Hoy se realiza la 13° edición de la Marcha de la Gorra en Córdoba y en otras localidades del país. Hasta el 14 de diciembre habrá actividades e intervenciones contra la represión policial bajo la convocatoria “Tu estado no da miedo, en mi barrio no me encierro”.

Por Redacción La tinta*

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Por Redacción La tinta

El plan planificado y coordinado por el gobierno de facto de Bolivia, la policía y las fuerzas armadas se recrudece día a día en todo el país.Los asesinatos permanentes, el irrespeto por el Estado de derecho, y la violación a los derechos más básicos de la población por parte de las fuerzas de seguridad, contrastan de manera feroz con la imagen que quiere dar al mundo al autoproclamada presidenta Janine Áñez y su gabinete. Al mismo tiempo, las movilizaciones masivas y los cabildos abiertos se multiplican en todo el territorio bajo una consigna concreta y sin vacilaciones: el rechazo pleno al golpe de Estado que derrocó al gobierno de Evo Morales, que decidió exiliarse en México.

En la jornada de ayer, Áñez remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto “Ley de Régimen Electoral Transitorio”, que tiene el objetivo de formar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y convocar a nuevas elecciones generales en el país. La mandataria impuesta argumentó que la propuesta “puede ser perfectible”, ya que es “un documento base para generar un consenso nacional, para que sea producto del consenso de todos los bolivianos”.

La autoproclamada presidenta repitió su discurso de los últimos días donde asegura que su idea es pacificar el país, aunque en los hechos concretos, desde que ocupó el Palacio Quemado dio vía libre, a las fuerzas de seguridad para reprimir sin miramientos.

Álvaro Coímbra, ministro de Justicia designado por Áñez, explicó que la propuesta enviada a la ALP tiene como fin “declarar la nulidad de las elecciones del 20 de octubre, convocar nuevos comicios y designar a miembros del TSE”. Según el funcionario, con esta medida las autoridades del TSE se podrían elegir en los próximos 15 días.

El titular de la Comisión de Constitución y senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, comunicó que recibió los proyectos de ley que remitieron Áñez y la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la elección de vocales del TSE.

A través del senador Efraín Chambi, el MAS también presentó una propuesta legislativa. La titular del Senado, la legisladora masista Eva Copa, declaró que las tres fuerzas políticas en la cámara coinciden en el objetivo de lograr la pacificación de Bolivia.

En medio de las pujas políticas y legislativas, en las calles de Bolivia continúan las masivas protestas contra los golpistas. Desde que comenzó la represión, al menos 30 personas fueron ultimadas y decenas heridas por el accionar de las fuerzas de seguridad. Ayer, las manifestaciones se replicaron en varios departamentos del país, con fuertes epicentro en Villa Tunari (Cochabamba), Senkata (en la ciudad de El Alto, donde las fuerzas armadas cometieron una masacre), además de la movilización masiva desde Potosí con dirección a La Paz, la capital del país a la cual siguen arribando pobladores para rechazar al gobierno de facto.

Los cabildos abiertos se convirtieron en un espacio resolutivo, en donde la gente se reúne para definir los pasos a seguir. En la plaza 14 de Septiembre, de Cochabamba, se realizó una de estas reuniones en la que los presentes desconocieron al gobierno de facto, demandaron la derogación del decreto supremo 4078 (que permite la impunidad a policía y militares), reclamaron el esclarecimiento de las muertes producidas por las fuerzas de seguridad en Sacaba el viernes pasado, además de convocar a un paro indefinido en todo el departamento.

La represión que sufren los bolivianos y las bolivianas también fue denunciada por la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), quienes confirmaron que subió a ocho la cifra de fallecidos en Senkata tras el operativo policial-militar que se realizó el martes. Nadia Cruz, titular de la defensoría, afirmó que “la población en este momento lo que está pidiendo es justicia y está en su legítimo derecho, después de tener en este momento seis muertos”. En total, ambos organismos contabilizaron ocho personas muertas. Cruz pidió al Ejecutivo pacificar el país instalando un diálogo “sin acusaciones ni amenazas de persecución”. Además, la funcionaria aseveró que recibieron denuncias de personas que habrían desaparecido, aunque no dio mayores detalles.

La Defensoría del Pueblo además interpuso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso para anular el decreto aprobado por Áñez que concede licencia para matar a los militares que reprimen las protestas. En el recurso presentado, se argumentó que el 4078 decreto viola la Constitución Política del Estado, ya que la seguridad interna es una labor de la policía y no del ejército.

Quien se sumó a las críticas contra el gobierno de facto fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya anunció que realizará una visita urgente a Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre, ante a lo que describió como el “riesgo de impunidad para violaciones de derechos humanos”. El organismo dependiente de la OEA condenó la participación de las fuerzas armadas en la represión a la protesta social, y calificó de “inadmisible” el decreto de Áñez que busca eximir de responsabilidad penal a los militares que participen en las matanzas contra los pobladores. La CIDH condenó “cualquier acto administrativo de impunidad que atente contra el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares”.

Aunque el gabinete de Áñez, que ya tomó el control de todos los medios públicos, insiste en la pacificación del país, las declaraciones de ministros y funcionarios dicen todo lo contrario. El ministro de Defensa, Fernando López, tildó de “hordas” a las miles de personas que protestan contra el gobierno golpista. Para el funcionario, las personas movilizadas “están pagas, alcoholizadas y reflejan lo peor de la sociedad”. A su vez, López negó que las fuerzas de seguridad dispararan contra la población que bloqueaba una planta de hidrocarburos en Senkata, ciudad de El Alto, donde al menos tres manifestantes murieron con heridas de bala. Sin medias tintas, el ministro calificó las protestas como “terrorismo de Estado”.

A diez días del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Morales, lo único real en Bolivia en la represión desatada por quienes ahora ocupan el Palacio Quemado. Las cientos de fotos y videos viralizados por las redes sociales, demuestran que Áñez y su gabinete respaldan el accionar de las fuerzas armadas y la policía contra quienes denuncian la violación acelerada de los derechos civiles. En estos diez días también se puede comprobar que, por más negociaciones que desemboquen en nuevas elecciones, la mayoría del pueblo boliviano –con sus sindicatos, movimientos sociales y organizaciones originarias- está dispuesto a resistir y defender la dignidad que construyen desde hace décadas.

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Por Verónica Cabido para La tinta | Fotos: Colectivo Manifiesto

El fragmento pertenece a un cuento de Ursula K. Le Guin, “Los que se alejan de Omelas”. La narración describe un bucólico pueblo de ensueño en el que todo es perfecto y próspero, donde reina la belleza y la felicidad de todos sus habitantes. Sin embargo, la felicidad y la perfección aparente de ese idílico pueblo se sostienen a costa del perpetuo padecimiento de un niño, al cual mantienen confinado en el inhumano sufrimiento de una sucia y oscura celda.

El valor más preciado en estos tiempos en que reina la precariedad de la vida es la seguridad. La agenda pública no escapa a esa demanda, la cual, en materia penal, suele reducirse al pedido de más mano dura, penas efectivas y rigurosas. Si nos propusieran imaginar cómo sería un pueblo utópico, sin duda, muchos lo describirían como un lugar seguro.

En la segunda parte del debate presidencial, el primer eje temático fue la seguridad. Y fue José Luis Espert, candidato a presidente por el Frente Despertar, quien mencionó, por primera vez en todo el debate, la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. “Delito de adulto, pena de adulto”, sentenció categórico. Sin embargo, la propuesta dista de ser novedosa. Año tras año, resurge el debate sobre la reforma del régimen penal juvenil. Espert también se refirió al garantismo como una corriente ideológica que es necesario combatir e identificó, sin nombrarlo directamente, a Eugenio Raul Zaffaroni como principal exponente de la tan demonizada doctrina (“La doctrina de ese… no me acuerdo, ese ex juez argentino, y sus fans…”).

Como si de “la subversión” se tratara en tiempos de terrorismo de Estado, como si las criminologías críticas fuesen ese “exceso de pensamiento” tan peligroso que preocupaba a Julio Barri, ministro durante la dictadura militar. Los delincuentes y el garantismo, Zaffaroni y sus “fans”, la falta de cárceles, el mito de la puerta giratoria, todos erigidos como los principales causantes de la inseguridad.

En los datos arrojados por el ultimo informe del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), podemos ver el predomino de jóvenes en las clases sociales excluidas. De este modo, en el creciente predominio de los procesos de exclusión por sobre la inclusión, encontramos la emergencia de una subclase de excluidos que está cada vez más compuesta de gente joven.

Según el informe presentado por la UCA en junio de este año, en los últimos años, la pobreza infantil aumentó y hoy afecta al 51,7% de los niños, niñas y adolescentes del país. El informe expone, además, que, de ese 51,7% de adolescentes y niños que viven en la pobreza, un 10,2% de ellos son indigentes. Y el 63,4% de los niños y adolescentes del país se ven privados de al menos un derecho fundamental, ya sea en materia de vivienda, saneamiento, salud, estimulación, educación, información o alimentación. Este fenómeno, la infantilización de la pobreza, se profundizó en los últimos años, alcanzando hoy su nivel más alto en la última década. ¿De qué seguridad hablamos? ¿Seguridad para quienes?

En este contexto de estado social debilitado y predominio de los procesos de exclusión es donde hay mayores riesgos de incremento de la violencia punitiva. En “Las cárceles de la miseria”, Loic Waqant explica cómo a mayor debilitamiento del Estado social, aumenta y se fortalece el Estado penal. A mayor exclusión, mayor represión. En palabras del autor, la atrofia deliberada del Estado social corresponde la hipertrofia distópica del Estado penal. O en palabras más simples: la miseria y la extinción del Estado social tienen como contrapartida directa y necesaria la grandeza y la prosperidad insolente del Estado penal.

Las demandas recurrentes en materia de seguridad han penetrado las agendas de todos los gobiernos, cristalizándose en numerosas reformas del ordenamiento jurídico, principalmente, de contenido penal. En el corriente año, Mauricio Macri envió al Senado el anteproyecto de reforma del Código Penal, de fuerte corte punitivista. Incluso al margen del Código Penal, se han sancionado leyes especiales de contenido penal: en 2017, se aprobó la reforma de la Ley de Ejecución Penal (24.660) que limita considerablemente el acceso a los (mal llamados) beneficios a personas condenadas por delitos graves.

El hecho de que todas estas reformas de recrudecimiento de penas con frecuencia no tengan como resultado una baja en las tasas de delitos no impide que ciertos sectores sigan insistiendo obstinadamente en la vía punitiva como el único camino posible para mitigar una creciente inseguridad.

Sousa Santos señala que, en estos contextos, el Estado penal se desenvuelve con un doble criterio de acción estatal, como una suerte de Jano bifronte, un rostro social mira a los sectores medios para los cuales actúa como protector y de manera democrática, mientras el rostro punitivo arremete contra los sectores más excluidos, donde actúa de manera violenta y represiva, como un Estado predador. Como decimos en tantas oportunidades, no son pibes peligrosos, son pibes en peligro, porque los jóvenes que pertenecen a los sectores sociales más empobrecidos son quienes están más expuestos a la selección criminalizante, a conocer solo el rostro más violento y punitivo del Estado.

Este fenómeno es conocido como la selectividad del poder punitivo. El concepto ha sido abordado por la criminología crítica y, particularmente, en Argentina, ha sido desarrollado por Eugenio Raúl Zaffaroni. En el proceso de selección criminalizante, señala, se distinguen dos etapas: la criminalización primaria, en la cual el legislador proyecta la punición en abstracto, que, conforme al principio de igualdad, está destinada a alcanzar a toda la población, y la criminalización secundaria, en el cual las agencias ejecutivas seleccionan personas concretas sobre las que ejercen el poder punitivo.

Podemos concluir que, mientras el proceso de criminalización primaria alcanza, en principio, tanto a los sectores altos y medios como a los más excluidos, la criminalización secundaria alcanza solo a estos últimos y particularmente a los jóvenes. Esto no quiere decir que las infracciones a la ley penal solo se den en los sectores empobrecidos, como a veces erróneamente se insinúa tanto desde la derecha como desde el progresismo, ni que las personas de las clases medias y altas adecuen sus comportamiento a lo que el ordenamiento jurídico espera de ellas.

Las infracciones a la ley penal se dan, con diferentes particularidades, en toda la sociedad, pero el poder punitivo alcanza con más facilidad y se despliega con mayor crueldad sobre las zonas más empobrecidas. Esto que sucede con los adultos, quienes se encuentran por encima de la edad de imputabilidad, sucedería con los menores, quienes serían alcanzados por el poder punitivo como si fueran adultos.

Como afirmó Espert: “Delito de adulto, pena de adulto”. Así es como, una vez más, vuelve a resonar la recurrente y poco original propuesta, tan perjudicial como poco efectiva para combatir la inseguridad: la baja de la edad de imputabilidad y su previsible consecuencia: que los jóvenes pertenecientes a las esferas de la sociedad más desventajadas, con menos acceso a derechos sociales o económicos, serán los únicos alcanzados por el proceso de criminalización secundaria. Enfrentándose el rostro más despiadado del Estado, el rostro punitivo.

Una ampliación en la punibilidad, bajando la edad de imputabilidad de 16 años a 14 años, significaría permitir que sean más, y cada vez más chicos, los jóvenes alcanzados por el sistema penal y a sus desastrosas e irreversibles consecuencias en el cuerpo y en la psiquis de cualquier persona, más aun, un adolescente.

A modo de cierre circular y volviendo sobre los primeros pasos de este artículo. Aun sabiendo que ninguna de esas políticas de recrudecimiento de las penas repercute en una baja de los índices del delito, y en el hipotético caso que así fuera y suponiendo que, efectivamente, encerrando a todos los jóvenes que consideramos peligrosos para nuestra seguridad lográramos vivir en la más quimérica tranquilidad de Omelas, el bello pueblo de Ursula K. Le Guin, nos encontraríamos frente a un dilema ético: ¿Está justificado moralmente que nuestra seguridad se construya sobre la inseguridad de otros, sobre el sufrimiento de miles de jóvenes? ¿Por qué valdría más nuestro bienestar que su sufrimiento?

Al final del cuento, relata que, a medida que los ciudadanos de Omelas tienen la edad suficiente, son llevados a conocer la verdad, es decir, el hecho de que el bienestar de su pueblo se sostiene en el sufrimiento de ese niño. En un inicio, todos se sienten tristes y conmocionados, aunque, con el tiempo, lo aceptan, lo justifican o, incluso, lo olvidan. Sólo un minúsculo grupo no se siente dispuesto a que se sostenga esa injusticia a cambio de su felicidad. Incapaces de tolerar esto, abandonan la idílica ciudad.

“El lugar a que ellos se dirigen es un lugar incluso menos imaginable para nosotros que la ciudad de la felicidad.
No puedo describirlo del todo. Pero ellos parecen saber a dónde se dirigen, los que se alejan de Omelas.”

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Trascender lo electoral

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Por Solana Yoma, Soledad Buhlman y Jaschele Burijovich* / Foto: la tinta

Durante mucho tiempo, la dimensión de género ha estado excluida de las cuestiones relacionadas con la salud mental. La mayoría de los colectivos existentes que luchan por la vigencia de los derechos humanos en salud mental ignoran el particular patrón de violencia y exclusión que sufren las mujeres internadas.

De hecho, la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, una ley de avanzada en la región y la herramienta normativa que, desde hace años, reivindicamos desde el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental de Córdoba, no menciona ni contempla las problemáticas específicas vinculadas a la situación de las mujeres. Sólo en su Decreto Reglamentario 603/13, y de manera muy general, se establece que las políticas públicas en materia asistencial deberán respetar el “reconocimiento de las distintas identidades étnicas, culturales, religiosas, de género, sexuales y otras identidades colectivas” (art. 9, inc e.). Sin embargo, cabe preguntarse, ¿alcanza sólo con identificar la existencia de distintas identidades sin reconocer que estos ejes de diferencia, actualmente, se articulan en la emergencia de modalidades agravadas de exclusión, padecimiento y desigualdad?

Estas omisiones permean, desde hace años, las distintas áreas de políticas en salud mental y alcanzan al relevamiento que se llevó a cabo en el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, publicado en septiembre de 2019. En esta oportunidad, sólo se identificó la cantidad de varones, mujeres y otras identidades internadas en instituciones monovalentes, sin incorporar de manera transversal una perspectiva de género en el diseño de la herramienta. El resto de los datos no están desagregados por género, lo cual imposibilita conocer la situación diferencial de discriminación, violencia y vulneración que enfrentan las mujeres institucionalizadas.

Nos interesa, en esta nota, visibilizar especialmente esta triple discriminación: por mujeres, por locas y por pobres, y, sobre todo, el plus de padecimiento que el manicomio imprime sobre sus vidas.

Existen diferentes sensibilidades hacia las mujeres y los varones en los centros de atención psiquiátrica que llevan a ver como “normales” situaciones que, en realidad, constituyen graves vulneraciones de derechos humanos. Si bien el tema de la violencia contra las mujeres se ha logrado colocar en el ámbito de lo público y se lo ha tomado como un problema para la sociedad en su conjunto, la situación de las mujeres en los psiquiátricos no ha sido visibilizada con la dimensión que la gravedad y la urgencia requiere.

No hay salud mental sin salud sexual

En los manicomios, se produce un abordaje exclusivo de las problemáticas de salud mental que lleva a desatender y descuidar la dimensión física de la salud, con numerosas dificultades de acceso a otras especialidades. Se afirma que, en estas instituciones, el control clínico general es deficiente para todas las personas y que la salud sexual y reproductiva representa una de las mayores falencias en el abordaje de las mujeres internadas.

Muchos hospitales psiquiátricos no cuentan con profesionales de ginecología que puedan hacer un seguimiento periódico y preventivo de la situación de las usuarias. Por el contrario, los controles ginecológicos se realizan a partir de derivaciones a hospitales generales y sólo en aquellos casos en que se presume alguna problemática, embarazo o enfermedad. “En salud sexual y reproductiva, siempre es después, siempre llegamos después”, dicen las profesionales, quienes también son las encargadas de tramitar las derivaciones a partir de contactos personales, frente a la ausencia de procesos protocolizados a nivel institucional.

Otra de las violencias cotidianas que atraviesan la vida de las mujeres durante una internación psiquiátrica se vincula a las dificultades para acceder a productos de gestión menstrual. Aquellas que no cuentan con referentes vinculares que puedan proveerlos, o que carecen de capacidad de pago para adquirirlos, se ven expuestas a los vaivenes de su disponibilidad dentro del hospital. Frente a la ausencia de toallas higiénicas, tampones u otro tipo de elementos de gestión menstrual, algunas mujeres sólo pueden optar por el uso de algodones durante su período. Esta situación preocupa no sólo por su carácter antihigiénico, sino porque se presenta como un obstáculo que atenta contra sus posibilidades de libre circulación y de participación en espacios recreativos en la institución.

Ni información para decidir, ni anticonceptivos para no abortar, ni aborto legal para no morir

La internación psiquiátrica obstaculiza las posibilidades de acceso a educación sexual integral así como a información clara, completa y accesible que permita a las personas usuarias tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo y su sexualidad.

La disponibilidad de métodos anticonceptivos también se encuentra restringida en los hospitales monovalentes de salud mental: sólo es posible acceder a profilácticos (sin una orientación adecuada respecto de su utilización) y a anticonceptivos inyectables mensuales, aunque, en algunas ocasiones, se denuncian interrupciones en la provisión de este recurso. Los demás métodos anticonceptivos no se presentan como una opción para las mujeres internadas, quienes se enfrentan a la imposibilidad de elegir aquel que mejor se adapte a sus necesidades y deseos.

Sumado a ello, en materia de interrupción legal del embarazo, los hospitales psiquiátricos de Córdoba se hacen eco de las mismas dificultades y obstáculos que permean al sistema de salud de la provincia en cuanto a la aplicación del protocolo de aborto no punible.

Este cuerpo es mío: No es No. Lo demás es violación

Resultan de sobra conocidos los abusos y violaciones que se producen en el internado de los hospitales psiquiátricos. Esta información circula entre el personal de estas instituciones, pero muy rara vez llega a denuncias concretas. A las precarias instalaciones edilicias (hacinamiento, colchones en el piso, piezas sin picaporte, armarios sin llave, camas sin sábanas), se les suma la falta de cuidados y una constante exposición a abusos y violencias. Las mujeres se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y permanecen en estado de “alerta” cuando están internadas.

Algunas situaciones son calificadas por los/as profesionales como relaciones sexuales consensuadas entre personas internadas. No se problematiza el consentimiento desde la perspectiva de las desigualdades de género, mucho menos, desde el particular estado de las mujeres en el internado (sobremedicación, vulnerabilidad psíquica, aislamiento). La “capacidad de consentir” el tener o no tener relaciones sexuales se basa en ciertos supuestos que están suspendidos en la experiencia de la internación. Un “velo de igualdad” atraviesa al equipo de salud cuando consideran qué situaciones que las mujeres denuncian como abusos pueden ser consideradas relaciones consensuadas.

La interpretación sobre los abusos y las violaciones producidas en los internados psiquiátricos se da en un “campo de visibilidad genéricamente saturado”. Esto implica considerar que las relaciones sexuales que se dan allí se establecen en condiciones de igualdad entre los sexos.

Por otro lado, aquellas mujeres que se resisten, denuncian o se defienden son más estigmatizadas y, en algunos casos, hasta castigadas. De aquí, se derivan algunos interrogantes: ¿quiénes pueden hablar? ¿a quiénes se va a escuchar?

Ante esto, es necesario decir que las instituciones, cuando actúan, lo hacen después de que se han consumado los hechos. No existen políticas de prevención porque el supuesto del que se parte es de que son vidas que no merecen ser defendidas.

Hermana, no nos creen

El movimiento de mujeres cuestiona el déficit de credibilidad que sufren sus denuncias. El YO TE CREO es parte de ese pedido de reconocimiento.  Esta situación ha sido estudiada y denominada injusticia epistémica.  Esta injusticia conlleva como consecuencias, entre otras, la obstrucción del acceso a la justicia y la vulneración de derechos. Este tipo de injusticia se expresa de dos maneras: la injusticia testimonial, que implica que las personas que escuchan estas denuncias le otorgan menor nivel de veracidad por la identidad de quien relata. También puede aparecer como injusticia hermenéutica, esto es no poder hacer comprensible conceptualmente lo que se está denunciando.

Ambas situaciones se hacen aún más graves cuando las que denuncian son mujeres internadas en los hospitales psiquiátricos. Sus voces son precarizadas y cuestionadas. Las mujeres víctimas no son consideradas tales y sus relatos son puestos en duda a partir de la estigmatización que su condición de pacientes internadas produce. El paradigma patriarcal cataloga a las mujeres como “locas por naturaleza” y esta creencia asimilada hace que los/as que escuchan no acepten estas narraciones.

Por otro lado, los graves abusos que se producen no son considerados violencias de género. La violencia hacia las mujeres en estas instituciones no es un hecho marginal y excepcional, sino que, por el contrario, se trata de prácticas cotidianas y sistemáticas.

El manicomio magnifica las relaciones de poder desiguales y asimétricas. Es por esto que el colectivo de mujeres y el colectivo por el derecho a la salud mental deben ser capaces de visibilizar estas vulneraciones como violaciones a los derechos humanos que padecen especialmente las mujeres.

Eso que llaman amor…

Históricamente, las mujeres han sido vinculadas a las tareas de cuidado de otras personas y definidas como las principales proveedoras de eso que llaman amor.  Este encargo social también se expresa en el tipo de estrategias de acompañamiento implementadas antes, durante o después de las internaciones por motivos de salud mental.

Las principales redes de apoyo están sostenidas por las mujeres más próximas a las personas internadas o externadas de los hospitales psiquiátricos. Pensar en los procesos de externación e inclusión en la vida social y comunitaria de las personas se torna casi imposible sin ellas, que, además, asumen otras responsabilidades en su cotidianidad, tales como proyectos académicos, laborales, familiares, vinculares y/o comunitarios. Esto profundiza la problemática en torno a las desigualdades y barreras para el acceso a derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres cuidadoras (acceso a mejores empleos, educación, cuidado de su propia salud, a su participación social y política, entre muchas otras). Ya lo viene expresando el movimiento feminista desde hace tiempo, “el cuidado informal de la salud es una cuestión de género y una cuestión de equidad”. Es de género porque recae principalmente en las mujeres, quienes quedan más expuestas y vulnerables a padecer algún tipo de malestar biopsicosocial. Es de equidad porque tienen menos posibilidad de acceder a apoyos profesionales, dadas las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres con menos recursos económicos.

Esta situación se replica y profundiza en aquellas mujeres-madres que son, o han sido, usuarias internadas en hospitales psiquiátricos. El ejercicio de la maternidad se transforma en uno de los principales motivos de preocupación al momento de consentir o no sus propias internaciones. La internación de una mujer no solo evidencia el lugar que ocupa en tanto cuidadora, sino que, además, pone de relieve las múltiples invisibilizaciones y vulneraciones dada la ausencia de políticas públicas integrales e intersectoriales con perspectiva de género que contemplen los entrecruzamientos que se producen (mujer-usuaria-madre). La imposibilidad de proveer de cuidados, el temor a perder las tenencias y las interrupciones producidas sobre el vínculo con sus hijos/as se suman a la lista de violencias a las que son sometidas. El tipo de vínculo que podrán sostener o desarrollar con ellos/as durante la internación queda sometido a las decisiones y acciones de la justicia, a las posibilidades de desarrollo estratégico cuidadoso de los equipos de salud y a las redes vinculares y comunitarias disponibles.

Las mujeres que tienen permitido por la justicia sostener la vinculación con sus hijos/as menores de edad acceden a visitas esporádicas, en espacios comunes, en las guardias, sin disponer de sitios adecuados que contemplen las particularidades y necesidades para el desarrollo, sostenimiento y/o fortalecimiento del contacto. Muchas usuarias de salud mental tienen a sus hijos/as al cuidado de otras personas; otras tantas, son víctimas de violencia obstétrica y separadas de ellos/as desde el momento del parto. En estas situaciones, se desconoce por completo el derecho de las mujeres usuarias a tomar decisiones anticipadamente, recibir información adecuada y accesible durante toda la intervención, y a consentir o no las intervenciones. Se vulneran los derechos de los/as niños/as y el derecho de las usuarias a maternar.

Del mismo modo, ocurre con las madres de lactantes que, por diversos motivos, llegan a las guardias de salud mental o están en situación de internación. La dificultad para sostener prácticas integrales de cuidado de la salud, la ausencia de recursos materiales y humanos para acompañar ese momento, y los obstáculos para la vinculación con los/as hijos/as son habilitadores del avasallamiento de los cuerpos, irregularidades en los procedimientos y violación de su derecho a decidir sobre la lactancia.

Las mujeres que quedan embarazadas durante la internación son una gran incógnita. Por un lado, la ausencia de protocolos en las guardias e internados, que incluyan procedimientos de evaluación integral, de control preconcepcional, prenatal y puerperal, imposibilita conocer cuál es la situación de salud de las personas gestantes, antes y durante la internación. Por otro, las estrategias desarrolladas ante las situaciones de embarazo conocidas por los equipos de salud se ven truncadas por la ausencia de recursos para hacer un seguimiento adecuado, brindar los cuidados y apoyos necesarios para estas mujeres. Por lo tanto, las intervenciones son aisladas y dependen, muchas veces, de la buena voluntad y consideración de los equipos tratantes.

Ni encerrada, ni medicada. Te quiero libre, loca y con derechos

En los párrafos anteriores, hemos querido visibilizar las violencias que se producen en los hospitales psiquiátricos por razones vinculadas al género, sin desconocer las graves vulneraciones a los derechos humanos de toda la población internada en esas instituciones.

Como ya afirmáramos, las mujeres padecen de mayor malestar psicológico que los varones y esta situación se incrementa con el encierro psiquiátrico, puesto que se añade a los patrones de discriminación de género, la violencia institucional propia de la vida en los manicomios.

Tradicionalmente, el malestar de las mujeres ha sido acallado con encierro y sobremedicación. Ambas respuestas han imposibilitado que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos con libertad y en igualdad de condiciones que las demás personas.

El manicomio ha sido funcional al patriarcado y ambos son responsables de la devastación de numerosas vidas. Diversos colectivos estamos luchando para derribarlos. Frente a los muros del sistema manicomial, construimos puentes hacia la comunidad. Frente a la sumisión y la inequidad del patriarcado, diseñamos puentes hacia la libertad y la igualdad. Los puentes son nuestros derechos. Para todos y todas, la dignidad.

*Integrantes del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos. Originalmente publicada en la tinta

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Por Redacción La Tinta / Foto: Archivo Marcha 

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) rechazó, por inadmisible, el recurso extraordinario que había planteado la asociación civil Portal de Belén con el fin de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara la sentencia dictada por el Alto Cuerpo el 18 de diciembre del año pasado.

Por mayoría, lxs vocales Aída Tarditti, Domingo Sesin, Mercedes Blanc de Arabel y Silvana Chiapero esgrimieron que Portal de Belén no ha cumplido con los requisitos formales que regulan la admisibilidad de un recurso de tal trascendencia.

De acuerdo con el voto de la mayoría, Portal de Belén no se preocupó en desmontar los argumentos por los que, en la sentencia de diciembre, se había concluido que no había un caso judicial en propiedad, sino la mera discrepancia de la asociación con las hipótesis de no punibilidad del aborto que prevé el Código Penal, razón por la que no se le podía reconocer legitimación a dicha institución para una acción de amparo como la que había intentado. “La asociación insistió en reiterar sus propios puntos de vista en función de la cosmovisión y del esquema formal de valores que defiende, en virtud de la cual el aborto no es admisible en ninguna hipótesis, pese a lo establecido por el artículo 86 (incisos 1 y 2) del Código Penal”, subrayaron las magistradas en el fallo.

“Reconocerle legitimación a Portal de Belén, que sostiene que el aborto es punible en todos los casos, sería como admitir que la persona gestante podría ser forzada indirectamente a actuar en contra de la posibilidad de valorar o de resignificar el sentido de su propia vida, algo que le reconoce el Código Penal”, remarcaron.

En la misma dirección, recalcaron: “Si en los términos del artículo 86 del Código penal (incisos 1 y 2) se parte de que la mujer no desea estar en grave estado de salud ni ser violada y si se tiene en cuenta que las obligaciones son racionales si están al alcance de lo que se puede hacer, puede concluirse que Portal de Belén, al insistir en que la ‘mujer violada deberá continuar con el embarazo’ y que esta es la lectura correcta de las disposiciones de nuestro bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, está reclamando algo que ni la moral demanda a sus agentes, con mayor razón cuando se trata de situaciones no buscadas ni deseadas por las propias afectadas”.

Larga espera

Tras más de siete años de espera, el protocolo provincial sobre los abortos legales en la provincia (Resolución n.º 93/12 del Ministerio de Salud Provincial) ya no tiene trabas para regir en todo el territorio cordobés. 

En diciembre el TSJ revocó íntegramente las dos sentencias que sostenían el amparo promovido por la organización religiosa Portal de Belén. Ahora, el organismo denegó también el recurso extraordinario que buscaba llevar la causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los antiderechos aún pueden apelar a la Corte por su cuenta, pero el recurso no tiene efectos suspensivos.

Historia

En Argentina, según lo estipulado en el Artículo 86 del Código Penal, existen dos situaciones en las que el aborto es legal. Cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la persona gestante o su vida y en caso de haber vivido una situación de violencia sexual y resulte embarazada de ello. En esta última instancia, quedaban dudas de interpretación en cuanto a si era para todas las personas que hubieran pasado por esta situación o sólo para “idiotas o dementes”, como dice el Código, y si era necesario realizar o no una denuncia policial.

En 2012, la Corte Suprema de Justicia, a partir del Fallo FAL, sentó jurisprudencia y aclaró que no es necesaria la denuncia judicial, sino que es suficiente con la firma de una declaración jurada y que todas las personas gestantes pueden acceder a este derecho. También instó a las provincias a realizar sus protocolos para que se aplique esta normativa.

La provincia publicó, en marzo de 2012, la Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Abortos no Punibles que era sumamente restrictiva respecto del Protocolo nacional elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación. A los pocos días, Portal de Belén hizo la presentación judicial que, hasta el día de hoy, suspendía la aplicación del protocolo para los casos de violación. Esta maniobra genera confusión en lxs profesionales de la salud y la sociedad en general respecto de la garantía de derechos.

Desde 2012, se aguardanba la interpretación del TSJ sobre el amparo de la organización antiderecho Portal de Belén. La demandante busca que ninguna persona gestante en ningún caso -incluso cuando la continuación de su embarazo resulte en su muerte- pueda acceder a una práctica de manera segura, a pesar de estar autorizada por ley. El fallo de hoy, es un retroceso para las ambiciones de los sectores antiderechos en Córdoba y Argentina.

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Por Redacción La Tinta / Foto: Colectivo Manifiesto

Jorge Maciel, integrante de “Médicos a favor de la Vida”, publicó, en su cuenta de Twitter, supuestos documentos del Hospital del Este en el que se constaría el protocolo quirúrgico, el protocolo anestésico y las indicaciones a la niña. Por ello, tiene una denuncia penal realizada por la familia de ella. La posición ideológica de Maciel es oponerse a los derechos consagrados en la Constitución Argentina. No sólo lo demostró en manifestaciones callejeras, sino que también mediante el apoyo público al médico neuquino Leandro Rodríguez Lastra durante el juicio que, finalmente, lo encontró culpable por negar un aborto no punible a una joven víctima de una violación.

Un país lleno de niñas forzadas a gestar, parir y maternar

Luego de sentir tan cerca la posibilidad de conseguir la Ley para la Interrupción del Embarazo, arrancamos el año 2019 enterándonos de la historia de una niña de 11 años que quedó embarazada, producto de la violación ejercida por el novio de su abuela, este desagradable señor que tenía, en ese momento, 65 años. Lucía pidió, en reiteradas ocasiones, que se termine esa gestación, incluso, llegó a decirlo con mucha claridad: “Sáquenme esto que me puso adentro el viejo”. Pero fue obligada a continuar hasta que terminó en una cesárea y con la muerte del bebé a los 10 días del procedimiento.

Dos meses después de la solicitud de interrupción legal del embarazo, su madre Sol contó en primera persona las torturas a las que fue sometida Lucía durante casi más de 15 días por parte del sistema provincial de salud con el apoyo de la Iglesia. Le negaron el acceso al aborto legal, le metieron miedo e, incluso, la amenazaron de que la niña podría morir en el intento de aborto y que Sol sería la culpable.

Parece un cuento de terror, pero no es ficción, es la realidad misma del Hospital del Este de Tucumán. Un sacerdote le dijo que dios no quería muerte y fuera del hospital los grupos religiosos fanáticos y antiderechos se convocaban para amedrentar y violentar a la familia. El Arzobispo de Tucumán, a través de un audio, difundió el verdadero nombre de Lucía y los abogados antiderechos también brindaron declaraciones a la prensa con su identidad real.

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Denuncias que vienen y que van

Jorge Maciel es el profesional de la salud que difundió la historia médica de Lucía por las redes sociales y, luego, con un grupo de abogadxs antiderechos de Tucumán, realizaron una denuncia penal contra José Gigena y Cecilia Ousset, los profesionales que llevaron adelante la cesárea que terminó con la gestación forzada de Lucía. La ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla; el secretario de SIPROSA, Gustavo Vigliocco; la directora del hospital donde estuvo internada la niña, Beatriz Ávila, y la jefa del Servicio de Ginecología, Tatiana Obeid, también fueron denunciadxs por incumplimiento de los deberes de funcionarixs públicos.

Maciel es la figura que representa a todas las instituciones estatales que obstaculizaron el acceso a la interrupción legal del embarazo. El rechazo a él vuelve con fuerza en tanto se anunció que tiene previsto dar charlas en hospitales públicos, el Colegio de abogados y Facultad de Medicina de Tucumán, como si su accionar tuviese que ser reconocido y fuese merecedor del elogio público.

Tucumán es la única provincia del país que no está adherida a la ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673). Tampoco está adherida al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (parte de la misma ley) y tiene una de las tasas más altas del país de embarazo adolescente: el 17,8% de los embarazos son de menores de 19 años.

Durante 2017, hubo, en la provincia, 4.231 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. Además, hubo 137 partos de niñas menores de 15 años, la mayoría son embarazos infantiles forzados como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violencia. Debido a estos índices, Tucumán fue declarada provincia prioritaria por la intervención del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA).

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Un Estado provincial que viola Derechos Humanos

CLADEM (Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y ANDHES (Abodados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), manifestaron su profunda preocupación por el desempeño del sistema público en toda esta situación. Esta violación a la intimidad de Lucía muestra la clara intención de los sectores antiderechos de castigar socialmente a la niña y perseguir a quienes garantizan derechos.

El caso de Lucía pone al descubierto la cantidad de violencias y violaciones a los derechos humanos de niñas y mujeres que buscan acceder al Aborto no punible en Argentina, no sólo por parte del Estado, sino también por sectores que proclaman defender las dos vidas, pero que, en realidad, buscan violentar y disciplinar a las mujeres.

No es la primera situación de vulneración del derecho a la privacidad de la niña. No les interesa su vida, solo castigarla por su decisión de interrumpir su embarazo. Lucía fue violada, sufrió la tortura del Estado que la quiso obligar a ser madre y, ahora, la continúan persiguiendo quienes dicen preocuparse por ella.

La Organización de las Naciones Unidas y otros organismos Internacionales también manifestaron su preocupación y condenaron al Estado argentino por el caso Lucía. Desde Naciones Unidas, consideraron que las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos mientras que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará condenó la violencia institucional a la que fue sometida la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela en Tucumán.

A partir de información brindada por el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) se instó al Estado argentino a garantizar, de manera oportuna, el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) de acuerdo con la normativa vigente.

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Por Redacción La tinta

El Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) remarcó que los últimos datos difundidos por el INDEC respecto a pobreza e indigencia confirman el gran deterioro de la situación social en el país, como cabía esperar luego de un año donde los precios acumularon un incremento del 47,6% y la actividad económica cayó un 7% (incrementando el desempleo, el subempleo y la informalidad).

De acuerdo a las mediciones oficiales, las tasas de pobreza e indigencia durante el segundo semestre de 2018 se incrementaron para el total de 31 aglomerados relevados, pasando la tasa de pobreza de 25,7% en el segundo semestre de 2017 a 32% en el segundo semestre de 2018, y la de indigencia de 4,8% a 6,7%. Así, los indicadores de pobreza e indigencia alcanzaron los máximos valores desde que se retomaron, en 2016, las mediciones oficiales de pobreza.

Las tasas de pobreza e indigencia implican que 8,9 millones de personas viven en la pobreza en los aglomerados relevados, de los cuales 1,9 millones viven en situación de indigencia. Si se considera que de acuerdo a las proyecciones poblacionales 2018 en Argentina viven 44,5 millones de personas, habría 14,2 millones de personas viviendo en la pobreza en el país (2,9 millones cayeron en esa condición en el último año), de los cuales 3 millones vivirían en la indigencia (de los cuales 866 mil cayeron en esa condición durante el último año).

Córdoba

En este contexto, el CIPPES remarca que “las mediciones para la Provincia de Córdoba son aún más alarmantes”. Los últimos resultados de pobreza difundidos por del INDEC indican que el 35,7% de los habitantes de la Provincia de Córdoba se encontraban bajo la línea de pobreza al segundo semestre de 2018, lo que equivale a 1.316.528 personas viviendo en hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir una canasta básica de productos. En el último año se sumaron 105 mil personas más a esa condición, a razón de 291 habitantes por día.

Pero el resultado más preocupante es el relativo a la indigencia, es decir aquellas personas que no alcanzan a comprar una canasta básica de alimentos con sus ingresos. Al segundo semestre de 2018 en la Provincia de Córdoba el 7,5% de la población se encontraba bajo la línea de indigencia, lo que equivale a 278.061 personas que no pueden cubrir sus necesidades nutricionales básicas. La comparación con los resultados al segundo semestre de 2017 indican que en el último año se sumaron 84 mil personas a dicha condición. En otras palabras, durante el último año en Córdoba, 230 personas caían por día en la indigencia.

“Lo anterior, da cuenta del incendio social que atraviesa la provincia. Esta cifra preocupa, tanto por la gravedad que implica el hecho que una gran parte de la población no tenga cubierta sus necesidades de alimentación, como por la rapidez y profundización del deterioro social reciente”, expresan desde CIPPES.

Si se comparan los últimos resultados con las mediciones al segundo semestre de 2017, se observa que en la Provincia de Córdoba la tasa de indigencia se incrementó en un 42% al pasar del 5,3% en el segundo semestre de 2017 al 7,5% en igual período de 2018. Es decir, en 2018 no sólo aumentó la cantidad de personas bajo la línea de pobreza, sino que aumentó todavía más la cantidad de personas que se concentran por debajo de la línea de indigencia, para quienes alimentarse adecuadamente será cada vez más difícil.

La coyuntura actual de crecimiento y profundización de la pobreza no es propia de la Provincia de Córdoba sino que se trata de una situación de crisis a nivel nacional. Sin embargo es necesario destacar que en la última medición de pobreza, la Provincia de Córdoba exhibe nuevamente tasas de pobreza e indigencia por encima de la media nacional y por encima de las tasas para la región pampeana.

“Que la pobreza e indigencia en Córdoba se ubiquen por encima de la media nacional y entre las más altas de la región pampeana, y en especial respecto a la Provincia de Santa Fe que es una provincia comparable en múltiples aspectos, es un hecho que viene sucediendo continuamente desde que se reanudaron las mediciones oficiales. Esto parecería indicar un relativo fracaso en las políticas sociales locales, tanto de contención ante situaciones de pobreza como de fomento al empleo y la producción”, señalaron desde la organización.

Específicamente, de los últimos resultados del INDEC se desprende que en el país viven 14,2 millones de personas bajo la línea de pobreza y 3 millones bajo la línea de indigencia. El 9% de ellos, viven en la Provincia de Córdoba. Así, Córdoba es la segunda provincia donde vive la mayor cantidad de las personas en situación de pobreza e indigencia del país, después de la Provincia de Buenos Aires.

Los programas de asistencia social en la Provincia de Córdoba

Días antes de la publicación de las mediciones de pobreza del INDEC, el Gobierno Provincial difundió un informe sobre las condiciones de vida en el Gran Córdoba donde se mide, además de la pobreza e indigencia, el impacto de los planes no monetarios de asistencia social de la Provincia.

La medición de pobreza de dicho informe en base a los ingresos (monetarios) de los hogares señala que en el Gran Córdoba viven 552 mil personas bajo la línea de pobreza, de los cuales 111 mil están en situación de indigencia.

A su vez, al considerar determinados programas sociales no-monetarios provinciales, la cantidad de personas en situación de pobreza e indigencia se reduce: de 552 mil personas bajo la línea de pobreza a 535 mil personas en esa situación (17 mil personas menos en situación de pobreza), reduciéndose la tasa de pobreza medida en el estudio en tan solo un punto porcentual (de 33,7% a 32,7%); y de 111 mil personas bajo la línea de indigencia a 81 mil personas en esa condición (solo 30 mil personas menos en situación de indigencia), reduciéndose la tasa de indigencia medida en el estudio en 1,8 puntos porcentuales (de 6,8% a 5%).

Es decir, la Provincia admite que: luego de considerar el impacto que los programas sociales no monetarios de Córdoba tienen sobre las economías familiares, aún persisten en el Gran Córdoba 535 mil personas viviendo bajo la línea de pobreza y 81 mil personas viviendo bajo la línea de indigencia.

Dicho informe menciona que el 91% de las personas en situación de pobreza son beneficiarias de al menos uno de los programas sociales y lo mismo sucede con el 96% de las personas en situación de indigencia. Esto quiere decir que a pesar que hay un estado presente, esa acción no ayuda a la gran mayoría de dichas familias a salir de la indigencia, es decir la presencia del estado provincial no logra prevenir que dichas personas no tengan que comer.

“En este sentido, cabe preguntarse por la efectividad de los programas sociales de la Provincia; pese a invertir $19 mil millones en programas sociales, los indicadores de pobreza e indigencia se mantienen en niveles elevados, por encima de la media nacional. Es necesario entonces, preguntarse sobre la eficacia de las políticas sociales en Córdoba, analizar si los programas cumplen los fines para los que fueron creados, si atienden necesidades adecuadamente, si hay dificultados en las formas de implementación y/o si los fondos que se destinan a dichos programas son suficientes”, sostuvieron desde CIPPES.

* Por Redacción La tinta Fuente: CIPPES

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Por Lucía Maina para La tinta

Es un jueves 15 de diciembre de 2016. Desde la madrugada, miles de estudiantes, docentes, egresadxs y no docentes se movilizan a tres puntos diferentes de la ciudad para impedir que el oficialismo comandado por el rector Hugo Juri apruebe una reforma política cuestionada por diversos sectores de la Universidad Nacional de Córdoba. Finalmente, es el complejo Feriar el lugar donde la Asamblea Universitaria se decide a sesionar. Es allí donde se despliega entonces la batalla: durante horas, cordones humanos rodean el predio para impedir la votación frente a decenas de policías con perros, armas, y hasta un camión hidrante que intentan amedrentar a la multitud para permitir el ingreso de decanxs y autoridades oficialistas. Acompañados por hombres de civil –anteojos negros, tatuajes, músculos- que les abren paso a empujones, algunos de ellos logran avanzar.

— Se declara a esta asamblea legalmente constituida —anuncia finalmente Mirta Spadiliero de Lutri, la decana de la Facultad de Odontología a quien le toca presidir el acto, en ausencia del rector y el vicerector que no han conseguido llegar. Con estas palabras, la autoridad afirma que en el recinto se encuentran presentes 124 de los 247 asambleístas necesarios para dar quórum. Así, en una sesión que dura menos de siete minutos y con más de un millar de personas movilizadas en su contra, la mitad de la Asamblea Universitaria aprueba a mano alzada un proyecto -presentado menos de 24 horas antes- para modificar en los Estatutos Universitarios la forma de elección de autoridades, un cambio que tiene para el ámbito de la UNC la misma importancia que una reforma de la Constitución Nacional para un país.

Poco más de dos años después, este cambio está a punto de aplicarse en toda su expresión, cuando el próximo 16 de mayo se realicen las primeras elecciones directas de la conducción del rectorado.

Aunque esta normativa ya se aplicó en dos ocasiones para la votación de decanxs, es en esta instancia donde la mayor crítica a la contrarreforma se verá plasmada, ya que los principales cuestionamientos refieren a la desigualdad que genera en la representación política de las quince facultades, al permitir que las cuatro unidades académicas más numerosas (todas ellas alineadas con la actual gestión de Juri) representen el 50% de los votos en la elección de rector.

Así, el mayor riesgo de este sistema de elección directa es que lo que aparece como una democratización se transforme en un instrumento usado por el radicalismo para renovar y legitimar su poder, mientras se confina a un plano decorativo a las facultades pequeñas. Y entre ellas se destacan, especialmente, aquellas disciplinas que aportan sus conocimientos a la crítica del mercado y el modelo capitalista actual: las humanidades, las ciencias sociales y las artes. Unidades académicas que a su vez concentran, justamente, la mayor cantidad de votos opositores.

Este es el trasfondo que habrá que considerar, trayendo al presente la memoria de aquel diciembre de 2016, el próximo 16 de mayo, cuando por primera vez los alrededor de 230 mil docentes, estudiantes, no docentes y egresadxs que conforman el padrón de la UNC asistan a las urnas para votar al espacio político que conducirá el Rectorado en el período 2019-2022.

El peso de los votos

En el próximo mes la comunidad universitaria elegirá a través del voto directo y obligatorio no sólo al próximo rector/a y vice sino también a consejerxs y consiliarixs. Los detalles de la elección fueron definidos por el Consejo Superior en la última sesión del año pasado, donde se aprobaron normativas que completan la reforma política iniciada a fines de 2016 y donde también se extendió el mandato de la gestión actual hasta el 31 de julio de este año.

Según el nuevo texto del Reglamento Electoral, los votos serán ponderados por claustros de la siguiente manera: 49% para profesores (donde a su vez los titulares tendrán mayor peso que adjuntos y auxiliares), 34,5% para estudiantes, 9% para graduadxs, y 7,5% para no docentes.

Tal como se advertía durante la aprobación de la contrarreforma, en el caso de las facultades no existirá un tratamiento igualitario, ya que habrá una ponderación simple, es decir, sólo basada en la cantidad de individuos que las integran. Esto, sumado a los porcentajes definidos para cada claustro, implica que aquellas facultades que posean mayor cantidad de cargos –especialmente de docentes titulares- y mayor cantidad de estudiantes, tendrán un peso superior en el resultado.

Así, la participación de las facultades en la elección puede llegar a variar desde un 2% (las disciplinas con menos estudiantes y cargos, como Sociales, Artes y Famaf) hasta un 18% (como sería el caso de Medicina, que además posee una gran cantidad de docentes titulares y no docentes).

Al no existir una ponderación que garantice una igualdad de participación desde las distintas disciplinas que incluyen las quince facultades de la UNC, las cuatro unidades académicas más masivas y que han conseguido también más cargos para su funcionamiento -casualmente en manos del oficialismo- tendrán en gran parte la potestad de definir las próximas elecciones a rector.

Lxs candidatxs

La semana que viene se cumple el plazo que poseen las listas para presentarse ante la Junta Electoral y poder participar de los comicios. En ese marco, hay espacios que todavía no han confirmado sus candidatxs a rector y vice. De cualquier manera, hasta ahora serían tres las listas que se presentarían. En el caso del oficialismo, todo indica que Hugo Juri aspirará a una reelección.

Por otro lado, en el arco opositor ayer se lanzó el espacio Vamos, vinculado con el kirchnerismo, con el decano de Ciencias Químicas Gustavo Chiabrando como candidato a rector, y como vicerectora Ana Falú, docente jubilada de Arquitectura y directora del Instituto de Investigación de la Vivienda y Hábitat de la misma facultad. A ello se suma la candidatura de Patricia Altamirano, actual decana de Psicología, por el espacio Avanzar.

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Por Redacción La tinta

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó la condena a cadena perpetua a Lucas Gastón Chávez y Rubén Alfredo Leiva, efectivos de la Policía de Córdoba que asesinaron a sangre fría a Fernando Pellico. De esta manera queda firme la sentencia emitida en diciembre de 2016 por jurados populares y el Tribunal de la Cámara Octava del Crimen.

El “Güere” fue baleado por la espalda el 25 de julio de 2014 en barrio Los Boulevares cuando se trasladaba en motocicleta junto con su primo Maximiliano Peralta tras cruzar un control policial. En primera instancia, la Policía adujo que se trató de un enfrentamiento, pero la familia siempre señaló que fue otro caso más de gatillo fácil. Durante el proceso quedó demostrado no sólo que no hubo intercambio de disparos entre los uniformados y los dos jóvenes que se trasladaban en motocicleta por la zona de Los Cortaderos, sino que además los policías quisieron -luego de balear por la espalda a Güere- plantar un arma al joven para dibujar la situación de fuego cruzado.

En la sentencia, el Alto Cuerpo expresó que “la prueba de cargo resulta contundente y destruye absolutamente las posiciones exculpatorias asumidas por los imputados”.

“Sin que las víctimas hubieran realizado comportamiento reprochable alguno, el imputado Chávez desenfundó su arma reglamentaria y efectuó una serie de disparos hacia las víctimas (aproximadamente 10), quienes iban de espalda y desarmadas (en una motocicleta). Uno de los proyectiles impactó en Peralta provocándole una lesión, en tanto otro impactó en Pellico y le provocó la muerte”, sintetizó la resolución.

La Sala Penal del TSJ remarcó que “las víctimas no estaban armadas y que no existió un enfrentamiento armado y, en consecuencia, que el impacto de bala que presenta la camioneta (policial) no fue provocado por ellas”.

La sentencia explica que se desprende del plexo probatorio que fue Chávez quien disparó mientras los damnificados se conducían de espalda. La Justicia también señaló que el imputado Leiva “oficiaba como jefe de móvil y era quien al momento del hecho tenía tanto la posibilidad jurídica (era su superior) como fáctica (dar orden de no disparar, bajarle el arma, sacarle el arma) de impedir dicha conducta ilícita que estaba llevando a cabo su subordinado, ya que se encontraba junto a él”.

“Leiva, siendo superior jerárquico, tenía la obligación de impedir que Chávez dispare, máxime cuando no existía ningún peligro ni riesgo para ellos ni para terceros, pues las víctimas no estaban armadas. Entonces, si una de las funciones que tiene el personal policial es evitar o impedir los delitos, claramente ha quedado demostrado que Leiva no cumplió con su deber, pues teniendo la posibilidad jurídica y material no lo hizo”, argumentó la Sala Penal, integrada por los vocales Sebastián López Peña, Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollati.

El TSJ enfatizó que, desde un primer momento, los policías imputados intentaron hacer pasar el hecho como un “enfrentamiento armado”, es decir, que Chávez disparó para repeler la acción. “Para ello, se intentó buscar un arma para implantarles a las víctimas y se trató de hacer pasar el disparo en el móvil como producido por los damnificados, todo lo que se fue desvirtuando con el devenir de la investigación”, concluyó.

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Se cumplen 11 años de la desaparición de Mario Fabián Golemba, en el paraje rural Indumar, Misiones, que aún se mantiene impune. Otro caso de desaparición forzada en democracia. 

I

Este miércoles 27 de marzo, se cumplen 11 años de la desaparición de Mario Fabián Golemba, el agricultor de 27 años que esa madrugada salió de su casa ubicada en el paraje rural Picada Indumar, en la localidad de Dos de Mayo, provincia de Misiones, y que nunca regresó. En manos de la jueza de Instrucción de Oberá, Alba Kuzman de Gauchat, la investigación judicial resultó un fiasco y el caso se mantiene adormecido en las oscuras entrañas de la impunidad. La única pista confiable, aquella que la representación jurídica y los familiares del joven desaparecido se cansaron de reclamar que se investigue, fue sistemáticamente desestimada. Se trata de la hipótesis que relataron testigos que, en la noche del 27 de marzo, estuvieron detenidos en la comisaría de Dos de Mayo -entonces, a cargo del comisario Ewaldo Katz- y que aseguran haber visto a Mario esa misma noche, detenido y golpeado en dicha dependencia policial.

II

El 27 de marzo de 2008, a primera hora de la mañana, Mario dejó su último rastro en la rojiza picada. Caminó un puñado de kilómetros hacia la ruta y de allí a la terminal. Tenía que cumplir con una consulta médica, en una clínica situada sobre calle Salta, en el centro de la ciudad de Oberá. Llegó a destino y pudo mantener la entrevista con la doctora Serra de Gross. Promediando la siesta, le envió un mensaje a su novia Angélica, avisándole que regresaría antes del anochecer. Pero no volvió.

Dos días después, la familia de Mario radicó la denuncia en la comisaría seccional Primera de Oberá, donde el caso quedó caratulado como “desaparición de persona”. El expediente describe a Mario como a “una persona delgada, de 1,85 de estatura, tez blanca” y que llevaba “una camisa negra y jeans gastados”.

III

Durante los primeros meses, algunos medios de comunicación difundieron falsas hipótesis generadas por la policía. Que Mario había ido a Brasil, que tal vez al sur y otras maniobras de distracción informativa. Mientras tanto, sus familiares -especialmente su padre, Antonio Golemba, y su madre, Irma Komka- recorrían morgues, pasos fronterizos, comisarías y hospitales tras alguna pista verdadera que les devolviera la esperanza de poder encontrar a Mario.

Promediando marzo de 2009, a casi un año de la desaparición de su hijo, Antonio Golemba e Irma Komka se entrevistan por separado con tres internos carcelarios de la Unidad Penitenciaria de Oberá, que en la noche del 27 de marzo de 2008 se encontraban en calidad de detenidos en la comisaría de Dos de Mayo.

Estos testigos (Ramón O.; Marcelo O. y Vas A.) coinciden en sus relatos. Aseguran y describen haber visto y escuchado cómo esa noche, entre varios policías de esa seccional, ingresaron a Mario esposado para luego darle una paliza y volver a llevárselo en un vehículo policial vaya a saber dónde.

IV

Antonio Golemba dijo al respecto: “Los tres testimonios son coherentes. Uno de ellos estaba en el pasillo, los otros en la celda. Lo vieron entrar a Mario esposado y, al ver a uno de ellos -que lo conocía porque es un muchacho que vive en el barrio Macuco a pocos kilómetros de Indumar-, le piden que dejen de golpearlo. Mario alcanza a decirle a uno de ellos que le saque el celular del bolsillo y que llamen a su familia. Ahí la policía se abalanza sobre el que estaba en el pasillo y lo meten adentro. Los tres escucharon, luego, cómo golpeaban a Mario y dicen que luego se lo llevaron”.

Por su parte, Irma no puede evitar sentir escalofríos al recordar esos testimonios: “Me quedó grabada la frase de uno de los testigos, que nos contó que Mario les decía a los policías, ´yo no le hice mal a nadie´, que es una frase que él repetía siempre, en distintas situaciones, como un latiguillo; era una expresión muy propia de mi hijo”.

La jueza Alba Kunzmann de Gauchat nunca quiso profundizar esta hipótesis. Nunca ordenó el careo necesario entre estos testigos y el comisario y los efectivos que esa noche estuvieron a cargo de la comisaría de Dos de Mayo. El Estado, en tanto, además de restarle apoyo a la familia Golemba, procedió al traslado proteccionista de toda la cúpula policial actuante esa noche. El destino del comisario Katz resultó el más simbólico: pasó a ser comisario de Aristóbulo del Valle, pueblo del entonces gobernador de la provincia y actual senador nacional, Maurice Closs.

V

En 2010, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), compuesto entonces en su totalidad por magistrados que son parientes directos, probados amigos o ex funcionarios del gobierno provincial, rechazó el pedido de juicio político a la jueza de Instrucción 1 de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat, impulsado por el abogado posadeño Jacobo Mass, y dispuso el archivo de las actuaciones. El pedido de juicio político a la jueza derivó de sus desempeños en casos emblemáticos de impunidad en Misiones. Uno de ellos es el femicidio de Marylin Bárbaro en Oberá y el otro – también femicidio-, la violación y asesinato de Silvia González en Campo Viera. Ambos casos se mantienen también en la absoluta impunidad.

La jueza Gauchat recibió en varias ocasiones la visita de los padres de Mario. “¿Saben lo que nos dice la jueza? Que la justicia es lenta, que hay que tener paciencia.”

“Hace años que tiene la causa dormida, que no se investiga como corresponde, que se intenta tapar todo. Esta jueza no hizo ni está haciendo las cosas como corresponde, por eso el caso sigue impune. Están protegiendo a los culpables, no hay voluntad de investigar”, sostuvo su padre en una de sus últimas entrevistas a la prensa. Don Antonio Golemba, quien buscó a su hijo hasta su último día de vida, murió en abril de 2016.

VI

Mario Fabián Golemba nació en el Hospital de Dos de Mayo, el martes 10 de febrero de 1981, un día por demás caluroso en Misiones. Al terminar la primaria en la escuelita de Indumar, siguió sus estudios secundarios en el Bachillerato 7 de Dos de Mayo. Allí, dos años seguidos recibió la distinción de “mejor compañero”. En la adolescencia, fue presidente del Centro de Jóvenes de la Iglesia de Dios, de la cual su padre era y es pastor. “Teníamos un programa de radio juntos, los sábados leíamos la biblia y cantábamos. Mario siempre fue muy compañero mío, de chico me ayudaba en la chacra, me acompañaba a llevar la yerba en la camioneta hasta la cooperativa. Recuerdo aquellos viajes. Durante mucho tiempo, cuando él se ausentó, no pude subirme por meses a esa camioneta”, recordaba Antonio.

Además de los trabajos en la chacra, Mario empezó de muy joven a trabajar en un aserradero de la zona, y posteriormente en la Cooperativa de Yerba Mate de Picada Indumar. Con sus manos, construyó los arcos de una cancha de fútbol en la chacra, donde todos los fines de semana venían los gurices del barrio a correr tras la redonda. La cancha todavía sigue en pie, pero nunca más hubo partidos desde que Mario desapareció. Era defensor y, como era alto, buen cabeceador, aunque un poco patadura, según recuerdan.

“Algo que le encantaba era la pesca. Le gustaba pescar y cocinar” dice su madre.

VII

Don Antonio Golemba lamentaba “no poder haberle enviado a la facultad. Cuando terminó la secundaria, me dijo: ‘Papá, dame una bolsa de porotos por mes y un poco de grasa, poco dinero para alquilar una pieza y listo, quiero estudiar Historia’. Él era apasionado de la historia. Una vez, ya después que él desapareció, una compañera suya de la secundaria me contó una anécdota. Resulta ser que un profesor había preguntado dónde se había hecho el primer trasplante de corazón. Todos quedaron callados, hasta que una mano se levantó en el fondo; era Mario Golemba. Dijo: ‘El primer trasplante de corazón en la historia se hizo en 1967, en Sudáfrica, el cirujano fue Christian Barnard’. Todos quedaron sorprendidos, pero a mí no me sorprende porque Mario tenía una gran curiosidad y todo lo que leía se fijaba en su mente con exactitud. Pero cuando terminó la secundaria, estábamos en 1998, la época menemista, esa maldición; recuerdo que juntábamos toda la cosecha de tuna y nos alcanzaba apenas para pagar unas boletas, porque, con el uno a uno, los productos de los colonos no valían nada, no podía mandar a mi hijo a estudiar y esa es una espina que siempre me va a quedar”.

VIII

Al momento de su desaparición, Mario llevaba diez meses de noviazgo y un firme compromiso de casamiento con su novia Angélica, quien nos cuenta: “Teníamos hasta los souvenirs y habíamos conseguido una casa donde vivir. Mario decía que quería tener dos hijos”.

Contaba su padre: “Mario tenía una moto 125, que se había comprado con mucho esfuerzo. Él siempre sufría al verme pasar Round Up para desmalezar los yerbales. Me decía que era malo para mi salud y que además terminaría arruinando el suelo. Unos meses antes de su desaparición, sin decirme nada, Mario vendió su moto y, con el dinero, se fue al pueblo a comprar una motoguadaña. Cuando volvió, me dijo: ‘Papi, listo, ahora nunca más vas a tener que usar veneno, yo te voy a desmalezar el yerbal con esta motoguadaña’”.

En 2018, al cumplirse 10 años de la desaparición de Mario Golemba, un grupo de familiares acompañados por algunas organizaciones sociales se manifestó en las escalinatas del Palacio de Justicia de Misiones y solicitó al máximo Tribunal que “intervenga de manera urgente” en el caso, dado que el mismo se encuentra “cajoneado” desde hace una década en un Juzgado de Oberá.

Los tíos de Mario, Anatolio Golemba, Margarita Wolim, y sus primos Daniela y Fabián, junto a la abogada que lleva el caso, Mónica Sosa, y la delegada de Misiones del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, Norma Elías Coutto, entregaron un documento al Poder Judicial solicitando su inmediata intervención en favor del esclarecimiento, juicio y castigo a los culpables de la desaparición de Mario Golemba. Lamentablemente, no sirvió de nada.

X

El caso Golemba no debe estar caratulado como una simple desaparición de persona, sino como una desaparición forzada en democracia que merece ser investigada como tal. La principal sospecha, la única hipótesis viable, sigue siendo la que sugiere que Mario estuvo el 27 de marzo en la comisaría de Dos de Mayo.

XI

A 11 años de su desaparición, no habrá esta vez actos ni movilizaciones. La familia, extenuada por la desigual lucha de más de una década buscando justicia, hoy se refugia en la calma, lejos de Dos de Mayo, intentando sanar heridas y manteniendo firme la memoria del querido Mario, que nunca regresó.

Publicado originalmente en La tinta

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