Con reiterados pronunciamientos por la integración y unidad de los pueblos como así también de solidaridad con Venezuela, Perú, Cuba y Brasil, delegados y delegadas de movimientos sociales manifestaron su oposición a las políticas extractivistas, patriarcales y neoliberales de los últimos años. Si bien se trata de una crítica constante de quienes luchan por la vida digna, en esta oportunidad, la Cumbre propuesta por la OEA -que reuniría a gran parte de los mandatarios que representan el abanico de las políticas dichas- tenía que ser escenario de disputa.

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En la última semana fueron asesinados de forma gradual cuatro líderes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, a su vez, otros dos han sufrido atentados con arma de fuego. Voceros del movimiento confirman que la lista de muertos asciende a 124 en los últimos cuatro años, en plenos diálogos de paz, donde uno de los compromisos es justamente la actuación del Estado para desmantelar el paramilitarismo, enemigo de la solución política al conflicto armado.

Ha avanzado la mesa de negociación entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno colombiano. La firma definitiva del Nuevo Acuerdo para la Terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, lograda el pasado 12 de noviembre, exige caminar hacia la inmediata implementación. Aún así, la ofensiva militar y paramilitar de 2016 hacia el movimiento social se ha acrecentado de manera alarmante, dejando como saldo cientos de líderes y lideresas sociales que, por su ejercicio político y su militancia social orientada a respaldar el fin del conflicto armado, han sido perseguidos, amenazados y asesinados de manera sistemática.

Los escenarios políticos tradicionales, los medios masivos de comunicación y diferentes instituciones del Estado, son cómplices de que la opinión pública no conozca ni condene las acciones de diferentes estructuras paramilitares que siguen actuando con la connivencia de la Fuerza Pública.

La estigmatización social y persecución política para quienes pertenecen a organizaciones políticas y sociales que luchan por la paz, es un fenómeno transversal en la histórica política de exclusión y exterminio que el Estado colombiano que ha ejercido sobre la movilización popular en el país. El genocidio político cometido durante la década de 1980 contra el partido de izquierda Unión Patriótica (UP), donde el Estado colombiano y las estructuras narcoparamilitares enconadas en su interior, asesinaron a más de 5.000 militantes. En la misma época aniquilaron al movimiento A Luchar!. El movimiento social actual interpreta los asesinatos de los últimos días como el desarrollo de un nuevo genocidio donde las fuerzas políticas de derecha y ultraderecha renuncian a dejar de utilizar el mecanismo de la violencia para detener el avance de la organización de los movimientos populares y su trabajo por la consecución de una paz con justicia social.

A pesar de que el gobierno de Juan Manuel Santos anunció el ‘cese bilateral de fuegos y hostilidades’ el pasado 29 de agosto, la cifra alarmante de líderes y lideresas sociales asesinadas desde entonces, demuestra que las hostilidades por parte del Estado y sus estructuras paramilitares contra el movimiento social nunca se han detenido, por el contrario, se han incrementado. También violaron el cese de fuegos, asesinando a dos guerrilleros días después de la firma del Nuevo Acuerdo dado en La Habana (Cuba).

En 48 horas hubo cuatro homicidios y dos atentados contra la vida de integrantes de los procesos regionales del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica , uno tras otro, territorios donde hay fuerte presencia del Ejército Nacional. Los asesinatos perpetrados contra miembros de asociaciones campesinas y personas reclamantes de tierras, ocurre después de que han sido frecuentemente amenazados y hostigados. Los grupos paramilitares tienen presencia en las regiones rurales donde dichas asociaciones adelantan trabajos en el marco de defender las Zonas de Reserva Campesina.

Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, Ejército Anti Restitución de Tierras, Águilas Negras, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las principales estructuras paramilitares victimarias.

La difusión de panfletos amenazantes, en los que se imponen toques de queda, se anuncian asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, torturas, desapariciones, entre otras prácticas realizadas por estos grupos, demuestra la impunidad de la que gozan en regiones del país como San Vicente del Caguán, región históricamente afectada por el conflicto armado. Humberto Sánchez, alcalde de esta región y perteneciente al parapolítico partido Centro Democrático, hizo declaraciones justificando dichos acciones del paramilitarismo contra el movimiento social, homogenizando a todos con la frase “eran guerrilleros”. Cabe recordar que Sánchez prohibió en esta región usar mochila y decir la palabra “compañero”, rechazando con infantilismo y peligrosidad cualquier expresión que pueda oler a izquierda, justo en la región que fue sede de los fallidos diálogos de paz dutante el gobierno de Andrés Pastrana.

El Ejército Nacional busca presentar estos asesinatos como ‘guerrilleros dados de baja durante operaciones realizadas contra la guerrilla ELN’, respondiendo nuevamente al mecanismo de las ejecuciones extrajudiciales que caracteriza a la fuerzas militares colombianas.

Erley Monroy en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, Didier Losada Barreto Platanillo en La Macarena, departamento del Meta, José Antonio Velásquez y Jhon Rodríguez en Caloto, departamento del Cauca, Rodrigo Cabrera en Policarpa, departamento de Nariño, Argemiro Lara en Ovejas, departamento de Sucre, los atentados contra Danilo Bolaños Díaz en Nariño y Hugo Cuellar en Caquetá (quién salía del velorio de su compañero Erley Monroy), la desaparición Hannier Hurtado en el Valle del Cauca, se suma a la cifra de más de 124 militantes de este movimiento, en su mayoría campesinos comprometidos con aportar al fin de la guerra

El Estado ya empezó a incumplir los acuerdos al no proteger la vida y los derechos de las comunidades y sus territorios como una verdadera garantía para la participación política. La existencia de pluralidad de pensamiento en un país que camina sobre el sendero de la reconciliación necesita de acciones concretas por parte del Estado: acciones jurídicas y voluntad política que garantice el desmonte efectivo del paramilitarismo, brindando plenas garantías para que el movimiento social colombiano en su conjunto pueda participar en política sin que lo sigan exterminando.

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Mientras se redefinen los acuerdos entre el gobierno colombiano y las FARC, y se busca destrabar el inicio de la mesa con el ELN, emerge una novedosa movilización social que inunda cotidianamente las calles colombianas en un grito unido por la paz.

A pesar de la derrota del “Sí” en el plebiscito del 2 de octubre, en el que se le consultó al pueblo colombiano si apoyaba el acuerdo final para terminar la guerra y alcanzar una paz estable y duradera, la posibilidad de construir nuevas esperanzas de transformación social no cesan de florecer y siguen surgiendo y acumulando voluntades, pasos y puños levantados dispuestos a defender la vida y la dignidad de un país que no tolera más la guerra, exigiéndole al Estado que implemente los acuerdos alcanzados en La Habana con la insurgencia de las FARC–EP y que instale de una vez la fase pública de la mesa de negociaciones con el ELN.

El nuevo escenario que vive el país, y el curso que han tenido las diferentes iniciativas ciudadanas, nos ha permitido reflexionar sobre el sentimiento inicial que invadió las horas y días siguientes a los resultados que dieron al No en el plebiscito la victoria: una votación con el 63% de abstención y un 50% que se había inclinado por el No se presentaba entonces como el correlato de un país desinteresado, despolitizado, despreocupado por la suerte de la guerra y la paz en la Colombia rural.

Sin embargo, del rencor y el sinsabor protagonistas durante la semana posterior al 2 de octubre, fuimos transitando a una oleada de convocatorias espontáneas en las principales ciudades del país. Muchas de estas personas, efectivamente, no acudieron a las urnas, incluso muchas votaron por la opción del No, pero se sintieron convocadas a construir desde escenarios callejeros y asamblearios propuestas de paz en las que se sintieran incluidas las diversas lecturas políticas presentes en la coyuntura política.

La urgencia para proponer nuevas formas de hacer política y para debatir sobre el contexto de incertidumbre que atravesamos se hizo presente en las principales plazas de las ciudades, en las universidades, también en los barrios, donde muchos y muchas sintieron por primera vez la responsabilidad de aportar frente al rumbo que está por tomar el país a favor de la paz y la transformación de la realidad que se vive en Colombia a causa del conflicto político, social y armado hace más de medio siglo.

El resultado adverso del plebiscito ha generado espacios de participación política a donde se lleva la preocupación por la paz, más allá del resultado mismo. Las expresiones artísticas y culturales han sido diarias desde entonces; progresivamente, la agenda política de nuestro país ha copado las universidades con charlas, debates y bailes por la paz; muchos barrios están haciendo pedagogías de paz y en otros persisten campamentos donde se exige que inicie la implementación de los acuerdos firmados.

Movilizaciones masivas en las principales plazas urbanas del país recibieron con alegría, respeto y reconocimiento a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y de víctimas del conflicto que viajaron desde las regiones rurales a la capital para exigirle al Estado el cumplimiento de los acuerdos y su implementación inmediata, generando actividades y espacios en defensa del cese bilateral de fuegos y hostilidades, proponiendo espacios como las Vigilias por la Paz, iniciativas que han pasado a ser parte de la agenda política de prisioneros y prisioneras políticas e inclusive de la guerrilla en varios de los campamentos, demostrando que el clamor por la paz y la reconciliación requiere de la armonía entre la Colombia urbana y la rural, diferencias evidenciadas en el plebiscito y que deben desaparecer si queremos una nueva Colombia erigida sobre las bases inamovibles de la unidad y la paz con justicia social.

Indudablemente, algún porcentaje de ese 63% inicial se encuentra hoy movilizado, tomándose las calles y los campos, llorando y abrazándose, siendo creativo a través de herramientas como la música y el teatro como elementos generadores de conciencia para el futuro, por la construcción de una Colombia que supere la guerra y genere por fin escenarios de participación democrática reales donde las clases populares tengan la posibilidad de ser artífices de su propio destino.

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