La batalla por el reconocimiento de la identidad de género en El Salvador, donde en marzo de 2018 se presentó un anteproyecto de ley. “Somos indocumentadas en nuestros propios países”, afirman las activistas. Si el Congreso lo aprueba habrá más derechos para esa población.

Ambar Alfaro es una mujer trans salvadoreña de 30 años a quien el sistema educativo le negó su título de educación media porque su aspecto es el de una mujer y no el de un hombre, como consigna su documento de identidad.

Cuando era adolescente, Alfaro dejó de estudiar por problemas económicos en su hogar, pero en el 2012, decidió culminar sus estudios en un centro público. Al completar los cursos, la administración la quiso obligar a fotografiarse con vestimenta y apariencia masculina. Ella se rehusó con firmeza porque considera que es una violación a sus derechos.

Alfaro pertenece al 81% de las mujeres trans que para el 2015 no había terminado sus estudios de secundaria sobre todo por discrepancia de identidad, según la Asociación Aspidh Arcoiris Trans, a la que ella pertenece.

Decidida a batallar contra el sistema que se niega a reconocerla, Alfaro participó en marzo de 2018 en la presentación de un anteproyecto de ley de identidad de género en El Salvador. De ser aprobado por el Congreso, la población trans tendría acceso a cambio de nombre y género en sus documentos legales.

Según organizaciones en el país existen más de 2,011 mujeres trans de una población de seis millones de habitantes. “Hay una población en El Salvador que todavía no existimos, que somos indocumentadas en nuestros propios países, por no tener papeles que nos respalde el sexo que nos hemos construido. Si no existimos legalmente, no tenemos derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales”, expresó la activista de Aspidh.

La población salvadoreña de Lesbianas Gays Transgénero Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) denuncian constantemente que en el país centroamericano son víctimas de discriminación, abusos, violación y hasta asesinatos. La mayoría de las causas se derivan de la cultura machista, la violencia de las pandillas y los achaques de sectores más conservadores de la religión cristiana.

Las organizaciones por los derechos de la población LGBTI contabilizan más 600 crímenes en contra de las mujeres trans desde 1993. Alarmadas por las persecuciones, cientos de mujeres trans han emigrado a otros países para resguardarse.

Mientras no exista una ley que garantice su identidad, estas mujeres no pueden obtener un crédito bancario, ingresar a la universidad, optar a un trabajo formal e incluso a ejercer su derecho al voto.

Trabajos cliché

Para el director de diversidad sexual de la gubernamental Secretaría de Inclusión Social, Cruz Torres, uno de los principales retos que enfrentan las mujeres trans es el acceso a un trabajo. “Salones de belleza, salones de belleza y salones de belleza. Casi siempre laboran ahí. La gente comenta que hacen un buen trabajo con el cabello, pero no sabe si ellas quieren ser médicas, ingenieras, o líderes”, señaló Torres.

La Constitución de El Salvador deja en libertad al empleador de contratar personal conforme a sus políticas internas, sin embargo no todas están dispuestas a contratar mano de obra trans por prejuicios. “En ninguna institución te van a decir que si eres trans no te van a dejar trabajar. Te dicen que consideran más competente a otra persona. No se puede refutar ese elemento. El Estado no puede obligar a una empresa a trabajar con quien no quiere”, dijo el director.

Los prejuicios que se manejan en algunas empresas surgen de la vinculación de las personas trans con prácticas sexuales liberales y promiscuas. Para Torres, estos imaginarios generan una opinión pública hostil y de rechazo. “Tener satanizada la sexualidad es la mejor manera de mantener discriminada a la gente, (como creer) que la población trans tiene sexo en las calles de la capital, que va a llegar a pervertir a los empleados de las empresas y violar a la gente en los baños”, detalló.

Para contrarrestar el desempleo, el ministerio de trabajo habilitó en 2014 una ventanilla en la que la población LGTBI entregue sus hojas de vida, con el fin de ser empleados en base a sus capacidades. El proyecto no ha tenido mayor incidencia, al menos para las mujeres trans.

De acuerdo con las organizaciones, las mujeres trans están empleadas en maquilas de ropa, centro de atención de llamadas y cervecerías asociadas a la prostitución. “Siempre y cuando estés trabajando en un lugar donde no te ven, casi cualquiera te puede contratar, en una oficina encerrada, nadie te ve”, afirmó la representante de Aspidh, Mónica Linares.

La activista comenta que desconocen si los currículos entregados en el ministerio llegan a manos de las empresas, ya que casi nadie logra un puesto de trabajo. A diferencia de una orientación sexual, la identidad es visible, por ello es más dificultoso para las mujeres trans encontrar un puesto de trabajo, que el resto de la población LGTBI, aseguró Linares.

Cuando una mujer trans logra vencer los obstáculos de acceso a un empleo, tiene probabilidades de encontrar condiciones poco favorables a conservar su integridad. En algunas empresas obligan a las mujeres trans a formarse en filas junto con los hombres, a utilizar los baños destinados al género masculino, en donde algunas ocasiones las agreden verbalmente o violan su privacidad.

Para reivindicar sus derechos humanos, la población trans, en conjunto de las organizaciones LGTBI, poseen una mesa permanente con el ministerio de trabajo, en la que realizan acciones para sensibilizar al personal de diferentes empresas.

Al igual que Ambar, existen otras mujeres trans que esperan mejorar su calidad de vida por medio de la ley de identidad, para terminar sus estudios y aplicar a un puesto de trabajo, ya que muchas de ellas son cabezas de hogar. “Ambar Alfaro es mi nombre, por lo tanto las personas deben tratarme como tal”, afirmó la activista.

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La violencia machista en El Salvador ha llegado a formas inimaginables. Desde el país caribeño recibimos sus denuncias para que el grito de Ni Una Menos sea continental

Decenas de cuerpos de mujeres asesinadas están siendo abandonados en carreteras, en sus viviendas y en lugares recónditos en las que ellas nunca habían estado antes. La mayoría de las víctimas presentan señales de tortura, mutilaciones y en algunos casos los únicos testigos son sus hijos menores de edad.

El Salvador, nación ubicada en Centroamérica, reporta una crisis de violencia y asesinatos, que en 2017 alcanzó la tasa de homicidios a 60 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las autoridades responsabilizan a las pandillas, llamadas “maras”, de cometer los homicidios. Sin embargo, el aumento de los feminicidios tiene un origen cultural arraigado en el machismo y el odio a la mujer.

Cifras oficiales de la policía indican que en los primeros cuatro meses de 2018, el número de feminicidios creció 56%, respecto al mismo período del año previo, un fenómeno que preocupa a las autoridades e indigna a la población, que exige respuestas contundentes.

A las mujeres las están asesinando por el simple hecho de ser mujeres o por lucir como ellas, sin importar a qué se dedican, su credo, su lugar de residencia y su edad. Entre las víctimas se encuentran doctoras y agentes policiales.

Las mujeres salvadoreñas también denuncian acoso e insultos injustificados en las calles del país centroamericano, cuya población sobrepasa los 6 millones de habitantes.

“El asesinato de las mujeres es un problema, es una masacre porque somos más de la mitad de la población, somos el 53%”, dijo la coordinadora de la organización feminista Las Mélidas, Delia Cornejo.

Entre 2015 y abril de 2018 se han reportado un total de 1,003 feminicidios, a pesar que en el 2011 entró en vigencia una Ley Especial Integral de una Vida Libre de Violencia.

A las mujeres aún las matan con saña, si es que no las violan, torturan o despedazan. “Nuestro país ha entrado en un grave estado de descomposición, hay muchos casos gravísimos de violencia, de genocidio, violaciones de menores, casos dolorosos”, expresó a la prensa el Fiscal General, Douglas Meléndez.

Las parejas son sus verdugos

De acuerdo con la fiscalía, en la mayoría de los casos, los principales sospechosos de los crímenes son los compañeros sentimentales de las mujeres, quienes utilizan armas de fuego y armas blancas para cometer los asesinatos.

En el populoso barrio de Zacamil, un complejo de edificios residenciales situado al norte de la capital, Graciela Ramírez, de 22 años, fue asesinada con brutalidad por su pareja José Otero Turcios, de 29 años, pocos días antes de contraer matrimonio.

La causa que originó el asesinato todavía no ha sido esclarecido.

El informe forense determinó que Graciela, que era madre de una niña de tres años, tenía 56 heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo. José Otero Turcios fue capturado unos meses después y está siendo procesado por feminicidio, por lo que podría enfrentar una condena de entre 20 y 35 años de prisión.

Cifras oficiales indican que entre 2015 y 2018, la policía únicamente imputó a 383 hombres por el delito de feminicidio, entre los que destacan personas sin oficio, pandilleros y agricultores.

“A esta sociedad se le ha dicho que la mujer es patrimonio del hombre, quien gobierna y es cabeza de hogar, por lo que puede disponer de su cuerpo y de su vida”, expresó la fiscal especializada en feminicidios, Graciela Sagastume.

El ciclo feminicida comienza con violencia psicológica, sexual y física hasta terminar en muerte, pero no todas las mujeres se atreven a denunciar desde el principio porque normalizan la violencia o tienen temor de represalias.

Se activan alarmas

Ante la presión de los familiares de las víctimas y las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres, las instituciones del Estado le están apostando al severo castigo de los responsables, como una advertencia que dicta que los crímenes no quedarán impunes.

“A los victimarios los vamos a meter presos. Vamos a ir uno a uno, dos a dos o tres a tres. Nos va a costar, pero vamos a ir contra todos estos desgraciados feminicidas. Los vamos a meter presos”, expresó Douglas Meléndez.

La propuesta del fiscal es recluir a los feminicidas en una cárcel de máxima seguridad, donde también purgan años de prisión los cabecillas de las pandillas, entre ellos la Mara Salvatrucha y su rival el Barrio 18.

Con esta medida, la justicia salvadoreña pone al mismo nivel a los feminicidas y a los miembros de las maras, a los que el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó “animales”.

Las instituciones también invertirán en la prevención por medio de una nueva unidad de investigación, encargada de diseñar campañas educativas y comunitarias que concienticen a las mujeres sobre sus derechos.

“Le apostamos a la prevención, a hacer campañas de educación a las mujeres para no permitir que nos cosifiquen. Tenemos valor por ser mujeres, no necesitamos un hombre para valer”, sostuvo Graciela Sagastume.

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