Por Agustina Paz Frontera * | Fotos: La vaca

Hay un poema muy resonado de Mariano Blatt sobre el asesinato de Diego Bonnefoi, habla de bailar en todos los sótanos del mundo en tributo a su espalda y que la espalda de Diego “esté ahora también/corriendo a la intemperie”. Diego Bonnefoi es un chico que fue asesinado por la espalda en El Alto, la zona más marginada de Bariloche, en 2010. Calles de tierra pelada, casas de color marrón, calefacción a humo, balas policiales. Es un poema doloroso y lúcido, que denuncia la violencia institucional y a la vez nos avisa que hay “flores en la ladera de la primavera”. Léanlo.

Llegar a Bariloche es ese poema. El lago Nahuel Huapi está insistentemente al costado o en la espalda, casi imperceptible hasta que un frescor obliga a mirarlo. La visión de la inmensidad produce cierta compostura. Los mapuche le dicen newen a la energía de la naturaleza que los guía, la expresión yanquee que me resuena es put yourself together, me la traduzco en la cabeza: “ponete toda junta”. Las partes en las que estoy desperdigada fueron recortadas por la cuchilla de un relato que nunca termina. La historia de la violencia estatal y social contra el pueblo mapuche, un pueblo preexistente, empobrecido, perseguido y victimizado. La historia de los ojos llorosos de María Nahuel, madre de la machi Betiana Colhuan Nahuel, detenida desde octubre de 2022 acusada de usurpar un terreno que ella estaba recuperando, y tía de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda en noviembre de 2017, cuando corría a la intemperie, esquivando las balas de los prefectos que envió Patricia Bullrich para liberar el predio recuperado. Esos ojos. Y esas espaldas: la de Betiana de hoy apenas 21 años y la de Rafa, que se detuvo a los 22.

Una mirada feminista sobre el reclamo mapuche  

En Bariloche el 8M de este año las organizaciones feministas locales decidieron que la marcha partiera desde la casa donde permanecen detenidas tres de las cuatro mujeres y sus hijes desalojados y detenidos en octubre de 2022. Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Betiana Colhuan, la machi de la comunidad, continúan en la ruca (casa) comunitaria de Bariloche cumpliendo prisión domiciliaria, y Celeste Ardaiz Guenumil solicitó ser trasladada a Carmen de Patagones, donde está su familia. 

Pocos días después del brutal procedimiento organizado en octubre por el ministro de seguridad nacional Aníbal Fernández y coordinado con el gobierno de Río Negro, al que hacen referencia las mujeres detenidas en esta entrevista que realizó LatFem, en la provincia de San Luis se decidió que el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de 2023 se haría en Bariloche para apoyar el pedido de libertad para las mapuche. Buena parte del movimiento feminista de todo el país decidió acompañar el pedido de justicia y declarar la defensa de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, entre ellos el pueblo mapuche. 

La incorporación en 2019 del principio de “plurinacionalidad” en el nombre del Encuentro que desde 1986 se realizaba bajo la lógica de lo “nacional” institucionalizó una línea de militancia dentro del feminismo que fue más allá de las declaraciones de interseccionalidad. El feminismo, no sin fisuras ni sorpresas, produjo con esa nomenclatura un comentario político importantísimo a la historia de la disputa por la identidad nacional. No sólo refrenda lo que ya dice la Constitución Nacional del 94 en el artículo 75 inciso 17 respecto a la preexistencia de los Pueblos Originarios respecto al Estado argentino, sino que confirma la actualidad de la plurinacionalidad en el territorio ocupado por el Estado. La plurinacionalidad no fue ayer, es hoy y es “un hecho de la realidad”, como dice el poema de Blatt en otra parte.

En sintonía con estas definiciones políticas feministas un grupo de organizaciones nacionales decidió producir otro hecho de la realidad y convocar a diversas referentas de organizaciones (del campo nacional y popular y en general provenientes de AMBA) para visitar a las mapuche detenidas y llevar solidaridad. La comitiva estuvo conformada por referentes del Frente Patria Grande como Victoria Freire y Noelia Figueroa, en representación de la Dirección de Acceso a la Justicia, la diputada nacional Natalia Zaracho, la legisladora porteña Ofelia Fernández, la diputada provincial Lucía Klug, todas por Patria Grande, la diputada (MC) Araceli Ferreyra, integrante de Movimiento Evita, la socióloga Lucía Cavallero, representante del colectivo Ni Una Menos de Buenos Aires, la Secretaria General de Ammar, Georgina Orellano, la Secretaria General de la UTEP, Dina Sánchez, Majo Venancio del CELS, entre otras organizaciones, entre las que se encuentra LatFem.

El mensaje de solidaridad incluyó una expresión de deseo: “Somos compañeras”. Algunas de nosotras, a caballo de las condiciones de vida que nos vuelven privilegiadas en sociedades desiguales como las que habitamos, no conocemos en primera persona la crueldad como la conocen las mujeres mapuche, les trabajadores excluides, las que trabajan en la calle en labores estigmatizadas como el trabajo sexual o la venta ambulante, no conocemos el desprecio por el tipo de piel, el tipo de ropa, el tipo de cultura. Pero queremos ser sus compañeras por la vergüenza y asco que nos da el uso discrecional de la violencia que hace el Estado. Discrecional quiere decir acá racista, clasista y misógino también. María Nahuel, con esos ojos, me dijo que le da vergüenza ser argentina. No le da vergüenza por vos o por mí, no le da vergüenza por tu papá empresario o por tu mamá jubilada, no le da vergüenza por Messi o por el dulce de leche, por los pibes de Malvinas o el tango, le da vergüenza por lo que le hicieron quienes administrar la fuerza del Estado. Que es el gobierno.

Una mesa con el diálogo entrecortado

La comitiva feminista planeó su visita a Bariloche para un día antes de la reunión pautada por la mesa de diálogo que busca encontrar una solución pacífica al conflicto de la comunidad Lafken Winkul Mapu, las mujeres detenidas y los hombres prófugos desde octubre de 2022. La mesa está conformada por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, con Horacio Pietragalla a la cabeza, del Ministerio de Ambiente, con Juan Cabandié a cargo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Mujeres, organismos de Derechos Humanos y representantes de organizaciones indígenas, entre otros actores nacionales y provinciales. La propuesta de conciliación es que de las casi 30 hectáreas en la zona de Villa Mascardi recuperadas por la comunidad Lafken Winkul Mapu en noviembre de 2017 (que se llevó la vida de Rafael Nahuel a manos de una bala de un prefecto) sean cedidas 7 hectáreas en las que se encuentra el rewe (espacio sagrado signado por un símbolo tradicional y marcado por la machi) al Pueblo mapuche en su totalidad y que otras 10 hectáreas, ubicadas en la zona del Lago Guillelmo sean cedidas para que habite la comunidad Lafken Winkul Mapu. Entre uno y otro punto hay cerca de 5 kilómetros de distancia. Además, la propuesta incluye, según el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, firmar un acuerdo de conciliación entre quien inició la denuncia como damnificado, la Administración de Parques Nacionales (dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y la comunidad Lafken Winkul Mapu, victimaria en este proceso, por el cual el juicio quedaría suspendido y las mujeres recuperarían la libertad. Pero la reunión del 9 de mayo en la que las partes se iban a poner de acuerdo sobre la restitución de tierras y la libertad de las detenidas se suspendió sin motivo a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, según algunos rumores esta suspención tendría que ver con el inminente cambio de gobierno en la Provincia de Río Negro, cuyo gobernador electo no querría “quedar pegado” a una conciliación con la comunidad mapuche.

Una sola doctrina de seguridad

El relato del desalojo y la detención de las mujeres mapuche y sus niños es escalofriante y recuerda a los relatos de las peores vejaciones llevadas adelante por el terrorismo de Estado que conocemos gracias a los y las sobrevivientes. Las prácticas violentas desde el Estado contra los pueblos indígenas, con especial encarnizamiento contra el pueblo mapuche, no reconocen discontinuidades partidarias: la doctrina Bullrich que tiró a matar por la espalda a Rafael Nahuel y que propició el asesinato de Santiago Maldonado, brevemente interrumpida durante la gestión de Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad de la Nación, goza de renovada salud gracias al Comando Unificado que creó Aníbal Fernández especialmente para controlar lo que los medios de comunicación llaman “el conflicto mapuche” en el sur. El presidente Alberto Fernández se comprometió en diciembre de 2022 a trabajar para que las mujeres detenidas sean liberadas, pero no ha dicho ni una palabra en público al respecto y la prueba de la desidia es que las cuatro mujeres mapuche y sus hijes siguen detenidas en una casa sin calefacción, hacinadas, sin asistencia alimentaria ni sanitaria, perseguidas, vigiladas permanentemente. 

La comunidad Lafken Winkul Mapu espera la resolución de la mesa de diálogo, reprogramada para principios de junio, y convoca a dos días de actividades: el 20 de mayo realizarán un trawun (encuentro) mapuche y al día siguiente un encuentro abierto a toda la comunidad para definir los pasos a seguir. 

La familia mapuche amenazada

Una comunidad mapuche es una gran familia. Lo más parecido que tenemos en la cultura occidental a ese concepto es el de familia. Una familia donde no hay distintos roles según el género, una familia que hace parentesco con los elementos de la naturaleza. Donde los mayores son respetados por su pensamiento y sabiduría y los niños cuidados y admirados por su energía. Cuando el Estado ataca a una comunidad, lo que produce es la ruptura de lazos familiares y comunitarios, deja personas desmembradas, colapsadas, con los ojos tristes. Cómo no tener vergüenza de este Estado, cómo no querer ser argentina. Por más paradójico que parezca, aquellas comunidades que para algunos amenazan los valores de la sociedad tradicional son justamente los que la defienden. Como nos ocurre a las feministas y a las diversidades sexuales, perseguidas por una supuesta perversión del afecto, el amor y los lazos familiares, las comunidades mapuche atacadas con odio se fundan en vínculos de respeto y compromiso familiar. El problema no es su forma de vida, el problema es la tierra que reclaman, pero lo que destruyen negándoles la tierra y la libertad son familias enteras. El único sostén de las mujeres detenidas es la solidaridad de algunas organizaciones sociales (como el MTE, que se comprometió a mejorar la infraestructura de la ruca con mujeres electricistas y albañiles) y el vínculo entre ellas mismas. María Nahuel, madre, suegra y abuela de los habitantes de la ruca, sostiene el hogar, viaja a reunirse con funcionarios, se le llenan los ojos de llanto y sigue. Lo que las feministas llamamos cuidados y sostenibilidad de la vida. 

Las espaldas de Rafael y su madre

Mientras las mujeres mapuche están detenidas por un delito excarcelable (nadie en todo el país atraviesa una prisión preventiva por tomar o recuperar un terreno), los cinco prefectos del grupo especial Albatros acusados por un delito contra la vida, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, esperan el juicio en libertad. Fueron 114 disparos que produjeron un muerto y varios heridos y sembraron terror en niños que debieron correr entre las balas. La primera audiencia del juicio está pautada para el 31 de mayo, se llevará a cabo en la ciudad de General Roca, a 600 kilómetros de Bariloche. Apenas días antes del desalojo de octubre pasado, una marcha de vecinos que acompañó la precandidata presidencial por el PRO Patricia Bullrich mostró carteles que recuerdan ese nombre: “Volvé Roca, no terminaste tu trabajo”. La crueldad continúa, la madre y el padre de Rafael Nahuel deben trasladarse a una ciudad extraña para acompañar el proceso con el que el Estado les propone obtener justicia para su hijo. Es una vergüenza. Y es también un abuso de la fuerza de esas madres que sostienen la búsqueda de justicia y reparación para sus familias. 

Por todo esto es que los feminismos apoyan la lucha de las comunidades mapuche y así producen una novedad histórica que augura una gran discusión: la posibilidad de pensar un feminismo que interviene en la definición de la nación y del Estado plurinacional. Mataron a un pibe por la espalda en Bariloche y también hay flores en la ladera de la primavera.

* Publicada originalmente en Latfem

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Por Bárbara Corneli | Fotos Yamila Suárez *

Dicen que la maleza cuenta lo que le sucede al suelo. Dicen que no la arrancan por mala, sino por lo que sabe del campo. Están quienes, incluso, la llaman “bueneza” porque cuando aparece, es una oportunidad de sanar, de mejorar la tierra.

Como una auténtica “bueneza”, el Programa de Agricultura Urbana (PAU) de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina, es una política pública municipal que desde 2002 propuso que las tierras en desuso dentro de la ciudad podían trabajarse en tiempos de crisis económica, social y política y así re-habilitar relaciones de producción, convivencia y consumo agroecológico con la potencialidad de contribuir a la soberanía y la seguridad alimentaria de la población en riesgo.

Son pocas las ciudades de América Latina y el Caribe que cuentan con programas de agricultura urbana y menos aún aquellas que lo desarrollan con apoyo municipal, provincial o estatal.

Actualmente en Rosario existen 7 parques huertas (PH) y 6 huertas grupales donde trabajan más de 250 huerterxs produciendo en 25 hectáreas unas 2500 toneladas de hortalizas al año que se comercializan en los “Puntos Verdes” y ferias y mercados “Arriba Rosario” (puntos de venta en distintos sectores de la ciudad).

Sostener una iniciativa de estas características a lo largo del tiempo supuso no sólo la voluntad política, sino la confluencia de muchos factores: estudios académicos sobre las condiciones del suelo de los terrenos disponibles y los beneficios de la agroecología para el ecosistema, proyectos de organizaciones de apoyo financiero internacional, donación de terrenos privados, convenios con establecimientos que elaboran sus alimentos con productos agroecológicos; y, sobre todo, el trabajo sostenido de huerteras y huerteros en sus parcelas y puntos de venta.

Ser huertera en la ciudad

Ida Pintos está sentada en un banco dentro del quincho que de mañana da lugar a la consulta de distintos profesionales de la salud y de noche le da de comer a 300 familias del distrito sur, donde se encuentra el Parque Huerta Molino Blanco. Desde ahí no se siente el ruido de los autos, ni llegan las esquirlas de la violencia de las calles. Para recuperar la historia, la memoria de Ida retrocede hasta 2001, cuando este terreno de 4 hectáreas era un basural. Lo primero que recuerda es la desconfianza con que recibieron al equipo de agrónomos que venían a contarles del proyecto de agricultura urbana: “la comunidad estaba toda encabronada porque no había para comer, la gente no tenía laburo, las personas estaban de mal humor, estos políticos que no hacían nada y cae esta gente a decirnos que había algo muy bueno para hacer”. Junto a su familia sembraban una huerta pequeña. “Pero ellos nos enseñaron un montón, aprendimos a cuidar las semillas y la tierra y hoy mis hijos son todos productores y emprendedores de la agroecología”, relata.

Al igual que Ida, Roberta Valencia Muñoz fue una de las primeras huerteras del Parque Huerta el Bosque (al límite del Bosque de los Constituyentes y el arroyo Ludueña), cuando eran sólo tres familias trabajando en un pedacito de las 5 hectáreas del lugar. En ese entonces ella cargaba el agua desde la villa en 20 litros de bidón. Hoy le deja el trabajo pesado de la cosecha de hortalizas a su marido y su hermano y ella ordena en el invernadero los plantines de flores, suculentas y aromáticas que al día siguiente va a vender en la feria del Boulevard Oroño y Avenida Rivadavia, a pasos del río.

A principios de 2002, las ferias de comercialización de productos agroecológicos cultivados en los parques huertas (PH) y demás espacios del programa de agricultura urbana, se ubicaron en puntos centrales de los distritos de Rosario. La zona intersección de la costanera y la calle Corrientes, donde Ida participó de la primera feria de Rosario, era la huella que había quedado tras la relocalización del puerto. Al comienzo, a las huerteras les daba vergüenza vender. Roberta había llegado hacía poco de Bolivia e Ida venía de Villa Gobernador Galvez, “éramos gente de barrio y mujeres de barrio que no encajábamos con la gente del centro más allá. Parecía que nosotros éramos menos que ellos”.

Con el tiempo, el trabajo sostenido en la agroecología, decantó en el Banco de semillas Ñanderoga que en 2017 encontró su lugar en el Centro Agroecológico de Rosario (CAR), donde alberga más de 400 especies y variedades de plantas y fomenta una red de madrinas y padrinos de semillas locales y criollas. El cuidado y la reproducción de las semillas consolidó el sentido de la soberanía. “Si no perdés la cadena de la semilla, ahí tenés para milenios”, dice Marta Queña y con las manos dibuja círculos en el aire, “eso que es tan pequeñito vos sabés que te va a cubrir de verdura, de fruta”. Los aprendizajes para Marta y para las demás huerteras están ligados a trabajar y “querer la tierra”, como dice Ida.

“Nosotros crecimos mucho como personas porque producimos con nuestras manos cosas para comer, que no lo hace cualquiera. Y tienes que querer a la tierra, tienes que querer cuidar el medioambiente, las plantas, hacer el compost, hacer el humus que hace cobertura en la tierra. Como veneno no se usa, la tierra tiene que estar bien alimentada, sino no te va a dar buen fruto”, explica.

El lugar importa

El paisaje de Rosario ha cambiado mucho desde principios de este siglo. Es la tercera ciudad más poblada de Argentina y, aunque abundan los espacios verdes, el territorio está marcado, cada vez más, por la expansión de los commodities inmobiliarios, de la producción agrícola-ganadera y por la violencia regulada por el narcotráfico que aumenta anualmente. A su vez, como toda la región del litoral argentino, hace años que se ve sofocada por los niveles de partículas tóxicas en el aire, producto de las quemas de pastizales en las islas del Delta del río Paraná, que han superado los límites considerados peligrosos para la salud, provocando estrés respiratorio y otros síntomas en la población en lo inmediato y contribuyendo a afecciones mayores a largo plazo.

La inauguración del puente Rosario-Victoria en 2003 posicionó a la ciudad como nodo del Mercosur, en concordancia con el reordenamiento que trajo la puesta en marcha del Plan Urbano 2007/2017. El microcentro tiene como escenario el tránsito de buques de carga altos como edificios que surcan el río Paraná pese a la bajante histórica de su cauce desde 2019. Mientras el Gran Rosario ha llegado a ser el nodo portuario agroexportador más importante del mundo, la producción agroindustrial centrada en la soja (que en Argentina es en un 99% transgénica) profundiza un modelo de producción extractivo y contaminante que provoca la devastación de los suelos, la deforestación, la contaminación de ríos y acuíferos y la exterminación de la biodiversidad.

Según Antonio Lattuca, uno de los ingenieros agrónomos que desde la década de 1990 conformaba el Centro de Producción Agroecológica de Rosario (CEPAR), que luego confluyó con el programa Prohuerta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para impulsar la política pública del PAU en 2002, “la agroecología propone la construcción conjunta de algo nuevo. Acá en Rosario la primera etapa de migración en esos años fueron los toba, los qom y gente de Goya, Corrientes, con un conocimiento muy grande de plantas medicinales. Los ecologistas dicen que se tarda 100 años en recuperar el horizonte fértil de la tierra en terrenos tan maltratados, como los basurales y los terrenos que teníamos al costado de los arroyos que no eran construibles o habitables. Pero en muy poco tiempo de trabajar el suelo así, aparecieron insectos, aves que no había. En 3 o 4 años, cuando trabajás en conjunto con la naturaleza, la naturaleza te responde y se transforma”.

Darle de comer al mundo

El Parque Huerta Oeste, donde Marta Queñas dedica su parcela a producir plantas aromáticas y flores, se inauguró en diciembre de 2020. Y, además del trabajo “a la vieja usanza, con pala, rastrillo y riego en mano”, la organización de las 35 familias y 7 organizaciones sociales que integran las 21 parcelas incluye el trabajo grupal, “dos veces a la semana cosechamos, dividimos y hay dos vendedoras designadas que representan a todo el parque en la feria. Tenemos asamblea cada 15 días y planeamos el trabajo, la siembra, el cuidado del parque”, dice Marta.

En los espacios como el PH El Bosque y Molino Blanco, la organización interna está bastante más desgastada y fragmentada. “En su momento nosotros armamos una organización que se llama La Red de Huerteros en Rosario y o sea, la familia huertera de todos los distritos, que ahora quedó como que en nada”, cuenta Ida. Y agrega: “no es todo color de rosa, ahora ya no podemos vender en la feria que empezamos nosotros”. Roberta da cuenta de que no se han hecho reinversiones de mantenimiento que vuelvan a dar oportunidad a lxs huerterxs de El Bosque de adquirir herramientas o de producir en una cantidad que rinda para el autoconsumo y la venta y “por eso también hay gente que queda desanimada y no siguen”.

Si bien integran un registro de emprendedorxs para trabajar en los espacios del PAU, la relación entre huerterxs y la coordinación del municipio también parece errática en el tiempo. Roberta se planta bajo la sombra de un árbol al lado del invernadero en el que trabaja y aún a la sombra los ojos se le achinan cuando se enoja. “Nosotros hace 14 años que estamos acá, desde 2008, nunca tuvimos comodato y ayer vino la gente del municipio queriendo hacer el comodato. Quizás es necesario, pero primero y principal nos tienen que venir a exponer y explicar de qué se trata, qué significa, qué cláusulas tiene. Eso tendrían que haber hecho, no venir y querer hacernos firmar”, dice. En América Latina y el Caribe solo el 18% de las explotaciones agrícolas son manejadas por mujeres, quienes reciben apenas el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica para el sector, aunque sean ellas las responsables de la mitad de la producción de alimentos en todo el mundo. La irregularidad en la firma de comodatos que aseguren que las huerteras del PAU pueden seguir disponiendo de la tierra para trabajar, se suma a problemas para acceder al agua para riego o con otros productores. Dolores Pintos, que es prima de Ida y también tiene su parcela en Molino Blanco, dice: “nosotros estamos cansados, hay algunos vecinos que tienen gallinas encima de la huerta, el de ahí está haciendo un criadero de chanchos”, conflictos en los que la coordinación municipal no interviene.

Abandonar la tierra

En 2021, Rosario recibió un premio de 250 mil USD por sus políticas de agricultura urbana y periurbana como un ejemplo de un urbanismo resiliente, comprometido con el medioambiente, otorgado por el Instituto de Recursos Mundiales por el Centro Ross para ciudades sostenibles. De todos modos no es excluyente la distancia entre el reconocimiento internacional a la política pública y las dificultades y disparidades que se encuentran en su implementación. Ida y Dolores se agarran la cabeza y giran en el lugar. “Cuando salió la noticia del premio salí yo en la foto y después me llamaron los huerteros: Ida, ¿la plata esa dónde está? ¿Quién te la dio? y ¿por qué te la dieron? Me volvieron loca”. Ida no sabe aún en qué se invertirá ese dinero.

Patricio Flinta, Coordinador general de espacios productivos de la subsecretaría de Economía social de Rosario dice que el dinero del premio será utilizado por el PAU y por el Cinturón verde periurbano que depende de la Secretaría de Desarrollo Económico y que “lo que se consensuó fue conformar la gran parte de la cuestión económica financiera en dos PH que hoy están en construcción y tener en cuenta la falta de infraestructura que es vieja, escasa y algunas tienen niveles de complejidad que ameritan hilar finito”. Los nuevos parques a los que hace referencia Flinta se ubican “uno en el Distrito Suroeste y otro en el Distrito Norte, que va a ser el primer PH en el distrito norte y el más grande”.

Históricamente los premios otorgados a la agricultura urbana han permitido visibilizar el programa, “pero ahora estamos en un momento distinto. La municipalidad sigue apoyando pero quieren mostrar cosas nuevas y no se profundiza en lo que está”, agrega Antonio Lattuca. Y en el mismo sentido, Lilli Marinello señala que “el problema es que se generaron algunos espacios pero no se ha hecho una política de estado”.

Lilli Marinello fue representante en Argentina de la ONG italiana Gruppo di voluntariato civile (GVC) que apoyó el PAU en Rosario con proyectos financiados por el gobierno de Italia y también fue coordinadora de proyectos enfocados en la seguridad alimentaria en Cuba donde el programa de agricultura urbana y suburbana es nacional y “de los programas agrícolas es el que más creció desde los años 90 y fue sostenido por el gobierno porque resolvía una serie de problemas después de la caída del bloque socialista. Y ha sido de suma importancia porque acerca la producción a las grandes ciudades y porque instaló la cultura de la producción agroecológica que antes no estaba”. En Rosario, en 2016 al PAU se sumó el Cinturón verde, con 800 hectáreas de producción agroecológica periurbanas. Según la ONU, en 2030 cerca del 61% de la población mundial vivirá en ciudades y esta forma de producir contribuye a apartar las fumigaciones en torno a las ciudades y evita el desabastecimiento de la población con menor capacidad adquisitiva que por lo general habita la periferia.

Dolores señala a Ida inclinando la cabeza: “yo la veo que ella le da de comer a todo el mundo, pero no puede todo salir de nuestro bolsillo. Nosotros estamos abandonados, yo no tengo una ayuda, nada de nada”. En este sentido Lili observa, en relación a la sostenibilidad de la agricultura urbana y periurbana, una política que tienda a un modo de producir agroecológicamente de forma extensiva. Aunque esto requiere otros recursos, “una tiene el imaginario de que la pobreza rural es mejor que la pobreza urbana, pero también es terrible. Si no proveés a las zonas rurales de servicios sanitarios, obviamente la gente migra a las grandes ciudades. Así es el abandono de la tierra en todas partes”, concluye.

No vamos a comer cemento

“Vos salis del portón para afuera de la huerta y es otra historia”, dice Ida. Las huerteras no sólo trabajan en la huerta, sino en multiplicar los espacios donde otros aprendan y lo hagan en sus terrazas, patios, balcones. Marta lleva cajones a la feria para mostrarle a sus clientes cómo plantar “yo les digo: si te salió bien contale a tus amigos, entusiasmalos”. En el centro agroecológico y en las huertas y parques huertas el aire parece más fresco al ingresar. ¿Cómo respira una ciudad si no es a través de sus fisuras? “Vamos a necesitar muchos más productores y mucha más tierra. Estamos haciendo mucho cemento pero después no vamos a poder comer cemento”, cierra Roberta.

*Este artículo fue realizado en el marco de Semillera, el programa de becas y mentorías para periodistas de LatFem, con apoyo de We Effect. Se trata del primer concurso de crónica latinoamericana y caribeña sobre mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes que defienden el derecho a la alimentación, el medioambiente y la tierra.

Créditos

• Dirección: Flor Alcaraz, Vanina Escales y Agustina Paz Frontera
• Coordinación institucional: Mariana Paterlini
• Jurado: Azul Cordo, María Paz Tibiletti y Edward Rodwell Arrazola
• Edición y mentorías: Flor Alcaraz y Vanina Escales
• Dirección de arte y diagramación: Jimena Zeitune
• Desarrollo web: Mercedes Jáuregui
• Prensa y comunicación: Carolina Rosales Zeiger

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La pandemia del COVID-19, que, si bien atenuada, aún persiste, agravó un cuadro de problemas muy complejo en América Latina. A la pobreza estructural que aqueja a la región hace décadas se sumó la avanzada de una serie de gobiernos neoliberales que pugnaron por profundizar la matriz desigual del capitalismo. Los partidos más progresistas, y con un cáliz redistribucionista de la riqueza un poco menos injusto, retrocedieron enormemente ante los poderes políticos y económicos concentrados que, en tándem con funcionarios judiciales afines de cada país, persiguieron a los principales dirigentes del progresismo con el objetivo de ponerle punto final a esa etapa histórica.

Si bien no pudieron llevar a cabo del todo su misión, el deterioro experimentado en los últimos años es notable. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cantidad de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 81 a 86 millones, un incremento entre 2020 y 2021 de un 0,7%, lo que equivale a un retroceso de 27 años en materia de igualdad. Es claro que la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que provocó tuvo mucho que ver, pero que en tan solo dos años se retrocedan el equivalente a tres décadas da muestra del grave cuadro socioeconómico que ya presentaba la región, con problemas que anteceden por mucho a la nueva avanzada neoliberal y la situación sanitaria extraordinaria.

La crisis preexistente, que agravó la pandemia, impactó con mayor crudeza en los sectores de bajos recursos. Según proyecciones de las Naciones Unidas, entre 720 y 811 millones de personas en el mundo pasaron hambre en 2020, 161 millones más que el año anterior. El parate económico y la insuficiente respuesta estatal generaron más daño en aquellas personas que no pudieron trabajar desde sus casas y vieron desaparecer sus ingresos, ya de por sí insuficientes. Pero dentro de este amplio universo, las mujeres rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes fueron particularmente afectadas. Y, paradójicamente (o no tanto), quienes menos cobertura mediática tuvieron.

Tierra para las que trabajan

Esas identidades fueron el foco de análisis de la investigación conjunta de la organización sin fines de lucro We Effect y el medio de comunicación feminista LatFem. El resultado fue el trabajo “Ellas alimentan al mundo: tierra para las que trabajan”, un detallado informe que analiza, con perspectiva de género, la contradicción de que el campesinado, que produce la mitad de los alimentos del mundo, tiene escaso acceso a los derechos de propiedad sobre la tierra. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) del año pasado, el 1% de las granjas más grandes del mundo tienen el 70% de la titularidad de la tierra a nivel global. Y en el caso de las mujeres rurales, como explica el documento, el problema es aún peor: aunque el 70% de ellas tienen acceso a tierra para producir, solo el 30% tiene el terreno a su nombre.

Ellas alimentan al mundo profundiza sobre las causas estructurales del desigual acceso a la tierra en cinco países de América Latina y el Caribe: Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras. En diálogo con Acción por la Biodiversidad, María Paz Tibiletti, periodista de LatFem y autora junto con Azul Cordo y Damaris Ruiz del informe, explicó los ejes que guiaron la investigación: “Desde LatFem teníamos la certeza de que son las campesinas, indígenas y afrodescendientes quienes alimentan al mundo, pero poco sabíamos sobre sus trayectorias de vida, sus proyectos y redes comunitarias, sobre cómo producen y acceden a la tierra, cómo se organizan ante las violencias machistas y para defender sus territorios. Queríamos escuchar sus voces y conocer sus historias, sus proyectos y propuestas para el Buen Vivir, y por eso entrevistamos a mujeres campesinas y defensoras de la tierra de Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador, para tener sus relatos en primera persona”.

Las mujeres rurales, campesinas, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes no solo son la fuerza mayoritaria de producción de alimentos, sino que juegan roles fundamentales al interior de sus pueblos y comunidades, como guardianas de las semillas nativas y criollas o como protectoras de la riqueza biológica del continente. Por eso, si bien la investigación se centra en la falta de titularidad de las tierras y las consecuencias que eso conlleva (como la imposibilidad de acceder a créditos financieros por no contar con garantía, por ejemplo), también echa luz sobre las resistencias que se tejen día a día. “Como activistas y periodistas feministas estamos convencidas de que es importante denunciar todo lo que precariza las vidas de niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, travestis y trans en América Latina y el Caribe, pero también es necesario contar todo lo que hacen por estar vivas y construir un presente y un futuro con vidas dignas, con justicia de género, social y ambiental”, explicó Tibiletti.

A las dificultades para ser propietarias se suman las deficiencias en relación al tamaño y el estado de la tierra, ya que la mayor parte de ellas producen en parcelas pequeñas (menos de dos hectáreas) y de mala calidad. “Esto no solo hace que estén expuestas a situaciones de precariedad laboral sino que también se traduce en otras vulneraciones en sus derechos sociales, culturales, y, especialmente, en los derechos a la alimentación y a la autonomía económica”, desarrolló la periodista, y diferenció que “la situación no es la misma en cada país, cada uno tiene sus complejidades y particularidades. Por ejemplo, Honduras se destaca por ser el país con mayor porcentaje de titularidad colectiva o comunitaria, y esto tiene que ver con una larga tradición de organizaciones campesinas e indígenas en el país, mientras que en el resto la mayoría de las mujeres accede a la tierra a través de la herencia”.

A falta de Estado, soluciones comunitarias

Una de las conclusiones más graves de la investigación es que, si bien el 57% de las mujeres consultadas declara haber tenido dificultades para acceder a alimentos durante la pandemia, sólo el 7% de ellas acudió a las autoridades locales o nacionales y, en su mayoría, resolvieron el problema por sus propios medios o con el apoyo de su comunidad. Esto demuestra la poca confianza que se tiene en las instituciones estatales para poder dar respuestas rápidas y efectivas ante problemáticas acuciantes, como lo es la falta de alimentos. Pero también ilustra la importancia de las soluciones colectivas. Según Tibiletti, “eso da cuenta del rol fundamental que tienen las redes de cuidado y solidaridad que se crean en y entre las comunidades para garantizar sus derechos. La investigación pone en evidencia la falta de políticas públicas específicas para las mujeres rurales y campesinas y que la gran mayoría no sienten que sus demandas y sus voces sean tenidas en cuenta en la elaboración de propuestas para el sector rural, así como tampoco en el desarrollo de proyectos sobre los territorios de sus comunidades”.

El trabajo de LatFem y We Effect no solo se queda en el análisis, sino que brinda una serie de propuestas para poder revertir esta situación de desigualdad estructural, como “implementar medidas tendientes a fortalecer y facilitar la incidencia de las comunidades en el diseño e implementación de leyes y políticas públicas” o “impulsar proyectos de ley que faciliten el acceso y uso de los bienes comunes de las poblaciones rurales, campesinas, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes, especialmente para las mujeres”, entre varias otras iniciativas.

Un trabajo articulado entre las organizaciones campesinas, las comunidades rurales, las instituciones públicas, los organismos internacionales y los medios de comunicación es el camino para que, como asevera la investigación, “las mujeres campesinas, rurales, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes tengan acceso y control de la tierra, una condición fundamental para su empoderamiento económico, su autonomía y su derecho a una alimentación justa”.

Podés descargar el informe completo (PDF), haciendo clic en el siguiente enlace:

Ellas alimentan al mundo

*Publicada originalmente en Acción por la Biodiversidad

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