El jueves 2 de junio a las 15 hs. en Plaza de Mayo se realizó el acto central de la marcha de las y los trabajadores convocados por las dos CTA, acompañados por gremios, organizaciones sociales, populares y partidos de izquierda.

Trabajadores y trabajadoras de distinta filiación se dieron cita en Plaza de Mayo bajo una intensa lluvia, que no desalentó la concurrencia de una multitud que asistió a la convocatoria para rechazar el veto presidencial a la ley antidespidos, pero también por trabajo y contra el tarifazo.

Se hicieron presentes no solamente las y los agremiados que están representados en ambas líneas de la Confederación de Trabajadores de la Argentina (CTA) sino que al mismo tiempo asistieron organizaciones de base nucleadas en las CGT, a pesar de no tener su representación en la convocatoria. También organizaciones sociales, las y los trabajadores de la economía popular y partidos de izquierda, como el Partido Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, entre los más notorios.

La multitud se fue concentrando frente al escenario montado de espaldas a la Casa Rosada, para escuchar a los oradores de la convocatoria: Pablo Micheli y Hugo Yaski, acompañados por representantes de distintos sectores que componen el universo sindical. A un lado del escenario se encontraban las Madres de Plaza de Mayo que iniciaron su habitual ronda de los jueves, acompañadas por el reconocimiento de la concurrencia.

En un clima de confraternidad se reunió ese amplio espectro ideológico que representaba una gran parte del conjunto de la clase trabajadora, al mismo tiempo que también se acercaban personas que no estaban agremiadas, público que se sentía convocado bajo la consigna de repudiar los despidos y el tarifazos.

Un país con dolor

Esta masiva convocatoria se produjo en el contexto de las actuales políticas de gobierno que vienen empobreciendo sistemáticamente a las clases populares y trabajadoras al mismo tiempo que han producido una brutal transferencia de recursos hacia los sectores concentrados de la economía transnacional y la banca financiera en poco tiempo.

Las y los trabajadores y sus delegaciones de base coincidieron en afirmar la necesidad de participar y hacer visible la protesta, a pesar que sus representaciones confederadas habían pactado no manifestar su desacuerdo en este acto. Llamados a expresarse por sus bases en disidencia por lo que decidieron las centrales obreras de las CGT (en sus tres versiones) y en defensa de los puestos de trabajo, se hicieron presentes: Federación de Aceiteros, Molineros, algunas seccionales de la UOM (de la provincia de Buenos Aires) y la Bancaria, entre los más destacados que reconocen su filiación directa con esas confederaciones. La amenaza y el peligro de la desocupación y lo que conlleva, es con lo que han empezado a tomar contacto directo por las pérdidas de fuentes de trabajo, despidos, suspensiones y por la importación de materiales que se producían antes en el país.

Al mismo tiempo estuvieron presentes algunas organizaciones sociales y de trabajadores de la economía popular cuya confederación tampoco fue visible en la ocasión.

Organizaciones y partidos de la izquierda se sumaron a la protesta y sus dirigentes compartieron el escenario central para formar parte del gran conjunto que hizo visible su rechazo a las actuales políticas que están castigando al conjunto del pueblo.

Los oradores del encuentro fueron los máximos representantes de las CTA, que coincidieron en la necesidad de la unidad del campo de los trabajadores, al mismo tiempo que Yaski definía que la democracia hoy está en la calle, lo que implica un cuestionamiento a la legitimidad del sistema actual. Ambos discursos fueron respaldados por la concurrencia que aplaudió con entusiasmo al tiempo que la lluvia parecía comenzar a ceder.

Tanto Micheli como Yaski, se comprometieron a tomar la demanda de las y los trabajadores y convocar próximamente a un paro general nacional para expresar el profundo descontento con las actuales políticas de gobierno, que parecen ausentes de toda representatividad y ponen en cuestión al actual sistema democrático, tal como fue expresado en el acto. La unidad del campo de los trabajadores, tal como fue visible, pareció ser un hecho que tendrá que ser atendido por los dirigentes, que en algunos casos parecen desoír el mandato de sus bases con el riesgo de repetir el modelo gubernamental de vaciar sus figuras de representatividad.

*Mililtante O.S.y P. Los Pibes

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El pasado jueves 19 de mayo comenzaba el día con la aprobación de la ley antidespidos, votada por mayoría en diputados, a pesar de la amenaza del bloque oficialista de su veto casi inmediato. Mauricio Macri en el acto de reinauguración de Cresta Roja anunció el veto, que se hará efectivo con su publicación el próximo lunes 23 en el Boletín Oficial

Un veto cantado desde que se inició el debate sobre la ley antidespidos en el Congreso Nacional. Estrategias diversas usó el oficialismo: desde deambular por cuanto medio televisivo pudieran, con la complicidad de conductores y panelistas, hasta retener la ley para dilatar su llegada a la Cámara de Senadores. El argumento repetido hasta el hartazgo, entre chicanas a los opositores, era que la ley atenta a la generación de nuevos empleos porque va a disuadir las inversiones productivas.

La estrategia oficial, para darle algún soporte al veto, fue anunciarlo en la reinauguración de Cresta Roja. Una imagen que se mediatiza y que resulta un fraude, ya que de los 3.500 puestos de trabajo que se perdieron solo 1.200 se recuperaron, con la pérdida de la antigüedad y contratos temporarios por un sueldo inferior al que venían percibiendo. Solo una parte de los trabajadores estaba componiendo la foto, los demás permanecían en el comedor porque aún les adeudan el sueldo. Afuera una protesta de las y los trabajadores que esperan ser reincorporados mientras la zona estaba militarizada.

Recordemos que quizás está empresa es el emblema de la corrupción y el engaño. Una empresa que durante la anterior gestión de gobierno había recibido los subsidios para mantener la fuente laboral. Sin control, habían fugado esos fondos dejando abandonados a las y los trabajadores a su suerte. Fue allí donde a los pocos días de asumir el nuevo gobierno nacional se ordenó la represión para quienes reclamaban por la pérdida de las fuentes de trabajo y el pago de sus salarios adeudados hacía varios meses. Patricia Bullrich en esta ocasión inauguró la política de amenaza que luego terminara en el protocolo de represión a la legítima protesta social.

Cresta Roja y Mc Donalds parecen los caballitos de batalla para tratar de mostrar una imagen que como tal es engañosa, un espejismo. Trabajo precarizado y trabajo chatarra se ocultan como promesa tras el brillo de la foto.

La ley antidespidos surge como iniciativa frente a la brutalidad de las actuales políticas sobre las clases populares y trabajadoras. Un amplio y diverso arco político la respalda. Cientos de miles de despidos se vienen sucediendo sin cesar. Primero se enarboló el argumento de ñoquis para justificar los despidos frente a la opinión pública. Un libreto que apelaba a lo más emotivo de la clase trabajadora: cobrar sin trabajar, mientras sostenía el “por algo será”, que hace 40 años sirvió para justificar uno de los peores genocidios de nuestra historia. Pero el guión se sostuvo poco tiempo, porque los despidos continuaron, inaugurados en la administración pública y extendida a todos los sectores del trabajo. ¿Cómo puede funcionar un Estado si no tiene personas que hagan efectiva su función social? Una pregunta que ya tiene respuesta: el achique de su función. Receta con marca el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hay que hacer los deberes. Despidos en el sector privado, negociaciones paritarias condicionadas por el Estado para favorecer a las empresas que necesitan aumentar su rentabilidad.

Disminuyen los puestos de trabajo en la Argentina

Despedir y precarizar son lecciones para disciplinar a la clase trabajadora en su conjunto, mientras disminuye el poder adquisitivo por la brutal transferencia de recursos a manos de las corporaciones. El optimismo oficial indica que en el segundo semestre un mago transformará la situación de la población.

El anuncio del veto tuvo gran trascendencia en todos los medios y ámbitos, con una notable debilidad de respuesta por parte de los representantes de las y los trabajadores. En las centrales sindicales la respuesta fue tibia, aún estamos esperando un pronunciamiento contundente. “Y bueno, vamos a ver”… Las dos CTA quizás fueron un poco más enfáticas que las CGT. La semana anterior se habían reunido con Macri y salieron sin hacer declaraciones. Y las conclusiones se las dejamos al lector.

Evocamos las palabras de don Osvaldo Bayer: “los representantes gremiales son empresarios, hace muchos años que dejaron de ser trabajadores”.

Mientras tanto se desarrollaba también otra película

El jueves 20 de mayo se reunió el Consejo Nacional del Salario en el Ministerio de Trabajo, allí confluyeron los delegados de las centrales sindicales junto a representantes del gobierno para establecer el salario mínimo en $8.060, a partir de enero del 2017.

Afuera se concentraba una importante movilización que avanzaba desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo; una marcha invisibilizada de los miles de trabajadores de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que también reclamaban ser incluidos en la mesa de las y los trabajadores, la paritaria social y el reconocimiento gremial. Durante la última semana los cooperativistas de la CABA, nucleados en distintas organizaciones sociales, ocuparon pacíficamente el Ministerio de Desarrollo Social en reclamo del cumplimiento del compromiso del gobierno ciudadano para actualizar el ingreso que perciben estos trabajadores. Si el mundo del trabajo asalariado está cada vez más complicado, no es difícil imaginar la situación de los miles de trabajadores de la economía popular que cada vez tienen mayores dificultades para subsistir.

A pocos días de un nuevo aniversario de la gesta revolucionaria del 25 de mayo, una embestida brutal ha encontrado un pueblo organizado que se resiste a dejarse atropellar y disciplinar por un gobierno que representa intereses ajenos a las personas que habitamos este suelo, que necesitamos vivir con la dignidad que confieren los derechos.

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El debate del momento económico se centra en la llamada ley anti despidos. La idea de veto por parte del gobierno de Cambiemos frente a una ley que defienda el trabajo y al campo popular. ¿Qué hay en juego?

Por acuerdo entre diversos bloques de diputados, se espera aprobar en la sesión de mañana, jueves, el proyecto con media sanción enviado desde el Senado. El proyecto en cuestión prevé la suspensión de los despidos por 180 días, un plazo menor que el proyecto original discutido en la Cámara de Diputados. El presidente, Mauricio Macri, dio a entender –y lo confirmó el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio– que en caso de aprobarse, el Poder Ejecutivo vetaría la ley.

El proyecto original, promovido por la izquierda en el Congreso, ganó impulso cuando las centrales sindicales se presentaron ante la Cámara de Diputados y reclamaron alguna medida de contención ante el deteriorado escenario social. A pesar de la negativa del gobierno de Cambiemos a reconocer el marcado deterioro social, y el bloqueo estadístico provocado por la no publicación de datos del INDEC, semana a semana se suman consultoras privadas que constatan la ola de despidos. Una de las últimas en sumarse fue Tendencias Económicas, que demostró casi 140.000 despidos en la etapa Cambiemos. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino de la AFIP confirman que la cantidad de empleados y empleadas en el sector privado bajo condiciones de formalidad cayó respecto de 2015 en no menos de 20.000 personas. La ola de despidos es una realidad y requiere una veloz respuesta. La propuesta era declarar la emergencia ocupacional nacional hasta fin de año –y retroactiva a marzo– y prohibir así los despidos.

La multiplicación de proyectos fue la jugada del gobierno para dilatar el debate mediante la confusión de posibilidades. Para esto, contó con la complicidad de diversas fuerzas políticas. La reunión de Macri con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, rindió frutos, pues esta fuerza inició una ronda de debate sobre una ley propia con supuesto énfasis en las PyMEs, que pasarían a ser el argumento de extorsión en el debate. La ley, sin embargo, sólo promovía mecanismos de contención de la crisis para este sector empresarial –que, vale la pena remarcar, abarca empresas de hasta 500 empleados– y dejaba el nudo del problema sin ninguna mención: los despidos en las grandes empresas. Este sector concentrado del poder, a pesar de haber recibido todos los beneficios de las políticas del gobierno, están aprovechando para suspender y cesantear masivamente. Como mecanismo de “purga” del capital, la idea de una crisis es suficiente para despedir, sin comprobación fáctica. La falta de control y la “señal” del Estado al despedir sin causa justa (toda la pantomima de los nunca comprobados “ñoquis”) promovieron esta práctica.

Por su parte, el gobierno presentó la ley de Primer Empleo, un revival de la flexibilización de la Convertibilidad, donde se quitaban contribuciones patronales para aquellas empresas que contratasen jóvenes. Aunque ciertamente este sector social es víctima de toda clase de abusos con la excusa del aprendizaje y la falta de experiencia (que se volvieron legales merced a las reformas laborales menemistas, que habilitaron los contratos basura aún vigentes), el proyecto del gobierno no apunta a resolver esto, sino a precarizar aún más. La pérdida de contribuciones patronales como mecanismo para abaratar el empleo no ha resultado antes en la Argentina ni en otros países, pues no reconoce límite para lo que el empresariado puede exigir sin dar nada a cambio. Lo único que produce es pérdida de recursos fiscales, situación que termina sirviendo para justificar la necesidad de nuevos ajustes.

El propio Frente para la Victoria (FpV) apuró el proyecto alternativo en el Senado, que sólo alcanza los 180 días a partir de la aprobación de la ley. Rápidamente aprobado, la presidenta de la Cámara, Gabriela Michetti, dilató lo más que pudo el envío a la otra Cámara, pero cedió ante la presión social. La mayoría de las fuerzas ha anunciado su interés por aprobar este proyecto, incluso el Frente Renovador. Se prevé por ello su aprobación, no sin debate. A los pedidos urgentes de que se le dé curso, por parte de las centrales sindicales, expresados en la masiva manifestación del 29 de abril, se sumó la semana pasada la presencia organizada de las PyMEs en el Congreso. Sus cámaras representativas (APYME, CEEN, CGERA, CAME y CADIEEL) dejaron claro que no se oponían a la ley, porque el problema no estaba en los despidos sino en el plexo de medidas tomadas desde el 10 de diciembre, que incluye, pero no se limita a, la devaluación, el tarifazo, el aumento del combustible, la liberalización del comercio y el aumento de las tasas de interés. Es que para una empresa pequeña, el costo de una indemnización es tan prohibitivo como su doble, no es el eje del problema.

En cambio, el llamado Grupo de los 6, una nueva confluencia organizada de lo más concentrado del capital, hizo expreso su repudio a la ley. El conjunto del empresariado más poderoso (la Unión Industrial, Adeba, la Bolsa de Comercio, Sociedad Rural, la Cámara de la Construcción y la Cámara Argentina de Comercio) se encuentra despidiendo masivamente en este momento. Consideraron –en consonancia con el gobierno– que esta ley era una mala señal porque “modificaba las reglas de juego”. Bajo esta lógica, se debería cerrar el Congreso, pues toda nueva ley es por definición una regla. Haciendo abuso de la política de la expresión de deseos, el gobierno y el Grupo de los 6 afirma que es necesario cuidar el “clima de inversiones” para que el segundo semestre haya reactivación. Conocida excusa, este “clima” parece alterarse con cualquier política que toque sus intereses.

Por esto mismo, el gobierno ya ha expresado su decisión: vetará la ley. Esto es de suma gravedad y sirve de muestra de lo que Cambiemos entiende por democracia: cada quien dice lo que gusta o piensa, y luego se impone la decisión de quien tiene más poder. Se trata de una demagogia de la peor calaña.

Pero contra su propia voluntad, Macri se vio obligado a proponer alguna alternativa ante los despidos. Por eso, firmaron un pacto con cerca de 200 empresas, que expresaron “querer comprometerse en mantener la plantilla”. Además de ser notable cómo diluyen su responsabilidad, ni siquiera pudieron afirmar no despedir, sino mantener el número total –lo cual, en el contexto de falta de control estatal, permite las peores prácticas de reemplazo de trabajadores/as en peores condiciones. Las fuerzas organizadas del capital concentrado no están dispuestas a conceder, menos cuando tienen un gobierno que las defiende a toda costa.

Sin lugar a dudas, la ley antidespidos es una propuesta defensiva, que no puede alterar el rumbo de la valorización del capital y sus consecuencias. Pero es una ley necesaria para poner freno a la brutal ofensiva contra la clase trabajadora, y debe servir como punto de confluencia mínimo contra las ambiciones revanchistas de Cambiemos.

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