Por Dalia Cybel

“Soy mamá soltera… y el otro día estaba en una mediación… hacía tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día”, dice al micrófono Julieta Emilia Cazzuchelli, nacida el 16 de diciembre de 1993 en la localidad de Fraile Pintado, provincia de Jujuy pero más conocida como La Jefa o Cazzu para su público. “Ese hombre (el abogado opositor) me miró a los ojos, y sin decirme nada me dijo: tenemos el put* control sobre vos y tu hija. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”, relató la artista urbana en el podcast Se regalan dudas conducido por Ashley Frangie y Lety Sahagún.

El conflicto de Cazzu comenzó tras una tempestuosa separación en mayo de 2024 con Christian Nodal, padre de su hija Inti y actual pareja de Angela Aguilar. En la entrevista la cantante confesó que la cuota alimentaria que recibe no es suficiente para sostener a Inti, a quien cría sola en nuestro país. Sin embargo, el escándalo estalló cuando la artista denunció que Nodal se negaba a firmar permisos para que la niña pueda viajar con ella al exterior durante sus giras.

“Yo tengo el privilegio de ir a tocarle la puerta a un juez… pero esas mujeres que no tienen abogado ni pensión… esas son las que más sufren”, lamentó Cazzuchelli.

¿Quiénes son esas madres que crían solas y no están bajo los reflectores? Marcha habló con tres de ellas y la abogada Carolina Rodríguez, una de las responsables de la presentación de la ley Cazzu en Argentina, para conocer un poco más sobre el tema.

Jefas de hogares monomarentales

Andrea* es madre de Sebastián, quien desde hace dos años no tiene contacto con su progenitor. Este desapareció luego de una separación atravesada por la violencia de género y desde ese momento no se hace responsable de las cuotas alimentarias. Aunque Andrea y su abogada, Carolina Rodríguez, solicitaron su inscripción en los Registros de Deudores Alimentarios Morosos, le prohibieron la salida del país y de negaron el acceso a la cancha, “se borró”, en palabras de la joven.

“El cuidado unilateral ya fue solicitado y otorgado luego de un año de litigio, pero a ella no le alcanza para salir del país de vacaciones, porque en nuestra legislación está ligado a la responsabilidad parental, que es un concepto más abarcativo y va más allá de quién ejerza el cuidado”, explica Carolina. “Para realizar algunos trámites, se necesita el permiso del otro progenitor, que es un poco lo que le pasa a Cazzu”.

El conflicto de la trapera y el cantante no tardó en viralizarse, y en convertirse en el puntapié para que, en el marco del Día de la Mujer Trabajadora, la diputada mexicana Sandra Arreola Ruiz, presentase un proyecto de ley donde solicita que en, casos de crianza y responsabilidad unilateral, resulte suficiente el consentimiento de uno de los ma/padres para que un hijo pueda salir del país, sin requerir autorización del progenitor ausente. “La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control”, sostuvo la legisladora.

En nuestras tierras la propuesta no tardó en hacerse eco y el grupo Abogadas Feministas AMBA decidió retomar la iniciativa. El proyecto fue presentado el 30 de marzo por el Senador Carlos Linares del Frente de Todos, ex Presidente del Partido Justicialista de Chubut y ex intendente de Comodoro Rivadavia. También hubo una campaña a través de Change.org que tiene actualmente alrededor de 37.884 firmas verificadas.

“El proyecto de ley en México requiere una reforma constitucional. Eso, por un lado, lo hace más complejo, porque implica modificar la Constitución; pero, por otro lado, cuentan con un Gobierno progresista y una posición legislativa un poco más orientada hacia los derechos humanos”, continúa la abogada.

En ese sentido, si bien el proyecto argentino solo busca añadir algunos artículos al Código Civil y Comercial, resulta más difícil que sea aprobado por la composición actual del Congreso.
Andrea cuenta la dificultad que tuvo para que su hijo recibiera contención profesional, ya que ninguno de los psicólogos especializados quería tratarlo, a pesar de que, frente a la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en virtud de la Ley 26.061, se les debe brindar asistencia.

Sin embargo, los profesionales evitan los conflictos que pueden conllevar enfrentarse de manera directa a progenitores violentos o recibir denuncias infundadas, entre otros inconvenientes, más allá de que eso suceda o no en un caso concreto. A esto se lo llama backlash, es decir, una reacción adversa o persecución contra los profesionales que trabajan con perspectiva de género, niñez y derechos humanos.
Lucía es docente, tiene dos hijas y fue víctima de violencia de género. Aunque creyó que el progenitor nunca había reconocido a sus hijas, cuando tuvo que hacerles la renovación de DNI, se dió cuenta que en los papeles del Registro Civil llevaban su apellido. “Esto sucedió en 2014, antes de la reforma del Código Civil en 2015”, aclara Carolina, quien asegura que en ese entonces el apellido paterno era obligatorio y debía llevarse en primer lugar. “En contextos como el de Lucía, de inscripción tardía y con niñas que lo poco que conocían de su progenitor era la violencia y el abandono, el impacto resultaba muy fuerte y perjudicial para ellas”.

La letrada insiste en que, si bien la inscripción filial es correcta, porque hace referencia a la identidad biológica de las chicas, ya no es obligatorio el apellido paterno ni que los niños deban sostener un apellido que, por razones fundadas, les cause daño. “Esto ya encuentra un cauce legal, pero debemos seguir pensando en mejoras para todas las situaciones arbitrarias que se presentan”.
La hija mayor de Lucía se negó por mucho tiempo a usar el DNI con el apellido de su progenitor y, ya con la sentencia en mano, aún se encuentra a la espera de la rectificación de su analítico del secundario que, cuando llegó la sentencia de supresión de apellido, ya estaba emitido.

El proyecto legislativo

La iniciativa de la ley Cazzu, en honor a la autora del libro “Perreo, una revolución”, plantea una suspensión provisoria de la responsabilidad parental basada en dos extremos: el incumplimiento total o parcial de tres cuotas alimentarias consecutivas o de seis alternadas y la ausencia total en el ejercicio del cuidado o en la comunicación y relación con ese hijo durante tres meses consecutivos.

Si bien en nuestro país el Código Civil y Comercial establece la responsabilidad parental como un conjunto de derechos y deberes orientados al cuidado y desarrollo de los hijos, priorizando desde la reforma de 2015 el esquema de cuidado compartido, las impulsoras del proyecto advierten que en la práctica esa corresponsabilidad no siempre se cumple.

Los datos son contundentes: el 16% de los hogares del país son monoparentales y, dentro de ellos, ocho de cada diez tienen jefatura femenina según el dossier del INDEC publicado en marzo. A su vez, el 56% de las madres no reciben la cuota alimentaria cuando el padre no habita en la vivienda. La cifra sube a 68% si se incluye a quienes la perciben de manera irregular, según un relevamiento de UNICEF.
Dicha estadística añade que 4 de cada 10 madres indicaron que los padres no se involucran plenamente en las actividades de cuidado de sus hijos, y que los niveles de pobreza infantil en hogares con jefatura femenina y en hogares monomarentales son significativamente más altos que en otros tipos de hogar.

UNICEF asimismo apuntó que más de 3 millones de niños viven en hogares monoparentales con jefatura femenina.

“Hablamos de madres, porque las estadísticas son tajantes, pero si hay un padre que cría en las mismas condiciones, claro que también lo alcanzará este proyecto”, enfatiza Rodríguez.
La denominada Ley Cazzu plantea que, ante determinadas situaciones, el juez pueda adoptar medidas cautelares de protección basadas en una evaluación interdisciplinaria que fundamente la decisión. Esta perspectiva parte del reconocimiento de que, en muchos casos, las madres asumen en soledad las tareas de crianza.

En este marco, si se dicta una medida cautelar que limite o suspenda derechos del progenitor, este podrá solicitar su revisión o rehabilitación. Para ello, deberá aportar pruebas que demuestren que la medida fue concedida de manera incorrecta o que su modificación resultaría beneficiosa para el interés superior de su hijo o hija.

“La ley no va a resolver todos los problemas, pero por lo menos apunta que cuando estén totalmente borrados o cuando no cumplan los deberes básicos de la responsabilidad parental, -cuidado, comunicación, alimentos-, no tengan que esperar años para que se dé una medida cautelar que le permita verdaderamente a la madre resolver y tener una vida digna en el mientras tanto”, subraya Rodríguez.

Marina dice que viene de una familia conservadora. Ella cuida, junto a su nueva pareja, a su hijo Julián, de doce años. Su progenitor desapareció luego de que ella se enterara de que tenía problemas de consumo, un año después del nacimiento de Julián. A partir de entonces, la situación fue empeorando a tal punto que tuvo que irse de su casa a escondidas para que él no se lastimara ni le hiciera daño a ella. “Yo estaba aislada del mundo, un poco porque en su momento me daba vergüenza y un poco por el prejuicio familiar”, cuenta.

Julián estuvo algún tiempo al cuidado de su padre, quien había asumido el rol de cuidador pero al mismo tiempo lo manipulaba. No dormía por las noches, no lo alimentaba bien ni lo llevaba a la escuela. El niño desarrolló un problema en los riñones por el estrés y ni siquiera lo llevaba al hospital.
Marina tuvo que denunciarlo y pedir el reintegro de su hijo en dos ocasiones, hasta que, con mucha persistencia y apoyo terapéutico para Julián, logró que se hiciera efectivo y que permaneciera al cuidado de su madre.

Su progenitor, por su parte, optó por borrarse. Al día de hoy, permanece rebelde en los procesos judiciales. Desde que se le impuso una cuota alimentaria, su decisión fue no abonarla. Tampoco acató la orden de que la vinculación con Julián fuera mediada o supervisada, dados sus graves problemas de consumo. Eligió, en su lugar, sostener la negación de todo lo expuesto y culpabilizar a los demás.
Sobre sus procesos legales, Marina asegura que fueron caminos arduos donde tuvo que recolectar pruebas, hacer actas en la escuela, hablar con las maestras y comenzar un tratamiento psicológico para su hijo, derivado por la escuela también.

“Ser jefa de un hogar monomarental es seguir afrontando las consecuencias de los progenitores que no se hacen cargo, que no cumplen con sus obligaciones. Las que terminamos pagando somos nosotras a través del desgaste emocional” relata Marina cuando se le consulta cómo definiría ser jefa de un hogar.
“Yo invertí todos mis ahorros en el proceso judicial y lo vivo de esa manera, como una inversión que me da paz mental y que era necesaria porque era insostenible la situación”, agrega Andrea, por su parte.
“Es importante que todas las personas que atraviesan estos contextos puedan acceder a medidas judiciales oportunas y efectivas; si no, el acceso a la justicia termina siendo una ficción y no impacta en la calidad de vida de los tantos niños y niñas que crecen en estos hogares”, asevera Carolina.

Para finalizar Marcha preguntó a cada una de las entrevistadas cómo las ayudó el feminismo a pasar este proceso. La respuesta fue unánime: todas ellas coinciden en que se hicieron feministas a través de la experiencia personal.

“Es tan importante la perspectiva de género que puede definir prácticamente entre la vida y la muerte en algunos otros casos. Para mí el feminismo fue querer hacer algo diferente por mi hijo y para las futuras generaciones. Decir, ‘bueno, yo voy a hacer un cambio. Yo lo vivo en carne propia’ “, asegura Marina.
“Sacarme la responsabilidad de la violencia del otro, sacarme la culpa, esa sensación de que hice mal y no sentirme sola, sentirme sostenida por un por un grupo de personas que me iban a entender, que no me iban a juzgar”, suma Andrea.

Lucía explica que la ayudó mucho la terapia y el hecho de capacitarse en ESI. “Más allá de los avances que se hayan logrado, sigue habiendo vulneración de derechos contra las mujeres, contra las infancias y contra las juventudes. Hay que ir por el feminismo, porque es lo único que puede garantizar una igualdad real y una sociedad más justa”, concluye.

*Todos los nombres de esta nota, excepto el de Carolina Rodríguez han sido modificados para preservar la identidad de las entrevistadas y sus hijos e hijas.

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