Invitado por la cooperativa de trabajadores, que desde hace 15 años puso el establecimiento al servicio de los sectores populares, el Juez Quaglia, magistrado que tiene a su cargo la causa de la quiebra del ex Supermercado Tigre hizo un relevamiento del lugar.

El juez Marcelo Quaglia, titular del juzgado Civil y Comercial Nº 14, realizó el jueves una inspección en el Centro Cultural La Toma, ubicado en Tucumán 1349, para corroborar “la utilidad y función social” que la cooperativa que allí funciona le da al inmueble del ex híper Tigre, donde sus miembros trabajaron hasta su cierre.

La recorrida respondió a una invitación lanzada en el marco de la resistencia a una “nueva amenaza de desalojo”, cuya sentencia está en manos del magistrado, y está “firme” desde hace tres años, pese a que con anterioridad la expropiación del edificio fue aprobada por Ley provincial por partida doble en 2004 y 2009. Antes de que se concretara la medida judicial, los representantes de la Cooperativa de Trabajadores en Lucha, habían presentado un escrito ante el letrado, donde reseñaron la historia que desde hace 15 años brinda espacio a múltiples organizaciones sociales.

“Mientras algunos vivos especularon con la evolución de la quiebra, queríamos que el juez venga a hacer un inventario social. Además, dos leyes avalan el proyecto de los trabajadores”, dijo Carlos Ghioldi, uno de los referentes de La Toma.

El dirigente resaltó que el lugar tiene estatus de utilidad pública: “Además de preservar el trabajo, pensamos en los compañeros de otros sectores populares, regeneramos la solidaridad de los trabajadores, y así se creó el Comedor universitario, la galería de arte de Humanidades, la Asociación Argentina de Actores, los talleres de microemprendimientos de la Municipalidad, la Mesa de Jubilados y, finalmente, el Mercado Popular”.

“El lugar nunca fue la recuperación de una empresa –distinguió Ghioldi. Siempre fue un establecimiento puesto a funcionar en manos obreras, es decir, con un criterio distinto, no con la voracidad de lucro y la búsqueda de rentabilidad que caracteriza a los empresarios, sino anteponiendo la solidaridad, valores que tienen que ver con lo colectivo, con el compartir y ayudarnos entre sectores populares. Lo que vino a hacer el juez, es constatar cómo a lo largo de estos 15 años, 30 organizaciones populares, instituciones como la Universidad o la Economía Social de la Municipalidad, han desarrollado y construido un espacio de producción, de solidaridad, de divulgación de ideas, de divulgación de cultura, mientras otros creen que es un lugar que sólo sirve para especular”.

Al magistrado lo estaban esperando miembros de la Cooperativa y de la sindicatura. No participaron de la inspección los representantes del fondo Seguros de Depósito SA (Sedesa), a quienes les fue cedido el crédito garantizado con la hipoteca del Banco Finansur -el acreedor original-, que pretenden llevar el inmueble a remate.

Acompañado por su secretaria, el juez Quaglia mantuvo primero una reunión con los representantes de la Cooperativa y de la sindicatura para explicarles cómo iba a realizar la inspección. Luego, todos salieron a recorrer el primer piso de La Toma. Primero fueron a conocer la sede rosarina de la Red Experimenta, un espacio para potenciar el crecimiento de proyectos basados en un modelo colaborativo.

Después fue el turno del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), una ONG compuesta por un equipo interdisciplinario especializado en la defensa y promoción de los derechos humanos de mujeres y niñas, donde le explicaron al juez las tareas que desempeñan y además le obsequiaron algunos libros. También se cruzó con Pablo Juncos, secretario General de la CTA de los Trabajadores, que tiene allí su sede y donde desarrollan tareas de capacitación. Seguidamente recorrieron el Comedor Universitario, y un integrante del Movimiento de Acción Solidaria, que entregan raciones de comida a chicos de la calle, le contó la experiencia.

El abogado de la Cooperativa, Juan Lewis, dijo que cualquiera sea la resolución que se tome “tiene que contemplar necesariamente la utilidad pública que acá se está desplegando”. El ex ministro de Justicia dijo que la visita del juez genera expectativas: “Vemos con muy buenos ojos que judicialmente se haga lugar a una medida de este tipo, porque implica la posibilidad de contemplar algo que está más allá de la mera ponderación económica de todo el problema”.

Previamente, una asamblea en defensa de La Toma realizada a mediados de marzo, ante la citación del Juzgado dirigida a los “ocupantes del inmueble” recibida el 4 de febrero, se pronunció por: “1- Defender hasta las últimas consecuencias la permanencia de la utilización social y solidaria del establecimiento puesto en funcionamiento por sus trabajadores.
2- Convocar a la “utilización militante” del mismo por parte de todas las organizaciones e instituciones, sociales, populares y comunitarias.
3- Realizar un acto público en defensa de La Toma el 22 de marzo a las 18:00 para reafirmar esta voluntad de lucha.
4- Apoyar la propuesta de invitación para que el Juez que tramita la quiebra del viejo supermercado conozca el accionar productivo solidario.
5- Expresar el acompañamiento a las medidas de lucha de los trabajadores en función de lograr que se deponga la actitud hostil que desde sectores del poder judicial se han expresado hacia esta experiencia y que se encuentre una solución política que permita la continuidad de las actividades laborales, sociales, y culturales que se desarrollan en el establecimiento en manos obreras.
6- Constituir una Comisión Permanente en Defensa de La Toma, para acompañar esta larga lucha que llevan adelante los trabajadores. Además, esta Comisión acompañará las gestiones legislativas y políticas que lleven adelante los propios trabajadores en lucha”.

El pronunciamiento fue suscripto por un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas.

Nota relacionada: El Poder Judicial rosarino una vez más contra La Toma

Source

Tras resistir intentos de desalojos y embates judiciales, La Toma continúa desde hace 14 años en la ciudad de Rosario, Santa  Fe. Centro Cultural, bar y ahora Mercado de alimentos del productor al consumidor, charlamos con Carlo Ghioldi, uno de sus referentes.

–¿Qué significan estos 14 años de La Toma?

Es una lucha muy dura. Hay que recordar, aunque parezca mentira, que estamos avalados por el poder político: el Poder Legislativo sancionó dos leyes expropiando, pero el Poder Judicial, junto con la Cámara de Supermercados, las patronales del sector mercantil, no reconocen esas leyes y nos mantienen la orden de desalojo. Con lo cual hace 14 años que estamos en pie de lucha en un proceso de movilización que debe ser permanente, pero que a su vez nos obliga a adoptar tácticas específicas porque no podemos hacer marchas todos los días, porque sería un desgaste total. Además, tampoco podemos estar esperando el momento en que ese desalojo se efectivice, sino que la única forma de resistencia es que el lugar se transforme en un lugar de propiedad colectiva en el cual las organizaciones populares, no sólo se lo prestemos, sino que se incorporen, se hagan parte del lugar y se sumen a esa lucha de resistencia cuyo centro es la actividad permanente, el ingreso de más organizaciones y la mayor vinculación a los procesos de los trabajadores; esto conjuntamente con tratar de gestionar lo mejor posible las actividades productivas que se desarrollen. No creíamos que íbamos a durar tanto en este proceso.

-En este tiempo incorporaron inclusive nuevas actividades: sabemos  que desde hace unos meses concretaron un viejo proyecto que tiene que ver con la distribución de alimentos.

Fue importante porque desde la Comisión Gremial, ante los procesos de remarcación tan feroces que se hicieron durante febrero de 2014 y que coincidieron en Latinoamérica con un proceso de escalada de remarcación de artículos de primera necesidad de los sectores populares, nosotros propusimos que en las paritarias se discutiera la escala móvil de salarios, el control de los márgenes de ganancia empresaria y que se abriera esta experiencia.

La tercera propuesta que hicimos fue que el proceso de distribución directa de los productores, los programas que se hacían desde el Mercado Central de Buenos Aires, se trasladaran al resto de las ciudades a partir de una estructura de comercialización sin la intermediación ni la remarcación que hacen las grandes empresas oligopólicas que tienen el control de la distribución de alimentos. Entonces, esa propuesta, que nos llevó muchas discusiones, muchas veces fue frenada, ferozmente puesta en contra a partir del lobby y la presión de las cadenas oligopólicas de distribución de alimentos que tienen en Rosario, pero finalmente en agosto de este año se abrió el mercado popular con productos de verdulería, panificación, pastas frescas y dietéticos, más algunos productos vitivinícolas.

Toda esta parte se puso en funcionamiento en un espacio cedido por La Toma, dentro del predio, a partir de ahí se demostró que se puede destrabar, vender muy barato una serie de productos  directamente de los productores.

Esto ha generado un impacto muy grande porque el lugar se ha dinamizado mucho, los compañeros de la Coordinadora de Trabajadores de Economía Popular, que han sido los que impulsaron esto, junto con el programa oficial del Mercado Popular para Todos, han logrado un espacio que ha influido bastante en algunas prácticas abusivas en la zona cercana a donde está La Toma.

Esto es importante para nosotros pero también nos obligó a resistir con mayor fuerza y a movilizarnos con mayor profundidad, porque hay enemigos enojados con todo esto. A partir del ingreso a la Central de Trabajadores de los Argentinos (CTA-T) y de presentarse el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en las causas penales que teníamos, salimos sobreseídos en la causa del caso ATILRA, más allá de que se ha presentado un actor civil que pide la reapertura en mi contra. Si bien todavía los jueces no se han pronunciado, desde marzo estamos sobreseídos.

Estas son dos cuestiones que significan un gran paso adelante pero que a nosotros nos alerta mucho más y nos pone en guardia, porque hemos aprendido que cuantas más organizaciones populares se incorporan y más pasos adelante damos hay que prepararse para resistir porque la reacción de los sectores empresariales suele ser bastante despiadada.

–¿Cómo van a festejar los 14 años?

Va a ser un acto popular, con una serie de números artísticos y un bufet para los compañeros que se acerquen. Hay 32 organizaciones en este momento en La Toma, de ellas 10 o 12 son productivas de alimentos, así que mucha de la producción que hacen es la que se va a poner en venta ese día. A la vez hay dos cooperativas artísticas y culturales que son las que van a organizar las actividades junto con la Asociación de Actores.

Lo más importante para nosotros es seguir en este proceso de lucha, en la orientación que hace 14 años sostenemos que es: el espacio al servicio de las organizaciones populares, el espacio compartido con todos los sectores populares, al servicio de las causas de los trabajadores y las trabajadoras ligados a las luchas de los demás sectores de trabajadores. La gestión lo más eficiente posible sin perder la impronta asamblearia en la cual nos fundamos, pero en un plano donde lo más importante es la movilización, la lucha y la gestión en un segundo plano.

Source