Hoy se realizará en El Salvador la audiencia que definirá si Imelda Cortez, encerrada tras un parto extrahospitalario, será libre o condenada. Mientras, crece la campaña sin fronteras para exigir su liberación y que en el país centroamericano se deje de revictimizar desde el Estado.

Imelda Cortez tiene 20 años de edad, es originaria de un municipio rural del departamento de Usulután en El Salvador. Desde los 12 años, enfrentó las violencias sexual, física y psicológica de parte de su padrastro, Pablo Henríquez, un hombre quien ya suma 71 años. Producto de esas violaciones, sistemáticas y sostenidas, quedó embarazada y en abril del 2017, sufrió un parto extrahospitalario en una fosa séptica; episodio tras el que la llevan sangrando a un hospital, la denuncian por aborto y la acusan de homicidio en grado de tentativa.

Imelda está privada de su libertad injustamente hace exactamente un año y ocho meses, desde el 17 de abril de 2017. Está en la cárcel porque la Fiscalía General de la República, sin tener pruebas y solamente basándose en prejuicios, le arrebató la presunción de inocencia y le atribuye la presunción de culpabilidad. Este sistema, patriarcal y neoliberal, es el que persigue y discrimina a las mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza como Imelda, quien ha transitado de ser la víctima a ser la victimaria, el que la enfrenta a una pena de hasta 20 años.

“Él me había amenazado”

El mensaje de quienes ejercen funciones judiciales públicas en El Salvador es claro: sobrevivir al machismo y levantarse para denunciar, es motivo de persecución. En la única entrevista que se publicó, en Revista Factum, es la misma Imelda quien aclara, dando voz a lo imperdonable, cómo es su situación. Lo hizo en junio pasado, previo a la audiencia preliminar en la que el juez de Primera Instancia de la ciudad de Jiquilisco, Manuel de Jesús Santos, resolvió enviar su caso a vista pública, la instancia de revictimización que  sucederá hoy, 17 de diciembre, y que será seguida por el activismo feminista sin fronteras.

“Él me amenazaba con mi familia”, afirmó Imelda refiriéndose a su violador. “(Me amenazaba con) que si yo le decía a mi mamá lo que me estaba sucediendo, él me iba a matar a mí, a mis hermanos y a ella”. “Él comenzó a tocarme cuando se acompañó con mi mamá”, contó, evidenciando lo que, en su historia y en la de todas las violentadas es norma impune: “A veces, yo estaba en la sala de mi casa y él llegaba. Mi mamá siempre se mantenía trabajando; llegaba tarde a la casa; y había veces que él me besaba. Y, a veces, mis hermanos alcanzaban a ver”… “(En la comunidad) se oían rumores de que la gente sospechaba. Cuando yo iba al molino, me decían que sospechaban que yo estaba embarazada y que él me estaba haciendo daño a mí”.

Cuando Imelda cumplió 18 años, Pablo Henríquez la dejó embarazada, paternidad que ha sido confirmada por la prueba de ADN realizada a la niña nacida en el parto extrahospitalario que tuvo, episodio por el que la acusan de homicidio agravado en tentativa contra su hija de un año y seis meses. De ser encontrada culpable, Imelda sería condenada a veinte años de cárcel.

“Quería que yo fuera solo para él”, relató Imelda sobre el abuso de poder de Henríquez, “no soportaba que yo tuviera novio. Vino él y me dijo que ya no íbamos a andar de novios, que íbamos a terminar y que él se iba a ir, porque tenía miedo de que (mi padrastro) le hiciera algo”… “A mí él (mi padrastro) me había amenazado y me dijo que yo no podía salir embarazada de él, porque él no podía pegar hijos”, contó Imelda a la Revista, relatando que nadie le creía, excepto su abuela: “yo estaba consciente de que no había ‘metido las patas’ con otro hombre, sino que él era el que me estaba violando”… Henríquez siguió abusando de Imelda mientras estuvo embarazada, hasta que un día sintió fuertes dolores y fue al baño. “En lo que me empezaron a subir al carro, me desmayé. Yo vine a reaccionar hasta que ya estaba en la camilla del hospital. Cuando llegué, me metieron en un cuarto y la doctora me atendió. Me puso suero y un montón de guías porque había botado mucha sangre y mi mamá llevaba la placenta”… “Si yo hubiera querido hacer eso, había tantas cosas para querer abortar un niño. Pero yo no lo quería hacer porque, la verdad, yo tenía en mi mente que no estaba embarazada porque [mi padrastro] me había mentido”, contó.

“(La doctora) puso la denuncia de que yo había tirado el niño. Entonces vinieron los policías y fueron a sacar la niña; y dicen que ella lloró cuando ellos golpearon la taza; porque los mismos policías que la fueron a sacar, eran los mismos que me estaban cuidando a mí. Me dijeron que, cuando la llevaron, como a las 5:00 (de la tarde) que sucedió eso, a las 5:30 llegaron con la niña. Cuando la llevaron, yo le dije a la doctora que la quería ver… Pero ella me dijo que no”. Las violencias sobre Imelda no son solo de quien la violó y de quienes la pretenden condenar, sino también de parte de las y los profesionales de la salud que la maltrataron en las dependencias sanitarias cuando se ponía mal al recibir los amedrentamientos del violador: “Él me presionaba. Yo lo único que hacía es que me ponía a llorar, porque sabiendo que él era el papá de la niña, que solo él hacía cosas conmigo. Me ponía a llorar cuando él me decía así y me ponía bien mal. Y corrían las enfermeras a ponerme medicamento. Yo solo dormida pasaba en ese hospital”.

#SalvemosAImelda, una campaña sin fronteras

El Salvador es uno de los pocos países donde aún se penaliza el aborto de manera absoluta. Sin embargo, en Centroamérica, una región invisibilizada a pesar de tanta muerte, dolor y desigualdad, son tres los países donde las mujeres tenemos la total prohibición del aborto: El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esta situación ha hecho que la justicia se ensañe con las mujeres, despojándolas de derechos fundamentales y generando criminalización. Cuando la justicia es patriarcal y misógina suceden historias como las de Imelda. Además de la violación sistemática, el Estado salvadoreño también le niega el acceso a la pronta y cumplida justicia, el derecho al debido proceso, a no enfrentar tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hasta ahora se han suspendido y cancelado las audiencias en repetidas ocasiones: seis veces las audiencia preliminar y una vez la audiencia de sentencia.

El 17 de diciembre de 2018 se ha reprogramado su audiencia. Y a nivel nacional, regional e internacional se escuchan diversas voces que exigen Libertad para Imelda. Plantones frente al juzgado, conciertos en solidaridad para decir “fuerza Imelda”, acciones en Embajadas, campañas en redes sociales con el hashtag #SalvemosAImelda, activistas, feministas y Defensoras de Derechos Humanos en el mundo estamos exigiendo a la Fiscalía General de la República de El Salvador que solicite el sobreseimiento definitivo para Imelda, dejando de lado los prejuicios y asumiendo una postura respetuosa de los Derechos Humanos. Exigimos justicia y libertad inmediata para Imelda porque vivas y libres nos queremos. Exigimos al Estado salvadoreño que deje de perseguir, que deje de encarcelar y que deje de matarnos.  

Imelda es sobreviviente de violencia sexual sistemática, ¿hasta cuando el Estado salvadoreño seguirá exigiendo conductas heroicas a las mujeres? El sistema judicial persigue y encarcela a una joven que ha vivido tortura convirtiéndose en cómplice de las violencias, perpetuando los tratos crueles, inhumanos y degradantes sobre una sobreviviente de violencia sexual. Si el poder judicial es patriarcal y misógino, la justicia será feminista. Por eso, decimos a quienes se suman “salvemos a Imelda”, para juntas exigir su libertad.

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La Corte Suprema y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador conmutaron la pena a 30 años de prisión contra Teodora Vázquez, una de “Las 17”, quien estuvo 10 años y siete meses privada de su libertad por un delito que no cometió. Urge la reparación del Estado. 

Teodora es una mujer de 34 años, originaria de Ahuachapán, zona rural de El Salvador. Trabajadora en casas particulares, en 2007 viajó, como muchas, a la capital del país, San Salvador, en busca de mejores oportunidades para ella, su familia y su niño de 3 años. Trabajaba “cama adentro” en un liceo de la ciudad, cuando el 13 de julio de ese año tuvo una emergencia obstétrica, embarazada casi a término sintió un dolor, llamó al 911 y desde ese momento jamás volvió a estar libre.

“Marqué como cinco veces esperando la ambulancia, fui al baño, algo se desprendió dentro de mi. Me desmayé y luego, cuando salí a buscar ayuda vinieron los policías, me dijeron que me iban a capturar  y lo hicieron”, declaró Teodora el 13 de diciembre pasado en la audiencia extraordinaria que se realizó para la revisión de su condena, a 30 años de prisión por “homicidio agravado”.

“Me llevaron a una bartolina, pero como me estaba desangrando, me llevaron a una maternidad. Me dieron el alta y al otro día me llevaron de vuelta detenida”, declaró Teodora haciendo evidente un sistema penal inhumano y degradante que se ensaña particularmente con las mujeres jóvenes y pobres de las zonas rurales de El Salvador, situación de revictimización y violencia institucional que movilizó a las agrupaciones feministas y al movimiento internacional de Derechos Humanos.

La conmutación, producto de la lucha sin fronteras   

Según un comunicado de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la libertad de Teodora se da porque “existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación”; expresión a la que llegaron las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador tras examinar la sentencia de mérito, el dictamen criminológico y las razones expuestas por quienes solicitaron la conmutación de la pena. Además llegaron a la conclusión de que la prueba científica no permite determinar ninguna acción voluntaria que condujera a la muerte gestante.

Hace años que el movimiento feminista exige la liberación de Teodora, pedido que ya había sido rechazado en al menos dos oportunidades: por la misma Corte Suprema en 2014 y por el mismo Tribunal que la condenó, en 2017, tras una audiencia extraordinaria de revisión en la que se ratificó la condena y que había sido aprobada tras dar lugar a nuevos elementos probatorios de su inocencia.

“Se que mi esfuerzo ha valido la pena”, fueron las primeras palabras en libertad de la joven. Desde la organización feminista afirman que la conmutación de la pena a Teodora “es importante pero no suficiente”, porque, si bien le permite a la mujer retornar con su familia, su máximo anhelo, “no reconoce su inocencia”. Además no hay resarcimiento o reparación alguna por los 10 años y siete meses que pasó privada de su libertad padeciendo los tratos carcelarios.

Tras la liberación de Teodora es el turno de que El Salvador de un paso adelante en el reconocimiento a los derechos de las mujeres y deje de ser uno de los pocos países del mundo que penalizan el aborto en todas sus formas. Ahora, ¡vamos por la liberación de todas y por las 4 causales rumbo al aborto legal por libre decisión!

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Faltan pocos días para que esta mujer salvadoreña cumpla 10 años de estar presa por fallas del sistema judicial. Hoy hubo audiencia de revisión de su condena pero se suspendió por hasta el 13 de diciembre. Cuando quienes tienen que reparar, revictimizan a las más débiles.

Inició, en el juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador, la audiencia de revisión de la sentencia contra Teodora Vázquez, una mujer salvadoreña, pobre, madre de un niño de 13 años, acusada, como muchas, de un delito que no cometió: se le acusa de homicidio agravado en contra de su hija recién nacida.

Esa versión es la más conocida por los medios tradicionales. Sin embargo, Teodora manifiesta que tuvo una complicación obstétrica que derivó en un parto espontáneo y el posterior nacimiento sin vida del bebé que esperaba. Este escenario ocurrió mientras se encontraba en su lugar de trabajo, desde ahí llamó al 911 para pedir ayuda, al no tener respuesta sufrió una hemorragia. Desde el colegio donde trabajaba, llamaron a la policía, que en este caso sí acudió, pero procedió a la detención de Teodora quien se encontraba en estado de inconsciencia.

Una tortura que inició en 2008: condenada a 30 años de cárcel

Faltan pocos días para que esta mujer salvadoreña cumpla 10 años de estar presa por fallas del sistema judicial, sistema que no sólo es responsable de la privación de libertad de Teodora, de los daños psicológicos a los que se ha visto sometida sino también de la separación irreparable de Teodora con su niño de 13 años y su madre y padre quienes hoy se acercaron a la sede judicial.

La audiencia estaba señalada para iniciar a las 11 am, según relató su abogado, Víctor Mata, con la presencia de todas las partes involucradas. Sin embargo, fue suspendida y reprogramada para el 13 de diciembre a solicitud de la fiscalía, que alegó no estar preparados para realizarla ya que la fiscal asignada no conocía del caso.

Mata indicó que en el proceso hubieron errores graves, y por eso se ha luchado y logrado llegar a esta instancia que es la de revisar la sentencia. Sin embargo, afirmó que el accionar de la fiscalía es una “irresponsabilidad total” porque “ellos sabían desde el mes de agosto que se había aceptado la revisión del caso”. “Eso es no tomar en consideración los intereses de Teodora (…), piden tiempo cuando ellos son la parte más fuerte, esto es un re victimización de la parte más débil, este era un día de justicia y se lo quitan alegando no estar preparados, realmente el tribunal aún no ha comprendido qué es la justicia”, señaló el abogado de la joven.

Durante las casi 2 horas que duró la audiencia, en las afueras del centro judicial Isidro Menéndez de San Salvador, un centenar de mujeres se concentraron elevando gritos y cantos, consignas como “Teodora escucha, por ti es esta lucha” y “Teodora no estás sola, están las defensoras” se escucharon durante toda la jornada. Al recibir la noticia de la reprogramación de la audiencia se denunció el negligente actuar del sistema judicial. Los jueces a cargo de revisar la condena y dictar el sobreseimiento o la reducción de condena de Teodora son: José Luis Giammattei Castellanos, Alejandro Guevara Fuentes y María Pilar Abrego de Archila.

De acuerdo a datos de Amnistía Internacional, más de 100 mil personas de 65 países pidieron por la libertad de Teodora. Defensoras de Derecho Humanos presentes en la jornada aseguraron que la lucha continua, que el próximo 13 de diciembre se volverá a salir a las calles para exigir al sistema judicial que funcione, que actué conforme a derecho y que repare, en nombre del Estado salvadoreño, el daño causado a Teodora, otorgándole su inmediata libertad.

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