El viernes, en la residencia presidencial de Olivos, Carrefour y el sindicato de Comercio firmaron un “Acuerdo colectivo de crisis”. Este habilita a la empresa francesa a 1.000 retiros voluntarios, baja de salarios, rebaja del 50% de las cargas sociales y cierre de sucursales con solo avisar al Ministerio y el gremio 30 días antes. La multinacional estará formalmente en crisis hasta marzo de 2021, lo que le permitirá abaratar los despidos.

Este sábado en muchos hipermercados (San Lorenzo, Warnes y otros), así como en varias sucursales de distintos barrios, hubo asambleas y paros. El rechazo al acuerdo, que implica no solo la pérdida de puestos de trabajo hoy sino una espada de Damocles por tres años, era mayoritario.

Ramón Muerza y Mario Amado, quienes tienen la intención de disputarle el sindicato que dirige hace 35 años Armando Cavalieri, participaron personalmente de las medidas. Cabe recordar que Comercio es uno de los sindicatos que aceptó el techo paritario impuesto por el gobierno nacional del 15% y que en febrero fue uno de los diez gremios que “en concepto de capacitación” se repartieron 1.000 millones de pesos.

Mario Amado aseguró que “este acuerdo es nefasto para nosotros. Cavalieri no nos representa. Nos deja tres años a merced de una empresa que nos mintió”. Además denunció que “esta crisis la generó la empresa hasta con actos de corrupción dentro de la misma empresa. En los últimos 12 años hubo sobreprecio para el mantenimiento”.

La medida fue levantada luego de que directivos de Carrefour aceptaron recibir a integrantes de la Secretaría de Organización en un hotel del centro porteño y se confirmó una reunión en el Ministerio de Trabajo para este lunes a las 16:00. Allí serán recibidos también los delegados que se oponen al acuerdo.

Esta primera reacción también tiene eco en otras grandes cadenas. Es que el temor que empezó a correr ayer, una vez que viera la luz lo pactado por Cavalieri, Carrefour y Jorge Triaca, es que Cencosud, Wallmart, Coto y Día % sigan el mismo camino y busquen un trato similar por parte del Ministerio de Trabajo. Eso generalizaría los despidos y la reducción de salarios en toda la actividad.

Por su parte, con un comunicado emitido ayer, el Sindicato de Choferes de Camiones comunicó que, en la sede de La Federación de Choferes de Camiones de Argentina, se reunieron Hugo Moyano, Pablo Moyano, Marcelo Aparicio y Oscar Borda, con Rami Baitieh, CEO de Carrefour. El representante de la compañía se comprometió ante los directivos de Camioneros a respetar la planta de personal correspondiente al convenio 40/89 de este sindicato que agrupa a 1.700 trabajadores de un total de 19.000, asegurando que no habrá despidos.

Los puntos principales de este acuerdo -que tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2021- y en el cual las partes se comprometen a mantener la “paz social” incluyen:

–1.000 retiros voluntarios: hasta el 150% de indemnización y con “beneficios” en cuanto a seguro médico para embarazadas y matrimonios y “gratificación” a quienes estén en condiciones de jubilarse. Se establece un adicional de cobertura médica de 18 meses para las trabajadoras embarazadas que renuncien, de 12 meses para las parejas que trabajen en la empresa y decidan irse y una moratoria de hasta dos años para los que se encuentren a dos años de jubilarse.

Hasta octubre de 2019 la empresa se compromete a no despedir personal. Desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2021, Carrefour podría despedir trabajadores pagándoles por debajo de la indemnización que corresponde, gracias a la vigencia del proceso preventivo de crisis.

–cierre de sucursales: con 30 días de preaviso al sindicato y al Ministerio de Trabajo y reubicación de quienes quisieran mantener la relación laboral buscando un “equilibrio sustentable en la dotación de cada sucursal”.

–baja de salarios: aplicación de las negociaciones salariales sólo al básico del convenio, dejando por fuera los adicionales, lo que reduce los haberes por lo menos por los próximos 3 años. El acuerdo contempla que las actuales paritarias del sector se apliquen sólo a la categoría básica de convenio, mientras que la suba en los adicionales tendrá un tope de 3.480 pesos. Pero, además, desde 2019 hasta 2021 las subas salariales se aplicarán sólo sobre el básico de convenio, lo cual excluye de las paritarias una parte del actual sueldo de bolsillo de los trabajadores de Carrefour.

 –rebaja de aportes patronales: exclusión del pago del 50% de las contribuciones previsionales patronales sobre la totalidad de la plantilla de empleados. “Se acuerda por un plazo de 18 meses (…) la exclusión del 50 % de las contribuciones previsionales patronales sobre el total de las remuneraciones de todo el personal integrante de la nómina de la empresa”.

–cláusula de paz social: “las partes se comprometen a mantener la paz social en el seno de la empresa (…) ante cualquier situación de conflicto que pudiera avecinarse”, reza el punto Quinto del acuerdo.

El abogado y ex diputado Héctor Recalde calificó de “ilegal e inconstitucional” ya que viola derechos adquiridos de los trabajadores, como la remuneración y las condiciones de trabajo, y extiende su plazo de acción a 30 meses”.

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El Ministerio de Modernización y el de Economía elaboraron y comenzaron a difundir el Proyecto de ley con el que el Ejecutivo pretende seguir ahorrando a costa de los trabajadores y las trabajadoras estatales. En CABA, los docentes anunciaron paro de 24 horas, de igual forma los Bancarios. 

Luego de los despidos masivos en INTI, Hospital Posadas, Fabricaciones Militares, en la mina de Río Turbio y en los Ministerios de Defensa y Hacienda; y del cierre de sectores como la Lotería Nacional, entre otros, que amenazan extenderse y continuar durante los próximos meses, el Ministerio de Modernización y el de Economía elaboraron y comenzaron a difundir el Proyecto de ley con el que el Ejecutivo pretende seguir ahorrando a costa de los trabajadores y las trabajadoras estatales.

El borrador, que habría sido elevado al presidente Mauricio Macri para que lo firme como Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto 2018, contempla que:

• Para aquel empleado de 65 años o más “que no cuente con los años de servicio necesarios para obtener su jubilación ordinaria”, existirá la posibilidad de recibir 24 cuotas mensuales iguales “no remunerativas” equivalentes a su salario neto.
• Para aquellos que tengan 60 años pero no alcancen la categoría anterior, la norma prevé que se les paguen hasta 36 cuotas mensuales no remunerativas equivalentes a su salario neto, siempre y cuando no se superen las 12 cuotas una vez cumplidos los 65 años.
• El tercer caso es el de los menores de 60 años, para quienes habrá un resarcimiento al momento de la desvinculación de hasta 6 cuotas en función de la antigüedad y luego entre 6 y 24 cuotas mensuales adicionales no remunerativas, pero del 70% de su salario neto.

De esta forma, Cambiemos buscará que con la presión de la posibilidad latente y constante de perder la fuente laboral, miles de trabajadores y trabajadoras preocupados por su futuro, se acojan a la nueva norma.

La Junta Interna de ATE-INDEC hizo público su preocupación frente a la información que circuló sobre la disolución del organismo. En ese sentido emitió un comunicado donde subraya al sector en estado de alerta y movilización, llamando a la unidad para “construir una gran asamblea general para discutir el tema”. El comunicado también revalorizó posturas que son históricas de esta Junta Interna como “mantener el INDEC ajeno a todo tipo de presiones o injerencias políticas”.

ATE denunció despidos “a mansalva” en la Municipalidad de La Plata. Al finalizar el mes de marzo, nuevamente se han comenzado a producir notificaciones de despidos, indiscriminadas, arbitrarias y en cantidades tales que llegan al 20 % en algunas Direcciones.

Un plenario regional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar a un paro el próximo 5 de abril en todo el sur argentino para exigir la reincorporación de los 500 despedidos, estabilidad laboral y la puesta en marcha del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

Docentes

Las clases comenzaron hace cuatro semanas, pero el conflicto por los salarios docentes continúa. Solo hubo acuerdo con los gremios en Formosa (20%), Santiago del Estero (20%), Corrientes (17%), San Juan (17%), Tucumán (17%) y Misiones (15,5%) por encima de la barrera del 15% que pretende imponer el gobierno nacional. En cinco casos las negociaciones fueron del 15% o por debajo: Córdoba (15%), Salta (15%), Río Negro (15%), La Pampa (10%) y Jujuy (5%) donde las negociaciones se retomarán en junio y octubre. Lo hicieron por decreto San Luis (21%), Mendoza (15,7%) y Santa Fe (18%). Córdoba, San Juan, San Luis y Santa Fe incluyen “cláusula gatillo”.

En Capital, el gobierno otorgará el 15% en 3 tramos lo que fue rechazado por los gremios mayoritarios UTE y Ademys. Al respecto, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), adelantó que realizarán un paro por 24 horas esta semana “contra el techo a los salarios”.

En La Rioja el gobierno otorgó un 10,5% de incremento, pero la negociación sigue abierta. También se sigue negociando en la Provincia de Buenos Aires donde el miércoles vuelven a reunirse en La Plata (si no hay acuerdo convocaron un paro para el 5 de abril con movilización a La Plata junto con el resto de los gremios estatales), en Catamarca donde el gobierno ofreció 16,5%, Chaco (6%), Chubut (15%) y Entre Ríos (15%). No hubo negociaciones en Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Bancarios

La totalidad de las Comisiones Gremiales Internas del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) anunciaron un paro general de dos días para el martes 3 y miércoles 4, en rechazo de lo que consideran un “vaciamiento” de la entidad y en demanda de “salarios justos”, de acuerdo con una declaración sindical.

Asimismo, la conducción nacional de la Asociación Bancaria decidió paralizar las tareas en todo el país el viernes 6 de abril y convocar a otra huelga general de 48 horas para la semana siguiente “si no se alcanza un acuerdo paritario definitivo” luego del fin de semana largo de Pascuas, informaron los secretarios generales Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe.

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La Cámara del Trabajo habia fallado en contra de otorgar la personería gremial a la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) y en favor de Roberto Fernández, sindicalista amigo del gobierno,  Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El titular de los “metrodelegados”, Roberto Pianelli, dijo que el fallo de la Corte que confirmó la nulidad de la personería gremial de su organización, “es escandaloso; es un fallo claramente político y contra la libertad sindical”.

Agregó que “viola la libertad sindical, la entierra, no es una casualidad; fue sacado por la mayoría de la Corte un día después que paramos en defensa de la salud de nuestros compañeros”, en referencia a la denuncia sobre la existencia de amianto (o asbesto) en uno de los modelos de tren, lo que fue desmentido por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).
Sostuvo que “una justicia adicta al gobierno saca resoluciones de este tipo” y señaló que se beneficia a la UTA, que “no se quiso presentar a cotejar con nosotros, boicoteó el expediente y lo sigue boicoteando y le dan de por vida la garantía de que no le van a tocar la personería”.
Además recordó que la UTA firmó “una paritaria como la que quería el gobierno; es el único gremio del gobierno que se sienta junto al Ministro a anunciar los aumentos de tarifas que van a golpear a sus trabajadores y a los de otras actividades”. Pianelli aseguró que a pesar del fallo adverso van a seguir “haciendo lo que hicimos siempre: estamos comprometidos con nuestros compañeros, con la defensa de los intereses de los usuarios para tener el mejor transporte, el más seguro de todos, y tenemos derechos para hacerlo”, concluyó.

Recordemos que la Cámara del Trabajo falló en contra de otorgar la personería gremial a la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). El trámite de personería gremial es una instancia que prevé constatar qué sindicato tiene mayor afiliación, para eso se citó a la AGTSyP y a la UTA. Este último no se presentó. Sin embargo para la Cámara no mereció sanción alguna. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia resolvió no tratar el recurso extraordinario que presentó la AGTSyP contra la sentencia de la Cámara del Trabajo.

En un comunicado, la AGTSyP señala que agotada la instancia judicial, llevará su reclamo ante la CIDH y la OIT. No obstante aclara que sigue siendo el sindicato más representativo de los trabajadores del Subte y Premetro, con la mayor afiliación y que conforme a las normas constitucionales y la doctrina de la OIT, reconocida por la Corte Suprema, tiene los derechos de representar los intereses colectivos de los trabajadores subterráneos.

Un fallo que beneficia a la UTA

Roberto Fernández desde 1984 no agarra el volante de un colectivo. Desde entonces ha ocupado distintos cargos en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), hasta convertirse en septiembre de 2006 en secretario general del gremio. Cansados de los pactos de Fernández con Roggio, el millonario dueño de Metrovías, y los gobiernos de turno, en 2008 los trabajadores del subte realizaron un plebiscito que determinó que la inmensa mayoría quería un nuevo sindicato. Primero tuvieron la inscripción simple, y en 2015 lograron la personería.

Fernández redoblaría entonces su intento de robarle a la AGTSyP la representatividad que le habían dado sus compañeros. Para eso, además del lobby ante el Ministerio de Trabajo y la Corte Suprema, la UTA no paró de hacerle favores al gobierno y los empresarios.

En 2013, dos días antes del traspaso del subte de la Nación al intendente Macri, la UTA firmó con Metrovías un acuerdo para la “adecuación de las condiciones laborales necesarias para mejorar el servicio” incluyendo una cláusula de paz social y numerosas medidas “a fin de aumentar eficiencia y productividad”. Era una devolución de favores a Macri, que había adelantado un mes antes que sólo reconocería a la UTA como el gremio con injerencia en el Subte: “los metrodelegados se arrogan una representatividad que no les corresponde”, afirmó.

Roberto Fernández nunca se olvida de sus amigos. Como cuando ofreció aquella postal inédita en la historia argentina: un sindicalista anunciando un tarifazo en el transporte. Fue el 31 de marzo de 2016, cuando participó del anuncio del aumento de tarifas junto al Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El 18 de diciembre de 2017, se conoció el comunicado que señalaba que “la Unión Tranviaria Automotor no adhiere al paro del 19 de diciembre”, cuando miles manifestaban en las calles contra la reforma previsional. Por último, fue la firma de la paritaria del gremio por el 15%, en tres cuotas y sin cláusula gatillo, como propone el gobierno. Un día después llegaría el fallo de la Suprema Corte.

El paro del 13

El pasado 13 de marzo, los trabajadores del subte anunciaron un paro en todas las líneas desde las 20:00 y hasta el fin del servicio, en reclamo de medidas de seguridad ante la presencia de material cancerígeno en las formaciones usadas de la Línea B, que fueron compradas a España.

“El plenario de delegados de AGTSyP del Subte resolvió un paro desde las 20 hasta el cierre exigiendo que se elimine toda pieza con asbesto de las formaciones que lo contienen. Se trata de un material prohibido, cancerígeno, detectado en el metro de España, en los mismos trenes que el gobierno de Macri compró allí como material de rezago”, informaron los metrodelegados.

Los trabajadores del subte pidieron que “todo el material rodante sospechado” sea revisado y reformado para eliminar el asbesto antes de ponerlo nuevamente en circulación. También reclamaron la implementación de protocolos de seguridad eléctrica, cuyo incumplimiento costó la vida de cinco trabajadores. “No se puede confiar en una patronal que adolece de negligencia criminal sistemática en materia de la seguridad de trabajadores y usuarios”, opinaron.

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En el día internacional de la Mujer Trabajadora, un repaso por los datos que grafican la desigualdad que se vive, también, en el mundo laboral. Como afecta la desocupación y la brecha salarial a las trabajadoras. 

Del total de la población relevada por la EPH en el 3° trimestre de 2015, más de la mitad (51,5%) eran mujeres. Sin embargo, a fines de 2015 el 43,6% de las mujeres encuestadas decía estar empleada, en el 3° trimestre de 2 016 ese porcentaje disminuyó al 42,9%. En el caso de las mujeres hasta 29 años, la tasa de empleo caía hasta el 31,3%, es decir que sólo 1 de cada 3 mujeres menores de 30 años tenía empleo.

En términos de desocupación, mientras en el 3° trimestre de 2016 la tasa promedio era de 8,5%, para el caso de las mujeres dicho valor aumentaba a 9,2% y al 20,8% para aquellas menores de 30 años. En comparación con 2015, todos los valores han empeorado, ya que en ese momento la tasa de desocupación femenina en general era del 6,9% (2,3% menos) y, en el caso de las menores de 30 años, era del 14%, es decir, 6,8% menos.

Mientras en 2015 las mujeres percibían un 25% menos de salario que los hombres por igual tarea desempeñada, en 2016 dicha brecha se amplió hasta un 33%, según indica un relevamiento realizado por la consultora de Recursos Humanos Mercer. Esto representa un deterioro del 8% en la relación salarial del hombre y la mujer, en tan sólo un año.

Los valores que se brindan aquí reflejan las consecuencias de las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional desde diciembre de 2015 a la fecha que afectaron a la clase trabajadora en su totalidad. Partiendo de una devaluación que alcanzó un pico del 62% en marzo y que ha disparado un proceso inflacionario que sólo en 2016 alcanzó un 36,25%, pasando por la política de despidos y cesantías en el ámbito público y privado que ya se cargó con más de 250.000 puestos de trabajo, hasta los aumentos de tarifas aprobados en estos últimos tiempos que destruyen los salarios -ya insuficientes, de antemano-; son todas políticas que favorecen la concentración económica y repercuten negativamente en la clase trabajadora.

La violencia doméstica también aumenta cuando la plata no alcanza y los hombres descargan sobre los cuerpos de las mujeres las frustraciones e impotencias que la crisis del sistema capitalista genera.

Así también repercuten con más fuerza la desocupación, los despidos y la flexibilización laboral ya que uno de los factores que influyen en la violencia doméstica es la imposibilidad de muchas mujeres de ser independientes en materia económica. Entonces, la reducción del acceso al trabajo -o la pérdida del trabajo- favorecen el establecimiento de relaciones de dependencia de la mujer hacia el hombre, con todas las limitaciones para ellas que esto significa en términos materiales como simbólicos.

No debemos olvidarnos de la ya existente disyuntiva con la que cargan las mujeres entre acceder a un trabajo -o desarrollar una carrera- y la decisión de ser madres. Las insuficientes licencias por maternidad y su inequitativo otorgamiento sólo a las mujeres, la falta de jardines y guarderías en los espacios de trabajo, entre otras razones, son elementos que profundizan el acceso desigual de las mujeres al mercado laboral.

Pero como bien sabemos, no es solamente la decisión de ser o no ser madre la que dificulta la inserción de las mujeres en el mercado laboral, ya que en muchos casos basta con el solo hecho de ser mujer para no ser contratada. Claro está que esto también tiene que ver con la ideología capitalista y patriarcal, según la cual contratar a una mujer significa mayor riesgo, porque no solamente debe someterse a la explotación en el mercado laboral capitalista como los hombres, sino carga, en la mayoría de los casos, con el trabajo no-remunerado e invisibilizado en el ámbito doméstico, asegurando así la reproducción social y el buen funcionamiento del sistema capitalista. Ahora bien, esa doble carga genera que las mujeres, ante cualquier inconveniente en casa, la enfermedad de un/a hijo/a por ejemplo, no puedan ir a trabajar.

Por último, la gestión del Estado que lleva adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri, donde los recursos se orientan no en favor de los derechos de la clase trabajadora sino para garantizar mayores niveles de acumulación a los sectores económicos concentrados, también perjudica con doble fuerza a las mujeres.

La falta de recursos disponibles para implementar eficazmente la Ley N° 26.485 “De Protección Integral de la Mujer”, o para llevar adelante políticas de educación sexual o de inclusión laboral, son pruebas de ello.

Por esto, el paro internacional de mujeres y la movilización de hoy, 8 de Marzo, son imprescindibles para llamar la atención sobre las desigualdades que siguen reproduciendo la opresión de la mujer en el sistema patriarcal y su explotación en el sistema capitalista.

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Miles de trabajadores y trabajadoras se movilizaron en distintos puntos para frenar los despidos, por las negociaciones paritarias y por aumentos salariales. En la movilización del próximo miércoles habrá una columna que exigirá un paro nacional y un plan de lucha unificado a las centrales y sindicatos que dicen oponerse al ajuste.

Para los trabajadores y trabajadoras organizadas el jueves la jornada comenzó temprano con concentraciones en los diferentes puntos del área Metropolitana donde hay despidos: Hospital Posadas, INTI, Jefatura de Gabinete. Hacia el mediodía, por los distintos accesos a Capital Federal fueron arribando columnas organizadas: Acceso Oeste, Sur y Norte. Fue al mediodía que miles confluyeron en la intersección de 9 de Julio y Avenida de Mayo. Hacia las 14 horas comenzaba el acto central de la jornada en Plaza de Mayo.

Abrió el acto la madre de todos los luchadores y luchadoras, Nora Cortiñas: “Pedimos la reincorporación inmediata de todos y todas las despedidas y despedidos porque todos y todas son imprescindibles. No sobra nadie, en ningún puesto, todos y todas somos imprescindibles. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, hasta la victoria siempre, ¡venceremos!”.

Hugo “Cachorro” Godoy tomó el micrófono e informó que durante toda la jornada hubo paro y movilizaciones desde Jujuy a Tierra del Fuego. Como parte de la Federación Azucarera Regional, Rafael Vargas dijo: “Venimos de Salta y Jujuy representando a la Federación Azucarera Regional (FAR) que ante este avasallamiento ha preparado una caravana para el lunes 19, transitando más de 200 kilómetros visibilizando nuestros conflictos”.

Al coreo de “En INTI no sobra nadie, en INTI no sobra nadie”, tomó la palabra el delegado General de ese organismo, Francisco “Pancho” Dollman, que afirmó que en ningún sector del Estado sobra gente. “Van 21 días de acampe y permanencia, 21 días de construir un camino que tiene que ver con el compañerismo, la lucha y el compromiso”, añadió a la vez que dijo que entre los despedidos hay 40 delegados.

Sobre el conflicto en el Hospital Posadas, que enfrenta 122 despidos, habló Mirta Jaime de CICOP: “El Hospital Posadas no se vende, se defiende, y al gobierno de Macri le decimos que no estamos dispuestos a seguir con este plan de ajuste porque estamos dispuestos a defender el trabajo y una salud universal, gratuita y de calidad para todos y todas”.

Recién llegado de Río Turbio, habló Cristian Rodillo: “El carbón se transforma en energía para darle electricidad a 4 provincias, pero este Gobierno cree que eso es inviable. Le decimos basta a la política del Gobierno Macri. Tenemos que estar organizados. No queremos a nuestros dirigentes al frente, los queremos al lado. Con organización vamos a poder lograr que esta lucha salga adelante”.

Por su parte, Gustavo Montiveros, del SENASA pidió “la inmediata reincorporación de los compañeros y compañeras y también queremos denunciar y poner en alerta a la población sobre el achique de nuestro organismo y el peligro sanitario para todos los ciudadanos y ciudadanas que consumimos productos de origen cárnico y de origen vegetal, dado que están sacando los controles del Estado y se lo están dando a los entes privados encabezados por la Sociedad Rural Argentina”.

En representación de los SUTEBA combativos que movilizaron en toda la provincia, Romina Del Plá, dijo: “Traigo el saludo de la docencia a esta movilización de sindicatos, organizaciones de obreros ocupados y desocupados, movimientos sociales”, y sentenció: “Frente a los despidos y los cierres de fábricas nos planteamos la necesidad de la ocupación y de las huelgas”.

Por los trabajadores de prensa, habló el secretario General del SIPREBA, Fernando “Tato” Dondero: “Estamos orgullosos de ser parte de esta movilización porque es la marca de los conflictos y la lucha. Porque es la movilización de los trabajadores para cambiar el rumbo de ajuste de este gobierno” e informó que en prensa se perdieron en los últimos dos años más de 2.000 puestos de trabajo: “Cada vez menos voces y menos democracia para decir lo que pasa en el país”, remarcó al tiempo que denunció el achicamiento y vaciamiento de los medios públicos.

Fredy Mariño, de la Corriente Clasista y Combativa dijo que esta movilización es “ejemplo de unidad porque la patria está en peligro”. En representación de CTEP, hizo uso de la palabra el referente de La Dignidad, Rafael Klejzer, quien manifestó: “Quiero saludar este paro activo porque imagínense qué haría el sector más rezagado, que es el de la economía popular sin un Estado presente, o sin trabajadores comprometidos en la construcción de un Estado para todos”.

Jorge Adaro, Secretario General de Ademys, añadió: “Esta es una jornada ejemplar que va en el curso de avanzar en nuestro repudio y lucha contra el ajuste del gobierno y los gobernadores. Los docentes ya estamos debatiendo qué vamos a hacer, y si no hay marcha atrás con el tope salarial del 15 %, habrá paro”, anunció.

Walter Córdoba habló en nombre de Barrios de Pie: “Es un orgullo estar acá reclamando la emergencia alimentaria para nuestros comedores escolares y comunitarios. Queremos un Estado presente que fortalezca nuestros derechos”, remarcó.

El acto cerró con las palabras del secretario General Adjunto de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro quien informó que en el marco de la Central, “hoy están parando los estatales pero también los compañeros de la actividad privada como los AAPM, que enfrentan a la industria farmacéutica, los docentes de Conadu Histórica y los médicos de Fesprosa”.

La jornada terminó con un abrazo a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, ejemplo de lucha, coherencia y resistencia.

Movimientos Populares 

Miles de trabajadores de la economía popular, de la Ciudad de Buenos Aires, se movilizaron en el marco de la Jornada Nacional  #SialTrabajo #Noalajuste. Participaron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) con el apoyo del movimiento obrero organizado de los distintos sectores.

El principal reclamo tiene que ver con la articulación del Estado para proveerse del trabajo y la producción de las diferentes cooperativas del sector. Se realizó un acto en el barrio porteño de Parque Patricios, donde se ubica la nueva sede del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de miles de trabajadores y trabajadoras.

Más de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la CTEP, la CCC y Barrios de Pie marcharon junto a otras organizaciones sociales y sindicales, a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en La Plata, en el marco de una jornada nacional de lucha hacia todas las gobernaciones del país. Le exigieron al gobierno de María Eugenia Vidal la emergencia Social y Alimentaria, y que un 25 % de los fondos para obras públicas sean destinados a cooperativas.

Además, estuvieron presentes Juan Carlos Schmid (CGT), Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancaria), Pablo Micheli (CTA), Roberto Baradel (SUTEBA), el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente Barrial 19/12, el Frente de Organizaciones Populares y el Frente Social 17 de octubre.

Los movimientos populares anunciaron que participarán de la jornada de lucha del 21 de febrero en la 9 de Julio y del paro y movilización nacional de mujeres del 8 de marzo.

Los luchadores votaron una columna independiente para el 21F

Dos mil trabajadores y trabajadoras se reunieron este sábado por la tarde en el Hospital Posadas.

El protagonismo lo tuvieron los conflictos en curso: los trabajadores del mismo Hospital Posadas, los mineros de Río Turbio, los trabajadores del Inti, Senasa, La Esperanza, UEP de La Plata, Ferrobaires, Diario Hoy de La Plata, Cresta Roja y Stockl, entre otros.

A la extensa lista hay que sumar al Hospital Garrahan, ATE Sur, Ministerio de Trabajo de la Nación, la Unión Ferroviaria de Haedo encabezada por Rubén “Pollo” Sobrero, las Listas Roja y Granate en la conducción del Sutna, Sindicato de Aceiteros, Comisión Interna de Mondelez-Victoria, trabajadores de Pepsico en lucha, entre muchos otros.

Uno de los objetivos de la coordinación es favorecer a los conflictos en lucha, mejorando las posibilidades de pelear. También hubo un capítulo especial para las docentes, que están en las puertas de un conflicto testigo por salario, igual que los bancarios. Por eso fue importante la participación de delegaciones de los SUTEBA combativos así como de representantes del SUTE (Mendoza), Ademys y AMSAFE.

Otro de los aspectos más importantes para avanzar en este camino fue la decisión, votada por unanimidad, de convocar a una jornada nacional de protesta el miércoles 28 de febrero. Ese día, quienes participaron del Encuentro deberán definir bajo qué modalidad son parte de una acción de lucha conjunta.

Las críticas hacia las conducciones sindicales burocráticas fueron un común denominador. Entonces, el miércoles 21 de febrero habrá una columna encabezada por los convocantes al Encuentro y otros sectores, que exigirá un paro nacional y un plan de lucha unificado a las centrales y sindicatos que dicen oponerse al ajuste.

Julián Morales, trabajador despedido de la UEP de La Plata planteó que “vamos a ir a la marcha del 21F pero con una columna independiente. No tenemos nada que ver con Moyano y no tenemos nada que ver con la burocracia sindical”, pero también fue crítico con el rol que venía jugando ATE Nacional y Provincial conducidos por “Cachorro” Godoy.

Luego de que pudieran intervenir todos los referentes que estaban en el Encuentro, se votaron a mano alzada las resoluciones. Para pelear por la reincorporación de los despedidos, contra los techos salariales y la precarización, contra la criminalización de la protesta y otros puntos, se definió:

– Organizar una columna independiente el 21F, con una bandera que plantee “Reincorporación de todos los despedidos, basta de ajuste. Paro General y Plan de lucha”. Además se pedirá que los que vienen enfrentando los despidos tengan una voz en el acto.

– Realizar una Jornada Nacional de Lucha el miércoles 28 de febrero, con acciones simultáneas en distintos puntos del país.

– Continuar con la coordinación, con una reunión el 6 de marzo que evalúe la jornada de lucha, nuevas actividades y la realización de un nuevo encuentro.

– El apoyo a la carpa que instalarán los mineros de Río Turbio en la Plaza Congreso.

– Apoyar a los docentes contra el techo salarial y a todos los gremios en lucha por el salario.

– Apoyar y promover el Paro Mundial de Mujeres del 8M. Exigir a las centrales y sindicatos que se pare efectivamente.

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El gobierno de Cambiemos avanza, no sin resistencias, con una serie de reformas que afectan negativamente las condiciones de vida de millones de personas. Las condiciones políticas, sociales y culturales en las que se juega el proyecto de gobierno macrista están siendo objeto de interesantes análisis por parte de muchas y muchos intelectuales y militantes. En buena hora.

El contenido del proyecto

En su capítulo 1, el proyecto de reforma laboral plantea una regularización del empleo en el sector privado. Exceptúa al ámbito rural, al de la construcción y a las empleadas de casas particulares, tres de los mayores bolsones de trabajo precario (e incluso esclavo) en nuestro país. Lo que en principio puede parecer beneficioso para los y las trabajadoras, esconde sin embargo una enorme condonación de deudas sobre la evasión tributaria a favor del sector empleador. La reforma perdona las deudas de las patronales y les otorga una suerte de amnistía sobre delitos como el fraude al fisco y aquellos otros que se desprenden de la precarización y el trabajo no formalizado.

El capítulo 2 trata la cuestión de las indemnizaciones. Sustituye la modalidad vigente según Ley 24.013, anulando el sistema de denuncia que los trabajadores poseen frente a la no registración o la registración incorrecta y reemplazandolo por un sistema de “infracciones” por la violación de normas de registración. Esta modificación coarta la posibilidad de acción judicial del trabajador/a hacia el empleador. Esto implica en los hechos una menor protección para la parte trabajadora y un abaratamiento de los costos por incumplimineto del empleador sobre las obligaciones de la seguridad social.

En el capítulo 3 se introduce un nuevo sujeto, no existente en la legislación laboral. Se trata de los llamados “trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados”, a quienes la reforma prescribe excluir de la Ley de Contratos de Trabajo (LCT). Actualmente dicha ley no se aplica al empleo público, trabajadores agrarios y personal de casas particulares, que tienen su legislación singular diferenciada. La reforma define a los trabajadores autónomos como “…aquellas personas que presten servicios especializados, realizando una actividad a título oneroso, de manera habitual, personal y directa, para una persona física o jurídica, de la que resulte económicamente hasta el OCHENTA POR CIENTO (80%) de sus ingresos anuales y/o no se superen las VEINTIDÓS (22) horas semanales de dedicación, quienes se regirán por una regulación estatutaria especial”. De la sola lectura de esta definición, se desprende la conclusión de que un trabajador/a cuyos ingresos dependen en un 80% de una persona física o jurídica, mantiene con esta una relación de dependencia. Excluirlo de la LCT es privarlo de la protección constitucional del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Bajo la figura introducida, está la intención de ampliar las posibilidades para los contratos por agencia, legalizando altos niveles de fraude laboral y exclusión de trabajadores/as de la protección legal y los convenios colectivos de trabajo.

El artículo 29 del proyecto de reforma laboral modifica la LCT en lo que respecta a la irrenunciabilidad de los derechos. Retorna, nada menos, que a la redacción original proveniente de la última dictadura cívico militar. Esta modificación plantea que las partes pueden alcanzar acuerdos individuales, cambiando o suprimiendo regresivamente derechos consagrados en los contratos colectivos de trabajo. Así, se legaliza la extorsión patronal a un trabajador o trabajadora en forma individual, para que renuncie a derechos adquiridos colectivamente.

El artículo 30 podría titularse como de “fomento a la tercerización laboral”, ya que anula la responsabilidad solidaria del empleador principal en el incumplimineto de las obligaciones laborales en relación a los servicios tercerizados de limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, servicios médicos de emergencia y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía e informática, que se realicen en un establecimiento. Excluye también a los servicios de transporte de personas, desde y hacia el establecimiento. Esta modificación implicaría la completa normalización del fraude laboral permanente que se vive mediante la tercerización de amplios sectores al interior de los establecimientos laborales. Para nada sorprende, si rastreamos la práctica que el propio Triaca Jr. ha tenido con el personales de limpieza del ministerio a su cargo.

En su artículo 31, la reforma apunta a modificar el artículo 66 de la LCT. Se trata de los alcances del llamado “Ius Variandi”, que es la facultad que tiene el empleador de cambiar aspectos -supuestamente menores- del contrato de trabajo. De implementarse esta reforma, un trabajador/a ya no dispondrá de la posibilidad de que al iniciar una demanda por el ejercicio abusivo del Ius Variandi de su empleador, ello implique la no innovación en las condiciones y modo de trabajo hasta que el proceso iniciado finalice su curso con una sentencia definitiva. También se elimina la posibilidad de que dicha acción se lleve adelante mediante proceso sumarísimo, lo cual en los hechos -y debido a que un trámite en la justicia laboral puede llevar años-, daría como resultado que el trabajador/a deba someterse “sin chistar” a la nuevas condiciones abusivas y, de no poder objetivamente hacerlo, renuncie al empleo, en lo que redundaría en un despido sin costos para su patrón.

El dulce que el gobierno ofrece para pasar el trago amargo de la reforma laboral es la ampliación del régimen de licencias establecido en la LCT. Resulta poco, si se tiene en cuenta la enorme confiscación de derechos que la reforma plantea.

El proyecto prevé 15 días corridos de licencia para los padres varones por el nacimiento de sus hijos/as. Este periodo sigue resultando corto si se evalúa con perspectiva de género, ya que refuerza la noción de que la crianza del bebé es mayormente tarea de la madre.

La licencia por fallecimiento de la persona unida en matrimonio, cambia por la denominación “persona conviviente”. Se amplía a 15 días la licencia por adopción de hijo y a 10 días corridos la licencia por unión civil (se equipara a la de matrimonio). Se otorgan 5 días al año para someterse a técnicas y procedimientos de reproducción médicamente asistida y se dan 30 días corridos sin goce de sueldo por año por razones particulares planificadas.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral para el cuidado de menores a cargo, el texto del artículo 35 es francamente regresivo con respecto al 198 de la LCT, ya que promueve que las horas no trabajadas (licenciadas) no serán remuneradas, es decir que el pago será proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Recae sobre el trabajador (¡y sobre todo sobre todo la trabajadora!) la responsabilidad del cuidado, que en realidad debe ser una co-responsabilidad en la que se impliquen el Estado y el empleador.

El esquema indemnizatorio de la reforma es lisa y llanamente la violación de las pocas protecciones existentes contra el despido arbitrario, ya que en el artículo 36 quedan afuera del cálculo indemnizatorio por despido el proporcional del aguinaldo, los bonos, compensaciones y reconocimientos. Esta definición contraría el Convenio 95 de la OIT y el artículo 103 de la LCT, que establecen con claridad que estas sumas forman parte del salario y son remunerativas. El resultado sería, otra vez, el abaratamiento de los costos por despido a favor del patrón. Esta intención se profundiza cuando leemos los artículos 39 al 51, que establecen la conformación de un Fondo de Cese Laboral Sectorial. Dicho fondo incluye a las cámaras empresariales y a las asociaciones sindicales, las cuales “comparten” los costos de los pagos indemnizatorios. Serán los propios trabajadores los que financien parte de los costos por los despidos sin causa y con preaviso… a ellos mismos.

Si la indemnización funciona como sanción (siempre relativa) para disuadir a los patrones del despido sin causa, la creación de este Fondo disminuye e incluso elimina dicho efecto. A su vez, este instituto abre la puerta a la estrategia patronal de despedir al personal con mayor antigüedad con un costo amortizado y contratar personal novel con menos derechos.

El texto del proyecto de reforma también prohíbe las sumas no remunerativas en el marco de las convenciones colectivas de trabajo, excepto que las mismas sean autorizadas por el Ministerio de Trabajo. En términos legales no modifica demasiado la legislación vigente, que establece que no se permite establecer sumas no remunerativas como parte del salario. El dato es que la reforma le da un creciente poder discrecional al Ministerio de Trabajo, con lo que ello significa en términos políticos, ya que en realidad las sumas no remunerativas no quedan prohibidas sino sujetas a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional.

El texto de reforma plantea la creación de un Sistema Nacional de Formación Laboral Continua, con la conformación de organismos específicos tripartitos (Estado, empresarios y trabajadores) y de un Documento de Identidad Ocupacional para el registro de los trayectos de capacitación. Esta modalidad impulsada por el gobierno pareciera apuntar a la creación de las famosas “cajas” (similares a las de las obras sociales), que brindan al Estado una de sus herramientas predilectas de negociación política con los sindicatos. A su vez, la estatalización de la capacitación podría disminuir la autonomía de las organizaciones de trabajadores en cuanto al perfil y contenidos de la capacitación laboral.

El título cuarto del proyecto de reforma retoma una discusión que tuvo cierto alcance público, sobre todo en el mundo educativo. Se trata de las prácticas laborales o formativas para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios. La letra habla de que los estudiantes deben realizar tareas exclusivamente formativas y no productivas, cuestión de muy dificil cumplimineto en un establecimineto -justamente- productivo. Cada Convenio Colectivo de Trabajo definirá el perfil de dichas prácticas, las cuales no pueden superar los 12 meses y las 30 horas semanales, aunque la reforma también deja abierta las posibilidad de esquemas distintos acordados entre las partes, que podrían conducir a extensas jornadas laborales apenas disimuladas con el nombre de “prácticas formativas”.

El gobierno aumenta sus potestades en cuanto al control de la relación educación-trabajo, disminuyendo la autonomía de las instituciones educativas en cuanto a la planificación y puesta en prácticas de los programas de formación. Los y las estudiantes quedan así al arbitrio de un sistema legalizado que tranquilamente pueda explotarlos para obtener ganancias.

El título 7 del proyecto de reforma establece un seguro de desempleo ampliado para trabajadores echados de empresas que se encuentren bajo la figura de transformación productiva (artículos 95 y 96 del proyecto). Se trata de establecimientos con “dificultades competitivas y/o productividad declinante que requieren mejorar sus procesos o tecnología, modificar y/o desarrollar nuevos productos, o redireccionar su actividad y/o integrarse a otras empresas con el objeto de potenciar su desempeño”. La amplitud del concepto de empresas en transformación productiva es sospechoso y abre la puerta a todo tipo de maniobras patronales, cuestiones que el empresariado ya nos tiene acostumbrados. El seguro de desempleo ampliado consta de pagos no remunerativos por un plazo de hasta 9 meses.

Una breve conclusión

Habiendo expresado y balanceado varias caracterizaciones políticas sobre el contexto general y la reforma laboral en particular y habiendo descrito su contenido de forma general, solo resta afirmar que la misma no apunta a lograr los “buenos” objetivos que su letra propone sino centralmente a legalizar un conjunto de prácticas (muchas de las cuales se vienen realizando desde hace años) en perjuicio de los y las trabajadores y a favor de los sectores patronales y empresariales, poniendo al Estado cada vez más del lado de estos últimos. Con respecto a la legislación vigente, esta reforma es llanamente regresiva. Sintetiza uno de las más altos anhelos de la fuerza de gobierno. La fuerza contraria es la de los y las trabajadoras en su enorme y compleja heterogeneidad y su potencia. La reforma laboral será (está siendo) un capítulo clave en el que se juega parte del futuro de los sectores populares.

Nota relacionada: La reforma laboral de Cambiemos: la intención de inclinar aún más la balanza (I)

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El gobierno de Cambiemos avanza, no sin resistencias, con una serie de reformas que afectan negativamente las condiciones de vida de millones de personas. Las condiciones políticas, sociales y culturales en las que se juega el proyecto de gobierno macrista están siendo objeto de interesantes análisis por parte de muchas y muchos intelectuales y militantes. En buena hora.

Como aporte a ese conjunto de análisis, este artículo busca sumar elementos en uno de los capítulos centrales de la disputa: el de la reforma laboral impulsada por Cambiemos.

Si bien el gobierno pretendía terminar 2017 con el asunto convertido en ley (junto a las reformas previsional y tributaria que logró “hacer pasar” por el Congreso con un costo bastante alto), aparentemente el proyecto será tratado a comienzos de este 2018.

Un anteproyecto de la reforma ya estuvo sobre la mesa en dos ámbitos fundamentales de negociación política, uno con gobernadores y otra con el triunvirato de la CGT. La “mitigación” que sostuvo haber logrado la cúpula de la central obrera, no dejó tranquilo a nadie, salvo al gobierno. La reforma laboral es uno de los motivos de la tremenda crisis política de la entidad gremial. Todos los días hay noticias sobre el crujir de la unidad de la CGT, la judicialización de sus dirigentes y la compleja relación con el gobierno nacional.

Entiendo que en términos de “pensar el macrismo” desde el espacio popular, los últimos dos años pueden representarse como un movimiento pendular que fue desde la subestimación inicial (“es un gobierno de Ceo´s que cree que el Estado es una empresa y no va a poder sostenerse”) a la sobreestimación luego de las elecciones de octubre 2017 (“es una maquinaria perfecta de manejo y capitalización de las subjetividades. Duran Barba, finalmente, es un genio.”). Actualmente ese péndulo no se encuentra en ninguno de los extremos, más bien viene saliendo del polo de la sobreestimación. Ello no es producto de la iluminación intelectual de nadie, sino del proceso de luchas reales que tuvieron su punto más alto en la resistencia a la reforma previsional del último diciembre. Allí se combinaron actores sociales y repertorios de protesta que, en cierta medida, condensan años de experiencias heterogéneas. Masividad organizada, auto defensa y cacerolazos fueron algunos de los modos que asumió la multitud, con la calle como territorio de disputa frente al brazo armado del gobierno, como bien plantó Ezequiel Adamovsky en un muy buen artículo publicado en la Revista Anfibia.

Producto de la acumulación de resistencias, hoy se empiezan no solo a afinar las caracterizaciones sobre el bloque dominante y sus estrategias de poder, sino también a instalar preguntas y proyecciones sobre cómo debe ser la disputa contra ese bloque. La interrogación por quién es el “nosotros” y cuál debe ser su amplitud y marco de alianzas, ocupa el centro de las preocupaciones. Se va configurando la conclusión de que el macrismo representa una forma de gobierno que combina elementos típicos y recurrentes en la historia de las clases dominantes argentinas, con otros de nuevo tipo. Esa particularidad del adversario, requiere de una necesaria creatividad para rivalizar, al menos en cuanto a permitirse un grado mayor de eclecticismo en los métodos. Aflojar algunos corsets que otrora brindaron contención, pero hoy no son sino un límite que bloquea potencias.

La reforma laboral será una de las próximas peleas de envergadura. Seguramente arroje resultados que no podemos anticipar totalmente. Algo del orden de los imprevisto permea la dinámica de la lucha de clases en los tiempos que corren en Argentina.

Gracias al muy buen trabajo de la Asociación de Abogados Laboralistas y de algunos periodistas especializados en el tema, es posible sistematizar los aspectos principales del proyecto de reforma laboral. El espíritu del mismo es, como anticipa el título de esta nota, inclinar más la balanza en favor de los sectores patronales y en contra de los trabajadores y trabajadoras. Esta reforma también robustece el rol del Estado como garante de los objetivos patronales, creando toda una serie de institutos y reparticiones encargadas de administrar y gestionar ese movimiento de la balanza que no estará exento de conflictividad.

Huelga decir que nuestro país sufre alrededor de un 40% de trabajo informal y que ello es un problema estructural que se arrastra, al menos, desde los años ’90. La precarización no ha sido combatida, en sus causas de fondo, por ningún gobierno. Al revés de lo que muchos podrían pensar, la reforma laboral no solo impactará en los trabajadores formales, sino que también expolia a los informales, pues el empeoramiento de las condiciones laborales de los primeros “derrama” (aquí si funciona!) en los segundos, que ven todavía más pauperizadas sus condiciones de vida.

Decir una cosa y hacer otra

El uso de eufemismos es parte constitutiva en la búsqueda de legitimar las acciones del gobierno. La reforma laboral no es la excepción. El proyecto que el Poder Ejecutivo elevará al Congreso plantea entre sus objetivos la regularización del empleo no registrado, la lucha contra la evasión laboral, la capacitación laboral continua y la transición entre el sistema educativo formal y el trabajo, fomentando el empleo juvenil y el entrenamiento laboral. Sin embargo, cuando leemos el articulado propuesto, vemos que las acciones que se plantean no van para nada en ese sentido.

De hecho, de implementarse, la reforma implicaría un retroceso en derechos y garantías de la parte trabajadora consagradas en la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas relevantes, como la Ley Nacional de Empleo. Esta crítica no implica de ningún modo dejar de reconocer las (inmensas) falencias de la legislación vigente. Pero hay que reconocer que nuestra legislación es más progresiva que la de casi todos los países del continente, ya que tiene como base el hecho de asumir que la parte empleadora tiene más poder que la parte trabajadora, razón por la cual ésta debe ser especialmente protegida.

La reforma que impulsa Cambiemos no solo transfiere derechos y recursos de la parte de trabajadora a la patronal, sino que estructuralmente tiene como mira dinamitar la base progresiva de la legislación laboral de nuestro país para ponerla en sintonía con otras como las de Chile, Colombia o México, donde los trabajadores y trabajadoras son objetivamente más débiles como actor social.

La reforma laboral del gobierno retoma varios aspectos que ya han estado en agenda desde que el macrismo gobierna la Ciudad de Buenos Aires, e incluso durante los primeros dos años de su administración nacional. Iremos encontrando esos temas en la sistematización posterior. En términos políticos, este compendio de asuntos varios en un proyecto de ley bajo la denominación de “reforma”, nos habla de una fuerza de gobierno que luego de un triunfo electoral bastante contundente, se siente fortalecida como para avanzar con asuntos que reflejan sus más hondas necesidades como representante del sector patronal. Aunque el ministro de trabajo Triaca Jr. (hoy envuelto en un escándalo que podría costarle el puesto) se haga el desentendido, el proyecto de reforma laboral de Cambiemos está bastante en sintonía con el que la derecha logró imponer en Brasil.

La “cantinela” de Cambiemos y el espíritu de la reforma

El leimotiv del gobierno es que las leyes laborales vigentes generan un ambiente negativo para el desarrollo del trabajo en Argentina. Este postulado de corte claramente neoliberal intenta justificarse con datos y estadísticas que demostrarían que los empleadores no registran a sus trabajadores porque le temen a la “mafia de los juicios laborales” y otros seres imaginarios. Para el gobierno se precariza por culpa de la inseguridad jurídica y la base de la inseguridad jurídica son, nada menos, las garantías y derechos avalados por una legislación que, como plantee antes, se basa en la asunción de un asunto tan evidente como la desigualdad de poder existente entre los trabajadores y los patrones.

El proyecto de reforma laboral avanza contra una serie de principios constitucionales y de los tratados internacionales a los que la Argentina suscribe: no respeta la irrenunciabilidad de los derechos, el principio protectorio y el principio de progresividad – no regresividad.

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A Armando Jaime

In memoriam

En el marco de la visita presidencial a la provincia de Jujuy el viernes pasado, el presidente Mauricio Macri llegó a la histórica ciudad de Humahuaca y fue recibido con abucheos de la población.

Previo a su llegada comunidades aborígenes se pronunciaron contra lo que fue uno de los mayores actos de negacionismo histórico por parte del primer mandatario en su gira por Europa donde había afirmado que todos los argentinos “éramos descendientes de europeos”. Un grupo de integrantes de organizaciones y comunidades originarias se lo hicieron saber bajo la consigna, “los omaguaca somos descendientes indígenas”.

La imagen de la visita de Macri a Humahuaca muestra una gran diferencia de aquel 2015 cuando el presidente cerró su campaña presidencial antes del ballotage o el festejo de carnaval en 2017, con un festival de promesas, música y algarabía con globos amarillos, papel picado y talco.

En el inicio de 2018 ante su llegada, un nutrido grupo de habitantes le hizo sentir a la comitiva presidencial que estaba acompañada por funcionarios provinciales, incluido el gobernador Gerardo Morales, su descontento con las políticas implementadas a lo largo de esta primera mitad de mandato donde vieron atacadas sus condiciones de vida y los más elementales derechos democráticos, en especial la persecución y hostigamiento con las fuerzas represivas sobre los pueblos originarios que envalentonaron a los terratenientes luego de la muerte de Santiago Maldonado y el joven mapuche Rafael Nahuel.

Las consultoras habían detectado la semana anterior una nueva caída en la imagen del gobierno. La causa es el achicamiento del bolsillo, explicó el encuestador Ricardo Rouvier. En tanto, para la Universidad de San Andrés, la votación de la rebaja de los haberes jubilatorios y el caso del ministro Jorge Triaca fueron la razón del tobogán en la imagen presidencial.

Según Rouvier, en enero se profundizó la tendencia que había comenzado en diciembre, cuando por primera vez la imagen negativa del Presidente superó la positiva. Según un relevamiento de 1.200 casos realizado entre el 13 y el 22 de enero, la imagen negativa (52,4%) superó a la positiva (44,6%). Por su parte, la Universidad de San Andrés relevó que la opinión positiva de Macri cayó 14 puntos en solo dos meses.

Movimientos sociales

El jueves 8 de febrero a las 17:00 se realizará una asamblea nacional en la sede central de la CTEP, Pedro Echagüe 1270-CABA, para definir los detalles de la movilización del 15 de este mes a las principales gobernaciones y municipios de todo el país.

Esteban Castro, secretario general de la CTEP, señaló: “Estamos obligados a seguir la lucha por la grave situación que están viviendo los trabajadores y trabajadoras de la economía popular debido a las medidas del gobierno que afectan sus fuentes de trabajo y la sustentabilidad de miles de familias”. El principal reclamo tiene que ver con la articulación del Estado para proveerse del trabajo y la producción de las diferentes cooperativas del sector.

En consonancia, el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado, Hugo “Cachorro” Godoy, adelantó que: “Vamos a trabajar en fortalecer esta unidad y en manifestarla en las calles. El martes vamos a presentar la propuesta de realizar un Paro Nacional de nuestras organizaciones el 15 de febrero, y reiterar que respaldamos todas las medidas de todas las organizaciones”.

Lo hizo en un masivo encuentro con los medios que se realizó al costado de la entrada a la sede central del INTI, en General Paz al 5400, en donde cada día, desde el viernes 26 de enero, los trabajadores despedidos y en funciones realizan asambleas abiertas para definir los pasos a seguir.

Varias columnas de organizaciones civiles y piqueteras marcharon en la mañana del martes pasado por las calles céntricas de San Juan en contra de la posibilidad de que el Gobierno de Mauricio Macri deje sin efecto en la provincia miles de planes sociales. El alerta se desató por las declaraciones de la jefa de la delegación local de la Gerencia de Empleo de la Nación, Viviana López, que el lunes dijo que están estudiando la alternativa de no renovar 12.000 ayudas, es decir, un 92 %. La ayuda es de 1.850 pesos por persona y, a cambio, deben ser capacitadas en distintos oficios para que tengan mayores chances de entrar al mercado laboral.

Estatales resisten los despidos

A pesar del vaciamiento, la censura y de impedir la producción de noticias durante el fin de semana, el sábado se transmitió por redes sociales una emisión especial del noticiero de la TV Pública en vivo desde la puerta del canal. Se trató de un esfuerzo conjunto de quienes trabajan en la TV Pública, cuyo propósito fue “informar, ofrecer un servicio y contribuir a que muchos puedan acceder a un derecho fundamental: a la información, a la diversidad de datos, puntos de vista, opiniones e imágenes que construyen la historia todos los días”, tal como advierte un comunicado del sitio trabajadoresdeprensacanal7.blogspot.com.ar

El 22 de enero María Eugenia Vidal firmó un decreto en el que anuncia el traspaso de Ferrobaires a Nación, que implicaría la puesta en marcha de más de 1.000 despidos de trabajadores ferroviarios y dejaría decenas de pueblos sin trenes afectando las economías regionales. Los despidos no tardaron en llegar y el pasado lunes, los trabajadores del sector juntaron firmas para exigir a la Unión Ferroviaria una asamblea para pelear por su reincorporación, pero debido al boicot de la burocracia, la asamblea no fue oficial. No obstante, decenas de trabajadores se acercaron al lugar junto a la agrupación Naranja Ferroviaria, la agrupación 21 de Julio y la Gris se juntaron en la puerta de la seccional y realizaron una reunión para discutir los pasos a seguir, “¡con o sin la burocracia de la Verde!”, dijeron antes de comenzar.

En la misma definieron realizar un acto en el hall de la estación Constitución hoy, miércoles 7 de febrero, a partir de las 14:30, para exigir la reincorporación de todos los compañeros, que no haya más despidos, por el pase de todos a Trenes Argentinos y por la reapertura de todos los ramales.

El gobierno realizó mediante un DNU una amplia modificación de la Ley de Ministerios, que incluyó entre otros puntos la liquidación de Lotería Nacional, por lo que los trabajadores alertaron sobre 200 despidos.

Una ola de despidos silenciosa se desató en el Ministerio de Producción que comanda Francisco Cabrera. Con la experiencia del INTI a cuestas, la cartera de “Pancho” decidió tomar otro camino para no estar en la agenda de los medios. Allí los funcionarios realizan un trabajo hormiga citando uno a uno a los despedidos y buscando mantener en silencio lo que ocurre.

Al día de hoy hubo unos 64 despidos en la Secretaría de Comercio, 25 en la Secretaría de Industria, 10 en el Call Center, 10 en el archivo físico (sector que van a eliminar), 3 en Mesa de Entradas y entre 5 y 10 en la Secretaria PyME y Emprendedores.

Otra particularidad de las cesantías en Producción es que la mayoría de los despedidos están agremiados a UPCN, gremio mayoritario en la cartera. Incluso hay delegados entre los despedidos.

Según relataron algunos de los afectados, cuando se acercaron para charlar lo ocurrido y buscar alternativas, desde el gremio les piden que acepten el despido y que esperen en silencio hasta marzo. Les prometen negociar reincorporaciones, pero a condición de que no protesten ni publiquen nada en las redes sociales.

Estas más de 100 cesantías se suman a las 250 del INTI, un instituto descentralizado dentro de la estructura de Producción que hace 8 días se encuentra ocupado por los trabajadores en reclamo de reincorporaciones.

El titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), Jorge Yabkowski, aseguró que la dirección del Hospital Posadas canceló una reunión que iba a mantener con representantes del gremio y responsabilizó al Gobierno nacional por la prolongación del conflicto en ese centro asistencial, originado por el despido de 122 trabajadores.

La Fesprosa adelantó que “los trabajadores seguirán con la lucha hasta lograr la reincorporación de los cesanteados, y no descartó “nuevas medidas de fuerza”, que “serán acompañadas por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP)”.

Este viernes, varios de los 35 trabajadores despedidos de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) dispusieron un corte del tránsito en horas de la mañana sobre la Ruta 20, en el sentido Carlos Paz-Córdoba.

El 1º de febrero, los trabajadores de la Secretaría de Integración Social y Urbana (organismo encargado de urbanizar la Villa 31 y 31 Bis) junto a los trabajadores del Canal de la Ciudad, salieron a difundir la situación de despidos que están atravesando mediante una intervención en el Obelisco.

La Dirección General de Fabricaciones Militares emitió el certificado de defunción de FanAzul en un documento que plantea como imposible mantener la continuidad de la planta, emitido luego de la reunión realizada en la sede de la Dirección General de Fabricaciones Militares el jueves.

El cierre de la planta de fabricación de explosivos deja a 220 personas sin trabajo, pero el acampe y la lucha van a seguir según afirmaron los trabajadores.

La Intervención de YCRT concluyó la primera ronda de diálogo individual con los cuatro gremios que representan a los trabajadores.

En la mañana del miércoles, mineros habían ingresado a la Mina 5, y el interventor Omar Zeidán, informó en un comunicado que por ese hecho quedaban suspendidas las negociaciones, que luego se reanudaron.

“Nosotros lo que llevamos a la reunión fue la reincorporación de los 500 despedidos, la estabilidad laboral y escuchar las adendas que pretende negociar la empresa. Aún no podemos asegurar nada. Sí, les aseguramos que estamos haciendo lo imposible por encontrar soluciones”, sostuvo el dirigente de APS, Oscar Sánchez.

Además, y en paralelo, la comunidad se movilizó con una caravana multitudinaria de más de 8 kilómetros, en respaldo de la reincorporación de los 500 mineros que por estas horas luchan por sostener sus puestos de trabajo.

La Mesa Nacional de ATE ANSES informó que el Gobierno Nacional activó una nueva ola de despidos en ese organismo. Al intentar ingresar a su lugar de trabajo, la seguridad privada de los edificios, lista en mano y pidiendo Documento de Identidad, intentó impedir el paso a quienes figuraban como despedidos que serían más de 100.

Tras cuatro semanas de reclamo, y ante el silencio del ministro Pablo Avelluto, los 60 bailarines afectados por el cierre del Ballet Nacional de Danza volvieron a hacer una exhibición artística frente al Ministerio de Cultura para repudiar el cierre de la compañía. La clase y ensayo abierto de la compañía se realizó en Callao y Avenida Alvear al mediodía y cientos de personas se acercaron para presenciarlos. “Estamos acá por la lucha contra los despidos y el desfinanciamiento del ballet nacional”, resaltaron los bailarines durante la convocatoria, al destacar que se trata del “único ballet nacional”.

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Una explosión en la planta de Cofco (ex Nidera) de Puerto San Martín que dejó al menos veinte heridos y un trabajador fallecido, ante un nuevo hecho de negligencia empresaria. También una nueva ola de despidos golpea a los y las trabajadoras del Estado.

Muerte obrera por negligencia empresaria

El miércoles 27 se produjo una explosión en la planta de Cofco (ex Nidera) de Puerto San Martín que dejó al menos veinte heridos y un trabajador fallecido, ante un nuevo hecho de negligencia empresaria, quienes priorizan su alta rentabilidad y no reinvierten para implementar las medidas necesarias para garantizar la salud y la integridad psicofísica de las personas que trabajan en sus plantas.

En segundo lugar, indican el fracaso de las medidas vigentes del Estado en todos sus niveles, en particular las tomadas en los dos últimos años, que han debilitado y liberado diversas instancias de control del sector, y lo han beneficiado con medidas económicas que incrementaron de forma exponencial sus ya extraordinarias ganancias.
La reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo volvió aún más perjudicial el sistema para el trabajador, dado que no previene el daño y dificulta al extremo el acceso al resarcimiento luego de sufrido el mismo. Ahora pretenden avanzar con una reforma laboral que sólo profundizará el deterioro de las condiciones de trabajo y la precarización mediante la tercerización y los contratos basura, aumentando la incidencia de estos “accidentes” laborales.
Pablo Reguera, del sindicato de aceiteros de San Lorenzo, afirmó que “la planta estaba parada desde hace seis meses cuando reventó un enfriador”.

En tanto, recordó que “los delegados y el comité varias veces pararon la fábrica ante la situación que vivían día a día”, y agregó: “Acá estuvo el ministerio de Trabajo y todos los integrantes de seguridad. Cada vez que vinieron dijeron que se podía trabajar y desgraciadamente se equivocaron”.

Sergio Díaz, del sindicato de aceiteros en Rosario, afirmó que el lugar donde ocurrió la explosión es un sector de limpieza con mucho polvillo. “Ante cualquier chispa es algo terriblemente inflamable”, dijo.

Además, se refirió a las condiciones de trabajo del personal: “Hay gente efectiva pero también esta empresa trabaja con terciarizados, que son quienes hacen la limpieza. Nosotros desde el sindicato lo venimos combatiendo porque vemos que trabajan en riesgo constante, por lo que es muy grave cuando se producen siniestros”. Además, al igual que todos los actores que hablaron tras la explosión dijo: “Hacía varios días que el cereal estaba en llamas y al estar cerrado explotó”.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina realizó una huelga nacional de 24 horas, desde las 22 horas del jueves hasta las 22 horas del viernes 29.

Paralelamente, trabajadores y trabajadoras del cordón industrial y la región protagonizaron un masiva movilización hacia San Lorenzo en solidaridad con los compañeros de Cofco y reclamando por la reincorporación de los 35 despedidos de la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”.

Despidos en el Estado

El pasado miércoles, en medio de una importante presencia policial, se realizó una medida convocada por los trabajadores del Ministerio de Defensa en Paseo Colón y Alsina, en reclamo por los setenta despidos que comenzaron a golpear distintas áreas del organismo.

El gremio de estatales ATE se encuentra en estado de asamblea y realiza un corte de la ruta 3 ante el inminente despido de 220 trabajadores de Fabricaciones Militares en Azul. En la planta hay 258 trabajadores, de los cuales solo 38 son permanentes. Lo que además de dejar a la mayoría en la calle haría inviable el desarrollo del trabajo con ese número de personal. Vale recordar que ya se realizaron despidos en las demás fábricas militares del país: En Río Tercero 29, en Villa María 30, 35 en Rosario y en la Sede Central de Capital Federal 16.

Luego de los 70 despidos y el desmantelamiento del sector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, los 180 despedidos de la TDA por “adecuación de los recursos humanos, económicos y materiales”, los 140 echados del Ministerio de Energía, el viernes se sumaron 40 más en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En total, en diciembre alrededor de 800 familias sufrieron la pérdida de sus trabajos, aseguró el titular de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy.

“Hemos dado la indicación expresa de que apenas se produzca un despido, hay que convocar a asambleas y que se definan medidas de fuerza. Y que el día 4 de enero coincidamos todos en una jornada de lucha y paro nacional con una movilización al Ministerio de los despidos, el mal llamado Ministerio de Modernización”, remarcó Godoy.

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La ciudad de Córdoba, bastión macrista, hace 7 días que está totalmente paralizada, sin escuelas ni comercios funcionando. Es por una huelga que iniciaron choferes y delegados de la UTA contra la paritaria nacional aprobada por el gremio hace una semana.

Rebelión en “La Docta”

Al mediodía del domingo el intendente Mestre realizó una conferencia de prensa en la cual anunció un Plan de Emergencia del Servicio de Transporte con unidades custodiadas por Gendarmería, Policía Federal y Policía de Córdoba. Sostuvo además que llamaría a una consulta popular para que el transporte se declare “servicio esencial”. Pasada la conferencia, se publicaron, vías redes sociales, videos y fotos de la llegada de Gendarmería, Policía provincial y Federal a las cabeceras de línea de los colectivos y el posterior traslado de las unidades a los predios de la Escuela de Aviación militar. “Usan los predios militares, ayer campos de concentración, como garaje de las patronales”, afirmó la legisladora provincial Laura Vilches del FIT.

Todo comenzó el viernes 2 de junio pasado, cuando la UTA nacional, a cargo de Roberto Fernández, de estrecha sintonía con el macrismo, cerró un acuerdo con el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para las paritarias nacionales de los choferes de corta distancia.

Los choferes cordobeses denuncian que para este año, solo les corresponde un aumento del 8%, sin retroactivo. Exigen que el pago del 21% escalonado que se acordó con el gobierno para el 2017-18 sea en un pago y sobre el sueldo bruto del convenio de Córdoba. Hay una diferencia de 11,5% ya que en años anteriores venían aplicando estos aumentos salariales sobre el salario bruto de Córdoba, no sobre el básico del convenio. Antes, esta diferencia era abonada por la Municipalidad local. Ahora Mestre decidió no pagarlo, aduciendo falta de fondos.

Por esta razón, el mismo viernes 2, luego de una serie de asambleas, los choferes se rebelaron y rechazaron de plano el acuerdo firmado por la UTA nacional. Primero solicitaron, ante el intendente Mestre, una mesa de diálogo que el mandatario nunca abrió. Tras cartón, proclamaron un paro por tiempo indeterminado, a partir del lunes 5, que ya lleva 7 días ininterrumpidos.

Crónica día por día

El lunes 5, durante el primer día de paro, el Ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba, Omar Sereno, abogado laboralista y peronista, asesor de sindicatos, que responde al gobernador Juan Schiaretti, intentó frenarlo, dictando una conciliación obligatoria por 15 días. La medida fue acatada y defendida por el interventor de la UTA, Arcando, bajo el argumento que si no la aceptaban, el paro sería decretado ilegal. Sin embargo, los choferes la rechazaron.

Al otro día, el martes 6, a primera hora, como lo anticipó el interventor de la UTA, el paro fue declarado ilegal y algunas unidades intentaron circular con custodia policial.

Las empresas Aucor, Coniferal y Ersa comenzaron a mandar intimaciones a los choferes para que abandonen el paro, bajo la amenaza de ser despedidos si no se reincorporaban. A estas intimidaciones se plegó el intendente de Cambiemos, quien les recomendó a los choferes que “cuiden sus fuentes de trabajo”. También, el interventor de la UTA, quien justificando futuros despidos anticipó: “hoy los empresarios están en todo su derecho de pedir que el Ministerio declare la ilegalidad de la medida”.

Aun así, ni las intimaciones del gobierno y empresarios, ni las amenazas del intendente, ni la defección del interventor, amilanaron a los choferes cordobeses, quienes decidieron continuar con la huelga, en rechazo de la paritaria nacional. Como respuesta, los empresarios de la FETAP comenzaron a mandar telegramas de despido, llegando a totalizar unos 80.

El miércoles, la ciudad de Córdoba amaneció con piquetes de los choferes, en las cabeceras de línea, que impidieron que los colectivos salgan a la calle. A la par, Mestre pretendió implementar un “Plan de contingencia” que consistía en que aquellos usuarios de colectivos afectados por el paro, puedan tomarse taxis y remises por un valor de 15 pesos en unas 16 rutas que llevan al centro de Córdoba. A cambio de eso, el municipio los eximiría de un arancel de unos 900 pesos.

El “Plan de Contingencia” de Mestre nunca pudo funcionar. Lo frenaron los propios sindicatos de taxis y remises de Córdoba que se negaron a implementarlo. “De ninguna manera nos vamos a meter dentro de un conflicto que no es nuestro”, dijo Miguel Arias, titular del sindicato de Peones de Taxi de Córdoba.

El jueves 8 el conflicto siguió creciendo en intensidad. A la mañana, como hacía mucho tiempo que no se veía, los principales gremios de Córdoba, encabezados por Luz y Fuerza, Surbac (recolección de basura) y peones de Taxi, marcharon por las calles de la ciudad hasta la sede de la intervenida UTA, en apoyo a los choferes y delegados. De la movilización participó Rubén “Pollo” Sobrero de los ferroviarios del Sarmiento. Volvieron a escucharse las palabras “Cordobazo” y “Atilio López”, mítico dirigente gremial de la UTA, que llegó a ser vicegobernador de Córdoba en los 70, durante el tercer gobierno de Perón, y vilmente asesinado por las Tres A.

Por la tarde, el gobierno de la provincia a cargo de Juan Schiaretti, aliado de Macri, denunció penalmente ante el fiscal Guillermo González, a los trabajadores y delegados de la UTA, por amenazar la paz social.

Retomando las intimidaciones, el viernes 9, la UTA Nacional, emitió un comunicado instando a los choferes de la delegación local a acatar la conciliación obligatoria. “A los compañeros trabajadores les decimos, que sólo nuestro sindicato podrá garantizar la reincorporación de los despedidos, el cese de las intimaciones y la recuperación de los días perdidos, en tanto y en cuanto, se respete la autoridad y la ley”, expresaba el documento.

Por su parte, el intendente Mestre y el vicegobernador Martín Llaryora (primer candidato a diputado nacional por el peronismo) sacaron otro documento conjunto solicitando “una intervención eficaz del Ministerio de Trabajo de la Nación y el gremio nacional de la UTA, ya que quedó claro que el conflicto en Córdoba es por la paritaria y la renovación de las autoridades del gremio en Córdoba”.

Mientras tanto, algunas unidades de la empresa Coniferal y Ersa intentaban salir a la calle con custodia policial. Esto motivó que dos choferes se arrojaran al piso para evitar su salida, por lo cual fueron detenidos e imputados por entorpecimiento por el fiscal Alfredo Villegas.

Por la tarde, Roberto Fernández, titular de UTA Nacional, ofreció a los choferes para que levanten el paro, el adelanto de un bono de 5.800 pesos que debía cobrarse el 21 de junio, a acreditarse en 24 horas. “Estoy angustiado con esto, a la ley hay que respetarla, yo entiendo que los compañeros no estén de acuerdo con el 21%, pero la paritaria la hace el Consejo Directivo Nacional, se habló de un 8%, en octubre se discute si se sube arriba del 8% y se recupera, y en enero hay una cláusula gatillo que es del 6%. Y se adelanta un bono de 5.800 pesos“, explicó Fernández.

Sin embargo, su angustia se debe a otra cosa. El viernes, imitando a Córdoba, la UTA de Rosario acaba de lanzar una amenaza de paro para esta semana en reclamo de un plus salarial.

Si ganan los choferes de la UTA cordobesa, gana toda la clase obrera

Los mismos que garantizan el boleto más caro del país y el servicio más desastroso, para engordar los bolsillos de los propietarios de las empresas concesionarias, ahora se acuerdan de los “pobres usuarios”, para usarlos como carne de cañón contra otros trabajadores. Esta maniobra tiene que ser desbaratada con la movilización conjunta de trabajadores y usuarios contra los dueños del negocio.

Al respecto, Sonia Beas, referente de las trabajadoras de trolebuses de la empresa TAMSE, remarcaba “[los empresarios] No cumplen con los pliegos de licitación, reciben miles de millones de pesos en subsidios. El año pasado, en el 2016, las empresas privadas recibieron más de 7.000 millones de pesos, claramente no están trasladados a lo que son las condiciones de trabajo, mucho menos a mejorar el servicio para los usuarios. Los usuarios hoy esperan entre veinte, treinta minutos un colectivo, mucho más de lo que esperaban cuando la TAMSE Buses era estatal. Está claro que acá se priorizan siempre los negocios de los empresarios ante las necesidades de los usuarios y el salario de los trabajadores”.

El conflicto que desarrollan los trabajadores del transporte es durísimo porque patronales, burocracias sindicales, gobiernos y empresarios de medios los quieren derrotar. El libreto es calcado para todos los casos: si los docentes hacen huelga, tienen de “rehenes a los alumnos y sus familias” y “no les importa la educación pública”.

Cuando el tarifazo de luz golpea sobre los bolsillos de una Córdoba con 40 % de pobreza, la “responsabilidad” es de los trabajadores de EPEC, cuyos salarios rondan o superan los 23.000 pesos básicos de la canasta familiar, un monto que cualquier trabajador o trabajadora debería cobrar. Ocurre lo mismo en el caso de la lucha de los choferes por su paritaria. Desde el gobierno y los grandes medios se los acusa de tener “sueldos de privilegio” y de perjudicar a otros trabajadores, los usuarios, con su reclamo. Ellos quieren garantizar que sea la clase trabajadora la que pague el ajuste, con bajas salariales y pérdida de derechos y conquistas. Por eso, si ganan los trabajadores y trabajadoras de la UTA, gana toda la clase obrera cordobesa.

La rebelión de los choferes y delegados de Córdoba, fruto de las bajas paritarias con cláusula gatillo que impuso el gobierno nacional, lejos de desaparecer pueden expandirse a otras ciudades. Lo cual le traería en un marco preelectoral, un dolor de cabeza a Cambiemos, que hasta ahora ha podido imponer su techo del 21% en casi todos los acuerdos salariales de los gremios más numerosos.

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