Por Agustín Bontempo | Fotos por: Carlos Brigo y Emiliana Miguelez

Algunas personas deben tener gravado en su retina la famosa frase del canal Todo Noticias (Grupo Clarín) que advertía: “TN puede desaparecer”. Esta fue una campaña política que desarrolló el multimedio para confrontar con el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sostuvo –con los ajustes correspondientes- en la lucha por su implementación. Spoiler alert: TN no desapareció.

A última hora del pasado jueves 5 de diciembre, el presidente Mauricio Macri a través de una Cadena Nacional hizo un balance de gestión en donde aseguró que “Durante estos años jamás critiqué a un periodista por difundir una información que consideraba incorrecta”, en un intento de sintetizar la supuesta política en materia de libertad de expresión.

Por supuesto que ambas afirmaciones son falsas. Sin embargo, nos interesa repasar cómo fueron los cuatro años de macrismo en materia de políticas de medios y comunicación.

Foto Emiliana Miguelez

Un ataque a las instituciones

Una de las tantas promesas de campaña del macrismo fue que sería un gobierno que defendería la república y las instituciones. En materia de comunicación, el inicio de gestión fue poco auspicioso. Seguramente las y los lectores recordaran aquellos primeros días al frente del Estado donde Macri se propuso ser todo poderoso y gobernar a partir de una catarata de decretos porque, en defensa de las instituciones, ¿para qué esperar al Congreso?

En comunicación no hubo excepción. Durante los primeros 20 días de gestión el gobierno creó el Ministerio de Comunicaciones y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Luego, intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de la Información y la Comunicación (AFTIC). Finalmente creo el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para terminar de “ordenar” el esquema institucional en este campo. El resultado de todas estas medidas dio un golpe de KO a la popularmente conocida Ley de Medios.

Si bien hemos afirmado en diferentes oportunidades que la ley sancionada en 2009 era limitada en varios puntos, también destacamos que no fue producto de un capricho del gobierno kirchnerista sino el resultado de 40 años de debates. Con estas medidas y posteriormente la creación de una comisión que redactaría un nuevo proyecto de Ley de Comunicaciones y posteriormente la iniciativa de la ENACOM para avanzar en una nueva Ley de medios que garantizaba mayores niveles de concentración del poder mediático, el macrismo lograba ocupar un rol hegemónico.

De allí en adelante, se avanzó en la concentración mediática, conformación de nuevos conglomerados (Cablevisión-Fibertel-Telecom) en un escenario legal muy favorable para las empresas, lo que se expresa en altas tarifas por servicios de mala calidad. Cierres de medios pequeños y/o locales, dificultades para la inserción en el mapa de las comunicaciones de los medios populares, son algunas de las dificultades de este escenario.

En una nueva edición de la “Pesada herencia”, en un artículo reciente Martín Becerra señala que “En la era Macri, las promesas iniciales de inyección de competencia, lluvia de inversiones, nuevos operadores en telefonía móvil y respeto republicano a la institucionalidad mediante la legitimación de la política pública a través de leyes tramitadas por el Congreso, fueron sepultadas al cabo de una gestión que sólo cultivó la ley del mercado, a costa incluso de muchos de sus participantes, hoy quebrados o severamente endeudados”.

Además, Becerra agrega que “Lejos de la invocada meritocracia que se atribuyó, el gobierno saliente tuvo un personal dirigente en comunicaciones que fue incapaz de redactar siquiera un proyecto de ley integral de comunicaciones. Termina la administración Cambiemos con menos competidores, con precios para servicios de conectividad que superaron la inflación galopante y que, en consecuencia, restaron presupuesto en los hogares para el acceso a la cultura en vivo, afectándolo doblemente”.

Finalmente, y pensando en cuáles serán los desafíos de Alberto Fernández, “Hoy es difícil asegurar la convivencia armónica entre Google, Facebook, Netflix, Disney/Fox, Clarín/Cablevisión/Telecom, Telefónica/Movistar, Claro, Viacom, DirecTV/AT&T/Turner/CNN y el Grupo América, por citar varios de los pesos pesados de industrias en proceso de convergencia. Para sostenerse, esos gigantes precisan disputar el liderazgo en un contexto global poco respetuoso de las normas ideales de la sana competencia. En la convergencia en comunicaciones, como dice el refrán, el ganador se queda con todo. A menos, claro, que medien políticas públicas eficaces”.

No nos olvidemos de…

Como decíamos al principio, Macri aseguró que él no cuestionó periodistas, tratando de generar un vínculo con sus críticas al kirchnerismo durante su período de oposición y su promesa de garantizar la libertad de expresión. Por supuesto que la convergencia de poder durante estos cuatro años atenta contra esa idea, pero también asistimos a casos concretos como fue el ataque a Telesur, que hoy sigue en pié en la televisión digital privada. Si ampliamos el margen de análisis, pensar el contexto latinoamericano actual sin una señal que pueda equilibrar el despliegue de la CNN y sus diversas correas de transmisión locales, expresa un elemento preocupante.

Otro de los mecanismos que la gestión de Cambiemos utilizó estos años fue la discrecionalidad de la pauta publicitaria. Además de orientar buena parte de su presupuesto en lugares específicos como el Grupo Clarín, también condicionó línea de difusión como fue (y sigue siendo) el blindaje a Horacio Rodriguez Larreta en C5N (canal que confrontó con el macrismo los cuatro años de gestión). En este punto, en 2016 incluso reglamentó una resolución que le otorgaba (y lo sigue haciendo) mayor discrecionalidad con menos controles y sin participación ciudadana, y eso que hablamos de dinero del Estado.

No es la intención profundizar en estas líneas, pero los contenidos en canales públicos (lo veremos en el siguiente apartado), el negocio con el fútbol profesional, el otorgamiento de licencias de manera discrecional, son algunos de los puntos destacados en política de medios.

Finalmente y sin la necesidad de ahondar teniendo en cuenta el tratamiento que hicimos oportunamente, debemos señalar algunas cuestiones sobre datos personales. ¿Por qué? Porque en un contexto de convergencia y digitalización, los datos personales dejan de ser exclusivamente cuestiones personales para transformarse en mercancías.

En la actualidad asistimos a un escenario local y mundial donde las empresas que administran Tecnologías de la Información y la Comunicación son las principales potencias económicas, teniendo un poder de incidencia en nuestras vidas sumamente determinantes. Publicidades orientadas, relevamientos de filiaciones políticas y religiosas, manipulación de la información, son algunos elementos a tener en cuenta.

En este sentido, la seguridad informática no está garantizada y menos en Argentina. En nuestro país, tanto la Ley vigente que rige desde el año 2000 así como normas complementarias y el proyecto presentado por el macrismo, solo profundizan la inseguridad, dejan afuera a la ciudadanía de cualquier tipo de participación y centraliza el poder en pocas manos y sin controles. Particularmente en el intento de modificación de la gestión saliente, le da demasiados privilegios al Jefe de Gabinete, es permisivo con la manipulación de datos y, como suele pasar en otras normas, no contempla cabalmente los desarrollos tecnológicos actuales.

¿Qué pasó en los medios públicos?

La política desplegada hacia este sector fue realmente restrictiva. Estamos hablando de los medios del Estado, aquellos que deben garantizar la diversidad de voces, la participación ciudadana, priorizar la información por sobre la competencia, promover espacios educativos. Nos referimos a espacios que deben solventarse con fondos públicos en buena medida.

Durante estos cuatro años, la gestión de Hernán Lombardi hizo todo lo contrario. Desaparecieron los programas que no representaban la línea ideológica del gobierno (Zamba, el programa para niños y niñas), se movieron canales de señales centrales (Canal Encuentro), se redujo el presupuesto general impidiendo coberturas destacadas (Televisión Pública y Radio Nacional) y se usaron espacios como plataformas políticas (Agencia Télam, transmisiones en eventos deportivos).

Un elemento cristalizador fue el desfinanciamiento. Alejandro Linares detalló en Letra P que hubo un recorte en el presupuesto destinado al sector, que en si mismo representaba el 79% de los ingresos en 2016 para la Televisión Pública y Radio Nacional y que en 2018 pasó a representar el 75%. Asimismo, destaca que aunque en materia de pauta oficial y privada hubo un incremento nominal en este período, hubo una caída del financiamiento en términos reales al ser comparados los valores con la inflación oficial. Si los montos se pasan a dólares, obtenemos que en 2015 los ingresos rondaban los 241 millones de dólares, en 2016 eran 207 millones dólares y ya en 2018 la cifra se ubicó en 136 millones de dólares. Es decir, una retracción de casi el 50% en cuatro años.

La gestión del Titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, se caracterizó, en síntesis, por hacer todo lo contrario a lo prometido en campaña. Es el desfinanciamiento pero también el condicionamiento de contenidos lo que garantiza el vaciamiento al que hacemos referencia. Lejos de promover la libertad de expresión y no criticar, incluso el periodista oficialista Alejandro Fantino aseguró la existencia de listas negras durante el macrismo.

En diálogo con Marcha, Carla Gaudensi, quien es delegada de Télam, Secretaria de Acción Social del SiPreBA y Secretaria General electa de la Federecación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), aseguró que “El vaciamiento de Lombardi en medios públicos responde a la misma política del macrismo en general. Entender el Estado como una empresa privada a la cual vinieron a aplicar políticas de ajuste”. Asimismo, aseguró que “Ellos vinieron a reducirlos a la mínima expresión y que no estén representadas las voces de los sectores más oprimidos, que no están representados en los medios comerciales y hegemónicos que muchas veces se manejan con otras agendas. Las agendas de los medios públicos deben ser plurales y federales y eso es lo que este gobierno vino a destruir porque justamente no le interesa que las voces de los sectores populares, de los sindicatos, del feminismo, de los pueblos originarios, se reflejen en un medio y es por eso que vinieron a destruirlos o reducirlos a su mínima expresión”.

Situación de las y los trabajadores de prensa

El vaciamiento planificado y ejecutado por el macrismo tuvo una fuerte resistencia de las y los trabajadores de prensa que más allá de las cuestiones estrictamente laborales, generando diferentes mecanismos para seguir cumpliendo con el rol que estos medios debían desempeñar. Un caso ejemplar fue el #NotiTrabajadorxsTVP, que ante la desaparición de los noticieros en el canal público y las limitadas coberturas, se organizaron para garantizar el Derecho a la Información del conjunto de la sociedad.

Más allá de este tipo de aspectos, que hubo decenas donde se destacan niveles de organización con diversos espacios, una de las grandes características que tuvo el sector fue la resistencia a los despidos masivos.

No podemos obviar la situación en el conjunto del país, donde los medios locales, en muchas oportunidades con bajísimos recursos, fueron atravesados por la misma situación

Durante estos cuatro años trabajadores y trabajadoras de diferentes medios perdieron sus puestos de trabajo. Si bien hay casos emblemáticos que desarrollaremos a continuación, hubo despidos en Atlántida, América, Crónica, cierre de medios de comunicación, entre otros. Esto derivó en niveles de organización ejemplaras, puesta en funcionamiento de comisiones internas y un rol destacado de la organización gremial, especialmente el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que nació en 2015 como alternativa a las direcciones burocráticas del sector. Otro actor que tuvo un lugar relevante fue el Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID).

Uno de los conflictos destacados durante este período fue el de los despidos en Clarín, aliado estrella de Cambiemos y uno de los actores fundamentales durante la campaña electoral en 2015. En abril de este año, 65 personas fueron despedidas de la redacción. Esa situación derivó en una enorme cantidad de medidas de lucha, festivales y solidaridad de diversos sectores. El grupo Clarín ya empezaba a tomar cierta distancia del macrismo en su línea editorial, sin alcanzar la denuncia pero al menos describiendo la grave situación económica y social. Sin embargo, puertas adentro, llevaba adelante un ajuste brutal de sus trabajadores y trabajadoras.

La enorme repercusión y actos de solidaridad lograron poner un freno a una situación que se visualizaba peor. Sin embargo, la salida de la gestión viene con preocupaciones bajo el brazo y posibles nuevos despidos, situación ya denunciada por las y los trabajadores.

El caso más emblemático de estos años fue el conflicto en Télam. En junio de 2018 la gestión de Lombardi despidió a 357 personas. En aquel momento se iniciaba un proceso con avances y retrocesos, nacimiento de agencia paralela, persecución. Sin embargo, nuevamente el conjunto de las y los trabajadores del sector dieron un claro ejemplo de organización, lucha y unidad, llevando adelante decenas de actividades y con el tiempo ir logrando reincorporaciones, que al día de hoy ya supera a las 240 personas. Gaudensi señala que “El conflicto de Telam nos ha dejado una experiencia muy importante para el SiPreBA pero también para el colectivo de trabajadores y trabajadoras de Télam, como también lo hcieron otros conflictos como el de Clarín, la TV Pública, en su momento cuando arrancabamos como sindicato el del Grupo 23 que derivó en las cooperativas de Tiempo Argentino e Infonews cuando Spolski se fugó”.

Todo esto no ocurrió de manera gratuita. Campañas de difamación, amedrentamiento de las fuerzas represivas, intervención de la justicia. Sin embargo, el conflicto se fue desarrollando positivamente a partir de la determinación de las y los trabajadores.

Si bien la situación aún no está del todo resuelta, la sumatoria de los conflictos abiertos y el de Télam en particular, permitió un crecimiento en la organización del sector en general y del SiPreBA en particular que si bien aún tiene mucho por desarrollar como sindicato, logró ser una de las herramientas indispensables para resistir al macrismo dentro del sector.

En palabras de Gaudensi, estos conflictos “Creo que han dejado un saldo organizativo para el SiPreBA muy grande y como experiencia en términos de cada trabajador y trabajadora de Télam creo que ha dejado una huella no solamente en términos de lucha y organización, sino también en términos personales, en nuestros cuerpos, toda esta violencia ejercida, brutal, de este gobierno que vino directamente a destruir la organización de las y los trabajadores. En Télam en particular también a estigmatizar a cada una y cada uno de sus trabajadores, tratar de dividirnos despidiendo al 40% y pensando que con eso iban a cerrar un conflicto, que eso generaría que quienes no fueron despedidos tomaran un camino individual y no colectivo. Ese es el mayor salto: decir en su momento que eramos todas y todos despedidos y encarar la lucha desde ese lugar”.

En ese camino también nos encontramos los medios alternativos, quienes estuvimos cada día de la gestión macrista poniendo en agenda lo que faltaba en los grandes medios o, aunque esté, aportábamos la mirada popular y feminista, necesaria para que en el escenario que se abre no solamente se piense en superar al macrismo, sino construir una comunicación realmente anclada en la libertad de expresión, en el protagonismo popular y en una sociedad totalmente justa.

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Por Agustín Bontempo – @agusbontempo | Imagen de Jonathan Burton.

El siglo XXI nació con el auge de nuevas tecnologías que empezaron a condicionar cada vez con mayor ahinco las relaciones personales. Por supuesto que hay desarrollos que vienen de mucho tiempo atrás*. Pero pensar el uso de Internet en los hogares, la telefonía celular, los medios digitales, las redes sociales, fueron tomando mayor importancia en el siglo actual.

Nos proponemos cuestionar la normativa vigente, revisar algunas transformaciones que hubo en estos casi 20 años desde su sanción y tener un primer abordaje sobre el texto enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso.

Una ley de protección a destiempo

La Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales se sancionó y promulgó en octubre de 2000. La norma se sancionó en un momento determinado del desarrollo de internet y de las prácticas relacionadas con el uso y cuidado de datos personales: poco uso de internet por el conjunto de la población y mucho menos manipulación de datos en la nube, técnicas rudimentarias y en formato papel para la circulación de información sensible, poco conocimiento sobre las nuevas tecnologías, incluso en algunos ámbitos de investigación de la misma.

En materia de noticias, la prensa gráfica, la radio y la televisión contaban con altos niveles de credibilidad y prácticamente no tenían competencia con otros formatos de circulación.

La vieja Ley establece entre sus principios generales que “Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes y a la moral pública”. Al día de hoy, cada dato que depositamos en la web es, de alguna manera un tanto extraña para buena parte de la población, un elemento fundamental para recibir ofertas y propuestas de todo tipo, ser alcanzado por encuestas e incluso que las campañas publicitarias puedan tener algún tipo de orientación particular. Estos ejemplos permanecen en la sintonía de otros rasgos característicos de la ley como el impedimento de recolectar datos de maneras desleales y con fines distintos a aquellos para los cuales cada persona decidió brindarlos. Finalmente, se supone –según la norma- que una vez utilizados, los datos deben ser destruidos. Basta con poner los nombres de cualquier persona en el motor de búsqueda de internet para encontrarse con información prácticamente imposible de hacer desaparecer de allí.

La ley establece ciertas particularidades en relación al consentimiento para el tratamiento de los datos personales, siendo cada ciudadano o ciudadana que habite el territorio nacional quien deba dar la correspondiente conformidad. Sin embargo, hoy en día asistimos a un sinnúmero de ocasiones donde nuestros datos están a disposición de diferentes instituciones públicas o privadas, requiriendo algún tipo de trámite para, ya no suprimir los datos, sino al menos dejar de ser convocado con algún fin a partir de los mismos. En este sentido, el Estado o cada institución que cuente con los datos supuestamente brindados por las propias personas, es responsable de la seguridad y confidencialidad de los mismos.

De acuerdo con la normativa, está prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u organismos nacionales, sin embargo no existe control aceptable de esta condición, ya que la información viaja por diversos circuitos sin autorización alguna. Cualquier lector o lectora de este artículo puede que haya recibido contacto a su teléfono personal o casilla de correo electrónico de empresas internacionales (y ya a esta altura no debería sorprendernos cómo eso sucede con bancos, compañías de telefonía celular o cualquier otra institución nacional).

A este escueto nivel de análisis tratemos de imaginar qué puede estar sucediendo con cada campo que completamos cuando hacemos alguna compra por internet, sacando algún turno médico, firmando algún petitorio o cualquier otro ejemplo y, por supuesto, qué tipo de seguridad hay al respecto más allá de que cada sitio web garantice los mejores estándares. En este orden, sin ir mucho más lejos, los robos virtuales o el uso de identidades para encuestas solo para mencionar algunos ejemplos, son hechos cada vez más habituales.

El artículo 27 de la Ley aborda los datos con fines de publicidad. En los tres puntos que allí se detallan, no hay ni un solo elemento que permita generar algún tipo de cuidado por parte de las personas que, por ejemplo en el uso de redes sociales, cada búsqueda que puedan hacer en cualquier sitio web automáticamente genera publicidades orientadas a posibles consumos que en ningún momento fueron brindados por las y los usuarios. Asimismo, el texto dice que “El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo”, siendo esta una matriz casi imposible para el usuario promedio de internet: ¿a dónde podemos pedir que Facebook, Instagram o Google, retiren la información que vamos vertiendo en la web? Este problema yace también porque el concepto general de datos personales en aquel entonces era muy limitado.

La Ley 25.326 tiene algunos posicionamientos generales como la gran autonomía que le asigna a los bancos de datos privados, el bajo nivel de regulación (técnicamente encargada en un organismo de control) y especialmente la obsoleta aplicación de la norma en el marco de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

¿Qué paso con cada gobierno?

Más allá de que el gobierno que encabeza Mauricio Macri envió un nuevo proyecto a fines de 2018, lo que en esta casi dos décadas pasó es que cada gestión fue realizando modificaciones de acuerdo a sus necesidades. Es así que entre Leyes complementarias, Decretos, Resoluciones e incluso Disposiciones, más de 90 normas han generado algún tipo de modificación a la Ley vigente, especialmente con fines de mayor centralización y poder por parte de cada gobierno.

Según señalan Martín Becerra y Leticia Garziglia en una nota reciente, “Con cada modificación de la ley vigente, la autoridad de aplicación fue cada vez más subsumida al/ la presidente/ a, hasta quedar directamente controlada por el Jefe de Gabinete de Ministros desde 2017”, es decir, actualmente por Marcos Peña. Asimismo agregan, que “El proyecto de ley con el que el gobierno aspira a modificar la Ley continúa subordinando la autoridad de aplicación al Poder Ejecutivo, algo que en las regulaciones de datos personales de la Unión Europea y Estados Unidos claramente se evita, en aras de la transparencia y la auditoría de la acción estatal”.

En el sentido que hablan Becerra y Garziglia, el Decreto N.o 1558/ 2001 crea la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Durante la gestión macrista, la Ley N.o 27.275 crea la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esta Ley avanza en algunos otros puntos, como la caracterización de quiénes deben brindar información pública y, nuevamente, deja varias libertades de acción a instituciones privadas.

Entre ambas normas, sucedieron muchísimas otras que no avanzaron de fondo ni mucho menos buscaron adecuar la reglamentación a las necesidades y dificultades de la actualidad. Normas orientadas a regular la actividad financiera o la recordada ley “No llame” que buscaba proteger a usuarios y usuarias de los servicios de telefonía.

Un nuevo proyecto, más problemas

Con la firma del presidente, Mauricio Macri, y el jefe de gabinete, Marcos Peña, el gobierno envió un nuevo proyecto de ley de protección de datos personales. Entre algunas de las cuestiones sustanciales, se sigue sosteniendo la centralidad de la regulación en la Agencia de Acceso a la Información Pública, dando un privilegio destacado al Jefe de Gabinete de Ministros en un área tan sensible y en un momento histórico donde esta información adquiere valores económicos y políticos de suma relevancia.

Asimismo, especifica y/o actualiza algunos conceptos. Allí refiere a datos sensibles que puedan generar algún tipo de discriminación y su necesario cuidado pero, por ejemplo, aunque alguien no publique su elección religiosa u orientación sexual, los mismos motores de búsqueda generan lazos de información que pone al descubierto algo que, concretamente, cualquier sujeto evitó informar.

En relación al consentimiento (uno de los factores importantes de la norma vigente), entra en un gris preocupante. Tal como lo indican Becerra y Garziglia, “El proyecto del Ejecutivo es permisivo respecto a la manipulación de esos datos ciudadanos, establece la controvertida y ambigua figura de ‘consentimiento tácito’ y exceptúa la necesidad de consentimiento previo para el tratamiento de datos de listados cuyas variables sean el DNI, CUIL/CUIT, ocupación, fecha de nacimiento, domicilio y email”. En relación al consentimiento tácito, la norma refiere a cuando “Surja de manera manifiesta del contexto del tratamiento de datos y la conducta del titular de los datos sea suficiente para demostrar la existencia de su autorización”. En concreto, este consentimiento o autorización es absolutamente subjetiva y arbitraria por parte de quien haga uso de la información.

Otra faceta importante refiere a la seguridad del tratamiento. Allí aplica ciertas responsabilidades pero sin especificaciones que en su ausencia son peligrosas, como contemplar “el desarrollo tecnológico” que, en sí mismo, no dice nada. No conocer la estructura informática de la web, la importancia del código de cada desarrollo, las particularidades de las normativas donde cada página tiene alojado su site, entre otros puntos, arroja más incertidumbres sobre la cuestión.

En ese orden, el texto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional mantiene dificultades para el/ la titular de los datos y presenta posibilidades y atajos para quienes usufructúen esa información.

¿Hacia dónde vamos?

Estamos pasando por un momento histórico de suma complejidad para analizar todo lo que refiere al uso y circulación de información. Si bien hay países que vienen avanzando en herramientas que protejan los datos personales de su población, el control y la supervisión en un mundo de constante desarrollo tecnológico, impone desafíos y problemas difíciles de resolver.

Más allá de eso, los gobiernos de cada país y en particular en Argentina que es donde podemos incidir, deben hacer todos los esfuerzos por avanzar en el mismo sentido. Cuando se sancionó la Ley de Protección de Datos Personales en el 2000, no existió una mirada hacia el futuro pero, además, no se priorizó el cuidado de las y los habitantes. Eso es una elección. Lo que por aquel entonces era pensar en el movimiento de información personal, omitía la posibilidad que los datos personales sean mucho más que aquellos necesarios para un trámite bancario o que los mismos adquieran valores económicos sustanciales en un mundo donde el marketing, la publicidad y el consumo, escalan a velocidades fenomenales.

Algo similar ocurrió oportunamente con la mal llamada “Ley de Medios” que este medio y en particular este cronista trató de abordar. Una ley que era de avanzada en muchos aspectos de cara a controlar el desarrollo de monopolios, que sugería mayor participación y libertad de expresión, impulsaba un organismo de control y regulación más democrático pero que, al igual que el caso que analizamos, se quedaba a mitad de camino en la regulación de medios digitales y/ o su aplicación general estaba más supeditada a un lucha político- partidaria que a su plena implementación.

En este marco, no deberían ser llamativos los riesgos que se corren cada vez que ponemos un dato personal en la web (desde los más comunes y básicos hasta los gustos y orientaciones políticas), siendo esto el puntapié inicial para estar atravesados y atravesadas en un mundo donde cada compra online puede terminar en una compra ilícita, donde consumir noticias reales (más allá de opiniones y posiciones) y fake news tienen un hilo cada vez más fino, donde la publicidad nos sigue a cada rincón donde utilicemos alguna tecnología.

El análisis actual es escueto pero apunta a abrir debates al conjunto de la sociedad. Aún no sabemos en que quedará la nueva ley de protección de datos personales, pero sí sabemos que de la participación del conjunto de la ciudadanía depende que haya una norma a medida de las necesidades actuales.

*Al respecto, se sugiere revisar la conceptualización de Manuel Castells sobre Sociedad de la Información y Sociedad Informacional, así como las criticas planteadas por Claudio Katz, incluyendo en el análisis los conflictos en las relaciones sociales que esta nueva etapa conlleva.

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Pasado Verde es, según Spotify, la banda mendocina más escuchada de 2017 en medios digitales. El grupo, integrado por Exequiel Stocco (voz, guitarra y sintetizadores), Fabricio Potenzone (guitarra), Franco  Santillan (bajo), Joaquín Ferreira Nazar (guitarra) y Leonardo Lemoli (batería) tiene diez años de trayectoria.

Fabricio cuenta que al manejarse de manera independiente, todo crecimiento es lento. “Hubo dos cosas que nos ayudaron mucho en este último tiempo: Spotify y la Ley de Medios”.

Moverse hasta Buenos Aires resulta complicado porque tienen que coordinar con sus trabajos. Nadie vive de la música. Además, hace poco sumaron al equipo un manager que los ayuda a organizarse, Mariana que hace prensa, un fotógrafo, un iluminador, un sonidista y un operador de monitores. Aun así, el domingo 25 de marzo se van a estar presentando en el Ciclo Transformador, a las 16:00 en la Usina del Arte (Caffarena 1, la boca). El 28 de abril en Vorterix junto a Lo´ Pibitos.

El grupo se formó cuando sus integrantes tenían alrededor de 17 años. Era todo un juego y ensayar dependía de la voluntad de los padres para acompañarlos a que se junten. El primer disco surge de esas historias adolescentes. Conforme fueron creciendo no sólo se profesionalizaron, sino que se encontraron con otras bandas mendocinas con un mismo espíritu independiente, como Las Cosas Que Pasan. “Han cambiado muchas cosas en estos diez años. Principalmente la gente de acá empezó a ir a ver bandas, cosa que era muy difícil porque los lugares no estaban muy buenos”, cuenta el guitarrista Fabricio Potenzone y agrega que en este último tiempo los municipios empezaron a organizar festivales como la fiesta de la cerveza, fechas en el centro cultural Le Parc e incluso algunas cosas en conjunto con la Secretaría de Extensión de la Universidad de Cuyo.

“Otra cosa que nos ayudó mucho fue la cuestión de la Ley de Medios”, dice el guitarrista. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009 y conocida coloquialmente como Ley de Medios, fija una base mínima de contenidos locales para cada medio. Entonces, desde ese momento, un 60% del producto en radio y un 30% en la tele, debía ser realizado con un porcentaje no inferior del 60% de participación local, como se explica en el artículo 4º. Esto hizo que surgieran nuevas productoras en búsqueda de material autóctono, como dice Fabricio: “salieron muchos medios nuevos a buscar contenidos. Y la mayoría eran consumidos, administrados y creados por jóvenes. Entonces se dio una situación que no se había dado nunca: nadie quería ir a los medios hegemónicos. Primero porque la juventud no lee los diarios grandes, segundo porque los medios nuevos salían a buscar contenido nuevo todo el tiempo”.

Pero, si bien todo ayuda, Potenzone cuenta que también le resulta interesante cuando se les acerca un medio grande, cosa que les pasó recién después de 9 años de trabajo.

En Argentina, la diversidad que trajo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual convive con fallos como el que permitió la fusión de Cablevisión y Telecom que como dice el  investigador del CONICET, Martín Becerra, generó una concentración de medios que deja al Grupo Clarín como el principal productor de información y entretenimientos en masa. “A nosotros nos gusta mucho más dar una nota y nos sentimos mucho más cómodos cuando estamos hablando con alguien que consume cultura independiente, que va a un centro cultural, que va a una obra de teatro, que va a ver una banda”, dice el guitarrista y recuerda también la importancia del aguante entre colegas de los diferentes ámbitos que se manejan de forma independiente, y agrega: “no es lo mismo ir a una radio, tomarte unos mates y quedarte charlando, que ir a un medio que te ponen en una sala de espera y te atiende alguien que no sabes quién es, y te hace las mismas preguntas porque no sabe de la movida”.

En los diez años de existencia de Pasado Verde, llevan registrada una trilogía que deja a la vista el crecimiento musical y técnico de la banda. Lo que en un principio fue grabar de forma casera en cuartos acustizados, se transformó en 2016 en sesiones en el estudio Fader. “Fue un cambio muy grande. Se fueron tres músicos de la banda y nos planteamos si seguir o separarnos. Ahí decidimos que queríamos seguir, pero de una forma más seria”, cuenta Fabricio. Por eso el Fuego y Flora (2016) tiene el concepto del fuego que quema lo viejo y la flora que sale después, o como dice Potenzone: “es lo nuevo que viene después de una época tan hermosa y caótica”.

El 2018 perfila lleno de proyectos. Grabaron el video para la canción El Plan, están produciendo el cuarto disco, creando una sala de ensayo propia y la idea es potenciar lo más posible los viajes a Buenos Aires. Todo parece Un plan perfecto para decir no, como dirían en la canción Para Vos, uno de los tantos temas de la banda que hablan del mar. Fabricio cuenta que en Mendoza, si mirás para el oeste, siempre está la montaña. Entonces dice: “el mar simboliza cruzar la montaña, con todo lo que eso significa. Subir, cagarte de frío allá arriba, estar de pronto en la máxima soledad para después empezar a bajar y encontrarte con el mar”. Para Pasado Verde, salieron muchas cosas del mar.

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En los últimos días se difundió la noticia de que el Grupo Indalo, con C5N a la cabeza, fue vendido a OP Investments. Cómo queda el mapa de medios y cuáles son los desafíos que nos esperan.

El mundo de los medios de comunicación masivos es, antes que todo, un mundo de disputa de empresarios. Detentar un medio masivo permite promover un sentido y opinión publicada que pueda ser el reaseguro de intereses propios cuanto menos, pero también de construcción hegemónica de todo un sector. Esto es posible solo si hay un gobierno que lo permita.

La configuración de los mapas mediáticos tienden a ser un excelente esquema para ejemplificar como la clase dominante teje sus alianzas: Estado-grupos económicos concentrados.

El Grupo Idndalo es uno de los conglomerados más importante que tiene el país, disputando influencia incluso con el Grupo Clarín en algunos puntos del país, como la Capital Federal o la Provincia de Buenos Aires. Su composición es amplia y variada: C5N, Radio 10, Mega, Pop, Ideas del Sur, entre otros. No olvidemos que buena parte de estos medios pertenecían a Daniel Hadad, quien los vendió, en plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N.º 26.522, a Cristóbal Lopez y compañía.

Según se difundió, el comprador es OP Investments, un grupo inversor de origen norteamericano, representado en la Argentina por Santiago Dellatorre y Damián Burgio. Asimismo, fue Jorge Rosner quien concreto la operación. La pregunta es: ¿Quién es Jorge Rosner?

Rosner es un financista que trabajó varios años para el Grupo Macri, también lo hizo en el Grupo Clarín. Además, estuvo vinculado a empresas del rubro agropecuario como El Tejar, según señala un artículo de La Izquierda Diario. Estos datos no son menores porque echan luz sobre lo concreto y es que, con este traspaso, salvo pequeñas excepciones, los medios masivos pasan a la órbita del macrismo.

Es importante señalar que la adquisición del Grupo Indalo es completa, por lo tanto las diferentes empresas que lo componen en el rubro de la construcción o el petroleo, por nombrar algunas, también pasarán a las manos de OP Investments.

Dos años de hitos macristas

En esta tribuna periodística hemos señalado que el macrismo venía a derribar con todo lo que se avanzó en materia de medios. Particularmente, este cronista ha sido muy critico de los limites de la Ley de Medios sancionada en el 2009, así como también su falta de aplicación. No por eso dejamos de resaltar el contenido histórico, democrático y de avanzada de una norma que venía a romper con el Decreto-Ley de la dictadura cívico-militar-clerical (1976-1983) y las modificaciones durante el menemismo.

Como señalaba en el artículo antes citado, uno de los primeros hitos del macrismo fue la intervención a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), así como la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) -todo en la órbita del por entonces flamante Ministerio de Comunicaciones a manos de Oscar Aguad-. Esta batería de modificaciones que se dieron en los primeros días de gobierno echaron por tierra las discusiones de décadas y sentaron las bases de lo que vendría luego.

Un segundo hito se da unos meses más tarde, más precisamente en marzo, cuando se crea la Comisión que debería establecer los puntos de la futura normativa. Aquella comisión, lejos de ser independiente del gobierno y los intereses privados, estuvo compuesta por personas cercanas al grupo Clarín como Santiago Kovadlof, o directamente al gobierno, es el caso de Silvana Giudici, Andres Gil Dominguez o Hector Huici. Ninguno de ellos, además, son profesionales de la comunicación.

Los puntos que elaboraría aquella nefasta comisión impactarían en la presentación de una propuesta en el mes de julio que contenía 17 ítems a trabajar. Los mismos estaban caracterizados por eslóganes, ambigüedades pero también señalamientos de carácter estratégico. Es recomendable repasar el artículo citado.

Desde aquel entonces, se fueron dando diversas modificaciones, tal vez menos rimbombantes y de un carácter estructural menor, pero no por eso menos importante.

En este 2017, han sido dos los hitos más destacados, especialmente por su orientación proempresarial. El primero de ellos, la privatización del fútbol. Frente a la creación de la nueva Superliga de Fútbol Argentino, señalabamos que la competencia por la adquisición de los derechos de transmisión no habían sido leales, sino que hubo grandes condicionamientos para que Fox Sports y TNT Sports se queden con ellos. En ese orden, fue AT&T el gran ganador oculto y el Grupo Clarín que, desde la sombras, salía nuevamente al ruedo.

La venta del Grupo Indalo es el último de los hitos que aquí decidimos mencionar, entre algunos otros más, por supuesto. El negocio entre sectores privados no es solamente el uso de las reglas del mercado, sino que mueve el mapa de medios consolidando una sola plataforma de difusión con un color político determinado.

Medios alternativos al poder

Quienes conformamos los medios alternativos y populares, sabemos de su tradición, de sus luchas, de la característica indispensable de ampliar las voces, ser un espacio de integración e inclusión para nuevos y nuevas periodistas. Esta tradición de lucha no es novedosa pero hay momentos de la historia que reclaman de su mayor astucia y participación. Así como alguna vez los medios alternativos salieron al rescate de la ley que el macrismo quería destruir, hoy se hace indispensable su intervención en la arena política, económica, social y cultural.

La mayoría de los medios masivos privados quedaron a disposición del macrismo. Los medios públicos, naturalmente, también. Esto, sumado a una enorme estrategia (y gasto) de propaganda que va desde lo estrictamente publicitario hasta la intervención masiva en redes sociales. La promoción del gobierno de Cambiemos es grotesca y obscena, como tal vez nunca antes en la historia reciente de masificación de los medios se haya visto.

Los medios alternativos y populares, en cualquiera de sus soportes (papel, portales, radios, canales de televisión, entre otros), que siempre estuvieron del lado de la coherencia y la responsabilidad, con el compromiso de ser independientes, sí, pero de cualquier condicionamiento que venga del Estado o los empresarios, hoy adquiere una relevancia central. Diría que arrolladora.

Los reclamos de las y los trabajadores y el pueblo todo y las posteriores represiones como respuesta en PepsiCo, Lear, AGR-Clarín, o más allá en el tiempo con Kraft, el barrio Papa Francisco, han sido vociferados con absoluta verdad por los medios alternativos y populares. La mayor de las evidencias donde se destacan estas virtudes, por un lado, así como la decadencia de los medios masivos, por el otro, fue el crimen de Santiago Maldonado.

Todas y todos los seres humanos tenemos el derecho inalienable a la libertad de expresión. Ese derecho, hoy, solo puede ser garantizado por un sector. La participación política de un gobierno que, desde ahora, tiene superpoderes mediáticos, no es más que el rival de turno.

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Luego de una larga lucha de siete años, Barricada TV comenzó a emitir desde el 26 de junio en la señal 32.1 de la Televisión Digital Abierta (TDA). Un medio forjado al calor de las movilizaciones que dio un gran paso en el reconocimiento de la comunicación alternativa, comunitaria y popular.

Barricada TV encendió el transmisor y comenzó a emitir su programación por la señal 32.1 de la Televisión Digital Abierta (TDA), día en el que se conmemoraban 15 años de la Masacre de Avellaneda, trágico suceso en el que la policía bonaerense asesinó a los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Teniendo en cuenta la complicidad de los medios hegemónicos para encubrir a los responsables (tanto materiales como intelectuales) de los asesinatos, este triunfo de la comunicación alternativa abre interrogantes sobre cómo saltar el cerco mediático y masificar una mirada popular de la Argentina. Al respecto, Marcha dialogó con Luciana Lavila, periodista y responsable de la programación de Barricada TV.

¿Cómo fue la cronología de la lucha para obtener un lugar en la grilla de la TDA?

“Hace siete años que estamos emitiendo desde la fábrica recuperada IMPA, que está en el barrio de Almagro de la Ciudad de Buenos Aires. La lucha para llegar a este momento fue bastante trabajosa porque nosotros empezamos, como la mayoría de los medios alternativos, populares y comunitarios, en una coyuntura en la que no había una ley que nos contenga como tales. Recordemos que la ley 26.522 (la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada en el 2009) fue debatida justamente al fogón de estas discusiones. Nosotros lo que hicimos durante esos años previos a la sanción de la Ley de Medios fue justamente aportar a estas discusiones para el reconocimiento de estos espacios, para el efectivo reconocimiento del 33% del espectro sin fines de lucro.”

Luego de promulgada la Ley, hubo 2 concursos públicos que se hicieron para ingresar en la TDA. Los medios alternativos denunciaron que los concursos no eran adecuados ya que eran sumamente restrictivos, sobre todo por la suma de dinero necesaria para ingresar. Barricada TV no abandonó esa lucha y en 2014 obtuvieron el reconocimiento para la emisión por analógico, el Canal 5 de Almagro que todavía sostienen. “Si bien siempre fue una preocupación nuestra masificarnos, a partir de ahí empezamos a pensar más seriamente cómo saltar el cerco de los convencidos”, sostuvo Lavila.

La oportunidad surgió en mayo de 2015 cuando se presentaron a un concurso de TDA, el cual ganaron en noviembre de ese mismo año con uno de los puntajes máximos. “Todo ese tiempo acompañamos con movilizaciones constantes a lo que era en ese momento la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), para lograr que nuestra voz sea representada en esos espacios”, agregó la periodista. El organismo les asignó la frecuencia 33 de la grilla.

Sin embargo, la alegría duró poco. “A los pocos días nos dimos cuenta que nuestra señal estaba interferida por Canal 13, que estaba transmitiendo de manera experimental, sin un concurso previo”. Desde ese momento comenzó una larga disputa por el otorgamiento definitivo de un espacio para transmitir. El conflicto se resolvió hace cinco meses, cuando el Estado resolvió mover a Barricada TV a la frecuencia 32 y reservarla para el sector sin fines de lucro.

¿Cuáles son los objetivos ahora que se metieron en el terreno de juego de los grandes medios?

“Los frentes son varios. En principio, lograr que efectivamente nuestra frecuencia llegue a todos los lados que se supone que tiene que llegar. Tenemos un permiso para transmitir a 17km a la redonda desde el lugar de la torre, lo que sería toda la Ciudad de Buenos Aires y casi todo el primer cordón del conurbano. En este sentido, la primera tarea fuerte que tenemos es hacernos conocer. Recordemos que si cambias de canal no aparece automáticamente Barricada TV, sino que tenes que escanear tu televisor para que reconozca frecuencias nuevas.”

“Ahora que logramos esto, creemos que el próximo paso es pelear por otros espacios de reconocimiento en el marco de la misma ley. Se está discutiendo la nueva Ley de Comunicaciones a puertas cerradas. No hemos sido convocados a esa discusión y creemos que es una tarea inmediata de este sector, no solo de Barricada TV.” Esta nueva Ley eximiría del pago de un canon por publicidad a las cableoperadoras. El 25% de esta recaudación se destina a un Fondo de Fomento que financia gran parte del cine, teatro y música de producción nacional, por lo que su efectiva sanción sería un duro golpe para la comunidad artística.“El paradigma que nos dejó la Ley 26.522 en cuanto al protagonismo de este sector fue muy fuerte. Tenemos un largo camino recorrido desde hace mínimo 20 años en medios alternativos, comunitarios y populares. Hemos dado pasos gigantes en este tiempo, siempre acompañando la lucha y la movilización popular. Somos reconocidos por todos los espacios de militancia como compañeros que están en la calle todos los días, y nos parece que relegar a este sector a no tener voz en esta ley es un error grandísimo del gobierno.”

“Por último, tenemos la obligación de seguir peleando para que efectivamente otros canales tengan la posibilidad de acceder a esta legalización, que claramente es un paso de avanzada en el sector, históricamente relegado a los ámbitos más marginales de la comunicación. Si fuéramos decenas o cientos dando la pelea desde los medios alternativos legalizados, la historia seria otra seguramente.”

¿Qué significó para ustedes este logro?

“Empezar a salir por TDA no fue simplemente encender el transmisor o encender el automatizador para empezar la transmisión de Barricada TV, sino que fue el resultado de 7 años de lucha. No solo para nosotros, sino para el sector de la comunicación popular es un salto grande y una herramienta más para las organizaciones. El sector organizado de nuestro pueblo va a encontrar en nuestra pantalla tanto una alternativa en la televisión digital como también un espacio donde participar de la construcción de la comunicación popular. Esto sienta un antecedente de que claramente es posible hacerlo.”

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A raíz de un informe presentado por Eduardo Feinmann el martes 12 de abril en el programa Animales Sueltos, el Ministerio de Cultura de la Nación informó -a través de un comunicado oficial- que se disponía el “alejamiento de Alejandro Cacetta de la Presidencia del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA)”. Ese mismo día el director del Instituto presentaba su renuncia. Qué intereses se esconden detrás de este entramado político-mediático.

Con la excusa de buscar una mayor transparencia y ante “la necesidad de acelerar y profundizar todos los procesos de mejora administrativa”, el Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, le pidió la renuncia el miércoles 13 de abril a Alejandro Cacetta, actual ex-presidente del INCAA. Ese mismo día denunció al funcionario saliente ante la Oficina Anticorrupción (OA) y pidió que se abra un expediente de investigación por presuntas “inconsistencias en los gastos que no tendrían justificación”. Paradójicamente, el mismo comunicado oficial aseguraba que reconocía “el compromiso de Alejandro Cacetta a lo largo de su gestión al frente del Instituto”.

El lunes 17 de abril, mientras Ralph Haiek (vicepresidente hasta ese momento del INCAA) asumía la dirección de la institución, a las puertas del organismo una importante movilización convocada por amplios sectores de la comunidad artística se expresaba en contra de la destitución de Cacetta y denunciaba que detrás de la operación mediática se ocultan oscuros intereses que buscan desfinanciar el cine, teatro y música de producción nacional. En una conferencia de prensa organizada por la Asamblea Abierta de la Comunidad Audiovisual, que contó con la presencia de varias personalidades de la cultura como Darío Grandinetti y Cristina Banegas entre otros, tomaron la palabra el actual senador y documentalista Fernando “Pino” Solanas y Luis Puenzo, director de la multipremiada película La Historia Oficial. Este último afirmó que “las respuestas que han dado (el jefe de Gabinete, Marcos) Peña y Avelluto diciendo que no hay conspiración contra el cine son para la gilada”.

A unas pocas cuadras, Pablo Luis Rovito renunciaba a la rectoría de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), que depende directamente y es financiada por el INCAA. El cargo lo ocupaba desde agosto de 2011 y accedió a él a través de un Concurso Público Nacional. En una carta en la que agradeció todas las muestras de apoyo y cariño se desligó de las acusaciones de malversación de fondos de la escuela, enumero los logros de su gestión y aprovechó para poner en duda la idoneidad de Haiek al preguntarse “¿Cómo podría continuar trabajando en la escuela durante su Presidencia, cuando la lógica que el Ministerio esgrime para separar del cargo al Sr. Alejandro Cacetta es incomprensible, en tanto lo deja a usted a cargo, siendo que debería alcanzar el mismo criterio por haber compartido la gestión?”.

A las renuncias forzadas de Cacetta y Rovito se sumaron los despidos de Rómulo Pullol, Gerente de Relaciones Institucionales del INCAA y de Rolando Oreiro y Raúl Seguí, titular de la Unidad de Auditoría Interna y Gerente de Administración, respectivamente. Para reemplazar a este último se designó a Nicolás Yocca, hecho que generó especial controversia debido a su pasado como Gerente de Finanzas de Artear (1990-1994) y Gerente General de Radio Mitre (2000-2008), ambas empresas pertenecientes al grupo Clarín. El control de esta área otorga un alto poder de influencia en el manejo de los fondos.

¿Qué intereses se esconden detrás de la supuesta “lucha contra la corrupción?

Si bien varios funcionarios del actual Gobierno negaron que se vaya detrás de la caja del cine nacional, el repudio generalizado de las mencionadas remociones por casi la totalidad de la industria cinematográfica (incluyendo técnicos, productores, directores, actores, actrices y la mayoría de la comunidad educativa, además de personalidades como Adrián Suar y Juan José Campanella, afines al macrismo) permite sospechar que sus intenciones no son claras. El INCAA es un ente autárquico, lo que significa que es una institución independiente del Estado que se autogobierna y que no se financia en base a los impuestos de los contribuyentes, ya que no recibe una partida del Presupuesto Nacional.

El mayor temor de la comunidad artística responde a la posible intervención del organismo y al vaciamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico (estimado en más de 800 millones de pesos anuales), con el que se financia buena parte de la producción cinematográfica nacional. Este se compone de impuestos especificados en la Ley de Cine 17.741, como el 10% de cada entrada de cine vendida y el 25% de la recaudación del ENACOM (ex AFSCA), la cual se consigue por impuestos que se cobran a empresas privadas de radiodifusión en el país por publicidad tradicional y no tradicional (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522). Esas empresas incluyen los canales de televisión abierta y los proveedores de televisión por cable y satelital.

En diálogo con Marcha Francisco Márquez, docente de la ENERC y director de cine, declaró que “en este momento está en tratativas la Ley de Convergencia de Medios que viene a reemplazar la vetada Ley de Medios, en la que se establece el canon que pagan las televisoras por cable. Se está poniendo en cuestión que empiecen a operar como empresas de telecomunicación, por lo que dejarían de pagarlo. Esa ley se está discutiendo a puertas cerradas. Si es verdad que no se va a tocar el Fondo de Fomento, que nos muestren la ley. Exigimos que se abra a toda la comunidad audiovisual”. El INCAA perdería el 60% de su financiamiento y también quedarían sin fondos el Instituto Nacional de la Música y el Instituto Nacional del Teatro.

En la misma línea, Alejandra Darín, Presidenta de la Asociación Argentina de Actores, opinó que “Si juntas un par de datos como puede ser la quita de retenciones al campo y la minería, ¿por qué no vas a sospechar que le pueden quitar los impuestos a las cableoperadoras?”. Y agregó: “Un tiempo atrás, nos llegó a todos que una consultora llamada FIEL, entre todos los datos que daba, sugería la quita del 10% a las entradas de cine y el impuesto a las cableoperadoras. Nuestra obligación es hacer una lectura previa antes de que esto suceda, lo cual implicaría la muerte de nuestro cine. Y le guste a quien le guste, nuestro cine es una de las puertas más importantes que tenemos para darnos a conocer en el mundo. No podemos tomarlo con liviandad. Esta problemática afecta a los trabajadores de la industria, a los docentes, a los estudiantes, al público y al que no va al cine, a la sociedad argentina. Además es una gran fuente de trabajo, de la que dependen muchas familias: de los técnicos, los actores, los directores, inclusive los empleados de los cines. Hay que tratar de entender que es un problema de toda la sociedad, no sólo de los trabajadores de la industria”.

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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) presentó los puntos esenciales que la futura ley de medios debería contemplar. Analizamos sus características.

Para los medios masivos de comunicación ya no es tan relevante el debate acerca de la libertad de expresión en la Argentina. Atrás quedaron los conflictos patronales entre empresas y Estado, los límites o no de acceso al derecho a la información. Más allá de algunos pocos casos resonantes, la mayoría de las complejas modificaciones que empezaron a tejerse en el mapa comunicacional han pasado sin los cuestionamientos necesarios a excepción, claro, del sector que agrupa a los medios alternativos y populares.

En este mismo espacio habíamos advertido algunos problemas que surgían con la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a principios de este año, que absorbió a la AFSCA y la AFTIC y anuló el carácter autárquico de estos organismos, responsables de hacer cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522.

Unos meses más tarde, en el marco del mencionado Ente, se creó la comisión que se ocuparía de redactar un nuevo proyecto que contemplaría las limitaciones en materia de medios digitales que tiene la ley sancionada en 2009. Sin embargo, quienes integran la comisión tienen una dudosa procedencia para encarar un necesario proyecto que deba garantizar, además, la libertad de expresión y el acceso a la información de los diferentes actores del campo comunicacional.

“Objetivos”

Según el sitio oficial del ENACOM, el proyecto para una nueva Ley de Comunicaciones tiene como pilares “la pluralidad, la diversidad, el acceso a la información, la libertad de expresión y de prensa, el federalismo y la producción nacional de contenidos”.

Para tal fin, se propone reformar, actualizar y unificar la mencionada Ley N° 26.522 y la N° 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sancionada en diciembre de 2014.

Así las cosas, se hace difícil pensar cómo alcanzar estos objetivos cuando, al mismo tiempo que se promueven estas cuestiones, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, anuncia una inversión en el sector de la telefonía móvil de 80 mil millones de pesos sin precisar de qué manera lo hará y cómo se controlará su pertinente utilización. Hay que tener en cuenta que este sector es uno de los menos regulados del país, y más aún en comparación con otros países del mundo. Ejemplo de esto son los excesivos valores de las facturas frente a un servicio que se destaca a nivel global por su pésima prestación, lo que da como resultado cada vez más ganancias para las empresas.

Por lo pronto, nos abocaremos al análisis, para nada acabado, de los 17 puntos en cuestión.

Los principios presentados por la comisión encabezada por Silvana Giudici hacen una clara alusión a los 21 puntos que promovían la Ley sancionada en 2009. En esta oportunidad, su carácter está centralmente enfocado en los medios digitales (el gran límite de la norma anterior) que, anuncian, serán mucho más democráticos.

Es importante destacar que estas características no serán necesariamente parte de la ley. Esto que parece ser una obviedad, muchas veces queda en la superficialidad social mientras las normas terminan siendo algo muy distinto de lo que anunciaban.

Una de las características de los puntos es su falta de profundidad que, si bien debe estar contenida en la norma, anticipa una ley con ciertas ambigüedades.

Análisis de los principios

Los primeros cinco puntos se encargan de establecer ciertas características y principios que no arrojan ninguna novedad discursiva. Latiguillos como “libertad de expresión” y “acceso a la información”, así como el respeto a las previsiones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Constitución Argentina, dan forma a esta primera parte. Sin embargo, en esta aproximación, nada dice sobre qué tipo de regulación se llevaría adelante para alcanzar estos objetivos. Lo importante no es lo que se dice (que seguramente generará muchos puntos de acuerdo), sino cómo se logrará.

El punto 6 habla del acceso universal a Internet y la obligación del Estado para garantizar esta condición, así como también la neutralidad en la red. Sin embargo, esto es algo que no puede acotarse meramente a los medios de comunicación. La infraestructura informática es esencial para alcanzar este objetivo y lo concreto es que en la actualidad son las compañías privadas quienes ejercen un rol fundamental. Incluso pensando en la benevolencia del Estado, la situación es despareja. Esta condición es fundamental para entender la no neutralidad en la red, es decir, que el tráfico de contenidos esté condicionado por decisión de prestadoras de servicios de acuerdo con sus propios convenios e intereses con otros sectores.

Para los medios populares y alternativos, el punto 7 renueva y profundiza el conflicto con el sector. La no caracterización de un espacio para la dinámica de estos medios (los principios destacan tres tipos, a saber: gestión estatal, gestión privada sin fines de lucro y gestión privada con fines de lucro) sostiene los problemas de financiación, promoción y otorgamiento de licencias, sumado a la lucha por poder vivir de la comunicación aunque no sea una composición empresaria. La gestión privada con fines de lucro no es un lugar posible cuando un medio alternativo compite, desde cualquier punto de vista, con monopolios como Clarín o el Grupo UNO, mientras que el área sin fines de lucro –donde pueden aparecer las ONG, medios de difusión para grupos de diferentes etnias e incluso variables religiosas– nada tiene que ver con los medios alternativos, tanto en su conformación así también como sus fines, sin contar la imposibilidad de “lucrar”, entendiendo este concepto como la posibilidad de vivir de este trabajo.

El octavo principio le da carácter de interés público.

El punto 9 cuenta con una serie de contradicciones y características de mucha ambigüedad. En primer lugar, destaca que “En el marco del sistema presidencialista argentino, la autoridad de aplicación de las comunicaciones convergentes debe ser un órgano autónomo y autárquico”, sin embargo, como expusimos más arriba, la creación del ENACOM vino a echar por tierra esta condición de la AFSCA y la AFTIC para poner al sistema de medios bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, es decir, del Poder Ejecutivo.

Asimismo, detalla que el organismo que lleve adelante la tarea debe estar compuesto por personas de “reconocida trayectoria académica o profesional”. Una pregunta obvia es: ¿cuál es la medida? La participación de representantes de todos los sectores intervinientes debe ser una garantía y no una condición sectaria y ancestral como la presentación de un diploma que muchas veces poco dice sobre el conocimiento de la materia. No unos u otros, sino todos y todas. En esta línea, quienes ocupen la función “no pueden ejercer ningún cargo partidario”, siendo esto un riesgo en materia de decisiones que, sin duda, deberán ser políticas y a la vez democráticas. Esta condición es excluyente porque obligaría, en el caso de que el organismo tuviera una composición heterogénea, a abandonar los espacios políticos de procedencia o, como se puede suponer, esté supeditado al tan vigente discurso de la no política, donde las personas que participen no tendrían condicionamientos partidarios en apariencia pero que, sin duda, pueden ser cercanos a la clase gobernante. Por estos tiempos, que los empresarios estén cumpliendo funciones en diferentes niveles del Estado ya es moneda corriente.

El décimo punto es claramente privatista. Amparado en las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organización dependiente de la “prestigiosa” Naciones Unidas, afirma que el otorgamiento de licencias y el ancho de banda que un prestador pueda ocupar, se hará conforme a cómo vaya evolucionando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), asegurando que de esta manera se garantiza la competencia y el pluralismo. Está claro que en un contexto de desigualdad económica, la competencia que se pueda dar para seguir los desarrollos tecnológicos no fomentaría ningún tipo de pluralidad. Pensar en la posible participación de las empresas de telefonía móvil, sumado a los ya instalados grupos concentrados como Clarín, Grupo UNO, PRISA o Índalo, entre los más conocidos, repercute en que espacios más chicos, de auge reciente o de poca sustentabilidad económica, queden en el camino. Así las cosas, el mantenimiento de unos y la conformación de nuevos monopolios será un hecho.

El punto anterior es sumamente contradictorio con las garantías que establece el punto número 11 en relación con la competencia prevista por los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional donde, con claridad, afirma que el Estado garantizará “la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales”. En el mismo apartado asegura que la regulación deberá promover la competencia de los prestadores privados con fines comerciales y garantizar las actividades no comerciales. Promover y garantizar son conceptos distintos que muestran la orientación que la ley podría tener en favor de ayudar a algunos a crecer y a otros, a sobrevivir.

Uno de los principios más complejos es el número 13, en el que habla de los intermediarios en la prestación de servicios. Hoy en día, buscadores como Google o Yahoo!, así como redes sociales al estilo de Facebook y Twitter, cumplen un rol fundamental en los medios digitales. Y son pocos las y los ciudadanos que pueden asumir que en Internet hay limitaciones que no vemos, pero que existen y que forman parte de la arquitectura de la red, en los términos de Lawrence Lessig. No sólo hay filtraciones, condiciones en estos medios, sino que allí se deposita una serie de datos personales que pueden ser utilizados de una manera poco amigable para los usuarios. En este sentido, si bien existen leyes para regular la función de estas compañías que tienen actividad en todo el mundo, en general tanto las normas como quienes deben aplicarlas cuentan con serias limitaciones de conocimiento de la problemática.

Los puntos 14, 15 y 16 se refieren a cuestiones que serán difíciles de garantizar si no se contemplan los matices expuestos hasta el momento. Tanto la promoción de empleo, la independencia y la ética periodística (con lo complejo que es usar estos términos) como el pluralismo en los medios públicos, no podrán existir si no se asegura la plena participación ciudadana y de los diferentes sectores de medios que, en esta primera lectura, parece que nuevamente quedarán en el discurso convocante y no en la regla practicante.

Recién en el último punto se recuerda la existencia de los medios comunitarios. A ellos se los “fomentará” para garantizar voces de poblaciones con ciertas particularidades. La primera lectura que se puede hacer de esto es la confesión de que los espectros de mayor competitividad y alcance social están reservados para otros espacios y que los mecanismos de incentivo a través de financiación quedarán tan relegados como lo están hasta ahora.

Conclusión

Como ya lo advertíamos, este es un breve análisis de los principios presentados por la Comisión que se ocupará de redactar la nueva Ley de Medios. Estos puntos dejan tela para cortar, pero está claro que es necesario esperar el proyecto para empezar a sacar conclusiones concretas.

Por lo pronto, como era de esperar, el texto está lleno de palabras bonitas pero que se contradicen con algunas afirmaciones a veces poco claras, otras para que nos preocupemos si queremos gozar de una verdadera libertad de expresión y el pleno acceso a la información. Durante estos meses de gestión, el gobierno nacional ha utilizado estas herramientas que discursivamente se presentan como prueba y error, contradictorias y llamadas a la justificación, para finalmente avanzar con políticas concretas. La discusión está abierta.

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El miércoles 13 de julio se presentó la Red Nacional de Medios Alternativos en audiencia en el Enacom, nuevo ente de comunicaciones del, para poner en discusión los 17 puntos base y de reglamentación del proyecto – dados a conocer el pasado 6 de julio – sobre los cuales el actual gobierno pretende apoyarse para modificar la Ley de servicios de comunicación y audiovisual.

La noticia de los 17 puntos completa el proceso de anulación de la Ley de Medios 226.522, que comenzó en diciembre del año pasado cuando Mauricio Macri asumió la presidencia y a través de un polémico Decreto N° 267/15, en la práctica disolvió la Afsca. Removió a sus autoridades y dio por tierra con el carácter autárquico de la función de regulación, administración y control de la comunicación en Argentina.

La intención del gobierno de Mauricio Macri y del Ente Nacional de Comunicaciónes (ENACOM), que funciona bajo la órbita del ministro Comunicaciones Oscar Aguad, apunta a que estos 17 puntos presentados sean el marco de discusión para delinear una nueva ley de distinto carácter a la actual. ¿Qué encontramos en estos puntos?

En una lectura rápida, los 17 puntos carecen de especificidad. Parten de una definición de comunicación entendida como comunicación convergente que implica, ni más ni menos, que entender que todas las formas de comunicación en nuestro país deberían ser digitales. Desde el vamos, constituye una realidad alejada de las tecnologías de la comunicación en Argentina.

El resto de los 17 puntos van en consonancia absoluta con el discurso del macrismo en: poner en términos de mercantilizacion a la comunicación, pensando en el sector como un libre mercado entre medios “chicos” y medios grandes, que deben competir entre ellos. Por supuesto que, en un escenario con tendencia al monopolio, cae por sí misma la noción de pluralidad, la libertad de expresión y los derechos humanos, así como diversos estándares internacionales.

Se desconoce entre otras cosas, la especificidad de ciertos sectores, como por ejemplo los medios comunitarios, a los que se menciona nuevamente como simples entidades “sin fines de lucro”, de manera general y eludiendo la mención a la reserva del 33% del espectro para las comunidades. Incluso, yendo un paso más allá, indica que las licencias serán otorgadas por el Estado, pero nada indica del criterio en que eso se basará.

Otro detalle a tener en cuenta es que no menciona ningún tipo de financiamiento o fomento, como sí está especificado en la actual Ley, a excepción de las “zonas rurales y de frontera”. Esta es la razón por la cual el panorama para los sectores de medios comunitarios, cooperativos, de pueblos originarios, entre otros, resulta incierto y oscuro.

Un aspecto que ha llamado la atención a diversos sectores de la comunicación es que no se hace mención alguna al fenómeno de concentración de medios, invisibilizando un problema real y muy actual en Argentina. Los monopolios de la comunicación tiende a favorecer a grandes sectores empresariales, en detrimento de otros medios en todo lo referido al acceso a licencias, pauta publicitaria público, entre otros.

Es importante destacar que estos 17 puntos son la base de la discusión en comisiones para un anteproyecto de una futura nueva ley, que ha comenzado el pasado miércoles, con la intención de que allí sí diferentes actores sociales y políticos puedan exponer, opinar y aportar al respecto de esta intención de nueva ley.

Sin embargo las audiencias no están siendo públicas, a pesar de que sectores como la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), están haciendo explícita su opinión de que la comunicación es un derecho de todos y todas, y la normativa debe darse en medio de un debate abierto, público, amplio y plural.

En este sentido esta primer sesión estuvo presidida por Redcom, la RNMA, Copitec y Radialistas Aficionados Argentinos. Al respecto la RNMA expresó en el programa radial matutino Enredando las Mañanas que “La posición de los diferentes expositores coincidió, a pesar de que no todos pertenecíamos al mismo sector, en lo que no estaba contemplado en estos 17 puntos”, y agregaron que “Expresamos nuestros reclamos históricos como sector de medios comunitarios, repudiamos el intento de convertir al sector de comunicaciones en un mercado y exigimos que están sesiones sean abiertas, de lo contrario se hace imposible un proceso real de discusión hacia una nueva ley”. También reclamaron que mientras no haya una nueva ley, se siga aplicando la vigente y se cumplan con “Todos los compromisos asumidos como entrega de FOMeCas adeudados, licencias que deben ser otorgadas y la reserva del 33%”.

En conclusión, si bien falta un análisis exhaustivo de los 17 puntos, se ve el objetivo de cambiar el paradigma de la comunicación, tirando por la borda muchos años de lucha y de trabajo para poner en el escenario de discusión político a la comunicación, para orientarla hacia el mercado e intentar volverla un nicho más de compra-venta.

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Luego del apoyo del Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero del duro revés en el Congreso Nacional, los medios comunitarios se preparan para dar la pelea en las calles sin desatender el frente legislativo.

Dentro de la agenda de drásticos cambios en los que la Argentina se ve inserta desde la asunción de Mauricio Macri, la política de medios está entre las más visibles e intrincadas. Ya sea por el lugar emblemático que ocupó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la lista de logros del kirchnerismo, por el supuesto papel de Clarín en las elecciones y la formación de opinión y los rápidos decretos que, entre otras cosas, dejaron en la calle a Martín Sabatella, cerraron el AFSCA, nombraron un abogado del multimedios en la Corte Suprema y dejaron sin efecto su supuesta obligación de deshacerse de varios canales de cable en enero. En las últimas semanas, la victoria que las organizaciones que apoyan la comunicación popular y comunitaria lograron al llevar sus planteos en defensa de la “Ley de Medios” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pareció verse nublada por la ratificación en el Congreso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 13 y 267 y el Decreto Presidencial 236, que modificaron la ley. Si bien hay varios recursos de amparo en la Justicia, la aprobación por parte de los legisladores de los decretos hace casi una utopía la vía judicial, por lo que muchas organizaciones ya comienzan a resignarse a la lucha por los derechos de los medios comunitarios en las calles y los intrincados pasillos legislativos, tratando de incidir en la nueva ley que podría llegar en los próximos meses.

“El escenario que se plantea es un desafío para, en principio, no retroceder en los derechos que el sector de medios comunitarios habíamos logrado con la ley 26.522 y que garantizaba un 33% para nuestro sector, entre otras cosas, como los Fomecas y nuestra participación en el Consejo Federal, que era un órgano consultivo en el que toda la sociedad civil venía siendo representada. Lograr mayor marco de unidad en el sector para poder plantear en conjunto, con mayor fuerza, nuestras posturas y demandas, para no retroceder en los derechos que habíamos adquirido y plantear otras cuestiones como democratizar la pauta oficial”, opina Lionel Martín, integrante de Radio Sur, que transmite desde el barrio de viviendas populares del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) en Barracas. Además de dejar sin efecto las implicancias de la Ley de Medios sobre la televisión por cable y disolver el AFSCA, los decretos firmados por Macri en diciembre también enterraron al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) en el cual los medios comunitarios estaban representados y que también administraba los Fondos de Fomento Concursable (FOMECA). En la reunión de la Asociación Mundial de Artesanos de Radios Comunitarias (AMARC) realizada el fin de semana pasado en Santa Rosa, La Pampa, los miembros de la red contabilizaron $5 millones de pesos que les adeuda el Estado en este concepto.

Muchas de las radios ya hicieron las inversiones y quedaron endeudas, o ven como los presupuestos elaborados el año pasado se disuelven en la inflación o devaluación reinante. Como si fuera poco las radios también deben cargar con la cuentas pendientes de la Ley de Medios, como la ilegalidad o la priorización de proyectos más afines al kircherismo a la hora de otorgar fondos y licencias. Por dar un ejemplo, la radio La Tosca (FM 95.1), anfitriona de la asamblea de Amarc en Santa Rosa, aún no cuenta con licencia a pesar de haber sido censada por el AFSCA, y como si fuera poco, el organismo le otorgó su frecuencia a otra emisora naciente en una escuela de la ciudad. Para llenar el horno de bollos en la difícil coyuntura de los medios comunitarios, la pizzas y cervezas con las que los miembros de Amarc festejaban su primer día de asamblea fueron interrumpidos por la noticia de que la periodista Cintia Alcaraz de Radio Kermes de Santa Rosa había sido detenida por la policía tras intentar cubrir los abusos de los efectivos contra una par de jóvenes madres y sus hijos. Los efectivos de la Comisaría 3 no podían salir de su asombro cuando vieron llegar a ese batallón de jóvenes periodistas independientes al rescate de su compañera. A pesar del pequeño triunfo de la gesta (la periodista y las madres con sus hijos fueron finalmente liberadas), la situación demostró, como dice el comunicado de Amarc “el avance y despliegue de las políticas represivas, no sólo en la provincia de La Pampa sino a nivel nacional y continental”. Y agrega: “Esto ocurre en el marco de políticas económicas antipopulares que aumentaron abruptamente el costo de vida para las mayorías y hasta el momento han dejado el saldo de más de 100.000 despidos entre el sector público y privado, como contracara de los grandes beneficios que se propiciaron desde el Estado hacia los sectores más concentrados de la economía como los agroexportadores, las mineras y los fondos buitre. Nuestras radios redoblan el compromiso de informar desde la mirada y los intereses de nuestro pueblo, que no se resigna y sigue peleando por una vida más digna y justa para todos/as. Consideramos que el ejercicio de  la comunicación popular es un derecho fundamental para caminar y organizarnos hacia una sociedad más justa y solidaria”.

Para llevar adelante todos estos desafíos es que desde el sector de medios comunitarios se fomenta un espacio de “Interredes”, del que participan, además de AMARC, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), la Red Colmena (de medios de comunicación cooperativos), RED COM (de carreras de comunicación y televisiones comunitaria como Barricada TV o Antena Negra) y la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (Arecia). Además se reflotó la Coalición por una Comunicación Democrática que en su momento fue una de las grandes impulsoras de la Ley de Medios.

“Lo que la CIDH específicamente pidió que no haya un retroceso a los estándares internacionales de comunicación que se habían ganado en amplios sentidos. También hubo una preocupación en términos de volver a facilitar la concentración comunicacional, generando menos posibilidades para, no solamente generar nuevas voces, sino también que se consoliden las que ya existen. Quedaría  una ley del más fuerte, por lo que se pone en riesgo lo que se llama la competitividad. Que la CIDH haya escuchado nuestras peticiones es un avance. Quizás nos estamos conformando con poco. El escenario ha cambiado y volvemos a nuestra instancia, que ha sido siempre la resistencia, generar acciones. E incluso ir por más. Los nuevos 21 puntos de la Coalición vuelven a la discusión de lo que es la regulación de las telecomunicaciones que habían quedado afuera de la Ley de Medios. Buscamos ahora compatibilizar dos espacios muy complejos, pero con una dinámica que mueve muchísimo dinero. Es el sector de mayor acumulación. Da toda la sensación de que estamos en un espacio que necesitamos consolidarnos como fuerza. Lo que cambió es un escenario político con un poder político concentrado también en el Congreso Nacional, que nos pone de patas lo que hemos construido. Por eso hablamos de retroceso, pero la estrategia es dar un paso adelante, volviendo a dar la pelea en los sectores populares, no solo planteando nuestras necesidades como sector, sino lo que consideramos un derecho inalienable para toda la sociedad. Tener mucha paciencia, madurar mejores estrategias, volver a discutir con las bases, en los territorios y organizaciones, con otros actores. Esto no se va resolver de la noche a la mañana. Pero si dentro de un marco legal que nos pone en una situación de vulnerabilidad. Por eso estas presentaciones en la CIDH, para garantizar estos derechos que ya habíamos ganado”, explica Liliana Belforte de FM En Tránsito de Moreno.

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En esta entrevista desde Che Barracas con Natalia Vinelli, parte de Barricada TV, conversamos sobre las habilitaciones pendientes a los canales comunitarios y la necesidad de seguir reclamando por una comunicación alternativa y de calidad en el marco de la jornada cultural del próximo lunes.

El próximo lunes 18 de abril, a las 15 horas, las redes de comunicación popular convocan a una jornada cultural en la sede de Perú 103. Será el marco en el que los canales comunitarios Barricada TV, Urbana TV y Pares TV entregarán el próximo lunes 18 de abril las carpetas técnicas necesarias para iniciar el proceso de habilitación definitiva de sus plantas transmisoras. En diciembre de 2015 la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) –hoy ENACOM– había publicado las adjudicaciones en el Boletín Oficial, pero la incertidumbre de estos meses hizo que diferentes medios siguieran trabajando juntos para seguir avanzando.

Por eso la jornada no sólo incluye el acompañamiento a los canales, sino consignas que unificaron el pedido de muchos medios más, como la defensa del 33 % para los medios sin fines de lucro (incluida en la ley 26.522), por la continuidad de las políticas de fomento y el pago de las cuotas FOMECA adeudadas y por la democratización de la comunicación.

En ese marco, conversamos con Natalia Vinelli, comunicadora y parte de Barricada TV para profundizar sobre la actividad y sus alcances.

¿De qué se trata la Jornada cultural del próximo lunes?

Será en el edificio de la AFSTIC, frente a  la legislatura porteña. Esto es una actividad que acompaña a los canales comunitarios que después de una pelea muy larga logramos tener la habilitación que son Barricada TV, Urbana TV y Pares TV. Todos estos canales estamos en proceso de habilitación de nuestras plantas transmisoras, en una situación de muchísima incertidumbre. No sabemos muy bien hacia dónde va a ir la cuestión y estamos preocupados, así que decididos entregar nuestras carpetas técnicas acompañados por todos los sectores de la comunicación y por las organizaciones políticas y sociales que nos acompañaron hasta ahora en esta pelea. La idea es meter un poco de presión para que los funcionarios que hoy ocupan este cargo finalmente autoricen y legalicen a nuestras emisoras.

¿Podrías desarrollar en qué punto de esta ley nos insertamos nosotros, como medios de comunicación alternativos y populares, a pelear por un espacio, en el 33% para los medios sin fines de lucro?

Puedo hablar desde Barricada TV y cómo lo fuimos enfocando porque quizás hay algunos matices con otros espacios. Nosotros consideramos siempre que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) era sin dudas un paso adelante muy importante respecto de lo que era la ley anterior, la 22.285, que es una ley autoritaria y prohibitiva, y dentro de esto, pensamos que era necesario obtener las mayores reivindicaciones y conquistas posibles como sector de medios comunitarios. En primer lugar, se dio toda una pelea para ser reconocidos como medios comunitarios dentro de la categoría más amplia sin fines de lucro, que es la que tiene la reserva del 33%, que tiene algunos problemas pero que en el escenario en el que se encuentra hoy participando está mucho más para atrás. Esto es una discusión que ya queda  en segundo plano, frente a lo que a todas luces se evidencia como un recorte de las conquistas que fuimos logrando. Entonces, se dio ese proceso de reclamos para que efectivamente ese 33% sea poblado por nuestras voces, para que se abran nuevos concursos.

Esto fue variando y variando las condiciones en el tiempo; indudablemente este 33% no se completó, es muy poquito lo que se hizo en otorgar licencias y por eso es muy importante que hoy defendamos a las radios y a los canales que sí las obtuvimos, porque entendemos que estamos en un escenario en el que muy pocos la obtuvieron y eso nos debilita y nos vuelve vulnerables. Creemos que el sector sería muchísimo más poderoso si en lugar de ser tres canales y un puñado de radios fuéramos 30 canales y cientos de radios. Entonces tendríamos otro espacio de presión frente a lo que hoy es una restauración conservadora que va contra los pocos avances que logramos conquistar. Ese es el contexto en el cual llegamos a la legalización de nuestros medios y hay que decir que durante los últimos dos años hubo una política muy activa de la AFSCA en la promoción y el fomento del sector a través de los FOMECA; que se distribuyeron con una lógica de transparencia y pluralidad y permitió que muchos medios nos pudiéramos ir equipando, y hoy es un área donde despidieron prácticamente a todas las trabajadoras y trabajadoras, quedaron sólo cuatro personas. Y el lugar donde estaba funcionando directamente está en alquiler. Por eso este momento es un retroceso enorme, hoy nos encontramos todos los sectores en defensa de lo logrado.

¿Este mismo contexto hace que se dé la construcción de una “red de redes” para sumar fuerza por este reclamo?

Sí, se dio una red más grande, integrada por espacios que son bastante distintos entre sí, y creo que eso es lo interesante: que por primera vez todos los espacios de la comunicación popular nos juntamos alrededor de reivindicaciones y consignas que nos parecen que nos contienen a todos, que es por la habilitación de los canales, por más concursos para radio y tv, por la continuidad del fondo FOMeCA y los pagos de las cuotas adeudadas, por la defensa del 33% y por la democratización de la comunicación. Esos son los ejes que nos unen y, junto con esto, se realizará un acompañamiento a la entrega de las carpetas. Y en un contexto que va a ser bastante complicado porque los canales que concursamos en la Ciudad de Buenos Aires, lo hicimos por la señal 33, que es la señal que salió concurso después de la realización del plan técnico de frecuencias de la Televisión Digital Abierta (TDA) y hoy en esa señal está Canal 13 como emisión experimental de prueba. Desde febrero de 2015 tenía que mudarse a la señal 35, es decir que hay una organización de la grilla que lo obliga a trasladarse. Obviamente no lo están haciendo, obviamente son un medio muy poderoso que sale con 12.500 watios cuando nosotros tenemos 150, que es lo que nos permitía el concurso. Con lo cual es una situación compleja en la que nosotros tenemos una frecuencia que está usurpada por un enorme grupo económico que demuestra muchísimo poder en este país.

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