Por la Unión de Asambleas de Comunidades | Foto: Alumbrar – Minga

El RIGI beneficia a grandes inversiones a las que considera “de interés nacional, conducentes a la prosperidad del país y promotoras del desarrollo económico, de la competitividad, del aumento de las exportaciones y de la creación de empleo”. Según la redacción de la ley, se trata de crear un “régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI”. 

Los proyectos protegidos por el RIGI, que se aplicará a inversiones de al menos 200 millones de dólares por 30 años, se enmarcan en los distintos ejes del extractivismo al que vienen siendo sometidos nuestros territorios: agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología. Y las formas de “protección” se basan en beneficios tributarios -como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% (en lugar de la tasa general del 35%), aduaneros -exención de derechos de importación y de exportación- y cambiarios -excepción de la obligación de liquidar y negociar en el mercado de cambios y libre disponibilidad de divisas-.

Además de estas formas de incentivar y proteger las grandes inversiones extractivas, hay otras que también preservan esos intereses. El Plan de Seguridad Productiva es esa otra cara de la misma moneda. Este plan incluye la creación de la Unidad de Seguridad Productiva bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, cuyo objetivo es garantizar una seguridad especial para esos “proyectos de gran contribución al crecimiento del país” -tal como los incentivados a través del RIGI-, ya sea “por el volumen de su producción, la magnitud de su aporte, la sensibilidad del material derivado o el alto valor de sus productos”. Es el Ministerio de Seguridad o el Poder Ejecutivo los que definirán qué empresas recibirán la atención de esta unidad en función de criterios tan difusos – “evaluación de riesgos o la situación particular de la entidad en un determinado momento, o la repercusión de los hechos de inseguridad en el quehacer racional y en la opinión pública”- que es muy amplio su rango de acción. 

La Unidad de Seguridad Productiva es un medio de resguardar inversiones, las que se supone que van a llegar a través de los favores otorgados por el RIGI a los grandes capitales. La propia Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dejó dudas al respecto: “Se tomó la decisión (…) de implementar esta política (…) sobre todo, tras la aprobación de la Ley Bases que abrirá un nuevo contexto de inversiones”. 

Se trata de blindar las actividades extractivas, a las que no sólo se incentiva y beneficia, sino que también se protegen a través de una entidad dependiente de un ministerio, que no sufre ningún recorte presupuestario porque está claro que es imprescindible para frenar las resistencias territoriales que vienen enfrentando los extractivismos desde hace décadas.  Un ministerio que dejó claro desde la asunción de este gobierno que hostigará, reprimirá,encarcelará y con la justicia como cómplice, juzgará a quienes nos opongamos a él.

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Por Marcha, LatFem y FM La Tribu

Miles de personas se concentraron pacíficamente el miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación para manifestar el rechazo al proyecto de Ley de Bases. Desde muy temprano la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, dio orden de militarizar la zona. Tal como confirmó el secretario de Seguridad de la Nación, se dispuso de 1200 efectivos de las cinco fuerzas federales que rodearon la Plaza de los dos Congresos. Todo transcurría sin incidentes hasta aproximadamente las tres de la tarde cuando el operativo represivo se desplegó en la esquina de Callao y Rivadavia. Allí comenzaron los primeros disparos, persecuciones y detenciones a manifestantes. Diputados del bloque de Unión por la Patria que intentaban pasar para ingresar al Congreso fueron atacados con gases lacrimógenos en el rostro. El clima de tensión ya estaba instalado. No pasó mucho tiempo para que el inmenso operativo dispuesto por la ministra se ponga en marcha. Un grupo de encapuchados armados irrumpió en la manifestación y prendió fuego un auto del móvil de prensa de Cadena 3 de Córdoba. Orlando Morales, cronista de la emisora, describió la escena y afirmó que todos los agresores tenían la cara tapada, estaban muy cerca del vallado de contención del lado de Avenida Entre Ríos y, si bien estaban mezclados entre las columnas, las organizaciones se abrieron de ellos. Desde ese momento la represión se desató contra los y las manifestantes de forma indiscriminada. Balas de goma, gases lacrimógenos que queman la piel y detenciones arbitrarias se extendieron hasta entrada la noche en las inmediaciones del Congreso hasta la 9 de Julio. 

En paralelo y puertas adentro, corría otra escena donde se dirimían los intereses de los sectores más ricos del país y el poder político de turno. La ley de bases del gobierno se aprobó entre favores por votos, como fue el caso de la senadora Lucía Crexell de Neuquén que salió beneficiada con una embajada de UNESCO en París por 4 años. La senadora que había votado en contra del mega DNU 70/23 cambió de opinión y votó a favor de la Ley de Bases. Aunque con algunos cambios, los aliados del Pro, la UCR y parte del peronismo apoyaron la anhelada ley de La Libertad Avanza, el partido de gobierno.

Ninguna ley que supone bases de libertad debiera ser votada entre tiros y represión. El operativo ordenado por Bullrich y llevado adelante por fuerzas federales avanzó sobre los y las manifestantes, detuvo a más de 30 personas que no representaban una amenaza para la democracia ni para las instituciones. Todas se encuentran privadas de su libertad desde el miércoles 12, a disposición de la justicia federal y acusadas por el fiscal Carlos Stornelli de cometer delitos graves contra el orden público, sedición y el agravante de actos terroristas. Si bien el fiscal pidió la prisión preventiva de los detenidos y detenidas, la jueza María Servini no hizo efectiva esta medida. 

El grupo de personas detenidas que estaba a disposición de la justicia federal fue trasladado al Centro de Detención Federal N° 28 ubicado en Lavalle 1337. Por otra parte, siete mujeres fueron derivadas a la Comisaría 15 en el barrio porteño de Chacarita, dependencia policial de la Ciudad. Allí la ex diputada nacional por el FIT y titular del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Myriam Bregman, se hizo presente y consultada por la situación de las mujeres detenidas afirmó que “es crítica”. Agregó que, “es evidente que hay una puja política entre Patricia Bullrich y su socio el fiscal Stornelli, que están tratando de llevar la causa a la justicia federal” y advirtió que “las compañeras fueron sometidas a tratos inhumanos, crueles, degradantes durante toda la jornada. Hace casi 24 horas que muchas de ellas fueron detenidas y las tienen en un pequeño pasillo. Hace muy pocas horas pudieron empezar a recibir alimentos y medicamentos que les trajeron sus familias, y además, están esposadas. Nadie me puede explicar por qué motivo las tienen esposadas”. La titular del Ceprodh señaló que “la situación es grave y más grave aún, pensando que un fiscal que debería estar siendo investigado por todos los delitos que ha cometido, se arroga la facultad de ser la mano ejecutora de las políticas de Patricia Bullrich”.

Por otra parte, Bregman se refirió a la aprobación de la Ley Bases en el Senado y sostuvo que “es una sesión que con los hechos de corrupción que la rodean no se entiende cómo se realizó. Está totalmente viciada de nulidad. Estos fiscales que están activos para perseguir a manifestantes no se entiende por qué no actuaron cuando está el caso de la senadora de Neuquén, pero durante la propia sesión iban saliendo en el Boletín Oficial las designaciones de amigos de algunos de los senadores que habían hecho para canjear el voto. Por ejemplo, con el senador de Entre Ríos”, señaló la ex diputada del FIT. “Otros senadores que en forma escandalosa ingresaron por Unión por la Patria y terminaron votando los artículos predilectos del gobierno de Milei. Creo que todo es parte de la corrupción y parte de esas prácticas políticas nefastas que se ven en leyes que mueven tanto dinero detrás como estas. La represión y todo lo que ocurrió afuera tiene como un gran objetivo ocultar lo que estaba pasando ahí adentro. Quieren que todos estemos hablando de ahí y no de lo que se votó”, afirmó Bregman. 

Las acusaciones de Stornelli van de la mano del comunicado de la “oficina del presidente”, una cuenta de X que, durante la noche del miércoles se refirió a la movilización como un intento de “golpe de estado” y a los y las manifestantes, integrantes de la ciudadanía, como “terroristas”. Lejos de aplacar la violencia la encendió y alineó el discurso oficial bajo esa premisa. Mientras tanto, puertas adentro del palacio legislativo continuaban los discursos, las chicanas y las complicidades. 

La jueza María Servini deberá resolver la excarcelación y la situación procesal de todas las personas detenidas acusadas de delitos graves. Se esperan las indagatorias en los tribunales de Comodoro Py y que, tal como dicen familiares y allegados, se pueda demostrar que los detenidos y las detenidas no están vinculadas con ningún delito. 

Esta tarde, a las 15, organismos de Derechos Humanos realizarán una conferencia de prensa para informar a los medios y la ciudadanía sobre las detenciones ilegales, los tratos inhumanos y degradantes y la violencia institucional en el marco del operativo de represión del 12 de junio. Será en la sede del Serpaj, Piedras 730, CABA.

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