Radiografía de José Manuel De la Sota, la máxima figura de la política cordobesa, quien falleció en un accidente de auto el 15 de septiembre pasado. Su afán de ser el nuevo líder del país dejó a la provincia de Córdoba en la deriva.

Fue alrededor de las ocho de la noche. Viajando a 170 kilómetros por hora, su vehículo quedó incrustado contra un camión. Su cara quedó irreconocible. En aquella ruta 36, que conecta las dos principales ciudades de la provincia de Córdoba –ciudad capital y Río Cuarto– pereció el último caudillo cordobés. Tres veces gobernador. Que no quería ser gobernador. Quería ser Presidente. Córdoba solo fue su mesa de operaciones.

José Manuel de la Sota (1949-2018) esperaba que en su provincia pudiera cimentar un proyecto político, económico y social nacional. Pero, más que nada propio, diferente de la demás alternativas. Al ganar su tercera gobernación en 2011, proclamó el nacimiento del “Cordobesismo”. Un planteo semejante al que había lanzado el primer gobernador cordobés pos-dictadura, Eduardo Angeloz, al sostener que Córdoba era una isla. E incluso hoy en día se la piensa así a Córdoba, como una isla. En particular, por los batacazos que viene teniendo el bloque Cambiemos a la hora de recibir el aluvión de votos por las tierras de la rebeldía sindical y estudiantil.

En realidad, Córdoba nunca fue una isla. Y De la Sota nunca pudo crear algo propio. La provincia siempre quedó abierta a los fenómenos que arribaban en nuestro país. De la Sota realizaba diagnósticos, pero su ambición electoralista, de corto plazo, le dificultaba llegar a un certero pronóstico. El ego mató al estadista.

En su estadía en Brasil como embajador entre 1990 y 1992, De la Sota unió trazos con los expertos en el marketing político. Así, el publicista Joao Santana debutó por fuera de la frontera brasileña y arribó en las campañas del Gallego para gobernador de cara a 1998, con el eje principal de la reducción del 30 % en los impuestos. Hoy Santana está condenado por el escándalo del Lava Jato, donde se lo encontró una cuenta offshore con un depósito de más de 7,5 millones de dólares. Su esposa dijo que esa era la comisión que recibió para el armado de las campañas de De la Sota.

Un privatizador serial

Al iniciar su primer mandato (1999-2003), el futuro caudillo calibró los impuestos inmobiliarios y lanzó todo un plan al que hasta el día de hoy se denominó un “menemismo tardío”. Pretendió privatizar empresas estatales como la eléctrica EPEC, donde había trabajado el sindicalista Agustín Tosco. El descontento social de 2001 contra privatizaciones y bancarizaciones frustró sus planes.

De ahí que lanzó la construcción de una seguidilla de Agencias que rodearan la administración pública, que continúan funcionando hoy en día, siendo amparados jurídicamente como ONG’s y no como secretarías del Estado. Además, unificó las dos cámaras legislativas en una unicameral, convirtiéndola en un poder legislativo que le ha garantizado la aprobación de casi todas las iniciativas oficialistas.

De la Sota duplicó la cantidad de hectáreas sembradas de soja transgénica. Pasó de 2,5 millones a más de 5 millones. Según la periodista Karen Braun, de Thompson Reuters, Córdoba fue el sexto distrito que más produjo soja a nivel mundial, pero en la campaña anterior. Hoy, por la sequía, bajó estrepitosamente al puesto 12.

El campo se convirtió en la actividad con mayor crecimiento en una Córdoba que se caracterizaba por su dinámica industrial. De hecho, a la localidad de Cruz del Eje, abandonada por el desguace de las líneas ferroviarias, el gobernador les prometió que volverían las industrias. En lugar de eso, construyó una prisión. Es allí donde al fragor de las luchas piqueteras en 2000, el flamante gobierno tuvo que lidiar con la cabecilla Viviana “La Negra” Avendaño, piquetera, hippie y lesbiana. Curiosamente, murió también en un siniestro vial en una ruta. De ahí que flote la posibilidad de que se haya tratado de la primera asesinada política de De la Sota.

De la soja y agroquímicos

Durante sus tres gobiernos, De la Sota jamás actualizó el valor de las parcelas rurales y, por ende, el campo pagaba el impuesto inmobiliario rural con cifras desactualizadas. Hablamos de una fórmula que venía en los primeros años de la Convertibilidad, anterior a las devaluaciones y el incremento de la divisas.

La dispersión de los agroquímicos ha sido polemizada a partir del surgimiento de distintos problemas de salud, como el caso mundialmente conocido del Barrio Ituzaingó Anexo, con la particularidad de que las víctimas son vecinas de una gran área urbana. Hoy en día se calcula que hay una veintena de localidades cordobesas que han aplicado sus propios resguardos ambientales.

La expansión sojera empujó la actividad ganadera intensiva hacia al norte, donde los desmontes están a la orden del día. Entre 1998 y 2006, Córdoba padeció la mayor tasa de deforestación de todo el país. Y de 1998 a 2002, su índice (- 2,93% anual) fue peor que la que padeció el Amazonas en Brasil.

Mientras las hectáreas de soja se expandían, De la Sota recibía 215 millones de dólares del BID con el afán de erradicar las doscientas villas de la ciudad capital. Estos fondos fueron invertidos para la creación de doce “barrios-ciudad”, construidos en la periferia de la ciudad. Hasta el día de hoy, la lejanía de esos barrios-ciudad genera complicaciones a sus habitantes en materia de servicios básicos como transporte, salud, trabajo entre otros, sin mencionar el incremento de la violencia social.

La bandera de la “Tolerancia cero”

Si la reducción de impuestos fue su principal arma, la seguridad fue su nueva jugada en la Argentina pos 2001. Bajo las movilizaciones por Axel Blumberg, en el segundo mandato de De la Sota (2003-2007) se propiciaron medidas legales y prácticas basadas en el fortalecimiento de la fuerza policial, sobre todo con la llegada del sangriento motín del penal de San Martín en 2005.

El Manhattan Institute fue la asociación encargada de otorgar los consejos necesarios bajo la filosofía de la Tolerancia cero. De allí, se lanzaría el Código de Faltas (Nro. 8.431) para la seguidilla de detenciones arbitrarias, con la finalidad de otorgar una imagen al vecino testigo de que la policía actúa como corresponde, mientras los números de estadísticas por detenciones iban creciendo, en resguardo de un mayor financiamiento a las cúpulas policiales.

Mientras De la Sota trataba de mostrarse ante el país como el gobernador que más luchó por la seguridad, los casos policiales proliferaron y su involucramiento se volvió explícito: el triple asesinato en un asalto a una pizzería del Barrio Jardín del Pilar (2004), el asesinato de Nora Dalmasso (2007) y la desaparición de Facundo Rivera Alegre (2012), entre otros.

Todos casos llevados a la Justicia, por las pruebas recolectadas por el comisario Rafael Sosa, un policía que justo obtuvo los testigos en reserva para llegar a las condenas. Años después, Sosa ascendería a titular del área Drogas Peligrosas y sería condenado por el escándalo de los narcopolicías.

Para su tercer gobierno (2011-2015), estaba convencido de que tenía que mantener su plan. Bajo las órdenes del jefe de policía Julio César Suárez, se libraron operativos de saturación o razias, donde se allanaban distintos barrios de manera simultánea, con el fin de mostrar su operatividad frente a los medios. Hoy Suárez está condenado por la justicia por haber amenazado a un periodista.

Según CORREPI, entre 1999 y 2017, en Córdoba hubo 321 casos de pibes asesinados por la policía.

La “autonomía policial” llegó al momento culmine en diciembre de 2013 –el denominado “3-4-D”– con el acuartelamiento policial por un reclamo salarial. La ausencia de policías en las calles cordobesas desencadenó una serie de saqueos a centros comerciales, que a su vez llevó a una serie de barricadas y linchamientos contra todo aquel que resultara proclive a ser un asaltante. Fue el Fear West comechingón: vecinos y vecinas a los palos y tiros.

Remando por un sueño

Fue en ese momento, en el que De la Sota veía derrumbándose su propio proyecto. Sumado a la saturación de los conflictos ambientales en la provincia, en particular con la frustrada inversión de Monsanto en Malvinas Argentinas y luego con las trágicas inundaciones en Sierras Chicas en febrero de 2015, fruto del crecimiento incontrolado de las manchas urbanas que no filtraron las aguas, el gobernador no esperaba más que concretar su mandato y avocarse sólo a las campañas presidenciales.

Por eso, reformó su gabinete en 2013-2014, permitiendo la entrada de sectores pejotistas más disimiles y jóvenes. Pero ya era demasiado tarde. Sus principales focos de votos se pasaron hacia el lado del macrismo. En particular, el sector rural concentrado, al haberse actualizado recientemente el valor de las tierras por la quita nacional de retenciones (del cual una parte se la quedaban las provincias) y el freno por la reforma de una ley provincial de bosques, resistida por organizaciones de distintos puntos de la provincia, debido a que iba a generar más desmontes. El voto férreo cordobesista terminó diluyéndose en Cambiemos.

Después de 2015, De la Sota no quería saber más nada de su tierra. Sólo quería ser presidente. Vio ante sus ojos el colapso propio de todo un modelo de ejercicio gubernamental aplicado durante veinte años. Por eso, decidió tratar de estar en la agenda nacional como empresario textil y conductor de televisión.

Como saldo, dejó una sociedad infestada de odio de clase y caída en el hiper-consumismo, a tal punto que realizó obras vistosas como la construcción de un inútil Faro Luminoso en pleno centro de la capital y la remodelación de la Cárcel del Buen Pastor en un paseo-shopping con locales comerciales de alta categoría.

De la Sota dejó estas tierras sin formar nuevas cabezas herederas. Su empecinada obsesión por la Presidencia dejó abandonada toda una tierra, quedando en el olvido su proclama por un régimen tributario justo, cuando la presión fiscal se duplicó en diez años. Donde más de la mitad de las y los jóvenes están bajo la línea de pobreza y que a su vez las dos terceras partes nacieron en este período delasotista, donde el tamaño de hogares en el Gran Córdoba es mayor que la del Gran Rosario, y casi el doble de fondos que reciben en ayuda social, develando la precariedad laboral y la desocupación reinante en estas familias.

Más que un Sarmiento, un Alberdi o un Perón, De la Sota fue el Dr. Víctor Frankenstein. En su anhelo por ensamblar piezas para generar algo con vida, construyó un monstruo que terminó destruyendo, chocando con sus propios sueños.

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Córdoba termina el año frustrándole a los poderes ejecutivos y legislativos la aprobación de la reforma de la Ley de Bosques.

Córdoba concluyó el año con una movilización en las calles céntricas de la capital. Vecinos y vecinas de distintos puntos de la zona provincial coparon el espacio urbano para repudiar el proyecto presentado en la Legislatura para modificar la actual Ley Provincial de Bosques. La última sesión de la Legislatura duró menos de lo que se esperaba, sin tratamiento alguno sobre ese proyecto. Lo que pasaría de ser una aprobación inminente, todo cambio paulatinamente en el trascurso del mes de diciembre. Diciembre fue el mes que Córdoba se unió para salvar lo poco que le queda de monte nativo.

Córdoba, diciembre de 2016

A comienzos del mes, el Poder Legislativo cordobés había concluido la redacción de un anteproyecto de ley para actualizar y modificar la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos Nº 9814, conocida como “Ley Provincial de Bosques”, promulgada en el año 2010 y que debía actualizarse cada cinco años.

Luego de terminada la Mesa de Diálogo, a puertas cerradas y con distintas organizaciones y entidades del sector rural y académico, el proyecto fue presentado y con el afán de aprobarse antes de fin de año.

A partir de allí, distintas organizaciones sociales, ambientales, políticas, académicas y estudiantiles emprendieron la dura tarea de juntarse para evitar su aprobación y exigir un debate serio sobre la misma, tal como lo pautan las leyes nacionales. De ahí que aunaron sus fuerzas en la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. “Es un espacio que se conformó particularmente por la discusión de esta nueva ley, propuesta por los sectores ruralistas de avanzar en su proyecto del agro-negocio sobre el monte y las comunidades campesinas”, sentenció Diego Cabrol, integrante de la misma.

Desastre socioambiental

La provincia cordobesa tenía 12 millones de hectáreas de bosque nativo a comienzos del siglo XX. Para 2009, se redujeron a 594.000 hectáreas, según los biólogos Marcelo Cabido y Marcelo Zak. Sería el equivalente al 3,6% de todo el territorio cordobés. Si incluimos toda la vegetación arbórea remanente (arbustales, matorrales, pastizales, etc.) serían casi 2 millones de hectáreas.

La región sur ha sido acaparada por los campos de cultivos transgénicos, en especial la soja. El monocultivo sojero empujó la actividad ganadera intensiva hacia la región norte de la provincia, lugar donde se concentra lo poco que queda de monte.

Los bosques nativos regulan el ciclo del agua, con su “efecto esponja”, que permite absorber y circular el agua proveniente de las precipitaciones gracias a la estabilidad de sus suelos y la diversidad de la flora y fauna, que también garantizan el mismo equilibro con los nutrientes y minerales, generando balances en las emanaciones de gases para la atmósfera, regulación en la temperatura y el aporte de productos naturales con riqueza nutricional, medicinal y social.

La pérdida de los bosques provoca la alteración de los suelos, generando problemas con la circulación del agua, trayendo como consecuencia catástrofes ambientales que van desde las inundaciones a las sequías. Sin mencionar la pérdida de biodiversidad, la expulsión de comunidades campesinas y, por ende, la desaparición de culturas.

Las causas de la pérdida del bosque nativo cordobés son la expansión de la actividad agrícola, los incendios forestales, la invasión de especies exóticas, la tala de árboles para el negocio maderero, la actividad minera, la expansión de la mancha urbana, etc. Detrás de los intereses económicos, se encuentran el lobby ganadero, congregados en asociaciones como CARTEZ y la Mesa de Enlace; las empresas mineras y los desarrollistas inmobiliarios.

Córdoba fue la provincia con mayor tasa de deforestación durante el período 1998-2002. Hubo una pérdida del 2,93% anual del bosque nativo norte-cordobés, cuando a nivel nacional era de 0,82% anual; incluso se cree que superó la tasa del desmonte en el Amazonas de Brasil. Se trata de un total de 122.798 hectáreas desmontadas. Si nos extendemos al 2006, la provincia cordobesa padeció la mayor tasa de deforestación de todo el país. Para el período 2002-2006, la cantidad de hectáreas desmontadas fueron de 93.930.

La Ley Nacional de Bosques Nativos N° 26.331 (2007) estipula tres categorías de conservación de bosques en distintos colores: verdes (baja conservación), amarillos (mediana conservación) y rojos (alta conservación, donde el desmonte está prohibido). “En la provincia de Córdoba, se ha detectado la mayor cantidad de polígonos de deforestación con ocurrencia en la Zona Roja de Protección de Bosques, suman así 3.045 hectáreas deforestadas para este periodo del año de enero a diciembre del 2012”, señala la ONG Guyra Paraguay, quienes vienen relevando la deforestación en el Gran Chaco. Estamos hablando de desmontes ilegales.

El proyecto

“No hubo un proceso participativo ciudadano claro ni transparente. Hubo una mesa chica, conformada a puertas cerradas. De 18 actores que participaban, solo 2 eran de sociedad civil o de organizaciones ciudadanas, territoriales y ambientales”, señalaba Cristian Schneider, de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas y también de la reciente Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo.

El Proyecto de Ley, que busca reemplazar a la actual normativa, no tiene o no tuvo un mapa propio de las zonas rojas, amarillas y verdes. En sus articulados, se incluyeron la regulación de especies exóticas, borra todo lo que prohíbe el desmonte en las zonas rojas en la actual ley, no diferencia a los pequeños productores de los “productores formales”, propone que la Autoridad encargada de aplicar la ley no sea más la Secretaría de Ambiente sino el Ministerio de Ciencia y Tecnología, violando la Ley Provincial de Ambiente; permite ejercer la actividad minera en bosques nativos salteando los pasos ambientales estipulado y define a “bosques” solo a los que posee “especies arbóreas maduras”, excluyendo las vegetaciones no leñosas.

De allí que desde la Coordinadora han definido al proyecto como una “Ley del Ecocidio”.

Cierre del año

A pesar que sectores del partido oficialista anunciaron que el debate por la Ley de Bosques se postergaba para el próximo año, muchas organizaciones optaron por el escepticismo y decidieron mantener la realización de la marcha programada para el miércoles 28 de diciembre. La última sesión del año de la Legislatura empezó a las dos de la tarde y terminó más veloz de lo que se esperaba. El proyecto no fue tratado y se pospuso para el año próximo. Mientras tanto, miles de vecinos y vecinas disfrutaron la conclusión de la movilización con un festival musical, repleto de artistas locales, hasta la medianoche.

Córdoba termina el año con la frustración para los poderes ejecutivos y legislativos, al no haber logrado empezar a “regular la disminución de la cobertura vegetal”, como dice el polémico proyecto. Si bien ya se sabe que volverá a ser un tema candente para el año 2017, el cuerpo de la ley ya cuenta con el rechazo de academias, fundaciones, organizaciones territoriales, jefes comunales, artistas, trabajadores organizados en el monte y más de diez mil firmas de vecinos que han expresado su rechazo a ese texto.

Así como también fue el año en que Córdoba echó a Monsanto en Malvinas Argentinas, también diciembre tuvo la particularidad de que se sentenciaron a perpetua a los policías que asesinaron al joven Fernando Güere Pellico (18), abatido a tiros en el año 2014. Organizaciones territoriales y antirrepresivas declararon a este juicio como “histórico”, al marcar un antecedente judicial contra el abuso policial y, en particular, los denominados casos de “gatillo fácil”.

Para Córdoba, este diciembre de 2016 es la contracara de lo que fue el diciembre de 2013, donde los distintos barrios de la ciudad convivieron entre los saqueos y los linchamientos, en donde el desprecio racial y de clase expuso lo peor de la sociedad. Pero en este diciembre, Córdoba expuso su otro costado. Aquella en donde la unidad y la organización sorprendieron tanto a los más poderosos como a los propios organizados.

A contrapelo de la mirada reduccionista de definir a Córdoba como la provincia donde más porcentaje de votos cosechó el actual presidente, la realidad es que es un lugar cóncavo mientras que el mundo es un sitio convexo, como diría el músico local Marcos Luc. Y en esas contradicciones, se convierte en tierra fértil de luchas y resistencias.

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Retomamos un polémico artículo, publicado en 2014 en la revista El Amante, sobre la imposibilidad que tiene la cinematografía nacional de construir su propio imaginario colectivo.

“Los cuatro elementos del cine argentino” es un artículo que escribió el crítico de cine Leonardo D’Espósito, en la edición número 266 de la revista El Amante. Se trata de un polémico ensayo escrito en 2014, año en que Relatos salvajes se estaba volviéndose un éxito en taquilla.

Según el autor de la nota, en este período actual del “boom” de las películas argentinas, han surgido distintos modelos, que se sintetizan en cuatro directores: Juan José Campanella (Luna de avellaneda, El secreto de sus ojos), Damián Szifrón (Tiempo de valientes, Relatos salvajes), Pablo Trapero (Mundo grúa, Carancho) y Mariano Llinás (Balnearios, Historias extraordinarias). No explica porqué, pero el autor asevera que el resto de los directores argentinos no serían más que la combinación de estos cuatro modelo-cineastas.

Pero a su vez, continuando con D’Espósito, existe en el actual cine argentino cuatro elementos, que se combinan y que están presentes en los cuatro modelos, “de los cuales destila su manera de representar el mundo, su mundo”. Estos elementos son: Hollywood, Italia, televisión y Jorge Luis Borges.

Tanto Hollywood como Italia vienen siendo los dos virajes “externos” que viene teniendo el cine argentino en su búsqueda por construir su propia identidad. Hollywood, porque fue el que logró crear el lenguaje puro y universal desde el cine. Ahí es donde apuntan, por ejemplo, Campanella y Szifrón, a tal punto que quedaron nominados en los Oscar. Mientras que la presencia italiana se mantiene presente con más sutileza en el cine actual, y que ha sido bastante explícita desde la comedia Esperando la carroza y en las tragedias de Leonardo Favio.

“Lo cierto, y esto es algo central, es que el cine argentino elude constantemente -porque no le pertenece de ningún modo- cualquier destino latinoamericano -señala el autor de El Amante, acercándonos a su polémica tesis-. (…) La verdad del asunto es que nuestro país no es una tierra de nativos irredentos que luchan ahora y siempre contra los conquistadores y el Imperio, sino un suburbio del Imperio que incluso pudo haber sido metrópolis, o que logró serlo por un tiempo”.

Así como el cine argentino tiene un viraje “externo” hacia Hollywood, fascinado por el mundo de las estrellas, o desviándose por las tierras italianas desde la nostalgia del exilio de las migraciones, también existen virajes “internos” cuyo destino es la televisión y la literatura de Borges.

La televisión es el refugio de los mitos actuales de los argentinos, el que ha expresado de manera audiovisual y desde lo instantáneo una forma de leer la realidad. Y Borges, para D’Espósito, “fue el primero en darse cuenta de que, a pesar del exilio -o quizás como paradigma mítico del exiliado- formamos parte del mundo”.

Tanto refugio externo a Hollywood como a Italia, ha generado en el cine argentino una crisis de identidad donde, al igual que los personajes borgeanos, sucumben dentro de los laberintos hasta entrar en el suicidio heroico o en la ironía. Por lo menos, así lo confirmar los personajes de Pablo Trapero, atrapados en sus laberínticos plano secuencia. No tenemos un porvenir, solo tenemos el presente, lo instantáneo, lo televisivo.

Así las cosas -y finalmente llegamos a la polémica tesis de Leonardo D’Espósito- el autor está “convencido de que no hay, hoy, un cine argentino. Que la Argentina, como imaginario, punto de vista e idea integral (idea buena o mala, repito que este artículo no implica valoración de nada) no existe. Y su cine es igualmente inexistente”. En otras palabras, el cine argentino ha muerto.

D’Espósito recalca que otra explicación de  por qué no hay cine argentino pueda deberse a que “nuestro país solo importan las palabras. Somos un territorio literario y no visual. (…) Todo cine realizado en la Argentina no es más que literatura disfrazada”. A Hollywood se le admira al guión, al argumento, a la trama. Lo italiano no es más que un modo de hablar. Todo lo que pasa en la televisión lo comentamos, discutimos lo que dijo un funcionario público, lo que pasó en una telenovela o serial, o algún escándalo farandulero. Y ni hablar del rol de Borges en la palabra.

Esta tesis general no deja de ser polémica, en cuanto a su concepción librecambista. Aunque no sea explícito, D’Espósito le echa la culpa de esto al Estado (¿kirchnerista?) al ser el INCAA -que la critica por haber “desindustrializado” al cine- el encargado de mantener la supervivencia y el mantenimiento de proyectos fílmicos, sin lograr la construcción de un imaginario colectivo desde el cine, contraponiéndolo con Hollywood que sí lo logró a partir de su agrupamiento en unidades de negocios. Como si eso se lograse mediante una “mano invisible” que ordenara todos los símbolos cinematográficos para que se construya algo.

Sin mencionar que el foco del autor pasa por el cine mainstream, donde los cuatro modelo-cineastas mencionados se dedican a la ficción, cuando en realidad gran parte de las producciones anuales son del género documental.

De cualquier manera, este planteo existencialista ya se ha arrojado. Tal vez en el vacío. O en algún otro viraje.

*Periodista de Córdoba. Columnista de cine en La luna con gatillo: una crítica política d ella cultura, programa que se emite los jueves de 15 a 17 horas por radio Eterogenia (www.eterogenia.com.ar)

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Todo humor brinda una lectura política sobre la realidad. Un breve pantallazo sobre lo cómico en el lenguaje audiovisual.

Sigmund Freud había hecho un cierto paralelismo entre el reír y el soñar, en el sentido en que ambos coalicionan contra las fuerzas de la represión. Como quien dice por ahí, la risa es la respuesta de la inteligencia ante el miedo a la opresión. De ahí, su fuerza liberadora.

El primer chiste registrado en la Historia del Cine lo hicieron los propios hermanos Lumiére, los padres del cinematógrafo. El jardinero regado (1895) es el primer gag en el cine. Un humor de la categoría slapstick, es decir, humor físico.

Y es precisamente ese humor que se ha caracterizado en la era del cine mudo. Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd como los tres pilares fundamentales. En sus filmes, la figura humana esta insertada en un entorno físico y se ponen a prueba en un mundo donde las oportunidades son limitadas. La figura y el fondo coalicionan entre sí. Y qué mejor forma de demostrarlo que interpretando a un vagabundo. En Tiempos modernos (1936), el personaje de Chaplin queda subsumido en la locura por el trabajo reiterativo de la fábrica, quebrando con los estandartes del modelo fordista.

Con la llegada del cine “parlante” o sonoro, la palabra empezó a tener su espacio dentro de la construcción del chiste. Si se suma la llegada de la televisión, cuya pantalla quedó reducida a escalas hogareñas, la antítesis de sujeto-entorno quedó achicado al sujeto-sujeto. Es decir: los cuerpos chocándose unos con otros. Así, pasamos con la saga de El Gordo y el Flaco, pasando por Los Tres Chiflados, hasta finalmente arribando en los dibujos animados de los Looney Tunes, donde sus personajes ponen a prueba las leyes de la física con experimentos pirotécnicos.

Hoy, la comedia cinematográfica en Estados Unidos muestra sus debilidades al atraer estrellas del humor televisivo, de Adam Sandler a Ben Stiller, acostumbrados a un formato de depreciación al entorno y a la memorización del chiste en palabras, más un apunte a lo “caricaturesco” de los dibujos animados.

Mientras que dentro de las expresiones audiovisuales del continente europeo, todavía se ha mantenido por décadas el estilo slapstick. Jacques Tati con su personaje Mr. Hulot en el humor francés y llegando luego al surgimiento de la banda de Monty Phython –en donde algunos de sus chistes requirieron planos muy generales, desde una playa hasta una cancha de fútbol donde disputaron los filósofos alemanes y griegos-. Incluso, siguiendo con la sangre inglesa, vemos como humoristas de la talla de Benny Hill, Rowan Atkinson en su personaje de Mr. Bean, y actualmente Sacha Baron Cohen no se conforman con instalarse en la misma escenografía, que tantas veces se reiteran en las sitcom televisivas.

En el año 2011, una gran polémica se desató entre los críticos de cine de Argentina, cuando se anunció que dentro de las nominaciones a mejor película extranjera para el FIPRESCI local, quedó ternada la película Jackass 3D, el tercer filme hecho por un grupo de jóvenes que se realizaban bromas de la auto-flagelación, escatológicas y dolorosas para reírse entre ellos, en la señal televisiva de MTV.

Frente a las acusaciones de ser una obra chabacana y vacía, Javier Porta Fouz, crítico de la revista El amante, señaló que Jackass 3D es un “cine cómico de gran inventiva, en el que cada situación es un nuevo desafío físico y estético. Pictóricamente lujosa, remite al cine mudo desde varios ángulos”. A su vez, Gustavo Noriega señala que “Jackass no quiere ser manifiesto de nada, pero si lo fuera, sería uno en contra de la digitalización”, en referencia a su apego al realismo.

Mientras que el analista y cineasta Nicolás Prividera, agarrado hasta los dientes contra quienes defienden la película, sentenció que el humor de Jackass es “fascista”, basado en “la glorificación del sadismo y la ley del más fuerte”. La tortura como herramienta política ha tenido su proceso de legitimación por parte de la serie televisiva 24. Y quizás también por parte de Jackass. Sin mencionar, siguiendo a Prividera, su supuesta anulación al pensamiento crítico que propone este equipo de humor televisivo.

Escuchá la columna completa: https://ar.ivoox.com/es/luna-con-gatillo-una-critica-politica-de-audios-mp3_rf_12760768_1.html

La risa es liberadora. Pero será el chiste, desde un análisis crítico y político, que nos brindará si esa fuerza liberadora nos interpela a nosotros mismos sobre ciertas estructuras o por el contrario nos lleva al conformismo de los mismos. Diego Capusotto definía al humor como una deformación de la realidad, en donde uno lo construye para sentirse más feliz. De ahí, que todo humor brinda una lectura política sobre la realidad. Y como dice insistentemente Prividera, la estética y la política son lo mismo.

*columnista de La luna con gatillo; una crítica política de la Cultura, que se emite los jueves de 15 a 17 por Radio Eterogenia

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Expectativas a partir de la posibilidad de que la multinacional se retiraría de la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.

Todo el mundo quedó expectante en estas dos últimas semanas a partir de la posible retirada de Monsanto en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. Este conflicto, que comenzó en 2012, se inició con el anunció de la llegada de la empresa para instalar la fábrica procesadora de semillas de maíz más grande del continente. A partir de allí, vecinos de la zona y organizaciones sociales han dado pelea para que cancele las obras. Hoy existe la especulación de que la compañía se habría dejado torcer el brazo.

“No tenemos confirmación oficial. Monsanto no se ha ido. Y el bloqueo continúa”, sentenció Elia Leiria, una de las vecinas y activistas de Malvinas Argentinas.

La fábrica tenía la pauta de ponerse en marcha en el año 2014. Sin embargo, las obras fueron frenadas con el bloqueo que iniciaron vecinos, vecinas y activistas a partir de septiembre de 2013. En enero de 2014, un fallo judicial de la cámara laboral declaró inconstitucionales todos los permisos obtenidos por la empresa para realizar obras. En febrero de ese año, fue rechazado su estudio de impacto ambiental. Finalmente, en agosto tuvo un frustrado intento de redactar un segundo estudio, en colaboración con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Córdoba, que fue frenada por las organizaciones estudiantiles.

Imputados

A fines del mes de julio, Monsanto recibió un fuerte coletazo a partir de la imputación por orden de la fiscalía anticorrupción de la provincia, contra quince funcionarios públicos que colaboraron en la instalación de la compañía. Se los acusa de abuso de autoridad al habilitarla en terrenos donde la ley de uso de suelo provincial solo habilita para actividades agropecuarias no contaminantes. Entre ellos, figuran el ex intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, el ex secretario de ambiente provincial, Luis Bocco, todos los que integraron el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas en ese entonces, entre otros.

“Lo celebramos como parte de la victoria de toda esta lucha que veníamos dando durante todos estos años. Y es una muestra cabal de que el pueblo organizado logra sus victorias, sus triunfos y por ese motivo nos merecemos celebrar”, formuló Vanina Barboza Vaca, quien también ha estado desde los comienzos del conflicto.

¿Se va?

El lunes primero de agosto, se presentaron empleados de una famosa constructora, donde avisaron a los integrantes del bloqueo que estaban inspeccionando el predio, ya que aseguraban que Monsanto tenía intenciones de trasladar los elementos metálicos del interior para transferirlos a la otra planta que tiene instalado en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. En un principio, salió una versión que se empezaba a retirar los elementos, pero fue desmentido por los militantes de la zona.

El miércoles 3 de agosto, el periodista Patricio Eleisegui anuncio desde su cuenta de Facebook el retiro de Monsanto en Malvinas Argentinas. Esto es en base a una entrevista que le realizó a una fuente anónima desde adentro de la compañía, donde le aseguró que se planeaba vender el predio por la baja rentabilidad del negocio del maíz. La nota se publicó en i-Profesional, el portal de noticias empresariales de InfoBae. Ese fue el disparador en las redes sociales, donde se anunciaba que Monsanto se estaba yendo de Córdoba.

En los medios de comunicación, distintos funcionarios públicos aseguraron no tener novedades desde ese entonces. El actual secretario de ambiente provincial de Córdoba, Javier Britch, aseguró que desde que asumió su cargo (finales de 2015), Monsanto nunca se presentó a sus oficinas. Mientras que desde la intendencia de Malvinas aclararon que tampoco recibieron novedades oficiales al respecto.

El jueves 4 de agosto, el vocero de la empresa Monsanto, Adrián Villaplana, aseguró al diario La Voz del Interior que “No existe ninguna determinación nueva adoptada”, al desmentir que se haya tomado la decisión de vender el predio. Pero no aclaró si era verdad o no que lo tienen planificado o estudiado.

Desde la prensa, existe desde diciembre del año pasado el rumor de que Monsanto tiene las intenciones de retirarse de la localidad cordobesa.

Finalmente, el miércoles pasado, presentaron ante el municipio malvinense un reclamo administrativo para exigirle a la intendenta que erradique la planta del lugar. “Esa resolución del fiscal (de imputar a quince funcionarios) acaba de sellar la suerte de Monsanto. Hoy, la empresa se ha quedado sin argumentos jurídicos para seguir llevando adelante este proyecto. Porque evidentemente el fiscal ha entendido que esa planta no se puede construir”, señaló el abogado patrocinante Darío Ávila. “Esperemos que este petitorio pueda ser escuchado por la intendenta (Silvina González). Y que de una vez por todas, se le pueda poner punto final a todo este conflicto”, sentenció Vanesa Sartori, concejal opositora y participe de la lucha contra Monsanto desde el comienzo, según un audio del portal ECOS Córdoba.

Mientras tanto, el bloqueo continuará funcionando como casi tres años en la vera de la ruta provincial A-188. Hasta que quiten “el último tornillo”, como dicen ellos y ellas.

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Una sociedad offshore, que aparece en los cómputos de los periodistas internacionales que investigan la fuga de capitales, tiene como accionistas a una poderosa familia cordobesa, ex dueña del matutino La Voz del Interior. Sus conexiones con el multimedio y la banca norteamericana.

Más de 320.000 sociedades offshore fueron descubiertas por el Consorcio Internacional de periodistas de Investigación (ICIJ). Gran parte de ellos, provenientes de los Panamá Papers. De esas 320.000, hay una que implica no solo al multimedio Clarín, sino al mega-banco norteamericano JP Morgan. El epicentro geográfico es la ciudad de Córdoba.

Un mes después de destaparse los primeros documentos del Panamá Papers, lo que ocurrió el 3 de abril pasado, el ICIJ creó una base de datos de acceso libre llamada “Offshore Links”, donde recopila los nombres de empresas, particulares, conexiones y domicilios particulares. La información en bruto incluye otras investigaciones pasadas que emprendió el ICIJ, pero la gran mayoría es de los Panamá Papers.

Entre el selecto grupo de personajes que armaron sus negocios, sospechados de ser ilícitos, aparecen nada menos que la familia cordobesa Remonda, parte del numeroso clan que dirigió el diario La Voz del Interior desde su nacimiento por el año 1904 hasta que se vendió al Grupo Clarín entre finales de 1997 y comienzos de 1998.

Son seis los integrantes de la familia Remonda que figuran en los Panamá Papers. Entre ellos, está Jorge Remonda, quien fue director del diario de La Voz del Interior en la década de 1970 y principios de los años ochenta. Él y su familia figuran como accionistas de una empresa llamada “ELDORADO VENTURES INC”. Fue creada el 29 de septiembre de 1997 y, según la base de datos, sigue activa. Se encuentra oculta en las Islas Vírgenes Británicas, cerca de Panamá, pero fue activada desde la región europea de Guernsey.

La venta de La Voz del Interior a Clarín se pergeñó a partir de la creación de una sociedad anónima llamada Compañía Inversora de Medios de Comunicación (CIMECO), conformada accionariamente por Clarín, La Nación, La Voz del Interior y el diario mendocino Los Andes para administrar los dos diarios más importantes del interior del país. Diez años después, Clarín le compraría las acciones de CIMECO a La Nación, para que finalmente se quedara por completo con el control de La Voz del Interior.

Según la inscripción de la AFIP, CIMECO SA fue creada oficialmente el 20 de noviembre de 1997. Mientras que a de ELDORADO VENTURES INC. fue un poco antes: el 29 de septiembre de 1997. El reducido tiempo entre la conformación de una y otra sociedad pone en duda que ambos hechos sean aislados.

Lo llamativo de esta empresa offshore es que, además de tener a seis integrantes de los Remonda, figuran otros accionistas de la talla de CHASE BANK (C.I.) NOMINEES LIMITED, TENBY NOMINEES LIMITED, CHASE BANK & TRUST COMPANY (C.I.) LIMITED y BROCK NOMINEES LIMITED.

Sorpresivamente, a partir de distintas fuentes, se ha podido confirmar que el CHASE BANK (C.I.) NOMINEES LIMITED resulta ser la filial del mega-banco estadounidense JP Morgan. La dirección que registró este accionista según los Panamá Papers –“PO Box 127; Chase House; Grenville Street; St Helier; Jersey”– resulta ser el domicilio de la filial de la JP Morgan en Jersey, muy cerca de Guernsey.

“CHASE BANK (C.I.) NOMINEES LIMITED” fue el nombre del JP Morgan de Jersey durante el período que va entre el 20 de septiembre de 1978 hasta el primero de mayo de 2002. Precisamente, en medio de ello, en 1997 nació ELDORADO VENTURES INC., donde el Chase Bank se volvió socia accionista junto con los Remonda.

¿Por qué la JP Morgan decidió registrarse como accionista de una empresa offshore que había tenido como accionistas a una familia cordobesa?

La respuesta provendría el 22 de junio de 2009. Hernán Arbizu, un empleado del JP Morgan Argentina, había filtrado una serie de nombres y cifras ante la justicia. En ella, especificaba una serie de transferencias no autorizadas de las que él había participado. Para aquella fecha, el periodista Jorge Lanata, en su paso por el hoy extinto diario Crítica de la Argentina, publicó una crónica sobre la declaración que había realizado Arbizu frente al juzgado, los allanamientos realizados en las oficinas del JP Morgan, en la calle porteña del Madero 900 en el piso 22, y la planilla de empresarios argentinos que fueron beneficiados por esas operaciones, acompañado de los respectivos caudales de fondos que se movieron de manera ilícita.

Es decir, en plena tratativas para la venta del diario La Voz del Interior, los Remonda tuvieron como contacto directo a los dueños del Grupo Clarín, que podrían haber funcionado como intermediarios para llegar a un acuerdo de negocios con el JP Morgan.

De allí que los Remonda conformaron ELDORADO VENTURES INC., con ellos mismos como accionistas en paralelo con la filial de la banca Morgan en Jersey.

Otro de los accionistas de ELDORADO es el TENBY NOMINEES LIMITED, una empresa financiera cuyo nombre se repite en otros casos de los Panamá Papers. Su dirección oficial es el Helvetia Court South Esplanade, St Peter Port. Su único agente a cargo es la mega financiera Credit Suisse.

A su vez, el Credit Suisse es el buffet de financistas suizos que asesoraron a los Remonda, junto con otros centenares casos dentro de los Panamá Papers, para armar definitivamente la sociedad offshore. Su sede está en Suiza, considerada como el mayor paraíso fiscal del mundo, al tener muchísimos beneficios para el resguardo del dinero. Entre ellas, la alta confidencialidad.

Pero eso no es todo.

El autor de esta nota, a la hora de trabajar para el portal Striptease del Poder, descubrió que los Remonda también tienen registrada otra sociedad offshore, donde también habría viajado parte del dinero fugado. Se trata del PANTOJA TRADING CORP, creada el 8 de junio de 2004 y cuya dirección oficial es la avenida Brickell 1300 en Miami, Estados Unidos. Los nombres que figuran en la sociedad son los mismos integrantes de la familia Remonda que aparecen en los Panamá Papers.

Todo esta conexión de los Remonda, con los empresarios de Clarín y los banqueros de la banca Morgan termina ratificando las denuncias que viene llevando a cabo Hernán Arbizu, quien hace unos días atrás fue citado a declarar en la justicia de Estados Unidos, debido a la denuncia que le hizo la bancada norteamericana por la filtración de datos. Citación que fue cubierta por los medios de Clarín como una “detención”, cuando en realidad Arbizu ni siquiera permanece arrestado.

Es así que la conexión de Clarín-JP Morgan en los Panamá Papers termina dándole más señales de la hipótesis de que los directivos del multimedio están salpicados en el negocio gigantesco de la fuga de capitales y cuentas secretas.

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Durante el período 2003-2015, se registraron en el mundo más de 1.200 homicidios contra activistas por el territorio y el medio ambiente. Más del 75% ocurrieron en América Latina. El 2015 ha sido el año récord con 185 crímenes.

Global Witness es una de las pocas organizaciones sin fines de lucro que vienen registrando los asesinatos contra militantes socio-ambientales y territoriales en todo el mundo. Su principal fuente son los recortes periodísticos, con lo cual reconocen que puede haber un margen de error, por posibles hechos no registrados por los medios de comunicación.

Y recientemente publicaron un informe, titulado “En Terreno Peligroso”, donde revelan un terrible récord: el 2015 ha sido el año con mayor cantidad de asesinatos contra las y los luchadores y defensores del medio ambiente en todo el mundo. En total: 185 activistas muertos. Un promedio de tres asesinatos por semana. El año anterior, 2014, eran de 116 muertes. “Las graves restricciones informativas que existen implican que, sin duda, la cifra real es aún mayor”, señala Global Witness.

El país con mayores asesinatos es Brasil, con 50 homicidios, seguido por Filipinas que llevó en su haber 33 muertos. Los próximos tres países, al igual que Brasil, son parte de América Latina: Colombia (26), Perú (12) y Nicaragua (12). El sexto lugar se lo lleva República Democrática del Congo con 11 asesinatos.

“Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierras haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala Billy Kyte, encargada de las campañas de Global Witness.

Los asesinatos son perpetrados por distintas fuerzas de choque, fruto de la convivencia entre los estados y los intereses corporativos. Dentro de los documentados del año pasado, 16 de los asesinatos fueron perpetrados por fuerzas paramilitares, 13 por el ejército, 11 por la policía y 11 por guardias de seguridad privada. También recalcan el servicio de sicarios como parte –según interpreta Global Witness- de un florecer en este negocio, a partir del crecimiento de la demanda por parte de corporaciones que reclaman por estos servicios.

La actividad extractivista que más impulsó el uso de la violencia mortífera ha sido la minería, con 42 casos, seguido por el agro-negocio (20), la tala de árboles (15), los proyectos de represas hidroeléctricas (15) y la caza furtiva (13). Se estima que el 40% de los asesinatos fueron integrantes de comunidades indígenas, lo cual se trataría de su porcentaje anual más alto.

Si bien fue un asesinato ocurrido en éste año, el caso de Berta Cáceres ha sido recordado por muchos a nivel global. Había sido asesinada en marzo de 2016 por su oposición a una presa hidroeléctrica en el río de su comunidad. En Filipinas, el padre y el abuelo de la activista Michelle Campos fueron brutalmente ejecutados por defender su tierra ancestral frente a la minería, en un ataque que empujó a 3.000 indígenas del pueblo lumad a abandonar sus hogares: “Su región de Mindanao, rica en recursos naturales, es una de las más peligrosas del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, habiéndose registrado allí 25 muertes solo en 2015″, señala el informe “En Terreno Peligroso”. Doniel Campos, padre de Michelle, fue muerto a tiros delante de sus cuatro hijos. En Brasil, Isídio Antonio fue abatido a tiros por sicarios. Se trataba del líder de una comunidad de pequeños agricultores, dentro del estado de Maranhão. Al igual que Berta, Isídio llevaba años recibiendo amenazas de muerte por denunciar la tala ilegal que se llevaba a cabo en su tierra.

“El calentamiento climático y el crecimiento de la población implican que habrá un aumento de la demanda de tierra y recursos naturales. Sin una intervención urgente, el número de muertes que estamos observando actualmente se considerará una minucia en comparación con las que están por venir”, advierte Kyte de Global Witness.

Un relevamiento minucioso

Global Witness viene registrando éstos asesinatos a partir del año 2003. Según la fundación, es a partir del año 2010 cuando se acrecientan los casos y comienza el período más mortífero. De hecho, ahí entra en escena Honduras, cuyos casos crecieron luego del golpe de estado contra Manuel Zelaya en 2009. También entra en escena Paraguay, a partir del año 2012 con la Masacre de Curuguaty, cuyas pérdidas humanas llevaron al golpe institucional contra el presidente Fernando Lugo.

Al sumar los números, nos encontramos con que durante el período 2003-2015, se asesinaron en total 1.209 activistas por el medio ambiente. Brasil encabeza la lista de los países con más asesinatos, dando un total de 527, es decir, acaparando casi la mitad de todo el mundo. El segundo puesto se lo lleva Honduras, con 129 homicidios. El tercer lugar es para el país asiático de Filipinas con 115 muertos.

Luego vuelven los países latinoamericanos, de la mano de Colombia con 103 muertes, seguido por Perú con 79 y México con 47. Otros que siguen son Guatemala (36), Tailandia (22), Camboya (16) y Paraguay (13). Es decir, que más del 75% de los asesinatos contra militantes socio-ambientales ocurrieron en América Latina.

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Para éste sábado 21 de mayo, 400 ciudades se movilizarán en rechazo a la multinacional. Es la cuarta vez que se realiza ésta jornada anual.

Por cuarto año consecutivo, distintos puntos del planeta realizarán movilizaciones en contra de la multinacional Monsanto. Al igual que años anteriores, se estiman que alrededor de 400 ciudades serán participes de esta actividad. En Argentina, se sumaran los pueblos de Córdoba, Rosario, La Plata, Posadas, Mar del Plata, Miramar, Esquel, Río Cuarto, Rufino, Tandil y Zapala. Se estiman que 40 países participaran del evento.

En la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, la multinacional tiene bloqueada una fábrica sin terminar por la acción directa emprendida por organizaciones sociales y vecinos de la zona. Se trata de la fábrica de procesamiento de semillas más grande de América Latina.

“Existe amplia evidencia que hemos puesto a disposición de funcionarios/as, periodismo y ciudadanía que demuestra que el modelo de semillas transgénicas pulverizadas con agrotóxicos genera impactos negativos en la salud y el ambiente: desertifica la tierra, los agentes tóxicos persisten en el suelo, la deriva del mismo se traslada kilómetros de distancia a través del viento”, señalan desde la Asamblea del Bloqueo a Monsanto en Malvinas Argentinas. “Además existe correlación directa entre las personas que son expuestas a este tipo de cultivos y enfermedades como leucemia, abortos, afectaciones en las vías respiratorias y piel, así como también abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones”.

Según las agencias internacionales, las marchas contra Monsanto realizadas el 21 de mayo del año pasado, se han emprendido en los cinco continentes, en alrededor de 40 países y 420 ciudades.

¿Qué le ocurrió a la multinacional desde entonces?

Previo a las movilizaciones, el Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia había aprobado la suspensión de aplicaciones de glifosato contra los cultivos ilícitos. La orden fue pedida por el presidente Juan Manuel Santos y ratificada por el parlamento. Fue por efecto de la declaración de la Organización Mundial de la Salud al actualizar la categoría del herbicida como probable cancerígeno.

Una semana después del 21 de mayo, el estado de Vermont, Estados Unidos, se convirtió en el primer distrito estadounidense en votar a favor de una ley que obliga el etiquetado de alimentos transgénicos. Se pondrá en vigencia el 01 de julio de este año. Sin embargo, distintas organizaciones se congregan en el Congreso de Washington en repudio a todo intento de aprobar cualquier “ley sombra” –como dicen ellos- que frene la aplicación de dicha norma.

Mientras Monsanto veía sus frustrados intentos de comprar Syngenta, la empresa creadora del glifosato fue condenada por la justicia francesa por intoxicación. Así lo determinó el Tribunal de Gran Instancia de Lyon, a partir de una denuncia del agricultor Paul François, quien asevera padecer problemas neurológicos, fruto de la dispersión del pesticida Lasso, propiedad de la compañía.

A fines del año pasado, las agencias internacionales anunciaron que el Tribunal Internacional de La Haya llevará a cabo un juicio contra Monsanto por crímenes de lesa humanidad y ecocidio. El proceso se desarrollaría entre el 12 y el 16 de octubre de este año.

A su vez, la Corte Suprema de México ordenó la prohibición de cultivos de soja transgénica de Monsanto. La justificación fue que el Estado no tomó en cuenta el derecho a la consulta por parte de las comunidades indígenas.

Y en diciembre de 2015, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por mayoría de votos una Nueva Ley de Semillas, que según las organizaciones sociales prohíbe el patentamiento de la información genética.

¿Amenaza con irse?

Durante el último tramo del gobierno kirchnerista y el comienzo del gobierno macrista, Monsanto ha emprendido un sistema de cobro de regalías, sin permiso del Estado y en colaboración con las cerealeras, para todos aquellos productores que comercializan el INTACTA RR2 PRO, la nueva generación de soja aprobada en el año 2012.

A partir de la presión de distintas entidades agrarias, el ministro de agroindustria, Ricardo Buryaile rechazó la “clausura Monsanto” e intimó a las compañías a que frenen ésta iniciativa. No es para menos. Ya que la Federación Agraria había advertido que si se legitimara este procedimiento de cobro, el país viviría una crisis parecida al conflicto de 2008.

Mediante un comunicado reciente desde Estados Unidos, Monsanto aseveró al gobierno que si no se le permite cobrar por la propiedad intelectual del material genético de las semillas, amenazó con no presentar más sus tecnologías en Argentina, incluyendo su nueva generación de soja RR2 Xtend.

Malvinas Argentinas

La gigantesca fábrica que quiere instalar Monsanto en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, es la procesadora de semillas más grande de América Latina. 60.000 toneladas de producción por año, bajo una capacidad de 3,5 millones de bolsas de semillas para la siembra con 240 silos. Fue anunciada a mediados de 2012.

Los vecinos de la zona comenzaron a organizarse para rechazar su instalación. A partir del 18 de septiembre de 2013, mediante acción directa, tomaron la decisión de realizar un bloqueo a las entradas del predio de las obras y que continúa hasta hoy.

En medio de distintas represiones que vivió el bloqueo, los distintos estamentos del poder cordobés decidieron declarar como inconstitucionales todos los permisos obtenidos por trabajar –fallo de la Cámara Laboral en enero de 2014-, y rechazar el estudio de impacto ambiental, por parte de la Secretaría de Ambiente, un mes después.

A nivel electoral, algunos de los asambleístas anti-Monsanto conformaron el partido Malvinas Despierta que se transformó en la segunda fuerza del pueblo, luego de arrebatar la mitad de votos que acumulaba el oficialismo. Hoy son la única fuerza opositora en ocupar espacios en el Concejo Deliberante.

La empresa anunció que presentará un segundo estudio de impacto ambiental, a pesar de distintas interpretaciones que se le dan a la Nueva Ley Provincial de Ambiente, aprobada en 2014, donde establece que no puede volver al proceso de evaluación luego de que se rechazara el estudio. Postura que incluso la tomó la actual intendenta de Malvinas.

Para éste sábado 21 de mayo, se realizará una caravana de la ciudad de Córdoba a Malvinas Argentinas, mientras que desde el puesto del bloqueo desarrollarán distintas actividades culturales. La movilización confluirá en la plaza San Martín de Malvinas con un festival musical.

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Terminó el juicio por el narco-escándalo cordobés. La justicia federal condenó al exjefe de drogas peligrosas, pero no comprobó la existencia del negocio ilegal. Prontuario de un comisario en defensa del poder político.

“Me voy a comer un lomito y lo voy a disfrutar con mi familia”. Eso fue lo que respondió el comisario Rafael Sosa al salir de Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba. Un par de minutos atrás, el policía había sido condenado a tres años y ocho meses de prisión por incumplimiento de deberes como funcionario público.

Se trata del “Juicio por el Narco-escándalo”, en alusión a lo acontecido en el año 2013, cuando se desató un maremoto en la escena pública de Córdoba, a partir de que la televisión local mostró los entramados de un negocio orquestado por la policía para extorsionar a narcotraficantes. Esto decantó en el procesamiento de siete integrantes de la División de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, que en aquel entonces el jefe principal era Rafael Sosa. Tres años después, el veredicto dictado el martes pasado absolvió a dos policías, a uno lo sentenciaron a seis años de prisión por comprobarse el delito de extorsión, y a los cuatro restantes con condenas leves. Ninguno por asociación ilícita. Es decir, la justicia no logró comprobar la existencia del narco-negocio.

En el caso particular de Sosa, debido a que permaneció detenido dos años y medio luego del narco-escándalo, se le concedió su libertad, un par de horas después de la sentencia.

“No hay que confundir la libertad de Sosa con su no culpabilidad –señala el periodista Adolfo Ruiz, quien fue el primero en descubrir la existencia de este entramado, al presente cronista-. Estamos hablando del jefe de una brigada de narcotráfico que fue condenado a tres años y ocho meses de prisión. Que haya salido en libertad es porque el tipo ya estuvo dos años y ocho meses guardados. Que otros tipos hayan estado condenados a un año y ocho meses y que salgan en libertad por la misma situación no significa que no hayan sido delincuentes. Y esto hay que decirlo con todas las letras: delincuentes. Son policías que nos debieron cuidar y estaban delinquiendo”.

Los fundamentos de la sentencia se publicarían el próximo martes 10 de mayo.

Un comisario al servicio del poder político

El comisario Rafael Sosa estuvo a cargo de investigar resonantes casos policiales, que generaron una mala imagen al gobierno provincial y que logró atar cabos en forma veloz.

En el año 2004, bajo su cargo de titular de la división de homicidios, comenzó a buscar testigos del  triple asesinato del Jardín del Pilar, ocurrida adentro de una pizzería. El crimen generó una mala imagen a la provincia de Córdoba, en donde el gobierno provincial aseveraba tener un territorio de convivencia y de máxima seguridad, en plena época de las marchas encabezadas por Juan Carlos Blumberg. Sin olvidar que todavía estaba presente el sueño eterno del gobernador José Manuel de la Sota para candidatearse a la presidencia nacional.

El juicio por la masacre se llevó a cabo en octubre de 2006, bajo el aporte de una testigo clave –cuyas siglas son G.O.-, realizado a puertas cerradas, sin la presencia de familiares y prensa. Tanto el testimonio de Sosa como de G.O. fueron considerados como en “representación” de los verdaderos testigos, es decir, de terceros que nunca se animaron a declarar.

Un año después, en 2007, el asesinato de Nora Dalmasso, ocurrida en la ciudad de Río Cuarto, traería nuevas trabas electorales, esta vez para el candidato delasotista Juan Schiaretti para la gobernación. El comisario Sosa puso manos a la obra y su investigación apuntó al joven pintor Gastón Zárate como el autor material. La teoría cayó en pedazos, mientras vecinos de la zona se movilizaron en favor del detenido. Dicho y hecho, no hubo pruebas contra el mismo y el joven Zárate quedó libertad, bajo la etiqueta del “perejil”. Por si fuera poco, Sosa y otros tres policías fueron acusados de haber recibido dádivas por parte del abogado de Marcelo Macarrón, viudo de Dalmasso, con alojamiento y todo, para realizar cómodamente sus investigaciones. Dicha acusación quedó archivada. Además de Sosa, uno de los cuatro policías se sentaría también al banquillo casi diez años después, en el juicio de los narco-policías.

Pocos años después, Sosa sería designado como jefe de la división de drogas peligrosas de la provincia.

En el año 2015, se había llevado a cabo el juicio por la desaparición de Facundo Rivera Alegre, el joven que todavía no se sabe de su paradero desde febrero de 2012 y que con el tiempo también generó inquietudes sobre la política de seguridad del delasotismo. Sosa estuvo a cargo del tramo final de la investigación, cuyos resultados le permitieron al fiscal Alejandro Moyano elevar la causa a juicio, con tres detenidos. Inmediatamente después, el gobernador De la Sota lo condecoró a Moyano como el nuevo fiscal general de la provincia.

Al terminar el juicio por la desaparición de Facundo, la justicia no pudo determinar su paradero, aunque asegura que su asesinato quedó más que comprobado a partir de un testimonio clave, a puertas cerradas de la audiencia, donde dio detalles de cómo lo mataron. El nombre de la testigo: G.O. La misma que aportó datos claves en el triple asesinato de 2006. El testimonio también fue obtenido por el propio Rafael Sosa.

Narco-escándalo

“Adolfo. Soy Juan Viarnes. Me gustaría hablar con vos. Tengo una noticia. Si te interesa estoy en mi casa. Como verás, por algo así”.

Así decía el mensaje de texto, todo en letras mayúsculas, que recibió en su celular el periodista Adolfo Ruiz.

Adolfo lo había conocido a Viarnes adentro de la cárcel de San Martín, durante sus investigaciones sobre la circulación de medicamentos vencidos en las celdas. En 2010, Viarnes había obtenido su libertad.

Juan Viarnes es un personaje inefable, escurridizo, con un enorme prontuario, donde se ha metido en distintos hechos delictivos, con suspicacia y buenos contactos. En julio de 2013, su nombre tomó estado público por el allanamiento policial de su domicilio, donde se le encontraron centenares de billetes de dólares falsos. Ante su enojo, decidió destapar la olla y se contactó con Ruiz para hablar de su relación con los integrantes de la división de drogas peligrosas.

-¿Cómo llega la plata a tu casa?
-La trae el Rafa Sosa.
-¿Por qué a tu casa?
-Porque la agarraron de aguantadero.

Viarnes le había explicado al periodista el armado de un negocio ilegal, orquestado por Rafael Sosa desde la cabeza, en donde los integrantes de la división de drogas peligrosas extorsionaban a narcotraficantes a cambio de coimas, mediante la incautación de sus mercaderías. “(Los policías) me mandaban a  que yo les hiciera la negociación por la droga. Yo hablaba con los narcos, ellos filmaban y armaban toda la causa. Después de cobrarle, la destrababan y lo arruinaban al tipo”, señalaba “El Francés”, explayada en un archivo de la revista El Sur de septiembre de 2013. A su vez, se “embagallaba” a víctimas que no tenían relación alguna con el narcotráfico. Es decir, implantaban drogas en sus domicilios para luego extorsionarlos.

Debido a semejante información, se decidió trabajar con el equipo televisivo del programa ADN. A partir del testimonio de Viarnes, más cámaras ocultas, el escándalo impulsó el allanamiento de la sede central de la policía, la misteriosa muerte de dos uniformados –el oficial Juan Alos y la agente Damaris Roldán-, la renuncia del jefe principal Ramón Frías y el ministro de seguridad Alejo Paredes, más la detención de la cúpula de drogas peligrosas. Un año después, Juan Viarnes se daría a la fuga.

Esta semana, a dos años y medio del narco-escándalo, Sosa está condenado y libre. Mientras que  Viarnes está en estado de desaparecido, sin que se conozca su paradero.

“Yo creo que en Córdoba nadie duda de que esto era una verdadera banda de narco-policías –señala Adolfo Ruiz–. Pero lamentablemente, tenemos que conformarnos con que la justicia condena con lo que se puede probar fehacientemente. Cuanto menos está demostrado de que fueron unos delincuentes los que nos tenían que cuidar. No es poco. Me da una sensación de poco, pero no lo es. Porque no recuerdo un antecedente que condenó a una brigada de la policía por su accionar”.

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Los campos inundados en distintos puntos del país han puesto en discusión la problemática de las fuertes lluvias. La provincia de Córdoba es un caso testigo que el modelo productivo tiene una responsabilidad central.

Según un relevamiento satelital que realizo el productor agropecuario Pablo Ginestet para el diario La Nación, hubo en total 7.122.018 de hectáreas inundadas en la pampa húmeda. Con esto, se estima una pérdida de 8,7 millones de toneladas de soja, que sería un 15% a toda la cosecha prevista.

El gobierno nacional está tomando medidas para apoyar a los sectores agrarios por las pérdidas. El presidente Mauricio Macri, luego de declarar a las inundaciones como una “catástrofe ambiental”, aseveró lo siguiente: “Fueron muchísimos años en los que no se han hecho obras y las que se han hecho no fueron las indicadas, pero nos hacemos cargo del tema”. No solo un guiño en contra del gobierno anterior, sino también en favor de un sector concentrado, beneficiado por la devaluación y la reducción de las retenciones, que le permitió ganar un 10% más de su producción, según un cálculo de la Fundación Mediterránea.

Actualmente, Córdoba tiene declarada la emergencia agropecuaria en diez zonas anegadas, donde se cultiva principalmente soja. La provincia es un caso testigo que muestra una geografía compleja sobre el origen de esta situación y no a una cuestión de escasez de obras.

Bosque nativo

Hay que señalar que el bosque nativo cumple un rol fundamental dentro del ciclo del agua. Desde su filtración a los suelos hasta la absorción del mismo por las raíces, permite lograr un equilibrio hidrológico dentro de los procesos ecológicos.

Lo que eran 120.000 km² de bosque nativo en toda la provincia de Córdoba a comienzos del siglo XX, hoy solo queda 6.400km². Los cordobeses solo tienen un 5% de lo que tenían hace un siglo atrás. En la pampa húmeda, la existencia de bosque nativo es prácticamente cero.

El desierto verde

“Nosotros no manejamos el agua de lluvia, la cantidad que va a llover o que no va a llover. Nosotros lo que tenemos injerencia es en la rotación de cultivos. Hacer monocultivo de soja es una falla del modelo”, señala Pablo Belluccini, ingeniero del INTA de Jesús María a este cronista.

Según un informe del INTA, titulado Ascenso de napas en la Región Pampeana: ¿Consecuencia de los cambios en el uso de la tierra?, en la década de los ’70, en la localidad cordobesa de Marcos Juárez –instalado en el corazón de la pampa húmeda- un 40% de su superficie estaba ocupada por cultivos agrícolas y el resto de forrajes perennes y pastizales. Hoy, los primeros ocupan el 90% de esa superficie.

Los segundos tienen una capacidad de absorción de agua de entre 1500 y 2000 milímetros. Sin embargo, millones de sus hectáreas reemplazas por cultivos agrícolas –sobre todo de soja- disminuyeron esa capacidad a tan solo de 500 y 800 milímetros. “De esta manera, las pasturas y pastizales generaban menores ingresos de agua a las napas (freáticas) y, en aquellos lugares o períodos en los que éstas se acercaban a la superficie, se registraba un consumo más intenso, mientras que los cultivos anuales modificaron dicho balance, incrementando el ingreso de agua y limitando los egresos por consumo, empujando los niveles freáticos hacia la superficie”, señala el trabajo realizado por Nicolás Bertham y Sebastián Chiacchiera. Ese empuje del agua hacia la superficie es lo que origina las inundaciones.

Hace 40 años las napas freáticas se encontraban a 11 metros bajo tierra. En la actualidad están a tan solo 1 metro. Para el informe del INTA, explicada mediante variables estadísticas, un 60% del crecimiento de la napa a la superficie es por el crecimiento de los cultivos, mientras que la cuestión específica de los campos de soja, la explicación alcanza un 70%.

“Si yo voy a hacer soja, sobre soja y sobre soja, continuamente en el tiempo, en algo estoy errando. La naturaleza va a reaccionar de alguna manera. De hecho, evidentemente lo demostró. No lo estoy diciendo yo, lo dicen todos los especialistas y lo estamos viendo”, señala Bellucchini.

“Si no se modifican las rotaciones o el uso de la tierra, con el objetivo de incrementar estratégicamente el consumo de agua, sobre todo en los años en que las precipitaciones superan la media, no sólo se seguirá incrementando el nivel freático, sino también la superficie, con un alto riesgo de anegamiento en algún momento del ciclo del cultivo”, concluye el informe.

La palabra oficial

“Nosotros tenemos un problema estructural que se ha generado en la zona más productiva de Córdoba que es que al sembrarse soja, la soja solo absorbe 700 milímetros al año. O menos. Me lo decía el secretario de Recursos Hídricos: con lo que se avanza la soja para las regiones más secas, absorbe nada más que 500, 600 milímetros. ¡Y llueve más de 1.000!”.

Quien dijo esto fue nada más y nada menos que el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti en un video institucional de la provincia, en enero de éste año, cuando se declaró la emergencia en el sur provincial, fruto de las primeras inundaciones de 2016.

Es la primera vez que el gobierno cordobés reconoce que el monocultivo sojero produce impactos ambientales negativos.

Finalmente, cierra el especialista del INTA de Jesús María, con una mirada más alejada a responsabilizar solamente al cambio climático: “Hablar de biodiversidad es muy importante, pero hay que tener en cuenta que el productor siembra para hacer un negocio. No siembra porque le gusta ver plantas de soja. Entonces, tenemos que tratar de que la producción sea sostenible en el tiempo. Y claramente, el monocultivo de soja no es sostenible en el tiempo”.

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