarse adelante sin la destrucción de la biodiversidad, la expoliación de recursos naturales y el desalojo de comunidades originarias con el fin de ampliar los márgenes de rentabilidad. El Plan Estratégico Agroalimentario es una línea clara e indiscutible en ese sentido.

Sobre la Ley de Semillas

El comunicado del Ministerio adelanta que solo los mayores productores pagarían un canon sobre el resultado de la cosecha, mientras que los pequeños y medianos solo abonarían la semilla. Sin embargo, se establecería un reconocimiento de los derechos de las corporaciones sobre los organismos biológicos y la continuidad de una política que referencia al mundo rural con los productores de mercado, dejando de lado a las comunidades campesinas y continuando con la posición de país productor de materias primas. En una excelente síntesis, el documento “Declaración sobre Semillas”, de la Vía Campesina, observa: “La industria ha  ‘mejorado’ las semillas para que no puedan ser cultivadas sin la ayuda de productos químicos dañinos, para que sean cosechadas con maquinaria pesada, y que soporten preservación artificial durante las largas distancias de transporte. Pero ha dejado de lado características importantes para nuestra salud. El resultado son semillas que han perdido su valor nutricional y están saturadas de venenos químicos. Estas semillas son la raíz de numerosas enfermedades crónicas y alergias generalizadas, así como de la contaminación de la tierra, el agua y el aire que respiramos.(…) No debemos equivocarnos. Estamos frente a una guerra por las semillas. Y del resultado depende el futuro de todos y todas”.

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