El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) presentó los puntos esenciales que la futura ley de medios debería contemplar. Analizamos sus características.

Para los medios masivos de comunicación ya no es tan relevante el debate acerca de la libertad de expresión en la Argentina. Atrás quedaron los conflictos patronales entre empresas y Estado, los límites o no de acceso al derecho a la información. Más allá de algunos pocos casos resonantes, la mayoría de las complejas modificaciones que empezaron a tejerse en el mapa comunicacional han pasado sin los cuestionamientos necesarios a excepción, claro, del sector que agrupa a los medios alternativos y populares.

En este mismo espacio habíamos advertido algunos problemas que surgían con la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a principios de este año, que absorbió a la AFSCA y la AFTIC y anuló el carácter autárquico de estos organismos, responsables de hacer cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522.

Unos meses más tarde, en el marco del mencionado Ente, se creó la comisión que se ocuparía de redactar un nuevo proyecto que contemplaría las limitaciones en materia de medios digitales que tiene la ley sancionada en 2009. Sin embargo, quienes integran la comisión tienen una dudosa procedencia para encarar un necesario proyecto que deba garantizar, además, la libertad de expresión y el acceso a la información de los diferentes actores del campo comunicacional.

“Objetivos”

Según el sitio oficial del ENACOM, el proyecto para una nueva Ley de Comunicaciones tiene como pilares “la pluralidad, la diversidad, el acceso a la información, la libertad de expresión y de prensa, el federalismo y la producción nacional de contenidos”.

Para tal fin, se propone reformar, actualizar y unificar la mencionada Ley N° 26.522 y la N° 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sancionada en diciembre de 2014.

Así las cosas, se hace difícil pensar cómo alcanzar estos objetivos cuando, al mismo tiempo que se promueven estas cuestiones, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, anuncia una inversión en el sector de la telefonía móvil de 80 mil millones de pesos sin precisar de qué manera lo hará y cómo se controlará su pertinente utilización. Hay que tener en cuenta que este sector es uno de los menos regulados del país, y más aún en comparación con otros países del mundo. Ejemplo de esto son los excesivos valores de las facturas frente a un servicio que se destaca a nivel global por su pésima prestación, lo que da como resultado cada vez más ganancias para las empresas.

Por lo pronto, nos abocaremos al análisis, para nada acabado, de los 17 puntos en cuestión.

Los principios presentados por la comisión encabezada por Silvana Giudici hacen una clara alusión a los 21 puntos que promovían la Ley sancionada en 2009. En esta oportunidad, su carácter está centralmente enfocado en los medios digitales (el gran límite de la norma anterior) que, anuncian, serán mucho más democráticos.

Es importante destacar que estas características no serán necesariamente parte de la ley. Esto que parece ser una obviedad, muchas veces queda en la superficialidad social mientras las normas terminan siendo algo muy distinto de lo que anunciaban.

Una de las características de los puntos es su falta de profundidad que, si bien debe estar contenida en la norma, anticipa una ley con ciertas ambigüedades.

Análisis de los principios

Los primeros cinco puntos se encargan de establecer ciertas características y principios que no arrojan ninguna novedad discursiva. Latiguillos como “libertad de expresión” y “acceso a la información”, así como el respeto a las previsiones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Constitución Argentina, dan forma a esta primera parte. Sin embargo, en esta aproximación, nada dice sobre qué tipo de regulación se llevaría adelante para alcanzar estos objetivos. Lo importante no es lo que se dice (que seguramente generará muchos puntos de acuerdo), sino cómo se logrará.

El punto 6 habla del acceso universal a Internet y la obligación del Estado para garantizar esta condición, así como también la neutralidad en la red. Sin embargo, esto es algo que no puede acotarse meramente a los medios de comunicación. La infraestructura informática es esencial para alcanzar este objetivo y lo concreto es que en la actualidad son las compañías privadas quienes ejercen un rol fundamental. Incluso pensando en la benevolencia del Estado, la situación es despareja. Esta condición es fundamental para entender la no neutralidad en la red, es decir, que el tráfico de contenidos esté condicionado por decisión de prestadoras de servicios de acuerdo con sus propios convenios e intereses con otros sectores.

Para los medios populares y alternativos, el punto 7 renueva y profundiza el conflicto con el sector. La no caracterización de un espacio para la dinámica de estos medios (los principios destacan tres tipos, a saber: gestión estatal, gestión privada sin fines de lucro y gestión privada con fines de lucro) sostiene los problemas de financiación, promoción y otorgamiento de licencias, sumado a la lucha por poder vivir de la comunicación aunque no sea una composición empresaria. La gestión privada con fines de lucro no es un lugar posible cuando un medio alternativo compite, desde cualquier punto de vista, con monopolios como Clarín o el Grupo UNO, mientras que el área sin fines de lucro –donde pueden aparecer las ONG, medios de difusión para grupos de diferentes etnias e incluso variables religiosas– nada tiene que ver con los medios alternativos, tanto en su conformación así también como sus fines, sin contar la imposibilidad de “lucrar”, entendiendo este concepto como la posibilidad de vivir de este trabajo.

El octavo principio le da carácter de interés público.

El punto 9 cuenta con una serie de contradicciones y características de mucha ambigüedad. En primer lugar, destaca que “En el marco del sistema presidencialista argentino, la autoridad de aplicación de las comunicaciones convergentes debe ser un órgano autónomo y autárquico”, sin embargo, como expusimos más arriba, la creación del ENACOM vino a echar por tierra esta condición de la AFSCA y la AFTIC para poner al sistema de medios bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, es decir, del Poder Ejecutivo.

Asimismo, detalla que el organismo que lleve adelante la tarea debe estar compuesto por personas de “reconocida trayectoria académica o profesional”. Una pregunta obvia es: ¿cuál es la medida? La participación de representantes de todos los sectores intervinientes debe ser una garantía y no una condición sectaria y ancestral como la presentación de un diploma que muchas veces poco dice sobre el conocimiento de la materia. No unos u otros, sino todos y todas. En esta línea, quienes ocupen la función “no pueden ejercer ningún cargo partidario”, siendo esto un riesgo en materia de decisiones que, sin duda, deberán ser políticas y a la vez democráticas. Esta condición es excluyente porque obligaría, en el caso de que el organismo tuviera una composición heterogénea, a abandonar los espacios políticos de procedencia o, como se puede suponer, esté supeditado al tan vigente discurso de la no política, donde las personas que participen no tendrían condicionamientos partidarios en apariencia pero que, sin duda, pueden ser cercanos a la clase gobernante. Por estos tiempos, que los empresarios estén cumpliendo funciones en diferentes niveles del Estado ya es moneda corriente.

El décimo punto es claramente privatista. Amparado en las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organización dependiente de la “prestigiosa” Naciones Unidas, afirma que el otorgamiento de licencias y el ancho de banda que un prestador pueda ocupar, se hará conforme a cómo vaya evolucionando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), asegurando que de esta manera se garantiza la competencia y el pluralismo. Está claro que en un contexto de desigualdad económica, la competencia que se pueda dar para seguir los desarrollos tecnológicos no fomentaría ningún tipo de pluralidad. Pensar en la posible participación de las empresas de telefonía móvil, sumado a los ya instalados grupos concentrados como Clarín, Grupo UNO, PRISA o Índalo, entre los más conocidos, repercute en que espacios más chicos, de auge reciente o de poca sustentabilidad económica, queden en el camino. Así las cosas, el mantenimiento de unos y la conformación de nuevos monopolios será un hecho.

El punto anterior es sumamente contradictorio con las garantías que establece el punto número 11 en relación con la competencia prevista por los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional donde, con claridad, afirma que el Estado garantizará “la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales”. En el mismo apartado asegura que la regulación deberá promover la competencia de los prestadores privados con fines comerciales y garantizar las actividades no comerciales. Promover y garantizar son conceptos distintos que muestran la orientación que la ley podría tener en favor de ayudar a algunos a crecer y a otros, a sobrevivir.

Uno de los principios más complejos es el número 13, en el que habla de los intermediarios en la prestación de servicios. Hoy en día, buscadores como Google o Yahoo!, así como redes sociales al estilo de Facebook y Twitter, cumplen un rol fundamental en los medios digitales. Y son pocos las y los ciudadanos que pueden asumir que en Internet hay limitaciones que no vemos, pero que existen y que forman parte de la arquitectura de la red, en los términos de Lawrence Lessig. No sólo hay filtraciones, condiciones en estos medios, sino que allí se deposita una serie de datos personales que pueden ser utilizados de una manera poco amigable para los usuarios. En este sentido, si bien existen leyes para regular la función de estas compañías que tienen actividad en todo el mundo, en general tanto las normas como quienes deben aplicarlas cuentan con serias limitaciones de conocimiento de la problemática.

Los puntos 14, 15 y 16 se refieren a cuestiones que serán difíciles de garantizar si no se contemplan los matices expuestos hasta el momento. Tanto la promoción de empleo, la independencia y la ética periodística (con lo complejo que es usar estos términos) como el pluralismo en los medios públicos, no podrán existir si no se asegura la plena participación ciudadana y de los diferentes sectores de medios que, en esta primera lectura, parece que nuevamente quedarán en el discurso convocante y no en la regla practicante.

Recién en el último punto se recuerda la existencia de los medios comunitarios. A ellos se los “fomentará” para garantizar voces de poblaciones con ciertas particularidades. La primera lectura que se puede hacer de esto es la confesión de que los espectros de mayor competitividad y alcance social están reservados para otros espacios y que los mecanismos de incentivo a través de financiación quedarán tan relegados como lo están hasta ahora.

Conclusión

Como ya lo advertíamos, este es un breve análisis de los principios presentados por la Comisión que se ocupará de redactar la nueva Ley de Medios. Estos puntos dejan tela para cortar, pero está claro que es necesario esperar el proyecto para empezar a sacar conclusiones concretas.

Por lo pronto, como era de esperar, el texto está lleno de palabras bonitas pero que se contradicen con algunas afirmaciones a veces poco claras, otras para que nos preocupemos si queremos gozar de una verdadera libertad de expresión y el pleno acceso a la información. Durante estos meses de gestión, el gobierno nacional ha utilizado estas herramientas que discursivamente se presentan como prueba y error, contradictorias y llamadas a la justificación, para finalmente avanzar con políticas concretas. La discusión está abierta.

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El miércoles se conoció la conformación de la comisión que redactará el anteproyecto de Ley de Comunicaciones. Analizamos, a partir de su composición, dificultades, proyecciones y desafíos para el mapa comunicacional.

No es ninguna revelación si repasamos y destacamos que los últimos años de gobierno kirchnerista estuvieron atravesados por una fuerte disputa en y de los medios de comunicación, especialmente los masivos. Al menos discursivamente, la pelea era entre libertad de expresión y apertura de voces frente a la libertad de empresa y la censura.

Con un gran compromiso asumido por Mauricio Macri para encarar las elecciones, comenzar un proceso de reorganización, también en este ámbito, era una responsabilidad que la nueva gestión debía cumplir con varios sectores empresariales, especialmente de medios y específicamente del Grupo Clarín.

Así fue que se tomaron medidas resonantes como la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y, más importante aún, el Ministerio de Comunicaciones; dos medidas que disolvieron la autarquía del AFSCA y AFTIC, responsables de la promoción y el funcionamiento de la llamada Ley de Medios, si bien algo limitada y con bajo nivel de aplicación, pero destacada por su alto nivel de discusión y participación democrática, como ya lo advertíamos en otro artículo.

En este contexto, se presentó la comisión que redactará el anteproyecto de ley de comunicaciones, que unificará las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones.

Necesidades del siglo XXI

Desde el largo debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 –Ley de medios–, que logró sancionarse el 10 de octubre de 2009, es que la discusión acerca de la regulación de todo los actores de medios tuvo un intenso pero no tan fructífero resultado.

La poca regulación sobre diversos soportes digitales como internet, TV digital, el famoso triple play (telefonía, internet y televisión), así como, especialmente, los actores involucrados en él (cabe destacar la acertada decisión de no permitir la participación de las telefonías en el marco de una ley audiovsiual), la conformación de monopolios y la aparición de testaferros. Todos estos son temas que la Ley de Medios de la Democracia no terminaba de resolver pero que, como ya hemos señalado en otras oportunidades, esa norma seguía siendo buena, mejorable y, sobre todo, abría la posibilidad de hacerla cumplir de la mejor manera.

No cabe duda, al menos para este periodista, que aquellas decisiones fueron fruto de ciertos acuerdos e intereses de clase, más allá de la apertura de voces. Por eso no es sorprendente que una de las resistencias más contundentes haya salido de un medio alternativo, cuando la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social FM En Tránsito logró imponer un freno a través de un fallo en defensa de la Ley.

Desde esta actualidad, se pueden abrir algunas reflexiones. Por la positiva, que resulta necesario un marco normativo que permita trabajar con todos los actores de todos los soportes que hacen no ya al sistema de medios en particular, sino de la comunicación en general. Los programas de radios y televisión por internet, sus pautas publicitarias, los portales de noticias, son ejemplo de esto. Tampoco habría que descuidar la circulación de periódicos, ya que una ley no puede ser de medios o de comunicación completamente sin este soporte fundamental para la constitución de la opinión pública (y publicada), aunque nuevamente quedará afuera del marco regulatorio. También se hace necesario mejorar los órganos de financiamiento, de control y aplicación.

Si se recuperan los 40 años de debate y aportes a la Ley 26.522 y se discuten, democráticamente y con plena participación de especialistas y la ciudadanía, una ley de comunicaciones podría ser auspiciosa.

El problema no radica en la idea, sino en la forma y el fondo. Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, afirmó que se busca “generar una ley que promueva la diversidad y la competencia entre los prestadores de servicios de comunicación audiovisual”. Competencia que, como sabemos, no suele darse en igualdad de condiciones. En este sentido, no contemplar los debates mencionados y promover un texto normativo al servicio de quienes tanto hicieron para frenar la aplicación de la Ley de Medios podría ser un retroceso devastador.

¿Quiénes integran la comisión?

Una de las principales razones para preocuparnos por el objetivo de la futura de Ley de Comunicaciones tiene que ver con quiénes integrarán la comisión que redactará el anteproyecto que luego se elevará al Congreso de la Nación.

La comisión será encabezada por Silvana Giudici, de origen en la UCR y que desde hace varios años integra el Pro. Legisladora porteña electa, asumió en el directorio de ENACOM a principios de febrero tras renunciar a su banca y en remplazo del interino Agustín Garzón. Sin trayectoria reconocida con relación a temas de medios y comunicación, cuenta con el antecedente de oponerse a la Ley sancionada en 2009.

También integra la comisión el filósofo Santiago Kovadloff, que para la opinión pública no es tan conocido por su desempeño académico, sino por ser columnista del diario La Nación y un asiduo invitado de diversos programas del canal Todo Noticias (TN).

Otro miembro es el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien se presenta como especialista en derecho a la comunicación pero, sin embargo, sus artículos datan desde su oposición a la ley 26.522. Previo a la misma, se puede recordar su férrea defensa de algunas cadenas de bares a favor del consumo de tabaco en lugares cerrados.

Hector Huici, ex legislador del Pro y hombre muy cercano a Mauricio Macri, también es parte del “equipo”. A pesar de no haber registros sobre su participación en la los debates y la creación de la Ley de Medios, anuncian que ocupa este privilegiado lugar por su experiencia en la materia.

Alejandro Pereyra, otro de los integrantes, tiene un largo recorrido. Integró el COMFER durante la alianza y en representación del FAP fue candidateado al directorio del AFSCA, aunque su designación fue impugnada por diversas organizaciones. Actualmente ocupa un cargo directivo en el ENACOM.

Cierra el equipo la persona con más recorrido en esta materia: Henoch Aguiar. Quienes estudiamos y nos especializamos en el ámbito de la comunicación lo conocemos muy bien y sabemos lo complejo y ambiguo que es interpretarlo. Con un vasto prontuario académico, tiene como antecedente político haber sido Secretario de Comunicaciones durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Discursivamente, siempre expresó reclamos no muy distantes a los que se presentan aquí, pero en los hechos actuó considerablemente a favor de ese combo integrado por la libertad de expresión, competencia y posibilidades que siempre beneficia a unos pocos. Con la excusa de que la Ley de Medios era buena pero no, descuidó poner el acento en los años de discusiones y los avances normativos en comparación con la Ley de la dictadura y los decretos que se sucedieron desde aquel entonces hasta, al menos, 2007.

Aunque el ministro Aguad afirmó que esta comisión se crea “para la redacción de un marco regulatorio moderno que contemple las nuevas tecnologías de la información, TIC’s, internet, redes de telecomunicaciones y los medios audiovisuales”, si nos basamos en el directorio que lo conforma y en los especialistas que serán consultados, como Diego Molana, ex ministro TIC del Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y Carlos Winograd, especialista en defensa de la competencia, el futuro se presenta incierto y poco alentador.

Deberemos esperar el proyecto y seguir discutiendo, siempre desde este lado de la trinchera.

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