Karen Vergara Sánchez – Marcha https://marcha.org.ar Periodismo popular, feminista y sin fronteras Fri, 01 Nov 2019 16:17:07 +0000 es-AR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.13 https://marcha.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/cropped-FAV_ICON-1-32x32.png Karen Vergara Sánchez – Marcha https://marcha.org.ar 32 32 A 10 días de la crisis en Chile: cómo volver a la normalidad, si aun no se seca la sangre https://marcha.org.ar/10-dias-de-la-crisis-en-chile-como-volver-la-normalidad-si-aun-no-se-seca-la-sangre/ Wed, 30 Oct 2019 19:00:26 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=46158 Por Karen Vergara Sánchez y Cecilia Ananías Soto* / Foto: Germán Romeo Pena

Hace diez días que el descontento social en Chile reventó en forma de gritos, cacerolazos y barricadas, movilizando a millones de personas. Fue así que “el jaguar de Latinoamérica”, como los economistas chilenos en los años 90’ describían a nuestro país, se sacó la máscara, revelando que solo era un lugar donde la desigualdad se acumulaba bajo la alfombra, ante la pasividad de sus habitantes y la ceguera de sus autoridades.

Las movilizaciones explotaron con tremenda fuerza, ante un Gobierno atónito, siendo calificado por la Primera Dama, Cecilia Morel como “alienígena”. Su primera respuesta: declarar Estado de Excepción y sacar a fuerzas policiales y militares a las calles, en directo enfrentamiento con los y las manifestantes, que fueron víctimas de disparos y fuerte represión por parte de Carabineros.

Habían transcurrido menos de tres días de Estado de Emergencia y el mismo presidente, Sebastián Piñera, afirmó que se trataba de “una guerra”, aunque el enemigo solo sostuviera letreros, cucharas y ollas. El saldo de esta decisión: 20 personas muertas (información corroborada hasta este momento), más de 3.500 personas detenidas, 1.100 personas heridas, según informaciones desde el Gobierno e informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta la mañana del martes 29 de octubre. Además de esas cifras la Defensoría de la Niñez, señala que 19 niños, niñas y adolescentes recibieron impactos de perdigones, 18 fueron víctimas de daño físico y más de 240 fueron detenidos.

Pero eso no detuvo las movilizaciones: a pesar del cansancio de las continuas marchas y el miedo y angustia por la represión, el viernes 25 de octubre se logró convocar a la marcha más grande de Chile, la cual reunió a más de 1 millón doscientas mil personas, solo en la capital; escenario que se repitió en regiones y ciudades de todo el territorio. Las calles se vieron desbordadas de protesta, en postales que pasarán a la historia. Con esto se probó que, a pesar de los continuos intentos por criminalizar las manifestaciones, estas siguen siendo representativas del malestar que aqueja a todos los chilenos y chilenas: la profunda necesidad de una vida digna, donde no esté privatizado cada derecho social. Las movilizaciones han sido descritas como las más convocantes luego del plesbicito que terminó con la dictadura de Augusto Pinochet.

El viernes por la noche, la estrategia del Gobierno fue “felicitar” la pacífica marcha, e intentó atribuírsela (a pesar de que cientos de asistentes dieron a conocer vídeos de represión, uso de camiones lanza agua y gas). Ahí, el mismo mandatario que solo hacía unos días había declarado una guerra contra quienes protestaban, señaló que “la multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado”, declaró Piñera, señalando más tarde que pediría la renuncia de todo su gabinete de ministros.

En paralelo, debido a las constantes denuncias de violaciones de los Derechos Humanos y peticiones de algunos parlamentarios chilenos, la alta comisionado de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunciaba el envío de una misión que debía arribar el lunes 28 de octubre al país. Por lo que, rápidamente, se pasó de aplaudir la gran marcha, a intentar retomar la “normalidad”.

No hay “normalidad” sin justicia

Durante todo el fin de semana, destacaron los constantes discursos invitando a retomar trabajos, clases, recorridos y rutinas en la jornada del lunes 28 y esto se vio acompañado de una serie de decisiones desde el gobierno.

Primero, se quitó el toque de queda que restringía el movimiento en distintas ciudades del país y luego, fueron publicados los decretos que establecían el término del Estado de Excepción en 15 de las 16 regiones del país. En Santiago, se anunció el funcionamiento parcial del Metro; mientras que, en las otras capitales, se intentó retomar la frecuencia de buses interurbanos y el comercio. Los canales de televisión abandonaron la cobertura a las movilizaciones y retomaron su programación habitual; incluso dedicaron largas notas a los primeros centros comerciales que abrieron sus puertas.

Pero, ¿cómo volver a la “normalidad”, si no se logran los cambios estructurales exigidos? Aún con una salud y educación públicas en crisis, aún con niños y niñas muriendo en el Servicio Nacional de Menores, aún con la misma Constitución escrita en Dictadura. ¿Cómo volver a trabajar y transitar como si nada, por las calles donde murieron decenas e hirieron a miles? ¿Y con nadie tomando responsabilidad política por lo ocurrido? Eran las preguntas que cruzaron por la mente de la población.

La respuesta claramente era “No hemos logrado nada. Esto sigue”. El sábado, en Concepción, miles de personas volvieron a salir a marchar. Fue en la Plaza de la Independencia, el mismo lugar donde Bernardo O’Higgins realizó la declaración solemne de la independencia chilena, que los militares decidieron disparar en contra los y las manifestantes, quienes huyeron con terror.

Mientras que el domingo, la Región del Valparaíso sorprendió con una multitudinaria nueva marcha, que repletó la costanera entera de toda esa zona costera; nuevamente, el actuar de militares y fuerzas policiales fue de reprimir entre balines de goma, chorros de agua, disparos con armas de fuego y lacrimógenas, sin importarle que hubieran niños, niñas, adultos mayores y familias enteras en el lugar.

Si bien, el lunes no llegó la comisión de la ONU y se anunció su reprogramación “unos días después”, las protestas continuaron con aún más fuerza, en respuesta, no solo a la falta de cambios estructurales, sino que, también, debido a un cambio de gabinete tan insólito, que parecía una mala broma. No se removió a los actores principales de la indignación: Salud (Jaime Mañalich, expulsado incluso del Colegio Médico), Educación (Marcela Cubillos, quien reprimió a educadores en paro durante mediados de este año), Transporte (Gloria Hutt, tema que originó el alza del descontento).

Santiago, Concepción, Valparaíso y otras ciudades volvieron a manifestar su descontento, y mientras finalizaba la actividad, espontáneamente plazas públicas y calles comenzaron a llenarse de manifestaciones y fuego, remarcando que ya no es posible volver a cerrar los ojos ante tantas atrocidades.

Este tercer informe busca resumir las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período.

La prensa en el blanco de críticas y balas

Una de las instituciones sociales que ha estado en el centro de las críticas, como también de la represión, ha sido el periodismo. En Chile, los medios de comunicación se caracterizan por estar fuertemente centralizados -ubicados en la capital, Santiago- y por pertenecer a unos pocos empresarios poderosos. Aunque se intenta romper el cerco informativo con reportes desde medios independientes, portales web, radios comunitarias, organizaciones civiles y redes sociales, claramente el alcance de estos no es el mismo que el de un canal nacional o diario parte del duopolio.

Uno de los medios más denunciados estos días fue La Tercera, periódico que está entre los más leídos del país (tanto en su versión impresa como digital), luego de que adjudicaran los ataques incendiarios del Metro de Santiago a supuestos ciudadanos extranjeros. La nota, firmada solo como “Equipo La Tercera”, declaraba que “según fuentes de inteligencia policial, se detectó participación de ciudadanos cubanos y venezolanos en las manifestaciones”. Al rato después, también subieron una segunda nota titulada “Gobierno rastrea rol de venezolanos en Twitter”.

Rápidamente, esta información fue descartada por el fiscal a cargo de la investigación de destrozos en el Metro, Omar Mérida: “La Fiscalía no tiene antecedentes de identidades ni nacionalidades específicas”. Por lo que, ese mismo día en la tarde, La Tercera sacó una aclaración y afirmaron que se trataba de “un error del que nos hacemos cargo”, negando que buscaran criminalizar a ciudadanos extranjeros viviendo en Chile, aunque claramente ese fue el efecto de la nota, además de aumentar la “conspiranoia”.

Este no es el único medio de difundir información falsa o de criminalizar al movimiento social. Son constantes las notas informativas centradas en los daños materiales -quema de supermercados, destrucción de estaciones del Metro-, por sobre las violaciones a los Derechos Humanos y muertes por acción del Estado, lo cual genera que desde ciertos sectores de la ciudadanía vean con malos ojos la protesta social, justifiquen la violencia de Estado y exijan el regreso del Estado de Excepción y toque de queda. A esto, se suma la denuncia de la Federación de Trabajadores de Canales de Televisión, que expuso cómo el presidente y su ex ministro de Interior, Andrés Chadwick, citaron a máximos ejecutivos de canales de televisión a La Moneda el 26 de octubre. “El país debe conocer cuáles han sido las intenciones del Gobierno para convocar a los directivos de estos medios televisivos, en una práctica intervencionista y que atenta contra la independencia que deben tener los medios en una sociedad democrática”, declararon desde el Colegio de Periodistas.

Pero mientras ocurre esto en medios con más alcance y poder, existen otros comunicadores y comunicadoras intentando generar otro tipo de cobertura, quienes se han visto también expuestos a la violencia. Fue el caso de reporteros del medio independiente Piensa Prensa, quienes recibieron una golpiza por parte de Carabineros –fuerzas policiales chilenas-, mientras grababan su violento accionar.

Como relató Sacha Rojas a El Desconcierto: “Nos fijamos en una detención ilegal de una persona que estaban arrastrando por el piso y dando lumazos -golpes con bastón policial- en las costillas. Siempre mantuvimos una distancia considerable”. Ahí, “uno de los carabineros, sin ninguna provocación, empezó a golpear a toda la prensa y el último fui yo, después de haber golpeado a toda la gente que estaba sacando fotos. Le dije ‘soy prensa’; me dio tres golpes en la cabeza con la luma, me bota al suelo y pierdo la consciencia durante unos segundos”. Tras volver en sí, encaró al efectivo, pero el piquete abandonó el sector.

Sería una de las primeras denuncias públicas, de muchas más que vendrían. En Concepción, el camarógrafo Alejandro Torres recibió un disparo en el ojo, quedando en estado grave. Aunque posteriormente logró estabilizarse, acabó con la pérdida del globo ocular. Ese mismo día, recibió un disparo de balín en el pecho el periodista y académico de la Universidad de Concepción, Fernando Venegas, quien quedó con lesiones leves. También, desde el medio local, Sabes.cl, denunciaron que una de sus gráficas, la fotógrafa Jasna Núñez, fue arrollada por un grupo de Carabineros a caballo, quienes no la asistieron. Desde el Colegio de Periodistas de la zona se condenaron estos hechos y además, se acusó a una página de periodismo ciudadano, Amigos Penquistas, de incitar a la gente a atacar la oficina de otro medio, la Radio Bío Bío y de difusión de noticias falsas..

Mientras que en extremo norte del país, en Arica, tres periodistas del diario La Estrella de Arica, Estefani Carrasco, Patricia Torres y Alfredo Sanhueza, no solo denunciaron haber sido arbitrariamente detenidas, sino que, en el caso de las mujeres, fueron obligadas a desnudarse en una comisaría y a realizar sentadillas con la ropa interior abajo, de manera de humillarlas. Lo ocurrido es una de las 18 querellas por violencia sexual que está interponiendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Incluso, un grupo de reporteros argentinos, Nazareno Roviello (La Retaguardia), Andrés Masotto (Radio Presente) y Leandro Díaz del Campo (ANCAP) fueron retenidos por largas horas en el Aeropuerto de Santiago y estuvieron a punto de ser deportados debido a que el contenido en sus redes sociales “incitaban al odio”. Tras la intervención del INDH y diversos parlamentarios, se logró revocar la medida.

¿El derecho de vivir en paz?

No solo periodistas están expuestos a la violencia de Estado. Las denuncias de activistas y líderes sociales detenidos de manera arbitraria e ilegal se acumulan a diario. Anteriormente, mencionamos las detenciones desde sus hogares de Pablo Ferrada, Anais Pulgar y Valentina Miranda, todos militantes de las Juventudes Comunistas. También, del estudiante de sociología y activista medioambiental, Francisco Reyes Aguayo. A esto, se suma la detención en su casa del dirigente estudiantil de la Universidad Arturo Prat (UNAP), Rodrigo Martínez Caices, en Iquique, información que fue posteriormente corroborada por el INDH.

A esto se suma la denuncia del boxeador y activista por los derechos de niños, niñas y adolescentes, Cristóbal Yessen, quien fue detenido en Santiago Centro durante un control de identidad. El deportista, conocido por su fuerte lucha contra la violencia que enfrentan NNAs en el Servicio Nacional de Menores (SENAME), relató en sus redes sociales que el funcionario policial le dijo que le detenía por “hablar weas en redes sociales”. En la comisaría fue torturado “golpeando mi rostro, cabeza y manos. Me arañaron mi abdomen y espalda, me provocaron un trauma serio en el ojo, que podría llevar a un pérdida parcial de visión. Mi abogada, Pía Corvalán, jamás pudo hablar conmigo, porque estaba incomunicado”.

Los traumas oculares han sido un ataque distintivo por parte de agentes del Estado. Como informó el Colegio Médico y la Asociación Chilena de Oftalmología, más de 100 personas han perdido la visión en un ojo por impacto de perdigones, hasta el 27 de octubre. Estas entidades especificaron que “desde el 19 al 26 de octubre se presentaron 96 pacientes con Trauma Ocular Severo, de los cuales 84 (86%) eran hombres y 12 (14%) mujeres”. Del total de pacientes, 29 (32%) presentaban Traumatismo Ocular con Globo Abierto (estallido ocular 15, herida penetrante ocular 14) siendo el principal mecanismo de acción herida por balines de goma (82% del total). Lo más grave es que esto fue provocado por agentes del Estado”, agregaron, señalando además que nunca habían tenido tal cantidad de casos semejantes en un lapso tan breve de tiempo.

Natalia Aravena Contreras, joven conocida por informar sobre productos de belleza libres de crueldad animal, fue una de las personas afectadas por disparo de balines. Había salido a marchar el 28 de octubre por Santiago centro, cuando se vio rodeada por la represión policial, por lo que intentó alejarse. “Me di vuelta a ver nuevamente dónde venían [las fuerzas policiales] y sentí un golpe muy fuerte en mi ojo derecho. Solo atiné a taparme el ojo y entre el aturdimiento no veía. Suerte la mía que un cabro Técnico en Salud me vio y me ayudó”. Su evaluación fue estallido ocular y lo más probable es que lo pierda. “Salí porque yo quería luchar contra las desigualdades que nos tienen viviendo mal, con la gente infeliz y triste. Pero los pacos andan jugando a la guerra […] se llevaron mi ojo, pero no mis ganas de luchar”.

Otro caso grave que se dio a conocer públicamente, fue el de una adolescente de 16 años, identificada solo como D.U., quien, transitaba por su familia por La Pintana, cuando se vieron rodeados por la represión policial a la gente. Ahí, ella fue herida a bala por un civil que, por la postura y el arma que tenía, su padre describió “como un experto, como un militar”. El proyectil le perforó un pulmón y la rompió la columna vertebral. Estuvo a punto de morir, pero fue estabilizada y fuera de riesgo vital. El diagnóstico indica que quedará parapléjica.

El cuerpo como territorio de conquista

A las personas con heridas graves, traumas oculares y detenciones arbitrarias, se suma la violencia sexual por parte de agentes del Estado. El INDH ya suma 19 querellas por delitos sexuales presentadas por 40 víctimas. De estas, 14 son menores de edad, 20 mujeres y 6 hombres. Una de las víctimas, “estaba puesta boca abajo contra la basura y con el arma de servicio fue amenazada con dispararle si se movía. Luego con esa misma arma se tocó su cuerpo y se le amenazó con penetrarla con el fusil”. A otra, se le obligó a hacer sentadillas desnuda, se le insultó y se le amenazó con violencia sexual física en una comisaría:

“Antes de ingresar al calabozo me llevaron a un baño, y me revisaron la ropa, los bolsillos. Me hicieron sacarme los zapatos, los calcetines, después me dicen ‘ya, ¡súbete la polera, muéstrame los senos!’, yo andaba sin sostén, después ‘¡bájate los pantalones!’, y yo ya listo y me dicen ‘¡bájate los calzones!’, ‘tenís que agacharte ahora’, sin explicar por qué, nada”, relató Bárbara Urquieta a The Clinic.

Las disidencias también se encuentran expuestas a esta violencia. Un estudiante de Medicina de la Universidad Católica, Josué Maureira, denunció públicamente haber sido torturado y abusado sexualmente por carabineros de la 51° comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Desde su universidad lo apoyaron en un documento, en el que relatan los hechos: “Lo mantuvieron esposado y así fue golpeado sin mediar provocación alguna e insultado por ser homosexual, asunto que dedujeron sus victimarios porque andaba con las uñas pintadas de rojo. Luego lo desnudaron completamente y además abusaron sexualmente de la víctima dentro del contexto de tortura que sufría en ese momento”. Posteriormente, este declaró estar amenazado de muerte por Carabineros.

Al poco tiempo después de esta denuncia, salió a la luz el caso de Lucas Rocha, otra persona perteneciente a la comunidad LGBTIQ+ que denunció haber sido víctima de violación por parte de Carabineros. “Estaba caminando por la Alameda, yo no estaba haciendo nada, me estaba yendo a mi casa y me subieron a una camioneta”, relató el afectado. Tras golpearlo, torturarlo y violarlo por alrededor de dos horas, fue lanzado desde una camioneta en pleno Santiago Centro, donde fue hallado y asistido por transeúntes.

Estación Baquedano, combinación con 1973

Otra de las graves acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos, fue que se estaba utilizando la Estación Baquedano del Metro de Santiago como centro de torturas y detenciones ilegales. Todo comenzó cuando Nicolás Lüer, de 22 años, denunció haber en este lugar por efectivos de Carabineros, donde opera la 60° Comisaría. “Lüer acusaba haber recibido golpes con toallas mojadas y sufrir una luxación en la rodilla, y dice haber escuchado disparos con balín de goma y haber visto a otros manifestantes colgados del techo por sus manos, según una publicación realizada por su hermana a través de Instagram y un posterior relato entregado a su abogado”, recoge el medio independiente Interferencia.

La acusación e investigación comenzó el miércoles 23 en la madrugada. Al mediodía, La Tercera publicó un artículo titulado “Jueces que se constituyeron en estación Baquedano: ‘No encontramos a personas detenidas, ni menos colgando del techo’”. El texto buscaba desestimar completamente su denuncia. Pero como recogió el medio Interferencia y también Radio Canal 13, cuando llegaron no habían personas, pero sí tenían razones para creer que dos horas antes se había torturado gente en el mismo lugar.

Como relató el juez Daniel Urrutia, los efectivos policiales estaban nerviosos, agitados y cayeron en contradicciones. El lugar de las torturas, que no suele estar abierto a público, fue vívidamente descrito por la víctima, lo cual le aportó aún más veracidad a su relato. Además encontraron siete cartuchos de escopeta, seis de ellos ya percutados y amarras plásticas. No habían rastros de sangre, pero horas antes Carabineros había limpiado  completamente el lugar, aduciendo que lo habían hecho porque se habían ensuciado las escaleras con un baño químico. En una nueva entrevista, este mismo juez agregó que todo ocurrió en un punto ciego deprovisto de cámaras, por lo que la investigación continúa.

No son sólo cifras

Hasta el momento, 20 muertes han sido informadas por el gobierno chileno, al menos de manera oficial. Desde los primeros días, estos anuncios se han quedado en entregar cifras, más que en ahondar sobre sus nombres, historias ni las condiciones en que fueron asesinados. Parecen ser solo números que sobra. Incluso, como algunos y algunas fueron encontrados calcinados al interior de establecimientos saqueados e incendiados, se les asoció al robo. Como fue el caso de un adulto, cuyo cadáver calcinado fue encontrado en un Construmart -cadena de ferreterías- en La Pintana, Región Metropolitana.

No fue hasta varios días después que se le identificó como José Atilio Arancibia Pereira, de 74 años. Su familia había puesto una denuncia por presunta desgracia, luego de que “don Tilo” se extraviara en medio de las manifestaciones e incendios. Apenas lo reconocieron, tiraron por el suelo la teoría de que se encontraba saqueando: él padecía Alzheimer y se había desorientado.

Una criminalización similar sufrió Manuel Rebolledo Navarrete, un hombre de 23 años de la Población La Libertad de Talcahuano, quien murió arrollado por un camión militar, conducido por un infante de la Armada. Rebolledo fue acusado de participar en los saqueos a los frigoríficos de una pesquera -como si eso justificara su muerte-, pero sus familiares desmintieron esto, afirmando que el joven padre se encontraba en una cancha del lugar, cuando vio que ocurrían los saqueos y la fuerte represión, por lo que intentó huir de regreso a su hogar. Ahí fue cuando el agente del Estado se salió de la vía y le pasó por encima con el vehículo, matándolo. Este infante fue  formalizado por cuasi delito de homicidio y luego, fue reintegrado a sus funciones.

La historia de Rebolledo, contada por familiares cercanos, fue recogida por el Colectivo Frente Audiovisual en un video titulado “El Polera”:

Otro de los asesinados por agentes de Estado fue Álex Núñez, un eléctrico de 39 años y padre de tres hijos, quien salió la noche del domingo 20 de octubre a realizar unas entregas. Cuando llegó a la Plaza Juan José de Rivera, fue interceptado por la policía. Era la segunda jornada con la restricción de circulación y la habían decretado más temprano que el día anterior.

“Lo emboscaron por atrás y ahí lo golpearon en la cabeza, todo el rato en la cabeza”, señala Rodrigo Núñez, su hijo. Este joven se encontraba manifestándose en su barrio, cuando vio que por la calle “venía caminando como podía. Ya al verlo llegar, era él. Era mi papi, estaba todo desfigurado. Ahí le dije que se fuera para la casa. Lo trajimos para acá y después al rato lo vino a ver mi mamá”, añade. Alex le decía a su hijo que le dolía la cabeza y sólo quería acostarse. A las ocho de la mañana del día siguiente, el tío de Rodrigo lo llamó por teléfono y le dijo que ya no estaba respirando. Falleció la madrugada del martes a causa de los golpes propinados por Fuerzas Especiales de Carabineros.

Otra víctima incluida entre las querellas ante el Estado, es José Uribe Antipani, un soldador de 26 años y padre de un niño de año y medio. El joven de 26 años, José Miguel Uribe Antipani, murió mientras se trasladaba desde Santiago a Curicó -su ciudad natal- producto de un disparo de un militar en el tórax; otros dos amigos que le acompañaban resultaron heridos. Su padre, Nelson Uribe, afirmó a The Clinic que “ellos andaban golpeando una ollita y los militares no encontraron mejor cosa que matarlos”.

 

Estas son solo algunas de las muertes reconocidas por el Estado. Existen otras muertes que no han entrado a las cifras oficiales, mientras la ciudadanía exige su investigación, como fue el caso de la artista callejera de 36 años, Daniela Carrasco. El cadáver de “La Mimo”, como era conocida, fue encontrado colgado de una reja de la comunidad Pedro Aguirre Cerca, al sur de Santiago de Chile. Desde el Servicio Médico Legal se afirmó que había muerto por asfixia y que se trataba de un suicidio; mientras que vecinos y vecinos denuncian que ella fue vista por última vez cuando era detenida por un grupo de Carabineros.

A modo de cierre

Mientras se escribía este reporte, durante toda la jornada del martes 29 de octubre, continuaron las movilizaciones en todo el país, como también las violaciones a los DDHH. Las educadoras de párvulos salieron a las calles, denunciando los problemas del proyecto de “Sala cuna universal” que se quiere promover en el país; se encontraron con las fuerzas policiales atacándoles con chorros de agua, gases, lacrimógenas y balines.

Se llamó a una marcha que llegara hasta el Palacio de La Moneda, mas, no se logró debido a la fuerte represión, la cual fue tan violenta, que hasta un observador del INDH recibió siete impactos de balines disparados por agentes del Estado, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Los manifestantes en Santiago se han encontrado con grandes perímetros cercanos a La Moneda cercados por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, además de tiradores apostados en los edificios que rodean el Paseo Bulnes. Recientemente, Londres 38, un ex centro de tortura, represión y exterminio durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que en la actualidad fue recuperado y gestionado como un espacio de memorias abierto a la ciudadanía, denunció que policías habrían gaseado intencionalmente el espacio:

Un reportaje de Ciper sobre los documentos de las fuerzas policiales chilenas que un hackeo reveló, mostró cómo Carabineros monitoreaba a agrupaciones sindicales, estudiantiles y medioambientalistas, al considerarlos “blancos de interés”.

Desde Amnistía Internacional se aseguró que las violaciones a los Derechos Humanos que se han registrado durante los últimos días en Chile, son comparables con las realidades de Venezuela, Nicaragua, México y Honduras. Mientras, se apronta la llegada de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que iniciará su trabajo en Chile desde este miércoles 30.

Debido a esta presión internacional, y los cuestionamientos al Presidente Piñera sobre su gestión y las violaciones a los Derechos Humanos que están ocurriendo en el país, se decidió cancelar las convenciones APEC y COP, que se realizarían en los meses de noviembre y diciembre de este año. El mandatario se encuentra cercado por el nulo apoyo extranjero que ha tenido su represión violenta y el miedo a sufrir un papelón de proporciones frente a la prensa extranjera, mandatarios y las manifestaciones que podrían haberse desencadenado con aún más fuerza.

 

*periodistas integrantes de la ONG Amaranta

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]]> El “oasis” se volvió Dictadura https://marcha.org.ar/el-oasis-se-volvio-dictadura/ Thu, 24 Oct 2019 03:05:45 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=46103 Represión, asesinatos y torturas marcan las protestas por una vida digna en Chile, a lo que se suma la detención ilegal por parte de Carabineros de Pablo Ferrada, Anais Pulgar y la vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) Valentina Miranda. Un reporte que relata la resistencia de un pueblo que hace historia.

Por Karen Vergara y Cecilia Ananías* / Diseño y foto: Nicole Kramm

Chile “es un verdadero oasis, con una democracia estable”, decía el presidente Sebastián Piñera a principios de octubre en el programa “Mucho Gusto” de Mega -un canal nacional-, tras ser consultado por la crisis que azotaba a Perú y Ecuador. Solo diez días después de pronunciar esta frase, las protestas que se desataron en Santiago y que luego se masificaron por todo el territorio, dejaron en claro que el oasis no era más que un espejismo.

Si bien las protestas comenzaron con llamados desde los y las estudiantes a evadir el pago del pasaje del Metro, ante una nueva subida de precio, hace rato que no es la única demanda: “No es por 30 pesos, es por 30 años”, exclaman en las calles.

Santiago, la capital, fue el primer lugar donde se declaró el Estado de Excepción, en respuesta a la crisis social. Le siguieron las otras dos ciudades más grandes del país, Valparaíso y Concepción. Posteriormente, se declaró para las ciudades de: Coquimbo, La Serena, Antofagasta, Valdivia, Talca, Chillán, Chillán Viejo, Temuco, Padre Las Casas y Punta Arenas. Eso significa 11 de las 16 capitales regionales del país se encuentran en situación de Estado de Emergencia, el cual consiste en restringir la libertad de locomoción y de asociación, y que además sumó el toque de queda que restringe la circulación de personas y vehículos en determinados horarios y la salida de los militares a las calles.

Hasta el lunes 22 de octubre las fuentes oficiales hablaban de 10 mil militares en las calles, los que se sumaron al trabajo de Carabineros y Policía de Investigaciones -ambas, fuerzas policiales del país-, realizando controles de identidad, y tomando detenidas a cientos de personas con motivos poco claros.

Conspiranoia

“Es como una invasión alienígena”: así describió las manifestaciones ciudadanas la Primera Dama, Cecilia Morel, en un audio filtrado de WhatsApp que supuestamente le envió a una amiga; estrategia que nos remonta a la época de la dictadura chilena, al hablar de un supuesto plan terrorífico de desabastecimiento y ataques incendiarios a aeropuertos y hospitales. Otros políticos le adjudicaron las protestas a una supuesta injerencia del venezolano Nicolás Maduro, o al partido comunista internacional, dejando clara la burbuja de privilegio en la que vive el 1% del país.

Esto porque para el común de los chilenas y chilenos, lo único extraño fueron tantos años soportando en silencio: los bajos sueldos y precarios empleos; los altos costos de servicios básicos, medicamentos y alimentos; el mal traído sistema de salud y educación pública; las paupérrimas jubilaciones que retiran adultos y adultas mayores; lo caro e indigno del transporte público; los niños y niñas cuyas infancias siguen siendo vejadas en el Servicio Nacional de Menores; el saqueo del agua y otros recursos naturales, un aumento en la cantidad de suicidios de jóvenes y ancianos y un largo suma y sigue que retrata a uno de los diez países más desiguales del mundo.

Este miércoles, a días del inicio de las manifestaciones y entre constantes reportes de violencia policial y de las indignantes declaraciones y soluciones parche que emanan desde el Estado, cuesta resumir lo que ocurre en un solo reporte. Durante la noche, los ruidos de los cacerolazos (protesta en que los manifestantes golpean rítmicamente cacerolas, ollas u otros utensilios domésticos) se mezclan con los gritos, disparos y el olor de los gases lacrimógenos en distintos puntos del país. En el caso de Santiago, los helicópteros sobrevuelan toda la noche, con una luz potente que busca colarse en cada casa y departamento, generando miedo y dificultades para dormir.

Cuesta descansar, puesto que se respira efervescencia social y solidaridad, mezclada con miedo y angustia. La brutal forma en que se ha respondido desde el Estado es un constante recordatorio de que la Dictadura sigue demasiado viva en Chile y que puede volver a alzarse sobre la ciudadanía con solo un par de supermercados quemados; porque, en un país donde los centros comerciales solo colocan una “carpa” cuando alguien se suicida en sus dependencias, queda claro que lo material está por sobre la vida humana. 

Durante estos días en Amaranta hemos realizado un ejercicio sobre la memoria histórica: ver el documental “Chile, las imágenes prohibidas”, que muestra en varios capítulos los archivos guardados por audiovisuales, reporteros/as y gráficos/as sobre los años de dictadura (1973-1989). Las similitudes son abrumadoras: el abuso policial y militar, que en esos años era tan difícil de registrar ahora aparece en cada teléfono y computadora. Los discursos oficialistas vuelven a hablar de una guerra, de un enemigo que parece articulado y devastador, aunque en la práctica solo tenga una cacerola y una cuchara de madera. 

La ausencia de liderazgos de este estallido sigue teniendo en jaque a la clase política chilena, que aún se siente con la potestad de replicar promesas de campaña, proyectos de ley que ya están durmiendo en la cámara y promesas que están amarradas a alguna pérdida para las personas movilizadas.

Este es un intento por recopilar los principales hitos de la crisis y manifestaciones en Chile por una vida digna, dividiéndolos en subsecciones.

Violencia de Estado

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hasta el miércoles 23 de octubre en la mañana, contabilizaba cinco personas muertas por la presunta acción de militares y de carabineros. Fueron identificados como: Romario Veloz, de La Serena (Región de Coquimbo), producto de un disparo en el cuello. Alex Núñez, Maipú (Región Metropolitana), producto de golpes con lumas en el cráneo y tórax. Kevin Gómez, Coquimbo (región del mismo nombre), sufrió un disparo por parte de militar. Manuel Rebolledo Navarrete, en Talcahuano (Región del Biobío), arrollado por un vehículo de militares y José Miguel Uribe Antipán, de Curicó (Región del Maile), quien recibió disparo por parte de un militar.  Hasta ese reporte se contabilizaban 269 personas heridas, de las cuales 137 presentan lesiones por armas de fuego y 1.894 personas detenidas.

Esta información fue entregada por el director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, quien también ha revelado que la violencia policial ha ido creciendo con el paso de los días. Levantando que se han registrado casos de violencia sexual, con la cifra de 3 acciones judiciales hasta el momento.

Otra de las querellas que está llevando a cabo el INDH, es un grave caso ocurrido en Peñalolén, cuando se detuvo a tres adultos y un menor de edad durante el toque de queda del lunes 21. Carabineros los acusó de estar robando, pese a que les señalaron que iban rumbo a la casa de la abuela del menor de edad. Cuando eran trasladados hasta la 23 Comisaría de Peñalolén, detuvieron un cuarto sujeto. Fue ahí que todos los detenidos, incluido el adolescente de 14 años, fueron sometidos a torturas.

Según el relato de la querella, recogido en una nota de La Tercera: “Los detenidos fueron ‘crucificados’ en la estructura metálica de la antena de la Comisaría, colgándolos desde las esposas”. También se usó gas pimienta y fueron sometidos a golpizas.

Este relato se suma a las denuncias de torturas y detenciones bajo el subsuelo capitalino. Una denuncia viral dio a conocer que se estaban deteniendo y torturando a personas en la Estación de Metro Baquedano, luego de que un joven fuera rescatado por la Cruz Roja desde el lugar, visiblemente traumatizado y herido. Debido a esto, el INDH se acercó a investigar a primera hora de la madrugada. Desde este organismo, fueron insistentes en señalar que se debe esperar los resultados de la investigación que lleva el Ministerio Público. En Twitter, se denuncia que habrían limpiado de evidencias la escena, mas, esto es material de investigación.

Detención de líderes sociales

Sólo en la madrugada del miércoles, a través de redes sociales se pudo ver la detención ilegal por parte de Carabineros de Pablo Ferrada, Anais Pulgar y la vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) Valentina Miranda, todos militantes de las Juventudes Comunistas, lo que tiene a las parlamentarias Camila Vallejo y Karol Cariola en las dependencias de la 3ra Comisaría de Santiago:

Un caso similar se registró en Viña del Mar, donde se detuvo ilegalmente al estudiante de sociología Francisco Reyes Aguayo, quien además es dirigente social de Ventanas -una zona industrializada donde sus habitantes han marchado por un ambiente limpio, tras constantes intoxicaciones masivas-. El joven fue detenido en su propio hogar de manera ilegal por fuerzas policiales, quienes no solo lo maltrataron a él; también, atacaron a su padre, su abuela de 85 años y su entorno doméstico. Reyes fue llevado a distintas comisarías, mientras era maltratado durante el trayecto, para ser posteriormente dejado en la Primera Comisaría de Viña del Mar. No se le liberó hasta la mañana siguiente, según informaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso -su casa de estudios-.

Desde el primer día de las protestas, se visibilizó el actuar tan incomprensible, como violento, de las fuerzas policiales y armadas, en distintos videos e imágenes captados por la ciudadanías. Uno de los primeros casos que se viralizó, fue el de la detención ilegal de la directora del Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC), María José Guerrero, quien se encontraba en la vía pública participando de las protestas cuando fue detenida. La situación quedó registrada en una transmisión en vivo por Instagram, en la que se apreciaba cómo un carabinero dispersaba a las manifestantes. “Basta, ¿cuál es tu nombre?“, le pregunta la directora de la OCAC. Momento en que el funcionario la toma de  brazo y se la lleva, mientras otras personas le consultan del motivo de la detención, lo que no obtuvo respuesta.

Estos son solo algunos de los casos de dirigentes sociales detenidos, violentados y amenazados que han salido a la luz, pero no serían los únicos.

Respuesta del Estado: “bonos”, pero no cambios estructurales

El presidente Sebastián Piñera presentó este martes, desde el Palacio de La Moneda, un conjunto de propuestas para una “agenda social de unidad nacional”, para luego afirmar que “es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión”.

Entre su conjunto de propuestas, se encontraba el aumento inmediato de 20% de la Pensión Básica Solidaria -beneficio monetario mensual al que pueden acceder todas las personas que no tengan derecho a una pensión en algún régimen previsional-. Si bien esto beneficiará a 590 mil pensionados, en la práctica son solo 21.400 pesos más (29 dólares).

También, anunció la creación de un Ingreso Mínimo Garantizado de 350.000 pesos (482 dólares), para todos los trabajadores con jornada completa y la reducción de las dietas de los parlamentarios y altos sueldos de la administración pública; este anuncio incluyó la reducción en el número de los parlamentarios y limitación de las reelecciones (lo cual, podría limitar lo democrática del Poder Legislativo).

Las propuestas completas pueden revisarse aquí. En general, se trató de muchos proyectos que se estaban solicitando hacía décadas y cuyas propuestas no apuntan a un cambio de la desigualdad estructural, sino que solo a medidas parches que deberían ser financiadas por el Estado y sus ciudadanos.

Desde la comunidad, lo que se exige urgentemente es el fin del Estado de Emergencia y de las restricciones individuales, incluyendo sacar militares y fuerzas policiales de las calles. Y luego, generar una Asamblea Constituyente para cambiar el modelo desigual en el que se sustenta Chile. Esto incluiría, cambiar el actual sistema de salud privado de las Isapres, conocido por sus altos precios y por discriminar a usuarios y usuarias por género, enfermedades pre-existentes, discapacidad, entre otros y reforzar y replantear el sistema de salud público, Fonasa; también, cambiar el actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP-, que anualmente recauda millones de dólares en ganancias a expensas de sus cotizantes, sin que estos jamás vean mayor beneficios en sus fondos y jubilaciones.

Defensa de los territorios del extractivismo, recuperación de las aguas como un bien nacional y reconocimiento de los pueblos indígenas de Chile son otras de las demandas. Desde otros sectores, incluso exigen cambiar la actual Constitución de Chile, la cual fue promulgada en plena Dictadura, coartando una serie de derechos sociales. A pesar de los oscuros orígenes de este texto, se encuentra completamente vigente.

A pesar de los anuncios de Sebastián Piñera, las manifestaciones continúan este miércoles. Se han hecho llamados a cacerolear, marchar e incluso, a bailar masivamente, de manera de demostrar el descontento. De día, las calles se tiñen de gente saltando, muestras artísticas y culturales, y de originales letreros de protesta, entre el cálido sol de primavera; es tras el toque de queda, alrededor de las seis de la tarde, cuando comienzan a llegar los reportes de detenciones ilegales y violaciones a los Derechos Humanos.

Tan solo la madrugada del miércoles, dos personas más murieron en medio de las protestas: se trataba de un hombre adulto y otro niño de 4 años, quienes fueron arrollados por un auto, junto a una veintena de personas, mientras tocaban ollas, sartenes y cacerolas en la Ruta 160 de San Pedro de la Paz, a la altura del kilómetro 14 (Villa Los Escritores).

Sus muertes fueron sumados al nuevo conteo del gobierno, que ya cifra en al menos 18 los fallecidos y fallecidas en medio de la crisis socia. Un recordatorio de que no se puede responder a la pérdida de sus vidas con solo un par de medidas parche y unas palmadas en la espalda a las fuerzas policiales y militares.

Al cierre de esta nota, Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH, detalló que las querellas por violencia sexual habían aumentado a 8; además, existen otras 24 querellas por apremios ilegítimos o torturas. A pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su condena al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de protestas sociales en Chile, el Ministerio de Defensa llamó al servicio activo de carácter obligado a reservistas de las fuerzas armadas para reformar las labores en el contexto del Estado de Emergencia decretado en provincias y regiones del país.

Leé la primera parte del reporte:

Santiago de Chile: Decretan estado de emergencia debido a manifestaciones por coste de la vida

 

*periodistas integrantes de @AmarantaONG

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]]> Santiago de Chile: Decretan estado de emergencia debido a manifestaciones por coste de la vida https://marcha.org.ar/santiago-de-chile-decretan-estado-de-emergencia-debido-manifestaciones-por-coste-de-la-vida/ Sat, 19 Oct 2019 16:05:12 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=46010 El presidente de Chile, Sebastian Piñera decretó el Estado de Emergencia y Excepción en Santiago y mandó a los miltares a las calles para reprimir la insurrección del pueblo. En solo uno de los hospitales de la capital, alrededor de 30 personas llegaron lesionadas durante la noche. La mayoría, menores de 21 años.

Por Karen Vergara Sánchez* desde Santiago / Foto: Frente Fotográfico

Partieron con más fuerza el martes 15. Decenas de jóvenes estudiantes entre 13 y 17 años planificaron evasiones masivas en el Metro de Santiago, como respuesta al aumento del precio del pasaje y también manifestando un descontento, -compartido por la población-, que devela la precarización de la vida y la desigualdad existente en el país.

Chile, que en el año 2016, según cifras del Banco Mundial se transformó en el séptimo país más desigual del mundo, estaba incubando un malestar general que también responde al incremento de la cesantía y las políticas conservadoras y represivas del presidente Sebastián Piñera y su gabinete, que cuenta con constantes declaraciones polémicas que esta semana finalmente terminaron por colmar la paciencia de los santiaguinos.

Es el caso del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien indicó el lunes 7 de octubre en los medios que “el que madrugue será ayudado”, señalando que si un trabajador tomaba el transporte público capitalino a las 7AM podría evitar el alza de precios, al no estar en la hora punta de ingreso (mayor demanda).

Se suma a las palabras del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien ante el aumento del coste de la vida, señaló “los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,6%”, desatando la indignación de los ciudadanos y ciudadanas. Días antes se había destacado su llamado a “rezar” para reactivar la economía.

Por otro lado, la amplia aprobación nacional al proyecto de 40 horas de trabajo semanales, enarbolado por la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, había demostrado el hastío que se estaba empezando en los hogares. La televisión y los medios de prensa tradicionales se llenaron de vergonzosas encuestas a empresarios y políticos oficialistas, señalando su rechazo absoluto a la idea.

El movimiento siguió adquiriendo fuerza con el paso de los días, sumándose al descontento nacional por el sistema de AFP’s que tiene a adultos mayores jubilándose con pensiones equivalentes a 120 dólares, un cuarto del sueldo mínimo nacional, y que no alcanza para sobrevivir. Se discute la posibilidad de retirar los fondos de pensión de manera anticipada, ya que una profesora sigue una causa legal para intentar quebrarle la mano al modelo. Mismo modelo que en la actualidad tiene a las empresas administradoras de los fondos de pensión con ganancias millonarias, que en ningún caso se traspasan a los trabajadores.

Si bien, las evasiones partieron de forma pacífica y encabezadas solo por estudiantes secundarios, ya en la mitad de la semana se presentaba un apoyo transversal de los ciudadanos, quienes en matinales, programas de televisión y de radio manifestaban su apoyo a las acciones, pese al conservadurismo de reporteros y animadores de los canales de televisión, quienes intentaban tensionar el diálogo hacia la toma de medidas represivas. Comenzaron también a viralizarse a través de redes sociales, distintos vídeos de los mismos civiles intentando dialogar con Carabineros, dándoles a conocer el por qué de las movilizaciones espontáneas.

Durante la tarde del viernes 18, las manifestaciones llegaron a su punto máximo, desconcertando a policía y gobierno, puesto que no existe vocería, partido político o dirigente liderando la causa. Carabineros se agolparon en cada estación de Metro, causando mayor indignación al cerrar los accesos, lanzar gases lacrimógenos al interior de los subterráneos y apalear estudiantes. Una adolescente recibió un disparo en el muslo, desangrándose con rapidez, la cual quedó registrada en un dramático vídeo que se viralizó a través de redes sociales, y que fue atendida en primera instancia por los mismos transeúntes y paramédicos del sector.

Con el transcurso de las horas, en redes sociales comenzaron a aparecer imágenes de niños con balas de goma en el rostro, nuca y pecho. Vídeos que muestran el actuar desmedido de Carabineros, al nivel de empujar a un joven escaleras abajo en el Metro. Este vídeo, registrado en Puente Alto muestra el actuar desmedido de la policía, observándose como arrastran a un niño a través de una moto, por toda la cuadra donde éste reside.

Alrededor de las 21 horas, civiles comenzaron a informar que Carabineros había abandonado las instalaciones de Metro, tras lo cual comenzaron incendios en distintas estaciones, las cuales se señalan en estos momentos, superarían la treintena.

El presidente Sebastián Piñera, quien durante la tarde del viernes habría abandonado las reuniones y asistido a una pizzería del sector oriente de la capital para celebrar el cumpleaños de un nieto, debió volver a La Moneda, y cerca de medianoche realizó la declaración oficial de Estado de emergencia, la cual entrega facultades a militares para salir a las calles, y que además puede apelar a la libertad de reunión y movilización, quedando a cargo de la operación el general de división Javier Iturriaga del Campo.

Iturriaga del Campo, es hijo del fallecido Dante Iturriaga Marchese, militar vinculado a Colonia dignidad en la llamada "Operación Cerro Gallo" y una familia que incluye a comandantes involucrados en delitos de lesa humanidad en época de dictadura.

 

Durante la noche, la postal de los medios tradicionales que estaban cubriendo los incidentes, fue el incendio que afectó a la escalera de emergencia del edificio de ENEL, la  cual no dejó lesionados y que concentró la atención, frente a los hechos de violencia que ya se estaban empezando a vivir por parte de la policía. A pesar de que se culpó inmediatamente a los manifestantes por el hecho, rápidamente Bomberos comenzó a divulgar fotografías de jóvenes ayudándolos espontáneamente a guiar las mangueras e instrumentos para apagar el fuego.

Hasta horas de esta mañana, la cifra oficial de heridos no revela lo vivido en las calles. Se habla de 11 lesionados, escenario muy diferente al que están constatando ONG’s e instituciones de DDHH. Se hace el llamado a que todas las personas que sean golpeadas, detenidas o torturadas tomen contacto con el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile (COLMED) para solicitar constatación de lesiones.

Trinidad Bravo, médico del hospital San Juan de Dios, señala que en su turno de urgencias contabilizó alrededor de 30 personas lesionadas durante el transcurso de la noche, la gran mayoría de ellos menores de 21 años.

“Éramos 8 médicos atendiendo pacientes ambulatorios (con lesiones mayores pasaban al reanimador). Ahí pasó un chico de 14 años por heridas de perdigones. El resto estaban en categoría 2 y 3. Habían más de 10 heridos en extremidades inferiores por perdigones y a eso de las 2 o 3 de la madrugada llegó un grupo de 11 adolescentes esposados de a dos, custodiados por Carabineros a constatar lesiones menores, quienes tenían cortes y moretones”.

Respecto a las manifestaciones político-partidistas frente a esta situación, aún no existe una articulación clara desde la oposición para condenar el actuar del Gobierno. La situación parece haber tomado por sorpresa a todos los sectores. Tan así, que incluso la Intendenta de Santiago, Karla Rubilar solo fue vista la medianoche del sábado, siendo cuestionada por una periodista respecto a su ausencia durante la jornada. “Una trabaja, no tiene que dar explicaciones”, señaló Rubilar, desatando aún más la ira de quienes estaban utilizando RRSS en ese momento para comentar lo ocurrido.

En regiones, se están convocando movilizaciones para el próximo lunes 21 de octubre, y entre las demandas se exige la estatización del transporte público nacional.

Para cerrar esta nota compartimos esta imagen, registrada la noche del viernes en el sector Plaza Ñuñoa, donde un grupo de Carabineros llegó con escopetas y gases lacrimógenos intentando dispersar las reuniones pacíficas que se estaban realizando, donde habían niños, adultos y ancianos. Un hombre se acerca sin ningún tipo de herramienta a intentar dialogar con la policía siendo apuntado directamente. 

Imagen e información de @berezzz en Instagram

 Pasado el mediodía siguen los cacerolazos espontáneos en la zona centro de Santiago.

 

*periodista e integrante de @AmarantaONG

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