Por Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas del Ecuador | Foto: Ecuador Today

Hace ya tres años que llegó a la presidencia del Ecuador, Lenin Moreno, luego de un reñido proceso electoral colmado de rumores de fraude y calificado como la “nueva batalla de Stalingrado” por el progresismo latinoamericano. Otrora vicepresidente en el binomio con Rafael Correa, y candidato del movimiento político de la Revolución Ciudadana, Moreno asume el mandato en un escenario de desgaste del correismo, de presencia de la derecha política y de la actuación de organizaciones sociales, populares, de maestrxs, indígenas, movimientos estudiantiles y de mujeres que estuvieron en las calles cuestionando las políticas de modernización capitalista, a pesar de la criminalización de la protesta implementada por el régimen (más de 300 dirigentes acusadxs de sabotaje, terrorismo y rebelión).

En esas condiciones, con la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en 2015 y con la caída del precio de las materias primas, el gobierno de Moreno constituyó un gobierno de coaliciones, que definió una estrategia de negociaciones con los actores políticos. 

En los años siguientes las marchas continuaron en el país. En el 2018, el despido de trabajadorxs, el anuncio de entrega de más concesiones mineras y las discusiones sobre la despenalización del aborto movilizaron a miles de personas y reactivaron las protestas de distintos sectores. En enero del 2019, la violación grupal a Martha y el feminicidio de Diana Carolina, abrieron nuevamente la presencia masiva en las calles de Quito. En febrero de ese año, Moreno firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, empezaron los fuertes recortes al presupuesto nacional, acompañados de más despidos que afectaban ya al sector de salud, y aumentó la dependencia con el sistema financiero internacional.

Si en un inicio la judicialización de las organizaciones no estaba en el centro de la política estatal, con la aplicación del proyecto neoliberal, la represión y las demandas contra dirigentes sociales se reactivaron. Para octubre de 2019, el presidente anunció un paquetazo neoliberal que apuntaba a desmantelar varios derechos laborales así como eliminar el subsidio a los combustibles, principal elemento para disminuir -en una economía dolarizada- los costos de pequeños y medianos productores, transportistas y hogares populares. La reacción fue inmediata, el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el Colectivo Unitario y las organizaciones de mujeres convocan a un paro, se sumaron transportistas y el pueblo volvió a las calles durante 12 días.

El paro anti-neoliberal

Luego de jornadas enteras de lucha y resistencia donde la  represión y el uso de violencia de la policía nacional dejaron un saldo de 11 muertxs, 1340 heridxs, más de 100 personas perdieron un ojo, y miles de detenidxs y desparecidxs; las lideresas históricas de la CONAIE y la Ecuarunari convocaron a una Asamblea de Mujeres que dio paso a una marcha plurinacional que cambió la dinámica de lucha del paro, y permitió la salida dialogada del conflicto. 

El levantamiento indígena y popular obligó al gobierno de Moreno a derogar el decreto y frenar temporalmente el proyecto de ajuste estructural. En los meses siguientes la conformación del Parlamento de los Pueblos y posteriormente el Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas del Ecuador, abrieron caminos de articulación, encuentro y unidad.

El 2020 arrancó con acciones convocadas por el Parlamento de Mujeres como el juicio popular a la ministra de gobierno, María Paula Romo, responsable de la represión de octubre; y la marcha del 8 de marzo, día en el que las calles de Quito se llenaron de mujeres, de pueblos y nacionalidades, organizaciones populares, barriales y estudiantiles, colectivos disidentes, movimientos nacionales, espacios antifascistas, maestras, artistas audiovisuales, colectivos de lenguaje de señas que exigían el cese de las políticas neoliberales, la eliminación de la violencia machista, derechos laborales y la redistribución del trabajo de cuidado, así como el retiro de concesiones mineras y petroleras- soberanía de los cuerpos y del territorio. 

Neoliberalismo y Pandemia

Sin embargo, una semana más tarde con la declaración de pandemia COVID19, el gobierno ecuatoriano instauró un Estado de Excepción, toque de queda y cuarentena obligatoria. Aprovechando la coyuntura, el gobierno de Moreno implementó un agresivo programa de ajuste estructural que busca la reducción del Estado y de las políticas sociales, mientras que utiliza la retórica de la crisis para favorecer a los grandes empresarios, los tenedores de papeles de deuda y los organismos multilaterales.

Es así que, desde el inicio de la cuarentena, se ha pagado puntualmente la deuda externa con el FMI mientras se mantiene la crisis sanitaria y financiera; paralelamente se anuncia la reducción del presupuesto a la educación superior, se habilitan reformas que legalizan la flexibilización y precarización laboral, así como el uso de recursos de la clase trabajadora para el financiamiento de los intereses privados, y se agudizan los despidos masivos en empresas privadas y en el sector público. 

Frente a esto las organizaciones sociales, los y las trabajadores del FUT, las organizaciones del Frente Popular, la Ecuarunari y los pueblos pueblo kitu kara y kayambi, las organizaciones estudiantiles y de docentes que defienden la educación, las organizaciones que velan por los derechos humanos y el derecho al buen morir en Guayaquil, las plataformas digitales (Glovers) y el Parlamento de Mujeres hemos regresado a las calles en varias ocasiones.

Siempre es octubre

Este 25 de mayo confluimos en la cuarta jornada de movilización nacional en rechazo a las medidas neoliberales, 21 provincias y 22 ciudades protestaron y miles de personas salieron a las calles cumpliendo las medidas de bioseguridad pero al mismo tiempo, recordándole al gobierno que si su política criminal y el pacto con los de arriba continúa, el pueblo organizado se sostendrá en las calles. Ahí estuvimos en primera línea mujeres, estudiantes, trabajadoras, lesbianas, disidencias, maestras, vendedoras ambulantes, jubiladas, indígenas, cuidadoras, médicas, enfermeras, artistas, comunicadoras. Y es que si hay algo que sabemos es que el miedo hay que transitarlo estando juntas.

La larga memoria de movilizaciones en Ecuador contra el neoliberalismo y los proyectos conservadores y autoritarios, se hizo presente en este nuevo momento. Quizás ahora en cuarentena, poner el cuidado en el centro, logre ser la base para que el campo popular construya una forma de hacer política, que no jerarquice las luchas, y que permita juntar el sostenimiento de la vida y la presencia transgresora y rebelde en las calles.  

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Por Mario Unda* | Fotos de Luis Herrera/ChakanaNews

Con su paquetazo de medidas anunciadas anoche, Moreno terminó de lanzarse al abismo pantanoso del neoliberalismo, y pretende arrastrarnos a todos con él. Las medidas son una declaración de guerra contra el pueblo ecuatoriano: más flexibilización laboral, alza del costo de la vida, festín privatizador, más deuda externa y más recesión.

El alza de los combustibles golpea a todos de manera indiscriminada y, por lo tanto, perjudica más a las clases medias y populares, porque una parte mayor de sus escasos ingresos deberá destinarse a cubrir el alza de los pasajes y de los precios que vendrá aparejada al incremento de los precios de la gasolina extra y del diesel. Incidirá en la subida de precios (toda mercancía requiere transportarse), encarecerá la producción en varios sectores (aquellos que utilizan combustibles), y terminará siendo recesiva porque afecta tanto a la producción como al consumo. Es una medida desesperada para cumplir con las exigencias del FMI.

Las reformas laborales y los nuevos contratos “sólo para trabajadores nuevos” no alentarán la creación de nuevos empleos sino que, por el contrario, incentivarán los despidos de quienes ahora todavía tienen trabajo, que serán reemplazados por trabajadores precarizados con menos derechos y menores salarios. Los “trabajadores nuevos”, mayoritariamente los jóvenes, serán las víctimas preferidas porque casi no tendrán otra opción de empleo que un trabajo precarizado.

Se rebaja los salarios de los trabajadores públicos al reducir las vacaciones; se rebaja el sueldo de los trabajadores de las empresas públicas al expropiarles el salario de un día al mes. Moreno sigue en esto la senda trazada por Correa, que ya incautó ingresos de los trabajadores para financiar parte de sus políticas sociales. Se reducen los salarios al imponer que los contratos ocasionales sólo podrán renovarse con un recorte salarial del 20%. La reducción de salarios es un viejo anhelo del empresariado chupasangre, y seguramente utilizarán el ejemplo del Estado para presionar para que estas medidas se generalicen a todos los trabajadores.

Moreno intenta maquillar este salvaje ataque a las condiciones de vida del pueblo con un par de medidas que supuestamente equilibrarían el “sacrificio” que nos impone. Establece una contribución a las empresas que perciben mayores ganancias, que darán al Estado 300 millones de dólares en tres años. ¡Esto no cubre ni siquiera una parte del subsidio que graciosamente les entregara desde sus primeras medidas, cuando les perdonó intereses y multas de las deudas que los grandes capitales mantenían con el SRI (Servicio de Rentas Internas), con el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y con los municipios! Y seguramente lo recuperarán pronto con la reducción del impuesto a la salida de capitales, la anulación del anticipo al impuesto a la renta y la devolución de los impuestos a la exportación.

Anuncia el incremento de 15 dólares al bono de desarrollo humano, aclarando que se evaluará en un año: lo que indica la intención de no mantenerlo por mucho tiempo y denuncia el verdadero interés de detener de esta medida: tratar de frenar la reacción de los más pobres.

Y se deja en suspenso un posible incremento del IVA, que sigue siendo la solución preferida por los inversionistas extranjeros, por el FMI y por los neoliberales criollos.

Pero esto no será todo: más golpes vendrán seguramente con las leyes anunciadas anoche por Moreno, que no fueron detalladas; y mayores subsidios se entregará a los grandes capitales en las reformas tributarias. Y seguramente mayores presiones recibirá el gobierno de los grandes empresarios para implementar los elementos que aún le faltan a este retorno neoliberal.

Los equilibrios imposibles que caracterizaron desde un inicio al gobierno de Moreno acaban convertidos en ridículas maromas. El fracaso del neoliberalismo nos llevó al populismo. El fracaso del populismo nos devolvió al neoliberalismo.

Estas medidas sólo pueden merecer el rechazo profundo y radical de todo el pueblo. Moreno ha completado su conversión en servidor de los intereses de los grandes grupos monopólicos, del Fondo Monetario Internacional y del gobierno de los Estados Unidos. Es un gobierno que ya no representa ni a quienes votaron por él ni al pueblo ecuatoriano y que, por lo tanto, ha perdido cualquier sombra de legitimidad.

En estos momentos, mientras escribimos estas líneas, el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) están reunidos para analizar y decidir las acciones de movilización y de lucha que habrá que emprender para enfrentar estos ataques inhumanos del gobierno contra el pueblo.

*Publicada originalmente en Rebelión

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Las respuestas políticas al odio, el racismo y la opresión de parte de los gobiernos de derecha en la región son de los feminismos. En Ecuador, tras la reacción xenófoba del presidente Lenin Moreno contra las y los venezolanos tras un femicidio, se realizó una marcha. Su bandera llevaba esa frase. 

El debate por el aborto llegó a la Asamblea Nacional de Ecuador. A fuerza de marchas, organización y concientización, el movimiento de mujeres y feministas junto con legisladoras y legisladores sumaron al debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) un proyecto de ley que propone despenalizar el aborto en casos de violación, malformaciones del feto que hagan inviable su vida, estupro, incesto e inseminación no consentida.

Pero la salud sexual y reproductiva no es el único terreno en el que disputan: esta semana un mensaje con tinte xenófobo del presidente Lenín Moreno las volcó a las calles por miles otra vez. “La xenofobia mata, el machismo también”, decía la bandera que llevaron para repudiar las medidas contra venezolanos y venezolanas que anunció tras el femicidio de una mujer embarazada por parte de un ciudadano de ese país. Sobre este derrotero, entrevistamos a Verónica Vera, activista feminista e integrante de la plataforma “Vivas Nos Queremos”.

En Ecuador desde hace tiempo el movimiento de mujeres y feministas comenzó a pisar fuerte. Hace diez años formaron La Colectiva Salud Mujeres, la primera experiencia de América Latina y el Caribe que se encargó de brindar información sobre aborto con medicamentos, anticoncepción y sexualidad. En 2013, el debate por el aborto llegó por primera vez al Parlamento, pero el entonces presidente Rafael Correa acabó por sancionar a las legisladoras que llevaron adelante el proyecto e incluso amenazó con renunciar a la presidencia.

– ¿Cómo se dio el proceso para que la despenalización del aborto llegue a la Asamblea Nacional? ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente se aprueben los cambios que se plantean?

Esto ha sido una demanda histórica de las mujeres en el país. Nosotras desde hace varios años intentamos incidir para que se debata y se discuta la despenalización del aborto, al menos en caso de violación. En 2013 tuvimos un primer debate, una primera posibilidad de que esto se dé en el país, sin embargo, por cuestiones políticas y por incidencia del Ejecutivo, no fue posible. Los asambleístas no tuvieron el papel de legislar en base a la realidad y a los derechos de las mujeres. Ahora ha habido varios casos que hemos logrado confluir para que esto se debate en la reforma del Código y que existan propuestas concretas de despenalización. Hemos articulado, por ejemplo, con el ex Defensor del Pueblo Ernesto Pazmiño Granizo, que presentó un proyecto de ley sobre la temática con algunos asambleístas y hemos redactado los proyectos. Así hemos participado de todo este proceso hasta llegar a donde estamos. Para nosotras es una prioridad que debe tener también con una voz propia y esa voz es justamente la de las mujeres que estamos detrás de la temática.

Y en cuanto a las posibilidades de los cambios, esperamos que sea favorable para que beneficie a la mayoría de las mujeres, pero más allá de lo que suceda en la Asamblea creemos que siempre hay un avance social cuando se genera este tipo de debates porque logramos mirar también cómo la sociedad en este país empieza a entender que obligar a una mujer o a una niña embarazada producto de violencia y llevar ese embarazo que no desea es una forma de tortura. Siempre ganamos socialmente, ya sea en el debate, ya sea que avanzamos poco a poco, porque lo más importante es que más allá de lo que suceda es que tengamos conciencia de lo que eso implica.

– ¿Qué análisis hacen sobre el impacto del reclamo del aborto a nivel social y político?

Creo que a nivel social la tendencia en América Latina y en el mundo es ir de avanzada. Sabemos que el año pasado en Argentina hubo toda una movilización callejera y eso está empezando a pasar también en otros países. Creemos que cada vez más como sociedad tomamos conciencia de los índices tan altos de violencias contra las mujeres, que la violación es real, que existe que cualquier mujer, cualquier niña, más allá de su condición o discapacidad, sea violentada, viva violencia sexual y quede embarazada producto de esa violencia. Frente a eso, como sociedad, debemos dar una respuesta y una opción a las mujeres. En ese sentido, la opinión pública diría que es federal sobre la despenalización del aborto en caso de violación, creo que cada vez son menos las personas que creen que esto no es un derecho. Eso responde a creencias propias y a desinformación, porque muchas de estas personas no entienden que despenalizar implica quitar del Código Penal, la cárcel para las mujeres que abortamos y lo confunden y hasta piensan que va a ser una obligación cuando más bien lo que hacemos es abrir un abanico de opciones para que sean ellas únicamente las que tomen la decisión.

En el ámbito político, creemos que los y las legisladoras tienen la obligación de pensar en la pluralidad del país en el que viven, tienen la obligación de pensar que legislan no en base a sus creencias personales sino con base a una realidad que es la de nuestro país, y la realidad es que cada día en nuestro país once mujeres denuncian una violación, que hay más o menos siete niñas menores de 14 años que son madres cada día. En la mayoría de estos casos ese embrazo fue producto de violencias que muchas veces viene por parte de personas cercanas como sus padres, padrastros, hermanos o tíos y estas niñas y mujeres deben tener opciones. Una persona que pretenda enviar a la cárcel a las mujeres que deciden abortar en caso de violación es alguien que no está anclando su criterio en la realidad y que de alguna manera también comete un trato cruel, inhumano y degradante contra nosotras.

– Una de sus consignas de las marchas de estos días fue: “El machismo mata, la xenofobia también”. ¿Por qué?, ¿qué análisis hacen sobre la situación actual del país?

Nosotras como “Vivas Nos Queremos” hemos planteado que la respuesta contra la violencia machista, contra la violencia hacia las mujeres y contra la violencia sexual y a los feminicidios no puede ser de ninguna manera fomentar el odio contra una población específica, porque eso es no reconocer que este es un problema que es estructural y que estos son casos que no son aislados. Los casos de Diana y de Martha (N de R: el nombre es pseudónimo para una mujer que sufrió una violación por parte de tres varones) no son casos aislados, sino que responden a una estructura donde las mujeres seguimos siendo violentadas, violadas, golpeadas y acosadas y no pasa nada porque está legitimado. Entonces, justamente, en ese sentido como plataforma Vivas Nos Queremos, como feministas, planteamos que la xenofobia no es una respuesta de ninguna manera. El odio a una población no es una respuesta.

Lo hemos dicho claro y fuerte: en nuestro nombre y en nombre de nuestras muertas, de nuestras hermanas que ya no están, de las sobrevivientes de violencias, no permitiremos que se fomente el odio contra una población. Esa no es dar una respuesta integral. Eso es querer generar una cortina de humo para no mirar el verdadero problema y por qué las mujeres en este país estamos siendo asesinadas. Más bien hacemos un llamado al Estado, a las políticas públicas y a los legisladores para que efectivamente se implementen medidas de prevención. Tenemos una ley de prevención de la violencia contra las mujeres que existe, pero que en la vida real y concreta de nosotras no está todavía mejorando o previniendo. No se está trabajando de manera integral, no cuenta con el prepuesto adecuado ni con una institucionalidad que le permita implementarse a nivel de las localidades. Ese es más bien el pedido: que se implementen las políticas públicas que ya tenemos, que se ejecuten y se empiecen a tomar medidas reales y concretas e integrales frente a la violencia, que permitan sancionar las agresiones y también reparar y garantizar que no se van a repetir.

*publicada originalmente en NODAL

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Amauri Chamorro es un conocido periodista ecuatoriano, un analista internacional. Lo entrevistamos con motivo de su viaje a Italia.

¿Porque está en Italia?

Estoy en Italia para la realización de una conferencia en la Universidad Estatal de Milán sobre este grave fenómeno conocido como “Lawfare” o guerra judicial en contra de la izquierda latinoamericana y caribeña. He recorrido siete países de Europa dando conferencias sobre este tema que tanto ha afectado a los derechos humanos. Explicar este fenómeno que ha interrumpido la democracia en mi continente es imprescindible para enfrentarlo. Anteriormente los golpes de estados del siglo pasado que utilizaban sistemáticamente la fuerza militar para impedir que la izquierda pudiera llegar a las presidencias, producían un efecto colateral con muertos, desaparecidos y torturados, que acabó afectando el mantenimiento de un modelo político hegemónico conservador e inclusive llevando a la cárcel a los principales agentes de esos golpes. El “Lawfare” permite que cumplir ese mismo objetivo de impedir que la izquierda llegue a la presidencia, pero sin generar el efecto colateral de muertos, desaparecidos y torturados. Así como en las dictaduras el estado de derecho es vulnerado y la izquierda es desaparecida del escenario político sin causar millones de muertos.

¿Que está pasando en Ecuador?

En el Ecuador se ha iniciado muy aceleradamente la vuelta del modelo neoliberal de los años 90 y para eso es imprescindible desaparecer a la única fuerza capaz de impedirlo: el Correísmo. Lo clave de todo esto es tener claro de que Lenín Moreno era un infiltrado en las filas de nuestro movimiento. Fue imposible detectarlo a tiempo. Así que el asume la Presidencia de la República hace paso al costado para que las estructuras de la ultraderecha ecuatoriana tomarán el total control del país. Moreno es una especia de Reina de Inglaterra que ocupa el cargo de Jefe de Estado, pero no es quien realmente gobierna. Inmediatamente se re establecen las relaciones militares con los Estados Unidos, comienza a negociar la entrega de Julian Assange y devuelven el manejo de la economía del país a los bancos privados. El Correísmo comienza a reaccionar a la entrega del país a los estadounidenses y por ser la primera fuerza política del Ecuador debe ser inmediatamente impedida de disputar elecciones. Por medio de una acción burocrática ilegal del Consejo Nacional Electoral el partido fue pasado a manos de Moreno y el Presidente Correa impedido por medio de una inconstitucional Consulta Popular impedido de disputar elecciones. Nuestro vicepresidente Jorge Glas fue condenado ilegalmente por un crimen que no cometió. Ahora nuestros principales líderes, y principalmente el Presidente Correa, son bárbaramente perseguidos penalmente sin ninguna sustentación jurídica y sin posibilidad de amplia defensa. Es la repetición del modelo de persecución aplicado en contra del Presidente Lula en Brasil.

¿Como se explica el cambio que ha habido con Lenin Moreno y cuales son las consecuencias al país y a la Patria Grande?

Hay que hacer un “mea culpa”. El hecho de no haber detectado que Moreno operaba para la derecha desde el ceno de nuestra organización demuestra de que no pudimos defendernos de las arremetidas de la derecha. El Progresismo en el Ecuador no estuvo blindado lo suficiente. Inclusive debemos entender de que no se hizo un profundo trabajo territorial y de formación política que nos permitiera conformar un tejido social que estuviera preparado para defender la Revolución. Electoralmente la Revolución Ciudadana es invencible. Pero políticamente se mostró más vulnerable de lo que se pensaba.

Las consecuencias para el país son gravísimas. Ya aumenta el desempleo, la economía se contrae acentuadamente y los servicios públicos se deterioraron. La derecha dice que el país está quebrado para justificar el aumento de la gasolina, botar a funcionarios públicos, al mismo tiempo que realizó un perdonazo de 4.5 mil millones de dólares a algunas pocas familias ecuatorianas que debían al Estado en impuestos y beneficios sociales. Es el neoliberalismo más recalcitrante. Ahora en 2019 se iniciaran las privatizaciones y más recortes en los servicios públicos que ayudaron a millones de personas a salir de la pobreza. Se reinstalaron militares estadounidenses en el Ecuador contrariando absolutamente la Constitución que muy claramente lo prohíbe.

Para América Latina y el Caribe el gobierno de Moreno será fundamental para desestabilizar todos los procesos de integración de la región. El va a ser uno de los alfiles para que nuestro continente no tenga capacidad de enfrentar el poder económico y diplomático de los EEUU. Desarmará Unasur, Celac, Alba etc.

¿Porque y de cual manera siguen los atropellos a los correístas?

Los atropellos siguen por una simples razón: los correístas ganarían cualquier elección en Ecuador. Y si ganamos las elecciones volvemos a cobrar los impuestos a los ricos, expulsaremos nuevamente los militares estadounidenses de nuestro país, y retomaremos la senda de la integración latinoamericana y caribeña. La Revolución Ciudadana fue esencial para que el progresismo en nuestro continente fuera referencia a nivel mundial de modelo de desarrollo soberano y eficiente.

¿Cual ha sido la reacción de los sectores populares?

Las empresas de comunicación, nacionales e internacionales, han trabajado muy eficientemente para ocultar todo lo que está pasando. Desde el atropello al estado de derecho, pasando por las medidas económicas que afectan a la población. Es tan grande la operación mediática en blindar lo que está sucediendo en Ecuador que gran parte de la población cree que es una pelea personal entre el Presidente Correa y Moreno. No se perciben que en realidad hay un proceso de desarme del Estado de Derecho que pudo reducir de 60% a 18% la pobreza en el país. Todo el esfuerzo de la izquierda en educar y concientizar al país sobre la grave situación han sido insuficientes. El momento en que falte la comida en la casa de las familias ecuatorianas se acelerará el proceso de manifestaciones populares en contra del gobierno.

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El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, manifestó haber ordenado a su canciller suspender el papel del país vecino como garante de los Diálogos de Paz entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y el Gobierno colombiano, que actualmente se desarrollan en Quito, capital de ese país. Asimismo, ordenó frenar las conversaciones y puso condicionantes al ELN para su continuidad.

“Le he solicitado a la Canciller de Ecuador que frene esas conversaciones y nuestra condición de garante de ese Proceso de Paz, mientras el ELN no se comprometan a dejar esas actividades terroristas”, con estas palabras Lenín Moreno dio un viraje respecto a la política ecuatoriana de soporte y apoyo al Proceso de Paz colombiano.

Esta decisión adoptada por el mandatario se da en medio del creciente conflicto con un grupo de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- (organizadas en el Frente Oliver Sinisterra y lideradas por alías “Guacho”) quienes han ejecutado múltiples ataques en territorio ecuatoriano.

(Ver información al respecto en: Presidente de Ecuador confirma el asesinato de los tres periodistas secuestrados
 y Disidencia de “Alias Guacho” secuestra a otros dos ciudadanos ecuatorianos)

Moreno intenta proyectar una imagen fuerte del Gobierno ecuatoriano ante la sensación de ingobernabilidad y falta de experticia política ante el asesinato de los periodistas. Sin embargo, dicha reacción hace evidente el giro a la derecha de esa nación en temas de política internacional. Durante el período de Gobierno del Expresidente Rafael Correa, Ecuador desempeñó un papel fundamental en cuanto a la defensa de la soberanía regional y de construcción de América Latina como un territorio de Paz. El actual Presidente logra con este paso un retroceso en esa materia.

En una comunicación oficial el Estado ecuatoriano manifestó que “el Presidente de La República, Lenín Moreno, dispuso a la canciller María Fernanda Espinosa a informar a su par de Colombia, que Ecuador suspende su condición de garante de los diálogos de paz entre el Gobierno del país vecino y la guerrilla del ELN, que se llevaban a cabo en territorio ecuatoriano. La decisión se mantendrá mientras la guerrilla continúe ejecutando actividades terroristas”.

#ConflictoYPaz | Presidente Lenín Moreno anuncia que #Ecuador suspende su condición de garante de los diálogos de #paz entre @ELN_Paz y gobierno de @JuanManSantos mandatario de #Colombia pic.twitter.com/jidGATnFCN

— Colombia Informa (@Col_Informa) April 18, 2018

El ELN había expresado mediante un comunicado su solidaridad con el país vecino por los hechos ocurridos en su territorio, rechazando este tipo de accionar de la mencionada disidencia.

#Comunicado
Solidaridad con Ecuador pic.twitter.com/F3fVeExfAx

— ELN Paz (@ELN_Paz) 13 de abril de 2018

Ecuador hacía parte del grupo de países garantes del proceso entre esa organización insurgente y el Gobierno de Santos, junto con Brasil, Chile, Venezuela, Cuba y Noruega. Estos junto a el Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación -GPAAC- conformado por Alemania, Holanda, Italia, Suecia y Suiza respaldan, acompañan y financian el proceso.

El pasado 22 de marzo, luego de una profunda crisis que casi lleva a su ruptura, las negociaciones entre las partes se habían restablecido. Se encontraban en el Quinto Ciclo de estas conversaciones donde abordarían temas relacionados con el Cese al Fuego Bilateral, la definición de la Metodología de Participación de la Sociedad y las acciones humanitarias en el Chocó.

Dada las actuales condiciones, es probable que el proceso busque una sede nueva entre los países garantes. Cuba se convierte en la primera opción ante la exigencia unilateral de Ecuador.

La noticia llega en un momento complejo para el país de cara a la Elección Presidencial, donde candidatos como Iván Duque han expresado la cancelación del proceso en caso de ser elegido. La solución política al conflicto armado se encuentra empantanada ante la tortuosa implementación de los Acuerdos con FARC, que algunos califican ya como fallidos o fracasados.

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*Publicado originalmente en Colombia Informa

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Una gran incertidumbre atraviesa la coyuntura política ecuatoriana. Trascurridos menos de tres meses desde que Lenín Moreno asumió la presidencia en un ajustado triunfo del oficialismo de Alianza País, se desconoce el rumbo que tomará la continuidad del proyecto político que articuló la Revolución Ciudadana desde hace 10 años. Si al inicio dio señal de apertura hacia las organizaciones, movimientos y fuerzas políticas de oposición por el espectro de las izquierdas, luego varios hechos concretos expresaron un peligroso acercamiento a los sectores de poder económico tradicional del Ecuador. En el límite, las declaraciones sobre la situación económica responsabilizan a la Revolución Ciudadana por la crítica situación de la economía y llama al pueblo ecuatoriano a la austeridad.

Orígenes del distanciamiento

Inmediatamente después de su asunción como presidente, Moreno anunció un conjunto de primeras medidas que venían a reforzar su perfil consensual y dialoguista en oposición a Rafael Correa. Algunas de las acciones anunciadas en primera hora eran esperadas por gran parte de los sectores excluidos de la arena política. Así, el llamado al diálogo con organizaciones indígenas y la devolución de la sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), sumado al reclamo de cesar la criminalización de la protesta, queda efectivamente en entredicho.

A la poco fortuita acusación de Correa de que “entregar la sede a la CONAIE por 100 años era una ofensa a título casi personal”, le sobrevino la aún más baja respuesta de Lenín de que Correa estaba teniendo cierto “síndrome de la abstinencia de poder”. Frases que sellaron el tono de acusaciones que, expresadas por Twitter, van marcando la agenda política. Es cierto que Moreno no fue la figura de transición consolidada por su rol en la escena política, tampoco que fuera el “nombre” elegido por Correa. De hecho, desde el terrible terremoto que sufrió el pueblo ecuatoriano el 16 de abril de 2016, Correa pareció hacer un guiño de legitimidad al entonces vicepresidente Jorge Glas, ubicándolo en el cargo de las responsabilidades sociales para la “Reconstrucción” económica (que en un momento tan sensible podrían traducirse en mayor popularidad). Glas ha sido un hombre clave de la política productiva, encargado de sectores estratégicos, con poca aceptación de los sectores críticos al Gobierno y salpicado por las denuncias de corrupción. Por su parte, Moreno gozaba de mayor aceptación por su capacidad de maniobra en áreas como la salud y las políticas públicas implementadas para las personas en condición de discapacidad; además, fue vicepresidente en la época dorada de Alianza País (AP) donde logró articular diferentes expresiones de su propio partido. Todo esto tuvo su correlato cuando en plena campaña, Carlos Pareja Yanuzelli (exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos) vinculó a Glas con casos de corrupción, sin embargo la fórmula Lenin/Glas triunfó en las urnas, y el nuevo Gabinete de Moreno expresó las diferentes tendencias internas existente.

Simbaña: “Sigue siendo una debilidad de las organizaciones populares no consolidar una propuesta electoral nacional”

Dialogo u oposición

Las inquinas se generalizaron cuando Correa denunció que Moreno había cerrado un pacto con los Bucaram para entregar la gestión de la Corporación Nacional de Electricidad. Luego, en un guiño hacia los sectores de la derecha empresarial vinculada a las cadenas comunicacionales, Moreno se comprometió a “revisar” la Ley de Comunicación, y nombró a Andrés Michelena como nuevo gerente general de los Medios Públicos, sustituyendo a figuras del círculo de lealtades de Correa. La designación de Fernando Larenas, exjefe de redacción de El Comercio (principal medio de la oposición) al frente del diario El telégrafo (oficialismo) provocó rechazos dentro de AP, al tiempo que fue celebrada por el paladín de la derecha Guillermo Lasso (movimiento CREO).

Luego de la aparición de una supuesta conversación entre el excontralor general Carlos Pólit y un exejecutivo de la empresa Odebrecht donde se involucra a Glas, Moreno le quitó las funciones dentro del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, así como del Comité para la reconstrucción. Comenzaron a proliferar las exigencias de destitución o juicio político, mientras Pareja Yannuzzelli retornaba a Ecuador a dar declaraciones. En el limitado margen que tiene la figura del vicepresidente en el actual sistema político, Glas manifestó que aun así, seguirá siendo el vicepresidente de Ecuador.

Finalmente, la disputa se instaló en el núcleo del binomio de gobierno, la corrupción quedó mediáticamente asociada con Glas y no con las comprobadas cuentas off shore de Lasso, y la oposición en la Asamblea se articuló para presentar una “agenda de gobernabilidad” (sujeta a una consulta popular) a fin de desmontar el “correismo” en los organismos de control, anular la reelección indefinida y eliminar el concepto de la comunicación como servicio público. Mientras la oposición ataca al correismo, Moreno pone en duda su propia representatividad, subestimando el componente afectivo de la política al atacar duramente al proyecto de la Revolución Ciudadana y sus figuras claves.

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“Winter is coming”

El escenario es aún más preocupante cuando lo cruzamos con las declaraciones en materia económica. El reciente discurso de Moreno en la presentación de la reforma de presupuesto nacional para 2017, responsabiliza al gobierno anterior de haber consolidado una deuda total inmanejable de más de 60 mil millones de dólares, poniendo en riesgo la soberanía nacional. Moreno propone una estrategia consistente en aumentar el ingreso de dólares, dinamizar el sector de la construcción, revisar la ley de plusvalía, fomentar la repatriación de capitales, impulsar el uso de medios de pago digitales (dinero electrónico), llevar a cabo medidas de optimización de recursos del Estado y direccionar la inversión pública hacia lo “estrictamente necesario”. La propuesta presupuestaria de 36.818 millones de dólares, representa un incremento de 2% con respecto al presupuesto del año anterior y establece un conjunto de prioridades de gasto y previsión de ingresos. En septiembre se presentará el plan de gestión económica para el periodo completo de su mandato. En líneas generales no hay grandes transformaciones, ni en el sistema cambiario, ni en las prioridades de gasto, pero sí se le da mayor margen de acción a la banca privada permitiendo su participación en los mecanismos de dinero electrónico junto al Banco Central.

La estrategia de gobernabilidad del “Diálogo Nacional” ha triunfado logrando la aceptación al gobierno de todos los sectores de oposición que ya ni se acuerdan de sus denuncias de fraude electoral y de las manifestaciones para anularlas. Sin embargo, asustan los signos de demasiada permeabilidad que parece tener el presidente con los intereses especulativos financieros. La ambivalencia del dialogismo es inversamente proporcional a la del mismo Correa, quien, en tantos años de combate contra la “corporativización” también había aglutinado a toda la ‘otredad’ en el bando de enfrente. Ni antes ni ahora estos dos bloques de oposición eran/son lo mismo, aunque sus límites se fueron desdibujando tanto en las articulaciones políticas locales, como en las movilizaciones de junio de 2015, y en el marco de la polarización de la segunda vuelta electoral donde el candidato de las izquierdas, Paco Moncayo, llamó a votar a Lasso, y tras él también lo debatieron un conjunto de fuerzas políticas y organizaciones sociales.

El problema de permanecer en esta delimitación del antagonismo es que las luchas populares pueden salir aún más fragmentadas. En gran parte, la recomposición de las fuerzas populares ecuatorianas depende de que las luchas y organizaciones sociales que durante años enfrentaron la continuidad rentista, primario-exportadora del régimen de AP no se vean envueltas en una promesa de diálogo que fortalezca al Gobierno mientras este se sume en una política regresiva para el campo popular. De otra parte, las bases que aún sobreviven dentro de AP, si ven al gobierno actual traicionar las banderas de la propia Revolución Ciudadana, deberán luchar por asumir una agenda que abandone la dicotomización construida durante todos estos años entre el “bienestar general” en términos redistributivos y las “causas particulares”, y reconocer (articulándose con ellas) el componente de universalización que tienen estas luchas que hasta aquí fueron excluidas como corporativas. Por último, las figuras de AP que permanecen formando parte de las funciones públicas y el propio Buro político, deben presionar para evitar la profundización que impone la contracción económica, para que no lleve al gobierno ecuatoriano bajo las propias banderas de la Revolución Ciudadana a protagonizar el giro a la derecha en que están sufriendo los pueblos latinoamericanos.

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Con la victoria de Lenín Moreno, no solo se garantiza la continuidad del modelo de desarrollo e inclusión inaugurado por Rafael Correa en 2007, sino que marca un punto clave para Latinoamérica en su conjunto, ya que estuvo en juego la continuidad de la izquierda progresista en América Latina y el futuro geopolítico de la región. Prácticamente bajo la espalda de Ecuador está la responsabilidad de defender el proyecto socialista del siglo XXI.

Las elecciones en Ecuador no se pueden despegar del contexto regional e internacional. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el fin del súper ciclo en los precios internacionales del petróleo y la soja, la desaceleración económica de China, la revalorización del dólar, el aumento de las hostilidades en Siria y la nueva correlación de fuerzas políticas en los países del Cono Sur ante la llegada de los conservadurismos en Argentina con Mauricio Macri, en Brasil con Michel Temer, y en Venezuela con una oposición que controla la Asamblea Nacional. Esto se traduce en que a nivel global hay una fuerte reconfiguración política, económico y social, producto de la crisis internacional no resuelta desde 2008.

Sin duda alguna que una derrota electoral en Ecuador hubiera sido tomada por los sectores conservadores como una contundente señal del tan aclamado “fin de ciclo de los gobiernos progresistas en Latinoamérica”. Los enormes avances sociales que vivió la región durante la primera década del siglo XXI, las transformaciones culturales, la ampliación de derechos y la re significación del concepto de soberanía, se encuentran hoy jaqueados por el avance y consolidación (en algunos casos) del nuevo – viejo – proyecto de los Estados Unidos en la región.

El surgimiento de esta “nueva derecha regional” debe entenderse en un doble plano; por un lado está la indiscutible presencia de los Estados Unidos que actuó en toda la región promoviendo factores desestabilizadores y valiéndose de cualquier reclamo para generar un clima de hostilidad social e ingobernabilidad. Los golpes de estado en Honduras, Paraguay y Brasil son una muestra de dicha afirmación. Y por el otro encontramos las dificultades y errores propios de los gobiernos progresistas de la región, como pueden ser la no transformación del modelo económico, ya que el sector empresarial y las oligarquías continuaron enriqueciéndose. Dados los altos costos de las materias primas y la expansión del mercado chino hubo ingresos suficientes para la acumulación privada y para que el Estado implemente políticas distributivas. Pero al caer los costos internacionales de los productos primarios y mientras desacelera la marcha de la economía china, los sectores concentrados de la economía nacional no están dispuestos a ceder en sus niveles de ingreso.

Estrechamente vinculado al punto anterior, encontramos que el alza de los productos primarios acentuó el modelo extractivista, y si bien hubo intentos de diversificación de la matriz productiva los esfuerzos resultaron insuficientes. El avance de la soja y los dependencia casi total de la explotación de recursos no renovables como el petróleo y el gas continuaron, y continúan, marcando el rumbo de las economías de los región.

Características de la nueva derecha continental

En este punto es importante hacer una distinción entre la derecha en el poder y la derecha como oposición al poder. La nueva derecha en el poder tiene mas continuidades, se parece mas a la derecha neolibreal de los 90, mientras que esta nueva derecha ocupa el papel de oposición adoptando una retórica mas moderada, adquiriendo posturas de centro.

Queda claro que el plan económico es el mismo en ambos casos y que esta salvedad es solo aparente y retórica. El objetivo final es el mismo de siempre, la entrega de nuestros recursos naturales y la inserción internacional como producto de insumos primarios (para el caso argentino, vinculados con la agricultura y la ganadería).

Un punto que resulta interesante de analizar es que en la mayoría de los gobiernos progresistas de la región hay dificultades a la hora de encontrar cuadros políticos de peso a la hora de darle continuidad en el tiempo a dichos proyectos. La alternancia en los cargos públicos resulta necesaria a la hora de encauzar proyectos transformadores, y no sólo para satisfacer la moral republicana de la opinión pública, sino porque sólo se consolidarán los proyectos que creen instituciones fuertes que garanticen el modelo de desarrollo.

El actual escenario en la región no es muy alentador. Los sectores concentrados vinculados a las burguesías nacionales y los Estados Unidos están disfrutando de una primavera que parecía impulsada hace unos años atrás.

La importancia de las elecciones ecuatorianas radica en la posibilidad de darle un freno a esta avanzada electoral de los sectores conservadores.

Por su parte, Rafael Correa se despide luego de 10 años como máximo mandatario, convirtiéndose en el presidente con mayor permanencia consecutiva en el poder de las últimas décadas. Recordemos que Ecuador ha sido un país de quiebres y sobresaltos en relación a la democracia, un recorrido histórico lleno de dificultades para robustecer su vida republicana ante los golpes de Estado, fragilidad institucional y las enormes diferencias que existen entre la costa y la sierra.

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Como sucede desde que germinó a comienzos de siglo el ciclo progresista y su novedosa arquitectura de integración regional, hoy en terapia intensiva, cada jornada electoral decisiva tiene un gran impacto en América Latina. El balotaje ecuatoriano de este domingo no sólo pone en juego la continuidad o el ocaso del proceso liderado por Rafael Correa desde hace una década, sino que sumará un elemento clave a la reconfiguración del escenario geopolítico que vive el continente en los últimos años.

En concreto: una victoria del banquero Guillermo Lasso inclinaría aún más la balanza hacia la restauración conservadora en la región y dejaría muy aislado al eje bolivariano. Como contraparte, un triunfo del oficialista Lenín Moreno lograría reoxigenar a las fuerzas progresistas latinoamericanas, alimentar las expectativas en un eventual reimpulso y bajarle el copete a quienes ya decretaron el “fin de ciclo” y auguran un porvenir inexorablemente monopolizado por las derechas vernáculas. Pero sobre todo –y lo más importante para quien escribe-, sería un gran alivio para los proyectos populares que aún resisten en Venezuela y Bolivia.

El proceso ecuatoriano ha sido quizá el más complejo del ciclo progresista para afinar una caracterización atinada. Ha combinado rasgos de indudable búsqueda transformadora (nuevo andamiaje institucional vía proceso constituyente, reapropiación estatal de los recursos, profundas mejoras sociales, y una audaz y antiimperialista política internacional) con otras políticas más bien moderadas y cuestionables, implementadas sobre todo en los últimos años (TLC con la Unión Europea, robustecimiento de la matriz extractivista, confrontación permanente con las organizaciones y personalidades críticas, y poco impulso al empoderamiento y al protagonismo popular).

Retomamos entonces el interrogante sobre qué concretamente está en juego este domingo. ¿Un horizonte emancipador y socialista para el pueblo ecuatoriano? Claramente no. ¿Se juega en las urnas el destino de una revolución? Si analizamos rigurosamente el devenir regresivo de la última etapa del correísmo, evidentemente tampoco. Lo que se dirime, ni más ni menos, es el regreso de la élite financiera-empresarial, de los dueños del circo, de un neoliberalismo puro y duro sometido a los intereses del capital, que sumaría otro jugador a la ofensiva reaccionaria continental; o el continuismo de un proceso democrático-progresista que seguiría siendo bastión de (lo que queda de) la integración latinoamericana y principal aliado de los proyectos transformadores que impulsaron Hugo Chávez y Evo Morales.

Cambios de épocas

Durante la crisis de hegemonía del neoliberalismo, Ecuador fue emblema de la inestabilidad que provocaron esas políticas. El dato es todo un síntoma del período: entre 1997 y 2005 ninguno de los presidentes elegidos logró terminar su mandato, expulsados por la movilización popular. En ese contexto, el consenso social que logró Correa es casi para el Guinness: no sólo llegó a gobernar diez años sino que en las dos elecciones anteriores (2009 y 2013) arrasó en primera vuelta.

Pero del 57,1% de votos que cosechó el presidente aquella última vez, se cayó al 39,3% en la primera vuelta del 19 de febrero. Si bien Moreno ganó por 11 puntos y estuvo a tiro de evitar el balotaje, la palabra que mejor define los presagios para este domingo es incertidumbre.

Varios factores explican la fragilidad actual del oficialismo: la debacle económica tras el fin de la bonanza que apuntaló las finanzas latinoamericanas a lo largo de este siglo; las denuncias de corrupción, magnificadas o manipuladas por el partido mediático; la delegación del liderazgo a partir del retiro de Correa; el desgaste de continuas confrontaciones con la derecha pero también con diversos reclamos “por izquierda”; y el viento a favor que va imponiendo en el sentido de época el modelo del presidente-empresario y la “opción del cambio”.

El peligro Lasso

Al margen de la moderación del rumbo que viene tomando el gobierno ecuatoriano, son previsibles las recetas ortodoxas y el derrumbe de conquistas sociales que trae en su maletín el banquero Lasso.

Su trayectoria no deja dudas sobre qué intereses defiende. Su primer empleo fue a los 15 años en la Bolsa de Valores de Guayaquil y a los 22 su cuñado le regaló un banco que luego se transformó en el Banco de Guayaquil, al que presidió durante casi 20 años. Su incursión en la política lo llevó a la gobernación de Guayas y luego fue Superministro de Economía de Jamil Mahuad en 1999, presidente derrocado tras una aguda crisis económica que sumió al país en el desempleo y provocó el éxodo de dos millones de ecuatorianos. Aquella crisis tuvo su clímax en el famoso “Feriado Bancario” del 8 de marzo de 1999, del que Lasso fue uno de sus beneficiados. También fue asesor económico y embajador itinerante en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Una investigación publicada recientemente en Página/12 reveló que está asociado a al menos 49 empresas en paraísos fiscales.

Miembro del Opus Dei y luego de 45 años dedicados al mundo de la banca y las finanzas, Lasso enarbola el concepto del “cambio” como principal estrategia de marketing. Cualquier similitud con Mauricio Macri no es pura coincidencia.

Dos frentes de conflicto

Como mencionábamos, la oposición por derecha no es la única que viene enfrentando el gobierno. Otro elemento nodal en la coyuntura ecuatoriana es el desencanto y la frustración manifestada por buena parte del movimiento indígena y ambientalista, algunos sectores gremiales (como las y los maestros), colectivos feministas y expresiones de izquierda que han venido confrontando abiertamente con el oficialismo. Es cierto que en algunas oportunidades dirigentes sociales terminaron aliándose con la derecha, pero la injusta generalización y la permanente descalificación de Correa hacia esos sectores sólo ha logrado alimentar aún más un divorcio que contradice la esencia de cualquier proyecto transformador.

La candidatura de Paco Moncayo, a la que apostaron varios de estos grupos, logró el 6,7%. Con sólo la décima parte de esos votos, Moreno hubiera ganado en primera vuelta. Otro dato llamativo es el flojo desempeño electoral del oficialismo en las regiones campesinas e indígenas de la Amazonia, donde hubo mayor conflictividad social por el avance de proyectos extractivistas. El escenario se complejiza con los posicionamientos de estas organizaciones ante la batalla del domingo: en su mayoría llamaron a no votar por ningún candidato e incluso algunos dirigentes han manifestado, directa o indirectamente, su apoyo al banquero Lasso.

El mapa del lunes

El gobierno de Alianza PAIS emergió en 2007 con la gran promesa de superar la “larga y triste noche neoliberal”. Sobre todo durante los primeros tiempos, se dieron importantes pasos para superar las políticas emanadas del Consenso de Washington. Precisamente en los centros de poder mundial será donde primero se celebraría una eventual victoria del banquero Lasso, que para el pueblo ecuatoriano implicaría el retorno de ese paradigma societario excluyente cuyas consecuencias pueden reflejarse nítidamente en los presentes de Argentina y Brasil.

Como contrapartida, un espaldarazo a la “Revolución Ciudadana” -aun con los desencantos y las flaquezas mencionadas-, sería una inyección de esperanza, una buena noticia para la América Nuestra

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El próximo domingo en Ecuador se juega una pulseada continental: si Lenín Moreno gana, los gobiernos pos-neoliberales en América Latina podrán recobrar un vital impulso; si pierde, la derecha regional insistirá con dar por cerrado el ciclo inaugurado por Hugo Chávez en 1998 y acelerará su ofensiva contra los gobiernos alternativos que aún quedan en pie. El enfrentamiento de Rafael Correa con el movimiento indígena y sectores de izquierda, y la reticencia de éstos a apoyar al candidato oficialista, podría ser determinante frente a una segunda vuelta reñida. Aprendizajes para lo que viene.

En esta segunda vuelta el oficialista Lenín Moreno enfrentará al banquero neoliberal Guillermo Lasso, quien aglutina a distintos sectores conservadores tras su promesa de destronar al “régimen” de Alianza País. En primera vuelta, Moreno no logró –por muy poco– el 40 por ciento necesario para imponerse sin balotaje. Lasso obtuvo el 28 por ciento, seguido por Cynthia Viteri (16 por ciento); otro candidato con programa conservador, Abdalá Bucaram (hijo del expresidente) obtuvo cerca del 5 por ciento. Esos tres candidatos congregaron un voto opositor por derecha que, si se mantiene ahora concentrado en el principal contrincante de Alianza País, podría garantizarle un piso cercano al triunfo (la suma de los tres guarismos da 49 por ciento). Por su parte, las encuestas… las encuestas suelen fallar –así sucedió en la primera vuelta–, por intencionalidad manifiesta o por desacople de la realidad más profunda, así que sigamos el análisis con base en elementos más verificables.

En medio de los dos contendientes principales quedó la candidatura de Paco Moncayo con 6,7 por ciento. Con fuerte apoyo de organizaciones indígenas y sectores populares opuestos al correísmo, Moncayo recogió el descontento con el gobierno pretendiendo desmarcarse de las propuestas neoliberales. Siguiendo con el análisis de los resultados de primera vuelta, cabe señalar que, con apenas un 0,7 por ciento más de los votos a su favor, Lenín Moreno hubiera ganado la presidencia sin balotaje. ¿Es legítimo especular con que parte de los votos que fueron al centroizquierdista Moncayo, al ser de origen de izquierda o popular, bien podrían haber reforzado la candidatura oficialista con la intención de bloquear definitivamente el acceso al gobierno a la derecha neoliberal?

Lo que en las matemáticas electorales resulta evidente en política no lo es tanto. Entre el correísmo y los sectores populares que apoyaron a Moncayo hay un antagonismo alimentado por diez años de conflicto que, a esta altura, parece insalvable. El caso resulta emblemático porque esa escena, que podríamos simplificar con la imagen de un progresismo en el gobierno enfrentado con expresiones del movimiento popular que se afirman en posiciones de izquierda, no es exclusiva de Ecuador: en general, los gobiernos que protagonizan o protagonizaron el “ciclo progresista” (Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Nicaragua, El Salvador), han tenido –o incuban– similar contradicción.

Progresismos e izquierdas

En un análisis que excede a Ecuador, el investigador uruguayo Eduardo Gudynas marca “una divergencia cada vez mayor de los progresismos con las posiciones de las izquierdas que les dieron origen”. Caracteriza que los progresismos en el gobierno resignaron la necesidad de debatir las concepciones de desarrollo desde posiciones anticapitalistas, como sí proponía la izquierda que alentó las luchas que precedieron a los gobiernos pos-neoliberales; que la concepción de justicia social de aquellas izquierdas excedía el asistencialismo en el que recayó la gestión de los gobiernos en cuestión, y que la agenda de derechos humanos, pilar de la resistencia a las dictaduras primero y al neoliberalismo después, fue abandonada “poco a poco” desde los gobiernos (1).

La crítica resulta válida, aunque tal vez injusta si se aplica a todos los gobiernos como si fueran un sólo bloque (en esa fórmula suelen caer los críticos por izquierda al “ciclo progresista”, haciendo énfasis en las limitaciones o claudicaciones de los gobiernos más moderados y englobando en ello a procesos más complejos y coherentes en sus intenciones de cambio). La diferenciación más habitual que suele hacerse desde la izquierda es entre gobiernos “neodesarrollistas” moderados (Argentina, Brasil, Uruguay) y otros que el economista Claudio Katz denominó como “nacionalistas-radicales” (Venezuela, Bolivia). Puede resultar válido señalar que la idea de justicia social con la que surge el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil o que se reclamó en las calles argentinas a fines de 1990 dista mucho del asistencialismo del plan Fome Cero o del manejo clientelar de los subsidios que hizo el kirchnerismo; sin embargo, resulta claramente desacertado calificar como “asistencialismo” o “clientelismo” a las experiencias de autogestión comunal en la Venezuela bolivariana o las conquistas notorias de derechos históricamente negados a los pueblos originarios en Bolivia.

Siguiendo con ese análisis, ¿en cuál categoría entra Ecuador?

¿Revolución? Ciudadana

“El modelo de acumulación no lo hemos podido cambiar drásticamente. Básicamente, estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa.” (Rafael Correa en entrevista a El Telégrafo, enero de 2012)

La brecha creciente que, en términos genéricos, marca Gudynas entre el progresismo y la izquierda tiene expresiones particulares en cada realidad concreta. En Argentina, el kirchnerismo y la izquierda (la trotskista vinculada a luchas obreras y con presencia parlamentaria, o la independiente con anclaje en el movimiento barrial y estudiantil) no han congeniado en 12 años; en Ecuador ese desacuerdo tomó forma de confrontación entre el gobierno de Alianza País y los movimientos indígenas, ambientalistas, feministas y sindicales. La imagen de un caudal determinante de votos provenientes de sectores populares contrarios al correísmo en las últimas elecciones grafica un conflicto que tiene raíces de fondo en el modelo económico y político por el que optó Alianza País.

Durante los primeros años el gobierno de Correa promovió cambios sustanciales, en sintonía con las demandas populares que habían puesto en crisis el paradigma neoliberal: el fin del convenio militar con Estados Unidos que impidió la continuidad de su base militar en territorio ecuatoriano; la caducidad del contrato con la petrolera norteamericana Oxy; la suspensión del TLC con Estados Unidos y la declaración de ilegitimidad de un tramo de la deuda externa; la incautación de bienes de banqueros implicados en la quiebra del sistema financiero en 2000 y la creación de una Comisión de la Verdad para investigar casos de violación a los derechos humanos, entre otros. La Constituyente de 2008 incluyó definiciones de avanzada, como el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y el robustecimiento de mecanismos de democracia “directa, participativa y deliberativa”. A la vez, Ecuador acompañó los indicadores de crecimiento que tuvieron otros gobiernos: en toda la región la pobreza global disminuyó de 44 a 31,4 por ciento promedio entre 2001 y 2011, y la pobreza extrema de 19,4 a 12.3 por ciento. Tras esos indicadores favorables hubo incrementos salariales y políticas asistenciales que mejoraron la situación objetiva de los sectores excluidos (2). En ese contexto, y durante el primer impulso de gobierno con el grueso del movimiento popular organizado de su lado, Correa logró de entrada altos porcentajes de popularidad, por ejemplo el 63 por ciento con el que se ratificó la nueva Carta Magna en 2008.

En aquella coyuntura inicial, Alianza País mantuvo alianzas con el movimiento indígena y diversos sectores sociales. Pero con los años, “el movimiento gobernante tendió a subestimar el aporte de las organizaciones sociales mientras éstas exigían real participación” (3). De ahí en más (2011-2012), la Revolución Ciudadana sumó a la confrontación que ya tenía por derecha, la enemistad de una parte importante del movimiento indígena, sectores sindicales, organizaciones feministas, movimientos ambientalistas y pequeñas fuerzas de izquierda.

El movimiento indígena, expresado centralmente en la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), le reclamó al gobierno la Ley de Recursos Hídricos (2014), y chocó con el gobierno en luchas por la defensa del territorio ante proyectos extractivistas; los gremios de maestros confrontaron las reformas regresivas en materia de educación; los colectivos feministas resistieron una política de agresión discursiva y estigmatización promovida desde la propia voz presidencial… Así el correísmo fue desgastando en parte su adhesión popular.

El hecho de que la Revolución Ciudadana haya contado durante toda su primera etapa (2007-2014) con un ciclo económico internacional favorable por los precios de los commodities, no aminoró la conflictividad con sectores populares organizados, sino al contrario. En un rapto de sinceridad que no volvió a repetir después de la entrevista de 2012 con el diario El Telégrafo, Correa reconoció no haber cambiado el modelo de acumulación (“no es nuestro deseo perjudicar a los ricos”, justificó) aunque, siendo estrictos, deberíamos decir que el modelo, entendido en términos de su matriz extractivista, no sólo no se cambió sino que se profundizó en perjuicio de las comunidades y a favor de las multinacionales que hicieron sus grandes negocios con la Revolución Ciudadana. Los proyectos extractivos se multiplicaron con los años y, de la mano de eso, el correísmo definió un modelo político burocrático-estatal, aséptico a los sectores movilizados y refractario a cualquier voz popular disidente.

La primera vuelta electoral graficó las consecuencias de este enfrentamiento: el partido gobernante perdió votos decisivos en la mitad del país campesino e indígena, principalmente en las regiones donde hubo mayor conflictividad social por cuestiones ambientales y extractivistas (ver gráfico). Por supuesto que hay otros factores de incidencia electoral más complejos, como la pérdida de apoyo de sectores medios beneficiados por el consumismo fruto del crecimiento económico que entró en crisis durante los últimos años, o el poderío económico y propagandístico de la oposición de derecha que logra mostrarse como cordero ante un electorado receptivo a propuestas de cambio. También hay un cuestionamiento genuino sobre posiciones que adoptaron algunos referentes indígenas en clara alianza con sectores de la derecha; aunque minoritarias, esas expresiones resultaron funcionales a los sectores conservadores sobre los que se apoyaron y también a quienes, desde el oficialismo, se regodearon en estigmatizar al movimiento indígena en su conjunto. Como fuera, unos y otros factores no son el objeto de este análisis. A los fines de un balance útil al campo popular, mantengamos el foco en analizar el costo que debió pagar el correísmo (y que, esperemos que no pero aún puede pagar, de cara a la segunda vuelta electoral) al subestimar y enfrentar a sectores dinámicos del campo popular en nombre de un modelo económico que, a la larga, también terminó quitándole base social.

Espejos

Días pasados, organizaciones de Argentina y Brasil difundieron una carta abierta titulada “Pueblo del Ecuador: ¡No elijas a un representante de la derecha financiera!”. El texto lleva las firmas de importantes sectores populares como el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Patria Grande o el Movimiento Evita de Argentina, y la Central Única de Trabajadores (CUT) y el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil. Allí ponen como ejemplo los casos de ambos países en los que la reacción conservadora logró hacerse con el control del Estado después de más de una década de gobiernos progresistas. El caso que podría ser más similar a Ecuador es el de Argentina, ya que allí el cambio de gobierno se produjo por medio de una contienda electoral. La carta advierte: “Hace poco más de un año, Argentina vivió un momento similar. El 22 de noviembre de 2015, en el balotaje, triunfó por un margen muy pequeño (2,7 por ciento) el candidato Mauricio Macri (…) A partir de su asunción, las políticas de su gobierno no dejaron lugar a dudas: gobierna sólo para los ricos. Las tarifas de agua, luz y gas aumentaron inmediatamente: en los primeros meses de 2016 el tarifazo alcanzó entre el 100 y el 400 por ciento. Y a principios de 2017 volvió a aumentar. El precio del transporte se duplicó hace un año y ahora pretenden aumentarlo otro 60 por ciento más”.

La voz de alerta es justa y necesaria; los perfiles de los candidatos de derecha en uno y otro caso son similares y, más allá de los aspectos personales de cada cual, el programa de la restauración conservadora es continental, lo que puede variar son los niveles de ilegitimidad (Brasil) o violencia (Venezuela) a los que estén dispuestos a acudir para lograr sus objetivos.

Pero hay otra imagen del espejo argentino que se replica en Ecuador, que suele ser más incómoda para quienes defienden de manera acrítica a los gobiernos progresistas. Tanto en un país como en otro, desde el gobierno se dieron dinámicas de exclusión, desmovilización y en algunos casos persecución a expresiones del movimiento popular. Esto, además de ser contradictorio con la retórica popular y hasta revolucionaria que sin excepción estos gobiernos esgrimieron, a la larga les restó un apoyo vital. Esas actitudes erradas desde los gobiernos por lo general fueron y son acompañadas por una notoria falta de sentido crítico entre quienes se constituyen en bases de sustento y defensores de lo que, de hecho, es un gran proceso de cambios digno de ser defendido. Pero el silencio acrítico suele ser una mala receta, más en momentos en los que toca rectificar.

¿Medidas económicas y políticas contra el movimiento popular deben entenderse como hechos “menores” respecto al factor geopolítico? ¿Señalarlas es hacerle el juego a la derecha? ¿Hay que callar los aspectos antipopulares de los gobiernos progresistas “más allá de la justicia o no del reclamo, más allá de la mayor o menor importancia del tema”, como propuso el sociólogo Emir Sader antes de la primera vuelta electoral, mientras el pueblo Shuar era reprimido en favor de la incursión minera de capitales chinos? No habían pasado 48 horas de la elección de primer término cuando Enrique Tiwiram, vocero del pueblo Shuar, fue detenido como parte de un largo proceso de criminalización de la protesta social. Si bien ya fue liberado, su proceso penal es parte de los más de 700 casos de persecución judicial documentados durante los 10 años de Revolución Ciudadana (4). Peor suerte corren el líder indígena Agustín Wachapá (5) y el sindicalista Stalin Robles (6), ambos en prisión, uno por “incitación a la discordia” y el otro por haber apoyado el levantamiento indígena de 2015.

La exigencia de libertad a los militantes populares perseguidos por luchar es una bandera de la izquierda continental que suele defenderse con generosidad más allá de mayores o menores afinidades políticas. Sin embargo, es estridente el silencio en torno a los presos políticos en Ecuador. ¿Los líderes populares encarcelados durante el gobierno de Rafael Correa no merecen ser defendidos, política y públicamente, más allá de las fronteras? Hay una cuestión de principios que debería motivar a alzar la voz. Desde una ética guevarista, si se quiere, por aquello de “sentir cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”. Y si no, en el caso de los gobiernos, tal vez por mero pragmatismo, ya que es evidente que cierta pérdida de apoyo social tiene que ver con las decisiones económicas y políticas que contradicen los intereses de sectores populares, los que deberían ser considerados base y esencia de un proyecto de transformación social y no contrincantes a los cuales someter y disciplinar.

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Ahora bien, volvamos al principio: el próximo domingo se juega una partida de importancia continental para los progresismos, los movimientos populares, las izquierdas y las personas de bien en general: nada bueno podrá esperarse si el candidato de Alianza País es derrotado. Ojalá Lenín Moreno se imponga y que quienes se lamenten de la derrota sean los grandes dueños de todas las cosas que esperan readueñarse del aparato del Estado ecuatoriano con el triunfo del banquero Lasso.

Ya que estamos con expresiones de deseos: sería bueno que Alianza País, una vez que gane, tienda puentes y reconvoque al conjunto del movimiento popular, desarrolle una gestión de gobierno que profundice reformas estructurales, revea esa limitación reconocida por el propio Correa y sí se decida por “cambiar el modelo de acumulación” sin miedo a “perjudicar a los ricos”.

Por último, más allá y más acá del resultado electoral: es deseable también que, tanto para defender los avances logrados allí donde los hubo como para resistir el embate neoconservador y preparar un reimpulso de los proyectos populares a nivel continental, nos animemos a balances críticos sin temor a debilitar por ello procesos que, aun con sus contradicciones, defendemos y valoramos. A fuerza de algunos reveses vamos dándonos cuenta que las debilidades no están en la crítica y autocrítica necesaria desde el campo popular sino en las flaquezas y claudicaciones que se manifestaron, desde esos procesos, en favor de la derecha y el gran capital; ante ello, la capacidad de cuestionar para rectificar, sumado a la reafirmación del principio de que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, tenemos una base posible donde hacer pie para reacumular fuerzas e ir por más.

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* Pablo Solana es editor de la editorial La Fogata y la revista Lanzas y Letras (Colombia). Coordinador, junto a Gerardo Szalkowicz, del libro América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista (en prensa).

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(1) Gudynas, E. “Los progresismos sudamericanos: Ideas y prácticas, avances y límites”. En Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo. Entrepueblos, Barcelona, 2016.

(2) Datos de la CEPAL. Citado en Svampa, M. “Crítica a los progresismos realmente existentes”. En América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista. Sudestada, Buenos Aires, 2017 (en prensa).

(3) Ramírez Gallegos, F. y Stoessel, S. “Una década de Revolución Ciudadana: posneoliberalismo y conflictividad”. En América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista. Sudestada, Buenos Aires, 2017 (en prensa).

(4) Karla Calapaqui Tapia, K. Criminalización de la protesta 2007-2017. https://es.scribd.com/document/343034612/Ecuador-850-criminalizados-en-el-gobierno-de-Rafael-Correa

(5) “Agustín Wachapá fue pisoteado y humillado durante su detención”. En Resistir es mi derecho. http://resistiresmiderecho.org/?s=agust%C3%ADn+wachapa

(6) “Stalin Robles, uno de los 7 de Pastaza”. En Resistir es mi derecho. http://resistiresmiderecho.org/stalin-robles-uno-los-7-pastaza-conoce-historia/

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