Por Redacción Marcha

Con honores e impunidad, esa fue su despedida oficial. De los 25 años de condena solo cumplió 16 ya que, entre alianzas y favores políticos logró un indulto por razones humanitarias. Su salida de la cárcel fue cuestionada en diferentes oportunidades, incluso por tribunales internacionales. En 1992 Fujimori dio un autogolpe de Estado con apoyo de las fuerzas militares, cerró el Congreso y se hizo del resto de poderes del Estado. En 1993 reformó la Constitución, de esta forma, logró consolidar el régimen autoritario y la estructura económica neoliberal con normativa constitucional. 

Años más tarde, su hija Keiko Fujimori, fundó el partido Fuerza Popular y se transformó en líder de la derecha peruana. En tres oportunidades llegó a la segunda vuelta en elecciones presidenciales, en 2011 ante Ollanta Humala, en 2016 frente a Pablo Kuczynski y, en 2021 contra Pedro Castillo. Aunque sin ganar las elecciones, el fujimorismo fue ganando poder en el Congreso, ámbito institucional que ha impulsado la vacancia de varios presidentes, incluido Castillo, quien a pocos meses de haber asumido fue destituido. En su lugar, y con un gran rechazo popular asumió Dina Boluarte, vicepresidenta de Pedro Castillo, que no dudó en reprimir cada una de las manifestaciones en todo el país que la consideran una presidenta ilegítima. 

A propósito de la muerte del dictador y la situación actual de Perú Marcha conversó con Lucía Alvites, es socióloga, docente de la Universidad de San Marcos y feminista. 

Murió Fujimori, pero ¿su legado de impunidad prevalece?

Definitivamente, Fujimori ha muerto en completa impunidad. Es el responsable de crímenes de lesa humanidad, sentenciado por eso y no debió acceder a un indulto trucho, como le decimos acá. Bajo leguleyadas y mentiras consiguió la libertad. Debió permanecer en la cárcel, murió sin pagar ni un sol de los más de 54 millones de soles que debía en reparación civil por todo el daño que había causado al Estado y la sociedad en su conjunto. Esto demuestra que el legado de impunidad permanece.

Sin embargo, Dina Boluarte ordenó una despedida con honores.

Todo este despliegue que ha hecho el régimen de Dina Boluarte con dinero del Estado para rendir honores a un genocida, a un corrupto como fue Fujimori expresa que hay un interés supremo para que la impunidad continúe. Este interés supremo de impunidad tiene que ver con que es funcional al régimen de hoy. No podemos olvidar que el régimen de Dina Boluarte representa una salida a la crisis que restituye el régimen neoliberal en una lógica política y económica con la misma estrategia que impuso el neoliberalismo de Fujimori en los 90′: la violación a los derechos humanos y la minimización del Estado. Mientras Dina Boluarte y su régimen rendía honores al dictador en el Perú teníamos una emergencia en diversas regiones del país, más de 20, que estaban siendo afectadas por los incendios forestales. Ahí podemos calibrar de qué estamos hablando cuando hablamos de ese legado de impunidad que tiene el fujimorismo. Esta impunidad también se ve en el Congreso de la República que, hace unas semanas, aprobó una ley en la que prescriben los delitos de lesa humanidad. Algo que contradice cualquier mandato de organismos internacionales sobre lo que supone un crimen de esa envergadura. Esto es una norma para exculpar, no solo a Fujimori, sino al conjunto de militares que están presos por crímenes de lesa humanidad, por casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos como el de la Universidad de La Cantuta o Barrios Altos.

¿Cuál fue la repercusión de la noticia? 

Hay que decir que se hizo lo que muy bien se aprendió de los años 90′. Fujimori impuso una dinámica de política del espectáculo, construía relatos y narrativas que contradecían la verdad y convertía en la práctica una situación en un gran fake news que terminaba ocultando la realidad o negando situaciones objetivas. Lo que han hecho con el fallecimiento del dictador Alberto Fujimori, tanto en los medios de comunicación de la gran prensa peruana, como desde el Estado y sectores políticos que siguen apostando por este modelo neoliberal, es querer convertir en héroe a quien cometió violaciones a los derechos humanos, asesinatos, robos y lo hizo de forma sistemática en su gobierno. Además, trazó toda una arquitectura de corrupción en el Estado y lo convirtió básicamente, en una forma de mantenerse en el poder. 

Decías que el legado de impunidad del fujimorismo sigue vigente, de hecho, su hija Keiko fue quien disputó las elecciones y perdió contra Pedro Castillo. Después de la destitución de Castillo, asumió Dina Boluarte ¿Cómo se sostiene hoy en el poder alguien con tanto rechazo popular? ¿Qué rol juega el fujimorismo en esto?

Boluarte se sostiene en el gobierno gracias a la alianza entre sectores políticos del Congreso de la República donde está el fujimorismo y otras representaciones de la derecha como los sectores empresariales, las grandes corporaciones y, la gran prensa peruana. El régimen de Dina Boluarte es absolutamente ilegítimo ya que es la expresión de una salida restituyente del modelo neoliberal a la crisis que tenía Perú. Ella usurpa el poder con la venia y correlación de fuerzas de estos sectores para sacar a quien era el legítimo presidente, el profesor Pedro Castillo. Se mantiene gracias a esa comunión de poderes políticos, económicos y mediáticos. Recordemos que en Perú hemos tenido más de 60 compatriotas asesinados por esta dictadura en menos de 6 meses desde diciembre de 2022 cuando empezó el régimen dictatorial de Dina Boluarte asesinando al pueblo peruano y donde además, hay víctimas menores de edad. Este régimen se hizo apagando la protesta a sangre y fuego de una forma absolutamente criminal y se ha mantenido gracias a estos poderes fácticos que hemos mencionado. Dina Boluarte tiene un dígito de aprobación que, hasta podría ser un error estadístico. Esto plantea muy bien como se expresa la ilegitimidad de su gobierno. 

La situación de Perú es muy compleja, en una crisis permanente atravesada también por una crisis económica muy fuerte que se ve en cifras como la suba de los niveles de anemia de las infancias. Podríamos hablar de muchos datos sobre la situación que se vive actualmente y que, de alguna forma, muchas veces colaboran para que haya una desafección de la política porque la gente está en la supervivencia. Sin embargo, las protestas nunca han parado. Hemos tenido momentos con niveles muy fuertes de protesta social, con cientos de miles a nivel nacional movilizados y momentos de mucho reflujo, pero no hay mes que no tengamos una expresión y episodios donde se sigue mostrando la protesta del pueblo peruano ante este régimen dictatorial.

Ilustración: @amapolay

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Por Luz Ailín Báez | Foto: Nadia Sur

El pasado 27 de marzo el ministro de Defensa Luis Petri junto con el director nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes, desmantelaron los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) del área de dicha cartera que investiga crímenes de Lesa Humanidad de la última dictadura.

Se trata de un equipo conformado en 2010 de la mano del Decreto 4/2010 que permitió la desclasificación de archivos de Inteligencia del período 1976 y 1983, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que viene trabajando ininterrumpidamente desde entonces.

“Inicialmente el grupo llegó a ser de 30 personas. El macrismo hizo su primer achique pero la tarea, con sus dificultades, continuó”, cuenta Stella Segado, integrante del Área de Acervo documental de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) de la Procuración General de la Nación.

Además de echar a 10 trabajadorxs, Petri y Erbes derogaron dos Resoluciones, la 308/2010 y la 1573/2023. Una otorgaba un carácter permanente a los equipos y la otra creaba y reglamentaba el reciente Sistema de Archivos de la Defensa.

Así, mientras enaltece con discursos rimbombantes a las “Fuerzas del Cielo”, el gobierno de Javier Milei desarticula una política pública de promoción y protección de los Derechos Humanos, pausando el camino de fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas.

Estos despidos en el Ministerio de Defensa se dan en un contexto de avanzada particularmente violenta con quienes trabajan en temáticas de derechos humanos: ese mismo día, en el predio de la Ex ESMA donde funciona el Ministerio de Justicia y DDHH, varios trabajadores despedidos (al momento, 450) fueron amenazados con un arma de fuego por la custodia del actual secretario de DDHH, Alberto Baños, cuando se acercaron a consultar si habría empleados cesanteados.

Toda una marca de época.

Documento mata impunidad

Los equipos de Relevamiento y Análisis están conformados por una diversidad de profesionales: historiadorxs, comunicadorxs, licenciadxs en políticas públicas, abogades, entre otrxs.

-¿Hay copia de todo el material? ¿Es realmente posible destruir toda la evidencia recolectada en los informes?

-No es necesario destruir. Con ocultar o negar es suficiente… Un “no se encuentra” es suficiente.El trabajo del equipo es evitar eso.

Segado explica que la importancia del trabajo en los archivos de las FFAA se da en dos líneas importantes, la histórica y la de violaciones a los derechos humanos: “En la histórica se rescataron y pusieron en contexto documentos sobre partes de nuestra historia. Las listas negras, las actas de la junta militar 71-73 y 76-83 y el Informe Rattembach sobre Malvinas (por citar algunos) fueron desclasificados para que la sociedad pudiera tener acceso a parte de la historia que estaba vedada”, detalla.

Así, en el marco de la conmemoración del 40° aniversario, se digitalizaron todos los fondos y colecciones sobre la Guerra de Malvinas en guarda en los archivos históricos de las Fuerzas Armadas y, por primera vez desde el conflicto, se puso a disposición de toda la sociedad argentina, documentos de esos acervos en el sitio web Archivos Abiertos. 

Es gracias a estos equipos que hoy cualquier ciudadanx puede acceder a los mismos con un solo clic.

Un trabajo con estándares internacionales

Fabián Salvioli, relator de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, expresó en su Informe 2023 para el Consejo de Derechos Humanos que los estándares jurídicos que son “pilares” de la justicia transicional son la verdad, la justicia, la reparación, la memorialización y las garantías de no repetición.

En cuanto a la conservación de registros y sitios históricos, señala que “deben derogarse las disposiciones que impiden desclasificar la información relacionada con violaciones graves de los derechos humanos”.

En ese sentido, el Equipo que el ministro Petri decidió desguazar ha sido reconocido regional e internacionalmente por ser un caso modelo de tareas de archivo realizadas por civiles en dependencias de las Fuerzas Armadas, que permitieron aportes claves a causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad.

Segado ejemplifica: “El equipo realiza la exploración de cruces documentales que permitieron producir información que no está contenida en los documentos tomados individualmente. Así se fueron delineando estrategias para recuperar organigramas de las estructuras operativas de las Fuerzas, formas de constitución de los grupos de tareas y grupos especiales y sus modos de operación en el terreno” (sobre documentos de la Inteligencia durante la última Dictadura, en 2020 salió una nota especial en Marcha).

¿Acaso no dimensiona Lucas Erbes, el director nacional de Derechos Humanos de La Libertad Avanza como abogado y especialista en Defensa y Garantías egresado de la Universidad del Litoral, la importancia de este equipo?

Pocos días antes de tomar esta medida, Luis Petri había dicho que las Fuerzas Armadas fueron “demonizadas”. El titular de las Unidades de Asistencia para Causas por violación a los Derechos Humanos cometidos durante el Terrorismo de Estado de las jurisdicciones de Bahía Blanca y Neuquén, Miguel Ángel Palazzani (quien como fiscal pidió el procesamiento de Vicente Massot, ex director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad), se pronunció públicamente en una carta al ministro.

En ésta le solicitó “tenga a bien evitar cualquier acción que pueda poner en peligro al acervo documental que conforma y gestiona el Archivo de Defensa, así como cualquier otra acción que pueda afectar su correcto funcionamiento. Ello, en atención a que resulta de fundamental importancia como medio de prueba para las causas en trámite en la jurisdicción; asimismo los archivos constituyen elementos necesarios para dar cumplimiento a la obligación asumida por el Estado argentino de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los DDHH, sus familiares y la sociedad toda”.

Lo realmente insólito fue lo que ocurrió luego: el procurador general interino Eduardo Casal sancionó al fiscal federal de Bahía Blanca. En otras palabras, lo mandó a silenciar.

El trabajo del equipo en cifras

En estos casi 14 años ininterrumpidos de trabajo los equipos de Relevamiento y Análisis aportaron a causas judiciales por delitos de Lesa Humanidad en todo el país:

• Presentaron más de 170 informes de investigación a la justicia.
• Relevaron más de 17 mil legajos (de las tres Fuerzas).
• Digitalizaron más de 9 mil documentos (al menos 50% legajos).
• Trabajaron para la consulta más de 1.500 documentos en Archivos Abiertos, en el marco de proyectos especiales de relevamiento, análisis y acceso.

Los Estados tienen la responsabilidad de preservar y transmitir la memoria sobre las violaciones de los derechos humanos y deben para eso, garantizar el derecho de todas las personas a conocer la verdad. Preservar los archivos y otras pruebas relativas a esas violaciones es preservar del olvido la memoria colectiva.

*A la fecha en que se escribió esta nota 4/4/2024 ATE Capital denunciaba que los despidos en la cartera de Justicia y DDHH son 450.

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Por Luz Ailín Báez*

Las declaraciones que hoy se pueden oír (aún en este contexto de pandemia) gracias a la sistematización de la difusión vía streaming de muchos de los juicios de lesa humanidad, dan cuenta de las diversas formas que adoptó la violencia represiva, desencadenada oficialmente el 24 de marzo de 1976 pero puesta en marcha mucho tiempo antes con la conformación de la Escuela de las Américas en 1946 y posteriormente con la implementación de los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada desde los Estados Unidos. Sin embargo, éste no era el objetivo prioritario de la dictadura sino el medio para lograrlo. El autoproclamado Proceso  de  Reorganización  Nacional  se  propuso, como bien lo indica su nombre, llevar  a  cabo una  restauración  de  las  instituciones, los valores  y las pautas sociales trastocados por el “accionar subversivo”- epíteto globalizador de las actividades realizadas por los partidos, movimientos políticos y sociales que fuesen contra esa corriente ideológica, en mayor o menor medida. Con este objetivo en la mira, se desarrolló una estrategia de producción simbólica y cultural para la legitimación del accionar militar, que encontró en los medios de comunicación un espacio estratégico para la difusión, legitimación e implementación de las líneas programáticas del discurso oficial. En otras palabras, durante el último período dictatorial se desplegó un complejo aparato de acción psicológica para la construcción de un consenso.

Julia Risler, en Ganar la guerra, ganar la paz (2019), sostiene que “la dictadura no sólo anuló cuerpos a través de su dimensión represiva y desaparecedora, sino que también los produjo mediante el despliegue de una estrategia de acción psicológica”. Según la investigadora, el origen de la doctrina local de acción psicológica, de la manera en la cual luego funcionó en dictadura, se ubica a mediados de los años cincuenta. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas armadas de los países centrales reorientaron sus hipótesis de conflicto hacia las fronteras internas de sus países. En el contexto de la Guerra Fría y avalados por la hipótesis de “conflicto permanente”, las fuerzas armadas desarrollaron mecanismos de “contrainsurgencia” para resguardar el orden y la seguridad interna.  Allí se constituyen las operaciones de acción psicológica: un conjunto de técnicas, procedimientos y saberes orientados a conducir emociones, imponer comportamientos y modelar actitudes y valores de la población.  Así, según Risler, a la tradicional “lucha armada”, se sumó la “lucha ideológica”, en la cual la población civil –considerada una potencial amenaza al orden– constituía un objetivo del accionar militar.

De manual, a la usanza francesa.

“Sobre finales de la década de los 50 los franceses se establecen en Argentina y comienzan a trabajar en la formación de los cuadros militares nacionales. Desde ese momento y por varios años la revista de la Escuela Superior de Guerra (ESG), de publicación trimestral, contó en todas sus ediciones con artículos firmados por militares franceses destinados en la Argentina (François Pierre Badie, Robert Bentresque, Patrice de Naurois, Henri Grand d’Esnon entre otros), o por militares argentinos formados en Francia (coroneles Miguel Manrique Mon, Alcides López Aufranc, Carlos Rosas, entre otros), que abordaban exclusivamente el tema de la guerra psicológica o que la incluían como parte de sus contenidos”, explica Adriana Taboada, investigadora del Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG) de la Universidad de Tres de Febrero y perito psicóloga en causas por crímenes de lesa humanidad. Y agrega:

“Los franceses diferenciaron el concepto de guerra psicológica del de acción psicológica. El primero hace referencia a toda actividad cuyo blanco fuera la destrucción del enemigo y el segundo refiere a las acciones que inciden elevando la moral de las propias fuerzas. Para cuando la disciplina psicológica pasa a formar parte de manera reglamentada en la formación de las fuerzas armadas argentinas, el concepto de guerra deja paso al de acción psicológica. Considero que este cambio es fruto de la redefinición del enemigo construido desde los primeros años de la década del 60 como interno, y por tanto se redefinieron también los modos de combatirlo”. A comienzos de los sesenta Estados Unidos facilitó adiestramiento militar, entregó armas mediante acuerdos y organizó misiones de asesoramiento a los militares: la Doctrina de Seguridad Nacional. Antes de que el Manual de Operaciones Psicológicas (copia de su homónimo en francés) fuera Doctrina oficial, en el año 1968, con la firma de Lanusse. Es decir que los franceses hacía diez años que estaban enseñando el tema. “En la década del cincuenta ya estaban  hablando de psicología y de medios de comunicación. Toda la preparación que hacen a través de los medios, previo al golpe, cómo van preparando, armando una verdad, representaciones, el rol del periodismo, es tiempo de trabajo profesional: hay que definir mensajes, ver cómo lo pasas, cómo lo sostenés, la manera de abordarlo”, resalta Taboada.

El día del Golpe, la dictadura publicó sus Documentos Básicos: una estructura organizativa y de valores consensuados por las Fuerzas Armadas. Estaban compuestos por el Acta para la Reorganización Nacional, el Acta con el propósito y los objetivos básicos del Proceso de Reorganización Nacional, el Estatuto para la Reorganización Nacional, y el Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo. En los mismos se muestra el diagnóstico que justificó el golpe de Estado, los objetivos que se plantearon, el rol adjudicado a las Fuerzas Armadas y las modalidades para interpelar a la ciudadanía. La documentación demuestra la búsqueda de la adhesión y participación de la población siempre que fuera con el objetivo de contribuir a los “logros” del modelo nacional propuesto.  Allí, la acción psicológica jugó un rol central. Entendida como mecanismo de control y disciplinamiento de la sociedad, esta “política cultural de control y producción de alcance nacional”- que menciona Risler- formó parte integral de la implementación del terrorismo de Estado. Sobran las pruebas que vinculan a los grandes medios hegemónicos con el accionar global de la última dictadura cívico eclesiástico militar y sin embargo, la gran parte de los juicios de Lesa Humanidad llevados a cabo en nuestro país casi no han llevado al banquillo a dueños y/o editores de contenidos gráficos y audiovisuales de radio, periódicos y televisión, sean estos medios públicos o privados. Existe una gran deuda con los juicios a la pata civil de la dictadura: el empresariado.

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Los impunes de ayer y hoy.

“El fenómeno de la criminalidad en masa requiere, inevitablemente, de un abordaje jurídico diferente del que habitualmente realizan los operadores del poder judicial. Las categorías dogmáticas tradicionales se conmueven ante la dimensión del crimen cometido por el Estado Terrorista; dimensión, la mayoría de las veces, que conmueve también los espacios del lenguaje en la caracterización y definición de dicho fenómeno. El horror y el terror en tales circunstancias muchas veces transita el camino de “lo indecible”. Es obligación, entonces, de los que llevamos adelante la investigación de estos crímenes dotar del máximo rendimiento a la dogmática penal a efectos de evitar el otro fenómeno que acompaña al Estado Criminal: la impunidad”. Con estas palabras abrían los fiscales de Bahía Blanca, José Nieva y Miguel Palazzani, la requisitoria en la causa que tenía al actual multimedio bahiense, La Nueva Provincia, y particularmente a su dueño, en el centro del debate por delitos de lesa humanidad.

Hace tiempo que venimos celebrando como sociedad  el juzgamiento de los delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar, con juicios y- muchas veces- condenas (a la fecha, son más de mil los genocidas condenados) para los perpetradores directos y los mediatos en el aparato organizado de poder, así como también complicidades civiles y eclesiásticas para que se pudiera orquestar el plan criminal. Sin embargo, la connivencia y participación de civiles- empresarios- como integrantes de una asociación ilícita con los mandos militares, mediante la posesión y utilización de un medio de difusión/comunicación, con el objetivo de eliminar un grupo nacional (los enemigos o subversivos) es ciertamente una modalidad delictiva que no ha sido demasiado explorada en los juicios que por delitos de lesa humanidad se llevan a cabo en todo el país y que, aún al día de hoy, resulta difícil de probar fehacientemente.

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¿Cuán responsables son los massmedia?

“La pregunta más apremiante quizás tenga que ver con el grado de responsabilidad que es posible atribuirles a los medios masivos en la generación de una atmósfera social y de un clima cultural que hizo factible el horror a través de la implantación del terrorismo de Estado”, señala Carlos Gassmann, docente e investigador del Instituto de Investigación de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (https://epk.is/AArNU). Para él, resulta indispensable tener en cuenta que se trató de un período de características excepcionales, “dadas las condiciones sumamente restrictivas de producción, circulación y consumo de la información que imperaron entonces; limitaciones que fueron durísimas en los primeros años del Proceso, en el apogeo del terrorismo de Estado, y que fueron atenuándose paulatinamente con la relativa apertura ensayada desde la asunción de Viola como presidente y se aflojaron considerablemente tras la derrota de Malvinas”.

De este modo, entre las intervenciones a canales de televisión y radios, la expropiación, clausura temporaria o definitiva de algunas revistas y periódicos, los encarcelamientos, los secuestros intimidatorios, las desapariciones y hasta los asesinatos de periodistas y editores- la lista que aún se sigue elaborando incluye más de 200 periodistas- se configuró un mapa donde la circulación de la palabra y de las ideas disidentes se vieron severamente limitadas. Donde la palabra pública se canalizó casi exclusivamente a través de los medios de comunicación hegemónicos estrictamente controlados.

Siguiendo al investigador, los diferentes medios de comunicación adoptaron distintas actitudes que fueron desde la abierta confrontación- como el caso de la Agencia de Noticias Clandestina fundada por Rodolfo Walsh, desaparecido al cumplirse el primer aniversario del Golpe- hasta la prensa abiertamente cómplice que colaboró estrechamente con la dictadura- son los ejemplos de la revista Extra, dirigida por Bernardo Neustadt, y Carta Política, editada por Mariano Grondona y el diario La Razón copado por los servicios de inteligencia. En el medio de ese abanico quedaron los diarios La Nación y Clarín, hasta el momento en quedan explícitamente comprometidos con el Gobierno de facto al convertirse en sus socios en la propiedad de Papel Prensa, empresa que detenta el monopolio en la fabricación nacional de papel diario. Con este panorama, la posibilidad de resemantizar o resignificar la información a través de redes interpersonales- en los partidos políticos, en los sindicatos o en centros culturales- se vio severamente afectada.

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La Nueva Provincia: caso insignia.

El caso de La Nueva Provincia (LNP)- hoy multimedio, otrora medio  gráfico importante en Bahía Blanca- resulta insignia de la impunidad que los dueños o figuras de autoridad de los grandes medios detentan en la actualidad en nuestro país. Muchos fueron los medios gráficos que actuaron en connivencia, pero este caso es especial: Vicente Massot, ex dueño  y director de LNP, está acusado de ser “coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y por haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio” (https://epk.is/5dYVg).

Los fiscales José Nieva y Miguel Palazzani hicieron una investigación con elevación a pedido de juicio para Massot. Articularon la parte judicial con la guerra psicológica y demuestran que se aplicó el Manual de Operaciones Psicológicas al diario La Nueva Provincia.

El Tribunal Oral de Bahía Blanca expresó entonces:

“…En torno a lo relacionado con el accionar de los directivos del diario local LA NUEVA PROVINCIA, previo y durante el ejercicio de poder del autodenominado “proceso de reorganización nacional” a la luz de lo escuchado durante el presente juicio (…) Encontramos que la expresión de la verdad en el estricto marco de lo acontecido en este juicio, fue seriamente afectada por una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”. Los rasgos fundamentales de tal distracción son principalmente la inducción de culpa sobre la propia víctima, sus familiares y amigos; la persuasión al silencio de toda la población; y la incitación a considerar a los opositores como inadaptados sociales, que conduce a la deshumanización del grupo humano que es contrario al “estilo de vida argentino”. Tales operaciones “de manual”, constituyen elementos fundamentales en la guerra de baja intensidad en sus distintas facetas: a) utilizar todas las formas de propaganda y manipulación de la conciencia social en la urgencia de ganar a la población civil; y b) crean, a su vez, aparatos de desinformación en el nivel de los medios masivos”.

Los fiscales sumaron, además la declaración indagatoria del Gral. Acdel Edgardo Vilas, quien testificó sobre la responsabilidad de los directivos del periódico. Vilas señaló que no sólo se publicaban falacias, sino que La Nueva Provincia era un “…valioso auxiliar de la conducción…”. En otras palabras, el diario- al margen de su función específica- también cooperaba con el Ejército con tareas psicológicas en contra de la población.

A partir del trabajo de los fiscales acusadores- que fueron buscando herramientas que les permitieran mostrar la articulación, para poder acusar con más sostén al aplicar doctrina militar-  se avanzó hasta llegar a la instancia en que Vicente Massot fue citado a indagatoria, sentando un antecedente nunca antes visto en los juicios de lesa humanidad. Sin embargo, el pasado 30 de julio del 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja contra la falta de mérito de la cual goza el ex dueño y director de La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, luego que el tribunal supremo de justicia denegara  el recurso extraordinario presentado por el fiscal Javier De Luca hace cuatro años. Éste había argumentado que la falta de mérito constituía un sobreseimiento encubierto que violaba la obligación internacional de dilucidar y juzgar seriamente los hechos. Cuatro años que arrojan una nueva respuesta judicial que prolonga la impunidad de Vicente Massot.

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Para ti, Bottinelli y la voluntad política.

Thelma Jara de Cabezas fue secuestrada el 30 de abril de 1979 y permaneció ocho meses a disposición del Grupo de Tareas de la Escuela Mecánica de la Armada. Ante la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los represores con  la obligaron a realizar una falsa entrevista para la revista Para Ti. Llevaron a Thelma a una peluquería de Belgrano y luego a comprarse ropa en el barrio del Once. La entrevista se realizó en la confitería Selquet de Figueroa Alcorta y La Pampa, a donde Thelma fue conducida por un grupo de tareas de la ESMA comandado por el represor Ricardo Miguel Cavallo. Durante el reportaje Thelma tuvo que decir que fue engañada por los organismos de derechos humanos y que Amnistía Internacional también la engañó: “Todo era como para desprestigiar a los organismos de derechos humanos y desmoralizar a los familiares, tal cual sale con la revista después”, declaró en 1985 en el Juicio a las Juntas.

La nota fue publicada el 10 de septiembre de 1979 bajo el título: “Habla la madre de un subversivo muerto”. Para ese entonces, Thelma Jara de Cabezas era ya una de las referentes y madre fundadora del movimiento de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, surgido al calor de la búsqueda- como tantos otros familiares- de su hijo Gustavo, de 17 años. Sin embargo el semanario para la mujer la presentó como “una arrepentida que describía cómo la guerrilla había engañado a su hijo” para que se volcara a la lucha armada. Unos días antes de que saliera la nota, el diario El País de España había publicado una carta escrita por Julio Cortázar que denunciaba la desaparición de Jara de Cabezas.

La primera denuncia judicial por este falso reportaje fue en 1984 contra Aníbal Vigil, director ejecutivo de Editorial Atlántida pero terminó archivada en el contexto de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Muerto Anibal Vigil, máximo presunto responsable, en noviembre de 2014, Bottinelli fue procesado por el juez Sergio Torres por el delito de coacción, y se convirtió así en el primer periodista procesado por un caso de lesa humanidad. Sin embargo, en 2015 la Justicia estimó que hasta ese momento los elementos de la causa “no alcanzaron a arrojar luz suficiente para corroborar o desvirtuar” la acusación y ordenó seguir investigando el falso reportaje de la Revista Para Ti. El procesamiento del editor responsable, Agustín Bottinelli fue revocado.

“Cuesta entender cuál es la lógica jurídica. Lo que para uno es una obviedad, no necesariamente lo es. Y por otro lado hay decisiones jurídicas que son decisiones políticas. Si ladra, tiene cuatro patas y no querés decir que es perro estamos hablando de otra cosa. Faltan las pruebas contundentes. No está suficientemente probada la relación entre Bottinelli y los militares, su participación central necesaria en el delito de privación ilegítima de la libertad”, opina Adriana Taboada y nos lleva a posar la mirada sobre un pequeño recuadro, una breve entrevista a Maired Corrigan., presentada como “una irlandesa menuda y nerviosa, de melena rojiza, que habla con una convicción y una fuerza notables” pero de quien nunca se dice que era la Premio Nobel de la Paz de 1976. “No solamente está preparada la nota de Thelma, sino esa pequeña nota también. Corrigan vino a la Argentina porque Pérez Esquivel estaba preso y es ella quien lo propone para el Premio Nobel de la Paz. Ella viene en tarea política, no de turista. La va a recibir Alicia Moreau de Justo de la APDH. Hizo todo una recorrida y dio un discurso muy fuerte. Hay toda una distorsión global, para intentar apoyar <<desde afuera>> lo que está diciendo Thelma”.

El tema de “la mala madre” que no supo acompañar al hijo, que “no vio”, que “no escuchó”, es un tema que se reitera desde el año 76 en diversos formatos: desde las Cartas Abiertas a los padres, a las madres, muchas veces sin firma, otras veces- como en la Carta Abierta de la revista Gente de diciembre del 76- firmada por “un amigo” que te sugiere que estés atenta a tu hijo, “no sea cosa que termines yendo a identificar el cuerpo [de tu hijo] a la morgue”.

“Las ideas directrices de lo que se quería comunicar se mantiene y reitera en la publicidad de época que te pregunta << ¿Sabe usted dónde está su hijo a esta hora?>>. Es un mensaje a los padres y tiene que ver con una determinada metodología- lo mismo con Thelma en la Para Ti en el 79, la revista Gente en el 76 y el Almirante que editorializa en La Nación en el 78 y termina hablando del rol de la familia, de los padres, las publicidades- todo apunta siempre a que si pasa algo la responsabilidad es tuya, no del Estado desaparecedor. Eso requiere cráneo. Hay alguien ahí que está planificando. ¿Quién es? Hay que probarlo. ¿Quién no podía desconocer? Ahí entra el trabajo del abogado… La responsabilidad empresaria es muy difícil de probar. Más allá de que no hay decisión política de investigar y llevar a juicios, es muy difícil de probar”, concluye Taboada.

Ante la revocación del procesamiento de Bottinelli, el fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Martín Niklison, interpuso un nuevo recurso para pedir que interviniera la Cámara Federal de Casación Penal y que se reviera el fallo ya que- en su opinión- para mandar a juicio, las pruebas son suficientes. En la actualidad, esta causa- una de las pocas  iniciadas contra civiles en medios de comunicación- se encuentra detenida. En otros casos- como la historia de Alejandrina Barry, presentada como “la niña abandonada por sus padres subversivos” en una nota fraguada también  por revistas de la editorial Atlántida para demonizar la militancia de los 70- nunca se llegó a la instancia de juicio.

El libro de recetas.

El reciente hallazgo de una Guía para acciones psicológicas secretas de la ex SIDE vuelve a reavivar la discusión sobre el estrecho vínculo entre medios masivos de comunicación y las altas esferas de la inteligencia militar argentina, ya que muchas de las pautas que promovía dicho manual (preparación de rumores, difusión de slogans sin autoría, inoculación de información falsa como relato oficial, entre otras) se vieron plasmadas en los medios hegemónicos de esos años. Se espera que la nueva evidencia contribuya de algún modo en los juicios en curso y venideros para evitar que se siga naturalizando la impunidad de dueños, editores y otras personas que ocuparon lugares de autoridad y de toma de decisión dentro de los medios de comunicación hegemónicos para hacer de la desinformación, un método sistemático más del terrorismo de Estado.

*Publicado originalmente en Mundo Lesa

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Por Luz Ailín Báez

Iniciado el 26 de marzo de 2019,  tuvo su primera audiencia vía streaming el 11 de junio pasado. En la misma se siguió con la nueva modalidad iniciada por el TOF 1 de Mar del Plata durante la sentencia de la Megacausa Subzona 15 -de transmisión en vivo a través de los canales formales del juzgado y del Centro de Información Judicial-  luego implementada por los tribunales orales federales de Rosario y de Paraná, en la provincia de Santa Fé.

Sin embargo, este juicio resulta único por ser el primero en la Argentina cuyo Tribunal de justicia- el TOF 4 de San Martín que presiden los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y María Claudia Morgese Martín-  avaló la transmisión online íntegra en vivo a un medio de comunicación popular alternativo: La Retaguardia.

Marcha Noticias dialogó acerca del tema con Daniel Cabezas, querellante en la causa y sobreviviente de la cacería digitada por los miembros del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) de la dictadura argentina en connivencia con gobiernos y servicios de inteligencia de otros países, que tuvo alcance mundial y que dejó un nuevo saldo de secuestrades, torturades, desaparecides y asesinades argentines en  Brasil, Perú y España.          

-¿Cuál es su balance personal sobre cómo viene desarrollándose el juicio?

-“Este juicio llevó mucho tiempo hasta que empezó. Los  sobrevivientes, familiares de desaparecidos y asesinados y militantes de los derechos humanos impulsamos mucho para que  llegara  a juicio oral. Tuvimos bastantes problemas durante la etapa de instrucción, distintos frenos. No lo agilizaron hasta que finalmente llegamos al inicio del juicio oral con mucha expectativa. Sabíamos que era un tema difícil porque en el juicio de Contraofensiva los imputados son la conducción de los organismos de Inteligencia de la dictadura.

A diferencia de otros juicios donde hay una víctima que puede indicar que tal militar lo torturó en determinado lugar, acá es más complejo. Y por otro lado la Contraofensiva en sí es una acción de resistencia controversial que ha provocado muchas críticas dentro y fuera de la militancia, entonces es como un ejemplo de la Teoría de los dos demonios. Entonces también estábamos preocupados por la reacción que podría haber en distintos medios, en distintos sectores de la sociedad y nos preparamos mucho para los testimonios. Estábamos convencidos de que nosotros teníamos que defender nuestro derecho a la resistencia a una dictadura genocida. Y cuando comenzó el juicio inmediatamente vimos que ese objetivo se estaba cumpliendo: los testimonios de los familiares y  de los sobrevivientes, demostraron quiénes éramos en realidad”.               

CONSTRUIR AL ENEMIGO

Los discursos construyen subjetividades, y el aparato mediático de la Dictadura se encargó de cimentar en el imaginario social a los Montoneros como sujetos tan deleznables e inhumanos como para que su eliminación fuera no sólo comprendida sino aclamada y pedida por  una parte importante de la sociedad.

Daniel se presenta como productor audiovisual. Nos cuenta que desde muy joven estuvo interesado en difundir ideas a través de los medios y a través de distintos formatos.

 “En un momento abandoné el Grupo Cine donde estaba porque había una dictadura tan salvaje que necesitábamos todos participar para poder echarla, desterrarla”.

Las palabras de Daniel son taxativas: para él, no quedaba otra opción que asumir la resistencia a esa Dictadura.

“Pertenezco a una familia muy golpeada: mi hermano está desaparecido, mi madre estuvo en la [ex] ESMA igual que mi prima y su marido y mis amigos también están desaparecidos. Estuve en la cárcel cuatro años. Estuve en Campo de Mayo secuestrado una semana. Formé parte de la Contraofensiva. Formo parte de la historia de los últimos años de nuestro país. Elegí un lugar. Elegí ponerme en una vereda hasta el día de hoy. Hoy estamos buscando memoria verdad y justicia y participar activamente en este juicio me lo permite”, sostiene. Daniel es querellante por sí mismo en el juicio. Colabora con el grupo de sobrevivientes y familiares para llevar adelante las audiencias. Trata de estar presente en casi todas las audiencias e informa a las y los compañeros que participan en el juicio mediante un grupo de Whatsapp, ya que muchos de ellos están en el exterior, para hacerlos participes de algunos aspectos de la audiencia que son más informales.

Desde el inicio del Juicio Contraofensiva, Cabezas y otros compañeros y compañeras sobrevivientes y  familiares de desaparecidos trabajan en equipo para desarmar el discurso social instalado de la teoría de los dos demonios. En formato de blog (https://juiciocontraofensiva.blogspot.com/) han ido registrando  mediante escritos, dibujos, fotografías y documentos cada una de las audiencias. “No formamos una comisión- como hay en Vesubio, en Puente 12- pero sí trabajamos en equipo. Todos aportan para que la causa se desarrolle en búsqueda de justicia con efectividad. Gracias al aporte de los jóvenes, los hijos e hijas de los desaparecidos, la causa tomó un impulso mayor, muy intenso”, comenta Daniel.

Entre les hijes de desaparecidos se encuentra Gustavo Molfino, fotógrafo presente y activo en lo que refiere al registro de este y otros juicios por delitos de lesa humanidad. Su madre formó parte de la Contraofensiva y fue secuestrada en la localidad de Miraflores, Perú,  en una acción mancomunada entre la SIDE argentina y la SIE peruana. Gustavo- hoy jefe del departamento de fotografía de la Cámara de Diputados de la Nación- estaba presente en el momento en que se llevaron a su madre. “Salvate vos que tenés toda la vida por delante”, fueron las últimas palabras de Noemí Esther Gianotti de Molfino, según el testimonio que prestó él mismo y que consta en la crónica del Diario del Juicio.

En otra de las audiencias, Ana María Montoto Raverta- médica pediatra- leyó en voz alta y entrecortada una carta enviada por su madre a sus compañeros de “La Guardería”, una casa en La Habana donde ella y su hermana- la actual titular de la ANSES Fernanda Raverta- quedaron junto con otres niñes  al cuidado de miembros de Montoneros mientras sus padres y madres llevaban a cabo la Contraofensiva. En la misma, María Inés les pedía: “No dejen que mis hijas se olviden de mí. Léanle mis cartas y muéstrenle mis fotos”.

Daniel Cabezas detalla:

“Hay familiares que hicieron una descripción de la personalidad de los desaparecidos, y de cómo había sido su vida. Desde muy chicos, el interés por lo social, su participación en distintas organizaciones y acciones. Cómo eran en lo cotidiano. Durante el juicio se pudo obtener historias de vida de militantes que siempre trabajaron y lucharon por una sociedad más justa y que lamentablemente fue truncada su vida pero también hay sobrevivientes que continuaron sus militancias, sus participaciones en la sociedad haciendo aportes desde el lugar que les toca: maestros maestras, sindicalistas, trabajadores rurales, médicos, entonces los testimonios en las audiencias le permiten a la sociedad tener un  pantallazo sobre los militantes que resistieron. Sus historias de vida, su calidad de vida y su entrega. La teoría de los dos demonios instaló que los Montoneros eran unos delincuentes subversivos terroristas”.

Y agrega: “Acá en el juicio estamos viendo que había  maestros, médicos, sindicalistas, gente de las Ligas Agrarias,  que había estudiantes y que la opción político militar fue en una época. De hecho, hoy en día hay muchísimos militantes que sobrevivieron y que están en distintos organismos de gobierno  o están trabajando en un sindicato, ocupando distintos lugares en la sociedad de acuerdo a la época. Eso es también lo que el juicio permite ver”.

En estas cartas, conversaciones o citas falsas para salvar a compañeros (hoy sobrevivientes), se va tejiendo, audiencia en audiencia, otro relato que humaniza y contextualiza los caminos tomados por muchos militantes en ese momento.

DESMENUZAR EL CEREBRO DE LA DICTADURA

Para Daniel, “El objetivo principal buscado es que se haga justicia por nuestros compañeros y compañeros que fueron desaparecidos o asesinados. Y luego, poder  esclarecer y desarmar algunas de las acciones psicológicas que se hicieron durante la contraofensiva y que repercuten en todo el accionar de la dictadura”.

“Todo el aparato de inteligencia siempre estuvo oculto. En este juicio nos estamos metiendo en las estructuras de inteligencia”, destaca. “Poder descifrarlas es poder cumplir con las tres banderas de los derechos humanos de los últimos años que son Memoria, Verdad y Justicia. La importancia puntual radica en que visibiliza a la inteligencia del Ejército, quien estuvo detrás del armado del Plan Sistemático. Eso es lo importante. De hecho, los testimonios de Stella Segado- Coordinadora del Área “Memoria y archivos” de Territorios Clínicos de la Memoria (TeCMe) y ex directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa- y de Verónica Almada- antropóloga que trabajó en el equipo de Segado y se especializó en el ordenamiento y la clasificación de los archivos del Ejército- aportan datos duros, sustento, además de para que haya verdad, para poder llegar a un resultado que haga Justicia a la memoria de los y las desaparecidas/os. Así como rescatamos la historia de vida de cada uno de los compañeros, a través de los testimonios de familiares y estamos conociendo al verdad de cómo cayeron y dónde cayeron, también estamos conociendo la verdad del enemigo. Cómo operaba esta estructura de inteligencia. La Justicia la obtendremos en la sentencia”, apunta.

Para Daniel, los  testimonios de Stella Segado en la audiencia  del 11 y de Verónica Almada el 18 de junio superan el ámbito del Juicio Contraofensiva ya que aportan información que puede ser provechosamente utilizada en otros juicios. “Stella Segado mostró organigramas que estaban en las órdenes de inteligencia, se pudo ver  la organización que había, cómo era la estructura. Entonces todo eso trasciende nuestro juicio. Porque esa estructura de inteligencia se aplicó en todo el país. Entonces hay otros juicios a los que les puede servir también”.

TRANSMITIR EN VIVO, DEMOCRATIZAR LA EXPERIENCIA DE LOS JUICIOS.

El primer gran acercamiento de la televisión y juicios por Derechos Humanos se dio en Argentina durante el denominado “juicio a las juntas”, que se inició el 22 de abril de 1985, marcó un punto de inflexión en las sociedades latinoamericanas frente a la posibilidad de que los tribunales de sus propios países enjuiciaran a los dictadores. Si bien hubo un acceso a imágenes,  “no podemos establecer que fue una audiencia televisada”, sostiene Julio Mundaca Quintana, subdirector de Comunicaciones del Poder Judicial de Chile, en su artículo La televisación de juicios como herramienta de construcción de una justicia social.

“Fueron 530 horas de audiencias, 709 casos presentados, 833 testimonios, 38 mil fojas y una Argentina –y por qué no decirlo, el mundo– expectante de conocer el veredicto. Como una forma de transparentar lo que estaba sucediendo, los jueces determinaron que los periodistas podían ingresar sin problemas, pero las imágenes eran tomadas por un pool de fotógrafos y si bien el juicio fue íntegramente grabado, los canales de televisión solo podían acceder a tres minutos diarios sin audio para utilizar en sus notas”, escribe Mundaca Quintana.

Más allá de su relevancia histórica, hay que resaltar que esta primera televisación se realizó a través de un medio de comunicación hegemónico. Dicha transmisión fue fragmentada y por lo tanto, el acceso que la sociedad civil pudo tener a la información de lo que sucedió dentro del Tribunal fue, inevitablemente, sesgado y parcial.

El contexto actual resulta completamente diferente: se trata de un medio alternativo de comunicación con amplia trayectoria en lo que refiere a derechos humanos y que ha empezado a transmitir las audiencias en vivo para todo el mundo sin cortes. Desarmando, así, la puesta en escena editada que pudiere interferir o modificar los sentidos de lo que juzgades y víctimas relatan, proporcionando a la ciudadanía entera la posibilidad de acceder a la palabra de los actores de este pasado reciente, para debatir, preguntarse y poder sacar conclusiones propias y colectivas.

-Ha estado presente desde las primeras audiencias de este juicio. ¿Cómo se siente ahora acudiendo a las audiencias en este contexto de aislamiento social obligatorio?

-“Es contradictorio porque nosotros quisiéramos que esté la sala llena. Es fundamental que estemos presentes frente al Tribunal y acompañando al testimoniante. Pero como no se puede apareció esto de la difusión a través de las redes. Este tribunal es muy especial: nos dejaba sacar fotos y nos dejaba grabar y filmar durante las audiencias y ahora permitió- es el único hasta ahora- que se difundía a través de La Retaguardia. Mientras se transmitió la primera audiencia, cuando estaba Stella Segado testimoniando tuvo más de mil vistas. Entonces es contradictorio: no estamos presentes físicamente pero llegamos a muchísima más gente. A partir de habernos visto hay periodistas que llamaron para interiorizarse, académicos que están estudiando el tema, fiscales que pidieron el testimonio de Stella. Es contradictorio pero nosotros queremos avanzar porque necesitamos llegar a una sentencia antes de que se terminen de morir los imputados. Si la ciudadanía conoce más sobre lo que provoca un juicio, lo que se hace en un juicio y lo que se logra en un juicio de Lesa Humanidad, también va a dar elementos para los juicios que van a venir, que son los responsables económicos. La dictadura no fue un grupo de militares locos que mataban gente sino un plan económico, un proceso de reorganización nacional que intentaba organizar la sociedad de otra manera en beneficio de un grupo muy chico de  grupos económicos. Que es lo mismo  que está pasando ahora y que pasó en los noventa y los últimos cuatro años. Que los juicios sean incorporados a la sociedad también va a permitir para llevar a juicio a los responsables del genocidio económico. Hay una cuestión del legado, que ustedes los más jóvenes partan de una visión más amplia para que luego no les vendan pescado podrido”, concluye Cabezas.

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En un mundo capitalista que nos convida y vende “momentos” para atender a todos nuestros  sentidos para consumir de modo constante, la experiencia resulta irremplazable. Tan irremplazable como lo es para hacer carne, para comprender. Para hacer memoria con todo el cuerpo y, si es necesario en estos tiempos, poniendo los sentidos en juego a través de la pantalla. Es de suma importancia y debe constituirse como un derecho más dentro de nuestra democracia, la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda presenciar, ya sea físicamente como desde la virtualidad, el devenir de los distintos juicios de lesa humanidad. Debería ser un pedido de todos, para que realmente se pueda educar y formar ciudadanía consciente de las aberraciones planificadas sucedidas. Resulta indispensable subirse a este tren que ha empezado a andar gracias a la acción de los organismos de derechos humanos, de los medios alternativos, abrazar a estas primeras transmisiones en vivo de los juicios de la mano de los medios alternativos e independientes y mantenerlas vivas. Que no queden como excepción pandémica. Que se constituyan como un elemento más de democratización de la información. Para poder ser partícipes reales de un proceso de recuperación de memoria histórica y de justicia en donde cada ser humano, en contacto directo con la historia expuesta ante un tribunal, pueda construir su realidad, su proceso histórico personal y, también, colectivo.Para llevar a la práctica entre todos el deseado y defendido “Nunca Más”.

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Por Luz Ailín Báez / Foto Marcelo Nuñez

Más de 300 testimonios durante dos años de audiencias culminaron en la lectura del veredicto ante una cantidad mínima de personas, entre querellantes, defensores y los fiscales de la causa, escuchado por los imputados- en su mayoría, población de riesgo- desde sus casas. Hubo 28 condenas a prisión perpetua, 7 penas temporales que van de los siete a los veinticinco años y 5 absoluciones por  secuestros, torturas y desapariciones de más de 260 víctimas de las localidades de Mar del Plata, General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvear, Lobería, Necochea y San Cayetano. 

Por primera vez, la lectura de la sentencia se dio sin la presencia de familiares, sobrevivientes y acusados. La mayoría lo miró vía streaming y redes sociales, desde las casas, un panorama muy diferente al que suele suceder cuando se trata de causas grandes en términos de genocidas y víctimas implicados. Desde Marcha Noticias hablamos con Adriana Metz, trabajadora de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo y con Gloria León, abogada querellante, dos de las pocas personas presentes físicamente en la lectura de la sentencia.

-¿Cómo se sintieron tras oír la sentencia?

G.L: La sensación de un nudo en la garganta por no poder desahogarnos en un abrazo. No soy de festejar estas sentencias porque han pasado demasiados años de impunidad. Me viene el recuerdo de todos mis compañeros. Yo soy parte involucrada en esto. No puedo festejar. Pero sí obviamente la satisfacción, el alivio de que esta justicia burguesa- como yo le llamo- es el sistema en el que vivimos, y está bien que actúe, que juzgue, que condene o absuelva cuando así corresponda. Demostrar que con el estado de derecho se puede y se debe juzgar. Es la única forma posible de restaurar esta profunda herida que el terrorismo de estado ha provocado en nuestra sociedad. Es una manera de demostrarles a todos los detractores de estos procesos que se puede juzgar este  tipo de delito con el código penal nacional, con el código procesal penal, con los jueces naturales no es necesario hacer un tribunal especiales.

A.M: Es complicado. La sentencia llega más de cuarenta años después del hecho. Es lenta. Es tarde. No sé si es justicia. Para el resto de la sociedad- los que no están relacionados directamente con los desaparecidos, no tuvieron un vinculo, un lazo de amistad, conocerlos, ser vecinos- es material para cuando dentro de una cantidad de tiempo pregunten qué fue lo que pasó o por qué hablan de terrorismo de estado, se dirijan a esta sentencia y ahí entiendan qué ocurrió exactamente en nuestro país a partir del 24 de marzo de 1976. La sentencia es un pequeño acto de reparación para quien no tiene a sus padres, a sus hermanos y a sus tíos y sobrinos, a su familiar…es apenas un bálsamo. Por un lado vemos bien que hayan sido condenados, que de 40, 35 hayan sido condenados y sólo haya habido 5 absoluciones, es bueno. Para lo particular de cada uno la falta está. El familiar no está, no sabemos dónde están sus cuerpos, de los nacidos en cautiverio no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son, ellos tampoco saben realmente quiénes son. Entonces es complicado. No es solo una sentencia y nada más”.

La sentencia

Gloria León, única abogada querellante presente físicamente durante la lectura del veredicto, explicó que “los imputados originales eran 43 pero 3 fueron separados, uno por fallecimiento y otros por declaración de incapacidad. De los 40 imputados que llegaron hasta el final del juicio, hubo 28 condenas a prisión perpetua, 7 penas temporales que van de los 7 a los 25 años, 5 absoluciones. Siempre llaman la atención las absoluciones, pero en realidad ni a la Fiscalía ni a nosotros la querella, la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, nos llama la atención. Desde el punto de vista constitucional todos gozan del estado jurídico de inocencia y es el Estado a través de la fiscalía y de los particulares a partir de la posibilidad de actores en el proceso, son los encargados de romper ese status jurídico de inocencia. Cuando no se puede romper no se puede acreditar la culpabilidad. Hubo varios casos que en el transcurso de las audiencias no coincidían temporalmente las detenciones de las víctimas con el tiempo en que el  imputado había estado a cargo de esa dependencia. Entonces hubo que retirar la acusación. Toda la instrucción se realiza con una cantidad de delitos. Cuando se considera que es el momento de pasar a debate, el verdadero juicio, donde realmente se resuelve la situación procesual del imputado es que pueden aparecer nuevas pruebas que ayudan, refuerzan el pedido de pena o no. Es una muestra cabal más de la legitimidad y legalidad que tienen los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país. Cuando no hay pruebas suficientes, se absuelve”.

Las condenas a perpetua fueron para: Virton Mendiaz, Alfredo Arrillaga, Eduardo Blanco, Jorge Toccalino, Julio Falcke, Oscar Ayendez, Héctor Azcurra, Policarpo Vázquez, Rafael Guiñazú, José Lodigiani, Carlos Robbio, Justo Ortíz, Eduardo Frías, Alfonso Nicolás, Roberto Blanco Azcarate, Luis Bonanni, Raúl Pagano, Osvaldo Siepe, Néstor Vignolles, Héctor Vega, Fortunato Rezzet, Carlos Suárez, Hugo Pabón, Alcides Cerutti, Oscar Gronda, Alfredo Weinstabl, Ernesto Davis y Raúl Pizarro. A Juan Eduardo Mosqueda le dieron 25 años de prisión; 22 a Ariel Silva; 10 a Cesar Martí Garro y Miguel Ángel Domingo Parola. Y siete para Carlos Mansilla y Juan Carlos Aiello.

Según explicó León, once de los condenados ya tenían condenas previas, algunas firmes y otros todavía con procesos pendientes. En tanto el tribunal resolvió que se unificaran las penas nuevas con las ya existentes y ordenó la inmediata detención de Gomez Centurión, que estaba en libertad  y fue condenado a doce años. No hubo diferencias entre las penas pedidas por la Fiscalía y las otorgadas.

Transmitir la sentencia online

Adriana Metz es hija de desaparecidos y trabaja en Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Ella es de las pocas personas que han seguido las audiencias de este juicio desde su inicio en el año 2018. Además, fue la única persona no integrante del cuerpo de abogades y jueces presente durante la lectura del veredicto, encargada de transmitir desde su celular para el Canal de YouTube de Abuelas.

“Habíamos hablado desde Abuelas que era importante que se transmitiera el Canal de YouTube así que se pidió una autorización al Tribunal para que yo entre para hacer la transmisión en vivo y en directo”, explica Metz. “Cada vez que escuchaba los nombres de los que me tocó conocer después o de los que nunca conocí pero sí tengo amigos o información extra- era un estremecimiento bárbaro. Nunca me había tocado así. Yo estuve en Bahía Blanca en las sentencias, donde mis viejos están nombrados como víctimas. Es distinto. Ayer me sentía con el compromiso de estar ahí por todos los que no podían estar por el aislamiento social obligatorio. Esto de la sentencia sin público… Cuando las audiencias terminan siempre salimos y cantamos ´Ole ole olá´. Y ayer eso no estuvo. Y ese abrazo con el desaparecido no va a estar pero por ahí sí con un compañero. Y tampoco se dio ayer porque la gente no pudo estar. Fue rarísimo. Terminó la audiencia y cada uno tenía que seguir su camino. Y nos costaba despedirnos. Todos estábamos diciendo qué era lo que nos faltaba a cada uno: el canto, el abrazo, incluso Gloria León, abogada querellante por la Apdh, decía “nos faltó la puteada cuando absolvían a uno”.

Metz resalta, asimismo, la ausencia generalizada de público a lo largo de todo el juicio.

“Había audiencias en las que estaba solamente los abogados querellantes, la fiscalía, los defensores porque tienen la obligación. Los acusados ni siquiera tienen la obligación de asistir. Y no había público. Me ha pasado de audiencias que eran muy importantes y por mi trabajo en Abuelas no podía dejar de estar en la oficina, porque tenía que estar para una presentación espontánea de una o un joven que tenía la necesidad podía ir en un día y horario específico que justo coincidía con una audiencia”.

Más allá de que los culpables de la desaparición de sus padres ya han sido juzgados y penados en un juicio que culminó en 2012 en Bahía Blanca, Adriana asistió a  todas las audiencias de este juicio que le fueron posibles con un propósito específico:

“En este juicio se nombraban a ocho víctimas embarazadas, de las cuales de cuatro pudimos encontrar a sus hijos. Nos quedan cuatro bebés/ya adultos más por encontrar. Lo fundamental de estos juicios es que en los testimonios puede surgir información de un nuevo grupo familiar. El relato de los sobrevivientes nos puede aportar información de una embarazada que por ahí sospechábamos o teníamos alguna otra información. Es fundamental”.

La historia de Adriana

Nació en Bahía Blanca. Sus padres, Raúl Metz y Graciela Romero fueron secuestrades en diciembre de 1976 en Cutral Có. Al momento del secuestro, su papá estaba trabajando en una empresa constructora de caños en dicha ciudad. Su mamá, ama de casa, cuidaba de ella que tenía ya un año y estaba embarazada de cinco meses. Ambos eran militantes barriales en Bahía Blanca: “arrancaron yendo a los comedores, enseñar a leer y a escribir y terminaron en el PRT- ERP”. Pasaron por los centros clandestinos de detención “La Escuelita” de Neuquén y los trasladaron a “La Escuelita” de Bahía Blanca donde nació su segundo hijo, el 17 de abril de 1977. Esto último fue confirmado por una sobreviviente que pudo aportar esa información y además quedó demostrado a partir del primer juicio que se hizo en Bahía Blanca, que arrancó en el año 2011, con sentencia en septiembre de 2012. “Ahí se dio por acreditado el nacimiento de mi  hermano y su apropiación: mi hermano nació y alguien se lo entregó a una familia.” Adriana se crió con sus abuelos paternos, quienes desde el inicio hicieron la búsqueda la pareja y luego de su hijo recién nacido. “Ellos siempre me dicen que tengo mucho de mis papás. Pero la verdad es que yo no los conocí. Asique si te dijera qué es lo que tengo de ellos, es la falta. Me faltaron. Saber que no los tuve, y por qué no los tuve, no culparlo a ellos, no culpar a mis abuelos, no culpar a la política de por qué no los tuve, no culpar a la militancia de por qué no los tuve. Entender que eso es justamente lo que el terrorismo de estado hace: crea terror en la población y hace que se señale con el dedo, que no se solidarice con el de al lado, que no haya empatía. Asique empiezo por entender que lo que tengo de mis viejos es la falta”.

-¿Y la militancia?

“Pero eso no fue elegido, podría haber hecho otra cosa. Creo que con esto de la búsqueda de mis abuelos, ellos me enseñaron a que mi hermano no está y que él tiene todo su derecho a saber quién es y saber que mis papás no lo regalaron, no lo perdieron, no se lo olvidaron. Eso es fundamental”.

La llegada de su segundo hijo fue un antes y un después para Adriana: “Recién ahí terminé de entender esta situación de haber sido criada con abuelos, de no haber  tenido a mis padres. Tener dos hijos me hizo entender, me hizo ver qué significaba no haber crecido junto a mi hermano”, reflexiona. “Después de un tiempo se acercaron del Archivo Biográfico para cuando apareciera mi hermano y a partir de ahí me acerqué a Abuelas Mar del Plata y desde 2011 estoy aquí, en la búsqueda no sólo de mi hermano sino de  los 300 jóvenes que nos faltan a la sociedad entera. Porque no es solamente un nieto, hermano, un sobrino, son miembros de la sociedad que no tienen su verdadera identidad. Debería ser la búsqueda de todos”.

Gloria: una vida de militancia

Gloria ha participado desde el primer juicio por la verdad en Mar del Plata, en el año 2000 y como abogada de la APDH en el juicio llevado a cabo en Dolores por los cuerpos aparecidos en distintos puntos de la Costa Atlántica. La historia de Gloria es bien diferente.

“Yo soy una sobreviviente de aquella época. Estuve como detenida política cinco años. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Le debo mi vida a mis compañeras Patricia Lazzeri, Liliana Iorio y Liliana Retegui, las mariposas de Mar del Plata” relata, en alusión a las hermanas Mirabal de República Dominicana. Las desapariciones forzadas de las compañeras de Gloria constituyeron tres de los 272 casos que se trataron a lo largo de la megacausa. Gloria vivía con Lazzeri, Iorio, Retegui y otras dos chicas más en un departamento alquilado. La noche previa al secuestro, “no me quedé a dormir en el departamento que alquilábamos y le dije a Pato [Lazzeri] que iba al otro día. Esa madrugada la Marina asaltó la casa y secuestraron a mis tres compañeras y a las otras dos chicas. Cuando llegué al otro día, la señora que nos alquilaba la habitación me contó llorando que habían preguntado por mí también”. Recuerda Gloria la sensación de límite en la que estaba: “Me empecé a despedir del mundo. Dije ´Chau, fuiste´. Y no. Y salí de ahí”.

Stella Maris- una de las dos chicas que no tenían relación con la militancia y que fueron soltadas a los diez días- se prestó para hacer el reconocimiento del lugar, y así se pudo reconocer el lugar donde había estado secuestrada: “La Dependencia de los Buzos tácticos en la Base Naval de Mar del Plata, fue el primer reconocimiento que se hizo en el año 2005 y se pudo reconstruir y acreditar fehacientemente la fecha y lugar donde estuvieron secuestradas”, relata León.

“He sobrevivido. Por eso digo que una de mis vidas se la debo a las mariposas. Es esta manera en que yo siempre he sentido el derecho y el deber de impulsar este tipo de causas, fundamentalmente en Mar del Plata porque es el lugar físico donde milité y donde muchos de mis compañeros de entonces han desaparecido”, concluyó.

Aún restan ver los fundamentos de esta sentencia, que se entregarán el 18 de junio. Pero la mayor importancia de este tipo de juicios reside en demostrar a la República Argentina y al mundo cómo actuó este conjunto de personas que intentaron llevar a cabo esta destrucción de la matriz productiva, de la República Argentina, un cambio radical en la profunda configuración económica del país, para lo cual era necesario, en primer lugar, destruir a la clase obrera organizada y todo aquello que sirviera de apoyo y reaseguro, como las agrupaciones estudiantiles. No juzgarlos por separados hace que se entienda que fue un plan sistemático.

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Historias Desobedientes es una organización compuesta por hijos, hijas y familiares de genocidas. En esta oportunidad, entrevistamos a Bibiana Reibaldi, hija de Julio Reibaldi, integrante de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.

Bibiana Reibaldi tiene 62 años. Trabaja en una inmobiliaria “para ganar plata” pero es psicopedagoga y psicodramatista, profesiones que ejerce por las tardes. “El psicodrama te permite llevar a la acción situaciones vividas en el pasado. Traer al aquí y ahora y poner en acción. No como en una obra de teatro con ropa y escenario armado sino en forma simbólica. Es una herramienta que se utiliza en salud mental para elaborar situaciones”, explica.

“Ninguna carrera se elige porque sí, siempre hay una historia personal que te lleva a esa elección”, dice. “Quien se dedica a la salud mental es alguien que ha tenido padecimientos en este sentido. Quien no ha padecido, es imposible que pueda entrar en empatía con otro ser humano en relación al sufrimiento del otro”. Habla en un tono amable y sin prisa, con conocimiento de causa: Bibiana es hija de Julio Reibaldi, militar fallecido en 2002, integrante del Batallón 601 del Ejército, acusado de delitos de Lesa Humanidad.

Nos recibe en su departamento de Villa Crespo. El living donde transcurre la charla es luminoso y tiene una biblioteca donde se apilan títulos como Hijos de los 70, Estela, Tela de Juicio, un ejemplar del Nunca Más, Papel Prensa de Víctor Hugo Morales, un libro sobre el Che Guevara, Las llaves de la cárcel, El Silencio de Horacio Verbitsky y El libro de los abrazos de Galeano.

“Mi papá se retiró del ejercito como mayor en el ´70, cuando estaba por ascender a teniente coronel porque se separó de mi mamá en ese año. En aquellos tiempos era todo un deshonor en el ámbito castrense separarse. Había códigos medios raros. En el 72 volvió como personal civil de inteligencia porque él toda su vida se formó en ese ámbito. Volvió a lo que era su segundo hogar, Viamonte y Callao”, sede del Batallón.

De su infancia recuerda mucho acudir allí los domingos:

“Cuando yo era chiquita y mi papá tenía grados más bajos como capitán, teniente primero, los militares de gradaciones más bajas hacen guardias y los domingos íbamos a almorzar con mi mamá y mi hermano cuando él hacia guardia. Estábamos en un salón enorme, con mesas tipo restorán, muy formal, quedaba sobre Avenida Callao, un piso alto y muy luminoso, que hacía esquina con Viamonte. Sobre Viamonte había una oficina que era la que yo iba cuando terminaba de comer y me daban permiso para levantarme”.

Bibiana entraba allí a mirar una pared forrada en mapas, de Argentina y de toda Sudamérica. En otra había un pizarrón gigante y con tizas de colores. Dibujaba, escribía. Le fascinaba ese espacio. En esa época era muy introvertida y acostumbraba a estar sola. Su refugio eran los libros de cuentos, la colección Robin Hood, con libros de tapa amarilla. Leía todo lo que le llegaba a sus manos.

Por aquellos años, su padre era su pilar, su sostén. “Mucho más que mi madre. Aunque no estaba casi nunca. Pero esos trece o catorce años que convivimos, era mi seguridad, era la persona que me escuchaba, con quien yo podía hablar. Era un buen padre. Me decía Bibianita”.

Cuando sus padres se separaron tenía 14 años. Volvieron de Comodoro Rivadavia donde estaban viviendo y su padre pasó a retiro del Ejército. Bibiana hizo una úlcera abdominal, “un síntoma en mi cuerpo”. El médico la derivó a un psicoanalista. “Paradójicamente, quien me lleva por primera vez al psicoanalista fue mi papá, que era quien me apoyaba en todo lo que fuera cuestiones de crecimiento, de vida. Somos locos los seres humanos, somos tan complejos. No somos nada sencillos”.

A los 15 años decidió que no sería más creyente.

“Yo crecí con una educación religiosa, católica. Un día escuchaba tantas estupideces del cura y yo no le podía contestar, entonces me quede sentada luego de la misa y me dije “no, esto no puede seguir así”, y decidí que no era más creyente. Eso es lo que pensé sentadita, sola, en la iglesia y después de la misa. Después fui evolucionando y teniendo más argumentos”.

A su papá lo veía poco y le empezó a confiar sus pensamientos a otro cura: el sacerdote de la escuela a la que asistía, Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el barrio de Belgrano.

“Horacio Benítez era un cura que realmente fue un pilar para mí también. Porque nos hacía pensar. Yo tenía muchas compañeras, varias de ellas hijas de militares. Él nos invitaba a pensar, nos estimulaba. Pero nosotras con 15 o 16 años, estábamos con la cabeza en otra cosa, en los chicos, si nos gustaban, si los veíamos, quién comenzaba su sexualidad. Estábamos en esas cuestiones que nos interesaban más que si en la Argentina se torturaba en las comisarías o no se torturaba. Él nos hacía pensar realmente en esas cosas”.

-¿Las llevaba a eso?

-Sí, sí. Y mis compañeras, me acuerdo que le decían “Yo le pregunte a mi papá y mi papá dijo que lo que dice el padre Benítez es mentira, que acá en Argentina no se tortura a nadie en ningún lado”. Yo iba escuchando.

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Ya con 20 años, Bibiana trabajaba como administrativa, en el centro, en una empresa que estaba construyendo el aeropuerto de Río Gallegos, haciendo la liquidación de los obreros. Por aquellos años en la calle Florida estaba el diario La Nación. “La gente se juntaba a discutir las noticias que ponían en la vidriera. Y siempre se armaban unas roscas”, comenta.

El día previo al Golpe, sin embargo, recuerda un silencio de cementerio, de tumba. Y el 24, un día de felicidad en la calle. “La gente estaba contenta, la gente aplaudía el golpe. Para mí- que viví en dictadura prácticamente toda mi vida, salvo Frondizi e Illia- debió haber sido normal. Sin embargo, yo sentía que algo no andaba bien”.

Para ese entonces, Julio Reibaldi ya estaba como personal civil de inteligencia:

“Había reingresado a su antigua actividad, no como oficial sino como personal civil. Yo veía que pasaban cosas raras. Hasta el 76, yo había vivido con mucho miedo de que mataran a mi papá. En enero del 56 nací yo. En el 55 fue el golpe a Perón y mi papá ya había participado en ese golpe y estuvo en el gobierno con Aramburu. Así que él ya estaba en esa línea. Desde que secuestraron a Aramburu, y como mi padre tenía relación con él, me había entrado como un miedo”.

Isabel y el cazador

-¿Cuándo empezás a tener noción de la tarea puntual de tu padre?

-Mirá fue un recorrido muy largo, la historia es muy larga. Hay muchas escenas y pasaron muchísimas cosas. Entonces yo digo que hubo como dos mojones en el camino que a mi me cambiaron para siempre. Uno, fue en el año 77 cuando yo entro a trabajar en la obra social de lo que era ENCOTEL, que era el correo, la obra social en Maipú y Rivadavia. Y conozco a Isabel Rey en el mes de marzo, que el 7 de enero habían secuestrado a su esposo Rubén Salinas que era médico del sanatorio Guemes, que era el sanatorio de los afiliados del correo. La conozco, comparto con ella el dolor espantoso que estaba pasando en eso momento. Le cuento que mi papá era militar, que había vuelto a los servicios de inteligencia, que yo le iba a preguntar a mi padre sobre su marido, que “cómo podía ser esto, cómo se van a llevar así a su marido”. Yo le voy a preguntar a mi papá y semanas después él me contesta que le dijera a Isabel que no buscara más, que Rubén estaba muerto, que morían siempre en todas las guerras los inocentes. Ahí tuve el primer enfrentamiento fuerte con mi papá. De todas maneras, todavía yo no caía. Ni yo ni ningún argentino. No teníamos la cabal magnitud de lo que estaba sucediendo, salvo los militantes de base que sí tenían más conciencia, las otras personas, los ciudadanos comunes no caíamos demasiado, estábamos medio retardados.

Al momento del Golpe, Bibiana estudiaba psicología en Filosofía y Letras. “Fue un año terrible, de mucha represión. Yo era muy introvertida y muy tímida entonces no hice contactos, no entablé relaciones con mis compañeros. Cerraron la facultad, después tiraron abajo el edificio. Al año siguiente se reabrió la carrera con un examen obligatorio y volví a ingresar. Seguí psicología en la UBA y el miedo me hizo cambiar de facultad y de carrera. Me pasé a la Universidad del Salvador en el 78 a psicopedagogía”, cuenta. Fue en esos mismos años que ocurrió otro suceso que la cambió para siempre: “Mi padre empezó a tener infartos desde muy joven a partir de esos años. Y los acompañé al Hospital Militar. Se encuentra con un matrimonio amigo que lo saluda.

-¿Qué andás haciendo Julito? ¿En qué andas tanto tiempo?”

Y él le dice, adelante mío: Me dedico a cazar subversivos

Eso fue lo que les dijo. Habrá sido eso en el 78, 79. Yo era muy joven todavía. Todavía estábamos en dictadura”.

“Me dedico a cazar subversivos”, Bibiana repite la frase pausadamente, como confirmándola una y otra vez.

“El matrimonio era del palo así que dijeron ‘¡Qué terrible lo que estamos pasando, qué cosa, cómo están matando militares!’ Y ellos estaban exterminando a toda Latinoamérica. En ese momento ya estaba bien enfilada hacia otro camino, armando una ideología muy diferente a la de mi padre. Mi refugio en esos años fue la lectura, fueron los libros, yo era muy introvertida, muy tímida, todo lo contrario de lo que soy ahora. Y mi refugio fue la lectura. En esos años, lectura académica: Freud, Libros de filosofía.

-¿Qué hacía puntualmente tu padre dentro del Batallón?

-Él cubría una función: era Analista. El analista era el que se infiltraba en distintos lugares y entonces decía a quién ir a secuestrar y a quién no. Vos, fulana, hija de, con quien vive, dónde vive, qué hace, dónde va cuándo sale, con quién se conecta, esas cosas. Y él coordinaba a las personas más jóvenes que salían a buscar a aquellas personas que él identificaba.

-Los grupos de tareas.

-Claro. Coordinaba distintos grupos de tareas. En esos años él vivía siempre muy nervioso. No había celulares entonces estaba siempre pendiente del teléfono cuando yo lo iba a ver. Viamonte 1866 era como una sucursal de la esquina de Viamonte y Callao. Él vivió allí algunos años. Había ahí unas “oficinas” de Viamonte y Callao. De ahí salían jóvenes de tu edad.

Yo era muy jovencita- 17, 18 años- un muchacho de 27 para mi era grande. Yo lo iba a ver allí. Porque en esos años mis padres ya estaban separados.

Bibiana habla sin prisa, los ojos se le empañan repetidas veces pero en ningún momento detiene su relato, que por momentos se asemeja a una película de espías.

-Las oficinas fueron cambiando de dirección. Una vez lo fui a ver hasta el Hotel Alvear. Él pagaba el alquiler de donde vivíamos con mi mamá entonces mínimo una vez por mes lo iba a ver porque él me daba el dinero para el alquiler. Y él tenía otro nombre. Me pedía que cuando llamara por teléfono a algún teléfono que me daba para llamarlo, que pidiera por el Señor Soler. Él ya no era Reibaldi, era Soler.

-¿Le preguntabas por qué?

-Sí claro. Y me respondía que porque él tenía que resguardar su identidad. Porque estábamos en guerra. Esa era su respuesta. Y yo veía que no estábamos en guerra. Qué había otras cosas. Que estaban secuestrando gente. Desde el 77 que entro en contacto con Isabel Rey y me cuenta cómo fue el secuestro de Rubén Salinas, tres días después de haber secuestrado a Jorge Salinas, el hermano de Rubén que sí era militante montonero.

Yo después entré en contacto con la hija de Jorge, buscando a Isabel. Yo me quería reencontrar con ella. No pude reencontrarme pero sé que vive en Belgrano. Pero no quiere saber más nada con nada. Entonces yo le dejé a su sobrina política mi contacto. A mi lo que me interesa es que Isabel sepa que ella tuvo mucho que ver con mi crecimiento personal. Eso es lo único que quiero. Que todo el dolor que ella vivió y compartió conmigo en aquellos años hizo que a mí me cambiara para siempre. Y eso se lo pude decir a Tania Salinas, su sobrina política. Si algún día la puede ver o la puede contactar, se lo dirá. Quiero que esté bien ella y sus hijos, después de tanto dolor.

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La vergüenza

-Poco tiempo después que las Madres de Plaza de Mayo empezaron a hacer sus rondas de los jueves, empezaste a ir. Cuando ibas, ¿contabas quién eras?

-No, no podía. No podía ni decir que mi padre había vuelto al servicio de inteligencia. Yo decía que mi padre estaba retirado. Toda mi vida busqué juntarme con gente que pudiera tener cierta empatía, o sintonía con mi forma de ver las cosas. La otra vez mi hermana, del segundo matrimonio de mi papá, me decía en la marcha “Bibi, yo toda la vida dije que papá era jubilado, ni siquiera pude decir que era militar. Vos pudiste decir que era militar retirado, yo no siquiera eso”. La vergüenza. Si alguien tiene un padre que ha cometido delitos, terribles, que ha estado preso, para cualquier hijo puede ser vergonzante. Pero la vergüenza que implica tener un padre que participó en un plan sistemático de exterminio para toda Latinoamérica, yo no les puedo explicar el nivel de vergüenza, de dolor que esto significa. Para un hijo, una hija que no acuerda, por supuesto. Porque si vas a las que están con la Pando, está todo bien. Pero para un hijo, una hija que no coincide, que su postura ética va en otro camino, les aseguro que es durísimo. No hay palabra para describir.

Yo agradezco mucho este momento que me toca en la vida, que ustedes me vengan a escuchar. Porque siempre sentí que a nadie le importaba lo que teníamos para decir (lágrimas). Que a nadie le podía importar. Encontrarme con otras compañeras y compañeros de historias desobedientes, fue realmente maravilloso, porque uno no sabe donde poner todo eso… ¿dónde mierda lo pongo?

Una tarde fui a Abuelas, cuando estaban frente al Abasto, ya no sabía más que hacer, ya eran los 90. Me acuerdo que fui con la idea de pedirles consejo de como encarar a mi viejo para que me de algún dato. Ya no sabía más que hacer, porque ese era mi objetivo.

-¿Cómo viviste la movilización del 2×1 y el después?

-Fue desesperante. Fue algo insoportable. Era como que: si eso se daba era como que la vida no podía seguir. Yo lo sentía así. Mi padre ya había muerto el 24 de agosto de 2002. No llegó a juicio ni nada. A lo largo de los años mi posición ética se fue reforzando y fortaleciendo y argumentando cada vez más. Y mis convicciones fueron creciendo conmigo. Cuando sucedió lo del 2×1 pensaba en mis hijos, mi nieto. Pensaba que era algo insoportable. Por suerte mucha gente pensó igual que yo. Fui a la plaza. Después del 2×1 la sobrina de una íntima amiga mía, que es escritora y poeta y a quien yo sigo, pone un me gusta en una nota de Facebook de una hija de Historias Desobedientes que da un testimonio después del 2×1. Ahí me contacto. Doy mi teléfono. Me responden con un número de teléfono. Llamo.

“Estamos reunidas, te vamos a llamar en otro momento porque ahora estamos reunidas” me dicen. Estaban muy perseguidas todavía mis compañeras. Con miedo. Porque claro, las fuerzas armadas y de seguridad tienen un peso muy grande en nuestra sociedad. Todavía mantienen genocidas prófugos, los mantienen: mantienen sus casas, sus familias. Tienen una actitud corporativa muy fuerte. Y los que salieron a gritar todos estos años a favor de los “héroes que combatieron la subversión apátrida” tenían atrás de ellos a todas estas fuerzas armadas y de seguridad y a toda esta corporación tan fuerte. Y nosotras estábamos solitas desperdigadas. Empezaron a juntarse de a dos, de a tres. Tenían miedo. Es lógico. Me invitaron a marchar en el Ni Una Menos, el 3 de junio de 2017. Fue algo maravilloso. Las piernas me temblaban cuando caminaba debajo de la bandera.

¿Como fue marchar este 24 con la bandera?

No fue tan conmocionante como ese 3 de junio que fue terrible porque era la primera vez que me contactaba con la idea de padre genocida internamente. Racionalmente sí, pero internamente, en forma más profunda, fue la primera vez que me contacte con esa idea.

Hablamos de genocidas porque fueron partícipes de todo este proceso de aniquilamiento, plan de exterminio de toda Latinoamérica, en un rol o en otro. Participaron del gran exterminio. Entonces no son represores. Son genocidas. Es distinto. El que va con la cachiporra a darle a los docentes, o el que le tira bala de goma unos pibes que están en una murga, son represores, pero esto fue un plan de exterminio. Un genocidio. Bien planificado. Nada librado al azar. Y menos conociendo de adentro cómo son los milicos. Cómo es el ámbito castrense. No te salgas del libreto ni un coma ni un punto ni un espacio porque cagaste.

-¿Cómo definirías a Historias Desobedientes?

-Analía (Kalinec, integrante del colectivo) alguna vez dijo Desobedencia De-Vida. Yo creo que tiene que ver con la vida justamente. Éticamente nos posicionamos a favor de la vida, del respeto, de la inclusión, de los derechos de todos, de la justicia, a favor de la memoria y de la verdad. Muchas personas van y vienen o eligen caminar de otra manera o con otros tiempos u otras formas. Estamos todos y todas con el mismo denominador común pero el grupo va teniendo sus movimientos en estos pocos meses de vida que tienen.

-¿Están haciendo ahora alguna cuestión puntual en relación a los Juicios de Lesa Humanidad?

-Presentamos el 7 de noviembre un proyecto de modificación a la Ley Procesal Penal que impide a los hijos denunciar y en otro artículo declarar en contra de los padres. Una de las acciones que iniciamos a partir de este proyecto de ley que presentamos busca que, en caso de Lesa Humanidad, eso esté omitido. Es decir: que no se desestime la declaración o la denuncia de un hijo. Analía Kalinec declaró en contra de su padre y se desestimó su declaración. Igual fue condenado a perpetua porque había un montón de sobrevivientes que podían declarar. Pero en caso del padre de Pablo Verna, que no hay sobrevivientes que puedan declarar en su contra, el único que tiene evidencia es su hijo, no es posible. Y así como él, tantos que pueden tener alguna evidencia para iniciar una investigación o para sumar su declaración como testimonio. Que no se nos vuelva a mandar a silencio sería la idea de ese proyecto.

-¿Qué le dirías a quienes tienen una historia similar a la tuya y aun no la han contado?

-Que se animen a romper con la vergüenza, que se anime a romper con los mandatos de silencio. Y que se anime a romper con los mandatos del patriarcado de honrar padre y madre, los mandatos bíblicos. Que rompa con todo. Y que hable. Que se acerque, que hable, que se junte, que no tenga vergüenza porque quien decide o quien elige tener esta posición ética es difícil disociarla, diferenciarla del afecto que se ha tenido al padre o a la madre. Es difícil pero absolutamente necesario tomar una posición ética. Sino, sos lo mismo.

Nota relacionada: Las hijas de represores que rompieron el silencio

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A 36 años de la Masacre El Mozote en Morazán y a 28 de la Masacre de los Jesuitas en la Universidad José Simeón Cañas en El Salvador, se abre un camino de esperanza. Una ocasión para que el país avance en verdad, justicia, memoria y reparación para las víctimas.

La década de los 80 representa uno de los periodos más convulsos de la historia política reciente salvadoreña. Tras años de gobiernos oligárquicos-militares, en que las demandas de la población por justicia social eran constantemente reprimidas, el pueblo, se levantó en armas contra el régimen. Durante este periodo, el ejército salvadoreño desplegó todo un aparato de terrorismo de Estado contra el pueblo. Se estima que en los 12 años que duró el conflicto armado, fueron asesinadas 74 mil personas y cerca de 8 mil fueron desaparecidas.

El informe organizado por la Comisión de la Verdad, después de los Acuerdos de Paz, en 1992, detalla 32 casos de crímenes de lesa humanidad considerados representativos, y documentados a partir de testimonios de víctimas y documentos oficiales. Según el informe, el Estado salvadoreño habría sistemáticamente cometido crímenes contra la población, entre las que se cuentan varias masacres.

Hasta la fecha, ningún alto mando del ejército ha sido juzgado por esto, gracias en parte a una vergonzosa Ley de Amnistía que estuvo vigente desde 1994 y que permitió que los culpables no fueran condenados por estos delitos, así como por la complicidad y el desinterés del Estado de cumplir con las diversas sentencias de organismos internacionales, principalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con la derogación de esta Ley, en 2016, un nuevo escenario quedó abierto luego de que las víctimas no desistieran en su lucha por justicia.

Las Luciérnagas de El Mozote

“Me llamo Rufina Amaya, nací en el cantón La Guacamaya del caserío El Mozote. El once de diciembre del año 1981 llegó una gran cantidad de soldados del ejército. Entraron como a las seis de la tarde y nos encerraron. A otros los sacaron de las casas y los tendieron en las calles boca abajo, incluso a los niños, y les quitaron todo”.

Con esta frase inicia el testimonio de Rufina Amaya, que está plasmado en el libro “Luciérnagas en el Mozote”. Rufina es sobreviviente de la masacre que llevó a cabo el ejército en un caserío ubicado en el municipio de Arámbala, departamento de Morazán, al noroeste del país.

A Rufina la salvó que fue capaz de esconderse detrás de un árbol de manzanas. Desde su escondite, Rufina pudo escuchar cómo los soldados mataban, primero a los hombres, después a las mujeres, abusando y violando a muchas. A los niños, que lloraban, cuenta Rufina, les reventaban la cabeza con la culata de la escopeta. Testimonio que sería confirmado años más tarde durante las primeras exhumaciones. Detrás de ese árbol, Rufina escuchaba como sus hijos eran asesinados, pero decidió aguardar, esperar, sabía que si ella moría, nadie nunca contaría lo ocurrido.

La masacre fue llevada a cabo por el Batallón Atlacatl, grupo especializado de las fuerzas armadas y entrenado en la “Escuela de las Américas” para acciones “contrasubversivas”. Fue uno de los más temibles y sanguinarios “escuadrones de la muerte”, a quienes se les apunta como responsables de diversas violaciones a los Derechos Humanos durante la guerra. La masacre de El Mozote y de caseríos aledaños, fue ejecutada como parte de la táctica “tierra arrasada”, que consistía en cortar con los suministros, quemar cultivos, matar animales y acabar con todo aquel que fuera potencial guerrillero o colaborador. Esto con el objetivo de sacarle “el agua al pez”, como han expresado algunos militares.

La primera vez que el mundo supo de El Mozote fue en 1982, gracias al trabajo del periodista Reymond Bonner, entonces corresponsal del New York Times, quien al encontrar indicios de la masacre se comunicó con Guillermoprieto, del Washington Post. Ambos periódicos publicaron la noticia en simultáneo. Durante años, tanto el gobierno estadounidense como el salvadoreño negaron los hechos y desprestigiaron a los periodistas. Las autoridades de El Salvador, sostuvieron distintas versiones, entre ellas, que se había tratado de un “enfrentamiento”, que era un “cementerio clandestino” o que las cifras de muertes eran “exageradas”, mismas que aún hoy son defendidas por los abogados de los militares. No fue sino hasta el año 2012, en que el entonces presidente de la república, el izquierdista Mauricio Funes, reconoció la masacre y pidió disculpas en nombre del Estado salvadoreño, cumpliendo así con una sentencia de la CIDH. Registros oficiales del gobierno, presentados hace unos días, señalan que el número de víctimas es de al menos 978, de los cuales 533 eran niños y niñas.

Con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de amnistía, el juez de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán Urquilla, decidió reabrir el juicio contra 18 miembros de la Fuerza Armada acusados de ordenar una de las mayores masacres en la historia reciente latinoamericana. Muchos de los testigos, como Rufina, ya no se encuentran con vida (Rufina falleció en 2007), pero sus testimonios y declaraciones se encuentran debidamente documentados. A esto hay que sumar los trabajos de exhumación realizados por equipos especializados, como el Equipo Argentino de Antropología Forense. Pese a todo, las Fuerzas Armadas todavía se muestran renuentes a cooperar, pero la perseverancia y convicción de las víctimas, así como un grupo de abogados, es la que permite que hoy el caso avance.

Mártires jesuitas

En la víspera de la conmemoración del 28 aniversario de la masacre de 6 sacerdotes jesuitas, Elba Ramos, quien trabajaba como colaboradora de los sacerdotes y su hija Celina, en la Universidad Centroamericana de El Salvador, el 16 de noviembre de 1989, las autoridades estadounidenses emitieron la orden de extradición del coronel Inocente Montano a España. Montano es acusado de participar en el diseño del operativo de la masacre, en la que se encontraban 5 ciudadanos de origen español, entre ellos, Ignacio Ellacuría, teólogo y filósofo vasco-salvadoreño, quien era uno de los principales mediadores entre el gobierno y la dirigencia de la guerrilla.

En 2011, Montano fue detenido en Estados Unidos y acusado de fraude migratorio, luego de que Almudena Bernabeu, una de las abogadas del caso, identificara su presencia en ese país. En 2016, la magistrada Kimberly Swank determinó que Montano “tomaba las decisiones y era miembro de un grupo de oficiales que colectivamente ordenó la ejecución de los padres jesuitas”. El proceso de extradición duró dos años una vez que Montano agotara todos los recursos legales para evitarlo. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña negó la solicitud de la justicia española para extraditar al resto de implicados en la masacre, con lo cual, de momento, Montano es, de momento, el único de los autores intelectuales que enfrente un proceso legal.

A su llegada a España, el juez García- Castellón, envió a prisión al ex militar, al considerar que este “participó activamente en la masacre”. Este lunes 4 de diciembre, Montano declaró por primera vez en audiencia en donde se desligó de la decisión del asesinato y apuntó a la cadena de mando de las fuerzas armadas, señalando que Alfredo Cristiani, ex presidente de la república y entonces comandante en jefe de la Fuerza Armada, había estado presente en la reunión previa a la masacre.

Con esto se abre la posibilidad de conocer la verdad, luego de que el único antecedente judicial, realizado por el caso, entre 1991- 1992, fuera considerado fraudulento y que únicamente el ex coronel Guillermo Benavides, a quien se le utilizó como “chivo expiatorio”, se encuentre actualmente en prisión por el delito. Así mismo, la comunidad jesuita y organismos de derechos humanos en El Salvador presentaron la solicitud de la reapertura del caso contra los autores intelectuales.

Decía Daniel Viglietti que la lucha contra la impunidad es una de las luchas más importantes de nuestro tiempo. La lucha de las familias y las víctimas desde hace años ha sido dura e inquebrantable y es gracias a ella, que estos casos no han caído en el olvido. Hoy El Salvador vive un momento clave y esperanzador en que la posibilidad de conocer la verdad es más fuerte que nunca. Hay quienes dicen que se debe evitar “abrir” viejas heridas. Se equivocan, nadie abre heridas, porque las heridas nunca se cerraron. Lo harán, cuando se haga justicia.

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Entrevista a Mirtha Baravalle, fundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sobre el Decreto que otorga autonomía a las Fuerzas Armadas.

El presidente Mauricio Macri resolvió a través de un decreto derogar la disposición tomada en 1984 por el entonces presidente Raúl Alfonsín para restar autonomía a las Fuerzas Armadas y dejar en manos de los políticos elegidos democráticamente las decisiones vinculadas al ámbito militar. Mirtha Baravalle, fundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, comentó sobre este tema en una entrevista en el programa radial La Revancha, por FM La Tribu

-¿Qué significa este decreto?

-Uno siempre tiene esa pequeña esperanza en un rinconcito de su corazón de que las cosas pueden ir mejorando, pero lamentablemente vemos que es muy difícil: el enemigo está ahí presente, como si estuviéramos en un campo de batalla, y lo que nos han dado a conocer es realmente deplorable. Este decreto eleva a este genocida cómplice, porque sabemos bien en qué lugar estaba él en aquellos tiempos, a un lugar en el cual posiblemente el día de mañana tenga un monumento, no sé si tirarán abajo el monumento a Belgrano para ponerlo a él. Esto es infamante para todos los familiares de nuestros seres queridos que están desaparecidos, que fueron detenidos por todo ese conjunto de personajes, y es como si no importase, como si no hubiese pasado nada.

-Además del decreto que firma Macri, en los días previos también se mostró en el aniversario de la creación del ejército dando la suba del presupuesto y un aumento para los militares. ¿Qué implicancia creés que tienen estas medidas en un contexto en nuestro país con suba de tarifas y muchos conflictos de las y los trabajadores?

-Es un golpe. A quienes más necesitan, el gobierno los aparta, y a esta gente le da participación y los reivindica. Quienes hoy están en el gobierno en ningún momento tuvieron la disposición para dar una cuota de desagravio a los detenidos desaparecidos pero sí para reivindicar la participación de las Fuerzas Armadas, en lo que ahora llaman ‘el combate contra el terrorismo internacional’. Pero esto también viene de antes, porque Milani fue ascendido oportunamente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

-En relación a eso, tanto desde el gobierno actual como desde el Kirchnerismo plantearon en ciertos discursos que este acercamiento era un giro de 180° en la política para con las FFAA. ¿Cómo evaluás la continuidad de estas políticas?

-Yo creo que estas políticas que dicen reivindicar al ejército no es algo nuevo. Cuando la señora Bonafini salió abrazada a Milani, los reivindicaba muy lamentablemente. Entonces qué puede esperar uno cuando ve a alguien que pensaba, era absolutamente imposible de llegar a tal degradación, a tal traición a los desaparecidos y a sus familiares, a madres y abuelas y a todas las personas que hemos sufrido y estamos sufriendo las consecuencias de un genocidio, en las cuales este señor estaba involucrado.

-¿Creés que este acercamiento que está teniendo Cambiemos con las FFAA puede repercutir en los juicios contra los delitos de lesa humanidad ocurridos en la última Dictadura?

-Creo que sí, porque nos cuesta tener una posición de finalizar. Hay algunos juicios que han finalizado y se ha condenado a los genocidas, pero si hubiera habido una real y sincera voluntad de que se llevaran a cabo los juicios, los resultados hubiesen sido otros. Cuando cayó la ley de Obediencia Debida en 2005 pensamos que los juicios entonces iban a tener más efectividad pero también hubo bastante oposición de parte de los jueces que estaban comprometidos y de alguna manera se volvían cómplices. Algo se adelantó, pero no hay una real voluntad de darle fin a esas cosas, no hay respuestas a los familiares. Nosotros pedimos siempre cárcel común efectiva a todos los genocidas y la apertura de los archivos de la Dictadura, y también basta de acoso a la población en todas sus formas, que están nuevamente surgiendo con la represión que hay hacia los trabajadores. Lo que está pasando ahora es muy preocupante pero tenemos que ser optimistas.

*Audio completo: http://www.larevanchaprograma.com.ar/el-gobierno-aparta-a-los-que-mas-necesitan-y-reivindica-a-las-fuerzas-armadas/

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En la segunda audiencia, se tomará indagatoria a dos imputados que no estuvieron presentes en la primer jornada y declararán cinco trabajadores del Polo Petroquímico de La Plata que fueron víctimas de torturas y secuestros durante la última dictadura militar.

Hoy se reanuda el juicio en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata por los delitos de lesa humanidad cometidos por el Grupo de Tareas N° 5 de la Armada y Prefectura, donde son juzgados ocho represores por cuarenta casos de privación ilegítima de la libertad, torturas y dos homicidios, en la zona industrial de La Plata, Berisso y Ensenada.

Durante esta segunda jornada, se tomará indagatoria al ex comandante de Operaciones, condenado a cuarenta años de prisión por su participación en el Plan Sistemático de apropiación de bebés, Antonio Vañek y también al Comandante del Batallón de Infantería de la Marina (BIM 3), José Casimiro Fernandez Carró. Ambos genocidas justificaron su ausencia durante la primera jornada del juicio oral, del 13 de julio pasado, aludiendo un mal estado de salud. El tribunal conformado por los jueces Carlos Rozanski, César Álvarez y Germán Castelli, rechazó el pedido de la defensa para evitar que los represores presencien el juicio por sus condiciones físicas.

Antecedentes: del Plan Conintes al Plan de Capacidades de 1975

La construcción de un circuito represivo fue delineado y organizado durante décadas por las Fuerzas Armadas. En 1975 la Armada se reorganizó en “11 Fuerzas de Tareas”. A lo largo y ancho del país, se estableció una división territorial de la represión, para garantizar un efectivo control hacia las disidencias políticas. Las Fuerzas Armadas asumieron la conducción de las fuerzas de seguridad al interior del territorio y fueron parte de la represión de la sociedad civil. El adoctrinamiento de las fuerzas de seguridad implicó el afianzamiento de una red de comunicaciones a nivel militar y policial, siendo la inteligencia y la información política de carácter prioritario, sustentado en un andamiaje jurídico-represivo que habilitó históricamente a la extra-legalidad de las mismas.

Uno de los actuales imputados, Antonio Vañek, declaró en el año 1996 en el marco de la querella presentada por Abuelas de Plaza de Mayo que dio inicio a la causa N°10.326/96 “Nicolaides, Cristino y otros s/sustracción de menores”, instruida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7.

En esa oportunidad el Fiscal preguntó: “¿Podría decir si las Fuerzas, grupos o unidades de tarea utilizadas en la guerra contra la subversión fueron creadas especialmente para esos fines o representan a una organización permanente de la Armada?”. A lo que Vañek respondió: “No, es una organización permanente de la Armada. Anteriormente se llamaba Plan Conintes y responde a las necesidades de la intervención de la Armada en distintos aspectos (…) pero, es una organización permanente. El fiscal agregó, “el origen sería entonces el Plan Conintes”. Vañek respondió aclarandi que “anteriormente se llamaba Conintes, Plan de Conmoción Interna” agregó.

El 4 de noviembre de 1958, bajo el Decreto de carácter secreto Nº 9.880, se aplicó el llamado Plan de Conmoción Interna del Estado, (Plan Conintes), que prohibía las huelgas y permitía la intervención de las Fuerzas Armadas. Los detenidos por manifestarse bajo la competencia de tribunales militares eran acusados por el delito de “terrorismo”.

Como normativa de excepción, el Plan Conintes facultó la militarización de la sociedad declarando zonas de injerencia militar, principalmente a las ciudades industriales y limitaba los derechos y garantías constitucionales de las personas. Este decreto, tomaba como base la Ley Nacional Nº13.234, titulada “Organización de la Nación para tiempos de guerra”, sancionada durante el primer gobierno peronista en 1948, que permitía la intervención de las Fuerzas Armadas, en temas que eran de competencia civil.

Según un informe del Senado de la Nación de mayo de 1961, hubo en todo el país bajo este Plan 258 detenidos/as, con penas desde ocho meses hasta veinticinco años. El Conintes fue uno de los antecedentes más importante, como método de represión, a las luchas políticas y sindicales de las y los trabajadores en todo el país, previo a la última dictadura.

En 1975, la Armada emitió la directiva antisubversiva 1/75S COAR, en la que fijó su jurisdicción para la lucha antisubversiva, comprendiendo el mar, los ríos navegables, sus riberas, zonas portuarias y la zona territorial circundante a las bases y unidades de tierra, manteniendo el control operacional de la Policía territorial de Tierra del Fuego.

El 21 de noviembre de 1975, dicha Fuerza dictó como contribuyente de la directiva, el Plan de Capacidades -PLACINTARA 75- que mantuvo el esquema de 11 fuerzas de tareas, preexistente en la Armada. A partir de aquí se establecía que la Armada debía operar contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella “con el apoyo de otras Fuerzas Armadas detectando y aniquilando las organizaciones subversivas a fin de contribuir a preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado”.

Estas normativas fueron contempladas en el requerimiento de elevación de esta causa a juicio. Los argumentos esgrimidos por los fiscales federales de La Plata, Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández, se enmarcaron en dicho Plan sosteniendo que la intervención de la Armada que estuvo prevista desde 1975,  también da cuenta de como los objetivos de la Marina en esta región se enfocaron hacia los obreros y obreras de las fábricas ubicadas en el polo industrial de La Plata, Berisso y Ensenada.

Históricamente las zonas fabriles correspondieron a los focos de luchas y resistencias de la clase obrera. Esto tuvo una relación directa con el esquema de la división territorial en zonas, sub zonas y áreas bajo autoridad militar, como la militarización de las fuerzas policiales; esquema que se fue configurando durante más de medio siglo.

Los imputados

La causa “Fuerza de Tareas 5”, tiene como imputados al Comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek, ya condenado a cuarenta años de prisión por la causa “Plan Sistemático”, por la apropiación de bebes. El Comandante de la Fuerza de Tareas N°5, Alberto Errecaborde. El director del Liceo Naval, Juan Carlos Herzberg, sentenciado por otras causas. El comandante del BIM 3, José Fernández Carró.  Los jefes de la Prefectura Naval del Puerto La Plata, Carlos Schaller y Luis Roca. El oficial de Prefectura, Eduardo Antonio Meza. El ex jefe de Operaciones de Inteligencia del BIM 3, Eduardo Fernando Guitán. Finalmente, Tomás Osvaldo Méndez, oficial de Prefectura Naval y Antonio Mocellini, 2do. Comandante del BIM 3, fallecieron antes de ser llevados a juicio.  La mayoría llegó a esta instancia con el beneficio de la detención domiciliara.

Las audiencias serán todos los lunes y miércoles a partir de las 9 horas en el Tribunal Federal N°1 de La Plata, en la calle 4 entre 51 y 53 (Ex AMIA). Para presenciarlas se debe concurrir con el Documento Nacional de Identidad.

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Son responsables de 40 casos de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios.

Hoy comienza el juicio que llevará al banquillo a ocho represores pertenecientes a la Armada y Prefectura Naval, culpados por 40 casos de privación ilegítima de la libertad, torturas y dos homicidios, en Berisso, La Plata y Ensenada.

A partir de las nueve de la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1, presidido por Carlos Rozanski dará inicio a la causa: “Fuerza de Tareas N°5 -Armada Argentina y Prefectura Naval Argentina- sobre Delitos de Lesa Humanidad”.

Durante la última dictadura militar, la Armada se reorganizó en “11 Fuerzas de Tareas”. A lo largo y ancho del país, se estableció una división territorial de la represión, cuya estructura se fue montando desde hacía décadas atrás. La región de La Plata, Berisso y Ensenada estaba controlada por lo que se denominó “Fuerza de Tareas N°5”, integrada por el Batallón de Infantería de la Marina (BIM 3); el Servicio de Inteligencia Naval, el Hospital Naval, el Liceo Naval, el destacamento de Prefectura de Río Santiago, los Centros de Detención Clandestina “La Cacha” e Infantería de Policía. Toda la zona ribereña estuvo controlada por la Marina.

Este circuito garantizaba un control permanente en un importante cordón fabril de la región que contaba con trabajadores de la Petroquímica Mosconi (YPF), Propulsora Siderúrgica La Plata, el frigorífico Swift de Berisso, Astilleros Río Santiago de Ensenada, entre otras fábricas. En un contexto de significativas luchas obreras en todo el país, en 1975 fueron parte de las históricas jornadas contra las políticas económicas de Celestino Rodrigo, ministro de Economía del gobierno de Isabel Perón. En ese marco, las sistemáticas persecuciones preanunciaban uno de los objetivos primordiales de cada golpe de Estado en nuestro país: reprimir a la clase obrera para desarticularla.

Con el fusil en la nuca

Tania Nuez tiene 39 años. Nació en Ensenada, tres meses antes de que se llevaran a su papá, Ricardo Nuez, trabajador de Astillero Río Santiago, militante del ERP. Hoy Tania recuerda a su papá desde distintas formas. En la hermandad de las luchas, con su militancia en HIJOS La Plata; en su trabajo en el Astillero; en el encuentro con los compañeros de su viejo; en el complejo y doloroso ejercicio de dar testimonio. Serán cuatro meses de juicio, y ella es una de las 110 testigos que se sentará con la convicción de que su relato sea parte de la búsqueda de verdad para todos los desaparecidos, asesinados y sobrevivientes del Astillero Río Santiago.

Fue durante la misma madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando marinos y prefectos irrumpieron las calles y las fábricas de las ciudades ribereñas. “En Astillero a los primeros que levantaron fue a los delegados activistas de la lista opositora”, cuenta Tania. Los testimonios de los sobrevivientes, explican que la mayoría fueron llevados a la sede de Prefectura, en el Puerto de La Plata, luego derivados a dos circuitos: Liceo Naval y la Unidad N° 9, o a Infantería de la Policía, en la calle 1 y 60.

“Siempre cuentan que estaban trabajando con el fusil en la nuca”, dice Tania trasmitiendo el relato de ‘los viejos’, como le dicen a la generación de trabajadores de su papá. El nivel de control era total. Frente al Astillero, está la Escuela Naval Militar, mientras que desde adentro funcionaba un destacamento del BIM III. Este Batallón de Inteligencia de Infantería, actuó durante los primeros tres años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de Marina Eduardo Fracassi, condenado en Bahía Blanca, Roberto Wulff de la Fuente y Oscar Abriata, entre otra decena de represores que no serán juzgados en este juicio.

La historia de Ricardo Nuez en el Astillero comienza en 1958, en la escuela de aprendices con tan solo 14 años. De ahí en adelante, para Ricardo fueron intensos años de paros, movilizaciones, toma de fábrica, seguidos de suspensiones, represión y permanentes desalojos por parte de la marina.

“Mis viejos son de Ensenada, en 1969 se casaron y al otro día se fueron a Villa Regina, en Río Negro.  Mi papá hizo la colimba allá. Trabajó en una fábrica metalúrgica que hacía maquinaria agrícola. Como no había seccional del gremio -la UOM- crearon una con otros compañeros. Ahí salió elegido delegado, y después de un tiempo, los jefes lo despiden, haciendo una campaña de difamación. Les hicieron creer a los compañeros que lo habían arreglado con plata para que se vaya”.

Como candidato a diputado por el PST, y militante del ERP, ya había motivos para su persecución en Río Negro. “En 1973 se vuelven para Ensenada, -después del asesinato de Rucci, me dice siempre mi mamá. Maneja dos años un remis, y en el ‘75 vuelve a Astilleros”, recopila Tania.

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