A ocho días de la desaparición de Santiago Maldonado en Cushamen, Chubt, una reflexión sobre el trazo común de gobiernos actuales y pasados en la invisibilización de los pueblos originarios y en el reparto de tierras al empresariado histórico. Mientras tanto, reclamo de la aparición con vida del joven.

El 1 de agosto la Pachamama no alcanzó a arder el primer trago de ruda y caña cuando en la Patagonia de tobillos mapuches la Ñuke Mapu volvió a beber sangre de los suyos y suela milica. Ese día cien gendarmes toparon el territorio de la comunidad Lof en Resistencia Cushamen, en Chubut. Tenían armas negras y obesas, golpearon a niños y mujeres, quemaron las rucas. Santiago Maldonado compartía el acampe que mantenían los mapuches desde la detención del lonko Facundo Jones Huala. Cosía sus pulseras de hilo y piedra cuando la Gendarmería irrumpió sin papeles ni órdenes judiciales, que así es como llegan las instituciones a los pueblos empujados al borde del mundo. Mientras algunos curzaban el río para escapar, Santiago corrió por donde pudo pero, dicen, se vio a los gendarmes cargarlo en una camioneta con rueda y motor del estado argentino.

Hace siete días que Santiago está desaparecido en un país donde desaparecer no es esfumarse bajo el arte de la magia. En un país donde el estado, con rueda, motor y sangre, desapareció para siempre decenas de miles de cuerpos, de historias, de futuros.

Es un símbolo Santiago Maldonado porque es un desaparecido en nombre de la criminalización de los pueblos preexistentes. Es decir, los pueblos que preexisten a los que gobiernan, a los que legislan, a los que pontifican en los medios, a las empresas que llegan a extraer, al poder político cómplice, a la Justicia sectorial, a los ricos que llegan a quedarse con la Pacha, la Mapu, la tierra o como se le quiera llamar desde la cabeza qom hasta las rodillas mapuches. Desde Salta a Chubut, desde Formosa a Neuquén, donde los preexistentes, los que están aquí desde el mismísimo origen, mueren por desnutrición, por falta de agua pura, por tierras yermas que les dejaron como migajas donde no crecen las semillas ni la esperanza, donde los espíritus no se quedan entre los árboles porque el desmonte los dejó desnudos en medio de la nada.

El contexto de la desaparición de Santiago es la cárcel de Facundo Jones Huala, líder del Lof Cushamen. Dice Darío Aranda: “su comunidad cometió el pecado en 2015 de recuperar tierras en la estancia Leleque, propiedad de la multinacional Benetton, el mayor terrateniente de Argentina con un millón de hectáreas”. A esa insolencia de los preexistentes que vienen resistiendo cinco siglos y mil vidas “sobrevinieron denuncias, juicios, represiones hasta que en 2016 Jones Huala fue enjuiciado por un antiguo pedido de extradición a Chile. El juez confirmó la existencia de tortura a testigos, liberó a Huala y la causa tramitaba en la Corte Suprema. El 27 de junio, luego de una reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, el lonko mapuche fue detenido en un retén de Gendarmería por el mismo pedido de extradición, y trasladado a Esquel”.

Ese contexto implica los desalojos sistemáticos en cada embestida de los capitales internacionales que compran las tierras de la Patagonia como inversión futura. O en cada irrupción petrolera. A pesar de que en esas tierras hay preexistencia. Hay gente que vive, que sueña, que atesora historias, que espeja amaneceres, que cría ovejas, que acumula veranadas, que teje mantas para el invierno, que techa sus rucas con manojos de junquillo y paja brava.

Son los Bennetton, los Turner, los Joe Lewis, hasta los intocables como Emanuel Ginobili. El ídolo dorado que compró veinte hectáreas en Villa la Angostura sin interés en la preexistencia que un día acampó en las tierras para recuperarlas. Y el hombre que en 2016 ganó 14 millones de dólares en la NBA les inició un juicio de desalojo.

Los gobiernos no avistan a los pueblos preexistentes desde sus miradores de privilegio. No los ven hasta que deben mandar la Gendarmería al desalojo. Y la justicia y las policías provinciales para arrinconarlos en tierras inservibles. Cuando resisten los llaman terroristas. Los acusan de violentos mientras les aplican la violencia del estado. Bullrich y Nocetti como escudos del macrismo hablan de Maldonado para limpiar a la Gendarmería mientras les aplican a los mapuches la ley antiterrorista que impulsó y votó el kirchnerismo.

¿Tiene la ausencia de Santiago Maldonado la fuerza de lo simbólico? Tal vez esa figura urbana bonaerense, de flamante vecindad en El Bolsón, que dejó sus artesanías para plantarse junto a la comunidad Lof en Resistencia Cushamen, sea un cable frágil en la conexión nodal de la cultura. En esa huella marcada de siglos en la infinita Patagonia. Que no tiene apellidos terrantenientes ni ambición petrolera. Y que está desaparecido. Como van desapareciendo a los originarios y preexistentes. Para bajar la persiana de la vena más bella de la historia.

*Periodista de la Agencia de Noticias Pelota de Trapo. Nota original: https://www.pelotadetrapo.org.ar/2013-09-05-12-30-19/2017/3889-santiago-maldonado-y-la-preexistencia.html

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El pasado miércoles, en la ciudad de Bariloche, se reunió el Consejo de Seguridad Interior para tratar, de manera prioritaria, la sanción del Protocolo de Actuación en las Manifestaciones Públicas.

Con la asistencia de los representantes de las carteras de Seguridad del 80% de las Provincias, nos hemos enterado de cómo vamos a ser reprimidos cada vez que salgamos a pelear por nuestros derechos. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, fue la vocera de este grave retroceso democrático.

Mucho palo por aquí, mucho palo por allá

Embanderándose en un discurso defensor de la libertad, los argumentos para sancionar el Protocolo afirman que la tarea del Estado es brindar la igualdad de derechos de todos los miembros de la Sociedad; razón por la cual se busca garantizar que quienes no participen de una manifestación pública no sientan un menoscabo en sus derechos.

Nada más fácil de deslegitimar que la trillada frase: “la libertad de un individuo o grupo, termina donde comienza la del otro”. No existe una diferencia jerárquica entre el derecho a la protesta y el derecho a la circulación; esto significa que los manifestantes podrían usar el mismo argumento para defenderse. Sin embargo, esta proposición, además de haber sido utilizada como fundamento del Protocolo, es moneda corriente en sentencias judiciales y en los grandes medios de comunicación; siempre buscando estigmatizar a quienes ejercen el derecho de protesta.

Entre los puntos tristemente destacados del Protocolo, debemos nombrar los siguientes:

• La protesta con interrupción de la circulación es un delito penal, tipificado por el artículo 194 del Código Penal.
• Se divide entre protestas programadas y espontáneas. Serán programadas aquellas que fueran informadas por los “líderes” de la manifestación. La pretensión de burocratizar la protesta social atenta contra una de las principales virtudes de la movilización callejera, que es la de ser el reflejo instantáneo de una injusticia que se está cometiendo en el aquí y ahora.
• Nunca la protesta debe obstruir la circulación. En caso de que suceda, el jefe de operativo dará la orden para que se produzca la apertura, de forma clara, bajo apercibimiento de ser sancionados por el nombrado artículo del Código Penal. Si los manifestantes deciden continuar con el corte, y una vez avisados los jueces de turno, las fuerzas de seguridad tendrán vía libre para hacer el desalojo. Eso sí, deberán atenerse a los principios de legalidad, oportunidad y gradualidad.
• Los medios de comunicación tendrán una zona determinada, con el fin de salvaguardar la integridad física de los periodistas y de que no interfieran en el procedimiento. Cabe preguntarnos qué va a pasar con las y los miles de comunicadores populares que no están en los cortes para informar que hay una calle abnegada, sino que se encuentran formando parte de la propia lucha.

Veinte años de un método

Este protocolo surge en un momento de avanzada neoliberal, que cada vez encuentra mayores puntos de conexión con el gobierno menemista. Justamente durante la década de 1990, surgió el piquete como método de lucha y visibilización de la clase trabajadora.

El 19 de junio de 1996, el piquete tuvo su bautismo de gloria en el marco de las jornadas en contra de los despidos, organizados en la ciudad neuquina de Cutral Có. Alrededor de 5 mil trabajadores despedidos, producto de la privatización de YPF, dieron luz a este efectivo método que en un muy poco tiempo se extendió a lo largo y ancho del país. De Neuquén a Tartagal, de allí al Puente Pueyrredón, los piquetes han sido un largo dolor de cabeza para los diferentes gobiernos.

El Movimiento Piquetero ha pasado por diferentes momentos, desde su origen hasta la actualidad. Fue el sector más dinámico de la lucha de clases en los finales de los noventa, siendo un actor relevante en las jornadas de diciembre de 2001. Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, un amplio espacio de organizaciones piqueteras se sumó de diferente manera y por diferentes motivos al Frente Para la Victoria; mientras que muchas otras mantuvieron su independencia y siguieron teniendo un cierto protagonismo en las luchas que se fueron desarrollando en los años posteriores. Sin ánimos de hacer balances sobre el Movimiento Piquetero en sí, lo importante por destacar es el acierto de un método, el piquete, como forma de garantizar la atención de las clases gobernantes, de los intereses de los sectores populares.

Antidemocrático e Inconstitucional

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sacó un rápido comunicado en el que explica las razones por la cual es inconstitucional el Protocolo, ya que se “limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ‘orden público’ por encima de todo. Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad”. En el mismo sentido, agrega que se amplían las facultades policiales para reprimir, y que no se prohíbe de manera taxativa el uso de armas de fuego.

Roberto Gargarella, reconocido abogado constitucionalista y acérrimo defensor del derecho a la protesta, se ha encargado de citar al filósofo John Rawls, para justificar el porqué de su postura. Resulta interesante retomarla: “Si tenemos vivienda, pero carecemos del derecho a movilizarnos y criticar a nuestras autoridades, no es dable esperar que estos últimos derechos emerjan de resultas de la existencia del primero (nuestro garantizado derecho a la vivienda). En cambio, si tenemos un amplio y genuino derecho a la crítica política, es dable esperar que ganemos nuevos derechos (y que preservemos intactos aquéllos con los que ya contamos) a resultas del primero: ahora podemos luchar por los que no tenemos”.

El Protocolo, fase superior de la Ley Antiterrorista

Esta norma no nace de un repollo, sino que es el resultado de un recorrido de intenciones varias de criminalizar la protesta social. El Poder Judicial ha jugado un rol importante para llegar hasta acá, ya que son muchas las sentencias cargadas de clasismo, donde se equipara a la protesta con la sedición (el caso de Marina Schifrin es paradigmático); y son miles los procesados por manifestarse.

En el plano legislativo, la Ley Antiterrorista marca un punto de inflexión. Sancionada en 2007 y modificada en 2011, por pedido expreso de organismos financieros internacionales, marcó un peligroso antecedente para las organizaciones sociales y la protesta social; ya que en su controvertido articulado se deja vía libre para homologar huelgas y protestas con actos terroristas.

Más recientemente, en abril de 2014, el diputado por el Frente Para la Victoria, Carlos Kunkel, presentó el proyecto titulado “Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas”, que contaba con muchos puntos de convergencia con el Protocolo, entre ellos: la obligatoriedad de dar aviso de 48 horas de anticipación, resaltando horario, lugar y motivo; y si no se cumplían esos requisitos, las fuerzas de seguridad irían a dispersarlos.

El proyecto presentado por el ex montonero fue una respuesta directa del discurso inaugural en la Asamblea Legislativa de marzo de 2014, pronunciado por Cristina Fernández de Kirchner. Allí, la ex mandataria instó a los legisladores a que aprueben “alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana”, recibiendo aplausos y ovaciones de parte del Bloque PRO.

¡La decisión está. La seguridad vuelve!

No es broma. Esa es la frase de cierre del Comunicado del Ministerio de Seguridad. El concepto de seguridad de Cambiemos es que no haya más protesta social. Seguridad no es vivienda digna. Seguridad no es salario igual a canasta básica familiar. Seguridad no es estabilidad laboral. Seguridad, para ellos, es que ningún grupo social puede afectar momentáneamente un camino.

Ante el envalentonamiento de la clase dominante –que se cree con total legitimidad para actuar y avanzar sobre los sectores populares–, es imprescindible que las organizaciones del campo popular demos una respuesta unitaria, que concentremos nuestras fuerzas para poner de pie una alternativa política que pueda hacerle frente al macrismo y sus aliados; que sea capaz de interpelar a los miles de trabajadores que ya empiezan a sentir y sufrir, estas políticas nefastas.

Las condiciones están. Tomemos la decisión de enfrentarlos con lucha y unidad.

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