Familiares, docentes e integrantes de organizaciones sociales realizaron el sábado una concentración frente a la Comisaría 38 de CABA para exigir la aparición de Erika de 16 años. No es la única, desde septiembre del año pasado fueron al menos 15 las historias de secuestros y acoso sexual de parte de varones violentos sobre niñas en el Bajo Flores. En la 1-11-14 sospechan de una red de explotación sexual. El reclamo llegará a la Fiscalía 44.

Jennifer Benítez, “Erika”, tiene 15 años. Es estudiante del EMET Nro 4 de Flores y vive en la villa 1- 11- 14. Tiene 3 hermanos y una madre para quien salir a buscar el mango se traduce en exponer a su hija adolescente a las violencias machistas, síntomas de la sociedad capitalista, heteropatriarcal y racista en la que vivimos que condena a las niñas y mujeres y más si son de clases populares.

Erika, tal como se autodenomina, está desaparecida desde el 30 de junio. Su familia, docentes e integrantes de organizaciones sociales sospechan que fue secuestrada por una red de explotación sexual que opera en la zona utilizando como modalidad de captación el engaño y la manipulación a través de las redes sociales.

La explotación sexual en Argentina afecta principalmente a las mujeres (el 98% de las víctimas lo son). Vulnera el derecho de las personas a vivir una sexualidad sin violencia dentro de relaciones de igualdad y placer mutuo independientemente que se configure o no el delito de trata.

Si bien existen condiciones de vulnerabilidad previas que facilitan la captación de niñas y mujeres y siendo las desigualdades de poder por razones de género las principales, el discurso de violencia simbólica de los medios hegemónicos y las instituciones del Estado que promueven que las niñas y mujeres no son dueñas de sus territorios cuerpo también suma a que sobrevivan redes de complicidad -policiales, judiciales, políticas- delictiva que hacen a que naturalicemos el que haya pibas secuestradas para ser prostituidas.

Es por eso que bajo la consigna “Ni una piba menos. Basta de desaparecernos”, la familia de Erika, docentes e integrantes de organizaciones sociales se congregaron el sábado pasado a la tarde frente a la Comisaría 38, en Esteban Bonorino al 200 en Flores, para reclamar que se investigue y dé curso a la denuncia del delito de secuestro que causó la desaparición de la joven y que se realizó la primera semana de julio.

“No están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas”, cantaban en las afueras. La respuesta de los integrantes de la fuerza represiva, que se suma a la inacción estructural, fue salir con cámaras a filmar, en actitud amenazante, a quienes exigían se deje de vulnerar la libertad y los derechos de las pibas del barrio.

“La denuncia se realizó la primera semana de julio y desde entonces la policía no hizo nada”, sostuvo Silvina Herrera, docente integrante de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores. El de Erika “no es un caso aislado”, afirmó, “sin embargo la policía salió a filmarnos a quienes estábamos haciendo la medida de reclamo por su aparición”.

A la situación de vulnerabilidad social, mundialización de delitos asociados al narcotráfico, feminización de la pobreza y la falta de información para afrontar las violencias, a las niñas y adolescentes que viven en las villas, se suma la debilidad institucional para hacer frente de forma rápida, articulada y federal a las denuncias y búsquedas. El prejuicio y la violencia institucional que reciben las familias y amistades de estas niñas de clases populares cuando van a las comisarías también es algo a mencionar. “Seguro se fue con el noviecito, ya va a volver”, se escucha. Mientras, pasan las horas y aumenta el dolor. Y por eso se organizan.

“Desde la Red de Docentes acompañamos a las familias porque vemos como actúa la policía cuando van a hacer las denuncias”, afirmó Silvina Herrera, “en el caso de Erika creemos que se trata de una red de explotación sexual”.

Cabe recordar que según la Ley 26.842, hay explotación sexual cuando “se promueve, facilita o comercializa la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; y/o se fuerza a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho”.

En la búsqueda de Erika intervienen además la Defensoría General de la Nación, el programa ATAJO del Ministerio Público Fiscal y en las próximas horas se realizará una presentación ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dependiente de la Procuración General de la Nación.

La historia de Layla y organizarse contra el miedo

A fines de octubre del año pasado, Layla Sainz Fernández de 13 años estuvo desaparecida por 11 días. Su secuestro se dio en un contexto de denuncias de hostigamientos y amenazas de parte de algún o algunos varones violentos a través de las redes sociales sobre niñas y adolescentes de la zona de la villa 1- 11- 14.

Quienes realizaron el entrecruzamiento y relevamiento de los testimonios de las jóvenes -y quienes siguen haciéndolo- fueron las y los docentes de las escuelas de la zona que crearon, junto a familiares e integrantes de organizaciones sociales de trabajo territorial, la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores.

“Venimos acompañando muchas situaciones de jóvenes víctimas de persecución, manipulaciones, explotación y abuso”, expresan en un comunicado difundido a partir de la búsqueda de Erika desde la Red el pasado 15 de julio.

“No es la primera vez que escuchamos que las pibas se ´van´ de sus casas”, explicitan, aludiendo a los discursos que se escuchan en las comisarías; “son cada vez más comunes los abusos por internet a niñas y adolescentes, seguidos de amenazas, persecución y secuestros. Sabemos que la situación es compleja y que la manipulacion esta a pie de cañon para que la cooptacion pase como si fuese decisión propia de las jóvenes”, argumentan en clara descripción al modo de captación para las opresiones, violencias machistas y explotaciones del mercado a las que están expuestas las jóvenes de la 1- 11- 14.

La presión de las manifestaciones y la difusión en las redes desde el 22 de octubre hasta el 2 de noviembre pasado para nacionalizar la búsqueda de Layla fue efectiva. Y por eso, la importancia de organizarse para “que el miedo no nos paralice”, como dicen desde la Red.

“Organizarnos para que las pibas concurran a nuestras escuelas sin temor a que les pase algo en el camino; para realizar las denuncias y que los que tienen que investigar hagan algo; para que las denuncias que ya se hicieron no queden archivadas en una fiscalía; para que la problemática se visibilice; para que todxs sepan que la lucha no es individual sino colectiva”.

En las barriadas, en las villas, que las mujeres puedan vencer obstáculos simbólicos y materiales necesarios para organizarse y romper con el eje cultural patriarcal que determina sus destinos únicos es vital para romper con la reproducción y naturalización de las violencias machistas. Y en eso están cuando anteponen solidaridad a la falta de respuestas e innacción.

Por Erika se evalúa la realización de una concentración frente a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°44, a cargo de Pablo Recchini. Mientras, se esperan respuestas sobre la investigación. Porque en ella nos siguen faltando muchas más.

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Nos falta Layla Sainz Fernández

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Layla Sainz Fernández tiene 13 años, está desaparecida y no es la única de la zona de la villa 1- 11- 14 en el bajo Flores que recibió amenazas y hostigamientos de al menos un varón violento. Su familia realizó la denuncia acompañada de vecinos y vecinas del barrio, docentes y organizaciones del feminismo popular en la fiscalía de Pompeya y Parque Patricios. Denuncian la inacción, el machismo y la violencia institucional.

Crecen la convocatorias en derredor a la Villa 1-11-14, en la CABA, con el objetivo de visibilizar y romper con la naturalización social de la violencia machista y la desaparición de niñas y mujeres en nuestros territorios. Layla Sainz Fernández falta en su casa y con su familia desde hace mas de una semana.

“Mi hija el día jueves (22) salió de la escuela, vino con unas compañeritas que la acompañaron a un ´ciber´, y de ahí ya no tenemos más noticias”, relató Neyva Fernández, madre de Layla, de tan solo 13 años, estudiante de la escuela Normal 4 de Caballito. Su madre y su padre, quienes están encabezando la búsqueda, no tienen “la más mínima sospecha sobre lo que pudo haber pasado”, y por eso instan a la fiscalía interviniente en la investigación a movilizarse con los recursos del Estado y “con cada dato que tienen” y que fuera aportado por ellos mismos. Informan que la última persona que la vio fue una de sus amigas, por eso, sostuvieron que el poder judicial se “tiene que hacer cargo”.

Layla tiene el cabello largo, oscuro, y “estaba vestida ese día con un suéter violeta, remera blanca, pantalón desmanchado azul, unas zapatillas negras con franjas blancas y mochila negra con franjas fucsia”, detalló su madre.

Y ante las preguntas sobre si Layla pudo haberse ido de su hogar de forma voluntaria, su padre, Sergio Sainz, agregó de forma contundente, “no quiero que la gente esté especulando, quiero que se maneje la información y no dejar de buscar. El sacar especulaciones sin bases solo afecta a la familia”.

La escuela en acción contra las violencias machistas

De entre quienes activaron agrupados en rol de acompañamiento a la familia de Layla, desaparecida el pasado jueves 22 de octubre, fueron las y los docentes de las escuelas de la zona que enseguida comenzaron a entrecruzar los testimonios de sus estudiantes y salieron a denunciar los hostigamientos y amenazas de parte de algún o algunos varones violentos a través de las redes sociales.

“Estamos seguros que la desaparición de Layla está relacionada con varias chicas que vienen siendo acosadas por Facebook, que reciben amenazas. Las chicas están muy asustadas y además notamos que la justicia no está tomándose el caso con la seriedad que corresponde”, sostuvo Fernando González, docente de una de las escuelas. “Las chicas son todas de la villa 1- 11- 14, muchas de ellas de la comunidad boliviana, y es una lucha que se las tome en serio”, argumentó.

Las y los docentes denuncian que varias adolescentes de la zona, aunque de diferentes escuelas –y no solo de secundarias sino también de primarias- están siendo hostigadas, acosadas y violentadas desde las mismas cuentas de redes sociales que la denunciada por la familia de Layla, la joven desaparecida. Es por esto que ven la necesidad de salir a reclamar y realizar acciones los abrazos simbólicos a la escuela Normal 4, como forma de visibilizar que la de Layla no es una situación aislada sino que puede ser parte de varias más y por lo tanto, de una entramado social de violencias y desigualdades que oprimen fundamentalmente a las niñas y las mujeres.

Nuevas hipótesis

El viernes pasado, el juez Eduardo Adrián Daffis Niklison, a cargo de la aparición de Layla Sainz Fernández recibió a su madre y padre acompañados por el legislador porteño Gustavo Vera, reunión en la que se presentaron un listado de medidas urgentes para contribuir a la aparición de la joven.

“Se sospecha que (Layla) puede ser víctima de una red de pedofilia que opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvo Vera. “La pista más fuerte es que Layla desapareció en el marco de una red de hombres con perfiles falsos de Facebook, que a través de esa red social les piden (a niñas y mujeres) fotos y videos. En caso de negarse o no ceder, las amenazan de muerte o las extorsionan”, ampliaron.

En la Fiscalía de Instrucción N° 3 hay además, otro expediente abierto en el que se investigarían tres casos similares en el bajo Flores, por lo que Layla sería la cuarta adolescente de la zona que desaparece.

Una fiscalía reconocida

La denuncia por la ausencia de Layla Sainz Fernández fue radicada el mismo jueves en la comisaría 34 de la Policía Federal y la investigación está a cargo de la fiscalía de Pompeya y Parque Patricios. Esta fiscalía ya ha sido sede de reclamos populares. Con competencia en instrucción, correccional y justicia de menores, es recordada por haber sido la que intervino en la (no) investigación del femicidio de Lizbeth Muñoz, asesinada hace tres años en el bajo Flores.

Se encuentra a cargo de Adrián Giménez, de quien las organizaciones que acompañan a la familia de Layla señalaron que ante denuncias anteriores respondió con un “así son las pibas, se van con sus noviecitos”, y que además habría dicho, “yo de estos casitos tengo dos o tres por día”.

Esta fiscalía es parte del proceso de descentralización del poder judicial encarado por el gobierno porteño. Su apertura se realizó en 2003 en promesa, paradójicamente de otra víctima de la violencia institucional, Ezequiel Demonty, fue asesinado por efectivos policiales en setiembre de 2002.

“La justicia nos violenta todos los días como mujeres, porque la violencia institucional también es violencia machista, también nos degrada, humilla, golpea, desaparece y mata”, dicen desde las organizaciones. “Estas estructuras que construyen y reproducen la violencia patriarcal son aquellas con las que vamos a acabar además de recuperar a las pibas que desaparecen”, dicen directas y desafiantes.

La organización del feminismo popular

El conocimiento de los territorios, el activar para contrarrestar las desigualdades sociales y sobrellevar de forma colectiva los peligros que conlleva el machismo para las niñas y las mujeres de la zona, hizo que enseguida activistas y organizaciones políticas y del feminismo popular tomaran intervención en la ausencia de Layla.

Integrantes de Mujeres en Lucha – Confluencia MPLD-MTK, de la Agrupación de Educadorxs Ni Calco Ni Copia, de Ademys y del Frente Popular Darío Santillán, entre otras, redactaron un comunicado para exigir la inmediata investigación para la aparición de la joven y denunciar sin eufemismos a quienes tienen la obligación de no ser cómplices de las violencias de quienes “persiguen, amenazan y desaparecen a nuestras pibas”.

Sostienen, al igual que las agrupaciones docentes movilizadas, que son varios los hechos denunciados en la justicia penal en relación a la persecución y las amenazas que sufren las jóvenes del barrio, y que se espera una respuesta institucional que garantice su seguridad. Alertan además diciendo que “las víctimas son mujeres, jóvenes y pobres”.

“Denunciamos al fiscal Giménez porque no es la primera vez que tenemos que aguantar, frente a la desaparición de una adolescente, su omnipotencia de señor patriarcal”, ante las situaciones “donde pibas adolescentes de los barrios que sufren la violencia machista, son desaparecidas, como Karen y Thalia, o asesinadas como Lizbeth”, concluyen.

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